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martes, 19 de enero de 2021

EE. UU. acusan a un politólogo de actuar como agente no registrado del régimen iraní

   El acusado presionó a funcionarios estadounidenses con libros y artículos publicados que promovían los puntos de vista iraníes mientras estaba empleado [en secreto] por la misión iraní ante las Naciones Unidas.

Por Maibort Petit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó ante la Corte del Distrito Este de Nueva York al politólogo, Kaveh Lotfolah Afrasiabi, de actuar y conspirar como agente no registrado del Gobierno de la República Islámica del Irán en EE. UU., en violación del Registro de Agentes Extranjeros. Actuar (FARA). Afrasiabi fue arrestado en su casa en Watertown, Massachusetts el lunes 18 de enero. 

Kaveh Lotfolah Afrasiabi fue presentado este martes en el tribunal federal en Boston, Massachusetts, ante la jueza Jennifer C. Boal.

   El Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John C. Demers hizo el anuncio junto a otros funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Durante más de una década, Kaveh Afrasiabi se presentó ante el Congreso, periodistas y el público estadounidense como un experto neutral y objetivo sobre Irán”, dijo Demers, “Sin embargo, todo el tiempo, Afrasiabi era en realidad un empleado secreto del Gobierno de Irán y la de Misión Permanente de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas (IMUN).

 Demers aseguró que la Misión iraní de la ONU le pagaba para que  difundiera su propaganda. "Al hacerlo, evitó intencionalmente registrarse en el Departamento de Justicia como lo requiere la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Asimismo, eludió su obligación de revelar quién patrocinaba sus puntos de vista. Ahora comenzamos a responsabilizarlo por esos hechos".

Por su parte, el fiscal federal interino Seth D. DuCharme sostuvo que "Afrasiabi supuestamente trató de influir en el público estadounidense y en los políticos estadounidenses en beneficio de su empleador, el gobierno iraní, al disfrazar la propaganda como un análisis y una experiencia política objetivos". 

DuCharme aseguró que el “Departamento de Justicia está comprometido con la aplicación rigurosa de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que proporciona al pueblo estadounidense las herramientas que necesita para evaluar opiniones y argumentos en el mercado de ideas al exigir a los agentes extranjeros que declaren sus pagadores".  

  DuCharme dijo que el acusado ocultó todo el alcance de su trabajo para un gobierno extranjero, tal como lo requiere la ley, por lo cual deberá enfrentar  las consecuencias de sus acciones ".

  William F. Sweeney, subdirector a cargo del FBI comentó que “Cualquiera que trabaje para promover la agenda de un gobierno extranjero dentro de los Estados Unidos está obligado por ley a registrarse como agente de ese país”.

 Sweeney sostuvo que Afrasiabi nunca reveló a los congresistas, periodistas u otras personas "que tienen roles de influencia en nuestro país, que el gobierno iraní le estaba pagando para pintar una imagen falsamente positiva de la nación". 

  El funcionario del FBI dijo que las leyes de Estados Unidos están diseñadas para crear transparencia en las relaciones exteriores y "no son arbitrarias ni maleables". Como demuestra la acción de hoy, las haremos cumplir plenamente para proteger nuestra seguridad nacional".

“El Kaveh Afrasiabi deja en claro que Estados Unidos no permitirá que agentes no declarados de Irán operen en nuestro país sin control", acotó. 

  Según la demanda, Afrasiabi es ciudadano de la República Islámica de Irán y residente permanente legal de los Estados Unidos. 

 El acusado tiene un doctorado y publica con frecuencia libros y artículos, y aparece en programas de televisión en inglés que discuten asuntos de relaciones exteriores, particularmente las relaciones de Irán con Estados Unidos. 

  La demanda dice que Afrasiabi se ha identificado o se ha presentado a sí mismo como "un politólogo, un ex profesor de ciencias políticas o un experto en asuntos exteriores".

  Desde al menos 2007 hasta el presente, Afrasiabi ha sido empleado [en secreto] del gobierno iraní y pagado por diplomáticos iraníes asignados a la Misión Permanente de la ONU, (IMUN). 

  Según los fiscales federales, Afrasiabi ha recibido aproximadamente $ 265,000 en cheques girados en las cuentas bancarias oficiales de IMUN desde 2007, y ha recibido seguro médico a través de los planes de beneficios de salud para empleados de IMUN desde al menos 2011.

  En el curso de su empleo  como agente del gobierno iraní, Afrasiabi ha presionado a un congresista estadounidense y al Departamento de Estado de los EE. UU. para que defiendan políticas favorables a Irán, asesoró a los diplomáticos iraníes sobre la política exterior de EE. UU., hizo apariciones en televisión para defender las opiniones del gobierno iraní sobre eventos mundiales, y escribió ensayos y artículos de opinión que defienden la posición del gobierno iraní en varios asuntos de política exterior. 

  Asimismo, Afrasiabi sabe, desde hace mucho tiempo, que FARA requiere que los agentes de gobiernos extranjeros se registren en el Departamento de Justicia de EE. UU. 

  En la demanda se señala que Afrasiabi ha discutido la información obtenida de las divulgaciones de FARA con otros de sus colegas. Sin embargo, "no se registró como agente del Gobierno de Irán".

  Por ejemplo, en enero de 2020, Afrasiabi envió un correo electrónico al Ministro de Relaciones Exteriores y al Representante Permanente de Irán ante las Naciones Unidas con un consejo de "represalia" por el ataque aéreo militar estadounidense que mató al general de división Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds, el brazo de operaciones externas de la El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del gobierno iraní, proponiendo que el gobierno iraní "ponga fin a todas las inspecciones y ponga fin a toda la información sobre las actividades nucleares de Irán en espera de una condena [del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas] del crimen ilegal [de los Estados Unidos]". 

  Afrasiabi afirmó que tal movimiento, entre otras cosas, "infundiría miedo en el corazón [del] enemigo".

  Afrasiabi ha admitido en sus propias comunicaciones que su extenso cuerpo de trabajos publicados y apariciones en televisión, en los que ha defendido constantemente perspectivas y posiciones políticas favorecidas por el gobierno iraní, se ha atribuido a la financiación que recibe del gobierno iraní. 

  En la demanda se hace referencia a un correo electrónico del 28 de julio de 2020 que Afrasiabi envió al Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, donde el acusado incluyó "enlaces a muchos de [sus] trabajos, incluidos libros, cientos de artículos en periódicos internacionales y revistas académicas", y le dijo al Ministro de Relaciones Exteriores de Irán: "Sin apoyo ¡nada de esto hubiera sido posible! Esta ha sido una relación muy productiva que ha durado décadas y que no debería interrumpirse ”.

 Si es declarado culpable de ambos delitos acusados, Afrasiabi enfrenta una sentencia máxima de 10 años de prisión.

  Este caso criminal está a cargo de la Sección de Seguridad Nacional y Ciberdelincuencia de la Oficina. 

  Los fiscales federales adjuntos Ian C. Richardson y Michael T. Keilty están a cargo de la acusación, con la asistencia del abogado litigante David C. Recker de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional.

viernes, 1 de mayo de 2020

EE.UU. acusa a dos iraníes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán

  Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó a dos ciudadanos iraníes, Amir Dianat y Kamran Lajmiri, ​​de violar las leyes y sanciones de exportación de los Estados Unidos contra Irán y por delitos de lavado de dinero. La acusación se procesará en el Tribunal de Distrito de Columbia.
  Los fiscales federales acusaron a Dianat y Lajmiri de conspiración para proporcionar servicios financieros estadounidenses a entidades iraníes y a sus principales compañías que intentaron comprar un buque petrolero, registrado como  Nautic, en septiembre de 2019. 

   La denuncia alega que los acusados ​​ocultaron, tanto al vendedor  como a las instituciones financieras que procesaron las transacciones en dólares estadounidenses, así como al gobierno de los EE. UU. que la venta de este buque estaba destinada a Irán.

   La operación, dice la demanda, forma parte de un plan de los acusados para su enriquecimiento y para otros conspiradores, que lograron evadir las regulaciones, prohibiciones y requisitos de licencia de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y el Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán (ITSR).

   En los documentos de la corte se describe un reclamo relacionado por decomiso civil es de $ 12,338,941.91. "Estos fondos estaban supuestamente involucrados en un esquema para lavar fondos en los Estados Unidos para adquirir ilícitamente el carguero petrolero, The Nautic"

  La demanda de decomiso civil alega que en el esquema estaba involucrada la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, la Compañía Nacional de Petroleros de Irán (NITC) y la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), todas están entidades está sancionadas por la OFAC

  El IRGC fue designado por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. "Esta acción de decomiso representa la mayor incautación de fondos relacionados con las Fuerzas Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dice la demanda que a la vez acota que "todos los fondos de organizaciones terroristas están sujetos a decomiso".

 "Estos acusados ​​compraron un barco petrolero valorado en más de $10 millones al usar ilegalmente el sistema financiero de los Estados Unidos, violando desafiantemente las sanciones de los Estados Unidos", dijo el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional John C. Demers.

  Demers aseguró que "Este es otro ejemplo más de que Irán utiliza descaradamente compañías de fachada y documentación falsa en su intento de ocultar las transacciones ilegales que el régimen iraní necesita, desesperadamente, para financiar sus actividades malignas". 

  La aplicación de las sanciones estadounidenses y las leyes penales financieras es un componente importante del compromiso que tiene la División de Seguridad Nacional de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. 

  Demers elogió los esfuerzos de los fiscales, agentes y analistas que descubrieron este esquema ilegal y cuyo trabajo resultó en la acción de decomiso más grande que haya involucrado a las Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)".

  Por su parte, el Fiscal para el Distrito de Columbia, Timothy J. Shea, sostuvo que "Empleando autoridades de decomiso civil específicamente disponibles para la Fiscalía, continuaremos procesando agresivamente a aquellos que abusen de nuestro sistema financiero para apoyar a las entidades sancionadas".

 Shea aseguró que usarán todas las medidas disponibles bajo la ley, para incluir la confiscación civil para recuperar fondos para las víctimas del terrorismo. "Estas leyes existen y sirven para evitar que los países hostiles generen ingresos ilícitamente, (a través de la venta de petróleo), para financiar sus programas de proliferación de armas. Los cargos de hoy son otro ejemplo de los esfuerzos dedicados e implacables de nuestra oficina, el FBI y HSI ".

"La demanda demuestra que aquellos que usan el sistema financiero de los Estados Unidos para beneficiar a la industria petrolera iraní serán investigados por el FBI y procesados ​​en la mayor medida de la ley", dijo el agente especial del FBI Minneapolis a cargo Rainer Drolshagen. 

 "Los sectores petroquímicos y petroleros de Irán son las principales fuentes de financiación para el régimen iraní, y el FBI continuará persiguiendo agresivamente a aquellos que usan ilegalmente el sistema financiero de Estados Unidos para su beneficio".

 "La protección de nuestra patria abarca muchas misiones, incluida la protección de las exportaciones y la moneda de nuestra nación", dijo Steven W. Cagen, agente especial a cargo de HSI Colorado.    "Estos delincuentes pensaron que podrían enriquecerse mientras ayudaban a Irán, un país que sigue representando un serio amenaza para la seguridad de nuestra nación. Ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones ".

  El Departamento del Tesoro interpuso una acción concurrente, sancionando a Dianat y su compañía relacionada, Taif Mining.

  Según los alegatos, a partir de mayo de 2019 hasta diciembre de 2019, Dianat y Lajmiri conspiraron para comprar el carguero de Nautic a través de una compleja red de compañías de fachada, incluida Taif Mining. Después de enviar el pago final al vendedor, Taif Mining tomó posesión del Nautic. Rápidamente cambió su nombre y comenzó a hacer viajes a Irán para cargar petróleo iraní. 


 Debido a que los Estados Unidos congeló los fondos de la venta del buque, el vendedor nunca recibió el pago. Como resultado, el vendedor inició una acción civil en los EE. UU. para recuperar el dinero adeudado.

  El 15 de marzo de 1995, la presidencia de los Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva No. 12957, que establecía que "las acciones y políticas del Gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía del país". Estados Unidos declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza. 

   En posteriores órdenes ejecutivas, el presidente impuso sanciones económicas, incluido un embargo comercial a Irán. Las órdenes ejecutivas y el ITSR prohíben la exportación, reexportación, venta o suministro, directa o indirectamente, a Irán de bienes, tecnología o servicios de los Estados Unidos o de una persona estadounidense sin autorización previa o licencia de la Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ubicada en Washington, DC. 

  Los conspiradores utilizaron el sistema de corresponsalía bancaria de los Estados Unidos para procesar transacciones ilícitas en dólares estadounidenses, y en ningún momento alertaron a las instituciones financieras estadounidenses de que estaban financiando la compra de un buque tanque para las entidades iraníes.

  Si son declarados culpables, Dianat y Lajmiri enfrentarían un máximo de 20 años de prisión.

  La investigación fue realizada por agentes especiales de la Oficina de Campo del FBI en Minneapolis y HSI Colorado Springs.