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lunes, 13 de enero de 2020

En un tribunal en Texas: Aseguran que empresas de Manuel Chinchilla lograron contratos de CITGO de manera fraudulenta y con sobreprecios

   Neubauer aseguró "Cuando me reuní con Manuel Chinchilla, se jactó que era amigo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y un hombre cercano del presidente de CITGO, Nelson Martínez".

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Aunque no cumplían con los requerimientos exigidos por CITGO Petroleum Corporation para vender productos o prestar servicios, varias empresas vinculadas a Manuel Chinchilla Da Silva recibieron contratos de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos con abultados sobreprecios. Entre las firmas que lograron las contrataciones están Redmond Ventures Inc, Havan Chang, Zhineng Jiaoyi Limited y Chemplas Steel Industries LLC.  Chinchilla Da Silva ha usado varias empresas para lograr contratos con PDVSA y con la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), de las cuales las más reconocida es Southern Procurement Services Inc (SPS).
   La información fue dada a conocer en una declaración jurada presentada ante la Corte del Distrito Harris en Texas por Carlie Neubauer, quien trabajó para CITGO desde 2005 hasta febrero de 2017, como Gerente de Compras Corporativas y quien era responsable directo de todas las actividades de compras corporativas de CITGO, que incluían los terminales y tuberías, lubricantes y corporativos desde 2010 hasta 2016. La ex-ejecutiva renunció a la filial de PDVSA en Estados Unidos luego que fue removida de su puesto y degradada por haber denunciado ante la alta gerencia varios casos que violaban la normativa corporativa y leyes federales de los EE.UU., durante la presidente de Nelson Martínez(*fallecido en custodia del Estado venezolano).
   En el documento, Neubauer asegura que "en su carácter de Gerente de Compras Corporativas reportaba a Glenn Hilman, quien para ese momento era Vicepresidente de Servicios Compartidos".(Actualmente Hilman consultor de CITGO contratado por la nueva junta directiva designada por el gobierno interino de Juan Guaidó y jubilado desde septiembre de 2019). Asimismo, sostuvo que para el momento que ocurrieron los hechos denunciados aproximadamente a mediados de 2016 "Hillman reportaba directamente al entonces CEO de CITGO, Nelson Martínez".
    Aseguró que, durante el 2016, supo que varios empleados contratados de CITGO, incluyendo a Lilia Tenorio, Laymar Peña, Juan Pacheco y Marco Bermúdez —todos cercanos a Nelson Martínez estaban otorgando contratos de parte de CITGO, sin seguir el protocolo de la compañía en materia de materia de procedimientos, para empresas que no tenían las calificaciones y que presentaban servicios y productos con elevados sobreprecios. 

   Neubauer afirmó bajo juramento que varias de las empresas que recibían los contratos fraudulentos eran propiedad de Manuel Chinchilla De Silva y mencionó las siguientes firmas entre las beneficiadas del esquema de otorgamientos de contratos fraudulentos: Redmond Ventures Inc, Havan Chang, Zhineng Jiaoyi Limited y Chemplas Steel. Dichas empresas no estaban calificadas para prestar servicios a CITGO y los precios estaban fuertemente inflados.

Reunión con Chinchilla, "amigo de Nicolás Maduro"

    En su declaración, Neubauer aseguró que "Cuando me reuní con Manuel Chinchilla, se jactó que era amigo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y un hombre cercano del presidente de CITGO, Nelson Martínez. Asumí que Martínez y otros estaban recibiendo sobornos como resultado de esos contratos inapropiados y con sobreprecios".
     Entre otros aspectos, Neubauer dijo haber sido la responsable de dar por concluido el contrato de trabajo en CITGO de una empleada de nombre Lilia Tenorio debido a su participación en la concesión de contratos claramente fraudulentos. No obstante, Nelson Martínez le insistió que la mujer fuera recontratada, ante tal insistencia "razonablemente asumi que era parte de su esquema"[de corrupción].

   Neubauer informó a varios gerentes, ejecutivos y oficiales, y departamentos en CITGO sobre la irregularidad y la práctica corrupta que se estaba implementando en CITGO. Se quejó sobre ese asunto ante las autoridades de la corporación pero no llegó a nada. 
  Aseguró que una empleada de Recursos Humanos, de nombre Park Rosales, le aseguró que la entonces vicepresidente de RRHH Marisol Gómez [quien demandó a CITGO por haberla despedido a raíz de haber denunciado corrupción en la corporación, ver detalles aquí] "apoyaba sus denuncias y que estaba en contra de esas prácticas y le afirmó que no iba a permitir que CITGO volviera a contratar a Tenorio", pero pronto, "Gómez se fue de vacaciones y Martínez contrató nuevamente a la referida mujer, y,  en un tiempo cortó, Martínez despidió a Gómez".
   Neubauer refiere en su declaración jurada que, en una oportunidad, cuando era Gerente de Compras Corporativas, Iván Parra, un empe quien trabajaba en una una oficina media para CITGO, estuvo en una reunión que él tenía con Hillman sobre quien  iba a trabajar en Aruba los proyectos para la modernización de las instalaciones de CITGO en Aruba, "Parra le dijo a Hillman que debía darle el contrato a Yakima Trading Corporation". Luego que Parra salió, le dijo a Hillman que no podía darle el contrato a Yakima Trading Corp. pero Hillman respondió que "vamos hablar de eso luego". En breve de la referida conversación, Hillman lo demoted y lo transfirió.

   Cuando Martínez volvió a contratar a tenorio, Glenn Hillman,  a quien la denunciante reportaba en esa época, la transfirió de Corporate Procurement al Departamento de Lubricantes, "a una posición sobre la cual no sabía nada". Como resultado de todo esto, en febrero 2018 se retiró de CITGO.

Las empresas vinculadas a Manuel Chinchilla Da Silva


  Chemplas Steel Industries Ltd.  es una empresa inicialmente fue constituida en la Florida con el nombre de Chemplas Industries LLC el 8 de julio de 2009, donde aparecen los nombres de Pedro A. Pages y Lermit Pages. El agente registrador fue Davos Financial Advisor LLC (empresa de Andrés Coles, Naemar Beltrán, Adam Stramwasser, David J. Osío, Andrés Sotillo, Alexander Rosania y Richard Shaker. 


  Posteriormente, hubo una modificación y se agregaron los siguientes nombres:Jenny G. Pineda Rubio y Manuel J. Gil Da Silva. 

   Luego se cambió el nombre a Chemplas Steel Industries LLC. y el agente registrador pasó a ser Roark R. Monahan CPA.


   Luego hubo otro cambio y entraron Esmeralda Da Silva, Héctor Villasmil y Gloria Mayorga.



   Chemplast Steel Industries LLC está vinculada a otra empresa  conformada en la isla de Nevis, cuya denominación es Chemplast Steel Industries Metals Ltd cuyos récords señalan que es controlada también por Esmeralda Da Silva, que posee contratos con PDVSA. Esta última corporación está directamente con Southern Procurement Services LTD  asociada con la empresa creada por el régimen de Nicolás Maduro, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG)

Zhineng Jiaoyi Limited Inc

   ZHINENG JIAOYI LIMITED INC. aparece en estos momentos con estatus inactivo en el sistema de registro de empresas del estado de la Florida. La firma referenciada en la la corte, fue creada el 23 de marzo de 2012, bajo el número P12000028791y con el FEI/EIN Number 45-4986623. Los documentos legales muestran que la empresa tenía varias direcciones: 6855 SW 81st Street Suite 400, Miami, FL 33143 y 5805 Blue Lagoon Dr. Ste 200, Miami, FL 33126

   A través de un acto de disolución la empresa concluyó su actividad el 26 de septiembre de 2014. El agente registrador for el escritorio jurídico  ROZENCWAIG & NADEL, LLP 301 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale Beach, FL 33009. 

Como representante aparece un Lucas Da Silva.
   


Havan Chang Holding LLC

  Havan Chang Holdings LLC fue registrada por Manuel E. Chinchilla bajo el registro L11000042283 el 8 de abril de 2011, y cerrada el 13 de enero de 2014. La firma usó la dirección 200 S. Biscayne Blvd Suite 2790,  Miami, FL 33131 BR y el 16 de abril de 2013 cambió la dirección a 5805 Blue Lagoon Drive Suite #200, Miami, FL 33126.

   Como directores aparecen Manuel Chinchilla Da Silva, Carlos E. Antonorsi, Jenny Pineda y Edward Marshall. 

   Hay una empresa con el mismo nombre activa, registrada en Hong Kong.

   El portal Manta dice que Havan Chang Holdings LLC  está ubicada en 1535 North Park Drive 101 Weston, FL 33326, fue establecida en 2011, tiene ganancias anuales de US D1.100.000 y tienen dos empleados.(2)

Redmond Ventures Inc SA (Panamá)

    Redmond Ventures Inc, es una firma registrada en Panamá bajo el número 680459, tiene estatus vigente. Se creó el 9 de noviembre de 2009. Entre los representantes destacan: Elba Fernández de García, Maritzenia Vega, Oris Argelis Navarro Gálvez (tesorero y director), Sulyn Aime Chung Navarro (presidente y director). Víctor Manuel García Pérez (secretario y director) y el agente registrador  es Sucre, Arias & Reyes.



Citas:

1) https://www.maibortpetit.info/2020/01/informe-revela-presuntas-practicas.html
2) https://www.manta.com/c/mw22fxm/havan-chang-holdings-llc
3) https://www.corporationwiki.com/Florida/Weston/havan-chang-holdings-llc/67440981.aspx
4) https://opencorporates.com/companies/pa/680459
5) https://www.maibortpetit.info/2019/05/amimpeg-sps-pretendio-monopolizar-areas.html




viernes, 10 de enero de 2020

Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO

Por Maibort Petit
@maibortpetit 
     
   La exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían, entre ellos un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, cuando este ocupó la presidencia de la empresa.

Comunicación a Luisa Palacios

   El 3 de mayo de 2019, Marisol Gómez de Vergara remitió un correo electrónico a Luisa Palacios, presidenta de la junta directiva de CITGO, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

   Luego de presentarse con ex-trabajadora de PDVSA y CITGO donde llegó a ocupar la Vicepresidencia de Recursos Humanos, Gómez refirió las acciones que venía desplegando desde hacía dos años (a la fecha de la comunicación) para denunciar la referida retaliación de la que se decía objeto desde marzo de 2017 por parte de la filial estadounidense. Precisó que tal accionar contra ella se debía —según su punto de vista— a haberse negado “en múltiples ocasiones de formar parte de transacciones ilegales dentro de la dinámica corrupta y delictiva mantenida por Nelson Martínez y su equipo de trabajo [la cual se] venía practicando dentro de la empresa”.

  La comunicación de Marisol Gómez a Luisa Palacios iba acompañada de un conjunto de documentos que, de acuerdo a su visión, muestran “los hechos, retaliaciones, y nombres de personas responsables aún activas en CITGO y las acciones que me ha correspondido asumir”.

   Los anexos consistían en: 1) Carta ilustrativa del escenario y retaliaciones de la gerencia en su contra; 2) Informe confidencial para la gerencia de CITGO donde se reportaban formalmente las retaliaciones en su contra cometidas por Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas; 3) Informe a la Gerencia de CITGO sobre hechos de fraude, conductas no éticas, y maltratos contra empleados honestos que cumplieron con su deber al reportar casos de corrupción en la filial; 4) Correos electrónicos que supuestamente evidenciaban el abuso de poder y las violaciones de derechos a los trabajadores por parte de Judith Colbert, “actual consultora legal de CITGO, al bloquear arbitraria e ilegalmente la investigación sobre las retaliaciones en mi contra ordenada por la gerencia de CITGO”.

    Respecto al último punto, refirió que Colbert en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García.

  Gómez de Vergara en la comunicación solicitó una reunión con Palacios y los miembros de la junta directiva o sus representantes con el objetivo de exponer “con sus debidos soportes los hechos y conductas ilegales por parte de Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Judith Colbert y otros directores que soportaron y continúan con conductas ilegales y el poder de seguir intimidando a los empleados, comportamiento que estoy segura va en contra de la ética y el profesionalismo de la nueva junta directiva nombrada por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó”.

  Terminó la correspondencia conminando a la junta directiva presidida por Luisa Palacios a “tomar las acciones correspondientes por el bien de Venezuela, CITGO y así honrar la justicia”.

CITGO. Comunicación a Luisa Palacios / @maibortpetit

@maibortpetit

CITGO. Comunicación a Luisa Palacios / @maibortpetit

El informe a Asdrúbal Chávez

El 9 de noviembre de 2018 Marisol Gómez de Vergara remitió a la administración de CITGO Petroleum Corporation encabezada por Asdrúbal Chávez, un informe en el que expuso el presunto acoso y discriminación de que supuestamente fue objeto por parte de Nelson Martínez (expresidente de PDVSA), José Pereira (expresidente de CITGO) y Gustavo Cárdenas (gerente general de la oficina de la presidencia de CITGO). El documento se remitió con copia a Frank Gygax, Alejandro Escarrá y Rick Esser.

En primer término, Gómez de Vergara refirió fue había sido designada Vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO en Houston, Texas, por la junta directiva de PDVSA el 1° de noviembre de 2014, habiendo tenido —según su apreciación— un excelente desempeño y contribución a la filial en el periodo 2014-2017, cuando conformó un equipo profesional de Recursos Humanos en solo un año, y al haber implementado una cartera de beneficios sólidos, que incluían: “un modelo de compensación alineado con los percentiles de compensación del mercado; un incentivo de desempeño que permitió incluir al grupo base de ingenieros y erradicar la práctica de beneficiarse solo en los niveles superiores; un incentivo recreativo, este beneficio no existe en la cartera de otras empresas de la industria; un incentivo de responsabilidad, reconociendo la contribución necesaria de las posiciones comerciales centrales y estableciendo responsabilidades de compromiso adicionales; un plan anual de aumento de méritos de acuerdo con criterios administrativos y períodos justos con énfasis en salarios progresivos y graduales; un novedoso incentivo rotativo para el liderazgo que reconoce y motiva el desarrollo de nuevos gerentes y la sucesión operativa”.

Seguidamente, hizo mención a la naturaleza de su queja y explicó que detectó y denunció actividades inapropiadas en las funciones de compensación, contratación y se negó a obedecer órdenes ilegales en violación de las leyes federales, laborales y de inmigración de los Estados Unidos dictadas por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas. El resultado de tal denuncia fueron, supuestamente, una serie de represalias en su contra que condujeron al cese de sus funciones el 13 de marzo de 2017.

Agregó que entre 2014 y 2017, padeció un ambiente de trabajo hostil por instrucciones de Nelson Martínez con respaldo de José Pereira, Gustavo Cárdenas y otros gerentes de CITGO que supuestamente se confabularon para cometer actos ilegales en detrimento del interés de los accionistas de CITGO.

Según el documento, denunció la conducta inapropiada y violaciones de las leyes federales de los Estados Unidos a la gerencia de CITGO y a la Junta Directiva de PDVSA en 2017 y 2018.

Los hechos, según Gómez

En esta sección del informe, Marisol Gómez refiere que paralelo a la Vicepresidencia de Recursos Humanos en CITGO, formó parte de varios comités, entre ellos el de cumplimiento de CITGO, el cual tenía como objetivo garantizar que la empresa mantenga los controles establecidos de modo garantizar que todos los empleados y directores sigan las políticas, procedimientos y las leyes.

Al respecto, indicó que entre 2014 y 2017, los miembros del citado comité de cumplimiento revisaron e investigaron varios casos relacionados con el incumplimiento de las políticas de la compañía que tenían que ver con la violación de los controles internos, fraude de compras, conflicto de intereses, contratos de suministro y comercialización contra el interés de CITGO y PDVSA, “entre otras prácticas poco éticas cometidas por terceros y directores, gerentes y empleados de CITGO/PDVSA”.

Dijo que ella y el resto de los miembros del comité de cumplimiento implementaron varios controles, entre ellos “el bloqueo de más de 700 entidades propias de ciudadanos venezolanos con fuertes vínculos con PDVSA o funcionarios del gobierno que arrancaron las ganancias de los activos de CITGO y PDVSA”.

Explicó que supuestamente estas entidades de terceros fueron introducidas en CITGO por Nelson Martínez y registradas ilegalmente en la lista maestra de proveedores de la filial sin control alguno, habiendo incurrido las mismas en cobro de significativos sobreprecios que rondaban del 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA. El comité de cumplimiento investigó y determinó que Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, Laymar Peña y otros agentes de adquisiciones, aprobaron transacciones-contratos y otras actividades ilegales.

La denuncia de Marisol Gómez sostiene que supuestamente Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, acometieron operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas.

Igualmente dijo que las violaciones del proceso de contratación fueron instrumentadas desde 2013 por Nelson Martínez valiéndose de su investidura como presidente de PDVSA para burlar los controles de recursos humanos de CITGO. En tal sentido, se habrían violado desde la alta gerencia los derechos de los empleados, al tiempo que se implementó el acoso y la aplicación de represalias como prácticas comunes en su administración.

Gómez se refirió también a un conjunto de transferencias, contrataciones y promociones que fueron rechazadas por ella cuando estuvo al frente de la vicepresidencia de recursos humanos. Indicó que ella y su equipo, sustentados en análisis técnicos, objetaron la transferencia o la contratación de varios empleados recomendados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, en razón de que los candidatos no tenían la experiencia, conocimiento técnico, ni la calificación para ocupar los puestos. A pesar de esto y del control interno, Martínez, Pereira y Cárdenas forzaron la contratación de estas personas y se crearon varios puestos de trabajo sin que existiera la necesidad operativa.

Los contratados irregularmente

De acuerdo a su narración de los hechos, Marisol Gómez explicó a la alta gerencia que estas situaciones estaban en contra de los procedimientos internos regulares, pero se impuso la presión de Martínez y Pereira a través de Gustavo Cárdenas, siendo el resultado la autorización de documentos de recursos humanos para contratar y promover a personas no calificadas en varias funciones de CITGO.

Entre las personas contratadas de manera irregular bajo el procedimiento antes expuesto, habrían ingresado a la filial, en primer lugar, Melissa Martínez —hija de Nelson Martínez— quien fue designada vicepresidenta de la Fundación Simón Bolívar, la cual administraba USD 17 millones en donaciones de CITGO Petroleum Corporation al año. Marisol Gómez subrayó que Melissa Martínez carecía de la experiencia laboral necesaria para ocupar tal posición.

Otro caso fue el de John Pereira —hijo de José Pereira— quien fue trasladado desde PDVSA-Oriente a la Gerencia de adquisiciones de CITGO Aruba, sin que su hoja de vida exhibiera experiencia alguna ni conocimientos en materia de compras. De este modo, la alta gerencia ignoró a otros candidatos con vasta experiencia en el campo de adquisiciones. En tal sentido, Marisol Gómez expuso en su informe que por su objeción recibió varias acciones en represalia de parte de José Pereira.

Rubén González —pariente de Nelson Martínez— también formó parte de la lista de ingresos irregulares a CITGO aupados desde la alta gerencia de la empresa. En este caso, el familiar de Martínez fue contratado sin que mediara para ello el proceso formal de reclutamiento y contratación. Esta persona, de acuerdo a la versión de Marisol Gómez, está involucrada en supuestos casos de corrupción y fraude liderados por su hermano José Manuel González Testino y Nelson Martínez en PDVAL, Corpoelec y otros entes del gobierno venezolano. El informe refiere que Rubén González influyó en las transacciones de adquisición de CITGO con ISG Global, Petroleum Logistics, Rexel y otras empresas fantasmas propiedad de Manuel González Testino y Tulio Farías.

Bajo esta modalidad igualmente habrían ingresado a CITGO, Juan Pacheco, Lilian Tenorio y Laymar Peña, quienes en la posición de contratistas de adquisiciones de proyectos especiales contratados por Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez se desempeñaron previamente en PDVSA Services (PSI) y con entidades intermediarias que persiguen contratos con CITGO. De acuerdo a Marisol Gómez, estos contratistas junto con Ramiro Rodríguez llevaron a cabo varias transacciones de adquisiciones fraudulentas en CITGO. Indicó que los resultados de una investigación realizada por una firma de abogados externa, solicitada por CITGO Legal, Recursos Humanos, Auditoría Interna y el grupo de contralores, muestra irregularidades en varias operaciones aprobadas por Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez.

Martínez también habría ordenado la contratación de su amiga personal, Bibi Albarrán, en el área de adquisiciones en un nuevo puesto creado especialmente para ella en Miami, Florida. Una posición en la que carecía de responsabilidades y no contaba con la supervisión de los gerentes de adquisiciones de CITGO, dado que la filial no tiene oficinas en esa ciudad. Como en los casos anteriores, Bibi Albarrán carecía de experiencia en adquisiciones.

En su informe a Asdrúbal Chávez, Marisol Gómez denunció que el procedimiento de Recursos Humanos número 060-50 de CITGO, denominado “Proceso de selección y contratación de contratistas”, el cual proporciona pautas formales para la selección y contratación de contratistas fue violado por Nelson Martínez y otros directores-gerentes quienes pasaron por alto los controles internos a las personas contratadas de su preferencia, así como los requisitos para validar la experiencia laboral y los títulos educativos, los cuales fueron anulados por los gerentes que aprobaron la contratación.

Refirió Gómez de Vergara que las prácticas de contratación de Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez no fueron adecuadas y carecían de la documentación necesaria para instrumentar un proceso de contratación justo y profesional, dado que los candidatos no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos para ocupar los puestos de trabajo. Narró que, por ejemplo, en varios casos, el gerente de contratación entrevistó a un solo candidato aun cuando había varios candidatos calificados, pasando además por alto el requisito de que un representante de Recursos Humanos participara en el proceso de la entrevista. Ante esta situación, Gómez habría solicitado una auditoría interna sobre este proceso de ingreso de los contratistas de adquisiciones, identificándose debilidades significativas que se informaron a la gerencia. Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez evitaron tomar medidas disciplinarias contra los gerentes, empleados y contratistas de CITGO que eludieron los controles internos.

Represalias contra los directores

De seguido, Marisol Gómez pasó a exponer que en 2017, Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano decidieron tomar represalias contra los directores, gerentes y otros empleados de CITGO que denunciaron conductas poco éticas y actos ilegales dirigidos por la administración de Martínez.

Fue así —de acuerdo a la exposición de Gómez de Vergara— que habiendo sido designado José Pereira como CEO interino de CITGO y Nelson Martínez presidente de PDVSA, supuestamente se coludieron con Gustavo Cárdenas para terminar, transferir u obligar a la jubilación de directores, gerentes y empleados que pudieran interferir con sus planes ilegales.

De este modo, tomaron represalias contra todos los directores clave que habían informado previamente las irregularidades, para así obtener el control de sus funciones. Fue así como todos los que denunciaron las irregularidades y transacciones fraudulentas cometidas presuntamente por Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, así como por los gerentes de compras de CITGO, entre ellos, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, entre otros, fueron reprendidos.

Marisol Gómez de Vergara informó a Asdrúbal Chávez de aumentos salariales no respaldados y cálculos de bonificaciones sin que siguieran los parámetros y cálculos técnicos de Recursos Humanos por parte de Nelson Martínez. Explicó que aquellos empleados que siguieran las directrices de Nelson Martínez para supuestamente cometer actividades comerciales fraudulentas y poco éticas, eran beneficiados con aumentos salariales y bonificaciones cuyas pautas eran dictadas directamente por Martínez sin regirse por las políticas aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

Quejas de los empleados

Marisol Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que los empleados informaron confidencialmente las quejas relacionadas con comportamientos poco éticos de Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman y Brian Paulson.

De este modo, dijo que Carlie Neubauer, Gerente de Adquisiciones Corporativas dio a conocer muchas prácticas de adquisición cuestionables por parte de los agentes de proyectos especiales, Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco, quienes fueron retirados de CITGO. Refirió que al momento de la comunicación otros de estos agentes seguían empleados en la filial. Marisol Gómez indicó que estas personas favorecieron a las entidades intermediarias, presentaron ofertas falsas, enviaron ofertas a los vendedores en diferentes días y les dieron a los vendedores tiempos de respuesta irrazonables.

Gómez dice en el informe que Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, Glenn Hilman, José Luis De Jongh, Laymar Peña, Juan Pacheco y otros agentes de compras fueron protegidos por Nelson Martínez. Agregó que el comité de cumplimiento formado por ella, Jeff Bednar (legal), John Butts (controlador) y Franklin Domond (Auditor General) fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez y José Pereira al haber implementado nuevos controles correctivos e investigar casos relacionados con el fraude cometidos en los Proyectos Especiales. Refirió que Carlie Neubauer fue objeto de represalias y discriminación por parte de Glenn Hilman y fue transferida a otro puesto no relacionado con sus muchos años de experiencia en adquisiciones. Neubauer se vio obligada a renunciar a CITGO.

Marisol Gómez cita luego el caso de Robert B. Bailey, Gerente de CPC, quien informó que Rubén González, un empleado de CITGO, firmó un contrato en nombre de Petroleum Logistics junto con Nelson Martínez. Según lo narrado por Gómez de Vergara, Bailey también habría informado que los contratistas de adquisiciones trabajaban previamente con entidades intermediarias y estaban influyendo en los procesos de adquisición. La versión refiere que Nelson Martínez presuntamente no quería tomar ninguna medida contra Rubén González y los agentes de adquisiciones por las violaciones debido a conflictos de intereses.

Entretanto, narró el caso de Ana Aguirre, Gerente de Adquisiciones de Lubricantes, quien dio a conocer a CITGO Legal los hallazgos y documentos de respaldo relacionados con las transacciones de adquisiciones para PDVSA donde solo dos entidades intermediarias estaban ganando ofertas mientras que todas las demás fueron descalificadas. Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que estos reclamos fueron investigados por auditorías internas y abogados externos y los resultados arrojaron pruebas suficientes de que Juan Pacheco, Laymar Peña, Ramiro Rodríguez y otros agentes manipularon los procesos de adquisición. Agregó que Nelson Martínez supuestamente se opuso a la aplicación de cualquier acción disciplinaria a estos empleados. Ramiro Rodríguez recibió la orden de regresar a Venezuela y fue arrestado por otro caso de fraude.

Según lo expuesto, los resultados de la investigación llevaron al comité de cumplimiento a decidir el rescindir el contrato de Juan Pacheco con CITGO, pero Nelson Martínez alegó que los señalamientos sólo respondían a los comentarios a Marisol Gómez y los miembros del comité.

Destaca Marisol Gómez que luego del arresto de Nelson Martínez, José Luis Zambrano y José Pereira en Venezuela, Ana Aguirre supuestamente habría visto a Laymar Peña destruyendo evidencia de transacciones de compra realizadas por ella y Zambrano, lo cual es absolutamente ilegal. Según Ana Aguirre, Glenn Hilman y Brian Paulson desestimaron todas sus acusaciones contra Laymar Peña y no investigaron los reclamos y, por el contrario, fue protegida por los gerentes de adquisiciones, mientras que Aguirre fue objeto de acoso y acciones discriminatorias por parte de Brian Paulson. Ana Aguirre se habría visto obligada a renunciar a CITGO.

A su vez, April Dickson, Paralegal Comercial, informó de actividades cuestionables cometidas supuestamente por Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco en violación de la Política de Ética Comercial y Conflicto de Intereses de la Compañía. Estos empleados fueron protegidos por Nelson Martínez. Dickson, pese a la efectividad de su trabajo, fue discriminada por José Pereira por sus revelaciones acerca de muchos casos irregulares. Supuestamente, Dickson fue incluida en una lista negra por parte de la gerencia y quedó fuera del equipo de cumplimiento dirigido por Rick Esser.

Denuncias confidenciales y otros casos

Por vía confidencial, otros empleados de CITGO presentaron quejas contra Nelson Martínez Ramiro Rodríguez, Juan Pacheco y otros directores de adquisiciones relacionados con malversación de fondos al "Otorgar negocios a proveedores por costos más altos y favorecer a empresas como Southern Procurement Services (SPS)".

Igualmente refirieron violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, dado que “El departamento de Compras parece estar realizando actividades sospechosas con el nuevo proyecto de compras que Ramiro está dirigiendo. Los empleados de PDVSA de Venezuela están tratando con muchos distribuidores y no creen que hayan sido provistos correctamente”.

También denunciaron conflicto de intereses, debido a la "Contratación de contratistas de compras que fueron despedidos de PDVSA y PSI".

Marisol Gómez llevó a cabo un trabajo conjunto —según expuso en el informe— con los miembros del Comité de Cumplimiento, Auditoría Interna, Legal y el departamento del controlador para abordar las reclamaciones y mejorar los procesos de la empresa, pero Nelson Martínez, José Pereira, Glenn Hilman y José Luis Zambrano habrían ignorado las acciones disciplinarias recomendadas contra los empleados que habían cometido irregularidades.

Martínez, Pereira y Cárdenas habrían tomado represalias contra Marisol Gómez, Jeff Bednar, Franklin Domond y John Butts por haber implementado controles internos para mitigar el fraude. Según Gómez, Nelson Martínez intimidó a estos directores en varias reuniones en su oficina por informar y abordar irregularidades, violaciones de controles internos y comportamientos poco éticos.

GFC Consultores LLC

Nelson Martínez habría dispuesto la contratación de los servicios de consultoría de GFC Consultores LLC para trabajar en Recursos Humanos y otras áreas, aun cuando no habían sido solicitados por ninguna de las vicepresidencias de negocios ni estaban incluidos en el presupuesto. Puntualiza Marisol Gómez que GFC Consultores LLC es una empresa registrada el 18 de julio de 2013, en Florida, por Gustavo Felice, un pariente de Nelson Martínez. La firma tiene direcciones registradas en Weston, FL 2800, Glades Cir Weston, FL 33327 y 4329 Vineyard Cir Weston, FL 33332.

Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas —de acuerdo al informe— presionaron a Marisol Gómez y otros vicepresidentes de CITGO para que contrataran los servicios ofrecidos por la empresa de su familiar.

Indica el reporte, que las facturas de GFC reflejan cargos por banquetes, eventos, comidas, mejoras y reparaciones para los hogares personales de los empleados, regalos y otros gastos personales para los ejecutivos de CITGO y PDVSA y sus familias. Los cargos de GFC incluyeron sobreprecios significativos.

Los pagos a GFC Consultores LLC fueron autorizados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas a través de las cuentas bancarias de PDV USA y CITGO, sin que se hubiese producido la revisión adecuada de los bienes y servicios cobrados por GFC. De este modo, bajo la administración de Martínez, GFC recibió pagos por USD 6.164.823 entre octubre de 2014 y noviembre de 2017; USD 4.576.784 de PDV USA y USD 1.588.039 de CITGO.

Cambios en el fondo de pensiones

El reporte de Marisol Gómez remitido a Asdrúbal Chávez hace mención a los cambios “poco éticos” en el fondo de pensiones de CITGO, lo cual se instrumentó por decisión de Nelson Martínez, quien solicitó su modificación.

La denunciante refiere que un estudio técnico realizado por Recursos Humanos y Finanzas de CITGO mostró resultados de que la filial tendría un enorme impacto financiero negativo a mediano plazo con la implementación del referido cambio.

Tal modificación habría obedecido al deseo de Nelson Martínez de ser considerado como un empleado jubilado, al agregar siete años adicionales a todos los empleados de Venezuela —alrededor de 35 empleados— y para ello supuestamente presionó a Marisol Gómez a objeto de que presentara esta propuesta ante la Junta de Directores de PDVSA y así lograr que sus 40 años de servicio fueran considerados como todos desempeñados en CITGO. Gómez se habría opuesto alegando que tal modificación significaría la duplicación del beneficio, puesto que para la fecha ya Nelson Martínez estaba considerado dentro del sistema de jubilación de PDVSA. El grupo del contralor, John Butts y Bob Shoemaker prepararon una presentación para explicar a la alta gerencia por qué esto el cambio era negativo para CITGO.

Por sus objeciones en este caso, Marisol Gómez habría sido objeto de hostigamiento adicional y acciones discriminatorias, incluidas amenazas, comentarios, hostilidad e intimidación por parte de Nelson Martínez.

Finalmente, los servicios de Marisol Gómez fueron rescindidos en marzo de 2017, una decisión adoptada —según su punto de vista— por su oposición a seguir prácticas fraudulentas y poco éticas ordenadas por Nelson Martínez.

En noviembre de 2017, José Luis Zambrano, José Pereira y Nelson Martínez fueron arrestados en Venezuela por conspiración para cometer un delito. Sólo este hecho impidió la implementación de los cambios pretendidos por Martínez en el fondo de pensiones de CITGO.

Retaliaciones contra los empleados y otras irregularidades

Los empleados de CITGO también habrían sido objeto de retaliaciones por parte de Nelson Martínez y José Pereira, como medida para asegurarse que denunciaran sus irregularidades ante los nuevos miembros de la junta directiva de PDVSA.

De este modo, Pereira y Cárdenas eliminaron el cargo de Vicepresidente de Recursos Humanos y dichas funciones pasaron a manos de José Luis Zambrano, Vicepresidente de Servicios Compartidos y quien, según el informe de Gómez, está involucrado en varias transacciones de adquisiciones fraudulentas para favorecer entidades intermediarias y la aprobación de sobreprecios significativos junto con Nelson Martínez, Glenn Hilman y Jose Luis De Jongh. De hecho, varias de las solicitudes de Martínez comenzaron a implementarse luego de que Zambrano asumió el cargo.

José Pereira y José Luis Zambrano habrían contratado a parientes y allegados no calificados para ocupar puestos clave en CITGO, habiendo implementado aumentos de sueldos sin el apoyo de cálculos técnicos adecuados y promociones justificadas por méritos, así como bonificaciones que excedieron los parámetros aprobados por Junta Directiva de PDVSA. Para ello crearon un comité de compensación para aprobar salarios y bonificaciones fuera de los períodos regulares establecidos en las políticas de compensación de CITGO aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

Refiere Marisol Gómez que supuestamente el hostigamiento y las acciones discriminatorias se extendieron a los miembros cercanos a su equipo de trabajo, a saber Edgar Ordorica, Patricia Milano y Karie Oquinn, quienes fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez, José Pereira y José Luis Zambrano. Estos trabajadores fueron transferidos a otros cargos.

Asimismo, Iván Cordero, Freddy Gómez y Liz Aguilar fueron despedidos a pesar de haber tenido un buen desempeño. A la salida de Marisol Gómez en marzo de 2017, Jeff Bednar y Eduardo Assef se habrían visto obligados a retirarse, mientras que Franklin Domond fue despedido y John Butts fue transferido a un puesto inferior bajo las órdenes de un director con menos experiencia que él.

Entre 2017 y 2018, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Rick Esser —sostiene Gómez de Vergara— supuestamente manipularon controles internos para satisfacer las exigencias de Nelson Martínez. Habrían desbloqueado entidades intermediarias y les asignaron contratos de adquisición y pagos por más de USD 60 millones.

En 2018, las agencias policiales estadounidenses arrestaron a varios propietarios y empleados de estas entidades intermediarias con contratos importantes con CITGO y PDVSA.

Aseguró Marisol Gómez de Vergara que fue despedida por Nelson Martínez aun cuando este no estaba facultado para ello, pues al haber sido designada por la junta directiva de PDVSA, sólo esta entidad tenía la potestad de removerla de su cargo.

Subrayó que la ley federal penaliza las represalias o cualquier acción perjudicial contra los empleados, incluida la interferencia con el empleo legal o el sustento de cualquier persona por proporcionar información veraz relacionada con irregularidades o violaciones de las leyes federales. “Además, las políticas de CITGO prohíben las represalias y el acoso contra los empleados”.

A pesar de haber negado vehementemente la aplicación de este tipo de políticas, Rick Esser como Oficial de Cumplimiento de CITGO no habría cumplido su palabra y evitó investigar las denuncias al respecto y la presunta conducta poco ética de Nelson Martínez.

En tal sentido, Marisol Gómez instó a que Esser ponga en práctica las averiguaciones de acuerdo con las políticas corporativas de CITGO.

miércoles, 15 de mayo de 2019

Incendio en la Refinería de CITGO Lemont genera pérdidas millonarias al patrimonio de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit 


El 23 de abril de este año, la refinería de CITGO Lemont, ubicada en las afueras de Chicago, fue escenario de un incendio que afectó el reactor del reformador catalítico norte, lo que causó graves daños materiales por de más de 2 millón de dólares. Las pérdidas millonarias de este incendio —considerado por el Instituto Americano del Petróleo API como Categoría (Tier) I  deberán ser absorbidas por CITGO ya que el accidente está en el rango del deducible del seguro de siniestro.
Imágenes del incendio ocurrido en la Refinería CITGO Lemont  en 2013 


La refinería de CITGO Lemont —con más de 92 años de operación y capacidad de refinación de 167 mil barriles por día— es conocida por múltiples incidentes catastróficos con pérdidas de vidas humanas, destrucción de activos e impacto al medio ambiente que han afectado su historia. Entre dichas catástrofes está la explosión e incendio del 23 de Julio del 1984, que causó la muerte de 17 trabajadores y cuantiosos daños materiales, cuando era propiedad de UNOCAL o Unión Oil Co. También está la explosión e incendio del 24 de octubre del 2013, que afectó la unidad de destilación al vacío y que detuvo las operaciones normales por cerca de 6 meses.
Son varias las causas inmediatas o raíces que han sido atribuidas a estos incidentes y otros accidentes con lesiones personales, pero el motivo constante a través de su larga historia está asociado a factores sistémicos y de su sistema de gestión. Estas fallas sistémicas persisten y fueron acentuadas durante la gestión del VP y gerente de la refinería Jim Cristman. Una fuente consultada en calidad de anonimato denunció que "el mencionado ejecutivo ha logrado con destreza manipular la información de accidentalidad de la refinería de Lemont, a tales extremos que ha conseguido que la planta de CITGO en Chicago haya recibido “premios” por actuación de seguridad". 
A la izquierda Jim Cristman, en el centro aArk Klein y a la derecha Glenn Hilman, altos ejecutivos  de CITGO
"Esto no es un secreto para los empleados de las otras refinerías de CITGO", agregó.

Otras fuentes consultadas en la refinería señalaron que el incendio de Lemont ha alarmado a gerentes y operadores en CITGO, "en especial porque Cristman, quien actualmente es consultor de CITGO, está normalizando las prácticas de operaciones y de seguridad al estilo de Lemont en todas las refinerías de CITGO". 

Denunciaron que "esta práctica la está aplicando a través del vicepresidente de Refinación, Art Klein y el Gerente General de HSSE Chris Newcomb, todos ex miembros del equipo de Lemont, con el apoyo de Glenn Hilman, VP de Servicios Compartidos, tal como se hacía durante la administración de presidentes chavistas-madurista en la industria. Los mencionados ejecutivos — sostienen — están tratando de normalizar aplicando las peores practicas al resto de CITGO".

Esta semana, CITGO está celebrando la Conferencia HSSE (Health, Safety, Security and Enviroment) en el Hotel Marriot Westchase Houston a donde acude todo el equipo gerencial y técnico de la corporación. El tema del incendio en la Refinería Lemont debería ser tratado en esa discusión.

La opinión general interna es que el liderazgo inexperto actual ha diezmado la actuación y el compromiso de seguridad que una vez existió en la corporación venezolana, señaló una de las fuentes consultadas para esta nota.

jueves, 9 de mayo de 2019

CITGO compró equipos e insumos para emitir los 'Carnets' de la Patria, instrumentos de manipulación social del régimen de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Durante el primer semestre de 2017 el departamento de Procura de CITGO autorizó la compra con carácter de urgencia de más de 2.000 impresoras digitales de varias marcas y modelos por un costo de más de 2 millones de dólares. Los equipos comprados por la filial estadounidense de PDVSA se usan actualmente en Venezuela para elaborar los carnets de la Patria. 
La compra fue autorizada por el presidente de CITGO para ese entonces, el fallecido Nelson Martínez y el actual vicepresidente de Servicios Compartidos, Glenn Hilman. Ambos ejecutivos ejecutaron todas las órdenes emanadas de la directiva de PDVSA sin objetar la legalidad o transparencias de dichas operaciones.

El carnet de la patria es un documento de identidad que incluye un código QR único personalizado que cuenta con una billetera digital que se articula dentro de un sistema estatal de pago electrónico5​6​ y en la cual los portadores también pueden recibir distintos bonos monetarios por parte del Estado venezolano.

El uso de ese carnet ha sido calificado como un mecanismo de control de la población, una política de exclusión social así como un método de coacción para la compra de votos durante las elecciones regionales de Venezuela de 2017, las elecciones municipales de 2017 y las elecciones presidenciales de 2018.

El régimen de Maduro ha obligado a muchos venezolanos a sacarse un un carnet para comprar las bolsas de comida (CLAP), obtener gasolina subsidiada o cobrar el bono de dinero con los que pagan los votos a favor de Maduro, conseguir casas de la 'Gran Misión Vivienda'. 

Una fuente consultada y que por su seguridad pidió mantenerse bajo anonimato, señaló que "Gracias a la adquisición y entrega de las modernas impresoras digitales para elaborar el carnet de la patria, CITGO, Nelson Martínez y Glenn Hilman contribuyeron al fortalecimiento del régimen autoritario de Nicolás Maduro". 

La fuente sostiene que "Esta práctica es una muestra más de violaciones del velo corporativo que ponen a CITGO en situación de alto riesgo legal ante terceros. Tal como sucede con el caso Crystallex, CITGO se constituye en “alter ego” del gobierno venezolano al realizar compras para beneficiar políticamente al régimen venezolano, por decisiones complacientes de ejecutivos venezolanos y norteamericanos". 

"La Junta Directiva de CITGO, nombrada por el Presidente (e) Guaidó, debería investigar a fondo este caso y otros similares, establecer responsabilidades, tomar las acciones administrativas a que diere lugar y prevenir la recurrencia de esta mala práctica que puede causarle terribles consecuencias al Estado venezolano", acota la fuente.

sábado, 4 de mayo de 2019

Denuncian a gerentes de CITGO por prestarse a procesar compra fraudulenta de vehículos blindados para PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Una serie de documentos en nuestro poder demuestran que un grupo de gerentes  de la filial de PDVSA en los Estados Unidos (CITGO) que actualmente fueron ratificados en sus cargos por la nueva junta directiva nombrada por el presidente interino de Venezuela,  Juan Guaidó, (reconocido por la administración de Donald Trump) violaron las normas establecidas por CITGO y se prestaron para gestionar una compra fraudulenta de vehículos blindados autorizados por el entonces CEO de CITGO, Asdrúbal Chávez y Manuel Quevedo, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En mayo de 2018, el director de compras de CITGO, Glenn Hilman, y los gerentes Brian Paulson, Laymar Peña apoyaron el proceso de la compra de vehículos blindados autorizado por  Chávez y  Quevedo.

Documentos confirman que la requisición proveniente de la presidencia de PDVSA, bajo la administración de Quevedo, solicitó un total de 33 vehículos SUV marca Toyota modelos Lancrusier V8, 4Runner 4x4 Limited V6, Fortuner Luxury V6 y HILUZ 4x4 V4, 27 vehículos blindados y seis vehículos regulares. 

El 15 de Mayo de 2018, la compra de los vehículos fue asignada por Glenn Hilman y Brian Paulson a Laymar Peña; este mismo grupo de gerentes, de acuerdo a evidencias y fuentes consultadas, estarían involucrados con múltiples transacciones fraudulentas desde el 2014 hasta la fecha. Tal como lo informamos al inicio de esta nota, Hilman, Paulson y Peña continúan siendo empleados en CITGO bajo la administración de la nueva junta directiva liderada por Luisa Palacios.

Desde el 2010 hasta la actualidad, pasando por las administraciones de Alejandro Granado, Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez, los directores de compras de CITGO, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y José Luis Zambrano han apoyado a PDVSA y a otras instituciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con la compra de más de 8 mil millones de dólares en bienes, equipos y repuestos con dinero proveniente de la venta de petróleo de venezolano a CITGO. Desde Abril 2017, Ramiro Rodríguez y desde Noviembre 2017, José Luis Zambrano se encuentran bajo arresto en Venezuela acusados de delitos de corrupción, conspiración, fraude y lavado de dinero.

Falta de evaluación e incumplimiento de normas


Después de un proceso de compra indebido, con muchas debilidades en la selección del proveedor y la falta de evaluación por parte del departamento de cumplimiento de CITGO, liderado por Rick Esser y Jennifer Moos quienes ignoraron las políticas internas, el 16 de Junio de 2018 Peña, Paulson y Hilman asignaron el contrato de la compra de los vehículos a Auto Source Group, LLC., una compañía registrada por Eduardo Pulgar y Ivan G. Motta en Florida, EEUU el 16 de octubre de 2013 con sede en Miami, Florida 


La presidencia de PDVSA solicitó los vehículos blindados con una clasificación 5 o 6 de protección. La clasificación cinco proporciona protección contra rifles AK-47 y otras armas de asalto y requiere un espesor de acero balístico de al menos 7.5 mm.  El AK-47, conocido oficialmente como Avtomat Kalashnikova, es un rifle de asalto de 7.62 × 39 mm operado con gas, desarrollado en la Unión Soviética. La clasificación seis tiene un alto nivel de seguridad y está destinada a detener las rondas de perforación. El contrato asignado por el director y gerentes del departamento de compras de CITGO a la empresa Auto Source Group, LLC. fue de aproximadamente $2,6 millones por 13 vehículos blindados, según lo reportó Laymar Peña al Comité de Compras de CITGO, para un total aproximado de $6.6MM por los 33 vehículos solicitados por la presidencia de PDVSA.
Según la información obtenida, PDVSA no utiliza vehículos blindados para las operaciones normales de la empresa. "La presidencia de PDVSA, no aclaró el uso de los vehículos, por lo que algunos empleados concluyen que el destino y uso final de los vehículos blindados era para para uso de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro o para actividades ilegales como el narcotráfico o la explotación ilegal de oro y coltan", sostienen fuentes internas consultadas que pidieron mantenerse bajo anonimato por su seguridad física.

Otro aspecto que aparece en la denuncia es que la transacción descrita no fue investigada por Rick Esser, Vice-Presidente de Cumplimiento de CITGO y actual miembro de la Junta Directiva  que preside Palacios, "ignorando de esta manera su responsabilidad fiduciaria y exponiendo a CITGO al incumplimiento con leyes federales al colaborar, en complicidad con oficiales del régimen de Maduro en posibles actividades ilícitas y aumentando el riesgo de la perforación del velo corporativo entre CITGO y PDVSA/Venezuela".

Otra fuente consultada refiere que después de los nombramientos apresurados de los directores de CITGO, los miembros de la nueva junta directiva sólo han tenido contacto esporádico con los vicepresidentes de CITGO, y "no se han reunido con la gerencia media o con otros niveles para evaluar la calidad de las operaciones y la actuación previa de directores seleccionados a ciegas en un ambiente hostil donde reinaba la corrupción, fraude y el abuso de poder". 

La denuncia sostiene que "es obligación de la nueva junta directiva y específicamente de Luisa Palacios detectar transacciones fraudulentas y evaluar las responsabilidades individuales de los directores, gerentes y empleados de CITGO que apoyaron y facilitaron conductas ilegales utilizando los activos y recursos de CITGO en Estados Unidos".
Documentos señalan que la compra de los vehículos no se realizó por que el dinero disponible (por las ventas de crudo venezolano a CITGO) se utilizó en comprar gasolina, para así atender la emergencia por escasez de gasolina en Venezuela. Posteriormente, llegaron las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra PDVSA y al régimen de Nicolás Maduro, lo que impidió la transacción de compra de los lujosos vehículos blindados. Una fuente de PDVSA comentó que este hecho, "deja claro la complicidad de Glenn Hilman y sus gerentes asociados en atender con la mayor ligereza los caprichos de sus jefes militares, sin realizar las más mínimas revisiones con leyes federales de los Estados Unidos, y sin verificar la legitimidad del proveedor seleccionado, sus accionistas y el destino y posible uso en actividades criminales de estos activos, y que sin duda alguna representan una malversación de los recursos públicos del Estado venezolano que se les confían a estos administradores facilitadores de fraude y corrupción".