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martes, 29 de mayo de 2018

Juez de NY niega petición de nuevo juicio a los dos hombres culpables de blanquear más de US$100 millones a funcionarios chavistas

En este caso aparecen como beneficiarios del dinero transmitido por Miami Equipment los exfuncionarios del gobierno venezolano, Nervis Villalobos, Fidel Ramírez Carreño (hermano del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño) y Enrique Rafael Cid Montes asesor del exministro de Energía y Minas, Jesse Chacón, entre otros. El Consorcio KCT era el principal cliente de la empresa usada para efectuar el blanqueo.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Uno de los hombres que fueron hallados culpables por un jurado en Nueva York de haber usado una empresa de materiales de construcción en Miami para lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pidió a un juez que se realizara un nuevo juicio alegando que en el realizado el octubre de 2017 la fiscalía no logró demostrar su culpabilidad.  Luis Javier Díaz alegó que tiene derecho a ser absuelto, o a un nuevo juicio porque fue perjudicado por el interrogatorio incorrecto que el gobierno federal aplicó a su padre, Luis Díaz Jr.
Los abogados del acusado aseguraron que el jurado fue corrompido por una "exhibición incendiaria" que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó de elementos que implicaban a los dos acusados, Luis Javier Díaz (el hijo) y Luis Díaz Jr. (el padre) en la comisión de crímenes no relacionados con los cargos el caso.

La corte del Distrito Sur de Nueva York negó la petición y anunció que se siguen los procedimientos pertinentes para fijar nuevamente la fecha de la sentencia que estaba prevista para el 27 de abril de 2018 y que se prorrogó debido a la solicitud de mociones hechas por los equipos de defensa de los dos demandados.

La defensa alega, además, que al ser las ofensas de condena delitos de Clase C y D —violaciones de los que hallado culpable Luis Javier— lo hacen elegible legalmente para una sentencia de libertad condicional. "Luis Javier es un candidato particularmente bueno para tener éxito en libertad condicional, ya que no tiene antecedentes penales y cumplió con sus condiciones de fianza durante 17 meses, sin incidentes, lo que demuestra su voluntad y capacidad de seguir las reglas y restricciones de la Corte".

La Oficina de Libertad Condicional recomienda un rango de pautas de 151-188 meses. Luis Javier sostiene que el rango de las pautas no debería ser superior a 15-21 meses.

El caso

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a dos empresarios cubano-americanos que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron jugosos contratos de PDVSA y Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.

Los dos hombres fueron juzgados por los siguientes cargos:

1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión;

2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;

3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y

4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión.

El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50), fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel.

Objeciones presentadas por la defensa

En un documento presentado a la corte del Distrito Sur de Nueva York por la defensa de Luis Javier Díaz objetan los cálculos de las pautas recomendados por la Oficina de Libertad Condicional en el Informe de Presencia ("PSR"). Dicen que esta presentación también incorpora la solicitud de Luis Javier en una disminución de la pena de acuerdo lo establecido en las normas de los EE. UU. que establece que la conducta delictiva en este caso está "fuera del corazón" del lavado de dinero típico.

Entre las objetivaciones presentadas, los defensores destacan que en el informe del PSR establece un nivel de ofensa base de 30 al responsabilizar a Luis Javier por USD 100 millones como el "valor de los fondos".  Dicen los abogados que Luis Javier Díaz fue condenado por violar 18 U.S.C. §1956. PSR, ¶71 y el PSR aplica un aumento de dos niveles para el "lavado sofisticado", delito por el cual se recomienda una sentencia de entre 151 y 188 meses si el acusado tiene antecedentes penales.

La defensa alega que Luis Javier Díaz se ubica en el nivel de delito base de 30 por el "valor de los fondos" y la mejora de dos niveles por "lavado sofisticado", es por ello que piden al tribunal  un ajuste a la baja para mitigar el papel en la ofensa, de conformidad con lo establecido en la norma USSG §3B1.2.

Asimismo, los abogados objetan el valor de los fondos, señalando que el PSR recomienda que Luis Javier Díaz sea responsable de los aproximadamente USD 100 millones en transmisiones por cable que involucran al Consorcio KCT Cumaná Internacional III. Estas transacciones KCT fueron manejadas de manera independiente por su padre, Luis Díaz, Jr., razón por la cual la corte debería rechazar la recomendación del PSR y apoyar la objeción de Luis Javier Díaz.

Argumenta la defensa que Luis Javier Díaz fue absuelto de los cargos 1 y 3, expuestos en la conspiración. Por su veredicto, el jurado —necesariamente— encontró que Luis Javier no conspiró o acordó con su padre para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia o para cometer un lavado de dinero internacional.

"La única forma lógica de explicar los veredictos es que el jurado no estaba convencido de que Luis Javier participara conjuntamente con su padre en las transacciones de KCT", dice la defensa.

Señalan que las evidencias del juicio demostraron que Luis Díaz, Jr., manejó todas las transacciones que involucraban a KCT.  Aseguran que los correos electrónicos entre la empresa de los acusados y el Consorcio KCT fueron transferencias electrónicas dirigidas a Luis Díaz, Jr., quien coordinaría las transferencias electrónicas con el banco.

Aseguran los abogados que Luis Javier defendió el caso sobre la base de que no tenía nada que ver con las transacciones del Consorcio KCT. "Si el jurado hubiese encontrado más allá de toda duda razonable que las transacciones de KCT formaban parte de una "actividad delictiva conjunta" entre Luis Javier y Luis Díaz, Jr., el jurado indudablemente habría condenado a Luis Javier por la conspiración".

Entre los elementos que exponen ante el tribunal, afirman que la evidencia directa perteneciente a Luis Javier en el juicio, se refería a su participación (sin su padre) en Miami Equipment al recibir una transferencia bancaria de USD 69.975,00 el 30 de septiembre de 2013, de una cuenta bancaria a nombre de Taller e Importaciones en Venezuela. Dos días después, Luis Javier recibió un correo electrónico de un representante de Taller con instrucciones de enviar USD 67.875,75 a la cuenta de Taller en Mercantile Commerce Bank en Florida. Se preparó una factura de Miami Equipment por la diferencia, que establece lo siguiente: "recibió USD 2.099,25, tarifa de procesamiento, 3 por ciento de USD 69.975.". La transacción de Taller no estaba relacionada con KCT; de hecho, era la única transmisión por cable que involucraba directamente a Luis Javier por la cual se cobraba una tarifa. La transacción de Taller formó la base de las condenas de Luis Javier en los condes 2 y 4, los cargos sustantivos de violación de 18 U.S.C. §1960 y §1956 (a) (2) (A).

En consecuencia, Luis Javier sostiene que el valor de los fondos debería ser de USD 69.975; el aumento de 6 niveles da como resultado un nivel de ofensa base de 12, piden los abogados.

La pequeña "comisión" para las transacciones con tarjeta de crédito referenciadas por el gobierno en este caso, claramente no era una tarifa de transferencia bancaria; más bien, implicó el reembolso a Miami Equipment por la comisión deducida por la compañía de la tarjeta de crédito para procesar esas transacciones, acotaron.

Aunque Díaz Jr. y Javier Díaz llevan a cabo mociones distintas después del juicio, los argumentos se superponen y se tratan de manera coextensiva con el fin de resolver dichos movimientos.

La defensa plantea cuatro desafíos principales al veredicto del jurado:

1) En primer lugar, argumentan que el Distrito Sur de Nueva York no era el lugar apropiado para este enjuiciamiento porque Miami Equipment solo operaba el presunto negocio de transmisión de dinero sin licencia en Florida.

2) En segundo lugar, Javier Díaz sostiene que las pruebas aducidas en el juicio fueron insuficientes para respaldar una determinación de culpabilidad sobre los cargos sustanciales de transmisión de dinero y lavado de dinero internacional.

3) En tercer lugar, los demandados sostienen que el Tribunal denegó erróneamente la solicitud de los acusados y sostienen que dicho tribunal denegó erróneamente su solicitud de una instrucción que hace referencia a la excepción del corredor de bolsa a la definición de "transmisor de dinero" en el formulario de registro de la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN").

4) Finalmente, Javier Díaz afirma que fue injustamente perjudicado por el interrogatorio del gobierno a Díaz Jr.

La corte niega todas las mociones

En una orden del juez Pauley III sobre el caso firmado el 4 de mayo de 2018, el magistrado niega todas las mociones de los demandados para la absolución o un nuevo juicio.

Entre los argumentos presentados por los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr. para pedir un nuevo juicio estaba el supuesto hecho de que "las preguntas hechas por el Gobierno a Luis Díaz Jr. (padre de Luis Javier) causaron prejuicio y habrían tenido un efecto devastador en el jurado.

Sobre este aspecto, el juez señaló que cuando el acusado Díaz Jr. testificó en el estrado, dijo que Miami Equipment no era un negocio de transmisión de dinero, el gobierno introdujo registros de cuentas de Wells Fargo que enumeraban varios depósitos en efectivo en varios lugares, incluida Nueva York, por individuos a quienes Díaz Jr. profesaba no conocer. Además de plantear preguntas sobre por qué Díaz Jr. no se daba cuenta de los depósitos aleatorios de partes desconocidas en una cuenta bancaria que él controlaba. Con ello, el gobierno buscó conectar el uso de esa cuenta de Wells Fargo con las actividades de transmisión de dinero de Miami Equipment.

La defensa dijo que el gobierno tenía una base de buena fe para explorar la actividad en la cuenta de Wells Fargo. Más importante aún, en vista de otra evidencia que sugiere que los demandados habían estado operando un negocio de transmisión de dinero, la fiscalía no tenía una base para preguntarle a Diaz Jr. si se había pagado una comisión por esas transacciones de Wells Fargo, dijo Pauley.

Los demandados argumentan que las transacciones de la cuenta de Wells Fargo fueron diferentes a las transacciones por cable que Miami Equipment realizó en nombre de sus clientes. Pero la desautorización categórica de Díaz Jr. de la práctica de cobrar una tarifa, o de administrar un negocio de transmisión de dinero, abrió la puerta para que el gobierno explorara la actividad inusual que rodea una cuenta que él controlaba. El gobierno tenía derecho a explorar si estas transacciones particulares eran parte del negocio de transmisión de dinero de los demandados dijo el magistrado.

La corte también negó los desafíos de los acusados, señalando lo siguiente:

1) Nueva York es el lugar apropiado en cualquier distrito en el que se cometa un delito. Dijo que el locus de Nueva York de muchas cuentas bancarias en cuestión en este caso también establece, por una preponderancia de la evidencia, que el lugar en el Distrito Sur de Nueva York era apropiado para los cargos internacionales de lavado de dinero.

2) Las pruebas aducidas en el juicio si fueron suficientes para respaldar la determinación de culpabilidad sobre los cargos sustanciales de transmisión de dinero y lavado de dinero internacional. El delito de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia implica "transferir fondos en nombre del público por cualquier medio" sin una licencia.

El Gobierno presentó evidencia de que los demandados, por una tarifa, autorizaron la transferencia de millones de dólares de cuentas bancarias en Florida a cuentas bancarias en Nueva York en nombre de sus clientes.

3) El juez alegó que el tribunal no denegó erróneamente la solicitud de Luis Javier de exceptuar al corredor de bolsa de la definición de “transmisor de dinero” en el formulario de registro de la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN"), cuando dio las instrucciones a los miembros del jurado.

4) Javier Díaz no fue injustamente perjudicado por el interrogatorio que el gobierno hizo a su padre Díaz Jr.

jueves, 16 de noviembre de 2017

Jurado declaró culpable a dos empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.  

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a dos empresarios cubano-americano que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron  jugosos contratos de Pdvsa, Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.
Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.
Luego de 6 días de juicio, donde la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó 6 testigos, (entre los cuales estaba la hija del acusado). El jurado pasó un día deliberando para concluir que los dos hombres son culpables de los cargos. Luis Díaz Jr. fue hallado culpable de 4 cargos y su hijo Luis Javier Díaz de dos cargos. 

Los dos hombres fueron juzgado por los siguientes cargos:

1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión; 

2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;

3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y 

4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión. 

El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50) fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel. 

De acuerdo a la fiscalía neoyorquina las condenas potenciales máximas en este caso son prescritas por el Congreso de los Estados Unidos, y cualquier sentencia de los acusados ​​será determinada por el juez de la causa William H. Pauley III.

La investigación federal -que sirvió de soporte a este caso- fue realizada por la Unida de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidroga DEA, el Departamento de Policía de Englewood, Nueva Jersey y la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Seguridad en la Frontera de los EEUU.

El caso de los Díaz fue supervisado por La Oficina de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos del gobierno federal y la acusación estuvo a cargo de los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Jennifer L. Gachiri.

La historia

A lo largo del juicio los fiscales federales mostraron al jurado una serie de evidencias que mostraban que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz usaron su empresa Miami Equipment & Export para volar más de 100 millones de dólares a varias empresas venezolanas, que así vez triangulaban pagas de sobornos a funcionarios y ex funcionarios chavistas que poseen cuentas bancarias en paraísos fiscales. Entre los funcionarios se encuentran primeramente Nervis Villalobos Cárdenas, ex vice Ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Fidel Ramírez Carreño médico, hermano del embajador Rafael Ramírez Carreño, Enrique Rafael Cid Montes asesor del ex Ministro de Energía y Minas, Jesse Chacón; Mario Vega  Pérez (Ingeniero empleado de Cadafe); José Luis Léon; Teddy Peralta (Ingeniero Electricista de Cadafe); José V. Rangel Mendoza y Ali  Enrique Matute Tovar (CorpoElec y Cadafe).

Los dueños del Consorcio KCT Cumaná Internacional III usaron  la empresa de los dos acusados para lavar dineros provenientes de contratos habidos fraudulentamente y a través del pago de sobornos a funcionarios y ex funcionarios de empresas públicas venezolanas, tales como Pdvsa, Cadafe y Corpoelec.

Los nombres de los empresarios dueños de KCT fueron mencionados en varias de oportunidades, entre los destacan: Enrique Padrella, Antonio Padrin, Blas Herrera, Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT), Ariano Martín (KCT), Elisbert Becerra Guzmán (Secretaria de Blas Herrera); José Miguel García (KCT), César Cardozo (Cielemca CA), José Garantón (Cielemca CA).

Otros personas que fueron mencionados en la acusación y en el juicio fueron: Rodolfo Somani (EMA), Ramiro Donato, Luis I. Franca Monsalve, Gustavo Hernández, Eduardo Marcano, Ricardo Díaz, Eduardo Navarro Pan, Luis Guevara, José Cañizalez y Remigio Otero.

El esquema de corrupción y lavado de dinero que funcionó por más de una década y que permitió lavar más de 100 millones de dólares, según los representantes del gobierno de los Estados Unidos fue acordado por los acusados y sus clientes en Venezuela para violar las leyes contra el lavado de dinero que rigen las instituciones de transmisión de dinero en el mercado estadounidense.

Los fiscales mencionaron varias empresas venezolanas que transferían dinero desde sus cuentas en Venezuela a las cuentas bancarias de Miami Equipment & Export y desde allí a otras cuentas de los mismos dueños, sus empleados o los funcionarios que sobornaban.

La empresa que más dinero lavó en este esquema fue Consorcio KCT Cumaná Internacional III, seguida Alimentación Balanceada, Cartera Manzanillo, Taller Importaciones, Materiales Manzanillo y PetroTubos entre otras.

Asimismo la fiscalía mostró evidencias de las empresas de maletín que recibían los pagos enviados por KCT. Entre las empresas que más millones de dólares recibieron están las siguientes:Kingsway LDA (Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas); Adimar International Limited (Blas Herrera, Antonio Padrin, Enrique Pradella, Mario Herrera);Levack Limited  LTD Islas Vírgenes (Mismos dueños de KCT y Adimar); Posner International INC  (Panamá) (Enrique Pradella y José Miguel García); Quinfra Investment LLC y Constructora Quinfra (Luis I. Franca Monsalve, Ingrid Susana Prato); Sumus INC; Gargel International Corp (Panamá);Eurogan SA ( Panamá); ACM Equipment LLC; IRC Spa (Bologna Italia)
Consultotal (Islas Vírgenes); PAMNET SA

Estas otras empresas participaron en el esquema de lavado de dinero a través de cupos de Cadivi. Ellos solicitaban dólares preferenciales, los enviaban a Miami Equipment & Export y luego la empresa de Miami los transfería a las cuentas de los dueños de las empresas en Venezuela. Las principales son las siguientes:
Materiales Manzanillo CA (Oliver González Millán  Y José Antonio González); Alimentación Balanceada ALIBAT CA (David Somoza Mosquera); Catera Manzanillo CA (Oliver J. González y Carlos Alberto González); Petrotubos (Mikele Díaz) y Taller Importaciones.

Los documentos federales 

El Consorcio KCT usó una empresa familiar que vendía equipos de construcción en Miami y la colocó como puerta de entrada a los Estados Unidos de los dineros provenientes de contratos fraudulentos del gobierno venezolano y de Cadivi. La empresa con sede en Doral, Florida —según mostraron en el juicio los fiscales— reportaba ganancias modestas a las autoridades. 

Los defensores de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, Miami Equipment & Export hicieron un esfuerzo ante el jurado de explicar que la empresa propiedad de los dos acusados es de tradición familiar con más de 3 décadas de fundada. Explicaron además que Luis Díaz Jr. conoció a Enrique Pradella  y Antonio Padrin (dueños de KCT) desde que este se inició en el negocio de venta de equipos de construcción."Más que una relación comercial, ellos se hicieron muy buenos amigos", dijo el abogado George Vila ante el juez. 
  
Una evaluación de las finanzas de Miami Equipment & Export hecha por el gobierno estadounidense reveló que desde el 1° de enero de 2010 hasta junio de 2016, la compañía de los acusados, reportó beneficios por el orden de 150 millones 400 mil 881,31 dólares, de los cuales -de acuerdo con la fiscalía neoyorquina- 106 millones 757 mil 106,42 dólares corresponden a dinero enviado desde Venezuela por KCT.

Durante la primera semana de juicio los jurados, 12 mujeres y 3 hombres, vieron la presentación incansable de cuentos de pruebas que evidenciaban dislates en las finanzas de la empresa,las cuales llamaron la atención de los investigadores de los órganos controladores del estado norteamericano. 

Dos testigos llamados por el gobierno al estrado confirmaron las irregulares conseguidas en unas 46 cajas de documentos físicos, y cientos de GB de evidencias electrónicas que usó el gobierno estadounidense para tratar de demostrar -más allá de la duda razonable- que los dos acusados incurrieron en una serie de violaciones a leyes federales relacionadas con la prevención del lavado de dinero y del manejo de un banco sin licencia.

Durante la jornada se enseñaron al jurado decenas de facturas, correos electrónicos y estados financieros que buscaban demostrar que existía un esquema -que funcionó por más de 6 años -que permitía que KCT (y otras empresas venezolanas) usaran a Miami Equipment & Export (ME&E) como banco. Es decir, "los clientes" de la empresa norteamericana, enviaban desde Venezuela millones de dólares y soportaban dichos envíos con facturas falsas de servicios profesionales y asesorías de ingeniería que nunca se habían hecho. Las facturas falsas eran realizadas en Caracas a nombre de ME&E, pero en las finanzas de la empresa estadounidense y en los papeles de impuesto del Servicio de Rentas Internas (IRS), así como en las guías de exportación, no aparecía reflejado que ME&E tuviese relación con los supuestos "consultores" a quienes depositaba millones de dólares en sus cuentas bancarias ubicadas -en su gran mayoría- en paraísos fiscales.

Dentro de las facturas que llamaron la atención estaban unas usadas para pagar supuestos servicios prestados a la empresa de los Díaz por Adinar Internacional Limited, cuyos dueños Blas Herrera, Enrique Pradella, Antonio Padrin, Mario Herrera, resultaron ser los mismos propietarios del Consorcio KCT. Es decir, KCT enviaba el dinero desde Venezuela a ME&E y esta empresa norteamericana se los depositaba en cuentas de bancos estadounidenses a los mismos sujetos, pero en nombre de una compañía diferente (Adinar). A lo largo de la evaluación hecha por los expertos de la Red de Aplicación de Delitos Financieros FinCEN, ME&E transfirió desde sus cuenta bancarias a las de Adinar, 37 millones 621 mil 50 dólares.

Nervis G. Villalobos Cárdenas recibió millones por asesorías que nunca hizo

Pero Adinar no era la única empresa que se beneficiaba del esquema de corrupción. Los expertos del FinCEn mostraron un balance que señalaba que el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, recibió de la empresa de los acusados 17 millones 885 mil 25,30 dólares a través de la empresa Kingsway LDA. Los fiscales mostraron al jurado una serie de falsas facturas firmadas por Villalobos Cárdenas donde se reflejaba que había hecho asesorías en varios proyectos de ingeniería, entre ellos destacaba uno en la planta termoeléctrica Bajo Grande, ubicada en el municipio Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia. La fiscalía destacó que no había ninguna evidencia que ME&E hubiese participado en ese proyecto en Venezuela.

Los fiscales también mostraron un acuerdo de consultoría que supuestamente habría firmado Nervis Villalobos, a través de la empresa Kingsway LDA, con uno de esos acusados, dueño de ME&E, Luis Díaz Jr. El acuerdo no era conocido por la contadora de la empresa, Annate Díaz Rojas, hija del demandado y quien es la encargada de las finanzas de la empresa desde hace 15 años. La mujer -que fue obligada a testificar  contra su padre y su hermano por un mandato judicial emitido por el gobierno de los Estados Unidos- dijo que no tenía conocimiento de que ME&E tuviese consultores externos, asesores en el extranjero o que actuara por mandato de otras empresas. Aseguró que ME&E no tenía líneas de negocio internacionales, ni representación de empresa externas y que sólo se dedicaban a vender y exportar equipos de construcción hacia América Latina desde Miami.

La fiscalía preguntó a Annete Díaz Rojas que si a lo largo de su trabajo como contadora había conocido a Nervis Villalobos Cárdenas o a Fidel Ramírez Cárdenas, (quien es el hermano del expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez), y a otra decena de beneficiarios de los pagos hechos por la empresa de su familia a lo que la mujer respondió negativamente. "No sé quiénes son esas personas y ME&E no tiene relación con ellos".

La fiscalía también preguntó a Díaz Rojas si había preparado las formas del Servicio Interno de Impuestos IRS #1099 para los asesores o consultores a quienes ME&E les había desembolsado millones de dólares y la testigo nuevamente lo negó. Por las leyes norteamericanas, las personas que prestan asesorías o consultorías a empresas, deben llenar la referida planilla de impuesto en la cual es preciso explicar en qué recibe el servicio, en este caso ME&E. Mientras las evidencias mostraban las facturas de servicio, y en los estados bancarios se observaba los pagos hechos por años, el IRS nunca recibió las planillas de los beneficiarios ni los reportes del pagador.

KCT Cumaná II Internacional enviaba regularmente correos electrónicos a los dos acusados donde les informaba los montos que depositaban en las cuentas de ME&E y, en correo separado, enviaban las instrucciones con las cuentas de las empresas o individuos que serían beneficiados con el dinero y, como archivo adjunto, enviaba las facturas falsas de los supuestos servicios que los receptores del dinero habrían prestado a ME&E. La fiscalía demostró con testigos y documentos que no existía una relación entre ME&E y los beneficiarios de los fondos.

A lo largo de la audiencia, la defensa intentó imponer la tesis de que los dos acusados eran los representantes de KCT, que sí tenían relación con las personas y empresas venezolanas y que en las evidencias seleccionadas por la fiscalía se habían excluido unas órdenes de compra hechas por ME&E a la transnacional Siemens.

La defensa también presentó ante el juez un reporte hecho por el banco donde los acusados tienen sus cuentas bancarias, en los cuales se hace una revisión de los cuentahabientes, de la empresa y de los clientes de la empresa. La defensa argumentó que el banco debió haber hecho el reporte al FinCEN "si hubiese observado que algo andaba mal, pero no lo hizo", dijo el abogado Vila en tono provocador.

También se discutió sobre el uso de los correos electrónicos corporativos. Según los defensores, el presidente de ME&E, Luis Díaz Jr., no sabe manejar computadoras, por lo que son sus hijos los que se encargan de revisar y contestar los correos. Mostraron al jurado decenas de correos donde la secretaria del presidente de KCT Blas Herrera, Elisbert Becerra Guzmán (quien también recibió dinero en su cuenta en el extranjero) donde informaba a Luis Díaz Jr. sobre el dinero que depositaban en la cuenta de ME&E, y otros donde daba las instrucciones para hacer los depósitos en las cuentas de los beneficiarios y donde enviaban las facturas falsas a nombre de ME&E por servicios que, según el gobierno, nunca se prestaron.

De acuerdo a lo afirmado por la hija de Luis Díaz Jr., Annette Díaz Rojas, su padre no revisa el correo. Comentó que existe una cuenta ljd@miamiequipment.com que la revisan todos los trabajadores de la empresa, que son la misma familia, para cumplir con las instrucciones. 

José Quiñón, abogado de Luis Javier Díaz, le aclaró al jurado que los bancos siempre conocen a sus clientes antes de aceptar las cuentas. El agente del FinCEN, Mathew De La Rosa, dijo que el banco hizo una averiguación sobre la empresa y los dueños, y por una orden del gobierno norteamericano, entregó todos los récords.

Quiñón tomó más de una hora para rebatir a la fiscalía la participación de su cliente en el esquema de lavado de dinero, que el fiscal auxiliar había dibujado en una pizarra con unas pequeñas  láminas que incluían los nombres de las empresas y los beneficiarios del dinero lavado.

El defensor revisó cada empresa, repitiendo las facturas y los correos electrónicos y preguntándole a De La Rosa si allí estaba el nombre "Javier", a lo que el testigo respondió por más de 30 veces que no. Concluida la tarea de Quiñón, la fiscalía entró en escena mostrando al jurado los documentos del banco donde se reflejaba que Luis Javier Díaz era el vicepresidente de la empresa ME&E y firmante de la cuenta, por tanto, responsable del esquema de lavado. También se dedicó a mostrar una serie de correos electrónicos donde aparecía el nombre de "Javier" en varias oportunidades. 

Dentro del marco de la audiencia, también se discutió el tema relacionado con las empresas venezolanas Alimentación Balanceada, Cartera Manzanillo y Taller Importaciones. Estas empresas funcionaron de otra manera, según la fiscalía. Las corporaciones conseguían cupos de Cadivi, colocaban a ME&E como empresa receptora en el exterior, Cadivi depositaba el dinero en la cuenta de la empresa de los acusados, y luego, ME&E lo reembolsaba con una nota que decía: "Reembolso Cadivi".

La Defensa explicó al jurado que hacer negocios en Venezuela no era lo mismo que hacerlos en los EE. UU., y que por los controles y riesgos que corrían las empresas para comprar dólares, se justificaba que los empresarios buscaran socios en el extranjero para conseguir dólares a precio preferencial con el gobierno de Venezuela.

La fiscalía presentó como testigo al profesor Daniel Lansberg-Rodríguez, un experto en controles cambiarios y en el sistema Cadivi. Su presencia en la sala fue interrumpida en múltiples oportunidades por la defensa, que evitaba que el testigo explicara al jurado cómo funciona el sistema de control y cómo Cadivi se convirtió en una máquina de corrupción para aquellos empresarios, familiares y allegados que tenían contactos dentro de ese ente gubernamental.


Entre otros testigos que aparecieron en escena hubo una mujer llamada Ana Losada, que vendió a la empresa de Blas Herrera unas oficinas ubicadas en Caracas por $300 mil dólares. Losada dijo que cobró en partes a través de la cuenta bancaria de su hijo que vive en Nueva Jersey. 

Cuando la fiscalía le preguntó a Losada sí ella había hecho asesorías profesionales a ME&E aseguró que no conocía esa empresa. Seguidamente la fiscalía pidió a los dos acusados que se levantarán y le preguntó a la mujer si conocía a los dos hombres a lo que respondió negativamente y luego, cuando le mostraron una factura que decía que ella le había prestado consultoría a la mencionada empresa la testigo dijo que no había hecho esa factura a pesar que su nombre estaba impreso en ella, con la dirección de su hijo y que jamás había tenido relación con los acusados ni con su empresa. 

viernes, 3 de noviembre de 2017

Juez de NY acepta evidencias de la fiscalía en caso de empresarios lavadores de dinero de funcionarios chavistas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez de Distrito, William H. Pauley III aceptó la solicitud hecha por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presentar evidencias de fondo y de contexto en el caso que se le sigue a los empresarios del sur de la Florida Luis Javier Díaz y Luis Díaz, acusados de haber usado una empresa de venta de materiales de construcción como un banco para lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios del régimen venezolano.

El juicio contra los dos empresarios se iniciará en el 6 de noviembre, para lo cual ya se han realizado las acciones pertinentes a la escogencia del jurado y la preparación de los testigos y las pruebas. 

El gobierno de los Estados Unidos presentó al tribunal las llamadas mociones in limine que buscaban que el juez autorizara la testificación de un experto en los controles de cambio que se han aplicado en Venezuela desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez y que el actual mandatario ha mantenido. 

Asimismo, la fiscalía pidió al tribunal que acepte dentro de las evidencias un libro mayor de contaduría donde aparecen registradas las transacciones que se hicieron a lo largo de la conspiración que según los documentos federales se inició en 2009 y duró hasta el 2016.  La corte se reservó para los próximos días la admisión de este instrumento.

En las mociones in limine, la Fiscalía argumentó que con los argumentos del experto,  Daniel Lansberg-Rodríguez los miembros de jurado pudiesen entender cómo marcha el proceso de controles de cambio en Venezuela y el daño que le ha hecho a la economía del país sudamericano. 

En una carta el  fiscal neoyorquino, Joon H. Kim dijo que esperaba que el testigo pudiera ayudar al jurado a identificar a funcionarios y exfuncionarios vinculados a este esquema de lavado de dinero, entre quienes mencionó a  Fidel Ramírez Carreño, (hermano del expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez Carreño); Enrique Rafael Cid, (un contratista que fungió como asesor del exministro de Industria Energía Eléctrica, Jesse Chacón) y el ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos Cárdenas.

El juez Pauley ordenó admitir las mociones in limine del gobierno que buscan la presentación a los jurados de evidencia de fondo del contexto, motivación y los efectos de los crímenes por los cuales están siendo acusados Luis Díaz y  Luis Javier Díaz.

Los acusados se les imputa de cuatro cargos, todos derivados de la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia a través de su empresa exportadora, Miami Equipment, desde aproximadamente 2010 hasta al menos 2016.

Los cargos de que se los acusa son, a saber:

1) Conspiración para operar un negocio transmisor de dinero sin licencia, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371;

2) Operación de un negocio transmisor de dinero sin licencia, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1960;

3) Conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956;


4) Lavado internacional de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

Seguiremos informando...

martes, 17 de octubre de 2017

Defensa de los acusados de lavado de dinero de funcionarios chavistas rechaza pruebas de la fiscalía

Para los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., es inadmisible que la corte acepte el testimonio del experto sobre control de cambio y el libro mayor encontrado en un recinto ajeno a los acusados, las principales evidencias de la fiscalía. En tal sentido solicitan al tribunal la realización de una audiencia Daubert para considerar el asunto.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La defensa de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., dos hombres acusados de haber lavado más de 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a través de una empresa que vende materiales de construcción en el estado de la Florida, rechazó la propuesta hecha por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presentar en el juicio el testimonio del experto en Regímenes de Control de Cambio, el profesor Daniel Lansberg-Rodríguez.
Los fiscales federales propusieron que Lansberg-Rodríguez explique al jurado cómo funcionan en Venezuela los controles de cambio y los mecanismos que se usan para lograr comprar las divisas que vende el gobierno a un precio menor del que rige en el mercado, lo cual ha creado una enorme corrupción por parte de los funcionarios y sus asociados, y una grave distorsión en la economía venezolana.

Los dos hombres —residentes del estado de la Florida— fueron acusados de cuatro cargos por el gobierno de los Estados Unidos, todos derivados de la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia a través de su empresa exportadora, Miami Equipment, desde aproximadamente 2010 hasta al menos 2016.

Los cargos de acusación contra los Díaz son los siguientes:

1) Conspiración para operar un negocio de transferencias de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371;

2) Operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1960;

3) Conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h); y

4) Lavado internacional de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A)

El fiscal neoyorquino, Kim H. Joo, informó a la corte que el profesor Lansberg-Rodríguez podrá identificar en su testimonio frente a la corte a ciertas personas relevantes en el caso de los acusados, entre quienes se incluyen a Fidel Ramírez Carreño (hermano del expresidente de PDVSA y actual embajador ante la ONU, Rafael Ramírez), Enrique Rafael Cid (Ex-asesor del exministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón) y Nervis Villalobos Cárdenas (ex-viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez), como ciudadanos vinculados a funcionarios del gobierno venezolano. Ver más detalles sobre el memorando de la fiscalía de NY en este enlace.

Vale destacar que a raíz de la publicación de los nombres de exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes supuestamente estarían involucrados en este caso de lavado de dinero, según la fiscalía de Nueva York, intentamos comunicarnos con los señalados.

Logramos contactar a una fuente cercana al exviceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos Cárdenas, quien declinó comentar directamente sobre el caso, aunque negó que estuviese implicado o haya formado parte en el pasado en operaciones de presunto lavado de dinero a través de Cadivi.

El exfuncionario indicó que "ejercerá todas las acciones necesarias para demostrar que nunca estuvo relacionado a transacciones supuestamente al margen de la ley".

El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez y su hermano, han evitado pronunciarse frente a diversas acusaciones de corrupción en las cuales han sido mencionados.

La defensa arremete

La defensa de los Díaz, representada por los abogados José Manuel Quiñones, George J. Vila y  Vincent Joseph Flynn, pidieron al juez que realice una audiencia Daubert para presentar los argumentos de inadmisibilidad del testimonio del testigo experto propuesto por la fiscalía, Daniel Lansberg-Rodríguez.

Una audiencia Daubert es un encuentro llevado a cabo ante el juez, donde la validez y la admisibilidad del testimonio de un experto son cuestionadas por un abogado opositor. Se requiere que el experto demuestre que su metodología y razonamiento son científicamente válidos y pueden aplicarse a los hechos del caso.

El término proviene del caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1993, Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., en el cual la Corte articuló un nuevo conjunto de criterios para la admisibilidad del testimonio de expertos científicos.

Objetan la evidencia del libro de contabilidad

Los defensores de los dos acusados informaron que sus clientes se oponen a la introducción del libro de contabilidad o libro mayor y su contenido, el cual fue recuperado por los agentes del gobierno durante la ejecución de una orden de registro en un "Restaurante" en Nueva York que participaba en la conspiración. Los defensores argumentan que la ubicación del "Restaurante" está totalmente fuera del dominio o control de los demandados.

En el memorando, la defensa dice que el libro mayor y sus contenidos son irrelevantes e inmateriales con respecto al caso de los acusados, y según ellos, usarlo como prueba directa violaría las Reglas Federales de Evidencia con respecto a la evidencia de rumores.

La defensa dice que los fiscales no pueden presentar el libro mayor por las siguientes razones:

​​(1) Se desconoce quién lo creó;
(2) Su propósito previsto;
(3) La autenticidad de las entradas en el mismo;
(4) La precisión de las entradas en el mismo;
(5) La identidad de cada individuo que hizo cada entrada;
(6) Lo que representa cada entrada en lo que respecta a cualquier transacción en particular y los detalles de la misma, y
​​(7) El conocimiento de la persona a quien cada entrada  se atribuye.

Recuerdan los abogados que las reglas sobre este particular establecen que la prueba para la evidencia relevante debe tener las siguientes características:

(a) tiene alguna tendencia a hacer un hecho más o menos probable de lo que sería sin la evidencia; y (b) el hecho es de importancia para determinar la acción.
Igualmente argumentan que si la corte considerara relevante esa evidencia, la regla 403, prevé la exclusión de evidencia relevante en ciertas situaciones, en particular cuando su valor probatorio es substancialmente superado por el peligro de uno o más de los siguientes elementos: prejuicio injusto, confusión de los asuntos, engaño del jurado, demora indebida, pérdida de tiempo o presentación innecesaria evidencia acumulada.

Por lo tanto, aseguran, si el tribunal considera que el libro de contabilidad es relevante, aun así sería tan perjudicial que confundirá los asuntos, y engañaría al jurado con tal información extraña, que no debe admitirse como evidencia en este caso.

Critican que las entradas en el libro mayor son rumores ya que el Gobierno ofrecerá el libro mayor y sus entradas para probar la causa, y por lo tanto, debe ser excluido de conformidad con la regla federal de evidencia número 802.

La defensa de los Díaz pidió al juez que rechace la moción in limine del gobierno y conceda su solicitud de audiencia "Daubert", basada en el testimonio experto del Profesor Daniel Lansberg- Rodríguez.

En ese sentido, la defensa dice que rechaza la intención del gobierno de presentar evidencia a través de testimonios de expertos sobre los controles monetarios venezolanos, los esquemas comunes utilizados para evadir esos controles monetarios y el daño que he han causado a la economía venezolana y sus ciudadanos cuando se violan dichos controles.

Dicen que si la corte admite que el gobierno presente testimonios periciales sobre controles monetarios venezolanos, los acusados solicitaran que limite dicho testimonio para prohibir que el mismo se relacione con los hechos y circunstancias del caso y con los individuos y entidades supuestamente involucradas.

Rechazan la propuesta del gobierno de que el experto informará al jurado sobre la operación de los esquemas de control monetario, pero no opinará sobre las pruebas en el juicio ni ofrecerá opinión sobre la conducta los acusados y su participaron en la conspiración.

Este Tribunal debería prohibir al Gobierno la presentación de testimonios de expertos sobre el efecto o impacto en la economía y los ciudadanos de Venezuela provocados por una violación de los controles monetarios, argumentan los abogados.

Explican que al evaluar los testimonios y las pruebas de los expertos, "el tribunal de distrito debe considerar los indicios de confiabilidad identificados en la Regla 702, a saber, (1) que el testimonio se base en hechos o datos suficientes; (2) que el testimonio sea el producto de principios y métodos confiables; y (3) que "el testigo haya aplicado los principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso".

Entre otros factores, los abogados señalan que el tribunal de distrito debe considerar "si la teoría o la técnica del experto ha sido sometida a revisión y publicación por pares", la "tasa de error conocida o potencial" de la técnica "La existencia y mantenimiento de estándares que controlan la operación de la técnica" y si la técnica ha ganado aceptación general en la comunidad científica relevante.

La defensa expuso en el memorando que "la investigación flexible de Daubert le da a la corte del distrito la discreción necesaria para garantizar que la puerta de la sala del tribunal permanezca cerrada a la ciencia basura mientras admite un testimonio experto confiable que ayudará al juez de hecho".

Para justificar la admisibilidad, sin embargo, es fundamental que el análisis de un experto sea confiable en cada paso, acotan los abogados.