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jueves, 8 de julio de 2021

¿Cómo la OFAC designó a Samark López Bello como narcotraficante y agente de Tareck El Aissami?

  En esta entrega se hace un recuento del proceso que llevó a las autoridades del departamento del Tesoro a accionar en contra de quien considerado testaferro del alto funcionario gubernamental venezolano.

Por Maibort Petit

  Centro de múltiples señalamientos relacionados con corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, Samark López Bello —igualmente acusado de actuar como presuntamente como testaferro de Tareck El Aissami— demandó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, por haberlo designado como narcotraficante por la Ley Kingpin.

   Sostiene López Bello que es víctima de una campaña difamatoria que lo presenta como un capo junto al actual ministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami, dañando su reputación como empresario, al tiempo de afectarlo mediante el bloqueo y confiscación de sus propiedades en territorio estadounidense[1]. 

   Una investigación por parte de la Oficina de la Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en su despacho de Nueva York, condujo a la designación de Samark López Bello como narcotraficante, junto a Tareck El Aissami.

   La averiguación estuvo a cargo del Equipo de Trabajo contra Delitos Financieros El Dorado condujo en febrero de 2017,a que la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos los catalogara como narcotraficantes especialmente designados (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Cabecillas por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional.

   El Dorado es el equipo de trabajo investigativo y de control financiero responsable de detectar, desestabilizar y desarticular redes financieras criminales transnacionales en prevención a que puedan acceder a los sistemas financieros de Estados Unidos.

    Tanto El Aissami como López Bello fueron sancionados por el Departamento del Tesoro en 2017, al tiempo que contra ellos se presentaban cargos penales por la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York a principios de 2019.

  Las averiguaciones determinaron que López Bello, actuando como co-conspirador de Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien ha ocupado diversas posiciones en la administración pública venezolana desde 2008 cuando fue designado ministro del Interior, Justici y Paz. Desde entonces ha sido gobernador del estado Aragua (2012-2017), vicepresidente ejecutivo (2017-2018), ministro de Petróleo (2020),en entre otros. Al alto funcionario se lo señala de, presuntamente, haber facilitado cargamentos de narcóticos desde Venezuela que salían en aviones desde una base aérea y puertos en Venezuela. Según la investigación, El Aissami desde que ocupaba antiguas posiciones, habría supervisado o habría sido el propietario parcial de cargamentos de narcóticos de más de mil kilos desde Venezuela en múltiples ocasiones, con México y Estados Unidos como destinos finales.

   López Bello habría proporcionado apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de El Aissami. Los dos, por más de dos años, presuntamente defraudaron al gobierno de Estados Unidos al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas.

  La OFAC identificó trece empresas propiedad o controladas por López Bello, las cuales conforman una red internacional en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

   Del mismo modo, el Departamento del Tesoro estableció al momento de sancionar a López Bello, que este supuestamente supervisa una red internacional de petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y empresas de explotación de activos, a saber, Alfa One, C.A. (Venezuela), Grupo Sahect, C.A. (Venezuela), MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas), Corporación de beneficios, C.A. (Venezuela), Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela), SMT TECNOLOGIA, C.A. (Venezuela), y Yakima Trading Corporation (Panamá). En Reino Unido también funcionaría Yakima Oil Trading LLP, la cual es dirigida por Yakima Trading Corporation (Panamá)[2].

También en Barbados

  Una investigación periodística desarrollada por el portal Armando.info y suscrita por Roberto Deniz[3], revela —de acuerdo a documentos filtrados de los Paradise Papers— que los bienes de Samark López Bello superan los bloqueados por la administración estadounidense, pues la isla de Barbados habría servido para crear en ella un holding de empresas con el que el supuesto testaferro de El Aissami participado en el negocio petrolero y alimentario, entre otros, mediante contratos suscritos con el estado venezolano.

  La documentación a la que el periodista tuvo acceso mostrarían como el empresario, pese a la grave crisis económica que sacude a Venezuela, se expandía y, una forma de hacerlo, era con compañías conformadas en Barbados.

   Postar Intertrade Limited es una empresa registrada en principio en las Islas Vírgenes Británicas que luego, en 2016, fue domiciliada en Barbados y, por ejemplo, habría servido para negociar  alimentos para el programa alimentario gubernamental CLAP, pero también el despacho  de materiales de construcción más y árboles de navidad destinados a la administración de Nicolás Maduro.

  El reportaje indica que las 50 mil acciones de Postar Intertrade Limited es una empresa de nombre Investments Group Limited que está registrada en la Islas Vírgenes Británicas y está vinculada a Yakima Oil Trading LLP, compañía de López Bello registrada en el Reino Unido.

  A Postar Intertrade Limited se sumarían Profit C.A. Corp.,Food Trading Group Corp., October Ventures LTD., YPP Latam Holding Corp., YPP Offshore Holdings Corp., YPP US Holdings Corp., Yakima Trading Corp y 2000 Investment Group LTD (esta última en registrada en Nevis).

Se busca

   La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), incluyó el 14 de agosto de 2019 a Samark José López Bello en su listado de “Los más buscados”.

   El requerimiento en el que también se solicita información del paradero del exvicepresidente y actual ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, se formula por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional y lavado de activos[4].

   Posteriormente, en junio de 2020, se agregó a Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, por quien se ofrecieron USD 5 millones de recompensa. Se trataba del superintendente nacional de criptoactivos de Venezuela y ha sido acusado formalmente en el distrito sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por OFAC[5].

  El Departamento de Estado también con base a la designación como narcotraficantes de El Aissami y López Bello el 13 de febrero de 2017, por parte de la OFAC, así como en las investigaciones de seguridad de ICE Nacional (HSI), comenzó una averiguación del último por el lavado de dinero y la evasión de las sanciones en relación con la Ley de Kingpin. Del mismo modo, se sustentó en la acusación que contra los señalados cursa en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York el 1 de marzo de 2019.

   En razón de esto, el Departamento de Estado decidió ofrecer una recompensa de hasta USD 5 millones a quien ofrezca información que conduzca al arresto y/o convicción de Samark José López Bello por participar en el crimen organizado transnacional[6].

Las consecuencias de violar las sanciones

   La imposición de las sanciones supone que sobre los estadounidenses pesa la prohibición de negociar o proporcionar servicios a El Aissami y López Bello sin autorización de OFAC, tal prohibición fue violada cuando se le suministraron servicios de viajes, incluyendo jets privados fletados.

  Actuar de esta manera llevó a que Víctor Mones Coro fuera sentenciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a pagar 55 meses de prisión por  haber prestado servicios vuelos privados tipo chárter a Tareck El Aissami y a Samark López Bell. Además fue multado con USD 250.000 y tendrá dos años de libertad supervisada luego de salir de la cárcel.

"Víctor Mones Coro dirigió un plan de varios años concertado y sostenido para proporcionar millones de dólares de los servicios de vuelo ilícitos a los líderes venezolanos en la contravención directa del régimen de sanciones y la política exterior de nuestro país", dijo la fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss[7].

  Por este caso también fueron procesados Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero,señalados igualmente de facilitar vuelos charters Tareck El Aissami y a Samark López[8].

Agente de las FARC

  Pero, además, el nombre de Samark López Bello ha salido a relucir en otros procesos judiciales en los que sus accionistas buscan ser resarcidos económicamente en su condición de víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  Es el caso de Antonio Caballero, quien reclama una sentencia millonaria otorgada en una corte estadunidense y pide ser resarcido con los bienes congelados en EE. UU. de López Bello[9].

   Pero Caballero no es el único, pues otros dos casos que se ventilan en cortes de Florida y Washington buscan cobrarse con activos de López Bello sentencias a su favor. Uno de ellos es de los Pescatore, familia que interpuso en 2018 un recurso en la Corte del Distrito de Columbia contra los activos de Samark López Bello en razón de sus calificación por parte de la OFAC. En 1996, Frank Thomas Pescatore Jr. y un tribunal les otorgó una sentencia por daños que no han logrado cobrar.

  En la Florida, el caso Stancel ya había obtenido un fallo previo contra López y sus activos confiscados por el gobierno norteamericano. Dada la designación de la OFAC, en septiembre de 2019, ganaron una determinación judicial que señala que Samark López Bello “es un agente o un instrumento de las FARC y que es posible embargar sus activos”[10].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Samark López Bello pidió a la corte que se anule su designación como narcotraficante y testaferro de Tareck El Aissami hecha por la OFAC, tras lo cual le confiscaron activos por un valor de $160 millones”. 30 da junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/samark-lopez-bello-pidio-la-corte-que.html

[2] Department of Treasor y. “Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello”. 13 de febrero de 2017. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/as0005.aspx

[3] Armando.info. “La isla de Barbados esconde el tesoRo de Samark López”. 1 de julio de 2021. https://armando.info/la-isla-de-barbados-esconde-el-tesoro-de-samark-lopez/

[4] ICE. Los Más Buscados: Samark José López Bello. https://www.ice.gov/doclib/most-wanted/mwLopezBelloSamarkJose.pdf

[5] ICE. “HSI añade a funcionario venezolano a Lista de Los Más Buscados, se ofrece recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto, condena”. 1de junio de 2020. https://www.ice.gov/es/news/releases/hsi-anade-funcionario-venezolano-lista-de-los-mas-buscados-se-ofrece-recompensa-de-0

[6] Department of State. Samark Jose Lopez Bello. 8 de octubre de 2020. https://www.state.gov/samark-jose-lopez-bello/

[7] Department of Justice. “Man Sentenced to 55 Months in Prison for Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan-leaders

[8] Venezuela Política. “Tres acusados en el caso de Tareck El Aissami se declaran "no culpables" ante juez de Nueva York y deciden ir a juicio”. 1 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/tres-acusados-en-el-caso-de-tareck-el.html

[9] Venezuela Política. “Demandante estima inapropiado desestimar caso contra Samark López Bello en juicio que reclama activos de PDVSA para resarcir a víctima de las FARC”. 21 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/demandante-estima-inapropiado.html

[10] El Tiempo Latino. “Tribunal declara que Samark López ‘es un agente o un instrumento de las FARC’”. 8 de diciembre de 2019. https://eltiempolatino.com/news/2019/dec/08/tribunal-declara-que-samark-lopez-es-un-agente-o-u/




lunes, 5 de julio de 2021

Cantante mexicano busca suspender un proceso en EE. UU. en el que se le señala como agente de las FARC en juicio que reclama activos de PDVSA

   El juez de la causa garantizó que, durante el juicio, Álvarez tendría la oportunidad plena y justa de ser escuchado y de presentar pruebas que refuten las evidencias presentadas en su contra.

Por Maibort Petit

La moción del cantante mexicano, Julio César Álvarez Montelogo, designado como agente de la
FARC fue rechazada en el tribunal.

    Una enrevesada interpretación procura ante las cortes de los Estados Unidos hacer valer una sentencia previa del 20 de mayo de 2020, dictada por el Tribunal del Distrito Sur de Florida el cual sentenció a favor de Antonio Caballero en la demanda que mantenía contra las FARC y, determinó, que este tenía derecho a obtener su reclamo por daños y perjuicios, de acuerdo a lo que establece la Ley Antiterrorista. Al demandante, se le otorgaron USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.

   El demandante, desde entonces, busca verse resarcido en el pendiente que se le adeuda de la sentencia, equivalentes a USD 41.734.153,93. En razón de que la empresa Vitol Inc. es, de acuerdo con las sanciones administradas impuestas por OFAC del Departamento del Tesoro, poseedora de ciertos activos bloqueados de Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por USD 9.444.116,76, Caballero estima que estas dos empresas son agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio[1].

  El padre del demandante, fue secuestrado en 1999 y murió en manos del grupo terrorista colombiano y Antonio Caballero debió huir de la nación neogranadina. A partir de allí inició una batalla para llevar a la justicia a los culpables.

  Pero igualmente hay otros señalados como agentes de las FARC, según Caballero, uno de ellos el cantante mexicano Julio César Álvarez Montelogo.

  No es la primera vez que Álvarez Montelogo es señalado por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, pues en agosto de 2017, el Departamento del Tesoro refirió tenerlo en la mira por presuntas operaciones ligadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero[2].

La decisión

  El 13 de mayo de 2021, el juez Unidos para el Distrito Central de California, John W. Holcomb, negó una moción interpuesta por el músico mexicano, Julio César Álvarez Montelogo, para suspender el proceso judicial que Antonio Caballero mantiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel del Norte del Valle de Colombi que cursa en la Corte del que el magistrado es titular.

  Igualmente, ordenó mantener en calendario una videoconferencia de estado, programada para el 14 de mayo de 2021.

   El cantante ha sido señalado por el demandante Caballero de ser y actuar como agencias o instrumentalidades de las FARC, en procura de obtener la satisfacción de una sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 20 de mayo de 2020 a su favor y en contra de las FARC y del Cártel del Valle del Norte.

   Mediante moción presentada el 13 de julio de 2020, el demandante inicialmente solicitó una declaración de que el músico mexicano Julio César Álvarez Montelongo y el futbolista mexicano Rafael Márquez son agencias o instrumentalidades de las FARC. Mediante orden del 4 de diciembre de 2020, el juez Billings denegó la moción del demandante de sentencia declarativa al encontrar que, en el mejor de los casos, la evidencia presentada pudo haber vinculado a Montelongo y Márquez con la Organización Flores para el Narcotráfico que tiene una alianza estratégica con los líderes de Sinaloa Cartel, quienes resultaron ser una agencia o instrumentalidad de las FARC. Sin embargo, en su decisión, la jueza Billings declaró específicamente que la denegación se realizó sin perjuicio de una moción futura del demandante que presente más pruebas. El demandante ahora busca renovar y reafirmar su moción anterior de conformidad con CPLR 2221 (d) y (e).

   El tribunal estimó que la moción de Álvarez Montelogo era un asunto que perfectamente apropiado para emitir al respecto una resolución sin que para ello mediara la realización de una audiencia, luego de considerar los papeles presentados en apoyo y en oposición.

  Álvarez formuló el pedido a objeto de esperar a que se emitiera la resolución de una acción relacionada la cual está pendiente en el Distrito Norte de California. Demandante y demandados estuvieron de acuerdo en que los casos pendientes tienen problemas de hecho y de derecho comunes y, por lo tanto, el procedimiento en un solo distrito es el enfoque más eficiente para continuar el litigio.

  Alegó Álvarez Montelogo ante la corte, que el Caso del Distrito Norte se encuentra en la etapa más avanzada y que el procedimiento en ese caso no perjudicará al demandante Antonio Caballero, al tiempo de que advirtió que, a diferencia de este caso, el tribunal del Distrito Norte no ha emitido ningún dictamen, ex parte o de otro tipo, sobre si él es o no una agencia o instrumentalidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia acusadas (FARC).

  Por su parte, el demandante Antonio Caballero estima que el Distrito Norte de California es un foro más favorable para Julio César Álvarez Montelogo, pues se encuentra en la etapa más avanzada.

  Se advierte que siendo Antonio Caballero quien más ha avanzado en esta jurisdicción con respecto a sus gestiones de cobranza y, por tanto, una suspensión de este caso provocaría una demora indebida que lo perjudicaría a Caballero, mientras que Álvarez Montelogo, habiéndosele concedido la intervención en este caso, tendrá la oportunidad de ser escuchado sobre el fondo y, por tanto, no sufrirá perjuicio alguno.

  Advierte la resolución de la corte que dicho tribunal del distrito tiene facultad discrecional de suspender los procedimientos que en ella cursan, de acuerdo a lo señala la jurisprudencia, atendiendo a las penurias o inequidades que pueda sufrir una parte al ser obligada a seguir adelante.

  Sin embargo, el juez Holcomb consideró que en el caso de la demanda de Antonio Caballero contras las FARC y el Cartel del Valle del Norte, la suspensión no está justificada dadas las circunstancias.

  El magistrado creyó que las dificultades que puede sufrir Álvarez Montelogo al ser requerido para proceder en este foro, es la consideración más relevante aquí pues, si bien la Corte no llega a un dictamen sobre los méritos del argumento de Caballero sobre el "cambio de carga", el tribunal observa que hizo su dictamen anterior y que Álvarez es una agencia e instrumentalidad de las FARC.

  La corte manifestó que Álvarez ha intervenido debidamente en el caso y se le debe otorgar —y se le otorgará— la protección total del debido proceso.

  Se advierte de que antes de que el Tribunal tome una determinación final con respecto a la supuesta condición de Interventor Julio Cesar Álvarez Montelongo como una agencia o instrumentalidad de las FARC a los efectos de TRIA § 201.

   Se garantiza Álvarez Montelogo tendrá una oportunidad plena y justa de ser escuchado y de presentar pruebas que refuten las pruebas de Antonio Caballero.

La decisión del juez de California

  En la misma fecha, 13 de mayo de 2021, los abogados de Zumpano Patricios & Popok PLLC, presentaron de manera electrónica ante el Tribunal de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, un aviso de orden para informar de la existencia de cuatro procesos de cobranza pendientes relacionados con Julio Álvarez Montelongo.

  Se refería en la comunicación que el demandante, Antonio Caballero y Álvarez Montelogo estaban de acuerdo en que solo debía proceder una jurisdicción en este momento.

  En tal sentido, adjuntaron una Orden emitida igualmente el 13 de mayo de 2021 por el juez, John W. Holcomb, del Tribunal para el Distrito Central de California, en la que el magistrado negó la moción del Interventor Julio César Álvarez Montelongo de la acción que se encontraba en curso.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol”. 12 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/victima-de-las-farc-quiere-cobrar.html

[2] Expansión. “EU liga a Rafael Márquez y Julión Álvarez con el narcotráfico”. 9 de agosto de 2017. https://expansion.mx/nacional/2017/08/09/eu-liga-a-rafael-marquez-y-julion-alvarez-con-el-narcotrafico?internal_source=PLAYLIST


 

lunes, 21 de junio de 2021

Demandante estima inapropiado desestimar caso contra Samark López Bello en juicio que reclama activos de PDVSA para resarcir a víctima de las FARC

  El supuesto testaferro de Tareck El Aissami procura a través de diversas acciones legales, verse desvinculado del caso.

Por Maibort Petit
 
  El nombre de quien es señalado de ser un supuesto testaferro de Tareck El Aissami, Samark López Bello, figura no solamente en los procesos directamente relacionados con el alto funcionario estatal venezolano y por haber violado las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., así como otras irregularidades, sino que también aparece como parte en el juicio que Antonio Caballero, víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Cartel del Norte del Valle, quien reclama una sentencia millonaria otorgada en una corte estadunidense.
  El demandante estima que López Bello es una instrumentalizada de las FARC y, por tanto, aplicaría como objeto que le permitirá ver resarcida la deuda.

  Ante tales señalamientos, Samark López, brega en el tribunal a través de sus abogados para deslastrarse de tales acusaciones y lograr que sea desestimada su causa en el referido proceso.
  Antonio Caballero pretende cobrarse con activos de Petróleos de Venezuela S.A. por un monto de USD 9.444.116,76, así como de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 los cuales están en poder de Vitol Inc., pero bloqueados a consecuencia de las sanciones impuestas contra esta última por parte de la OFAC.

La posición del demandante

  El 8 de febrero de 2021, los abogados Joseph I. Zumpano, Nicholas Rostow, León N. Patricios, de la firma Zumpano Patricios & Popok que representa los intereses del demandante Antonio Caballero, remitieron una comunicación electrónica al juez Andrew L. Carter Jr., titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que lleva la causa que mantiene contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel del Valle del Norte y en el que López Bello figura como parte interesada.

  Los abogados le manifestaron al magistrado que debido a que el abogado de Caballero no estaba seguro de si la Orden anterior del juez había entrado en la acción —requiriendo que el demandante responda a la solicitud de Samark José López Bello de una conferencia previa a la moción antes de presentar una moción de desestimación— se suspendió de conformidad a la orden de la corte en la Acción Stansell relacionada.

   Refirieron que Antonio Caballero “con mucha precaución”, presenta su respuesta a la solicitud de Bello.

   Aunque expresaron el agradecimiento de Caballero a la oportunidad de llevar a cabo una conferencia de estado ante el juez Carter con respecto a la intención de López, estimaron que dicha moción es inapropiada, dado que no hay alegato en el caso al que pueda dirigirse dicha moción para desestimar.

   En este sentido, apuntan que el propio López Bello lo concede en su carta en razón de que “La acción del tribunal estatal se inició mediante una moción. No se presentó ninguna denuncia en el tribunal estatal”. Agregan que siendo el referido proceso un procedimiento de cobranza posterior al juicio, Antonio Caballero domesticó su Juicio Final de la Ley Antiterrorista (ATA) en el Condado de Erie de conformidad con CPLR 5018 (b) el 4 de noviembre de 2020.

   Los abogados de Caballero informaron al juez Carter que Samark López Bello recibió notificación de los procedimientos de la corte estatal en el momento apropiado, “es decir, después de que el sujeto bloqueó los activos”, “Debido a que los factores pesan a favor del embargo inmediato, el demandante no tenían derecho constitucional a una audiencia antes de la emisión del resumen y tenían derecho a ser notificadas y ser escuchadas antes de la ejecución, aunque no necesariamente antes del embargo.”)

   Bajo este principio legal, los abogados consideran que, en conjunto con el hecho de que se trata de un proceso de cobranza posterior a la sentencia, quedan derrotados los argumentos de López Bello sobre "proceso insuficiente" y "servicio de proceso insuficiente".

   Sin embargo, para el despacho de abogados de Caballero, si la Corte estimaba una moción para desestimar el vehículo apropiado para que Samark López Bello lo utilice en respuesta a estos procesos de cobranza iniciados contra el sujeto de activos, el demandante abordará con más detalle el caso de este, sus argumentos, así como sus demás alegatos relacionados con la “falta de jurisdicción personal” y la “falta de presentación de un reclamo sobre el cual se pueda otorgar reparación”. Esto, una vez que el Tribunal entregue un cronograma de sesiones informativas al respecto.

martes, 4 de mayo de 2021

En Venezuela no rige un estado criminal sino un estado paralelo

   El diagnóstico adecuado es lo que permite la implementación de una estrategia de solución adecuada, advierte el experto en temas de seguridad Joseph Humire.

Por Maibort Petit

   Las definiciones de “estado criminal”, “estado mafia”, “narco estado”, entre otras, se habrían quedado cortas a la hora de denominar el régimen venezolano, por lo que el concepto que mejor aplica es el de “estado paralelo”, acuñado por el historiador norteamericano, Robert Paxton, un investigador de los regímenes totalitarios que explica que se trata de subestructuras, que funcionan dentro del estado formal. Así lo sostiene Joseph Humire, experto en Seguridad Global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).

  Estas subestructuras cívico paramilitar criminal, se desarrollan dentro del Estado y llegan, incluso, a ostentar más poder que el estado formal, al extremo de controlar más territorio que el propio estado. El mejor ejemplo de estado paralelo lo constituyen los nazis en Alemania, refiere el experto.

  Subraya que los modelos totalitarios han ido avanzando en sus conocimientos y aprendiendo uno del otro durante casi 200 años de regímenes totalitarios modernos. Su estrategia consiste en la conquista de terreno sin tener que recurrir a la fuerza militar o, al menos, que, si esta se encuentra presente, no lo sea como la herramienta principal de control.

  “El estado paralelo es un término académico que define a Venezuela en el sentido de que la estructura que controla a Venezuela es paralela al régimen y al estado, porque Nicolás Maduro no está en el control de todo, es horizontal con las ocho regiones de defensa de Venezuela que se llaman REDI”.

  Cada una de estas REDI opera con una economía ilícita que la sustenta, como minería ilegal, extorsión, narcotráfico, etc., las cuales, generalmente, están ligadas a la posición geográfica.

  Por ejemplo, REDI CapitaL, opera con la extorsión e igualmente junto a un Grupo Armado Organizado (GAO) que, en este caso son los colectivos; el REDI Los Llanos, opera con los pranatos y el contrabando; REDI Los Andes, opera con los paramilitares y el tráfico humano; REDI Oriental, opera con el ELN y el narcotráfico. En total, son 8 Grupos Armados Organizados (GAO), que funcionan y trabajan esa economía en conjunto con 8 REDI, en 8 regiones, con 8 economías ilícitas, por ó que se le conoce como la “Ley de 8”.

  De allí, que Humire advierta que el mecanismo del diálogo y la negociación como mecanismo de resolución del conflicto venezolano, no funciona en razón de que habría que sentar a la mesa a todos estos grupos irregulares, dado que cada región se mueve de manera autónoma. “Esa es la complejidad del asunto, no basta con negociar con Maduro o cualquiera de los miembros del gobierno, pues ellos sólo tienen el control político”.

La narrativa falsa como estrategia

  En torno al régimen venezolano se han tejido toda una serie de especulaciones y se han hecho circular historias que solamente tienen por objetivo la desinformación y la distracción, advierte Joseph Humire.

   Entre estas narrativas está la de presentar a Nicolás maduro como un individuo ignorante, bruto y disparatero, cuando en realidad estamos en presencia de un hombre sumamente astuto, claro en sus objetivos y con toda una maquinaria detrás que trabaja en su afianzamiento.

   El experto en temas de seguridad destaca que la construcción de narrativas falsas es parte de la estrategia de conquista mediante la manipulación y sin necesidad de la fuerza militar.

“En la guerra asimétrica, no solamente hay que atacar al enemigo, sino también infiltrarlo para controlarlo y controlar la narrativa que tú enemigo va a decir sobre ti. Si tú puedes controlar la narrativa de tu enemigo, tienes el triunfo asegurado”, explica.

  Parte de esas narrativas falsas es también la especie de la existencia de diferencias entre el chavismo y el madurismo, o entre los chavistas disidentes y Maduro. “Hay una manipulación tan fuerte de la contra narrativa, que tienen a la oposición completamente desviada de la realidad, todo con el objetivo de mantener la falsa narrativa de que el chavismo y el madurismo son dos cosas distintas”. En tal sentido recordó a quienes esto creen, que Nicolás Maduro fue el canciller de Hugo Chávez, trabajó con él para sacarlo de la cárcel.

  Cónsono con la advertencia que ha hecho en torno a Tareck El-Aissami como figura principalísima en este proceso, Joseph Humire alerta que Nicolás Maduro es un fiel soldado de Chávez, pero no es el líder. “Ya lo he dicho, el líder es Tareck El-Aissami. La manipulación es fundamental y allí entran los cubanos que son maestros en la manipulación”.

  Una prueba de que ni Chávez ni maduro son los líderes es el hecho de que el proyecto no acabara con la muerte del primero.

Conflicto en la frontera

  Como apuntáramos en nota precedente, Siria es el modelo que se sigue en Venezuela para expandir la revolución bolivariana por Latinoamérica, sin necesidad del conflicto militar.

  De hecho, sostiene que el país del medio Oriente ha funcionado como un centro logístico y un laboratorio para Rusia, Irán, Hezbollah. Los resultados de la experiencia los están trayendo a Venezuela.

  En el propósito de expansión de la revolución bolivariana, Colombia es el paso siguiente pues, como advierte no hay Gran Colombia sin ella. La reciente incursión de aviones rusos en el espacio aéreo colombiano se inscribe como un sondeo para determinar dónde están los límites.

  La conquista de Colombia pasa, a criterio de Humire, por la generación de un conflicto en la frontera colombo-venezolana para provocar un desastre en la nación neogranadina y convertirla en un estado fallido donde se reproduzcan, aparte de todos los demás problemas que aquejan a todos los países a raíz de la pandemia del Covid-19, la tragedia humanitaria, migratoria, el conflicto armado, etc.

“El plan es destruir a Colombia por dentro, dividir la sociedad. Construir diferentes movimientos separatistas, manipular tanto a la izquierda como a la derecha. Vladimir Putin es experto en manipular a la derecha del mundo usando temas de nacionalismo y separatismo”.

Neo-totalitarismo

  Por último, Joseph Humire advierte que Venezuela y Siria son países que no son ni anárquicos ni democráticos, sino que son un nuevo modelo neo-totalitario consistente en usar regímenes con alto control político, pero poco control territorial. En el caso de Venezuela, el territorio está en manos de milicias y grupos como las FARC, ELN, hezbollah, mientras el régimen maneja el tentáculo del poder.


 

domingo, 25 de abril de 2021

Enrevesadas interpretaciones convierten a activos venezolanos en el extranjero en objeto de demandas de resarcimiento económico para víctimas de las FARC

  El hijo de una político y diplomático colombiano secuestrado y asesinado por las FARC en 1999, considera que puede cobrarse una sentencia de daños y perjuicios a su favor, con activos de PDVSA.


Por Maibort Petit


  Los activos de Venezuela se han convertido en motivo de controversias en los principales tribunales de los Estados Unidos, donde acreedores en posesión de bonos de la deuda pública o agentes que se consideran víctimas de las políticas de expropiación implementados por el gobierno de venezolano desde la llegada de Hugo Chávez al poder, reclaman indemnizaciones a través de bienes que el país posee en territorio estadunidense. La declaratoria de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) como alter ego de la República de Venezuela en el caso de la minera canadiense Crystallex, marcó pauta para cualquier afectado por las políticas venezolana se plantee verse resarcido con dichos activos.

  De estos activos, los ojos de los acreedores se vuelcan principalmente sobre CITGO Petroleum Corporation, la más valiosa propiedad venezolana extra fronteras.


    Pero no solamente quienes tienen deudas de carácter económico aspiran a ello, sino también aquellos que se consideran afectados por las políticas y acciones del gobierno chavista, exploran la posibilidad de obtener dividendos para compensar los daños morales que estiman haber sufrido.


   Por ejemplo, Meudy Albán Osío, la viuda del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, muerto en extrañas circunstancias mientras estaba detenido en la sede del SEBIN, demandó por daños y perjuicios en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles. Ella y sus hijos sostienen en la corte que los demandantes deben resarcirlos por daños y perjuicios en razón del secuestro, tortura y asesinato de Fernando Alberto Albán, el posterior encubrimiento del asesinato, difamación y nuevas represalias contra sus familiares sobrevivientes, por parte de Nicolás Maduro Moros, su aparato ilegal y los diputados controlan Venezuela y sus co-conspiradores narcoterroristas[1]. Es de deducir que cualquier sentencia que se dictare a su favor, los lleve a querer cobrarse con bienes de Venezuela en EE. UU.


  Pero otras deducciones y análisis más enrevesados, han llevado a otros —incluso fuera de Venezuela y afectados por circunstancias que en nada tendrían que ver con el país— a pretender cobrarse con activos venezolanos los daños sufridos por hechos como el secuestro. Tal es el caso de Antonio Caballero, hijo de un ex-diplomático colombiano asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, quien a raíz del hecho se exilió en los Estados Unidos y allí demandó al grupo terrorista por daños y perjuicios[2] y ganó el pleito legal.


   El demandante —hijo de Carlos Caballero, un dirigente del Partido Liberal, cinco veces senador y, además, embajador de Colombia en la ONU, secuestrado y asesinado por la guerrilla— obtuvo una sentencia compensatoria de USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual. De este dinero sólo ha cobrado una pequeña parte, luego de una operación de rastreo de bienes de los guerrilleros en EE. UU. implementada por sus abogados[3].


  El resto USD 41.734.153,93, Antonio Caballero aspira a cobrarlos con activos venezolanos en Estados Unidos. ¿Cómo es esto posible? La teoría del demandante es que la petrolera estatal es un agente y/o instrumentalidad de las FARC y, por tanto, puede cobrarse con ellos el monto de la sentencia.


   Este hecho lo reseñamos en entrega anterior[4] en la que dimos a conocer en la que dimos a conocer los detalles de la demanda que Antonio Caballero mantiene en el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División de Houston en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia alias FARC-EP alias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; y contra el “El Cartel del Norte del Valle” y contra Vitol INC., destinada a hacer valer la Ley de Aclaración Antiterrorista que promulgó el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la cual permite que las víctimas de grupos terroristas recibir activos que los EE. UU. hayan incautado con base en leyes antidroga.


  Específicamente, Caballero busca cobrar una sentencia del 20 de mayo de 2020, que el Tribunal del Distrito Sur de Florida emitió a su favor, la cual determinó que en razón de los daños que le había ocasionado las FARC, tiene derecho a recuperar su reclamo por daños y perjuicios de conformidad con la Ley Antiterrorista contra las FARC y el Cartel del Norte de Valle (NDVC). Dicha sentencia le otorgó USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.


   La pretensión de Caballero es cobrarse con activos de Petróleos de Venezuela S.A. por un monto de USD 9.444.116,76, así como de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 los cuales se encuentran poder de Vitol Inc. pero que se encuentran bloqueados a consecuencia de las sanciones impuestas contra esta última por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).


   Desde entonces que se dictó la sentencia a su favor, Antonio Caballero batalla para hacer efectivo el cobro de la indemnización que ha cobrado sólo en parte y tiene un saldo pendiente de USD 41.734.153,93. Sus esfuerzos apuntan a Vitol Inc., dado que esta posee activos bloqueados Rosneft y PDVSA, pues considera a estas dos empresas como agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio.


  Antonio Caballero sostiene que los fondos bloqueados y que él pretende embargar le corresponden por ser Rosneft un agente o instrumentalidad de las FARC y, por tanto, de acuerdo con la Regla 668 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas, el tribunal debe sentenciar sumariamente a su favor y ordenar a Vitol Inc. pagarle los referidos fondos bloqueados.


   Considera que debe otorgársele la moción en su totalidad; negar el pedido de Vitol de recuperar los honorarios de abogados o costos de los Fondos Bloqueados; ordenar pagarle USD 12.661.259,98 dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se dicte el fallo; otorgarle todos los honorarios de abogados y costos de la corte incurridos en el proceso y todas las demás reparaciones a las que él pueda tener derecho.


La posición de Vitol


    Mientras esta era la posición de Antonio Caballero, Vitol Inc., 15 de enero de 2021 introdujo ante la Corte del el Distrito Sur de Texas-División de Houston, un Aviso de Retiro de la causa que cursaba en el tribunal del Distrito Judicial 284 del Condado de Montgomery, Texas, para trasladarlo a la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston.


    Igualmente, le manifestó al tribunal que se reservaban el derecho a presentar todas las defensas, mociones y/u objeciones que consideren conveniente en cuanto al servicio, jurisdicción o lugar, o cualquier otra defensa u objeción que puedan tener a esta acción.


  Vitol cuestiona los alegatos de Caballero para considerar que Rosneft y PDVSA son "agentes o instrumentalidades" del Deudor de la Sentencia (FARC) bajo la Ley de seguro contra riesgos de terrorismo de 2002, Pub. L. No. 107-297 (TRIA).


   Esto obedeció a que luego de haber el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenciado a favor de Antonio Caballero, este registró la sentencia en el citado Tribunal de Montgomery el 28 de septiembre de 2020 y, desde entonces, inició varios casos complementarios en un intento de cobrar la sentencia.


Los casos relacionados


   Antonio Caballero informó al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston acerca de los casos que lo involucran a él y a los deudores de la sentencia, a saber, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también conocidas como FARC también conocidas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Norte Cartel del Valle, en el Caso identificado con el número 4: 20-MC-02719.


   Igualmente, el caso Antonio Caballero contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros, en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, donde Caballero registró una sentencia extranjera dictada en el Caso Nº 18-25337.



  También, Antonio Caballero contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La sentencia de este caso fue registrada el 23 de septiembre de 2020 en el Distrito Sur de Texas.


    Caballero presentó tres procedimientos de embargo en el 284 ° Distrito Judicial del Condado de Montgomery, Texas, donde ejerció su derecho a satisfacer el Fallo Final de tres embargos diferentes en posesión de activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuyos activos fueron bloqueados por la OFAC el 28 de enero de 2019 de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850. Subrayó que PDVSA ha sido declarada por numerosos tribunales como una “agencia o instrumentalidad” de las FARC de conformidad con la sección 201 (a) de TRIA.


REFERENCIAS


[1] Venezuela Política. “Viuda de Fernando Albán demandó a Maduro, Padrino, Maikel Moreno, Tarek Saab, Reverol, las FARC y al Cartel de los Soles en corte de la Florida”. https://www.maibortpetit.info/2021/03/viuda-de-fernando-alban-demando-maduro.html


[2] El Tiempo. “Demandan a las Farc y ELN en EE.UU. por muerte de Carlos Caballero”. S/F. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12469805


[3] CNN en español. “Hijo de diplomático colombiano asesinado por las guerrillas recibe narcodinero como indemnización”. 28 de febrero de 2017. https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/28/hijo-de-diplomatico-colombiano-asesinado-y-torturado-por-las-guerrillas-recibe-un-millon-de-dolares-de-narcodinero/


[4] Venezuela Política. “Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol”. 12 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/victima-de-las-farc-quiere-cobrar.html



viernes, 26 de marzo de 2021

Conozca las razones por las que la viuda de Fernando Albán acusa a Maduro y su empresa criminal del asesinato de su esposo

  ¿Qué alega Meudy Albán Osío para responsabilizar al dictador venezolano y socios, las FARC y el Cartel de los Soles de la muerte del concejal de Primero Justicia ocurrida bajo custodia del SEBIN?

Por Maibort Petit

   La viuda del concejal Fernando Albán, Meudy Albán Osío, demandó por daños y perjuicios a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La familia del dirigente de Primero Justicia responsabiliza al mandatario venezolano del asesinato de este cometido el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

   Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  En la demanda, los demandados recuerdan que Estados Unidos y el mundo han condenado al régimen de Nicolás Maduro por la tortura y asesinato de Fernando Albán y se cita, en primer lugar, a la portavoz de la Casa Blanca para la fecha de los hechos, Sarah Sanders, quien dijo: “Las autoridades venezolanas detuvieron a Albán el 5 de octubre, a su regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló al mundo sobre la importancia de devolver la democracia al pueblo de Venezuela. Murió tres días después mientras estaba bajo la custodia del servicio de inteligencia de Venezuela ".

  Asimismo, citan al portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, quien se hizo eco de los sentimientos de la Casa Blanca y afirmó que el asesinato de Fernando Albán "destaca un patrón continuo de abusos de derechos humanos en ese país, represión y uso excesivo de la fuerza".

  Del mismo modo hacen referencia a la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana y del secretario de la OEA, Luis Almagro,que responsabilizaron al régimen de Maduro de la muerte de Albán;  los representantes Carlos Curbelo (FL-26), Ileana Ros-Lehtinen (FL-27), Mario Díaz-Balart (FL-25) y Albio Sires (NJ-08), así como el senador Marco Rubio (FL), quienes exigieron una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de Fernando Albán y solicitaron sanciones contra los responsables.

El papel del cartel de los Soles

   Sostiene la demanda que un miembro del ejército venezolano, a través de sobornos, se involucró en el tráfico de drogas en la década de 1990, mientras que para 1992, Hugo Chávez formó integró el que para la fecha se denominaba "Cártel Bolivariano", nombre que cambió en 1993 a "Cártel de los Soles". Ya en la presidencia, Chávez hizo crecer el cártel, otorgando inmunidad a los funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas a cambio de su lealtad. En 2005, expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de Venezuela y el país se convirtió en una ruta más atractiva para el tráfico de drogas. El Cártel de los Soles comenzó a coordinarse con las FARC para traficar cocaína, mientras las bases de la fuerza aérea venezolana comenzaron a albergar aviones cargados de cocaína que llegaban de Colombia.

  Cuando Chávez murió en 2013, Nicolás Maduro se convirtió en uno de los líderes del Cártel en el que Néstor Reverol Torres y Vladimir Padrino López son figuras importantes. Entretanto, Tarek William Saab y Maikel José Moreno Pérez también apoyan las actividades del cartel.

Las FARC

  Igualmente, se hace mención en la demanda a las FARC como una organización armada y violenta con sede principalmente en Colombia, de la cual varios de sus integrantes, luego de que esta guerrilla depusiera sus armas, desde pues del acuerdo de paz de 2016, se instalaron en Venezuela con la anuencia y apoyo de Nicolás Maduro. Estos en alianza, procuran descarrilar el proceso de paz y desestabilizar todos los niveles del gobierno colombiano mediante la violencia, asesinatos y toma de rehenes, terrorismo.

   Las FARC han sido y siguen siendo fuertemente antiamericanas, considerando a los estadunidenses como "objetivos militares". Para este grupo el narcotráfico en un medio de sustento, particularmente en la frontera con Venezuela.

   Desde el 8 de octubre de 1997 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, considera a las FARC como organización terrorista extranjera designada.

La empresa criminal de Maduro

  En la demanda de los Albán se indica que la Empresa Criminal Maduro es una asociación que incluye, entre otros, al propio Nicolás Maduro, su régimen, el Cartel de los Soles, las FARC y los individuos demandados (Saab, Moreno, Reverol).

  Sostiene que los miembros de la Empresa Criminal Maduro han conspirado y acordado cometer una amplia variedad de delitos interrelacionados entre ellos (a) el tráfico de estupefacientes; (b) actos de terrorismo que incluyen pero de ninguna manera se limitan al narcoterrorismo; (c) violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros, torturas y asesinatos; (d) delitos de corrupción pública; y (e) blanqueo de capitales.

   Cada una de estas actividades delictivas es intrínseca y necesaria para la funcionalidad de la empresa criminal en general, siendo un objetivo central de la empresa y la conspiración, retener el control autoritario sobre Venezuela. Al garantizar que Maduro controle ilegalmente el estado venezolano, la Empresa Criminal Maduro asegura que puede continuar cometiendo delitos rentables, como el tráfico de narcóticos y el saqueo del tesoro venezolano, con impunidad y sin interferencia de la aplicación de la ley legítima.

  Agrega que, a través de actos de terrorismo y abusos a los derechos humanos, la Empresa Criminal Maduro reprime la oposición a su narcotráfico, la corrupción pública y el control autoritario sobre Venezuela.

Las líneas clave de la Empresa Criminal Maduro

   El narcotráfico y el narcoterrorismo son parte fundamental de la Empresa Criminal Maduro, habiendo sus miembros —durante al menos 20 años hasta el día de hoy— actuado junto a las FARC en una vasta conspiración de narcoterrorismo y, a través de ella, ha inundado intencionalmente a Estados Unidos con cocaína, no solo para enriquecer al propio Maduro junto con los demás miembros de su organización, sino también para dañar a EE. UU.

   Cita que el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia reveló las acusaciones que imputan una miríada de delitos contra Maduro, otros líderes venezolanos y sus co-conspiradores de las FARC, por narcotráfico y narcoterrorismo. Luego la demanda hace un recuento de todos los pronunciamientos formulados desde distintas instancias del gobierno estadunidense en los que se describe la conducta criminal de Maduro, su empresa criminal y de sus co-conspiradores en conjunto con el grupo terrorista colombiano. Se indica cómo estos aprovecharon su poder autoritario en Venezuela para apoyar la conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico.

  Del mismo modo se hace referencia al hecho de que un grupo disidente de unos 2.500 miembros de las FARC se ha apoderado de la frontera entre Venezuela y Colombia con apoyo del régimen de Maduro para sus actividades narcoterroristas, permitiéndoles usar el país como un refugio seguro desde el cual pueden continuar conduciendo su tráfico de cocaína y su insurgencia armada.

  Entre otros, la demanda cita el caso de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores, condenados a 18 años de prisión por conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos y usar parte de las ganancias en la campaña electoral para la Primera Dama de Venezuela. Los condenados idearon un plan para trabajar con las FARC para enviar literalmente toneladas de cocaína a Estados Unidos.

   Agrega la demanda que un rasgo definitorio de la Empresa Criminal Maduro es la relación simbiótica entre sus principales miembros y el Cartel de los Soles y las FARC, trabajando mano a mano para perpetrar una conspiración narcoterrorista masiva, continua y altamente rentable dirigida contra Estados Unidos.

  Venezuela también proporciona un refugio seguro para las FARC y estas han asumido funciones estatales en regiones del país, teniendo un gran interés en apoyar al régimen de Maduro. La expansión a Venezuela ha permitido a las FARC llevar a cabo ataques en Colombia y resistir los golpes de las fuerzas de seguridad colombianas. Del mismo modo, refiere la demanda, Maduro proporciona a las FARC armas y municiones militares de alta gama, como armas antitanques lanzadas desde el hombro. A cambio, las FARC capacitan a las milicias y colectivos que funcionan como una unidad de las fuerzas armadas del Cartel de los Soles.

Los DDHH y el papel del SEBIN

   La demanda suma a las líneas de acción de la Empresa Criminal Maduro, los abusos contra los derechos humanos del régimen, siendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), uno de los brazos ejecutores de estas prácticas. Esta fuerza policial política es conocida por el hostigamiento, arresto, tortura y asesinato de presos políticos en Venezuela.

   Precisa que el SEBIN tortura habitualmente a detenidos y presos en su sede, un edificio de oficinas de 16 pisos en la Plaza Venezuela de Caracas. Este edificio también incluye cinco pisos subterráneos, apodados "La Tumba" por los funcionarios venezolanos. Allí, los presos políticos se mantienen en condiciones inhumanas a temperaturas bajo cero y sin ventilación, saneamiento ni luz natural. Las celdas son de dos por tres metros, con una cama de cemento, cámaras de seguridad y puertas enrejadas, cada celda alineada una al lado de la otra para que no haya interacciones entre los presos. Estas condiciones han provocado que los presos enfermen gravemente, a pesar de lo cual se les niega el tratamiento médico. El SEBIN también detiene a presos políticos en un segundo edificio, conocido como El Helicoide. La demanda describe toda la actividad criminal del SEBIN.

Cleptocracia y corrupción

  La demanda además describe al régimen de Nicolás Maduro como una cleptocracia que ha saqueado sistemáticamente a Venezuela, según lo ha afirmado la Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan.

  La Empresa Criminal Maduro blanqueó el producto de sus actividades delictivas a través de los Estados Unidos, especialmente el sur de Florida, indica la demanda.

La Empresa Criminal Maduro contra Albán

  Ante las denuncias que Fernando Albán formuló contra el régimen criminal de Nicolás Maduro, incluso en la asamblea de la ONU, la familia comenzó a recibir amenazas de muerte que llevaron a que la esposa del concejal y sus hijos tuvieran que huir a los Estados Unidos donde pidieron y obtuvieron asilo en julio de 2018.

  Tales denuncias, sostienen los demandantes que a razón de la persecución que el régimen de Maduro emprendió contra Albán y la delegación de su partido político, Primero Justicia en Nueva York, decidió arremeter contra el dirigente, capturarlo y luego asesinarlo.

   Para ello, la Empresa Criminal Maduro secuestró, a través del SEBIN, a Fernando Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando regresó de Nueva York a Venezuela el 5 de octubre de 2018.

  La demanda describe todo lo que califica como un secuestro y cómo le fabricaron cargos para justificar su detención y cómo agentes del SEBIN lo trasladaron al Palacio de Justicia donde fue presentado a un tribunal que declinó competencia y lo remitió al Tribunal de Control de Terrorismo, una instancia judicial utilizada por el régimen de Maduro para atacar a los líderes de la oposición.

  Asegura la demanda que el régimen de Maduro torturó y asesinó a Fernando Albán.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN, luego de torturarlo y asesinarlo, arrojó el cadáver de Albán desde el décimo piso de su sede.

  El fiscal general, Tarek William Saab, anunció por teléfono durante una transmisión por la televisora estatal VTV, que Albán “se había suicidado”, una historia que no resistió el escrutinio por mucho tiempo porque los baños en desde los cuales se dijo que se había lanzado, no tienen ventanas.

  Más tarde, el ministro del Interior, Néstor Reverol, hizo una declaración diferente, según la cual, Albán se lanzó desde la sala de espera.

  La demanda describe todas las contradicciones en que el régimen incurrió al informar del caso.