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domingo, 14 de abril de 2019

Juez prohíbe enajenar y gravar empresas en las que el representante de Glencore y Palmat en Venezuela figura como directivo

La jueza Milagros Zapata Ramírez decidió proteger los intereses de un menor de edad integrante de una sucesión que posee acciones en un conjunto de empresas en las que Roberto Wellisch integra la junta directiva, para evitar que posibles sanciones nacionales e internacionales en contra de este puedan afectar al adolescente.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

El  Tribunal Octavo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, a través de su titular, Milagros Antonieta Zapata Ramírez, decretó un conjunto de medidas preventivas anticipadas que prohíben a las empresas en las que el representante en Venezuela de la empresas Glencore y Palmat, Roberto José Wellisch —así como también Henry Wallis Corao y Antonio Repetto Ferrari— figura como directivo, a objeto de proteger los intereses de un menor de edad integrante de la sucesión Vagnoni-Molina, hasta tanto se decida lo conducente en la definitiva del juicio principal objeto de la medida respecto al destino de las acciones que Filippo Vagnoni tenía en dichas compañías y que ahora formarían parte del patrimonio de sus herederos.

La jueza tomó la medida atendiendo la solicitud de los abogados de Ángela María del Carmen Molina Calzadilla, madre y representante del menor, cuyos intereses decidió proteger en las empresas Trefymaca, Alambres del Yaracuy C.A., Promotora Valles de Paracotos C.A., Suramericana de Metales  Surmetal C.A., Desarrollo Metalúrgicos Demetalca C.A. y Armco.

La acción se emprendió en virtud de la copiosa información que circula en medios de comunicaciones y portales acerca de las empresas Glencore y Palmat que en Venezuela son representadas por Roberto Wellisch, quien era socio de Filippo Vagnoni en las citadas compañías, pues temen que cualquier sanción nacional o internacional sobre el primero o sus empresas, afecte los intereses de los Vagnoni Molina, en especial del menor edad que forma parte de la sucesión. Wellisch ejerce el gobierno corporativo de las empresas en las que Vagnoni fungía como accionista.

Glencore LTD es objeto de investigación por parte de las autoridades federales de Estados Unidos en razón de sus negociaciones en Venezuela, el Congo y Nigeria. En lo que respecta a Venezuela, las autoridades de EE. UU. mantienen en la mira las negociaciones de la transnacional con PDVSA, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Compañía  Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) y sus asociadas extranjeras SPS Oil Production (UK) y Palmat International. [1]. Igualmente la multinacional está presuntamente involucrada en el esquema de corrupción demandado por PDVSA US Litigation Trust en la Corte del Distrito Sur de la Florida.

“La empresa Palmat International es propiedad de Roberto José Wellisch quien, además, es el representante de Glencore en Venezuela. Palmat International también tiene una sede en los Estados Unidos está ubicada en la siguiente dirección: 13676 SW 56 St, Miami FL 33175.  Aparecen como dueños  Roberto José Wellisch y Mauricio Caro.

“Palmat International es la representante de Glencore en Venezuela y su representante como ya hemos referido es Roberto José Wellisch, quien en Venezuela tiene residencia en Colinas de Bello Monte, Caracas, y posee una residencia en los Estados Unidos, ubicada en el 20281 E Country Club Drive, Unit #1703, Aventura, Florida 33180.

“Roberto José Wellisch tiene una serie de empresas en los Estados Unidos: U.S.G. Supply, Inc, U.S.G. Marketing, L.C., Wilcox Intertrade, Inc., Dunston Industries, LLC, Dunston Industries, Corp., D&R Group International, L.C., TIAD Solutions, LLC, Roses & Roses, LLC, Palmat, LLC, Tire Advance America, LLC, Industrial Supply Network, LLC, U.S. Supply Corporation, U.S. Sales and Marketing Corp., Unaco of Miami, Inc., Wines & Wines, LLC, Wines & Wines Tampa, LLC, Prime Foodie International, LLC. Y otras en Panamá: Seaglow Holdings, Corp., TM Investments Inc., Glamox Investments Inc., Palmat Intertrade, S.A.”[2].

La decisión judicial

El 30 de octubre de 2018, la jueza del Tribunal Octavo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional,  Milagros Antonieta Zapata Ramírez, decretó una serie de medidas preventivas anticipadas atendiendo la solicitud formulada el 18 de julio de 2018 por la representación legal —Pedro Luis Pérez Burelli e Iris Carmona Castillo— de Filippo José Vagnoni Molina (difunto) y Ángela María del Carmen Molina Calzadilla, domiciliados en Gran Canarias, España. Molina Calzadilla, además, actúa como representante del adolescente de 15 años, Fabián Andrés Vagnoni Molina —el matrimonio Vanoni Molina también procreó a Filippo José Vagnoni Molina, de 18 años para la fecha.

Los abogados advirtieron al tribunal la necesidad de resguardar y proteger los bienes del acervo sucesoral en beneficio del menor, por cuanto existía la “presunción gravísima de que los mismos sean dilapidados, menoscabados o sujetos de afectación judicial”. 

Dicha presunción respondía al hecho de que circulaba abundante información en diversos medios de comunicación acerca de las empresas Glencore y Palmat, representadas en Venezuela por Roberto Wellisch, quien era socio de Filippo Vagnoni el padre del menor cuya protección se pretende en las firmas Trefymaca, Surmetalca y Armco (propiedad de Latin American Steel en Barbados), así como se señala a Palmat Latinoamérica “nos mantienen en un estado de incertidumbre”, por lo que los peticionarios temían alguna sanción nacional o internacional contra Roberto Wellish en su carácter de director de Glencore.

Wellish ejerce el gobierno corporativo con atribuciones estatutarias de administración de Trefymaca, Alambres del Yaracuy C.A., Promotora Valles de Paracotos C.A., así como las que posee en Armco, en las que Filippo Vagnoni fungía como accionista.

Decidieron actuar y solicitar protección previendo ser afectados por el mal desenvolvimiento de los administradores o que pudieran insolventarse a consecuencia de la venta de sus activos afectando el valor real de cada uno de los componentes accionarios delas propiedades, lo que violentaría el derecho patrimonial del menor por la afectación de las compañías en las que Wellish forma parte de la junta directiva afectando a su vez las compañías de Vagnoni Molina.

Ante estas circunstancias, los abogados pidieron al tribunal la urgente protección cautelar de las cuotas de participación del menor Fabián Andrés Vagnoni Molina.

La solicitud, además de Roberto Wellisch, abarca también a Henry Wallis Corao y Antonio Repetto.

La jueza Zapata Ramírez, luego de una serie de consideraciones legales y de analizar diversos artículos, normas y jurisprudencia, aceptando como ciertos los supuestos de la solicitud en virtud del riesgo de que los intereses del menor se vieran afectados, decretó las medidas anticipadas de prohibición de enajenar y gravar sobre los bienes del acervo hereditario que veremos en detalle más adelante.

Del mismo modo, Zapata Ramírez se abstuvo de decretar la prohibición de venta del 40 por ciento de las acciones de la sociedad de Barbados Latin American Steel Corp, la cual es propiedad en un cien por ciento de las sociedades Maepacae LLC (Delaware) y 1874 Holding Company I INC (Barbados), señaladas por los peticionantes como dueñas en partes iguales de la Sociedad Mercantil Armco C.A., por carecer de la documentación necesaria para determinar que Filippo Vagnoni tenía participación real en la empresa.

Zapata Ramírez desestimó algunas de las peticiones y requirió de Roberto Jorge Wellish S., Henry Wallis Corao y Antonio Repetto Ferrari, que en un plazo de diez días hábiles remitieran al tribunal una serie de documentos (balances, inventarios, actas, cuentas, etc.) relacionados con las empresas sobre las cuales dictó las medidas.
La jueza dictó medida de protección patrimonial para garantizar los derechos del menor Fabían Andrés Vagnoni Molina, consistente en la convocatoria inmediata de una asamblea de accionistas de las empresas Trefymaca, Alambres del Yaracuy C.A., Promotora Valles de Paracotos C.A., Suramericana de Metales Surmetal C.A. y Desarrollos metalúrgicos Demetalca C.A., por lo que Roberto Wellisch, Henry Wallis Corao y Antonio Repetto, deben incluir en las acciones de cada una de las empresas en que Filippo Vagnoni tenía participación, a la sucesión Vagnoni-Molina de la que es parte el menor Fabián Andrés Vagnoni Molina, quien fue declarado junto a su grupo familiar como únicos y universales herederos.

La jueza ordenó notificar de inmediato al Saren, a Sudeban y al INTI de la decisión, así como a los directivos de las empresas.


Notificación al Saren

El 2 de noviembre de 2018, Milagros Zapata Ramírez, jueza del Tribunal Octavo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes adscrito al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, dirigió el oficio número 0899/2018, asunto AP51-S-2018-008469 al Consultor Jurídico del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), para comunicarle la sentencia dictada el 30 de octubre de 2018 que dictaminó Medidas Preventivas Anticipadas en protección de los derechos e intereses patrimoniales de un adolescente cuya identidad se mantenía en resguardo de conformidad a los establecido en la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y quien es representado por su madre, Ángela María del Carmen Molina Calzadilla, a objeto de que se giraran las instrucciones a los registros a su cargo, a fin de que se abstuvieran de protocolizar cualquier documento en el que de alguna manera se pretendiera enajenar o gravar los bienes de las empresas en las que participa Roberto Wellisch, Henry Wallis Corao y Antonio Repetto.

En específico, se prohibía en primer término, enajenar y gravar sobre un bien inmueble adquirido el 23 de mayo de 1960 como consecuencia de la venta efectuada por la Sociedad Mercantil Alfajor C.A., consistente en un terreno y las edificaciones sobre él construidas, ubicado en Cagua, Distrito Sucre del estado Aragua, protocolizado ante el Registro Subalterno del Distrito Sucre del estado Aragua el 14 de enero de 1970.
En segundo lugar, la jueza Zapata Ramírez prohibió enajenar y gravar sobre un bien inmueble adquirido el 2 de octubre de 1985, como consecuencia de la venta que hiciera la Sociedad Mercantil Agropecuaria Mayorca C.A. el 12 de noviembre de 2003, consistente en un inmueble integrado por un lote de terreno y las edificaciones sobre él construidas, ubicado en la Carretera Nacional que conduce a San Felipe de Marín, en un sitio denominado “El Paují” en la jurisdicción del Distrito Sucre, estado Yaracuy, protocolizado en el Registro Subalterno del Distrito San Felipe del estado Yaracuy el 20 de marzo de 1991.

En tercer lugar, se dictó una medida innominada de prohibición de gravar, traspasar, venta, arriendo, negociación de acciones, entrega de dinero o especies a título préstamos, dividendos y/o cualquier otro, así como la abstención de realizar cualquier otro acto de administración que pueda contravenir los estatutos de la Sociedad Mercantil Suramericana de Metales C.A. (Surmetal), con relación a los derechos que pudieran corresponderles a la sucesión Vagnoni-Molina, RIF J-410899913, de la cual es parte integrante el adolescente Fabián Andrés Vagnoni Molina hasta que se decida lo conducente en la definitiva del juicio principal objeto de la medida anticipada, relacionada con su condición de accionistas sobre el capital constituido por un millón de acciones pertenecientes al De Cujus, Filippo Vagnoni, quien en vida era venezolano, mayor de edad, titular de cédula de identidad numero V-5.146.914, equivalentes al 10 por ciento del capital social de la referida sociedad mercantil.

En cuarto lugar, medida innominada de prohibición de traspaso, venta, entrega de dinero o especies a títulos de préstamos, dividendos, y/o cualquier otro título, así como la abstención de realizar cualquier otro acto de administración que pueda contravenir los estatutos de la Sociedad Mercantil Desarrollos Metalúrgicos Demetalca C.A., con relación a derechos que pudieran corresponder a la sucesión Vagnoni-Molina de la cual es parte integrante Fabián Andrés Vagnoni Molina hasta que se decida lo conducente en la definitiva del juicio principal objeto de la medida anticipada, relacionados con su condición de accionistas sobre el capital constituido por 357 mil acciones pertenecientes al De Cujus, Filippo Vagnoni, equivalentes al 51 por ciento del capital social de la referida sociedad mercantil.

En quinto lugar, la jueza dictó una medida innominada de prohibición de traspaso, venta, entrega de dinero o especies a título de préstamos, dividendos y/o cualquier otro título, así como la abstención de realizar cualquier otro acto de administración que pueda contravenir los estatutos de la Sociedad Mercantil Promotora Valles de Paracotos C.A., con relación a derechos que pudieran corresponder a la sucesión Vagnoni-Molina de la cual es parte integrante Fabián Andrés Vagnoni-Molina hasta que se decida lo conducente en la definitiva del juicio principal objeto de la medida anticipada, relacionados con su condición de accionistas sobre el capital constituido por 4 millones de acciones pertenecientes al De Cujus Filippo Vagnoni, equivalentes al 40 por ciento del capital social de la citada sociedad mercantil.

Igualmente debe abstenerse de realizar cualquier otro acto de administración que pueda contravenir los estatutos de la citada empresa con relación a los derechos que pudieran corresponderle a la sucesión Vagnoni-Molina hasta que se decidiera lo conducente en el juicio principal.

En sexto lugar se dictó una medida innominada de prohibición, venta, entrega, de dinero o especies, a título de préstamos, dividendos y/o cualquier otro título, así como la prohibición de realizar cualquier otro acto de administración que pueda contravenir los estatutos de la Sociedad Mercantil Trefimaca C.A. con relación a los derechos que corresponden a la sucesión Vagnoni-Molina de la cual es parte Fabián Andrés Vagnoni Molina hasta que se decida lo conducente en la definitiva de juicio principal objeto de la medida anticipada, relacionado con su condición de accionistas sobre el capital constituido por 2.355 acciones pertenecientes al De Cujus Filippo Vagnoni, equivalentes al 10 por ciento de las acciones del capital social de la referida sociedad mercantil. Igualmente se deben abstener de realizar cualquier acto de administración que contravengan los estatutos de la empresa con relación a los derechos de la sucesión Vagnoni-Molina hasta que se decida el juicio principal.

La jueza dictó medida innominada de prohibición, venta, entrega, de dinero o especies, a título de préstamos, dividendos y/o cualquier otro título, así como la prohibición de realizar cualquier otro acto de administración que pueda contravenir los estatutos de la Sociedad Mercantil Alambres del Yaracuy C.A. con relación a los intereses que pudieran afectar a la sucesión Vahnoni-Molina de la cual es parte Fabián Vagnoni Molina hasta que se decida lo conducente en el juicio principal relacionado con su condición de accionistas sobre el capital constituido por un millón 400 mil acciones pertenecientes a Filippo Vagnoni equivalentes al 10 por ciento del capital de la sociedad mercantil. Asimismo deberán abstenerse de cualquier acto de administración que contravenga los estatutos de la empresa con relación a los intereses de la sucesión Vagnoni-Molina hasta que se decida el juicio principal.

La jueza Zapata Ramírez pidió con carácter de urgencia al SAREN cualquier información respecto a documentos, valores, acciones, títulos, cuentas participaciones, bienes, vehículos y/o cualquier otra clase de bien mueble o inmueble perteneciente al De Cujus ciudadano Filippo Vagnoni.



[1] Venezuela Política. “Glencore debe informar a los E.E. U.U. sobre sus negocios con PDVSA , CVG y CAMIMPEG”. 22 de julio de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/07/glencore-debe-informar-los-ee-uu-sobre.html
[2] Venezuela Política. “Camimpeg, SPS y Glencore habrían violado sanciones impuesta por EEUU contra Venezuela”. 8 de marzo de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/03/camimpeg-sps-y-glencore-habrian-violado.html

viernes, 25 de mayo de 2018

Un complejo escenario enfrenta demanda de fideicomiso de PDVSA en EEUU contra 44 empresas por 10 billones de dólares

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La inusual y hasta ahora misteriosa demanda entablada en la corte del Distrito Sur de la Florida por el fideicomiso denominado Pdvsa US Litigation Trust contra 44 acusados —entre los cuales se encuentran grandes trasnacionales del petróleo como Glencore, Trafigura, Lukoil y Vitol Energy y otras 15 personas— se vislumbra con un complejo panorama que sugiere un largo proceso  caracterizado por un sin número de obstáculos procedimentales, y una serie de argumentos contradictorios que hacen que la querella esté muy lejos de lograr los objetivos aspirados por el demandante [PDVSA] que es lograr una compensación por más de 10 mil millones de dólares.
La demanda civil del Fideicomiso (The U.S. PDVSA Litigation Trust) fue introducida el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mandato mismo pueda significar reclamaciones en nombre de la estatal petrolera PDVSA. 

Uno de los obstáculos planteados con la querella es la oposición de los acusados a las principales argumentos de la demanda. Los demandados ya han hecho saber que tiene previsto presentar mociones para desestimar las diversas causas de la acción interpuesta por Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP. La primera es una firma de abogados que tiene en su historial una amplia representación de casos ligados al Estado venezolano y, en particular, a la pareja presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores. 

Varios de los equipos de defensa cuestionan en el hecho de que la constitución del Fideicomiso presenta lagunas que no han sido aclaradas, por lo que alegan que la creación de PDVSA US Litigation Trust no pareciera poseer real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA. Este asunto ha sido explicado claramente por varios expertos del tema, entre quienes destacan los litigantes neoyorquinos, Richard J. Cooper y Boaz S. Morag, de la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Ambos abogados han escrito varios artículos especializados sobre esta demanda, en los cuales han hecho hincapié en la poca claridad que hay en los estatutos de limitación aplicables en la creación del fideicomiso y, si dicha figura, podría obtener la cooperación de PDVSA necesaria para responder a solicitudes de descubrimiento de este caso.

Cooper y Morag explican en un artículo titulado Actualización sobre PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas, et al., que el caso plantea preguntas sobre si la acción legal "tendrá implicaciones para los acreedores financieros de PDVSA e, incluso, para los acreedores de la República de Venezuela, que pueden reclamar el valor económico de la demanda del Fideicomiso o cualquier recuperación, sobre la teoría de que el Fideicomiso persigue los reclamos para el único beneficio de PDVSA". 

La querella

La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.

La trama se conoció en marzo del presente año 2018, cuando el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust acudió al citado tribunal para denunciar la acción de dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.

En una audiencia en Miami en el mes de abril, la magistrada federal, Alicia Otazo-Reyes, concedió la moción de los acusados de anular las numerosas citaciones de un fideicomiso relacionado con la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. y, también, dijo que permitiría un descubrimiento limitado sobre la cuestión de si la compañía tiene derecho a reclamar.

El principal acusado del caso, Francisco Morillo, ha movido sus piezas afincándose en el argumento que el Fideicomiso tiene graves fallas. De hecho, el acusado presentó el 26 de marzo de 2018 a la corte  una copia del "Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en los EE. UU." del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Bois presentaron una versión diferente del documento. 

Según destacan estos papeles, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, muestra que el Fideicomiso nombra un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época, como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes es Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York.  Llama la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017. 

En el documento denominado Acuerdo del Fideicomiso dice que dicha figura fue creada "por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA". Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust. 

Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de la confianza.

La demanda


Los demandantes aspiran encausar civilmente a unas 40 personas, naturales y jurídicas, de supuestamente haber cometido delitos de corrupción en PDVSA y para ello han presentado un conjunto de evidencias que bien podrían también servir en otras investigaciones federales que tienen lugar en diversas fiscalías de los Estados Unidos contra la petrolera venezolana por delitos de corrupción y lavado de dinero provenientes de la industria criminal.

La demanda civil que fue presentada específicamente el 5 de marzo de 2018 —fue enmendada— está dirigida a la procura del resarcimiento de los daños supuestamente ocasionados por los demandados al patrimonio de PDVSA.

Por esta acción, PDVSA US Litigation Trust aspira obtener unos diez billones de dólares, así como otros dividendos extras en razón de las pérdidas sufridas durante catorce años, es decir, el tiempo en que la conspiración supuestamente estuvo vigente.

PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso creado en Nueva York con el objetivo de investigar a los acusados y el cual ha levantado muchas sospechas y dudas entre los venezolanos, dada la naturaleza del fondo de fideicomiso y su beneficiario, puesto que no hay claridad en torno a la identidad del querellante por la ambigüedad del recurso legal interpuesto. No se deja firmemente establecido que PDVSA sea el accionante.

Existen dudas acerca de quién será el beneficiario de la querella y para muchos venezolanos en el exilio resulta inaceptable que el despacho de abogados termine dándole entrada a millones de dólares a su caja registradora, pero el país, Venezuela —la esquilmada, robada y saboteada— no vea un solo centavo de esta demanda.

Ante estas dudas, el despacho de abogados, a través de Davis Boies, en una entrevista aseguró que PDVSA US Litigation Trust tiene “vida propia” y dejó establecido que fue Petróleos de Venezuela, S.A. la que constituyó el mandato.

Sostuvo el abogado que el beneficiario de los 10 billones de dólares a que aspiran, más el pago triple por daños, será PDVSA Casa Matriz en Caracas.

Agregó Boies que ningún acreedor de la petrolera podrá intentar cobrar sus deudas a través del fideicomiso dado a que “es una entidad legal que tiene la capacidad de mantener los fondos en su custodia”[2].

Intimidación y soborno

Sostienen los abogados en la demanda que los acusados supuestamente se valieron de mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr el propósito de mantener la operación invisible durante los catorce años que tuvo de vigencia.

Refieren que fue necesario el concurso de abogados e investigadores en Estados Unidos, Venezuela y Europa para poner al descubierto la trama de corrupción.

El sello que mantenía oculta la demanda civil fue levantado por el juez federal del estado de la Florida, Darrin P. Gayles, lo que permitió conocer que la documentación que avala la averiguación revela que los acusados habrían establecido un esquema para fijar precios, licitar ofertas y eliminar la competencia. Todo ello a través del robo de información clasificada de PDVSA mediante la clonación de los servidores informáticos de la principal empresa venezolana.

La operación

Se conoció, que la operación fue ejecutada en tiempo directo, pues sus protagonistas tuvieron acceso al sistema informático de PDVSA luego de haber clonado el servidor del departamento Comercial y de Suministros de la estatal.

Los  demandados, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, habrían instalado en sus oficinas en Miami el servidor clonado, lo cual les permitió obtener información en caliente sobre las otras empresas que participaban en las licitaciones y sus ofertas.

Incluso —reza la demanda— intervenían haciéndose pasar por Petróleos de Venezuela a través de un correo electrónico, a saber, pdva.com —obsérvese que le falta la letra “s”— con lo cual alteraban las ofertas y la negociación en su favor.

El fideicomiso demandante señala en su acusación ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que Francisco Morillo y Leonardo Baquero supuestamente sobornaron a directivos de PDVSA y actuaron en contra de los intereses de la estatal en conjunción con corredores mundiales, tales como Glencore, Vitol y Trafigura, al igual que empresas del ramo energético como Lukoil y Colonial Oil Industries.

Morillo y Baquero constituyeron en Venezuela en mayo de 2001 la empresa Waltrop Consultant, la cual tiene como objetivo la prestación de servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente a PDVSA.

Posteriormente, el 2004, los demandados establecieron en Panamá la empresa consultora Helsinge Inc. a través de la cual se relacionaron comercialmente con Petróleos de Venezuela, S.A. Esta compañía tenía sucursales en Miami, Ginebra y en la isla británica de Jersey.

De acuerdo a lo dice la demanda, Helsinge Inc. Supuestamente permitió que algunos de los principales clientes y proveedores de Petróleos de Venezuela conocieran de primera mano información privilegiada sobre las licitaciones de la estatal venezolana sobre la venta de sus exportaciones de petróleo y acerca de la compra productos utilizados en la refinación de hidrocarburos.

Motivos de la demanda

La motivación de la demanda no parece estar lo suficientemente clara en razón, supuestamente, a que intereses distintos a la obtención de justicia pudieran estar empujando esta acción legal.
Se ha elucubrado que Wilmer Ruperti, empresario chavista que no contaba con la simpatía de Rafael Ramírez, pudiera estar intentando materializar una venganza.

Ruperti y Morillo mantuvieron una larga relación hace más de veinte años, el segundo fue un alto ejecutivo de Trafigure de Venezuela de la cual el primero era representante en esa época. Obtenía información privilegiada de PDVSA y desde esa posición logró importantes contratos en el área petrolera y energética, por los cuales obtenía generosos bonos y porcentajes de las ganancias.

Sin embargo, estos beneficios no resultaron suficientes para Morillo, quien decidió montar tienda aparte e, incluso, poner fin a la amistad que lo unía con Ruperti.

Morillo asumió el negocio para su propio beneficio y Ruperti perdió ascendencia en Petróleos de Venezuela, S.A. dada su mala relación con Rafael Ramírez, lo contrario a Morillo, quien logró acercarse otrora zar petrolero a través del cuñado de este, Baldo Sansó.

Pero cuando la mala racha tocó la puerta de Rafael Ramírez en 2017, Wilmer Ruperti habría entrado en acción y volvió a obtener contratos con PDVSA.

Francisco Morillo —establece la demanda— diseñó un supuesto esquema de corrupción en el que habrían participado varias trasnacionales que actuaron para ganar grandes dividendos en prejuicio de PDVSA, la cual debió afrontar pérdidas mil millonarias.

Así que no pocos estiman que la mano de Wilmer Ruperti se encuentra metida en este asunto y sería el motor de la demanda civil del fideicomiso de Petróleos de Venezuela, S.A. en contra de 40 demandados.

Para asegurar que se trata de una venganza de Ruperti contra Morrillo, los que así lo sostienen alegan que ambos supuestamente mantienen una verdadera guerra desde que rompieron relaciones; la existencia de una supuesta relación entre exesposa de Morillo, Vanessa Acosta Friedman con Ruperti; el nexo entre Ruperti y la firma de abogados Boies Schiller Flexner LLP; y la estrecha relación de Ruperti con Cilia Flores y Nicolás Maduro, que lo llevó a pagar los gastos de representación legal de los sobrinos de la pareja presidencial en el juicio en el que resultaron culpables por delitos de narcotráfico.

Sobre Vanessa Acosta Friedman hay que apuntar que la participación de esta fue fundamental en la demanda, pues ella aportó importantes elementos que revelan la trama y la naturaleza de los negocios de Francisco Morillo de quien obtuvo copia de los archivos contenidos en su computadora y los aportó a los autores de la demanda.

El informático clonador

Detrás de estos hechos estaría un personaje supuestamente responsable, de acuerdo a lo que establece la demanda, de ser el brazo ejecutor de la clonación.

Su nombre es Luis Liendo, quien se desempeñó durante dos décadas en Petróleos de Venezuela, S.A. hasta mayo del año 2015. Allí llegó a ser Administrador de Plataforma y de acuerdo al texto de la acusación presentada por el fideicomiso PDVSA Litigation Trust, fue quien llevó a cabo la clonación del servidor de la unidad de Comercio y Suministro de la empresa.

En la actualidad reside en la comunidad de MetroWest de Orlando, en el estado de Florida, donde se desempeña en la prestación de servicios de soporte en sistemas y como conductor de empresas de delivery y correo.

Luis Liendo, de 41 años, habría instalado un clon del servidor que permitiera el acceso en tiempo real a la información confidencial de la estatal petrolera[3].

En su página web, Liendo asegura que después de laborar por 18 años en PDVSA, se vio forzado a escapar de Venezuela debido a presiones por no estar de acuerdo con las políticas oficialistas. Refiere que decidió mudarse a Miami en razón de haber sido tildado de traidor por el chavismo y temía por su seguridad personal y la de su familia[4].

Sin embargo, los abogados de Boies Schiller Flexner LLP sostienen que Morillo y Baquero contrataron a Luis Liendo y lo trasladaron a Miami para que llevara a cabo la clonación del servidor de PDVSA en unas computadoras propiedad de los demandados.

Otras acciones

Aparte de la demanda de la que hemos dado cuenta en estas líneas, Petróleos de Venezuela, S.A. también presentó una acción judicial contra los ejecutivos de Helsinge Limited, Saint-Hélier cuya sede es Ginebra.

La demanda es por los mismos delitos supuestamente cometidos por los acusados, es decir, legitimación de capitales, soborno a funcionarios públicos extranjeros y los delitos de resta de datos.

La presentación legal de la estatal petrolera en la nación helvética está en manos del bufete suizo Canónica Valticos de Preux (CVP), el cual habría presentado la querella ante el tribunal el 13 de febrero de 2018.

Por esta acusación, las autoridades han emprendido el registro de las oficinas de la empresa el día 2 de marzo, así como el arresto de dos empleados, uno de ellos que trabaja desde Caracas y había viajado a Suiza para una reunión de trabajo, fue liberado luego de dos días de interrogatorios.

El otro empleado es un consultor, quien permaneció por once días tras las rejas en Champ-Dollon.

Ambos manifestaron su deseo de colaborar en la investigación.
Por cierto, fuentes ligadas a las averiguaciones del caso, informaron que supuestamente también Francisco Morillo y Leonardo Baquero han decidido colaborar con las autoridades[5].

Rechazo de la Asamblea Nacional

Ante estos hechos la Asamblea Nacional se pronunció y advirtió que el Poder Legislativo es el único con potestad para darle el visto bueno a los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado.

En tal sentido, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Petróleos de Venezuela, S.A. en los Estados Unidos.

Con la decisión adoptada por el gobierno se contraviene lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 18, numeral 9 que faculta a la Asamblea Nacional para “autorizar al Ejecutivo Nacional  para celebrar contratos de interés nacional, en los casos  establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.

El Poder Legislativo Nacional acordó “Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso PDVSA US Trust que investigue si la constitución del ‘PDVSA US Litigation Trust’ se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso.

“Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el ‘PDVSA US Litigation Trust’ haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió.

“Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público.

“Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar”[7].

Unos sí y otros no

Por otra parte, resulta sumamente curioso el hecho de que la demanda entablada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust se establezca contra las transnacionales petroleras —Glencore, Trafigura, Lukoil y Vitol Energy— así como a quince personas encabezados por Francisco Morillo y Leonardo Baquero, seguidos de otros directivos de las petroleras, pero no acuse a los funcionarios que habrían recibido los sobornos y que habrían permitido realizar las operaciones fraudulentas.

La demanda presentada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP está dirigida a:

Del Grupo Morillo incluye a Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan.

Mientras que las empresas demandadas son: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial  Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.

Entretanto, los ejecutivos de las empresas acusados son: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paul Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez, Campo Elias Páez[7].

Seguiremos informando...

Notas

[1] Update on PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas, et al. https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/trust-litigation-update-article-4-10-18-pdf.pdf

[2] Venezuela al día. “Entretelones de la demanda que podría complicar futuro de PDVSA”. 11 de marzo de 2018. http://www.venezuelaaldia.com/2018/03/11/entretelones-demanda-que-podria-complicar-futuro-de-pdvsa/

[3] Aporrea. “Informático que clonó servidor para fraude comercial en PDVSA es activista opositor, vive en Florida y trabaja como repartidor de encomiendas”. 12 de marzo de 2018. https://www.aporrea.org/contraloria/n322138.html

[4] Luis Liendo. It tech & amateur photographer. http://luisliendo.com/

[5] Venezuela Política. “Principales acusados en demanda civil de Pdvsa en Miami dispuestos a colaborar con justicia norteamericana”. 14 de marzo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/2018/03/principales-acusados-en-demanda-civil.html?platform=hootsuite

[6] Cuentas Claras Digital. “Caso Pdvsa US Litigation Trust | Asamblea rechazó la cesión de derechos de litigio de Pdvsa en EEUU”. 5 de abril de 2018. https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/04/caso-pdvsa-us-litigation-trust-asamblea-rechazo-la-cesion-de-derechos-de-litigio-de-pdvsa-en-eeuu/

[7] Cuentas Claras Digital. “El extraño caso del fideicomiso de PDVSA en EEUU: La petrolera demanda a estafadores y trasnacionales pero no a los funcionarios que aceptaron sobornos”. 22 de abril de 2018. https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/04/el-extrano-caso-del-fideicomiso-de-pdvsa-en-eeuu-la-petrolera-demanda-a-estafadores-y-trasnacionales-pero-no-a-los-funcionarios-que-aceptaron-sobornos/