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martes, 21 de mayo de 2019

Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el colombiano-estadounidense que participó el esquema de corrupción con el que saquearon más de $1.200 millones de PDVSA se declaró "No culpable", conoce los detalles

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La fianza solicitada era alta. Sí. 25 millones de dólares en bonos de garantía y el pago de USD 1.5 millones que la esposa del colombiano-estadounidense, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, no estaba dispuesta avalar porque, según se supo, la mujer del acusado de haber participado en un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero por más de USD 1.200 millones con un grupo de contratistas y funcionarios corruptos ligados al régimen de Nicolás Maduro, tiene todas las intenciones de divorciarse, más aún cuando se enteró durante sus vacaciones en Italia de que su marido formaba parte de una red criminal que, de acuerdo a los fiscales norteamericanos, había saqueado dinero público del estado venezolano por varios años.
Gustavo Adolfo Hernández Frieri fue arrestado en Italia en 2018 y se opuso a ser extraditado a Estados Unidos y a enfrentar la justicia. En una audiencia Nebbia en la corte del distrito sur de la Florida, en Miami, donde el acusado reside junto a sus tres hijos y esposa, los abogados, fiscales y el juez discutieron sobre la llamada "Retención de Nebbia", en la cual el tribunal investiga la fuente de los fondos utilizados para pagar la fianza de un acusado.

Según los papeles judiciales, la audiencia Nebbia de Gustavo Adolfo Hernández Frieri se celebró este lunes 20 de mayo de 2019, habiendo estado representado el imputado por los abogados Michael Brian Nadler, Michael S. Pasano y Michael Domenic Padula. Hernández Adolfo estuvo presente en corte al igual que Jorge Mora, quien juró y testificó frente al juez.

El escándalo

Gustavo Adolfo Hernández Frieri se mostraba en su entorno como un millonario exitoso, que gerenciaba inversiones en Nueva York, Miami y América Latina. Junto a su familia vivía en una mansión ubicada en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137, la cual superaba los USD 2 millones.
En sus vacaciones familiares en Italia en julio de 2018, la suerte cambió para Hernández Frieri, puesto que las autoridades italianas, cumpliendo una orden de arresto emanada de los Estados Unidos, le pusieron los ganchos y lo llevaron a prisión desde donde el colombiano-estadounidense lucho para no ser extraditado.

Hernández Frieri fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber jugado un papel de apoyo en una red de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares que involucra a ocho empresarios venezolanos, funcionarios del gobierno y un banquero vinculado al gobierno socialista de Nicolás Maduro, dice la acusación aprobada por el Gran Jurado.

En la primera audiencia de presentación celebrada el 17 de mayo de 2019, Hernández Frieri se declaró no culpable de los cargos y sus abogados pidieron al juez que fuera liberado bajo fianza antes del juicio. Fue en esa cita de la corte que la esposa del acusado, Olympia de Hernández, se negó avalar el bono que le permitiría irse a casa para esperar el proceso judicial. Se supo por declaraciones del defensor Michael Pasano a la juez Jackeline Becerra, que la pareja se estaba divorciando.
Tras una discusión, la juez le ofreció a Hernández una fianza que incluye un bono de garantía personal de USD 25 millones que fue confirmado por el hermano del acusado, César Hernández Frieri y su cuñado, Juan Carlos Gómez, quienes participan en el negocio del demandado desde hace más de dos décadas y el cual está conformado por dos empresas, a saber, Global Securities Holdings y Global Strategic Investments. Asimismo, el tribunal pidió que se pagara el 10 por ciento de una fianza de USD 1,5 millones.

Desde su extradición de Italia, ocurrida a principios del mes de mayo, Gustavo Adolfo Hernández Frieri estuvo preso en el Centro Federal de Detenciones del condado de Miami Dade en Florida. Esta semana se le concedió prisión domiciliaria, portando un grillete electrónico en su tobillo que monitoreará todos sus movimientos. La jueza pidió que le hiciera entrega de su pasaporte y el de sus tres hijos.

Uno de los temas que creó polémica en la corte fue el hecho que la esposa del acusado, Olympia De Castro no quisiera poner ningún activo para asegurar la fianza de su marido y fue allí cuando salió a colación que la pareja estaba ante un inminente divorcio.

Los cargos

El papel de Hernández Frieri en la conspiración para lavar más de 1.200 millones de dólares provenientes del estado venezolano es de operador. El acusado se encargaba, según la acusación, de poner ese dinero en un fondo de inversión falso para que pareciera legítimo y luego lavarlo en los bancos de los Estados Unidos a cambio de una comisión.

Uno de los que participó en la conspiración alegada, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, se declaró culpable en octubre de 2018 de aceptar millones de dólares en sobornos que se transfirieron en secreto a los EE. UU. y a otras instituciones financieras con la asistencia de Hernández Frieri y otros acusados en el caso de lavado de dinero masivo.

La mayoría de los individuos que participaron en el esquema de corrupción todavía están en libertad y fueron pasados al estatus de prófugos de la justicia estadounidense. Entre estas personas se encuentran el bolichico Francisco Convit, el empresario Raúl Gorrín, un amigo de los hijos de la esposa de Nicolás Maduro, Mario Bonilla, José Vicente Amparan Croquer y Carmelo Urdaneta, el portugués Hugo Andre Ramalho y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta y Lata, así como el banquero, Matthias Krull, quien se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a 10 años de prisión en Miami.

El arresto

El 25 de julio de 2018, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, estaba disfrutando unas lujosas vacaciones en Taormina, una exótica área ubicada en la zona costera del este de Sicilia en Italia, cuando los agentes de la ley se lo llevaron detenido de una costosa suite de un hotel de cinco estrellas. La Embajada de Estados Unidos en Italia había entregado a las autoridades una orden de arresto contra el acusado.

Al momento de su detención, Hernández Frieri dijo que era un abogado y empresario exitoso que operaba como corredor de bolsa del Wall Street. Desde la prisión de Messina en Italia contrató abogados para pelear su extradición a Estados Unidos. Los defensores lograron sacarlo bajo su custodia y gozó de casa por cárcel.

Sus abogados italianos trataron de negociar con los abogados del gobierno de Estados Unidos la exención de extradición de Hernández Frieri para que puediera regresar rápidamente a los Estados Unidos para impugnar las acusaciones en su contra.

Desde su arresto, ocurrido el 25 de julio de 2018, Gustavo Hernández alegó que el gobierno de Estados Unidos ignoró el hecho que había sido detenido en Italia y que las autoridades decidieron "No esperar cuatro días para su regreso a Miami con su esposa e hijos", dice una de las mociones entregadas a las corte que destaca, además, que "se programó que el Sr. Hernández regresara a Miami con su familia el 29 de julio de 2018, pero eso no ocurrió porque él permaneció en una prisión en Messina, Sicilia".

Junto a su equipo de abogados, Gustavo Hernández se opuso férreamente a la extradición y buscó en Italia y en los Estados Unidos algún fundamento adicional de las acusaciones en su contra más allá de las alegaciones presentadas en el expediente por los fiscales.

Se quejó de que los Estados Unidos no daban ninguna garantía de cómo se transportaría al acusado, cuánto tiempo tomaría o si se mantendría encarcelado en una prisión italiana durante el proceso.

La solicitud de extradición de Hernández fue recibida por el tribunal en Messina, Italia, el 17 de septiembre de 2018. La audiencia inicial ante el juez se celebró el 24 de septiembre de 2018, pero se atrasó porque el paquete de extradición no incluía lo solicitado por el abogado defensor italiano, que era la información requerida de conformidad con el tratado de extradición EE. UU./Italia y según la ley de ese país europeo.

El demandado también se quejó del hecho que Estados Unidos había presentado solicitudes que lo afectaran negativamente. Por ejemplo, sostuvo que "el gobierno aparentemente creyó que dos notas relacionadas con Domaine Select estuvieran sujetas adecuadamente a restricciones. Alegó que con una Orden de Protección Modificada que se presentó en el caso, se desprendía que una nota que pertenecía al Fondo de Financiación del Comercio de Valores Mundiales (GSTF, por sus siglas en inglés) y una segunda nota que pertenecía a Hernández.

Dicen los documentos que la orden que emitió el Tribunal aparentemente se basó en alegatos de una declaración jurada de un agente cuyo nombre no se revelaba. Argumenta que los hechos mostrarán que dos suscripciones separadas que fueron las únicas que ingresaron al Fondo GSTF eran de Abraham Ortega (Acciones de Clase C de GSTF registradas en UBS AG Bank) y de Pedro Binaggia (Acciones de Clase D de GSTF, en DELTEC Bank). Ambos sujetos aparecen en la conspiración, uno es el cooperador del gobierno y el otro acusado. Gustavo Adolfo Hernández dijo que no recibió ninguno de estos fondos, por lo que se preguntó ¿cómo puede la restricción de la nota de Hernández ser otra cosa que la restricción de activos sustitutos?

Señaló además que GSTF tenía múltiples suscriptores cuyo dinero ingresó a ese fondo, a lo largo de sus 12 (doce) años de historia y menos de 8 (ocho) clases de acciones diferentes. Los fondos de Ortega y Binaggia siempre fueron contabilizados por separado por el Administrador del Fondo independiente y el Auditor de Fondos independiente, bajo las acciones GSTF Clase C y Clase D respectivamente.

Explica que las cantidades completas en estas notas de Domaine Select no son únicamente fondos de Ortega/Binaggia, de ellos sólo son USD 1 millón fue una inversión de ambos y que regresa a su cuenta al vencimiento. Entonces, ¿cómo podría restringir estas notas en su totalidad a menos que sea una restricción de activos sustitutos?

Hernández criticó al Gobierno (de EE. UU.) afirmando que ha actuado de manera demasiado amplia para atar todo lo relacionado con Hernández y su negocio GSTF. Es por ello que una audiencia es apropiada para discutir este asunto "La restricción del Gobierno de todas las cuentas bancarias del GSTF para todas las clases de acciones va demasiado lejos".

En el documento sostiene que las acusaciones hechas en contra de Hernández tienen un severo impacto en cada una de las empresas a las que el acusado está afiliado. "Gustavo Hernández ha tomado las medidas necesarias y correctas para renunciar a cada una de las posiciones de control y a pesar de ello el gobierno lo critica".

Hernández admitió que en el período posterior a su arresto, trató de obtener información sobre las cuentas comerciales de GSTF para proteger a terceros inversores inocentes.

Comentó que debido a que el gobierno, en calidad de custodia de GSTF, está en comunicación con entidades como City National Bank y Christie's Auction House, la casa de subastas que trabaja con el Fondo de Activos Envasados (BAF, por sus siglas en inglés), empresa para la cual Gustavo Hernández se desempeñó como director. "Debido a la intervención del gobierno, las entidades congelaron los activos, por lo que Hernández pidió una Orden que aclare que las restricciones previas al juicio no se extienden a activos sustitutos sino solamente a la lista limitada de propiedades y activos específicamente enumerados en la Orden de Protección Enmendada".

Los bienes congelados por el gobierno de EE. UU. 

El gobierno de Estados Unidos logró una Orden de protección  especifica los activos que han sido restringidos relacionados con  el caso de conspiración vinculado a Gustavo Adolfo Hernández Frieri, que a continuación se describen:
  • Un total de aproximadamente $ 45,585,667.46 en moneda estadounidense, que incluye:
  •  $ 5,999,710.00 en moneda de los Estados Unidos incautados el 19 de diciembre de 2017 o alrededor de esa fecha;
  • $ 35,488,967.72 en moneda de los Estados Unidos incautados en o alrededor del 8 de enero de 2018; y
  • $ 4,096,989.74 en moneda de los EE. UU. Recuperados el o alrededor del 17 de julio de 2018;

Inmuebles:

  • Torre Porsche 18555 Collins Avenue, Unit 2205, Sunny Isles Beach, Florida 33160;

  • Todos los activos depositados en la cuenta número 1466054 en City National Bank, en poder de Global Securities Trade Finance;
  • Todos los activos depositados en la cuenta / número de cartera 1303311-00 en Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, THE BAHAMAS, incluidos, entre otros, los siguientes:
  • Todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase D Serie D-1; y
  • Aproximadamente 15,813.315 LU0928615466 Fenice SICAV SIF - Eagle Global;
  • Todos los activos depositados en la cuenta / número de cartera 10.608645 en Zarattini & Co Bank en Lugano, SUIZA, incluidos, entre otros, los siguientes:
  • - 16,000 Fenice SICAV-SIF SCA SICAV-SIF - Eagle Global; y
  • - 24,405.72 Fenice SICAV-SIF SCA SICAV - Blu;
  • Todos los activos en depósito en el número de cuenta Z1ULD767 en Valbury Capital Ltd. en Londres, REINO UNIDO;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Santa María Signature, Apartamentos 9-A y 9-B, incluidos accesorios y muebles, en Panamá, PANAMÁ;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Santa María Signature, apartamentos 2- A, 2-B, 3-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-A, 11-A, 11-B, incluidos accesorios y muebles, en Panamá, Panamá;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Costamare, Apartamento 24-011, incluidos accesorios y muebles, en Panamá;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Costamare, Apartamento 24-021, incluidos accesorios y muebles, en Panamá, ;
  • Bienes inmuebles ubicados en Vistamar Golf Village, Número 3, incluidos accesorios y muebles, en Panamá,;
  • Todos los activos depositados en la cuenta / número de cartera 10.609020 en Zarattini & Co. Bank en Lugano, SUIZA, se mantuvieron a nombre de Big Green Valley SA, incluidas, entre otras, todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase C Serie C- 1;
  • Todos los activos en depósito en el número de cuenta 1465724 en City National Bank en Nueva Jersey, en poder de Global Securities Trade Finance;
  • Todos los activos depositados en la cuenta número 55102421 en City National Bank en Nueva Jersey, en poder de Global Securities Trade Finance;
  • Bienes inmuebles ubicados en 2101 South Surf Road, Unidad 2E, Hollywood, Florida; y
  • Aproximadamente $ 2 millones en bonos convertibles de la Serie A de Domaine Select Wine & Spirits, LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware, adquirida el 22 de septiembre de 2016 y el 18 de octubre de 2017, aproximadamente, por Global Securities Trade Finance y Gustavo Hernández, respectivamente.
  • Las ganancias de las subastas de vino de Christie para Bottle Asset Fund3 ("BAF"), a las que se hace referencia en la correspondencia de correo electrónico que acompaña a la Moción del Demandado, no se incluyen en la lista.

viernes, 27 de julio de 2018

Empresa "ficticia" usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada al empresario Raúl Gorrín

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El empresario Raúl Gorrín, sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario venezolano. Documentos prueban que el mencionado abogado actúo como representante de la empresa ficticia usada por Francisco Convit y los otros demandados para justificar una transacción por unos USD 600 millones de dólares con una empresa estadounidense, revelan documentos.

El 23 de julio de 2018, el gobierno de los Estados Unidos acusó a empresarios venezolanos y de otras nacionalidades, en conjunto con exfuncionarios del gobierno venezolano, de enriquecerse al beneficiarse del enorme diferencial que existe entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro, lo cual les permitió amasar fortunas que la fiscalía estadounidense estima en miles de millones de dólares.

Uno de los principales acusados de la trama de corrupción es el venezolano, Francisco Convit Guruceaga, conocido como "bolichico" y quien forma parte de la cuestionada contratista del estado venezolano, Derwick Associates, señalada de haber logrado contratos con millonarios sobreprecios millonarios en el sector de energía venezolano.

Junto a Convit Gurucea, en los documentos del tribunal aparecen los nombres de varios acusados y se menciona la existencia otros co-conspiradores no identificados. Dice que los "CONSPIRADORES 1 - 9 son algunos de los miembros adicionales no acusados de la conspiración junto con otros. CONSPIRADORES 1 - 9 incluyen otros funcionarios anteriores de PDVSA, personas asociadas con CONVIT, miembros informados de los "boliburgues" y lavadores profesionales de dinero de terceros". Entre los demandados, se encuentra un ciudadano alemán, arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, Matthias Krull posee residencia legal panameña y es banquero en Suiza, dicen los reportes.


El segundo demandado es Gustavo Adolfo Hernández Frieri, un  ciudadano colombo-estadounidense arrestado en Italia el 25 de julio de 2018, acusado de usar sus empresas financieras con sede en Miami, Global Security Advisors y Global Strategic Investments, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.
En este caso también fueron acusados los exfuncionarios Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, y el abogado Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela. Vale destacar que la investigación de esta demanda se produjo a lo largo de dos años y, según las alegaciones, la conspiración se extendió entre 2014 y 2016, tiempo en el cual el Ministerio de Petróleo e Hidrocarburos contó con tres ministros, a saber: Rafael Ramírez (2013-2014); Asdrúbal Chávez (2014-2015) y Eulogio del Pino (2015-2016).

Otro acusado es el banquero uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara. 

La demanda asegura que los acusados acumularon millones de dólares beneficiándose del uso del tipo de cambio preferencial otorgado solo a personas allegadas al régimen chavista.

La llamada "Operación Fuga de Dinero" devela la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero, dicen los documentos del tribunal.

“Específicamente, las investigaciones revelaron el uso de propiedades inmobiliarias de Miami y esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses”, señala la acusación.

Entre los datos aportados se destaca el hecho diferencial entre el tipo de cambio preferencial oficial y el tipo de cambio real, adquirido en el mercado negro, el cual era de diez a uno en el 2014, lo que en esencia permitía adquirir USD 100 millones pagando sólo USD 10 millones, refieren uno de los documentos.

La demanda señala que los acusados trataron de hacer uso de un empresario identificado en los documentos como Fuente Confidencial (CS, en inglés) para que les ayudara a lavar una porción de los fondos malversados en el esquema de corrupción.

La operación duplicó el monto a USD 1.200 millones en mayo del 2015, asegura la acusación, a la vez que señala que en un principio el informante acordó realizar negocios con los demandados y que su rol era comprar dólares a muy buen precio y luego venderlos a sus clientes en Venezuela.
Los papeles de la corte dicen que el informante ejecutó varias operaciones de esta naturaleza que equivalían a decenas de millones de dólares, que obtuvo inicialmente en euros.

No obstante, las operaciones empezaron a tener problemas cuando los acusados de realizar la conspiración no entregaron los soportes debidos para justificar el origen de los fondos ante las autoridades federales encargadas de velar por la transparencia del sistema financiero internacional. Asimismo, señala que en una ocasión, los demandados presentaron documentos falsos.

En la demanda aparece información relacionada con un encuentro que sostuvo el CS en las oficinas de  Francisco Convit en Caracas cuando el ahora informante del gobierno estadounidense diera a conocer a los acusados que no podía continuar operando en esas circunstancias.

Dice que en esa reunión, el principal acusado Francisco Convit junto a Urdaneta, Amparan y el informante, discutieron los pormenores de las operaciones, y destaca que Convit tenía una pistola en la mesa y que había llevado al lugar un pastor alemán con un collar eléctrico. "Convit tenía el control remoto del collar y comentó que él no siempre podía controlar al perro”, dice la demanda.

El informante aseguró en su testimonio que el día de ese encuentro, había mucha seguridad en la oficina y que el ambiente era intimidatorio por parte de Convit, según los papeles de la corte.

CS empezó a grabar sus conversaciones con los acusados para evidenciar las operaciones fraudulentas y que servirán de evidencia en el tribunal.

Un documento ficticio

La acusación dice que uno de los documentos que el principal acusado de la operación, Francisco Convit, entregó al informante CS para justificar la transacción fraudulenta de dinero entre un banco europeo y las empresas de los demandados, fue un contrato ficticio, en formato PDF, de una compañía de Hong Kong, llamada Eaton Global Services Limited. 


Según records del año 2015,  Eaton Global Services Limited está ubicada en Suite 2405, Progress Commercial Building 9, Irving Street, Causeway Bay, Hong Kong. 
Documentos en nuestro poder, refieren que el representante de Eaton Global Services Limited es el empresario venezolano Raúl Gorrín, quien aparece como co-conspirador en este caso. El abogado, revelan los documentos, ha usado la firma para realizar transacciones de compra-venta en Caracas e, inclusive, para realizar pagos por servicios publicitarios a empresas ubicadas en el estado de la Florida, realizando para ello transferencias a bancos norteamericanos, entre ellos la entidad financiera comunitaria US Century Bank, fundada en Miami (El Doral), Florida, el 28 de octubre de 2002.

En otro documento se establece un vínculo entre la mencionada empresa y el empresario coacusado. La evidencia es un boleto de compraventa de "una embarcación usada tipo lancha, marca Intermarine, serial  ITV 02621-gasa, equipada con dos motores fuera de borda, color blanco, de 10,70 MTS de eslora, 2,75 manga".


Señala el documento que "La venta se estableció en un monto de USD 100.000,00, el cual se pagó en dos partes. El día de la venta el comprador pagó USD 45.450,00 por concepto de seña y el saldo USD 54.550,00 que se abonarían en la fecha el que nuevo dueño tomara posesión del bien adquirido". El documento fue firmado en Caracas el 27 de julio de 2015.

En referencia de la empresa en la demanda legal interpuesta por la fiscalía del Distrito Sur de la Florida, se señala que el día del encuentro en Caracas, "Convit envió al CS un documento (PDF) para justificar la transferencia entre la Institución Financiera Europea 1 y la confianza de la CS. Convit había enviado un contrato falso firmado entre una compañía ficticia de Hong Kong, Eaton Global Services Limited, y la empresa el CS, con una firma falsificada en nombre del administrador fiduciario del CS.

Dice el documento que CS advirtió que "nunca antes había visto este contrato". El contrato de empresa conjunta falsa, con fecha del 17 de diciembre de 2014, contemplaba una operación ficticia por 600 millones de dólares realizado por las empresas conjuntas, es decir entre Eaton Global y la empresa de CS; el supuesto negocio de la empresa conjunta fue la fabricación de los préstamos a PDVSA.
El 9 de febrero de 2015, el CS le dijo a Convit que el contrato de empresa conjunta falsa que pretendían usar Convit y Urdaneta como documentación para las transacciones con su empresa norteamericana, era un contrato falso y que no debía ser utilizado ni proporcionado a cualquier banco. 

El CS también solicitó los contratos de intercambio subyacentes originales y Convit respondió que Urdaneta tenía copias físicas y  que las entregaría. Días después en Venezuela, Urdaneta entregó personalmente a CS  los documentos  y le explicó que los documentos fueron entregados por el  "CONSPIRADOR 1", un exfuncionario de PDVSA. 

Estos documentos, que CS proporcionó a las autoridades federales en Miami, revelan la fuente de los fondos de PDVSA y la naturaleza del plan que el gobierno estadounidense denominó Operación Fuga de Dinero.