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domingo, 2 de agosto de 2020

Conozca cómo ejerce el control Daniel Ortega sobre el pueblo nicaragüense

  El investigador Ryan C. Berg evalúa la política de dominio impuesta por el régimen autocrático del país centroamericano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La política represiva impuesta por el régimen de Daniel Ortega sobre el pueblo de Nicaragua, se complementa con una serie de controles que le permiten el dominio de la sociedad del país centroamericano. En dicho control confluyen una serie de factores e instituciones que le sirven de basamento para imponer su hegemonía. Así lo da a conocer el investigador en estudios de América Latina del Instituto Americano de la Empresa (AEI, por las siglas en inglés de American Enterprise Institute) y profesor adjunto de relaciones internacionales en la Universidad Católica de América, Ryan C. Berg, en su informe “Restaurando la democracia en Nicaragua: intensificando los esfuerzos contra el régimen de Ortega-Murillo”, del que ya hemos referencia en entrega anterior.
   En la actualidad, la capacidad de resistencia y organizada de la sociedad nicaragüense, asegura el catedrático, se encuentra detenida debido a la represión, por un lado, como a la pandemia del Covid-19.

   La situación reinante ha alcanzado tales niveles de violencia que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha descrito a Nicaragua como un "clima de terror generalizado", pues la fuerza letal infunde terror en la población, mientras el régimen de Ortega se involucra en una política de "disparar a matar".

   Advierte el investigador, que este dominio implacable de Ortega sobre la sociedad nicaragüense ha sido posible por décadas, gracias a las alianzas políticas que ha establecido, dirigidas a debilitar a sus oponentes, dándole esto la oportunidad de instaurar un régimen hegemónico.

   Con suma astucia, Ortega ha impuesto —de acuerdo a palabras de la Comisión de la OEA en Nicaragua— "un patrón de control ejecutivo de gran alcance de las instituciones estatales", de tal manera que poca parte de la institucionalidad nicaragüense ha logrado evitar verse comprometida.

“En el estado, la mayoría de las instituciones nicaragüenses han tenido que reconciliarse de alguna manera con Ortega, o lo han hecho voluntariamente y se han convertido en pilares centrales de control de su régimen. Los cuerpos legislativos y judiciales, la policía y el ejército, la Iglesia Católica, el sector privado, los medios de comunicación e incluso los partidos políticos de oposición son cómplices, en diversos grados, en el continuo control del poder político por parte de Ortega”, asegura el informe.

   Ryan Berg sostiene que el control del poder de Daniel Ortega se sustenta en una combinación de factores e instituciones: “política clientelista, fuerte gasto social para su base de apoyo, préstamos generosos de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una antigua alianza con el poderoso sector empresarial del país (COSEP) y, al igual que el apoyo anterior que recibió de la Unión Soviética en la década de 1980, prodiga el financiamiento de líderes ideológicos de ideas afines, como Hugo Chávez de Venezuela y su sucesor, Nicolás Maduro”.

Control político

  Aunque entregó el poder en 1990, Daniel Ortega antes de ello llevó a cabo una serie de maniobras que le permitieron seguir actuando tras bastidores y, a la sombra, logró acumular músculo económico y militar, asegurándose suficiente fuerza y financiamiento en su papel de opositor.

   Durante 16 años fuera de la presidencia, Ortega corrompió a tres administraciones diferentes, evitando que la democracia se implantara por completo en todas las instituciones. Se infiltró en e manera de penetrar áreas clave del gobierno y continuar dictando los términos de hacer negocios en Nicaragua. Estaba, como bien lo dijo él mismo, "gobernando desde abajo" al promover disturbios estudiantiles y sindicatos sandinistas para intimidar al gobierno, al sector privado y a sus enemigos políticos.

   Advierte el informe de Berg que, a pesar de esto, “Ortega nunca atrajo apoyo más allá de su base sandinista”, obteniendo la victoria en 2006, con solo el 38 por ciento de los votos, como resultado de un sombrío acuerdo conocido como "El Pacto", aprobado por la Asamblea Nacional en 2000. Estos acuerdos permitieron llevar de 45 a 35 por ciento el umbral para alcanzar la presidencia de la república en la primera vuelta de las elecciones, siempre que el margen de victoria fuera al menos del 5 por ciento. Desde 1990 cuando había perdido la primera magistratura, Ortega no había podido superar del 35 por ciento su base de apoyo.

   Al triunfo de Ortega en enero de 2007, se sumó el del FSLN en la Asamblea Nacional, lo cual le dio carta blanca para instaurar una serie de cambios, entre ellos una nueva constitución. El nuevo texto fundamental de Nicaragua le abrió la puerta a la reelección presidencial consecutiva.

  Solamente en enero de 2014, se contabilizaron 97 enmiendas constitucionales con amplias consecuencias para las finanzas públicas, la responsabilidad de Ortega y la organización de elecciones, refiere el informe.

   Ryan Berg refiere que el fraude electoral también le aseguró un aumento de fidelidades en el seno de la Asamblea Nacional, dada la mayoría obtenida por el FSLN. Una misión de observación electoral de la Unión Europea declaró que las elecciones de 2011 fueron "opacas y arbitrarias". Por su parte, Ortega ganó el 72,5 por ciento de los votos.

   El dominio de Ortega sobre el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua también es evidente, donde se toman decisiones a la medida del oficialismo de Ortega. También se prohíbe la observación electoral nacional e internacional y, de manera descarada, se eliminó o restringió la participación del partido de oposición.

  En las elecciones generales de 2016, “el Consejo Supremo Electoral obligó a 16 legisladores opositores a abandonar sus escaños en la Asamblea Nacional, negó a observadores electorales independientes, despojó al principal candidato opositor Eduardo Montealegre de su partido político y permitió que Murillo se postule para vicepresidente, consolidando una familia dinastía similar a la de la dictadura de Somoza”.

  Sólo la presión internacional, ha permitido que Ortega admita hacer "importantes reformas electorales" al tiempo que excluye a la oposición de cualquier negociación.

Control Judicial

  Sostiene el informe de Bryan Berg que Daniel Ortega ha llenado al poder judicial con sus acólitos, lo cual es crucial para su perpetuación en la presidencia de la república.

 Una Comisión de la OEA sobre Nicaragua cuestionó la imparcialidad y la independencia de las instituciones judiciales de Nicaragua lo que convierte a este país en un "estado cooptado que es incompatible con el estado de derecho".

  Este control judicial, en conjunto con el control ejercido sobre el poder legislativo, permitió a Ortega su reelección indefinida y otorgándole el poder gobernar por decreto. También permitió a Rosario Murillo postularse para la vicepresidencia pese a la prohibición constitucional de que familiares de un presidente en funciones que se postulen para cualquier cargo.

  Asimismo, durante las protestas de 2018, el poder judicial cubrió a Daniel Ortega mientras encarcelaba descaradamente a manifestantes y miembros de la oposición y los procesaba por cargos falsos. Un informe reveló que los fiscales fueron intimidados y obligados a firmar cargos por casos que no tenían permiso para leer o revisar.

Control policial y paramilitar

  El reporte también cuenta a la Policía Nacional entre las instituciones bajo dominio de Daniel Ortega y asegura que este cuerpo de seguridad ha sido fundamental para su continuación en el cargo, pues con ella se asegura el control interno, reprime a los grupos de oposición, detiene ilegalmente a los ciudadanos ilegalmente e intimida a los políticos de la oposición.

   En junio de 2014 la legislatura aprobó una ley que depositó la responsabilidad de la Policía Nacional al Ministerio de Gobierno y confirió el control directamente al presidente como "comandante supremo".

   Subraya el informe de Berg que existen pruebas sólidas de que la Policía Nacional “ayudó a los paramilitares merodeadores que reprimieron brutalmente a la oposición nicaragüense en las protestas de abril de 2018. Cuando el GIEI, un grupo de trabajo de la OEA, observó graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua que alcanzaron el nivel de ‘crímenes contra la humanidad’, se refirieron específicamente a los paramilitares que operaban ‘en forma paralela y coordinada con la Policía Nacional’".

  Investigaciones periodísticas han determinado que el armamento utilizado por los paramilitares era de origen militar, lo que llevó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a justificar eventualmente las sanciones designación para la Policía Nacional.

  Y agrega el informe de Berg: “El ex comisionado de policía Francisco Díaz admitió que los oficiales de policía, a instancias del propio presidente Ortega, construyeron una unidad paramilitar formal dentro de las fuerzas regulares cuyo comando central fue dirigido por el liderazgo del FSLN. Estas unidades fueron acusadas no solo de intimidar a los manifestantes sino también de infiltrarse en la oposición y pasar información personal del liderazgo a la dirección nacional de inteligencia”.

Control del Ejército nicaragüense

  La despolitización del ejercito implementada por Violeta Chamorro en la década de los 90 ha sido revocada por Ortega, quien desde su regreso en 2007 ha reimplantado la ideología sandinista en la fuerza militar.

   También Ortega “ha cooptado a altos oficiales con recompensas materiales y ha ampliado el papel y los recursos de los militares”.

   El jefe del ejército, general Julio César Avilés Castillo, quien ha permanecido en el cargo por más de una década, detuvo los esfuerzos para desmantelar los grupos paramilitares asociados con el ejército y ha negado reiteradamente la existencia de fuerzas paramilitares en Nicaragua.

Control del sector económico

  De acuerdo al informe, el control que ejercen Daniel Ortega y Rosario Murillo se extiende también al sector económico, a través del COSEP, el grupo empresarial más grande y poderoso de Nicaragua.

  Con este gremio Ortega hizo las paces a su regreso al poder en 2007 y el empresariado pasó por alto el fraude electoral, la represión y la corrupción, mientras el mandatario “Promocionó una filosofía política moderada y una nueva "flexibilidad" en sus posiciones marxistas. Ortega ya no hizo alarde de involucrarse en diatribas anti-estadounidenses y profesó un apoyo al comercio, la empresa privada y los principios fundamentales del capitalismo, como los derechos de propiedad privada. En lugar de fulminar contra las élites empresariales de Nicaragua, el retorno y la consolidación del poder de Ortega se basó en cortejar activamente el apoyo de las élites empresariales y, en muchos casos, en cooptarlos”.

  El COSEP revisas las leyes antes de ser aprobadas por la Asamblea Nacional para garantizar un clima comercial favorable para las élites del país.

 Sin embargo, estas relaciones dieron un vuelco después, especialmente desde la llegada de Rosario Murillo a la vicepresidencia, pues esta ha impuesto nuevas reglas y controla absolutamente todos los procesos. “La alianza recibió su golpe fulminante cuando Ortega propuso reformas a la seguridad social sin consultar primero al COSEP, que ahora afirma respaldar a la oposición de Nicaragua”.

Alianzas ideológicas y mecenazgo venezolano

  El informe de Ryan Berg sentencia que el régimen de Ortega recibió, entre 2008 y 2016, cientos de millones de dólares de Venezuela, constituyéndose como uno de los asociados más confiables del país suramericano en América Central. Se cxalcula que la ayuda venezolana, en ocasiones, llegó a cerca del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual de Nicaragua.

“Entre 2008 y 2014, Venezuela transfirió entre $ 4 mil millones y $ 6 mil millones a Nicaragua, utilizando "pagos diferidos" en petróleo de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) para mover dinero a Albanisa, una subsidiaria propiedad de PDVSA bajo el control del FSLN. La generosidad de Venezuela es un pilar del régimen dictatorial de Ortega y reforzó su cleptocracia familiar, aunque el apoyo de Venezuela se está agotando debido al caos causado por su propio desmoronamiento político y económico”.

“Desafortunadamente, para los líderes empresariales y Ortega, cuando Venezuela comenzó a desmoronarse en 2015, su apoyo financiero pronto se agotó”.

Control de medios

  Finalmente, el informe hace referencia al control que el régimen de Ortega ejerce sobre sobre los medios de comunicación.

 Este control favoreció el silencio de la prensa frente a las irregularidades cometidas por Daniel Ortega y las instituciones bajo su egida.

  Freedom House ha señalado que el régimen de Ortega "participa en esfuerzos sistemáticos para obstruir y desacreditar a los críticos de los medios".

“Desde abril de 2018, el espacio para el periodismo crítico casi ha desaparecido. La pareja gobernante ha armado el término "noticias falsas" en su intento de silenciar a los medios impresos, completando su tan buscado dominio sobre los medios. La constitución de Nicaragua ahora limita las críticas a las figuras políticas a lo que es "constructivo" solamente”.

  Finaliza el informe alertando que Ortega, Murillo y el partido sandinista se han adaptado durante cuatro décadas de cambio en Nicaragua y han centralizado la autoridad alrededor de sí mismos y su partido político. “La pareja gobernante ha cultivado lazos verticales entre el pueblo nicaragüense y los líderes sandinistas y se presenta a sí mismos como padres benéficos de una nación, con sus caras sonrientes radiantes en las vallas publicitarias de todo el país. Mientras tanto, Ortega y Murillo consolidan el control político y acumulan riqueza y activos estratégicos en tierras, medios y energía”.




lunes, 1 de junio de 2020

Foro de Sao Paulo se propone la toma del poder en América Latina a través de la desestabilización

  En un encuentro virtual de  líderes del FSP, se delineó la estrategia a seguir luego de que termine la cuarentena por el COVID-19.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un informe independiente de inteligencia sobre el futuro de Colombia reveló los lineamientos del plan estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder continental—con especial prevalencia del caso colombiano— el cual tendrá como mecanismo de implementación la desestabilización general de los países de la región, aprovechando el escenario de debilidad que los gobiernos de América Latina tendrán a raíz de la pandemia del Covid-19.
  Se indica en el informe que, recientemente, tuvo lugar una reunión del Foro de Sao Paulo de carácter virtual —obligados por la pandemia del coronavirus—, en la que representantes de las FARC tuvieron una especial participación dado el énfasis que se dio a Colombia como una de las naciones en la izquierda debe actuar con rapidez para conquistar el poder.

   El encuentro se coordinó desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil, por elementos de la línea dura del FSP y participaron además del grupo terrorista colombiano y otros personeros de la izquierda. 

  La aparición de la pandemia del Covid-19 frenó el plan del Foro de Sao Paulo de toma y retoma del poder en América Latina. Sin embargo, serán las consecuencias de la pandemia las que el FSP aprovechará para ejecutar acciones dirigidas a conseguir el referido objetivo.

  Y es que, luego de que pase la cuarentena por la pandemia, la hambruna generada por esta, así como la difícil situación económica que atravesarán los países de la región a consecuencia de haber tenido que redirigir sus recursos a mitigar los efectos de la enfermedad, será utilizada por la izquierda internacional para acometer acciones encaminadas a lograr hacerse del poder en la región.

La desestabilización como estrategia

  La implementación del plan ideado por los líderes del Foro de Sao Paulo se sustenta en la desestabilización por lo que, la estrategia es crear un clima de protestas, exigencias populares y de manifestaciones callejeras en toda América Latina.

  En pocas palabras, el objetivo de la estrategia desestabilización es hacer que la gente salga con hambre a exigir una serie de reivindicaciones a los gobiernos no afines a la izquierda, los cuales, debilitados en razón de que la mayoría de los recursos habrían sido utilizados en la pandemia (subsidios, bonos, compra de insumos médicos y medicinas, etc.), no estarán en capacidad de otorgar. Esto dará a pie a un descontento generalizado que será el caldo de cultivo que la izquierda aprovechará para tratar de llegar al poder.

  Subraya el informe, que el socialismo van a aprovechar la crisis del coronavirus para atacar las democracias de América Latina.

El plan estratégico

  El informe expone los lineamientos del Plan Estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder regional, el cual comprende tres etapas.

  Algunos de los puntos del plan ya se han cumplido y otros están por instrumentarse en aquellos países donde ya, efectivamente, se encuentran en funciones de gobierno, como México y España.

 La primera etapa contempla, en primer lugar, generar movilizaciones masivas para la desestabilización e implementar programas de captación de votos.

  Una vez en el poder, es necesario crear las disposiciones legales para instaurar la guardia militar que proteja al presidente de la república y a todo su entorno leal.

  El siguiente paso es el sometimiento del poder legislativo y judicial, al ejecutivo.

  Sigue, modificar la Constitución para manejar a discreción las fuerzas militares y de policía y, asimismo, tener el manejo absoluto del presupuesto nacional de manera de hacerlo disponible para financiar toda la implementación de la revolución. Esto puede constatarse al revisar cómo han operado en aquellos países donde han conquistado el poder, tal es el caso de Venezuela, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro; en Ecuador, con Rafael Correa; en Bolivia con Evo Morales.

  Otro aspecto dentro del plan estratégico, se centra en el impulso a la equidad de género y erigirla como una de las formas de lucha. Advierte el exponente del informe que, aun cuando se esté de acuerdo con la equidad de género, esta no debe convertirse en una forma de confrontación, tal como lo pretende la izquierda internacional que la concibe como método efectivo para deslegitimar gobiernos que no acepten los términos de la equidad de género y los derechos LGBT.

  Del mismo modo se plantea la desmitificación de las religiones mediante su descrédito con hechos irrefutables, tales como la pederastia, los abusos sexuales, los escándalos internos de las iglesias y los fraudes económicos. Aunque, indudablemente, se trata de situaciones que hay que denunciar, la izquierda internacional busca convertirlo en una manera de acabar, literalmente hablando, con las religiones, dado que estas encauzan el pensamiento y evitan que las personas se dirijan a cometer acciones tendenciosas.

Otro aspecto del plan ligado al anterior, es impulsar sectas, grupos que se muestren como religiosos, tal es el caso de los movimientos esotéricos, para que se conviertan en otras alternativas de creencias. La idea es entrenar y formar a estos nuevos movimientos en la ideología y política revolucionaria. La libertad de culto se utilizará, por tanto, como medio para darle a todas estas sectas, la manera de instaurarse como alternativas religiosas manejables ideológicamente.

  El Foro de Sao Paulo propone el control de los medios de comunicación de manera progresiva y sostenido en el tiempo, con el objetivo de fortalecer la propaganda selectiva y luego masiva, sobre la campaña del culto al líder. En esto ya están trabajando en Colombia y se visualiza en el sesgo que muchos medios ya exhiben contra el gobierno y las fuerzas militares y contra todo aquel que se oponga a la “agenda progresista” propuesta por la izquierda internacional.

  Dicha agenda progresista está basada en la libertad del aborto libre, el cual debe ser financiado por el estado; la promoción y defensa del libre consumo de drogas como parte del desarrollo de la personalidad; la relatividad de los valores, que es una teoría que plantea que todo es bueno y nada es malo, todo permitido y nada es prohibido y se hace para favorecer la revolución, es la inversión de todos los valores de la sociedad incluida la justicia; crear grandes proyectos que se conviertan en símbolos nacionales y fortalezcan el poder del partido revolucionario.

  En España, por ejemplo, el gobierno socialista sacó los restos de Francisco Franco del monumento del Valle de los Caídos para trasladarlos a un cementerio convencional. Esto lo han convertido el gobierno socialista en el máximo símbolo nacional. En Colombia se tiene el propósito de convertir a todos los casos de muertos en acciones violentas enterrados en diversas regiones del país como N.N. (víctimas de la violencia sin identificación posible), en falsos positivos para atacar a las fuerzas militares y al estado.

  También el Foro de Sao Paulo se plantea reformar la educación bajo el concepto de igualdad, de adoctrinamiento y lucha de clases. Esto se asume desde la premisa marxista que establece que para “encauzar al hombre hay que adoctrinar al niño”.

  Esta primera etapa se completa con la expansión de ejércitos de civiles integrados por gente leal al partido de gobierno revolucionario, que a su vez estructure células de control ciudadano con autoridad localizada. Esto tiene un claro ejemplo en Venezuela cuando Hugo Chávez creó y fomento los llamados “Colectivos” y los “Consejos Comunales”. Estos grupos son financiados para que lleven a cabo movilizaciones, concentraciones, tomas, que deben ser coordinadas y articuladas por redes sociales y medios de comunicación afines al partido.

  El control político y social de la población mediante la activación de redes sociales y de partidos políticos satélites.

  Estos partidos satélites, es necesario haberlos creado previamente sin que, en apariencia exhiban afinidades ni se presenten como organizaciones de izquierda y como revolucionarios. Con ellos habrá de estructurarse una acción de masas visible y efectiva de control de la población que, posteriormente, manifestará su apoyo al partido revolucionario.

  Seguidamente, se debe reforzar la “lucha por los pobres” y usar esta como un medio de convocatoria de masas. Se incluye aquí el fortalecimiento de las denuncias contra la corrupción como bandera efectiva de causa de movilización.

  En esta etapa se implementará el control total del internet. Se debe reglamentar y aplicar penas ejemplarizantes para quienes usen el internet y las redes sociales para el ataque al partido, las ideas y el proceso revolucionario. Es decir, se instauran se penaliza a cualquiera que piense algo contradictorio a la ideología revolucionaria y lo exponga a través de las redes sociales.

  Creación de milicias populares armadas, grupos armados de choque, grupos de acciones selectivas y estructuras paramilitares que evadan los derechos y humanos y puedan actuar disuasivamente sin vincular a agentes legítimos del estado y a miembros de la fuerza pública. Una acción selectiva, por ejemplo, es el asesinato de alguien que se oponga a las acciones de gobierno por parte de estos grupos, sin que se involucre en ello a los agentes estatales.

  El FSP plantea la geo-referenciación y perfilamiento de empresarios, líderes sociales, activistas, periodistas, blogueros, y todos los que no sean afines al partido revolucionario, de manera de marginarlos para que dejen de financiar y apoyar a la oposición. Se procede a buscar acciones legales legítimas para encarcelarlos o propender que se vayan del país.

  Vincular a líderes de todas las líneas políticas del partido revolucionario y partidos relacionados, sembrarlos en las estructuras del gobierno, creando nuevos cargos que actúen en paralelo hasta lograr copar los cargos estratégicos, sanado a los funcionarios que son afines al gobierno. Esto ya está ocurriendo en Colombia, por ejemplo, en las fuerzas militares, en la contraloría, en la procuraduría.

  Crear estructuras paralelas dentro de los entes de control del estado que sigan los lineamientos del partido, esto con el objetivo de controlar gobernadores y alcaldes de todas las regiones hasta hacerlos afines al partido.

La segunda etapa

  Luego de haber configurado la plataforma revolucionaria mediante todas las acciones referidas anteriormente, se debe proceder con la segunda etapa del plan estratégico del FSP, que contempla en primer término, establecer mecanismos de control y tratabilidad del dinero vía tecnología.

   Es imprescindible la instauración del control de bancos, de las divisas, del cambio.

  Aquí se prevé también la incautación y bloqueo cuentas y rastreo a cualquier financiación que no sea afín al partido revolucionario.

Tercera etapa

  El Plan estratégico del Foro de Sao Paulo estipula que la tercera etapa corresponde a la consolidación del poder global.

  Aquí deben operarse expropiaciones masivas, tal como ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez.

  Luego vendrá el reparto de viviendas, propiedades, terrenos y empresas expropiadas, lo cual no será nominal, por cuanto el partido revolucionario será el auténtico propietario.

  Debe implementarse un escarmiento a la clase económica alta, convirtiendo la tenencia del dinero en un delito.

  Se debe llevar a cabo ahora un nuevo cambio en la Constitución con el objetivo de establecer la reelección indefinida. La permanencia en el poder se convierte así en un mandato supremo del pueblo.

   Hay que acotar que estas revoluciones llevan a cabo dos procesos de cambio constitucional, el primero, al llegar al poder cuando se establece una asamblea nacional constituyente que establece cambios fundamentales referidos al manejo del presupuesto nacional, de las fuerzas militares, la creación de guardia presidencial, la creación de los colectivos sociales, juntas comunales, etc. Luego, el segundo cambio en la Constitución es para reelegirse indefinidamente.

   En esta etapa los medios de producción pasan en su totalidad a ser propiedad del estado.

   En razón de que el trabajo ahora se desempeña en los medios de producción estatales, los sueldos pasan a tener un bajo costo, lo que es absolutamente empobrecedor. Los salarios nunca permitirán el escalamiento social.

viernes, 8 de noviembre de 2019

Doble rasero: La acomodaticia política del Foro de Sao Paulo frente Latinoamérica y el Caribe

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un particular análisis se llevó a cabo durante el XXV Encuentro del Foro de São Paulo que tuvo lugar en  Caracas entre el 25 y el 28 de julio del presente año 2019, donde se evaluó el panorama político, social y económico de cada nación Latinoamericana y del Caribe —así como de algunos países europeos y del Medio Oriente—, donde situaciones y circunstancias similares se abordaron de diferente manera atendiendo a la tendencia ideológica del gobierno del país evaluado.

De este modo, donde la izquierda es oposición los asistentes al FSP denunciaron la existencia de presos políticos, mientras que en aquellos donde gobierna la “derecha” —como denominan a las administraciones que no son de su mismo signo— no se emitió pronunciamiento alguno, a pesar de las múltiples y reiteradas denuncias sobre esta materia. Igualmente, las protestas y revueltas se constituyen en demandas populares en las naciones gobernadas por los segundos, mientras que en los primeros son simplemente movimientos desestabilizadores e intentos de golpe de estado. También se pide el pronunciamiento de las Naciones Unidas respecto a algunas circunstancias y países, pero se condena los informes de algunas instancia del organismos, en otros, tal es el caso del  Alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela.

Es decir, se evidenció un doble rasero a la hora de emitir el análisis que quedó de manifiesto en las resoluciones adoptadas.

En la cita en la que bajo el lema “Por la Paz, la Soberanía y la Prosperidad de los Pueblos: ¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!”, los asistentes llevaron a cabo reuniones de grupos de afrodescendientes, jóvenes, mujeres,  parlamentarios, pueblos originarios, así como de las secretarías regionales andino amazónica, cono sur y mesoamérica y el caribe.

Entre las actividades desarrolladas estuvieron distintas reuniones con los “partidos políticos amigos” de Asia, África y Oriente Medio, así como encuentros temáticos sobre asuntos como la economía mundial, debates de intelectuales, artistas y movimientos sociales; un taller de comunicación.

También se realizó el II Diálogo con las plataformas, articulaciones y redes del movimiento social y popular; el Seminario sobre las experiencias y perspectivas de los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe; y las plenarias del XXV Encuentro.

La memoria del encuentro[1] recoge una serie de resoluciones adoptadas con relación a países y diversas situaciones que a continuación presentamos.

Manos fuera de Venezuela

El Foro de Sao Paulo rechazó categóricamente el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, realizado por la Alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, “por su falta de rigor metodológico que no refleja en lo absoluto la realidad venezolana, con un enfoque sesgado y parcializado a favor de la extrema derecha opositora y por no tomar en cuenta las denuncias realizadas por un sector de las víctimas de la violencia”.

Sostienen que dicho informe obvió los supuestos esfuerzos realizados por el gobierno venezolano para garantizar los derechos humanos del pueblo y por ignorar también el informe de Alfred de Zayas, Relator independiente del Consejo de DDHH de la ONU, quien recomendó llevar al gobierno de los EE. UU. a la Corte Penal Internacional por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra Venezuela a través de medidas coercitivas unilaterales.

El FSP acordó dedicar una jornada de solidaridad con Venezuela el próximo 12 de octubre del 2019 en los países de América y el Caribe e, igualmente, realizar actos, mítines, conferencias de prensa, asambleas o cualquier tipo de manifestación en apoyo al pueblo venezolano con la consigna: “Manos fuera de Venezuela”.

Sobre Argentina

En virtud de la proximidad que tenían las elecciones en Argentina para la fecha del encuentro, el Foro de Sao Paulo refirió la importancia de estos comicios que definirían el signo político del gobierno de la nación. En tal sentido, se pronunciaron en contra de la “continuidad de una gestión que ha retomado el camino de la profundización de políticas neoliberales y de carácter neocolonial y antidemocráticas, desde que accedió al gobierno Mauricio Macri”.

Según el FSP, tales políticas sumieron al pueblo argentino en una “profunda depresión económica, con muy altos niveles de exclusión, pobreza y desocupación, siendo el principal motor de la desintegración regional”.

Agregan que la unidad latinoamericana es el único camino para lograr la autonomía política y económica, así como el desarrollo sustentable con justicia social.

El FSP condenó la existencia de presos políticos y la persecución judicial a la cual, supuestamente,  el gobierno de Macri sometió a los miembros del anterior gobierno, así como a otros dirigentes políticos y sociales. Igualmente manifestaron su preocupación por la modificación del sistema de escrutinios en medios del proceso electoral que, desde su punto de vista, genera incertidumbre y afecta la legitimidad del árbitro electoral.

“Condenamos también, la política del gobierno de Mauricio Macri respecto de la situación colonial de las Islas Malvinas, de falta de reclamo y decidida entrega de la soberanía, agravada sustantivamente a partir del Acuerdo de 2016 entre las cancillerías británicas y argentina, relevando la condición de gobierno pro-imperialista”.

Por último, el Foro de Sao Paulo estima que los acuerdos con el FMI afectan al pueblo argentino al condicionar el desarrollo de la economía a la industria. Condenaron la desaparición de programas sociales instaurados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

A la par que se manifestaron contra el gobierno de Mauricio Macri, manifestaron su abierto respaldo a las candidaturas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Caso boliviano

Seguidamente se hace mención a Bolivia y a los 13 años del “proceso de cambio” que generó una restructuración social, económica, político-institucional y geopolítica; al supuesto saqueo de las riquezas bolivianas por más 500 años de colonización, capitalismo-colonial que se recrudecieron en los 20 años de aplicación del Consenso de Washington “por parte de los gobiernos neoliberales”; a la nacionalización de los hidrocarburos, decretada el 1º de mayo de 2006, la cual  permitió un modelo de generación de excedentes y redistribución de la riqueza que mejoraron “ostensiblemente las condiciones de vida de todos los bolivianos y bolivianas”; a que desde 2006 se consolidó y expandió el modelo económico social productivo que en la actualidad comienza “a dar sus primeras cosechas: reducción de la extrema pobreza, erradicación del analfabetismo, reducción del desempleo, disminución de las desigualdades sociales, protección de los sectores más vulnerables de la población como la niñez, las mujeres y las personas de la tercera edad, así como las transferencias económicas a los sectores más vulnerables mediante una serie de bonos que permiten saldar la deuda social”.

En tal sentido se resolvió que en virtud de que las elecciones del 20 de octubre definirían el signo político del gobierno en Bolivia para el siglo XXI, y en tal sentido el XXV Foro de Sao Paulo acordó “Respaldar la candidatura del hermano Evo Morales Ayma a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; por ser unos de los representantes más fidedignos de la Patria Grande, de unidad de los pueblos y naciones indígena originario campesinas de América Latina y el Caribe; y por ende del pueblo boliviano en su conjunto”.

Apoyo a Lula Da Silva

Se expresó el apoyo al fundador del Foro de Sao Paulo, el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, catalogado por esa instancia como un preso político.

Sostienen que Lula da Silva paga prisión injustamente, ilegalmente y sin base en pruebas y se insiste en que es un “Perseguido por la justicia brasileña con una acción encabezada por el entonces juez de primera instancia, Sérgio Moro, que fue premiado con el Ministerio de Justicia de Jair Bolsonaro, principal beneficiado con su prisión”.

El FSP estima que el exmandatario es inocente y su condena por el supuesto delito de corrupción no fue comprobado, sino que es el resultado de una maniobra para judicializar la política e impedirle ganar nuevamente presidencia de Brasil y que de esa manera retorne “el Estado de Derecho y el Orden Democrático quebrantado en el país desde el Golpe de Estado en 2016”.

Aseveran que el objetivo de esta situación es implementar un proyecto autoritario y antipopular que reste derechos a los trabajadores y refuerce los privilegios de las elites.

El Foro de Sao Paulo resolvió seguir manifestando plena solidaridad con Lula da Silva, pues su defensa “está intrínsecamente vinculada a la defensa de la democracia en Brasil, América Latina y el Caribe”.

Exigen la inmediata libertad de Luiz Inácio Lula da Silva y promueven su candidatura al Premio Nobel de la Paz. “Proponemos a todos los países que están organizados en este Foro de Sao Paulo promover la constitución de comités por la libertad de Lula”. Igualmente se promueven una serie de acciones para exigir la libertad del líder brasileño.

Solidaridad con Chile

El caso siguiente fue el de Chile, con cuyo pueblo el FSP manifestó su solidaridad dado que “enfrenta una agresiva agenda del gobierno encabezado por Sebastián Piñera, la cual busca garantizar en breve plazo mayores utilidades para el gran empresariado, todo esto a costa de retroceder en derechos sociales y laborales tanto históricos como recientemente conquistados”.

Denunciaron un supuesto hostigamiento y violación a los Derechos Humanos del pueblo Mapuche, al que se persiste en criminalizar, así como represión a la juventud y al movimiento estudiantil, y las políticas discriminatorias y racistas contra migrantes. Según el FSP todas estas actitudes son expresión del carácter de su actual gobierno.

Igualmente, acusan a Sebastián Piñera de mantener una ofensiva en conjunto con Estados Unidos y otros “gobiernos de derecha” para que se abandone el compromiso firmado por Chile como país garante del acuerdo de paz en Colombia, “guardando silencio ante el masivo y selectivo asesinato de excombatientes y dirigentes y dirigentas sociales en dicho país, también ha encabezado peligrosas provocaciones injerencistas como el fracasado intento organizado desde Cúcuta para violar la soberanía territorial de Venezuela”.

Acordaron promover en la cumbre APEC y la reunión de la COP25 en Chile, la necesidad de la paz y de modelos de desarrollo sustentables con el medioambiente, soberanos y de superación del neoliberalismo.

“Finamente, y pronto a cumplirse 50 años del triunfo de Salvador Allende junto a la Unidad Popular en Chile, respaldamos las iniciativas que permitan destacar su ejemplo unitario, creativo y transformador como aporte a la actual lucha por la soberanía, justicia social y respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos”.

Genocidio en Colombia

El FSP alerta que, según ellos, existe una escalada de persecución, violencia y asesinatos de excombatientes, líderes sociales, populares y de las organizaciones gremiales, intelectuales, docentes, defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza, defensores de LGBTI, indígenas, afrodescendientes, líderes de la oposición en Colombia y, en tal sentido, expresa su más enérgico repudio y reitera su condena a estos episodios.

Aseguran que la mayoría de las víctimas de las acciones anteriormente denunciadas, son dirigentes “que luchan por la sustitución de cultivos ilícitos; quienes resisten y se oponen a los proyectos minero energéticos de las corporaciones multinacionales extractivistas; quienes luchan por la restitución de tierras aprobadas en el Acuerdo de Paz; miembros de los pueblos originarios defensores de sus derechos ancestrales y de los Bienes Comunes; así como de opositores políticos”.

Acusan al gobierno de Iván Duque de entorpecer la implementación del acuerdo final surgido del proceso de paz, en lugar de consagrarse a su cumplimiento. Sostienen que funcionarios públicos de alto nivel y algunos medios de comunicación minimizan y justifican las “violaciones y crímenes con aseveraciones tales como ‘cobro de cuentas’, ‘líos de faldas’, o falsas sospechas, lo cual coadyuva encubrir la responsabilidad y la omisión de la acción del Estado para proteger la vida de lideresas y líderes sociales amenazados”.

Por lo antes expuesto el Foro de Sao Paulo instó al gobierno a cumplir el mandato constitucional de proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia, especialmente de los líderes de procesos sociales y ambientales.

Asimismo denuncian el incumplimiento del “Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia”; piden renovar el mandato de la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas y que el gobierno colombiano mantenga y respete las instancias nacionales e internacionales de seguimiento al cumplimiento y verificación de los acuerdos; exigen el cese inmediato del hostigamiento, actividades de inteligencia, amenazas y ataques contra las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, por parte del Estado y sus organismos de seguridad; igualmente solicitan el cumplimiento de las garantías de seguridad para el ejercicio político, el desmonte del paramilitarismo y convocar al pacto nacional para sacar las armas de la política.

Solidarios con Cuba

Respecto a Cuba, el Foro de Sao Paulo refieren que el “imperialismo estadounidense” mediante la aplicación de la “obsoleta política monroista y macartista”, incrementa la guerra económica y subversiva contra la isla con el objetivo de derrotar a la revolución.

Catalogan el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado al gobierno cubano de criminal e ilegal en procura de “la asfixia económica, la penuria del pueblo cubano y daña a terceros con su carácter extraterritorial”. Al mismo tiempo lo denuncian como el principal obstáculo al desarrollo económico y social del país, constituyéndose en una flagrante y masiva violación de los Derechos Humanos de los cubanos y de las normas y los principios del derecho internacional.

Refieren que Estados Unidos ahora trata de imponer el Título III de la Ley Helms Burton que desconoce el derecho de todo Estado a nacionalizar sus recursos,” con el absurdo reclamo en tribunales estadounidenses de tierras que antes estaban en manos de latifundistas, malversadores, torturadores y asesinos”.

Los delegados al XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo se sumaron a la “Campaña Manos Fuera de Cuba” y llamaron a un movilización de los partidos de izquierda, movimientos sociales y populares, de solidaridad, personalidades, parlamentos, gobiernos, organizaciones obreras, campesinas, de jóvenes, estudiantes y mujeres, así como a los graduados en Cuba, intelectuales y medios de comunicación para que se incorporen a acciones públicas de alto impacto mediático con carácter permanente e intensivo para “condenar la actual escalada agresiva del imperialismo yanqui contra el pueblo cubano”.

Ofensiva reaccionaria en Ecuador

El Foro de Sao Paulo denuncia que en Ecuador opera una ofensiva reaccionaria implementada —según aseguran— mediante la utilización de las instituciones jurídicas, proscribiendo así a sectores progresistas.

“Este mecanismo novedoso dedicado a perseguir a los líderes de izquierda en el Ecuador, vino a remplazar a los golpes de estado militares, digitados desde el norte y a los métodos bélicos de intervencionismo. Es peligroso, ya que disfrazado con un ropaje jurídico e institucionalista, simula ser la restauración de la República y el combate a la corrupción, ambos discursos recurrentes de las derechas. Mientras las dictaduras atentaban contra la vida y la integridad física, éste nuevo mecanismo sofisticado atenta contra la honra, la dignidad y la libertad de los líderes del progresismo por lo que resolvemos”.

Ante este panorama que dibuja el FSP, condenan la persecución a través de todas las formas que utiliza el gobierno en contra de los dirigentes; repudian la utilización del lawfare, la persecución judicial y la judicialización de la política como mecanismos dirigidos por las fuerzas conservadas en contra de los dirigentes progresistas y de izquierda en Ecuador; reafirman la importancia de la integración regional para denunciar y enfrentar esta ofensiva neoliberal, encubierta con legalismos e institucionalidad; se solidarizan con las organizaciones y sectores afectados por la implementación de políticas antipopulares resultado del acuerdo con el FMI que vulnera derechos;  condenan la entrega de Julian Assange, la persecución al activista de Ola Bini, permitir la presencia militar en territorio ecuatoriano vulnerando normativas nacionales e internacionales vigentes; exigen que el gobierno del Ecuador y los organismos de defensa de los derechos humanos establezcan acciones que garanticen la integridad de Jorge Glas ante la crisis penitenciaria que está atravesando el país; se solidarizan con Rafael Correa, con Jorge Glas, con Ricardo Patiño, y con todos los líderes víctimas de la persecución judicial dirigida por las oligarquías conservadoras.

Situación en El Salvador

El Foro de Sao Paulo respaldó el FMLN y las luchas del pueblo salvadoreño en defensa de las conquistas sociales que supuestamente están siendo desmanteladas por la “política neoliberal” del nuevo gobierno.

Reconocen la unidad revolucionaria y convicción democrática del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la lucha que ha iniciado y permanecen atentos a las actividades del actual gobierno de El Salvador que buscan desmantelar los programas sociales y destruir el sistema de derechos y de justicia social alcanzado por los gobiernos FMLN.

Rechazan la política exterior de El Salvador “alineada al imperio, y la militarización de su territorio en detrimento de la soberanía y el respeto a la autodeterminación del pueblo”; asimismo se solidarizan con el FMLN, cuyos dirigentes son víctimas actualmente de persecución política por parte de la derecha local al servicio de los Estados Unidos, parar deslegitimarles utilizando inclusive la manipulación de la vía judicial.

Guatemala

El Foro de Sao Paulo rechaza el gobierno derechista de Jimmy Morales que “responde a los intereses de la oligarquía y del imperialismo norteamericano” y manifiesta su preocupación ante el drama de la migración permanente de connacionales y de hermanos centroamericanos.

Denuncian que el acuerdo migratorio con el gobierno de Estados Unidos viola flagrantemente la soberanía nacional, los derechos de los pueblos y de los migrantes y pone al estado guatemalteco a disposición de la política intervencionista del gobierno de EE. UU. en la región.

El FSP llama “a las fuerzas progresistas, democráticas y revolucionarias guatemaltecas” a la unidad en torno a la defensa de la soberanía nacional y de los legítimos derechos de los pueblos pues este acuerdo agudizará las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado, la trata de personas, la vulnerabilidad especialmente de los derechos de la niñez y las mujeres y el incremento de la pobreza y pobreza extrema.

Honduras

El Foro de Sao Paulo sostiene que el pueblo de Honduras “tiene contra la pared al criminal régimen de Juan Orlando Hernández, testaferro de los intereses militares y extractivistas de los Estados Unidos”.

El FSP saluda la lucha social por la defensa de la salud y la educación que mantiene un paro nacional en contra de las intenciones privatizadoras del Fondo Monetario Internacional.

Sostienen que el pueblo de Honduras ha ganado dos veces las elecciones generales, pero “los Estados Unidos han apoyado la imposición del actual régimen poniendo a su disposición su aparataje mediático mundial, sus recursos económicos y militares concentrados en su Base Militar de Ocupación en territorio hondureño, así como a su ministerio de colonias la Organización de los Estados Americanos (OEA) que no sólo ha callado ante los delitos electorales, sino que también sirve para limpiarle la cara a un gobierno con descarados casos de corrupción y vinculación con el narcotráfico”.

Apoyo a la revolución sandinista

Felicitan al pueblo nicaragüense, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y al gobierno por la celebración del 40 aniversario del triunfo de la revolución sandinista y respaldan los esfuerzos de Daniel Ortega por la consolidación de la paz y la continuidad de las transformaciones sociales.

Condenan el intervencionismo del imperialismo norteamericano puesto de manifiesto con el supuesto un intento de golpe y en la agresión económica a través de las sanciones.

Gobierno neofascista en Paraguay

El FSP denuncia la subordinación del gobierno “neofascista” de Abdo Benítez, conjuntamente con el de Mauricio Macri y Bolsonaro al imperialismo, profundizado con el alineamiento incondicional a la iniciativa de EE. UU. que engloba a Argentina, Brasil y Paraguay en la llamada Triple frontera posterior a la reunión de cancilleres con Mike Pompeo en Buenos Aires.

Según el FSP esto constituye “un grupo antiterrorista conjunto, bajo control directo norteamericano con el objetivo de supuestamente de combatir y neutralizar operaciones terroristas en la región”, lo cual se traduce en un germen de un verdadero Plan Cóndor Subregional.

Perú

El Foro de Sao Paulo respalda al pueblo del Valle del Zambo (Provincia de Islay, en Arequipa, Perú) en su enfrentamiento a la agresión policial del gobierno de Martín Vizcarra en procura de preservar sus tierras, sus cultivos, el agua y su territorio ante la explotación minera irresponsable.

Independencia de Puerto Rico

El Foro de Sao Paulo rechaza el argumento del  gobierno de los Estados Unidos que expresa que la soberanía de Puerto Rico reside exclusivamente en su Congreso.

Sostienen que la presencia de EE. UU. en la isla constituye un peligro para la soberanía y seguridad de todos los países del hemisferio por su situación geoestratégica y área utilizable para invadir países de la región.

Por tanto, el FSP resolvió reiterar su apoyo y solidaridad al ejercicio de la autodeterminación y el  derecho a la independencia de la nación puertorriqueña, al tiempo que respalda las gestiones para elevar el caso de Puerto Rico ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con la celeridad que amerita.

Manifiestan si solidaridad con las protestas que desembocaron en la renuncia del “administrador colonial, Ricardo Rosselló, y muchos de sus funcionarios más cercanos” manifestadas en medio de una profunda crisis económica e institucional que le imprime singular pertenencia a la lucha más que centenaria del pueblo puertorriqueño por su autodeterminación e independencia.

Rumbo al cuarto gobierno izquierdista en Uruguay

Para el Foro de Sao Pauli resulta fundamental que en Uruguay gane la fórmula de Daniel Martínez y Graciela Villar para dar continuidad al gobierno de izquierda y progresista.

Aseguran que en 15 años de gobierno del Frente Amplio se fortaleció la agenda de los derechos en la nación suramericana. “Se democratizo el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se amplió en estos años la asistencia sanitaria, permitiendo la incorporación de la totalidad de la población. Se ha invertido cifras récord en educación, multiplicando las matriculas de la educación media y universitaria. A través de políticas sociales se ha logrado contemplar las principales carencias de las personas más vulnerables”.

Libertades en Cataluña y el estado español

Los partidos políticos participantes en el XXV Encuentro del Foro de São Paulo resolvieron reconocer y apoyar los procesos de radicalidad democrática, el derecho de autodeterminación de los pueblos y, por su mismo carácter internacionalista, todos los procesos de emancipación nacional y social que se expresan de manera pacífica y democrática.

Este apoyo surge a propósito del “proceso de radicalidad democrática que ha iniciado el pueblo de Cataluña con el objetivo de ejercer su derecho a la autodeterminación y decidir su futuro político, profundizar en el sistema democrático y la justicia social”.

Denuncian la represión y la vulneración de derechos civiles ejercida por parte del estado español que conlleva la existencia de presos políticos, exiliados y la judicialización de la política.

Instan al estado español a garantizar la libertad, los derechos civiles, políticos y sociales, y a reconocer el derecho a la autodeterminación también como instrumento para la prevención de conflictos y que se establezca un marco de diálogo democrático entre las instituciones españolas y catalanas.

País Vasco

El FSP instó al gobierno español en manos de Pedro Sánchez “a acabar con el sufrimiento”  de los familiares de los presos políticos en el País Vasco, reagrupándolos y liberando a los que padecen enfermedades incurables y a los mayores de 65 años, “como primeras medidas de una agenda que permita la excarcelación temprana de todos los presos, para así poder superar todas las consecuencias del conflicto”.

Palestina

El Foro de Sao Paulo reafirma su solidaridad con el pueblo palestino, rechaza la ocupación ilegal israelí y denuncia que las acciones del Estado de Israel trastocan cualquier proceso de paz.

Se pronuncian porque Palestina obtenga el reconocimiento como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas.

Sobre República Saharaui

El Foro de Sao Paulo declaró su apoyo irrestricto a la lucha del pueblo saharaui por su libertad, soberanía e independencia nacional, bajo la dirección de su representante legítimo, el Frente Polisario y del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática.

Siria libre

Del mismo modo, se condenó la que estiman es una agresión sistemática a la República Árabe Siria por parte del gobierno de los EE. UU. y la OTAN.

El FSP denuncia la intención de Israel de anexarse las Alturas del Golán en violación al derecho internacional vigente.



[1] Foro de Sao Paulo. “Memoria del XXV Encuentro del Foro de São Paulo – 25 al 28 de julio de 2019 – Caracas, Venezuela”. 27 de agosto de 2019.  https://forodesaopaulo.org/memoria-del-xxv-encuentro-del-foro-de-sao-paulo-25-al-28-de-julio-de-2019-caracas-venezuela/

martes, 5 de noviembre de 2019

Los desafíos del Foro de Sao Paulo: Retomar del poder en Latinoamérica y combatir a la “derecha” y las políticas “colonialistas” de EE. UU.

Tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz es fundamental conocer bien a tu enemigo y aprender su estrategia. 
El Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) fue el encargado de elaborar el Documento base  que sirvió de punto de partida para las discusiones en el XXV Encuentro del Foro de São Paulo que tuvo lugar en Caracas en fecha reciente. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit


En líneas generales, la cita en la capital venezolana apuntó sus esfuerzos y propuestas a lograr la retoma del poder en Latinoamérica y el Caribe, así como entablar una lucha frontal contra la política colonialista e imperialista de los Estados Unidos sustentada en la Doctrina Monroe.

Entre el 25 y 28 de julio del corriente año 2019 tuvo lugar en Caracas el, actividad que tuvo por lema  “Por la Paz, la Soberanía y la Prosperidad de los Pueblos: ¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!”. Durante estos tres días los participantes llevaron a cabo reuniones de grupos de afrodescendientes, jóvenes, mujeres,  parlamentarios, pueblos originarios; de las secretarías regionales andino amazónica, cono sur y mesoamérica y el caribe.

Igualmente la memoria del encuentro da cuenta de reuniones con los “partidos políticos amigos de Asia, África y Oriente Medio, así como actividades temáticas relativas al debate sobre la economía mundial, intelectuales, artistas y movimientos sociales; un taller de comunicación.

La ocasión sirvió para realizar el II Diálogo con las plataformas, articulaciones y redes del movimiento social y popular; el Seminario sobre las experiencias y perspectivas de los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe; y las plenarias del XXV Encuentro.

El documento base

Esta cita del Foro de Sao Paulo se llevó a cabo a partir de un documento base elaborado por el Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV)[1] en el que se advertía acerca de la necesidad de asumir “grandes desafíos que reclaman una discusión profunda, nuevas acciones que den cuenta de los cambios en la correlación de fuerzas, tanto en los países en los que se lucha con ahínco para alcanzar el poder en el ámbito nacional, como en los que se han registrado severas derrotas, y aún más, en donde las fuerzas revolucionarias detentan el poder y resisten con brío la embestida imperialista”, subrayando que “Las modalidades de las luchas en desarrollo son distintas en cada caso, y han de estudiarse según sus particularidades, sin perder de vista, ni por un instante, el carácter continental de la confrontación histórica en curso”.
     En el documento se echa mano de viejos conceptos y categorías para denunciar la “amenaza de invadir militarmente a Venezuela”, la violación de la Carta de las Naciones Unidas, la política golpista de la derecha ante lo cual es preciso que el movimiento popular se reafirme en los principios de la democracia participativa para enfrentar “la canalla mediática que actúa como eje articulador de las fuerzas antidemocráticas y neofascistas”, pues “estamos frente a un modelo de guerra multifactorial, que requiere de respuestas innovadoras”.

     Alerta de que el gobierno de los Estados Unidos ha invocado la “Doctrina Monroe” para desconocer la soberanía de los Estados y el derecho a la autodeterminación y la resolución pacífica de los conflictos, subrayando que la política exterior de Washington se aparta del multilateralismo con la intención de “socavar, por tanto, a la economía mundial y a la seguridad de las naciones”.

   Se hace mención de las  experiencias de los “gobiernos progresistas” de Latinoamérica y el Caribe -aunque disímiles que supuestamente “han logrado reivindicar al ciudadano, distribuir el ingreso de manera progresiva, recuperar el rol del Estado en la conducción de la economía y el desarrollo de políticas públicas de alto impacto dirigidas a abatir la pobreza extrema” en oposición “al recetario neoliberal del Fondo Monetario Internacional, cuya política no sólo afecta la vida de las mayorías, sino que está demostrada su inviabilidad como generadora de consensos, y por el contrario, ensancha la brecha social entre el 1 % de los llamados ̔súper-ricos̓ y el resto de los seres humanos”.

   Consideran como una amenaza que en países de Europa y América Latina hayan tomado el poder “grupos de ultraderecha y pro fascistas, con una práctica autoritaria y antidemocrática en el manejo del Estado y de las fuerzas de seguridad, con políticas xenófobas, represivas y restrictivas del libre ejercicio de la prensa y de las organizaciones políticas”.

   Refieren que los cambios geopolíticos y de la economía mundial surgen de la reestructuración del sistema capitalista, apoyada en las nuevas tecnologías de la comunicación e información, en una modificación de la base material de la sociedad y de las formas de producción, distribución, intercambio y consumo en respuesta a la crisis de acumulación de los años 70 del siglo XX sustentada en las tesis neoliberales que estructuraron el “metarelato de la globalización”.

  Sostienen que las desigualdades sociales llegan a extremos inauditos pudiéndose afirmar que “estamos en el borde de los límites ecológicos del modelo”, requiriéndose la renovación profunda de la ciencia de la economía política “para que pueda dar cuenta de las nuevas transformaciones en desarrollo”.

   Aseguran que el mundo unipolar surgido luego de la “Guerra Fría” ya no existe, pues se han instituido nuevos polos de poder y las economías emergentes juegan un rol decisivo, tanto en la producción como en el comercio. Se ha experimentado un declive de la economía estadounidense y el relativo estancamiento de una parte de Europa, mientras China y Rusia avanzan en la economía y en el plano científico y tecnológico, horadando el imperialismo norteamericano.
    Indican que la economía mundial presenta actualmente algunas particularidades, como el hecho de que la economía estadounidense, que aunque sigue siendo la primera economía del mundo, apunte al declive en el largo plazo, con respecto a las economías emergentes.

    La caída de la producción estadounidense se evidencia en el hecho de que al finalizar el siglo XX, esta generaba el 31 por ciento del PIB mundial, mientras que en 2005 era del 27 por ciento y ya para 2017 era del 25 por ciento, es decir, su peso se ha reducido mientras que el de la de China se ha incrementado.

   Igualmente señalan que cada vez aumenta más la cantidad de países que dejan de utilizar parcialmente el dólar estadounidense como moneda de referencia para sus transacciones internacionales, lo cual es un asunto muy delicado para la economía de los Estados Unidos, como también lo es la magnitud de su deuda externa, particularmente la que ha contraído con China. Esto, sostienen, junto a las fuertes fluctuaciones de los precios del petróleo, son sin duda una amenaza a la hegemonía estadounidense.

  Del mismo modo refieren que existen nuevas tendencias en producción científica y técnica como el hecho de que en 2012, el 23.4 por ciento de los graduados en ciencias exactas e ingenierías a nivel mundial obtuvo su grado en China, mientras que el 23 por ciento lo hace en India, frente a apenas el 9.2 por ciento que lo hace en Estados Unidos y 11.5 por ciento en Europa.

  El documento agrega que los analistas estiman que la economía política se abre paso cuestionando la ideología neoliberal, al mismo tiempo que surgen nuevas formas de organización de la producción, la distribución, el intercambio y el consumo.

   Se indica que la política proteccionista de Donald Trump tiene sus límites y continuará su puja con los otros bloques de poder tratando de controlar mercados y las fuentes de materias primas, y por encima de todo, alcanzar el objetivo político de derrotar a las fuerzas progresistas y de izquierda.

   Sin embargo, advierten que aun cuando el gobierno de Estados Unidos puede ser derrotado, es posible que también puedan revertir todos los procesos de cambio y recomponer su hegemonía. “Estados Unidos tiende a ser desplazado como principal potencia mundial pero puede impedir su caída si logra sus propósitos en Asia y controla los mercados y recursos estratégicos de Suramérica. Por eso, el desenlace de la lucha política en esas regiones del mundo determinará el futuro de la humanidad para muchos años”.

   Refiere el documento que la guerra comercial entre China y Estados Unidos es expresión de la lucha por la hegemonía en el ámbito de la ciencia, la tecnología y en los mercados financieros, de bienes y servicios, entre otros hechos.

Crisis del sistema capitalista

   Aseguran que las “abismales desigualdades sociales” se ponen de manifiesto en todos los continentes.

Se trata de un debate que se origina en el momento histórico en el que surge de la realidad la ciencia de la Economía Política y que adquiere protagonismo en razón de la aplicación de las políticas neoliberales.
   Se refiere que la crisis orgánica del sistema capitalista se encuentra vinculada al hecho de las contradicciones entre el trabajo y el capital, “que su estructuración actual deviene en la agudización extrema de las desigualdades sociales, que los límites ecológicos son ostensibles e inciden en la producción y en la vida misma de los seres humanos, y, en la que se manifiesta entre los estados nacionales —propietarios de buena parte de las materias primas esenciales—, y las grandes corporaciones transnacionales”.

    Se remiten a un estudio llevado a cabo por Vincenc Navarro que plantea la tesis de que la alta rentabilidad del capital es producto de la caída abrupta de la renta del trabajo.

   Así, mientras las políticas públicas se encaminan a aumentar la tasa de explotación del mundo del trabajo por parte del mundo del capital bajo el argumento de que la eficiencia económica sustentada en el aumento de la competitividad a costa del sacrificio del trabajador mediante la bajada de salarios y disminución de su protección social.

  Entretanto, las rentas del capital se han ido disparando, una enorme acumulación y concentración de las rentas del capital obtenidas a costa de la súper explotación de las rentas del trabajo.

La doctrina Monroe

   En el documento se asegura que Latinoamérica y el Caribe son el escenario de una confrontación histórica.

  En este sentido advierten que la propiedad de los recursos naturales por parte de estados nacionales de la zona, a lo que se suma la importancia creciente de sus mercados, marca una contradicción con la política imperialista de controlar esos recursos y la implantación de gobiernos que sirvan a sus intereses.

     “La estrategia de la primera potencia mundial de cara al sur del continente es la ‘Doctrina Monroe’, línea que ha sido ratificada por la actual Administración. La posibilidad de construir un sistema de acuerdos entre las naciones latinoamericanas y los Estados Unidos para transitar las vías de la cooperación, solo será posible cuando las fuerzas socialistas y democráticas —que existen en el país del norte— se conviertan en mayoría política decisiva. Lo cierto es que la línea de Washington es liquidar la integración latinoamericana y caribeña, y para ello cuenta con la derecha pro-imperialista de cada uno de nuestros países”. 

    Según los exponentes, esta ofensiva es más dañina para “las fuerzas de izquierda donde ellas aún no se han planteado, no han sabido o no han podido identificar y resolver sus propios errores e insuficiencias, reconociendo además que no se ha logrado consolidar los caminos de integración y a su vez profundizar las estructuras necesarias para sustentar en el tiempo los cambios alcanzados”.

    Sostienen que la victoria de Nicolás Maduro Moros el 20 de mayo de 2018 y la de Andrés Manuel López Obrador en México revisten suma importancia e indican que si bien el nivel de la confrontación con la derecha pro-imperialista se ha profundizado, igualmente se pone de manifiesto que las fuerzas populares mantienen su capacidad política. Se plantea, entonces, la necesidad de la unificación de criterios políticos, de programas y de asumir los contenidos esenciales del “Consenso de Nuestra América”.

   Consideran que el retiro de la UNASUR de los que califican como gobiernos neoliberales de Suramérica para constituir PROSUR como mecanismo para liquidar los procesos de integración demuestra la sumisión de estos países a extremos que estiman vergonzosos, “toda vez que el único que se beneficia de la ausencia de la unión suramericana es el imperialismo”.

   “Estos gobiernos de la ultraderecha no pueden comprender que: el intercambio comercial de los productos elaborados entre los países del área puede significar un salto cualitativo en nuestras industrias; y que la realidad de los mercados internacionales indica a las claras que resulta más conveniente negociar en bloque que por separado; las políticas sociales tienen una mayor eficacia si se despliegan de manera unificada; y la ventaja comparativa de contar con enormes recursos naturales se potencia y se convierte en realidad en la medida que la actuación es conjunta. Solo gobiernos contrarios a los intereses de los pueblos pueden participar en un plan para destruir la integración, y es por ello que el movimiento popular tiene el deber de levantar la bandera de la unidad”.

   Subrayan que la integración regional latinoamericana y caribeña es estratégica en la lucha por la liberación de nuestros pueblos.

    Para el Foro de Sao Paulo, dicen, es fundamental establecer las razones de las derrotas electorales de las fuerzas progresistas que se han registrado hasta ahora.
    Plantea el documento que los países de la región deben continuar en la lucha anticolonial, por lo que es menester proseguir con la defensa incondicional de la independencia de Puerto Rico, Martinica, Santa Lucía y otras islas caribeñas, así como el derecho del pueblo argentino a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

  “También de los derechos de los pueblos latinoamericanos y caribeños a su soberanía y de decidir libremente sus propios caminos, sin cualquier interferencia de EUA o de cualquier otra nación. La continuidad del colonialismo europeo sobre naciones caribeñas es una afrenta a nuestros ideales de unidad y soberanía, así como el fortalecimiento del dominio colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico, con la imposición de una Junta de Control Fiscal, política que se muestra un total fracaso”.

Agresión a Venezuela

    En uno de sus apartes, el documento base del encuentro del Foro de Sao Paulo hace referencia a la que califican como agresión directa del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela, lo cual constituye el centro de la confrontación política.

    En este sentido citan el “intento de invasión del 23 de febrero, bajo la excusa de introducir a la fuerza una supuesta ‘ayuda humanitaria’, y el ataque al sistema eléctrico fueron respondidos por el pueblo con altivez en todo el territorio nacional, hecho que pone de relieve una profunda conciencia patriótica, la misma que derrotó políticamente el llamado a sublevación que hizo el ‘autoproclamado’ dirigente de la oposición el 30 de abril pasado, cuando quedó claro para el mundo que ese sector de la oposición abandonó la ruta pacífica, electoral y constitucional, y transita los atajos del golpismo”.  

    Aseveran que el gobierno de EE. UU. violó los principios de la Carta de las Naciones Unidas con su amenaza de invasión militar a Venezuela, acentuando la aplicación de sanciones financieras dirigidas a asfixiar económicamente al país y con la política de injerencia en asuntos que únicamente son competencia de los venezolanos.

El “diálogo” en Noruega

    Por otra parte, las conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolana en Noruega son referidas en el documento, como un proceso que cuenta con amplio respaldo “de los gobiernos progresistas del mundo, de los partidos democráticos y los movimientos sociales, y por encima de todo, del pueblo venezolano, que cada día más, afianza su cultura democrática y de paz”.

   Citan el apoyo manifiesto al diálogo político por parte de México, Uruguay, Cuba, Nicaragua, Bolivia y los países del Caricom, como mecanismo de resolución pacífica de las controversias, a las par de que exigen la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Este es también el pronunciamiento —dicen, de China y Rusia, así como de naciones de Asia y África.

   También destacan como de alto nivel la iniciativa uruguaya, la cual convoca a la Unión Europea, Caricom y otros actores de peso regional y mundial a reunirse en el Mecanismo de Montevideo, en momentos en que era impulsado por algunos países europeos “el reconocimiento ‘al dirigente opositor que se autoproclamó presidente interino’, promoviendo además sanciones al Gobierno de Venezuela”.

   Para los países del Foro de Sao Paulo, estas acciones generaron las condiciones para impulsar una iniciativa de diálogo por la paz y contra la injerencia y la intervención militar.

La cuarta transformación de México

   En el documento base del encuentro, se indica que la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México constituye la “Cuarta Transformación” de la nación azteca.

    Esta denominación busca equiparar la victoria de López Obrador al proceso de la independencia, a la Reforma liderada por Benito Juárez y la Revolución Mexicana de principios del siglo XX e indica que “la política de recuperación de la economía será uno de los grandes retos del nuevo gobierno, la puesta en marcha de complejos planes de desarrollo productivo y el apoyo a los emprendedores en cada una de las regiones de ese inmenso país”.

   Agregan que en materia internacional la administración de  Andrés Manuel López Obrador retoma la tradicional política exterior de México sustentada en el principio de la no injerencia en los asuntos internos de los demás países. “Ante la situación de Venezuela, además de ofrecer junto a Uruguay un mecanismo de diálogo y negociación, su Presidente mantiene la máxima que expresó en su tiempo el prócer Benito Juárez: ‘Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz’”.

Nueva Constitución cubana

   Seguidamente, el documento base se remite a Cuba, donde se “debatió” y “aprobó” una nueva Constitución que es “expresión de la democracia socialista, que avala en términos jurídicos y conceptuales las transformaciones previamente recogidas en los documentos programáticos acerca del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista, adoptados en el VI y en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba”.

    Según indican, esta “Carta Magna garantiza, en las circunstancias actuales, los pilares fundamentales de la nación: la unidad de todos los cubanos, la justicia social y la independencia y soberanía de la Patria”.

    Acusan al imperialismo de intentar impedir que la revolución cubana avance hacia la construcción de ese modelo de sociedad para lo cual recurre al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero.

    Recuerdan que si bien Barack Obama reconoció la inefectividad de la política de hostilidad y de bloqueo, con el propósito de inducir un cambio de sistema socio-económico que permitiera la recolonización de Cuba, la estrategia era la seducción y la implementación de un plan dirigido a determinados sectores de la sociedad cubana.

Para Cuba esto era un reconocimiento de la derrota por parte de EE. UU.

“La Revolución asumía el reto de enfrentar al imperialismo en el terreno de las relaciones públicas y el combate ideológico”. 

   El restablecimiento de las relaciones diplomáticas no las llevó a alcanzar la normalidad, pues el bloqueo y la intención desestabilizadora se mantuvieron.

   Con la llegada al poder de Donald Trump no se produjo un cambio en los “fines de la política imperial” y, por el contrario, la hostilidad alcanzó su punto más álgido, aseguran.

   “Los imperialistas querían monitorear la transición generacional que vive la Revolución, y crear un frente interno. Fracasaron en ambos propósitos. Ahora incrementan el cerco a la economía cubana y criminalizan sus logros políticos. Pretenden que la Revolución renuncie al internacionalismo, en especial a los lazos de hermandad con el pueblo y el gobierno venezolanos, y a la solidaridad interna”.

    De acuerdo al documento, la respuesta a esta situación fue la aprobación de la nueva constitución que ratifica el carácter socialista de la revolución y el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba.

Libertad para Lula

   En uno de los apartes del documento se hace mención a la situación brasileña, en específico, del expresidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, líder del Partido de los Trabajadores quien está preso, según sostienen en el Foro de Sao Paulo, “no porque haya cometido delito alguno, sino porque era la única posibilidad que tenía la ultraderecha que hoy gobierna al Brasil de obtener un triunfo en los comicios de octubre pasado”.

  Aseguran que Lula Da Silva hubiera sido el ganador en las elecciones presidenciales.

  Agregan que de acuerdo a The Intercept Brasil el juez Sergio Moro, responsable por la condenatoria, y los fiscales federales encargados de las investigaciones y acusaciones, supuestamente actuaron parcial y políticamente para orquestar un golpe de estado contra la democracia brasilera que se inició con el proceso contra la presidenta Dilma Rousseff.

    Refieren que actualmente ha declinado la popularidad del actual presidente Bolsonaro dado que para parte de la población ha quedado clara la “oferta engañosa” que se levantó alrededor de su candidatura.

    El documento sostiene que Brasil vive un retroceso en lo que se refiere a sus conquistas sociales y democráticas. “El Partido de los Trabajadores y todo el campo popular brasilero tienen un inmenso reto por delante, como es la conformación de un amplísimo movimiento político y social, mediante el cual se recupere la democracia y la posición integracionista y soberanista que desarrollaron los gobiernos de los compañeros Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff”.

En Nicaragua

   Luego pasan a citar el caso de Nicaragua y, al respecto, manifiesta el documento que “el pueblo nicaragüense derrotó al Golpe de Estado que se puso en marcha” en 2018.

   Catalogan las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega como “acciones vandálicas” y agregan que “el cerco diplomático y político del imperialismo hizo que la derecha neoliberal incursionara en el intento de socavar las bases de la Revolución Sandinista y liquidar a la institucionalidad democrática”.

    Advierten que las maniobras del imperialismo no cesan en contra del gobierno sandinista, siendo continuas por parte de Estados Unidos “que no alcanza a entender que la Doctrina Monroe no tiene vigencia histórica”.

El Salvador

   Mencionan el caso salvadoreño en donde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, sufrió un duro revés luego de diez años al frente del gobierno.

   Consideran como un reto el debate sobre los alcances y los límites de su acción de gobierno y establecer la ruta a seguir en nuevas condiciones para reconquistar el poder.

Uruguay

   Sobre Uruguay, se dice que desde 1º de marzo de 2005 el Frente Amplio se encuentra al frente del gobierno en los cuales el país ha experimentado un crecimiento económico ininterrumpido, acompañado de una fuerte distribución social de la riqueza.

“Esto significo que Uruguay logró alcanzar el mayor PBI per cápita de Latinoamérica con la mejor distribución de la riqueza como lo marcó la CEPAL”.

   En tal sentido refieren el descenso pronunciado de la pobreza, duplicación del gasto en salud, garantía  en derechos sexuales y reproductivos, aumento del gasto educativo, incremento de los salarios docentes.

   Para el Foro de Sao Paulo era fundamental que en las elecciones de octubre el Frente Amplio conquistara por cuarta vez el gobierno uruguayo.
Bolivia

  Califican el gobierno boliviano de Evo Morales como un movimiento social de raíz indígena-campesina en alianza con la clase obrera.

   Precisan que Morales debía enfrentar en las elecciones de octubre a la ofensiva de la derecha, “con un balance ampliamente positivo para toda la nación, siete años de crecimiento económico, la ampliación de la capacidad productiva de Bolivia y el abatimiento progresivo de la pobreza extrema y de la pobreza en general”.

Argentina

    Los comicios presidenciales argentinos fueron el siguiente punto a tratar en el documento base del encuentro de Sao Paulo en Caracas constituyéndose, de acuerdo a su punto de vista, en un enorme desafío para el movimiento popular que desde las calles ha luchado contra la política neoliberal de Mauricio Macri.

Colombia

   Sobre la nación neogranadina, el documento base del foro de Sao Paulo se remite al proceso de negociación política entre el gobierno de Colombia y las FARC, el cual desembocó en los Acuerdos de La Habana que han sido paralizados por la administración de Iván Duque.

   Estiman como un retroceso, sobre todo en materia de la Justicia Especial de Paz, las órdenes de captura y detención contra algunos de los dirigentes del ahora partido político legal Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

  Denuncian que el gobierno de Duque mantiene una completa adhesión a la política exterior estadounidense manifiesta, según su forma de interpretar los hechos, en la posible la incorporación de Colombia a la OTAN, “decisión que significaría una verdadera amenaza a la paz de la región”.

   Sostiene el documento que la política colombiana se involucrado directamente “en el plan estadounidense de agresión directa a Venezuela, como el que se registró el 23 de febrero, cuando se trató introducir, por la fuerza, una supuesta ayuda humanitaria a la Patria de Simón Bolívar, desde territorio colombiano”.

  Aseguran que las fuerzas populares colombianas se encuentran movilizadas en contra de la política económica del gobierno de Iván Duque, el cual supuestamente acentúa la represión contra las comunidades indígenas y campesinas, así como “los asesinatos contra líderes sociales es una realidad dramática de Colombia”

  Agregan que “El Gobierno de Duque se atrinchera en sus posiciones ultraderechistas, la popularidad del mandatario desciende, sobre todo por la reacción de la opinión pública colombiana en contra de la posibilidad de involucrarse en una guerra con Venezuela. Retomar el camino de la cooperación, del intercambio comercial, de las relaciones diplomáticas respetuosas y de una política común en la zona fronteriza, así como también, la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, es la decisión racional que debe adoptar el Estado colombiano”. 

Las propuestas

  El documento base para el encuentro del Foro de Sao Paulo elaborado por el PSUV, formuló una serie de proposiciones que, a saber son:

1) Desarrollar actividades en diversos ámbitos que contribuyan a preservar la paz en la región lo cual pasa, de acuerdo a su visión, por denunciar y condenar las reiteradas amenazas de invasión militar a Venezuela, “la injerencia del gobierno de los Estados Unidos y el llamado ‘Grupo de Lima’”. Se deben desplegar iniciativas parlamentarias, mediáticas y de movilización de respaldo al proceso de Diálogo Político iniciado en Noruega.

2) Acelerar y ampliar desde el Foro de Sao Paulo las jornadas “Lula libre” en todo el continente con miras a la “recomposición democrática de Brasil”.

3) La integración latinoamericana y caribeña es, según el Foro de Sao Paulo, fundamental para las “fuerzas progresistas” en el sentido de aportar soluciones viables a la situación económica, sobre la base de “la cooperación y la solidaridad, tanto en el plano de las transacciones financieras y comerciales, como las que se concentran en las políticas sociales incluyentes, es por ello de capital importancia la defensa de instituciones como la Unasur, que hoy pretende ser liquidadas por los gobiernos neoliberales”.

4) “El tema de las migraciones en el continente es un asunto de primer orden, pero es menester analizar a fondo sus causas y delinear políticas específicas a desplegar desde los movimientos sociales y desde los partidos revolucionarios, y de una manera especial, en el campo de la cooperación intergubernamental, en la medida en que ello sea posible. Ahora bien, lo cierto es que este problema no se puede abordar desde la perspectiva del gobierno estadounidense, cuya principal oferta electoral es la construcción de un muro en su frontera sur, muy por el contrario, lo que está planteado es la cooperación entre las naciones, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos migrantes como principio”.

5) El tema de la corrupción es abordado en el documento y se propone la lucha contra este flagelo. Sin embargo, ignoran las múltiples denuncias formuladas contra lo que ellos denominan “gobiernos progresistas” y aseguran que el combate a la corrupción “es y ha sido uno de los puntos centrales de la lucha de la izquierda en el continente, en las actuales circunstancias de la lucha política, es imprescindible que denunciemos la ‘farsa’ que pretende instalar la derecha en la opinión pública, y pasar a la ofensiva en este terreno”.

6) Plantean como imprescindible luchar contra el bloqueo económico a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sostienen que “esta política imperialista provoca una alta tensión en todos los países, su derivación inmediata es la asfixia económica y sus consecuencias sociales son catastróficas”

7) Desarrollar de manera conjunta con las organizaciones hermanas de Europa, una jornada de lucha contra la especulación financiera, los llamados “paraísos fiscales, y los tratados de libre comercio que atenten contra el desarrollo nacional y el trabajo, y alertar en el cuidado del medio ambiente, es ésta una tarea en la que pueden participar movimientos de todos los continentes.

8) “Levantar un amplio movimiento de opinión continental por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC, además de denunciar los asesinatos de líderes sociales y la represión contra el pueblo colombiano, es hoy una tarea prioritaria del FSP. También defender el respeto a la libertad política y la validad del mandato de la compañera Ángela María Robledo, excandidata a vicepresidenta de Gustavo Petro, por Colombia Humana, cuya elección fue declarada nula en un claro juicio persecutorio contra las fuerzas de izquierda y progresistas en Colombia”.

9) Instan a defender la  Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) catalogado por el Foro de Sao Paulo como “uno de los instrumentos de la integración formado por grandes líderes continentales como Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega”.

10) Procurar la confluencia de movimientos sociales de todos los continentes, junto a los partidos progresista para así instituir un plan mínimo común.

11)  “Redoblar los esfuerzos en la lucha contra el colonialismo en toda la región y en particular, en el caso de Puerto Rico, nación que forma parte de América Latina y el Caribe, que libra una batalla histórica por su autodeterminación e independencia”.

12) Trabajar desde cada país y organizaciones en pos de “la unidad y amplitud de la izquierda, el progresismo, el movimiento popular en América Latina y el Caribe, para detener el avance de la derecha y defender las causas justas de nuestros pueblos”.

[1]Foro de Sao Paulo. “Documento Base del XXV Encuentro del Foro de São Paulo – Caracas, Venezuela”. 26 de agosto de 2019.https://forodesaopaulo.org/wp-content/uploads/2019/08/Doc-Base-Versio%CC%81n-DEF.pdf