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jueves, 3 de septiembre de 2020

Corte del Sur de la Florida autoriza participación de co-abogado en el proceso contra Carmelo Urdaneta Aquí

Por Maibort Petit

   El 31 de agosto de 2020, Victoria R. Morris de la firma de abogados Kobre & Kim LLP, solicitó a la Corte del Distrito Sur de la Florida dictar una orden que permita a Robin William Allen George Rathmell, comparecer ante dicho tribunal en nombre del demandado, Carmelo Urdaneta Aquí, para todos los fines relacionados con los procedimientos al caso Nº 1:18-cr-20685-KMW donde se le acusa de delitos de corrupción y lavado de dinero.

   Carmelo Urdaneta Aquí es acusado de formar parte de una trama en la que participaron: Francisco Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer alias "Chente", Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Vallera. En este caso también son señalados Raúl Gorrín y los hijos de Cilia Flores.

   Los abogados de Urdaneta Aquí hicieron la solicitud, sustentándose en la Regla Local 4 (b) de las Reglas Especiales que Rigen la Admisión y el Ejercicio de los Abogados del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la solicitante propuso la admisión pro hac vice de Robin William Allen George Rathmell, con el propósito de comparecer como co-abogado en nombre del demandado.

  Se expuso que Robin William Allen George Rathmell no está autorizado para ejercer en el Distrito Sur de Florida, es miembro acreditado de los colegios de abogados de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito y de las Cortes de Distrito de los Estados Unidos para el Sur y Distritos del este de Nueva York. Ha sido admitido como consultor legal especial en el Distrito de Columbia.

 A su vez, Victoria R. Morris, es miembro acreditado del Colegio de Abogados de Florida y del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mantiene una oficina en dicha entidad para el ejercicio de la abogacía y está autorizada a presentar su solicitud a través del sistema de archivo electrónico del Tribunal. Movant consiente en ser designado como miembro del Colegio de Abogados de Tribunal del Distrito Sur de la Florida con quien la corte y la representación legal contraria, pueden comunicarse con respecto a la conducción del caso.

  El juez del Distrito Sur de Florida, Kathleem M. Williams, otorgó la Moción de Comparecencia que permite a Robin William Allen George Rathmell, comparecer y participar en el proceso en nombre del demandado Carmelo Urdaneta Aquí.

  

miércoles, 25 de marzo de 2020

Conoce las confesiones que Abraham Edgardo Ortega, el funcionario de PDVSA que facilitó el lavado de $ 1.200 millones, le hizo a los fiscales de EE. UU.

  El ex-director ejecutivo de planificación financiera de la estatal petrolera aguarda aún por la sentencia que habrá de fijar la juez del Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


   Los abogados de Abraham Edgardo Ortega, solicitaron al tribunal que cambie la fecha de la sentencia prevista para el 1 de abril de 2020, por 60 días, al igual que solicitaron que el acusado permanezca en su casa, en la ciudad de Miami Beach, argumentando como razones, el impacto de la pandemia COVID-19 en el estado de la Florida.  Proponen que la audiencia de la sentencia sea fijada para el 1 de junio de 2020. La jueza aún no ha respondido.

Las confesiones 

  Abraham Edgardo Ortega formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares producto de operaciones irregulares de PDVSA de la cual fueron protagonistas: Francisco Convit Guruceaga[1]; José Vicente Amparan Croquer, alias "Chente"[2]; Carmelo Urdaneta Aquí; Gustavo Adolfo Hernández Frieri[3]; Hugo Andre Ramalho Gois; Mathias Krull; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, 9 conspiradores y tres oficiales venezolanos. 

  La investigación encubierta denominada “Money Flight” emprendida por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual tuvo su origen en la delación que una Fuente Confidencial (Confidential Source) hizo ante las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI, por las siglas en inglés de Homeland Security Investigations) en 2016, cuando dio a conocer que había sido contactada por operadores financieros venezolanos —conocidos en el argot popular como “boliburgueses”, enriquecidos bajo el amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— para legitimar USD 78 millones provenientes de una transacción cambiaria irregular que se había efectuado entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Rantor Capital. Al final esta operación totalizaría USD 1.200 millones de los cuales se destinaría una parte para pagar sobornos a los ejecutivos de la estatal petrolera que habrían facilitado la negociación fraudulenta. A partir de la delación de la CS, esta comenzó a trabajar con las autoridades en la investigación.

  La actividad de rastro de la operación se extendió por dos años en los que se hicieron más de cien grabaciones que revelaron el modus operandi que los protagonistas de la trama utilizaron legitimar los capitales irregulares, usando bienes raíces en Miami y esquemas sofisticados de falsas inversiones.

 Estos hechos se constituyeron en la causa probable para iniciar el proceso judicial en contra de los indiciados.
   El exdirector ejecutivo de planificación financiera de la petrolera estatal venezolana se declaró culpable y se espera que la jueza del distrito Sur de la Florida, Kathleen M. Williams del distrito sur de Florida, establezca la sentencia que fije la pena que Ortega deberá pagar.

  Valiéndose de su posición en la empresa venezolana, Ortega USD 5 millones en sobornos a cambio de catalogar de prioritaria a una empresa francesa y un banco ruso y de esta manera hacerlos beneficiarios de contrato de préstamo a favor de la empresa conjunta de la que ambos son accionistas. El soborno provino de un esquema de cambio de moneda que permitió malversar USD 1.2 mil millones.

 Ortega también aceptó USD 12 millones en sobornos por su participación en un esquema de malversación de fondos de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Este monto fue lavado entre Ortega y un coacusado a través de un sofisticado esquema de falsas inversiones. En este esquema participaron administradores de dinero cómplices, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, los cuales operaban como una red de lavadores profesionales de dinero y quienes fueron acusados el 16 de agosto de 2018[4].

  Por estos hechos el tribunal ha procedido a la incautación de una serie de propiedades en Miami, Panamá, así como bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas[5]. A estas se suma una nueva propiedad en Miami de la que damos cuenta en esta entrega. La Corte del Distrito Sur de la Florida ha adoptado decisiones para impedir que terceros, entre ellos una mujer vinculada a Raúl Gorrín, recupere algunos bienes relacionados con esta trama de corrupción[6].

  Abraham Ortega fue detenido el 11 de septiembre de 2018 y puesto a la orden de los tribunales.

La declaración de culpabilidad

 El 31 de octubre de 2018, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Sur de la Florida, en la persona de Ariana Fajardo, junto a la División Criminal del Departamento de Justicia, y el demandado, Abraham Edgardo Ortega, un suscribieron un acuerdo en el que el último se declaró culpable del delito de conspirar para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a), el cual presentaron ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.
   En el texto del acuerdo, primeramente, se estableció que habiendo Ortega entendido su derecho a que se presentaran pruebas y cargos en su contra ante un gran jurado federal que determinaría la existencia o no de una causa probable que supusiera la comisión de su parte del delito por el que se le acusa, procedió a realizar consultas con su abogado, que lo llevaron a renunciar en audiencia pública a su derecho de enjuiciamiento por sentencia.
  El gobierno acordó desestimar los cargos 1, 2, 3 y 7 de la acusación contra el acusado.

  Por su parte, el acusado se manifestó consciente de que corresponderá al tribunal calcular y establecer la sentencia, luego de recibir y analizar las pautas y directrices federales. Lo que ocurrirá después de que se haya presentado la declaración de culpabilidad. El acusado igualmente reconoce que el tribunal puede apartarse del rango de la guía de sentencia consultiva que calcule y puede aumentar o disminuir esa sentencia consultiva en virtud de las directrices de sentencia. El Tribunal puede adaptar la sentencia definitiva a la luz de otras preocupaciones legales, y dicha sentencia puede ser más severa o menos severa que la recomendada.

   Refiere el acuerdo que el acusado comprende y reconoce que el tribunal puede imponer una pena de prisión de hasta 10 años y puede imponer una libertad supervisada de hasta 3 años. Además de la penda prisión, el tribunal tiene la facultad de imponer una multa de hasta USD 250.000 o el doble del monto de la propiedad derivada del delito involucrada en las transacciones, lo que sea mayor, y puede ordenar la confiscación y restitución penal.

  El acusado deberá pagar USD 100 por concepto de una evaluación especial y de no poder pagarlos, deberá demostrar ante la corte su incapacidad para ello.

 Refiere el acuerdo que la fiscalía recomendaría al tribunal la reducción de la sentencia en dos niveles el nivel de la directriz de sentencia aplicable al delito del acusado, de conformidad con la Sección 3E 1.1 (a) de las Directrices de Sentencia, basado en el reconocimiento del acusado y la afirmativa y oportuna aceptación de responsabilidad personal. En tal sentido, si cuando se dictare la sentencia, está fuera igual o superare el nivel 16, entonces procederá a presentar ante la corte una moción solicitando una disminución adicional de un nivel, indicando que el acusado ha asistido a las autoridades en la investigación o enjuiciamiento de la mala conducta del acusado, notificando oportunamente sobre la intención del acusado de declararse culpable y así evitar el proceso judicial.

  La fiscalía no estará obligada a presentar la citada moción, si el acusado: (a) no cumple o se niega a hacer una revelación completa, precisa y completa a la oficina de libertad condicional de las circunstancias que rodean la conducta del delito relevante haber tergiversado los hechos ante el gobierno antes de celebrar este acuerdo de declaración de culpabilidad; b) se encuentra que ha tergiversado los hechos ante el gobierno antes de celebrar este acuerdo de declaración de culpabilidad; c) comete una conducta indebida después de firmar el acuerdo de declaración de culpabilidad, que incluye, entre otros, cometer un delito estatal o federal, violar cualquier término de liberación o hacer declaraciones falsas o declaraciones falsas a cualquier entidad gubernamental u oficial; o, d) no asiste completamente en la pérdida de los activos como se establece en este acuerdo de declaración de culpabilidad.

  Entretanto, el acusado se comprometió a cooperar  plenamente con la fiscalía al: a) proporcionar información y testimonio veraces y completos, y producir documentos, registros y otras pruebas, cuando se le solicite, ya sea en entrevistas, antes de un gran jurado, o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial; b) comparecer en los procedimientos del gran jurado, audiencias, juicios y otros procedimientos judiciales, y en las reuniones, según lo requiera la fiscalía; y c) si así lo solicita la fiscalía, trabajar en una función encubierta bajo la supervisión y cumplimiento de los agentes y agentes de la ley.

  Quedó entendido que el acusado reconoce que el tribunal no tiene la obligación de otorgar una moción para la reducción de la sentencia presentada por la fiscalía.
  Se establece que el acusado, consciente de que los términos del acuerdo no constituyen una promesa de que el tribunal acoja la recomendación de la fiscalía, no podrá retirar su declaración basada en la decisión de la corte de no aceptar la propuesta por el gobierno.

  El acusado renuncia voluntaria e inmediatamente a todos los bienes que poseyere en los Estados Unidos y que estuvieran involucrados en la violación de la ley. En tal sentido, reconoce su propiedad, aunque no se limita, sobre: i) la suma de, al menos, USD 12 millones que puede solicitarse como un juicio por pérdida de dinero; ii) activos depositados en los números de cuenta 1466054, 1465724 y 55102421 en City National Bank en Nueva Jersey en poder de Global Securities Trade Finance; iii) activos depositados en la cuenta/cartera número 1303311-00 en Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Las Bahamas, incluidas, entre otras, todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase D Serie D-l; iv) todos los activos depositados en la cuenta/cartera número 10.609020 en Zaratini & Co. Bank en Lugano, Suiza, a nombre de Big Green Valley SA, incluidas, entre otras, todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase C ; y v) todos los activos depositados en la cuenta número 200020600 en Ansbacher Limited en Las Bahamas, a nombre de Greatwalls FS.

   El acusado se comprometió a colaborar con la fiscalía en todos los procedimientos, ya sean administrativos o judiciales, que involucren la confiscación en los Estados Unidos de todos los activos, incluidos bienes inmuebles y personales, efectivo y otros instrumentos monetarios, donde sea que se encuentre, u otros, según el conocimiento del acusado, se han acumulado como resultado de actividades ilegales, o se pueden perder como activos sustitutos en lugar de los activos acumulados como resultado de actividades ilegales.

  La asistencia incluirá la identificación de cualquier propiedad sujeta a confiscación, acuerdo para la entrada de una orden que ordene la transferencia o gravamen de dicha propiedad, y la transferencia de dicha propiedad a los Estados Unidos mediante entrega a la fiscalía, cualquier documentación necesaria y apropiada, incluidos los consentimientos para la confiscación y renuncia a las escrituras de reclamo, para entregar un título bueno y comercializable de dicha propiedad.

  El acusado deberá informar de forma precisa a la fiscalía sobre sus asuntos financieros y la autorizó expresamente a obtener un informe de crédito, debiendo, en el término de 10 días presentar una declaración de divulgación financiera completa.

   Entre otros puntos del acuerdo, el acusado renunció a su derecho a apelar la sentencia que se le imponga y también reconoce que su declaración de culpabilidad podría acarrearle consecuencias con respecto al estado migratorio.

  En octubre de 2018, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, presentó ante la Corte, su declaración de hechos ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en la que refería que el gobierno de los Estados Unidos y el acusado, Abraham Edgardo Ortega, de llegar el caso Nº 18-CR-20685-Williams a juicio, se procedería a probar que los hechos, más allá de una duda razonable, que el demandado conspiró para cometer el delito de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).
  Sostiene la fiscalía la existencia durante años de un esquema corrupto de cambio de divisas en Venezuela que permite que el gobierno cambie a una tasa fija de la moneda local (Bolívar) cada dólar estadounidense, una operación que se lleva a cabo a una tasa muy por debajo del valor real de la divisa.

   Refiere como ejemplo que, en 2014, se podían cambiar USD 10 millones por 600 millones de bolívares, pudiendo luego la persona que realizó el cambio convertir esta última cantidad en USD 100 millones. Es decir, que en dos transacciones se podría comprar USD 100 millones con USD 10 millones.

  Se explica que la diferencia entre la tasa fija y la tasa económica real creó la oportunidad de fraude y abuso, permitiendo a los funcionarios venezolanos participar en esquemas de cambio de divisas cobrando sobornos y comisiones ilegales.

  Se indica que estos esquemas corruptos de cambio de moneda ocurrieron frecuentemente en la compañía petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual es la principal fuente de ingresos y moneda extranjera de Venezuela.

  Sostiene la fiscalía, que Abraham Edgardo Ortega y otros, conspiraron para lavar y participar en transacciones monetarias con el producto de dichos esquemas corruptos de cambio de divisas que involucran a PDVSA.

  Del mismo modo, la fiscalía hace mención al esquema de sobornos que, desde agosto de 2004 hasta marzo de 2016, implicó al acusado.

  Abraham Edgardo Ortega, Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, durante el periodo citado fungió como “funcionario extranjero”, denominación con la que se define su papel en el esquema en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

  Ortega habría aceptado USD 5 millones de soborno a cambio facilitar mediante actos y decisiones adoptadas desde su posición en PDVSA la operatividad del esquema. Esto ocurrió en el contexto de las sociedades que, entre 2006 y 2007, Venezuela estableció bajo la denominación de "empresa conjunta" entre PDVSA y compañías/bancos extranjeros, en el que una empresa privada asumía el 40 por ciento de las acciones y el restante 60 por ciento estaba en manos de PDVSA. La compañía A, una compañía petrolera europea, era accionista minoritario en la empresa conjunta A. La compañía B, una institución financiera rusa, era accionista minoritario en la empresa conjunta B.

  Tras la crisis financiera de 2008, PDVSA comenzó a controlar el flujo de caja de los accionistas minoritarios de estas empresas conjuntas, de tal manera que dificultó que los accionistas minoritarios recibieran los pagos necesarios para financiar y mantener adecuadamente las operaciones. La solución que a esta situación ofreció PDVSA, fue que el accionista minoritario podría prestar a la empresa conjunta el dinero necesario para reanudar las operaciones y, a cambio, PDVSA permitiría al accionista minoritario recuperar el control de su flujo de caja. Como parte de esta solución, PDVSA acordó pagar los importes pendientes adeudados al accionista minoritario. El accionista minoritario suscribía el contrato de préstamo y PDVSA asignaba cualquier pago de facturas futuras a una cuenta de manera que se cancelaba tanto el pago de las facturas como el préstamo al accionista minoritario.

  Siendo que este tipo de acuerdos era limitado, los accionistas minoritarios que accedían a ellos deberían tener “prioridad”. El papel de Ortega consistía en otorgar dicha “propiedad”.

  Se indica que desde o alrededor de 2014 hasta 2015, el acusado, Conspirador 3 (como representante del Conspirador 1), Sujeto 1 (ciudadano de los Estados Unidos y una "preocupación doméstica" en el sentido de la FCPA), Sujeto 2, Sujeto 3, y el funcionario venezolano 4 (un "funcionario extranjero" como se define en la FCPA) asistió a varias reuniones en Caracas, para discutir la aceptación de sobornos de la Compañía A.

   El conspirador 3 y otros conspiraron para pagar a Ortega USD 3 millones a cambio de su decisión de otorgar el estatus de "prioridad" a la Compañía A. Específicamente, el demandado aceptó dicha cantidad del conspirador 3, es decir, por la recomendación de Ortega a la junta directiva de PDVSA de otorgar el carácter prioritario a la Compañía A y así obtuviera el acuerdo.

   En o alrededor de 2014, Abraham Edgardo Ortega se reunió con Francisco Convit Guruceaga, quien representó los intereses de la Compañía B. Ambos se habían conocido en un apartamento en Caracas donde discutieron los sobornos. Convit pagaría a Ortega USD 2 millones a cambio de la decisión del segundo de otorgar el estatus de "prioridad" para la Compañía B. Convit le dijo al demandado que le entregaría la suma a una fuente confidencial (CS) para el pago a Ortega. El funcionario venezolano 4 también recibió pagos de sobornos a cambio de facilitar la asistencia en estos esquemas.

  Igualmente, el documento de prueba informa que también Abraham Edgardo Ortega aceptó un pago de USD 10 millones como soborno por su decisión a favor de facilitar un esquema de préstamo corrupto de PDVSA a las empresas C y D.
  Se explica que en o alrededor de 2012, Ortega, el funcionario venezolano 1 (un "funcionario extranjero"), el sujeto 4, el sujeto 5 y el funcionario venezolano 5 ("funcionario extranjero") conspiraron para ejecutar un esquema corrupto de cambio de divisas que involucraba sobornos a funcionarios de PDVSA, incluidos el propio acusado y el Oficial Venezolano 5 (el Plan de Préstamo de las Empresas C y D).

  Como parte de este esquema, la Compañía C acordó prestar a PDVSA aproximadamente 17.4 mil millones de bolívares en múltiples tramos y PDVSA reembolsaría el préstamo en dólares estadounidenses por un monto equivalente a los bolívares venezolanos "prestados" al tipo de cambio fijo del gobierno venezolano. Después de que se determinó que la Compañía C no tenía la reputación suficiente para firmar el contrato de "préstamo" con PDVSA, el Sujeto 5 encontró una entidad venezolana adecuada, a saber, la Compañía D. El Sujeto 5 pagó a la Compañía D la cantidad de USD 10 millones para asignar los derechos de la Compañía D bajo el contrato de "préstamo" a la Compañía C. Como parte de este esquema, Ortega USD recibió 10 millones como un pago de soborno del Sujeto 4.

Ortega, Rantor Capital y Eaton Global

  Seguidamente, en el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales, se señala que el funcionario venezolano 1 aceptó el pago de sobornos por el corrupto esquema de préstamos de PDVSA con Rantor Capital y Eaton Global[7].

Refiere que el 17 de diciembre de 2014, Rantor Capital C.A., una empresa fantasma venezolana, firmó un contrato con PDVSA en el que acordó "prestar" 7.200 millones de bolívares a la petrolera. El contrato de "préstamo" fue ejecutado por el Oficial Venezolano 1 como vicepresidente de PDVSA.

  Para el 23 de diciembre de 2014, se ejecutó un contacto de asignación entre Rantor y Eaton Global, en el que la primera asignó sus derechos como acreedor de PDVSA en virtud del contrato de "préstamo" a Eaton y en el que se contemplaba que la estatal venezolana tenía el derecho de cancelar la deuda dentro de los 180 días pagando USD 600 millones.

  También el 23 de diciembre de 2014, Eaton envió un aviso de asignación a PDVSA (Oficial Venezolano 1) y sugirió que PDVSA reembolsara el préstamo de 7,2 millones de bolívares en el equivalente en euros de USD 600 millones. La carta incluía instrucciones para que PDVSA transfiriera los fondos a las cuentas de la Institución Financiera Europea 1 en beneficio de Eaton.

  En resumen, Eaton, una compañía controlada por miembros de la conspiración se hizo del derecho de pagar a PDVSA alrededor de 7.200 millones de bolívares (por un valor de alrededor de 35 millones de euros) y recibir alrededor de 510 millones de euros (el "Plan de préstamos Eaton-Rantor")

  El Oficial Venezolano 1 y otros facilitaron, a través de la adopción de medidas y decisiones, que permitieron el Plan de Préstamo Eaton-Rantor a cambio de recibir sobornos de los ingresos. De este modo, los miembros de la conspiración dieron sobornos en efectivo al Oficial venezolano 1 a cambio de que firmara el contrato de préstamo en su calidad de Vicepresidente de PDVSA. El soborno del Oficial venezolano 1 violó no sólo la ley venezolana, sino también la FCPA porque uno o más miembros de la conspiración cometieron actos corruptos dentro del territorio de los Estados Unidos. Convit envió y recibió chats de BlackBerry Messenger de los Estados Unidos para organizar el pago de los fondos de PDVSA a la CS, lo que provocó el pago de los sobornos de la CS al funcionario venezolano 1.

  En esta operación privó: a) la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público y el soborno a este, lo cual constituye un delito contra Venezuela al haberse violado los dispuesto en las leyes; b) el uso corrupto de instalaciones de comercio interestatal o cualquier otro acto, mientras se encontraba en el territorio de los Estados Unidos, para promover un pago o promesa de pago a un funcionario extranjero con el propósito de influir o inducir a ese funcionario a actuar, fue un delito grave que viola la FCPA.

  Establece el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales. que los procedimientos del Plan de Préstamo Eaton-Rantor, así como los pagos de sobornos realizados a los conspiradores constituyeron en ingresos de una actividad ilegal.

  Quedó sentado que los miembros de la conspiración acordaron dividir las ganancias netas del Plan de Préstamo Eaton-Rantor de la siguiente manera: a) 227 millones de euros para los "Bolichicos" o "Boli" (Convit y "conspirador 2"); y b) 227 millones de euros para  "conspirador 7".

  Luego de esto, las ganancias se distribuyeron así:  a) Los "Bolichicos" enviaron aproximadamente 78 millones de euros a un CS, a quien se le ordenó entregar los fondos a Ortega, Carmelo Urdaneta Aqui, Conspiradores 1 y 3, y el Funcionario Venezolano 1; b) El "Conspirador 7" envió aproximadamente 159 millones de euros a tres personas conocidas como "Los Chamos", los hijastros del "Funcionario Venezolano 2", que era un "funcionario extranjero" como se define ese término en la FCPA.

El esquema de lavado de dinero

  Se estableció que Ortega, Hernández Frieri, Convit, Gutiérrez y otros, conspiraron para lavar aproximadamente USD 12 millones que fueron entregados a Abraham Edgardo Ortega como soborno, a cambio de los actos y decisiones corruptos que instrumentó como Director Ejecutivo de Planificación Financiera en PDVSA.

  En primer término, se refiere que hubo un esquema para lavar los USD 5 millones de Ortega del soborno obtenido del esquema de préstamos Eaton-Rantor. Para ello, los Conspiradores 1 y 3 le dijeron a la CS que asignara a Ortega USD 5 millones de la parte de dichos conspiradores de los 78 millones de euros provenientes del Eaton-Plan de préstamos Rantor. Con este fin, en abril de 2016, Ortega, Hernández Frieri y el CS se reunieron en Panamá para discutir cómo Hernández Frieri ocultaría o disfrazaría la fuente de los 5 millones de pagos de soborno de Ortega para que parecieran haber sido legítimamente adquiridos. Hernández Frieli explicó que su firma de corretaje, con sede en Miami, Florida, opera en los Estados Unidos y América Latina, y tiene un fondo mutuo falso, el cual recibe dinero y lo hace parecer inversiones, y luego lava dichos pagos del fondo.

  El 21 de febrero de 2017, Hernández Frieri instruyó por correo electrónico acerca de las instrucciones de suscripción de CS y un acuerdo de suscripción para el fondo falso, Global Securities Trade Finance, ubicada en las Islas Caimán. El 24 de febrero de 2017, el CS ordenó a Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Bahamas (donde se mantenían parte de los fondos ilícitos de Ortega) para suscribirse al fondo. Aproximadamente el 28 de febrero de 2017, bajo la dirección de Ortega y Hernández Frieri, se transfirieron aproximadamente USD 5 millones desde el número de cuenta/cartera xxxx3311-00 en Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Bahamas en el número de cuenta xxxx6054 en la Institución Financiera de EE. UU. 1 en Nueva Jersey a nombre de Global Securities Trade Finance. El 14 de marzo de 2017, los USD 5 millones se transfirieron al número de cuenta xxxx2421 a nombre de Global Securities Trade Finance. La suscripción falsa en Global Securities Trade Finance se depositó en Deltec Bank, lo que puso a disposición de Hernández Frieri los USD 5 millones para su distribución a Ortega.

  A cambio de la asistencia de la CS, Hernández Frieri en acuerdo con Ortega, transfirió USD 396.000 dólares a la CS utilizando un contrato de préstamo falso entre Global Securities Trade Finance y una compañía encubierta para justificar la "tarifa". Se transfirieron USD 4.000 adicionales a una cuenta bancaria en Miami, Florida, mantenida por una compañía asociada con Hernández Frieri como una "tarifa" de estructuración del 1 por ciento.

  El otro esquema descrito fue el usado para lavar las ganancias de USD 7 millones de soborno de Ortega relacionadas con el esquema de préstamos de las empresas B-C, explicando que Ortega y Hernández Frieri conspiraron para lavar USD 7 millones de los USD 10 millones que el primero recibió como pago de soborno por su participación en el Plan de préstamos de las empresas C-D.

  Agrega que CS administró el pago de soborno de USD 7 millones de Ortega después de que los fondos fueron depositados en una cuenta en Banca Zarattini & Co. SA en Lugano, Suiza. Hernández Frieri ordenó que el dinero se transfiera a la institución financiera estadounidense 1 en Nueva Jersey al número de cuenta xxxx 5 7 2 4 en la Institución Financiera de EE. UU. 1 a nombre de Global Securities Trade Finance para suscribirse a los valores de esta firma, que luego se depositaron en el número de cuenta/cartera xxxx9020 en Banca Zarattini a nombre de Big Green Valley SA.

Finalmente,  en el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales informa que para justificar las transacciones que permitirían a Ortega acceder a algunos de los USD 7 millones ilícitos, Hernández Frieri creó contratos falsos entre una compañía de las Islas Vírgenes Británicas controlada por Ortega, Great Walls FS y una compañía controlada por Hernández Frieri, quien también creó contratos falsos con personas conocidas de Ortega para justificar las transacciones que le permitieran acceder a algunos de los fondos. Hernández Frieri ayudó a ORTEGA a abrir una cuenta en la Institución Financiera de los Estados Unidos 2 en Puerto Rico con el propósito de lavar el dinero. Hernández Frieri también ayudó a Ortega a abrir una cuenta en las Bahamas y a transferir el saldo de los fondos a esa cuenta.

Nueva incautación

  A principios del mes de noviembre de 2019, la fiscal Ariana Fajardo Orshan, solicitó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida la modificación de la orden preliminar de decomiso y para liberar bienes inmuebles ubicados en 2101 South Surf Road, Unidad 2E, Hollywood, Florida, Land Trust Th 041117, de otros procedimientos de decomiso penal.

Se informa que el 24 de junio de 2019, el tribunal emitió una orden preliminar de decomiso, ordenando, sujeto a reclamos de terceros, el decomiso de Land Trust Th, 041117.

  Posteriormente, en fecha 21 de agosto de 2019, Land Trust TH 041117 presentó una Petición de un tercero para una audiencia para juzgar la validez del interés en bienes inmuebles sujetos a decomiso de dicha propiedad, alegando tener un interés superior y ser un comprador de buena fe por un valor inferior.

  El 5 de septiembre de 2019, la fiscalía presentó su respuesta a la Petición Verificada del Fideicomiso de Land Trust TH, 041117, indicando que los Estados Unidos tenía la intención de "resolver problemas de hecho, para determinar si o no el peticionario tiene un interés permanente y/o válido en la propiedad”.

 El 11 de septiembre de 2019, el peticionario presentó la respuesta verificada de Land Trust TH, 041117 a la respuesta de los Estados Unidos.

  Al día siguiente, 12 de septiembre de 2019, el tribunal consultó al juez magistrado Torres si el descubrimiento solicitado por el gobierno era apropiado.

  El 2 de octubre de 2019, se llevó a cabo una audiencia sobre la solicitud de descubrimiento del Gobierno ante el juez magistrado Torres y el 3 de octubre de 2019, el Tribunal exigió que presentara el descubrimiento en el término de 30 días a partir de la fecha de la audiencia.

  En dicha fecha, la fiscalía declaró que contemplaba presentar una acción de decomiso civil porque varios activos restringidos en el caso penal pertenecían a acusados fugitivos y que, además, trataría de suspender el procedimiento auxiliar inmediato de decomiso penal.

  Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, el gobierno presentó una queja verificada por confiscación en Rem, iniciando la acción de confiscación civil relacionada.

  Para el 21 de octubre de 2019, un fiscal envió por correo electrónico una copia de la Demanda de Confiscación Civil al abogado del peticionario.

  El 23 de octubre de 2019, un fiscal solicitó la posición del peticionario sobre una propuesta de moción para suspender el proceso penal de incautación auxiliar a favor de proceder en acciones relacionadas con la confiscación civil. Después de una discusión telefónica el 29 de octubre de 2019, las partes acordaron que la fiscalía enmendara la Orden Preliminar de Confiscación para liberar la Propiedad Sujeta de un litigio adicional, eliminando la obligación del Peticionario de proceder con las deposiciones y otras obligaciones de descubrimiento en el asunto mencionado anteriormente.

CITAS 

[1] Venezuela Política. “Francisco Convit Guruceaga: Acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA”. 28 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/francisco-convit-guruceaga-acusado-de.html

[2] Venezuela Política. “José Vicente Amparan Cróquer: El lavador dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA”. 29 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/jose-vicente-amparan-croquer-el-lavador_29.html

[3] Venezuela Política. “Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el colombiano-estadounidense que participó el esquema de corrupción con el que saquearon más de $1.200 millones de PDVSA se declaró "No culpable", conoce los detalles”. 21 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/conoce-los-detalles-del-caso-de-gustavo.html



[4] Department of Justice. “Former Executive Director at Venezuelan State-Owned Oil Company, Petroleos De Venezuela, S.A., Pleads Guilty to Role in Billion-Dollar Money Laundering Conspiracy”. 31 de octubre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-executive-director-venezuelan-state-owned-oil-company-petroleos-de-venezuela-sa-pleads

[5] Venezuela Política. “Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida”. 19 de agosto de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/08/estas-son-las-propiedades-incautadas.html

[6] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. impide que viuda de Fernando Valero Gutiérrez (vinculado a Raúl Gorrín y otros prófugos de la justicia) recupere propiedades confiscadas por la Operación Money Flight”. 17 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/tribunal-de-ee-uu-impide-que-viuda-de.html

[7] Venezuela Política. “Empresa "ficticia" usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada al empresario Raúl Gorrín”. 27 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/empresa-ficticia-usada-en-esquema-de.html

jueves, 30 de mayo de 2019

Pedro Trebbau: Señalado de amasar fortuna gracias a sus relaciones con el poder

Las relaciones con el poder habrían sido el único aval para que Trebbau —uno de los bolichicos— accediera con su recién empresa constituida —Derwick Associates— a jugosos contratos otorgados por empresas del estado venezolano para atender la crisis eléctrica.

Por Maibort Peti
@maibortpetit


Su amistad en el colegio con el hijo de quien años después presidiría la Electricidad de Caracas, le sirvió a Pedro Trebbau como el medio para decidir hacerse empresario con Leopoldo Alejandro Betancourt y otros en Derwick Associates, una firma constituida, supuestamente, con el único fin de hacerse de millonarios contratos otorgados por el estado venezolano a través de sus empresas a cambio del pago de sobornos. Un objetivo que habrían conseguido a pesar de no contar ni con la experiencia ni el capital para hacer frente a los trabajos encomendados y que serían la causa de cruenta crisis eléctrica que padece en la actualidad Venezuela.

Datos personales e información general

De acuerdo al portal Dateas, Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, nació el 18 de septiembre de 1983, es titular de la Cédula de Identidad número V-16.007.470. Se le ubica en la parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda[1].

Ejerce su derecho al sufragio en el Club La Lagunita, parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda.

Entretanto, Poderopedia[2] informa que Trebbau López es egresado del Boston College de Estados Unidos como licenciado en Ciencias Aplicadas, especializado en Bioquímica. Agrega que vivió en La Lagunita, municipio El Hatillo del estado Miranda y estudió en el Colegio Cumbres, de los Legionarios de Cristo, antes de marcharse a los EE. UU.

Entre sus amigos, refiere, se le conoce desde la época escolar con el apodo de “Chimbín”.

Su padre es Pedro Trebbau, fundador del zoológico de El Pinar y quien condujo el programa “La fauna y su gente” en la Televisora Nacional, canal 5 en los años ‘80. Su madre fue Helena Margarita López de Trebbau.

Se desempeñó en Procter & Gamble antes de asumir la vicepresidencia de la empresa Derwick Associates a los 27 años.

Es primo de Francisco Convit Guruceaga y de Leopoldo Alejando Betancourt López, quien se encuentra al frente de dicha empresa como su presidente. Su cuenta en Linkedin corrobora esta información y añade que también trabajó en Avon Old Farm entre 1997 y 2001[3]. Poderopedia dice que también trabajó en ProEnergy desde marzo de 2008 hasta 2013.

A través de Derwick —prosigue Poderopedia— obtuvo 12 contratos para obras eléctricas y otro más para la adecuación de un equipo en Nueva Esparta y subraya que “en un solo día vendió a PDVSA USD 290 millones en equipos eléctricos. Ahora se sabe que cerca de 81 por ciento de las turbinas que les compró Corpoelec, PDVSA y CVG eran usadas. En todas estas operaciones el aliado de Derwick fue ProEnergy”.

Sus años de estudio en el Colegio Cumbres le sirvieron para conocer y relacionarse con Javier Andrés Alvarado Pardi, hijo de Javier Alvarado Ochoa, quien en mayo de 2007 asumió la presidencia de la Electricidad de Caracas de la mano del entonces ministro de energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Fue, entonces, este viejo compañero del colegio, quien le sirvió de conexión con el poder en el sector eléctrico. Desde entonces se conformaría el clan — Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro Trebbau López, Francisco Convit López y Javier Alejandro Alvarado— que ideó constituir una empresa contratista con la que adjudicarse contratos de la ahora nacionalizada empresa eléctrica y otras estatales venezolanas.

Igualmente, la página da cuenta de que Trebbau López figura en dos demandas junto a Leopoldo Alejandro Betancourt, introducidas en cortes de Nueva York por el exembajador de EE. UU., Otto Reich, y el presidente de la fundación Human Rights Foundation, el venezolano Thor Halvorssen.

Sobre Derwick

El mismo portal Poderopedia indica que Derwick Associates es una empresa que se registró inicialmente en Panamá, después en Barbados, Venezuela, España y, finalmente, en Estados Unidos.

El registro inicial en Panamá fue realizado el 2 de abril de 2003 por un contador panameño y su secretaria, quienes posteriormente la vendieron al mejor postor.

El Estímulo informa en una nota que el acta constitutiva de esta compañía Venezuela data del 28 de octubre de 2009 cuando su constitución se asentó en el Registro Primero del Distrito Capital y estado Miranda, en el tomo N°232-A[4]. Esta es la que Leopoldo Alejandro Betancourt ofrece en su página web como fecha de inicio de actividades de la compañía[5].

En Barbados el registro de la firma se efectuó en junio de 2008, bajo la denominación de Derwick Associates Corporation. En diciembre de 2010 se registró en Estados Unidos como Derwick Associates y en enero de 2011 en España con el nombre de Derwick Associates International SRL.

El portal Bloomberg refiere que Derwick Associates Corp es una empresa que “proporciona servicios de energía integral. La compañía ofrece soluciones que van desde el suministro de equipos para plantas de energía hasta la instalación de plantas de energía. Derwick Associates sirve a clientes en Venezuela”. Se indica como dirección la Avenida Francisco de Miranda con 4ta Avenida de Campo Alegre, Caracas. Su teléfono es 58-212-206-8411[6].

El objetivo de la empresa que Poderopedia advierte es el mismo del que alertó el periodista César Batiz en el reportaje “Cable pelao en la electricidad” publicado en el diario Últimas Noticias el 7 de agosto de 2011, donde se informó que con tan sólo 14 meses de constituida en Venezuela, Derwick obtuvo doce contratos con la Electricidad de Caracas (EDC), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para construir un conjunto de plantas eléctricas aun cuando no tenía la experiencia ni el capital para llevar a cabo tales trabajos. Agregó la información de Batiz que Derwick también consiguió otro contrato para la instalación de una unidad generadora de la EDC en Vargas aún antes de haber sido registrada en el país[7].

Refiere Batiz que entre marzo y diciembre de 2010, el tiempo en que estuvo vigente un decreto de emergencia eléctrica dictado por el finado expresidente, Hugo Chávez, Derwick obtuvo cuatro contratos con la Electricidad de Caracas, cinco con Petróleos de Venezuela S.A. y uno con la Corporación Venezolana de Guayana, de los cuales cinco de estos trabajos debieron concluirse para agosto de 2011 sin que esto ocurriera, al tiempo que reportó la poca información que sobre los costos de las obras se tenía, solamente algunos datos aportados por la página web del Ministerio de Energía Eléctrica que indicaba que Picure ascendió a USD 130 millones por 134 Mw; y Guarenas a USD 211 millones para 156 Mw. Además, refiere que Derwick subcontrató a la empresa estadounidense Pro Energy para que llevara a cabo los proyectos que se supone ella debía realizar. La explicación que Javier Alvarado —ya fuera de la EDC y presidiendo entonces Bariven— dio al periodista a través de la oficina de prensa, fue que se contrató a ProEnergy Services pero que al existir una exigencia de PDVSA de que debía participar una empresa venezolana, entonces se contrató a Derwick. Fuentes consultadas por el comunicador le habrían asegurado que sí operó la subcontratación.

Chatarra, sobreprecios

Un reportaje del portal Armando.info publicado el 23 de marzo de 2015 y firmado también por César Batiz[8], reveló que, además de la subcontratación, Derwick vendió equipos usados como nuevos y con un gran sobreprecio.
Por ejemplo, la Planta Picure del Complejo “Josefa Sánchez Bastidas” que se supone debía costar USD 125 millones por 134 megavatios, terminó costando USD 240 millones. Daniel Rosenau, extrabajador de ProEnergy, filtró unos documentos que indicaban que los equipos suministrados desde Sedalia-Missouri, sede de la compañía subcontratada, no eran nuevos.

Este hombre también dio a conocer que la empresa de Betancourt López y Trebbau López obtuvo información privilegiada 23 meses antes de que se decretara la emergencia eléctrica el 8 de febrero de 2010, lo cual permitía la contratación de empresas sin tener que recurrir al esquema de licitación, sino por adjudicación directa. Esto facilitó los sobreprecios y la venta de equipos de segunda y tercera mano provenientes de California, Misisipi, China, Qatar y Tanzania, pero presentados como nuevos. “Por las turbinas de Tanzania ProEnergy ofreció $34 millones, mientras que desde la oficina de compra de Bariven —filial de Pdvsa— en Holanda salió una orden de compra por cuatro máquinas por $76 millones, mucho más de 100% de ganancia”, reza el reportaje de Armando.Info, al tiempo que advierte que para la fecha de la publicación solamente tres de las diez turbinas compradas a Derwick estaban en funcionamiento.  

ProEnergy Services cobró USD 1,3 millardos, mientras Derwick facturó su labor de intermediación USD 2,25 millardos, es decir 809 millones de dólares por encima de lo cobrado por la primera, informó Batiz.

Investigaciones y demandas en su contra

El 30 de julio de 2013, el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, acusó a Pedro Treabbau y sus socios Alejandro Betancourt y Francisco D‘Agostino, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por estar supuestamente incursos en los delitos de crimen organizado, corrupción, chantaje a funcionarios públicos, fraude electrónico, difamación personal y comercial, falsedad perjudicial y conspiración[9]. El diplomático consideraba que los demandados difundieron “versiones falsas de una supuesta vinculación de su bufete con la firma venezolana por parte de los representantes de Derwick habría perjudicado su reputación e incluso tuvo repercusiones financieras”. La página RunRun.es refirió que tanto Trebbau como Betancourt se hicieron multimillonarios supuestamente a través de un esquema de corrupción mediante el cual obtenían contratos de empresas estatales venezolanas a cambio del pago de sobornos. El dinero proveniente de estas actividades irregulares iría a parar a cuentas bancarias en Nueva York.

Betancourt, Trebbau y Derwick Associates demandaron en septiembre de 2012 ante los tribunales de Miami, Florida, al Banco Venezolano de Crédito y a su presidente, Oscar García Mendoza por difamación y por ello reclamaron USD 300 millones. Según ellos el banco y García difundieron información difamatoria sobre Derwick y accionistas en un sitio web llamado wikianticorrupcion.org. El banco contrató a Otto Reich y su empresa para la defensa y los acusados, según Reich, intentaron sobornarlo para que desistiera de la demanda, pero al no obtener lo que querían procedieron a difundir “información falsa ante los directivos del banco asegurando que Reich trabajaba como doble-agente para Derwick. El BVC terminó su relación con Otto Reich en diciembre de 2012 y acusó a los bolichicos por crimen organizado, corrupción y difamación[10]. La demanda fue desestimada al considerar el juez Nueva York no era la residencia permanente de Betancourt, Trebbau y D‘Agostino y que los alegatos de Otto Reich no constituían una violación de la Ley de Organizaciones Corruptas bajo la influencia del Crimen Organizado[11].

Reich apeló la decisión en junio de 2016 y en esa ocasión declaró que “Betancourt y Trebbau amasaron una enorme fortuna por medio del pago ilícito de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, que a cambio otorgaron a Derwick gigantescos contratos en el sector energético. El pueblo de Venezuela es una víctima indirecta de una sobrefacturación por parte de los demandados de al menos 2,9 billones de dólares”.

El periodista Alek Boyd advierte que “la pesadilla” para Derwick continúa, pues Otto Reich acusó también al banco JP Morgan de haber participado, básicamente, en blanqueo de capitales. Refiere que Eduardo Travieso compró en representación de Alejandro Betancourt un pent-house en Nueva York mientras era empleado de la citada entidad bancaria a un otorgante de un préstamo hipotecario de más de 5 millones de dólares.

Alertaba de que “los bolichicos” debían haber lamentado valerse del argumento de la falta de jurisdicción de las cortes de Nueva York en la demanda de Reich, pues antes de demandar en la Florida ya habían introducido otra demanda contra Oscar García y el Banco Venezolano de Crédito por motivos similares en esa ciudad. “Es decir, en 2012 estimaron apropiado usar las cortes del estado de Nueva York para demandar, y en 2013 afirmaron que las mismas cortes no tienen jurisdicción sobre sus actividades ilícitas”, subrayaba Boyd[12].

En abril de 2015, luego de que el grupo de inversionistas O’Hara del que Pedro Trebbau es accionista, adquirieron parte de la propiedad de Pacific en Colombia, cuando IPC Investments Corp, uno de sus fondos, compró un millón de acciones ordinarias. La demanda la interpuso Felipe Goyeneche, accionista de la petrolera canadiense Pacific Exploration & Production quien aseguró que los propietarios de Derwick Associates cometieron el delito de lavado de activos, específicamente los señaló de realizar compras e inversiones para legitimar capitales de “dudosa procedencia” obtenidos en Venezuela[13].

El 8 de noviembre de 2016 el parlamento de Canadá recibió denuncias de presuntos actos de corrupción cometidos supuestamente por Leopoldo Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y Francisco D´Agostino, directivos de la empresa venezolana Derwick Associates, dueña de 19,8 por ciento de las acciones de Pacific Exploration & Production con sede en Toronto. La denuncia fue presentada por el presidente de Human Rights Foundation, Thor Halvorssen Mendoza, quien mantiene en la corte de Florida una demanda en contra de los señalados[14].

Reich refirió en la demanda que los acusados tienen propiedades y conducen negocios en Nueva York desde hace varios años y subrayó que se vio financieramente afectado y también en su reputación, por cuanto los empresarios habrían difundido versiones falsas que lo presentaban como un doble agente que trabajaba para Derwick[15].

Nuevamente los Trebbau, Betancourt y D‘Agostino salieron favorecidos cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York falló a su favor el 26 de mayo de 2017 por estimar que la petición de Otto Reich no procedía y, por tanto, se confirmaba lo decretado por el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de que la demanda no procedía porque el tribunal de Nueva York carece de jurisdicción para atender el caso[16].

Pero Pedro Trebbau y Alejandro Betancourt no se habían librado con esto de la justicia estadounidense, por cuanto los empresarios venezolanos estarían siendo objeto de investigaciones federales —primer paso de un proceso judicial— en los Estados Unidos. Esto se conoció por el hecho de que durante una audiencia de apelación realizada el 10 de marzo de 2017, en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York, el abogado de Alejandro Betancourt, Frank Wohl, admitió en una de sus argumentaciones ante los jueces que su representado era objeto de cuatro investigaciones por parte de agencia gubernamentales de los EE. UU., a saber, por la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos (SEC), el Servicio de Impuestos Internos​ (IRS), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento del Tesoro[17].

También, Betancourt y Trebbau son investigados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York[18] y por la Fiscalía del Distrito de Manhattan[19].

El 26 de julio de 2017, durante una audiencia en la Comisión Judicial del Senado de los Estados Unidos denominada "Supervisión de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y la Tentativas de Influir en las Elecciones Estadounidenses: Lecciones Aprendidas de las Administraciones presentes y anteriores", salió a relucir que la firma Fusion GPS habría sido contratada por Derwick Associates para eludir el escándalo de corrupción en el que está envuelta la compañía venezolana.

La audiencia consideraba las prácticas ilícitas de Fusion GPS, la misma empresa de investigación contratada por el partido demócrata para recopilar información sobre los vínculos de la campaña de Donald Trump con Rusia y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Entre los invitados estuvo Thor Halvorssen, presidente de la Fundación de Derechos Humanos HRF con sede en Nueva York, y este en su exposición solicitó formalmente que se investigaran las supuestas actividades criminales de las empresas Derwick Associates y Fusion GPS a las que acusó de “pagar a varios periodistas para publicar pruebas infundadas contra las personas que se atrevieron a difundir información sobre las supuestas actividades delictivas cometidas por Derwick Associates”.

Halvorssen dijo que los directores de Derwick, Leopoldo Betancourt-López, Pedro Trebbau-López, Francisco Convit-Guruceaga, Edgar Romero-Lazo, Domingo Guzmán-López y Francisco D'Agostino Casado, “tienen casas en los Estados Unidos, lavaron la mayor parte de los fondos robados al tesoro venezolano través del banco J.P. Morgan, y pagaron la mayoría de los sobornos por medio de la Banca Privada d'Andorra, donde establecieron cuentas para cancelar las coimas a los funcionarios del gobierno venezolano en el gabinete de Chávez"[20].

El 10 de mayo de 2018, nuevamente Thor Halvorssen demandó por daños y perjuicios en la Corte del Distrito Este de Nueva York a los propietarios de Derwick Associates, Pedro Trebbau, Francisco D'Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López y Francisco Antonio Convit-Guruceaga, así como también a los estadounidenses Glenn R. Simpson y Peter Fritsch. El sustento de la acusación fue la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales, conocida como "RICO".  

Halvorssen acusó que Trebbau, Betancourt, D‘Agostino, Convit, Simpson y Fritsch, conspiraron para tomar represalias en su contra por informar sobre los delitos de corrupción y lavado de dinero supuestamente cometidos por los propietarios de Derwick. Los demandados presuntamente buscaban que el demandante no pudiera ejercer como presidente de Human Rights Foundation. Para ello habrían diseñado una campaña en la que se habrían servido de la empresa Fusion GPS para producir un expediente falso y una campaña mediática que describiera a a Halvorssen como un pedófilo, adicto a la heroína y malversador del dinero de la Fundación Human Rights[21].

También denunciados en España

El diario español El Mundo denunció que Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López compraron una lujosa finca llamada Castillo de El Alamín, en Santa Cruz del Retamar (Toledo), para esconder y proteger fondos obtenidos fraudulentamente mediante millonarios contratos adjudicados por PDVSA a la firma de la que son propietarios, Derwick Associates[22].

Trebbau y Betancourt entraron a España de la mano de Albero Cortina, quien se convirtió en su socio en varios negocios. Cortina fue condenado en 2003 por falsedad y estafa.

En España, Derwick Associates International fue rebautizada como y Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste y sus propietarios se habrían valido de la crisis patrimonial que atravesaba Gerardo Díaz Ferrán para comprar su finca por 22,8 millones de euros en 2012. Una operación en la que el hijo de Palomo Linares, Miguel Palomo Danko, sirvió como mediador entre los compradores y los administradores de la empresa Pulpi, propietaria de la finca.

Cortina y los llamados bolichicos también mantienen sociedad en torno al petróleo, cuando en febrero de 2012, el gobierno de Hugo Chávez aprobó la formación de la empresa mixta Petrozamora, entre PDVSA (con un 60 por ciento de las acciones) y la holandesa Gazprombank Latin America Ventures BV, (con 40 por ciento), la cual fue conformada por Cortina, Betancourt y Trebbau con financiación rusa. De hecho, 51 por ciento de Gazprombank Latin America Ventures BV es de Gazprombank y el 49 por ciento del español y los venezolanos.

También en 2014, Cortina, Trebbau y Betancourt entraron al negocio bancario al constituir el BDK Financial Group SA cuyo objetivo era crear una red financiera en los países del África francófona. Al no contar con el capital suficiente debieron buscar otros socios.

En Petrosur, otra empresa mixta conformada entre PDVSA y la holandesa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, Pedro Trebbau, Alejandro Betancourt y Alberto Cortina volvieron a formar sociedad, pero desistieron del proyecto en enero de 2018[23].

Citas 

[1] Dateas. Trebbau López, Pedro José De Jesús Benito. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/trebbau-lopez-pedro-jose-de-jesus-benito-10407372

[2] Poderopedia. Pedro Trebbau. https://poderopediave.org/persona/pedro-trebbau/

[3] Linkedin. Pedro Trebbau López. https://www.linkedin.com/in/pedro-trebbau-lopez-18194651/?originalSubdomain=ve

[4] El Estímulo. “Alejandro Betancourt, el “bolichico” que se hizo millonario con los apagones”. 22 de marzo de 2019. http://elestimulo.com/climax/alejandro-betancourt-el-bolichico-que-se-hizo-millonario-con-los-apagones/

[5] Alejandro Betancourt. http://www.alejandrobetancourt.es/curriculum

[6] Bloomberg. Derwick Associates Corp. https://www.bloomberg.com/profile/company/1383744D:US

[7] Scribd. Cable Pelao - Ultimas Noticias-2011-08-07. https://es.scribd.com/doc/62457658/Cable-Pelao-Ultimas-Noticias-2011-08-07

[8] Armando.Info. "Dos empresas jugaron con ventaja para aprovechar la emergencia eléctrica”. 23 de marzo de 2015. https://armando.info/Reportajes/Details/280

[9] Setty Southam. Demanda de Otto Reich contra Leopoldo Alejandro Betancourt, Pedro Trebbeau y Francisco D‘Agostino. https://settysoutham.files.wordpress.com/2013/07/reich-vs-lopez-derwick.pdf

[10] RunRun.es. “Entendiendo la demanda de Otto Reich vs. Derwick Associates por J. A. McGinley”.4 de agosto de 2013. https://runrun.es/uncategorized/77798/entendiendo-la-demanda-de-otto-reich-vs-derwick-associates-por-j-a-mcginley/

[11] El Nacional. “Tribunal de New York desestimó acusaciones en contra de accionistas de Derwick Associates”. 19 de agosto de 2014. https://web.archive.org/web/20140820233752/http://www.el-nacional.com/mundo/Tribunal-New-York-Derwick-Associates_0_467353296.html

[12] Infodio. “Demanda de Otto Reich contra bolichicos Derwick Associates expone nuevos actores”. http://infodio.com/es/150114/demanda-de-otto-reich-contra-bolichicos-derwick-associates-expone-nuevos-actores

[13] Cuentas Claras Digital. “Acusan a los “bolichicos” de lavado de dinero en Colombia”. 30 de abril de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/04/acusan-a-los-bolichicos-de-lavado-de-dinero-en-colombia/

[14] Cuentas Claras Digital. “Senado canadiense recibió denuncias en contra de la empresa Derwick”. 10 de diciembre de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/12/senado-canadiense-recibio-denuncias-en-contra-de-la-empresa-derwick/

[15] Venezuela Política. “Demanda contra los "Bolichicos" continuará siendo discutida en la corte de apelaciones de NY”. 25 de marzo de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/03/demanda-contra-los-bolichicos_25.html

[16] Venezuela Política. “Corte de Apelaciones de Nueva York falla a favor de los Bolichicos”. 26 de mayo de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/05/corte-de-apelaciones-de-nueva-york.html

[17] Venezuela Política. “Bolichicos enfrentan seis investigaciones criminales en los EEUU”. 9 de mayo de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/05/bolichicos-enfrentan-seis.html

[18] Bloomberg. “Swiss Banks Land in Middle of Money-Laundering Probe – Again”. 23 de marzo de 2016. https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-24/swiss-banks-land-in-middle-of-money-laundering-probe-again

[19] The Wall Street Journal. “Venezuelan Energy Company Investigated in U.S.”. 8 de Agosto de 2014. https://www.wsj.com/articles/venezuelan-energy-company-derwick-investigated-in-u-s-1407516278

[20] Venezuela Política. “Denuncian en el Senado de EEUU: Derwick contrató a Fusion GPS para silenciar el escándalo de corrupción en medios de comunicación norteamericanos”. 26 de julio de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/07/caso-derwick-bolichicos-sale-relucir-en.html

[21] Venezuela Política. “Demandan por daños y perjuicios a los ‘Bolichicos’ en una corte de Nueva York”. 20 de mayo de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/05/nueva-demanda-contra-los-bolichicos.html

[22]   El Mundo. “La cortina de los bolichicos en España, los inseparables”. 28 de octubre de 2018. http://rsocial.elmundo.orbyt.es/epaper/xml_epaper/Cr%C3%B3nica/28_10_2018/pla_32712_CRONICA/xml_arts/art_37767791.xml?SHARE=6C23C0F29C6C4F158F7CA6264B48630552E45400E8063A138E4961EF503E29FA89DBDB3B449352067C7CE8491428F102A9FD159A82756D09F3B398D6FF782CDBDB4C23E2273B42A27FD637F01E34FD2165E184E8177081FB26A4E9E8B3AFE9C6  

[23] Venezuela Política. “Nicolás Maduro crea la empresa mixta Petrosur en asociación con los Bolichicos”. 11 de septiembre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/09/patrosur-una-empresa-mixta-entre-pvc-y.html

martes, 28 de mayo de 2019

Francisco Convit Guruceaga: Acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA

Su nombre está vinculado a una serie de hechos irregulares cometidos en desmedro del patrimonio venezolano a través de distintos esquemas de corrupción con los cuales habría esquilmado el erario público en miles de millones de dólares.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 
Declarado como prófugo de los justicia de los Estados Unidos, Francisco Convit Guruceaga, nieto de uno de los científicos más prominentes de Venezuela —Jacinto Convit— es señalado junto a sus socios en Derwick Associates de ser responsable de la crisis eléctrica venezolana y de, supuestamente, liderar una red que lavó USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en Petróleos de Venezuela (PVSA).

Datos personales e información general

De acuerdo al portal Dateas, Francisco Antonio Convit Guruceaga nació el 23 de junio de 1978, es titular de la Cédula de Identidad número V-13.286.574 y se le ubica en la parroquia Chacao, municipio Chacao, estado Miranda[1].

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Básica Municipal Juan de Dios Guanche, parroquia Chacao, municipio Chacao, estado Miranda.

Francisco Convit Guruceaga es nieto del científico venezolano Jacinto Convit.

Está casado con Patricia Ferrando, boda que se celebró en Venecia en el año 2008 y a la que asistió el príncipe Luis Alfonso de Borbón y María Margarita Vargas de Santaella. La hija de la pareja integró el cortejo nupcial de Convit y Ferrando, refiere el portal Poderopedia[2].

Esa misma página informa que Convit Guruceaga es accionista de Derwick Associates, empresa altamente cuestionada por, presuntamente, haber obtenido contratos con empresas estatales venezolanas para gestionar el sector energético aun cuando no contaba la experiencia ni el capital y por exhibir muy poca transparencia en la obtención de dichos contratos.
Junto a sus socios en esta empresa, es conocido como uno de los "bolichicos", denominación acuñada por el periodista, Juan Carlos Zapata, para referirse a un grupo de jóvenes residentes de la urbanización La Lagunita, exestudiantes en su mayoría del Colegio Cumbres, cuyas edades promediaban menos de 31 años cuando procedieron a conformar la compañía que firmó el primer contrato con la Electricidad de Caracas, presidida entonces por Javier Alvarado. Este último es el padre de Javier Andrés Alvarado Pardi, excondisípulo de Pedro Trebbau —uno de sus socios en la empresa— y esta relación le habría servido de conexión con quien en mayo de 2007 asumió la presidencia de la Electricidad de Caracas y desde esa posición habría facilitado las negociaciones para las cuales carecían de todo aval. Derwick habría nacido —se afirma— sólo para obtener los contratos sin que mediara licitación alguna.

Poderopedia también dice que Convit se desempeñó en ProEnergy desde marzo de 2008 hasta 2013 y refiere que en mayo de 2015, junto a los “hermanos Carlos Luis y José Antonio Uzcátegui y otros dos socios compraron un potro de carreras por dos millones de dólares en un subasta realizada en Saratoga, Nueva York. La esposa de Convit pertenece a la selección nacional de equitación. Los cinco socios son dueños del consorcio El Capi Racing, residenciado en Florida y dedicado a la carrera de caballos, a través de esta empresa realizaron además otra operación por la cual pagaron 400 mil dólares por otra potranca de la misma raza”.

Director de Derwick

Derwick Associates, la empresa de la que Francisco Convit Guruceaga es accionista y en la que funge como director,  fue una compañía registrada inicialmente en Panamá el 2 de abril de 2003 por un contador panameño y su secretaria, quienes posteriormente la vendieron al mejor postor. Luego de ser adquirida en 2008 por Leopoldo Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y el propio Convit Guruceaga, la firma se registró también en Barbados, Venezuela, España y, finalmente, en Estados Unidos.

Una nota de El Estímulo da cuenta de que el acta constitutiva de Derwick Associates data del 28 de octubre de 2009 cuando fue asentada su creación en el Registro Primero del Distrito Capital y estado Miranda, en el tomo N°232-A[3], una fecha que igualmente proporciona Leopoldo Alejandro Betancourt en su página web como inicio de actividades de la compañía[4].

En junio de 2008 la firma se registró en Barbados como Derwick Associates Corporation, mientras que en diciembre de 2010 se oficializó en Estados Unidos como Derwick Associates y en enero de 2011 en España con el nombre de Derwick Associates International SRL.

Bloomberg informa que Derwick Associates Corp es una empresa que “proporciona servicios de energía integral. La compañía ofrece soluciones que van desde el suministro de equipos para plantas de energía hasta la instalación de plantas de energía. Derwick Associates sirve a clientes en Venezuela”. Se indica como dirección la Avenida Francisco de Miranda con 4ta Avenida de Campo Alegre, Caracas. Su teléfono es 58-212-206-8411[5].

Un reportaje del periodista César Batiz publicado en Últimas Noticias el 7 de agosto de 2011, dio a conocer que con solamente 14 meses de registrada en Venezuela, Derwick Associates consiguió firmar doce contratos con la Electricidad de Caracas (EDC), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para instalar una serie de plantas eléctricas sin tener la experticia ni el capital para acometer los trabajos encomendados. La nota también indica que la compañía firmó otro contrato para la instalación de una unidad generadora de la Electricidad de Caracas en Vargas en una fecha en la que ni siquiera se había registrado en Venezuela[6].

Allí, Batiz informó que entre los meses de marzo y diciembre de 2010 —periodo de vigencia de un decreto de emergencia eléctrica dictado por el entonces presidente, Hugo Chávez— Derwick fue beneficiada con cuatro contratos de la Electricidad de Caracas, cinco de Petróleos de Venezuela S.A. y uno de la Corporación Venezolana de Guayana y precisó que para la fecha de la publicación —agosto de 2011— cinco de los trabajos debieron haberse concluido, hecho que no ocurrió. También reportó Batiz que no había prácticamente ninguna información sobre los costos de las obras, solamente lo que la página web del Ministerio de Energía Eléctrica indicaba de que la Planta Picure ascendió a USD 130 millones por 134 Mw y la de Guarenas a USD 211 millones para 156 Mw. Del mismo modo, el reportaje refirió que Derwick subcontrató a la empresa estadounidense ProEnergy Services para que llevar a cabo los proyectos.

Otra publicación firmada también por César Batiz, esta vez para el portal Armando.info, publicado el 23 de marzo de 2015, dio a conocer que además de la referida subcontratación, Derwick vendió equipos usados y reconstruidos como si fueran nuevos y con un gran sobreprecio. Añadió que se manejó información privilegiada desde mucho antes de producirse la contratación y de que entrara en vigencia el decreto de emergencia eléctrica, lo cual facilitó la adjudicación directa del contrato, los referidos sobreprecios y la venta de equipos de segunda y tercera mano como si fueran nuevos por parta de la empresa[7].

Lavado de dinero a través de PDVSA
Francisco Convit Guruceaga figura entre los empresarios y funcionarios del gobierno venezolano , entre otros implicados, imputados el 23 de julio de 2018 por el gobierno de los Estados Unidos, por, supuestamente, “enriquecerse al beneficiarse del enorme diferencial que existe entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro, lo cual les permitió amasar fortunas que la fiscalía estadounidense estima en miles de millones de dólares”, informa una nota del blog Venezuela Política publicada el 27 de julio de 2018.

La acusación expone la existencia de una red de lavado de dinero integrada por actores venezolanos miembros de la élite y financistas internacionales que operaron para extraer miles de millones de dólares de Petróleos de Venezuela S.A. en una cantidad que se estima en USD 1.200 millones, sustraídos entre 2014 y 2015, y que procuraron blanquear en el sistema bancario de Estados Unidos y Europa.

El caso 18-MJ-03119-Torres (Estados Unidos vs. Francisco Convit Guruceaga y otros) cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida y en él se señala que Convit y sus socios en la conspiración actuaron como lavadores profesionales de dinero a terceros.

Además, figuran como demandados, un ciudadano alemán arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami, Matthias Krull, quien posee residencia legal panameña y es banquero en Suiza. También, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, un colombo-estadounidense arrestado en Italia el 25 de julio de 2018, acusado de usar sus empresas financieras con sede en Miami, Global Security Advisors y Global Strategic Investments, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales. Igualmente se imputó a los exfuncionarios Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA y al abogado, Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela.

Esta investigación tomó dos años, a saber entre 2014 y 2016, periodo en el cual el Ministerio de Petróleo e Hidrocarburos contó con tres ministros: Rafael Ramírez (2013-2014); Asdrúbal Chávez (2014-2015) y Eulogio del Pino (2015-2016). También fue acusado el banquero uruguayo, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara.
Conocida como la "Operación Fuga de Dinero", la trama “devela la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero, dicen los documentos del tribunal. ‘Específicamente, las investigaciones revelaron el uso de propiedades inmobiliarias de Miami y esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses’.

La reseña indica que en la demanda se señala que los acusados trataron de hacer uso de un empresario identificado en los documentos como Fuente Confidencial (CS, en inglés) para que les ayudara a lavar una porción de los fondos malversados en el esquema de corrupción. Este —dice la demanda— sostuvo un encuentro en las oficinas de Francisco Convit en Caracas cuando el ahora informante del gobierno estadounidense diera a conocer a los acusados que no podía continuar operando en esas circunstancias.
Se agrega que Francisco Convit, otros implicados y el informante, discutieron los pormenores de las operaciones, y destaca que Convit tenía una pistola en la mesa y que había llevado al lugar un pastor alemán con un collar eléctrico. "Convit tenía el control remoto del collar y comentó que él no siempre podía controlar al perro”[8].

Francisco Convit habría entregado al informante CS, para justificar la transacción fraudulenta de dinero entre un banco europeo y las empresas de los demandados, un contrato ficticio, en formato PDF, de una compañía de Hong Kong, llamada Eaton Global Services Limited. Venezuela Política indicó que, según sus averiguaciones, el representante de la citada empresa es el empresario venezolano, Raúl Gorrín, quien aparece como co-conspirador en el caso.

Otra nota de Venezuela Política del 19 de agosto de 2018 informó que la Corte del Distrito Sur de la Florida dio a conocer nuevos documentos que revelaban “que los acusados habían adquirido más de 13 propiedades inmobiliarias en Miami, 11 en ciudad de Panamá, además de haber hecho inversiones millonarias en bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. Los bienes fueron incautados por las autoridades federales de los Estados Unidos”. Se trataba de Francisco Convit Guruceaga, Carmelo Urdaneta Aqui, Abraham Eduardo Ortega, José Vicente Amparan Croquer, Hugo Andrés Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Bonilla Valera[9].

El banquero suizo que participó en la trama, Matthias Krull, se declaró culpable y colaboró con la justicia estadounidense a la que identificó a Francisco Convit como uno de sus clientes, así como a tres conspiradores no especificados.

Las diligencias de la fiscalía permitieron confiscar otras tres propiedades que fueron presuntamente adquiridas con dinero proveniente del esquema de corrupción encabezado por Francisco Convit Guruceaga y otros asociados. Una de las costosas propiedades pertenecería a unos supuestos testaferros de los tres hijos de Cilia Flores[10].

En septiembre de 2018, la jueza, Kathleen M. Williams, declaró como fugitivos de la justicia de los Estados Unidos a los acusados de esta trama de lavado de dinero en el sistema financiero norteamericano y europeo. Estos fueron, Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer (alias “Chente”), Carmelo Urdaneta Aqui, Mario Enrique Bonilla Vallera, Abraham Eduardo Ortega y Hugo Andre Ramalho Gois y Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, quienes pasaron al estatus de fugitivos porque no se presentaron a las instancias de la justicia en el tiempo establecido[11].

En diciembre de 2018, el tribunal ordenó nuevas confiscaciones de lujosas propiedades en Panamá, Miami, así como de cuentas bancarias y portafolios de inversiones en bancos suizos y norteamericanos[12].

Por su participación en estos y otros delitos el 31 de octubre de 2018, el exdirector ejecutivo de PDVSA, Abraham Edgardo Ortega, se declaró culpable de haber participado en el esquema de internacional de lavado de dinero y por la cual este hombre había sido detenido el 11 de septiembre.

Ortega admitió —reza la nota— haber aceptado USD 5 millones en sobornos a cambio de otorgar préstamos prioritarios a una empresa francesa y a un banco ruso que eran accionistas minoritarios en empresas mixtas con PDVSA. También reconoció haber recibido USD 12 millones en sobornos por su participación en un plan de malversación a la estatal, que incluía préstamos y contratos en divisas extranjeras.

La corte del Distrito Sur de la Florida detalló que Ortega recibió pagos a través de este esquema de sobornos y se benefició del control cambiario implementado en Venezuela desde el año 2003 al tiempo que especificó USD 1.200 millones fueron malversados valiéndose de la estatal petrolera, refiere una nota de Efecto Cocuyo[13].

Otras demandas en su contra

Pero esta no ha sido la única demanda en su contra, pues junto a sus socios en Derwick, Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro Trebbau, Edgar Romero-Lazo, Domingo Guzmán-López y Francisco D'Agostino Casado, fue acusado por el presidente de Human Rights Foundation, Thor Halvorssen Mendoza, durante una audiencia en la Comisión Judicial del Senado de los Estados Unidos denominada "Supervisión de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y la Tentativas de Influir en las Elecciones Estadounidenses: Lecciones Aprendidas de las Administraciones presentes y anteriores", en la que dijo que la firma Fusion GPS habría sido contratada por Derwick Associates para eludir el escándalo de corrupción en el que está envuelta la compañía venezolana.

Halvorssen solicitó formalmente que se investigaran las supuestas actividades criminales de las empresas Derwick Associates y Fusion GPS a las que acusó de “pagar a varios periodistas para publicar pruebas infundadas contra las personas que se atrevieron a difundir información sobre las supuestas actividades delictivas cometidas por Derwick Associates”.

Halvorssen dijo que los directores de la empresa venezolana “tienen casas en los Estados Unidos, lavaron la mayor parte de los fondos robados al tesoro venezolano través del banco J.P. Morgan, y pagaron la mayoría de los sobornos por medio de la Banca Privada d'Andorra, donde establecieron cuentas para cancelar las coimas a los funcionarios del gobierno venezolano en el gabinete de Chávez"[14].

El 10 de mayo de 2018, Thor Halvorssen volvió a demandar por daños y perjuicios en la Corte del Distrito Este de Nueva York a los propietarios de Derwick Associates, así como también a los estadounidenses Glenn R. Simpson y Peter Fritsch, a quienes señaló de supuestamente conspirar para perjudicarlo por informar sobre los delitos de corrupción y lavado de dinero supuestamente por ellos cometidos. Los acusados, según el demandante, procuraban que no pudiera seguir ejerciendo como presidente de Human Rights Foundation y para ello habrían diseñado una campaña señalándolo como un pedófilo, adicto a la heroína y malversador del dinero de la Fundación Human Rights[15].

En la jugada hípica

Francisco Covit igualmente se ha visto involucrado en turbias negociaciones relacionadas con el mundo del hipismo en el que incursionaría en razón de que su esposa, Patricia Ferrando, forma parte de la selección nacional de equitación, entretanto él y los hermanos Carlos Luis y José Antonio Uzcátegui, además de otros dos socios, compraron en mayo de 2015, un potro de carreras de nombre Glory or Nothing, por USD 2 millones en una subasta realizada en Saratoga, Nueva York.

Este grupo es dueño del consorcio El Capi Racing, con sede en Florida, Estados Unidos, dedicado a la carrera de caballos y a través de esta empresa compraron por USD 400 mil otra potranca de la misma raza.

Este blog conoció por fuentes del caso, que Francisco Convit junto al exministro de deportes, Antonio “El Potro” Álvarez, luego de haber fracasado en un intento por privatizar el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) y los hipódromos del país, insistieron en esta iniciativa en el año 2016. Para ello se valieron de una empresa a la que se le había otorgado una concesión a dedo en contra los intereses de la república, la cual era dirigida por José Ángel Silva, pero en una nueva sociedad con Francisco Convit, el Potro Alvares y las autoridades del INH. Presentaron la propuesta ante la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y sobre el asunto se habrían realizado varias reuniones en tiempos en que Aristóbulo Istúriz ocupaba en despacho de Carmelitas. “El asunto volvió a fracasar cuando se hizo público y estalló un gran escándalo que motivó que, nuevamente se le negara al Potro Álvarez este negocio en el que lleva varios años insistiendo”, refiere la nota[16].



[3] El Estímulo. “Alejandro Betancourt, el “bolichico” que se hizo millonario con los apagones”. 22 de marzo de 2019. http://elestimulo.com/climax/alejandro-betancourt-el-bolichico-que-se-hizo-millonario-con-los-apagones/
[5] Bloomberg. Derwick Associates Corp. https://www.bloomberg.com/profile/company/1383744D:US
[6] Scribd. Cable Pelao - Ultimas Noticias-2011-08-07. https://es.scribd.com/doc/62457658/Cable-Pelao-Ultimas-Noticias-2011-08-07
[7] Armando.Info. "Dos empresas jugaron con ventaja para aprovechar la emergencia eléctrica”. 23 de marzo de 2015. https://armando.info/Reportajes/Details/280
[8] Venezuela Política. “Empresa "ficticia" usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada al empresario Raúl Gorrín”. 27 de julio de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/07/empresa-ficticia-usada-en-esquema-de.html
[9] Venezuela Política. “Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida”. 19 de agosto de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/08/estas-son-las-propiedades-incautadas.html
[10] Venezuela Política. “E.E. U.U. confiscó propiedades en Miami (Cocoplum) a nombre de empresas ligadas a testaferros de los hijos de Cilia Flores”. 10 de septiembre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/09/ee-uu-confisco-propiedades-en-miami.html
[11] Venezuela Política. “Declaran a Francisco Convit y a sus socios como "fugitivos" de la justicia norteamericana y liberan orden de arresto”. 28 de septiembre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/09/declaran-francisco-convit-y-siete-sus.html
[12] Venezuela Política. “Tribunal de la Florida ordena nuevas confiscaciones vinculadas al caso de corrupción por USD 1.200 millones de PDVSA”. 6 de diciembre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/12/tribunal-de-la-florida-ordena-nuevas.html
[13] Efecto Cocuyo. “Ex director Pdvsa admite haber recibido $17 millones en sobornos en Operación Fuga de Dinero”.  31 de octubre de 2018. http://efectococuyo.com/principales/ex-director-pdvsa-admite-haber-recibido-17-millones-sobornos-operacion-fuga-dinero/
[14] Venezuela Política. “Denuncian en el Senado de EEUU: Derwick contrató a Fusion GPS para silenciar el escándalo de corrupción en medios de comunicación norteamericanos”. 26 de julio de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/07/caso-derwick-bolichicos-sale-relucir-en.html
[15] Venezuela Política. “Demandan por daños y perjuicios a los ‘Bolichicos’ en una corte de Nueva York”. 20 de mayo de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/05/nueva-demanda-contra-los-bolichicos.html
[16] Venezuela Política. “INH: Una mina de corrupción que pasa inadvertido a los ojos del Ministerio Público”. 6 de diciembre de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/12/inh-una-mina-de-corrupcion-que-pasa_6.html