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lunes, 7 de diciembre de 2020

¿Qué decía el informe que la Fracción CLAP hizo desaparecer de la AN?

 Una investigación previa daba cuenta de la corrupción e irregularidades del programa alimentario en manos del empresario señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

   Ocultar la corrupción e irregularidades cometidas por el Álex Saab y sus empresas en la implementación del programa alimentario del gobierno de Nicolás Maduro, en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, requería por parte de la denominada Fracción CLAP, designar una subcomisión especial para investigar el caso.

     Tal ente parlamentario se conformó por Conrado Pérez (PJ), Richard Arteaga (VP) y Adolfo Superlano (UNT) y su tarea consistía en hacer desaparecer las investigaciones previas sobre el corrupto programa alimentario y limpiar la imagen de sus protagonistas con un informe exculpatorio y la emisión de cartas de buena conducta dirigidas a gobiernos, bancos e instituciones financieras que mantenían fondos congelados ante las denuncias de irregularidades.

   Anterior a la entrada en escena de los diputados de la Fracción CLAP existía un expediente elaborado por una subcomisión especial que investigó la corrupción e irregularidades del programa gubernamental.

   Era fundamental, por tanto, que los diputados contratados por Alex Saab, principal sospechoso junto a sus empresas, desviaran de él todos los señalamientos.

   Y es que, de acuerdo a fuentes ligadas al caso, el informe real de la investigación hacía referencia a contratos de los CLAP, el FONDEN, CORPOVEX, los cuales contemplaban sobreprecios.

  Asimismo, el empresario requería silenciar o desaparecer los informes de análisis químicos y microbiológicos que demostraban las graves irregularidades sobre los productos suministrados en el programa alimentario.

   El informe real había determinado que las empresas con las cuales se habían suscritos los contratos del programa CLAP eran, simplemente, compañías de maletín o fachada, constituidas en fechas sucesivas.

  De igual manera, los análisis de costos de cada contrato revelaron que se realizaron por cada producto, lo que demostró el diferencial de sobreprecio tanto en el costo adjudicado y el estudiado como en el costo del transporte. Todos los estudios realizados para la redacción del informe original y real, llevaron establecer un incremento (sobreprecio) del 60 por ciento%.

  El estudio químico y microbiológico a cada producto y empaque concluyó que el 99 por ciento de los mismos, no cumplen con las normas de calidad y consumo nacionales COVENIN, por lo que su distribución no es recomendada por no ser aptos para el consumo humano.

  Las fuentes nos indican que el informe real determinó otras responsabilidades del caso, precisando, en primer lugar, al mayor general, Yoffreda Giuseppe, presidente de Corpovex en 2016, quien suscribió contratos con empresas de maletín, uno por cada producto, que contemplan detalles específicos del concepto de contratación, así como costos, requerimientos e información de coordenadas bancarias para el pago de los mismos.

  Del mismo modo, el general Luis Medina Ramírez, ministro de Alimentación y presidente de Cuspal, solicitó mediante requerimiento a CORPOVEX, la compra de alimentos para los CLAP, así como para la distribución de los mismos.

  Entretanto, Simón Zerpa, presidente del FONDEN, suscribió un convenio de asistencia financiera con CORPOVEX-CUSPAL y las empresas contratadas para el programa de alimentos CLAP.



domingo, 6 de diciembre de 2020

De cómo Alex Saab estafó a Venezuela con la anuencia de los diputados CLAP

  Una serie de irregularidades debían correr por cuenta de los parlamentarios para silenciar la corrupción del programa manejado por quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

  En dos fases habría implementado el empresario Álex Saab la supuesta estafa con las cuales desfalcó las arcas venezolanas a través del programa alimentario gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, para lo cual debió contar con el apoyo de los diputados de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que, en su conjunto, desde entonces, pasó a ser conocida como la Fracción CLAP.
  Fuentes ligadas al caso refieren que el empresario colombiano —señalado de ser supuestamente un testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro—, en procura de acallar tal condición, así como las denuncias formuladas en contra del programa gubernamental por los altos niveles de corrupción habidos en su implementación, buscó en el grupo parlamentario al aliado necesario para silenciar el caso, nacional e internacionalmente.

  Para Saab era absolutamente necesario silenciar las acusaciones contra su empresa Grand Group Limited y el daño patrimonial que le causaron al país al estado venezolano con el corrupto e irregular programa alimentario.

Fase I: Limpieza de imagen

   Hasta ese momento, las investigaciones señalaban que el programa CLAP se instrumentó aplicando sobreprecios por parte de las empresas de Saab, lo cual causó un daño patrimonial de miles de millones de dólares. Asimismo, se había podido comprobar el daño a la salud ocasionado a la población, en razón de los productos de mala calidad que se suministraban a los venezolanos.
    La diligencia de Álex Saab consistió, entonces, en lograr que desde el seno del Poder Legislativo Nacional se silenciara tanto el daño patrimonio como los crímenes de lesa humanidad causados. Para ello, los aliados parlamentarios del empresario en la Comisión permanente de Contraloría de la AN, tendrían que hacer desaparecer el informe real de la investigación y emitir cartas de buena conducta dirigidas a bancos en España y Estados Unidos, así como a organismos internacionales y gobiernos extranjeros, con el objetivo de exculpar a Saab y sus empresas. La Fracción CLAP habría emitido 48 oficios con este fin.

  Esta primera fase de la operación, por tanto, tenía como objeto limpiar la imagen de Álex Saab y sus empresas, de manera de resguardar sus intereses financieros.

  Por su trabajo de ocultar el informe real de investigación y las pruebas del mismo, los diputados involucrados designaron una subcomisión especial para investigar el caso CLAP, conformada por Conrado Pérez (PJ), Richard Arteaga (VP) y Adolfo Superlano (UNT). Presuntamente, por esta labor, los diputados involucrados habrían cobrados USD 300.000 cada uno (otros reportes aseguran que fueron USD 400.000), así como dos camionetas por sustituir el informe original por uno exculpatorio.

   Apuntan las fuentes que la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz y su esposo, Germán Ferrer, conocían acerca de las Cartas de Buena Conducta y acordaron con Guillermo Luces, Richard Arteaga, Conrado Pérez y Chaim Bucaram no denunciar el caso, al igual que no objetar los reportes el programa y su implementación de modo de blanquear la imagen de Alex Saab.

¿Por qué era imprescindible esta operación?

  El blanqueo de la imagen de Alex Saab y sus empresas era absolutamente necesario, dado el efecto que las denuncias en su contra estaban teniendo internacionalmente ante gobiernos y en bancos e instituciones financieras.

   Las 48 cartas exculpatorias con las que los diputados cabildearon en Europa a favor de Saab debían facilitar la liberación de fondos del empresario colombiano que permanecían bloqueados en dichas instituciones europeas. Por esta diligencia, los diputados de la Fracción CLAP supuestamente recibieron una comisión del 10 por ciento de los fondos que lograran liberar.

   Era igualmente imprescindible, que los parlamentarios neutralizaran a la Comisión de Contraloría, de modo que, durante un año, no se recibieran denuncias contra el programa, el empresario ni sus empresas. Las investigaciones debían detenerse. No se debía sesionar en el ente parlamentario y por ellos presuntamente recibirían, USD 10.000 mensuales.

   Las negociaciones con Álex Saab arrojarían también como resultado, la conformación y consolidación de una nueva fuerza política en el seno de la Asamblea Nacional que negociara con el PSUV la directiva de la instancia legislativa nacional.

Fase II: Poner fin a la investigación

  La fase II del plan de Alex Saab se dirigió, en segunda instancia, a silenciar las investigaciones en torno al programa CLAP.

  Era necesario poner un velo sobre los contratos suscritos con CORPOVEX, así como sobre los convenios establecidos con el FONDEN, los cuales exhiben un sobreprecio del 65 por ciento. Del mismo modo, se debía frenar el análisis químico y microbiológico de los productos contenidos en los CLAP.

  Silenciar el otorgamiento de millones de dólares sin que para ellos mediaran controles ni auditorías, era fundamental.

  Asimismo, se tenían que desaparecer las averiguaciones sobre 26 empresas que desfalcaron el FONDEN y el hecho de que el programa CLAP simplemente había servido de fachada para defraudar el referido fondo gubernamental y a CORPOVEX, al haber adjudicando millones dólares sin ningún tipo de control posterior, seguimiento, auditoría sanitaria y financiera. Negociaciones todas que se llevaron a cabo por adjudicación directa de las empresas de importación.

    Las fuentes refieren que los contratos fueron suscritos en el año 2016 por Luis Medina Ramírez, para la fecha ministro de Alimentación; por Yoffreda Giuseppe, presidente de CORPOVEX; y por Simón Zerpa, presidente de FONDEN.

    Finalmente, hay que subrayar que otra exigencia de Alex Saab era que los diputados silenciaran que Shadi Nain Saab, hijo del empresario, es el propietario de Grand Group Limited, la compañía que mantiene contratos con sobreprecio y compra alimentos no aptos para el consumo humano.