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domingo, 13 de septiembre de 2020

Venezuela movió más USD 40 mil millones en fondos ilícitos a través de PDVSA

  El régimen venezolano controla una red internacional de actividades delictivas que le brindan sustento financiero, recursos que supuestamente son legitimados a través de la estatal petrolera.

Por Maibort Petit

 Aunque no se conoce con certeza aún el alcance de los esfuerzos criminales del régimen criminal de Venezuela liderado, primero por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro, se han podido hacer algunas estimaciones razonables de partes de dicha empresa criminal expansiva. Igualmente, la revisión de un conjunto de investigaciones y casos legales han permitido establecer que a través de las estructuras de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), entre 2007 y 2018, se han movilizado alrededor de USD 40 mil millones de fondos ilícitos.

  Así lo refiere un informe elaborado por el presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el cual se analizan las actividades irregulares llevadas a cabo por el régimen, las cuales impiden la recuperación de las instituciones democráticas en Venezuela.

Lo que revelan las investigaciones

  El reporte refiere que una investigación llevada a cabo en 2019 un consorcio latinoamericano de periodistas de investigación denominado Connectas, estableció que, como estimación, funcionarios venezolanos desviaron USD 28 mil millones de PDVSA a través del programa Petrocaribe implementado por Hugo Chávez en 2005 en 14 países. En la práctica, advierte la investigación periodística, se ha tratado de la compra de respaldos diplomáticos[1].

  A su vez, IBI Consultants rastreó los movimientos de, por lo menos, USD 10 mil millones en fondos venezolanos que se movieron a través de la red criminal de PDVSA. En estas operaciones intervinieron aliados del régimen venezolanos en Centroamérica, como es el caso de Albanisa en Nicaragua y de Alba Petróleos en El Salvador, entre 2007 y 2018[2].

  Douglas Farah explica que las estructuras de la estatal Petróleos de Venezuela habrían servido para legitimar, entre los años 2007 y 2018, unos USD 40 mil millones en fondos de origen ilícitos, de acuerdo a lo que revelan diversas investigaciones y casos legales de diversa índole.

La estructura criminal venezolana

  El experto en seguridad, quien cataloga al régimen venezolano como una Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, calcula que alrededor de USD 10 mil millones fueron lavados en periodo referido anteriormente 2007-2018. Farah realizó una entrevista en Ciudad de Panamá (Panamá) en diciembre de 2018 a una fuente ligada al caso, quien le aseguró que la cifra se acerca a USD 43 mil millones, lo que llevó a establecer que entre USD 10 mil millones y USD 43 mil millones en fondos estatales de Venezuela fueron legitimados.

  Farah hace una revisión de las empresas criminales del régimen venezolano, establece sus orígenes, determina la manera cómo se vale de los lazos económicos y políticos que mantiene con estados regionales e internacionales, para así promover sus redes ilícitas y las alianzas criminales con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en operaciones de extracción de oro y drogas.

  En el reporte, se subraya el papel de Europa, toda vez que, si bien por un lado se erige como un socio único y poderoso de las fuerzas democráticas en Venezuela, por otra parte, también se ha convertido en el lugar donde los fondos ilícitos del régimen fluyen a través de sus bancos y sistema financiero.

Fondos ilícitos provenientes de las FARC y el ELN

 Parte de estos fondos ilícitos, lavados a través de PDVSA provendrían, supuestamente, de la venta de cocaína por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que Chávez construyó una estrecha alianza a partir de los años ´90, cuando la década de 1990, el grupo terrorista colombiano era el mayor productor de cocaína en el mundo.

  Y es que los disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz suscrito en diciembre de 2016, así como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), operan desde el territorio venezolano bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro[3].


 


 




[1] Connnectas. “#Petrofraude”. https://www.connectas.org/especiales/petrofraude/#


 


[2] Center for Complex Operations. National Defense University. “Convergence in Criminalized States: The New Paradigm”, en Beyond Convergence: World Without Order. https://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/books/Beyond%20Convergence/BEYOND%20CONVERGENCE%20%20World%20Without%20Order%20.pdf?ver=2016-10-25-125406-170


[3] InSight Crime. FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave. 10 de diciembre de 2018. https://www.insightcrime.org/news/analy-sis/farc-dissidents-eln-turn-venezuela-criminal-enclave/


 


domingo, 12 de abril de 2020

La acusación contra Nicolás Maduro: Detalles de la conspiración de narcoterrorismo (Parte II)

   En esta entrega se detalla cómo Maduro y sus cómplices, no solamente conspiraron para importar cocaína a los Estados Unidos, sino que sus operaciones narcotráfico estuvieron protegidas con armamento de guerra.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La acusación formulada por la fiscalía de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro Moros, a Diosdado Cabello Rondón, a Hugo Carvajal Barrios (a) “El Pollo”, Clíver Alcalá Cordones, Luciano Arango (a) “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte (a) “Jesús Santrich”, establece que las actividades de narcotráfico de que se les acusa estuvieron acompañadas del porte de armas de guerra con el objetivo de apoyar y garantizar el éxito de sus propósitos de importar cocaína al territorio de los EE. UU.

Conspiración para importar cocaína a EE. UU.

  El Departamento de Justicia encontró elementos para acusar a Nicolás Maduro Moros, a Diosdado Cabello Rondón, a Hugo Carvajal Barrios (a) “El Pollo”, Clíver Alcalá Cordones, Luciano Arango (a) “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte (a) “Jesús Santrich”, de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos.

  Consideró la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que desde 1999 hasta 2020, los acusados en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito particular de los Estados Unidos, incluidos Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, intencional y conscientemente combinados, conspiraron y acordaron violar las disposiciones del Título 21, Código de los Estados Unidos, Capítulo 13, Subcapítulo II.

  La conspiración de los demandados y otros desconocidos, procuró importar una sustancia controlada —y efectivamente así lo hicieron— a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952 (a) y 960 (a) (1).

  Una parte y objetivo de la conspiración de los acusados y otros desconocidos, fue fabricar con la intención de distribuir una sustancia controlada. Existen motivos razonables para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los EE. UU. y a una distancia de 12 millas de la costa, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 (a) y 960 (a) (3).

  Refiere la demanda que fue un objetivo de los acusados y otros desconocidos, ingresar a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, una sustancia controlada con la intención de distribuirla, violando así el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 (c) y 960 (a) (3).

   Sostiene la acusación que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, conspiraron para (i) importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los EE. UU. desde un lugar fuera de los mismo; (ii) fabricar y distribuir, con la intención, como se estima para ser importada ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los EE. UU. desde un lugar fuera de los mismos; y (iii) fabricar, distribuir 5 o más kilogramos y más mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b ) (1) (B).

Posesión de armas de guerra

  El tercer cargo en la demanda presentada por la fiscalía de EE. UU. es posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, considerando el Gran Jurado que existen elementos de convicción para creer que, entre 1999 y 2020, los acusados cometieron un delito de tráfico de drogas fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito de los Estados Unidos, entre ellos, Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, por el cual pueden ser procesados en un tribunal de los Estados Unidos, en virtud de que las sustancias controladas referidas en la primera y segunda demanda, estuvo acompañada del porte de armas de fuego, como ametralladoras, capaces de disparar automáticamente más de un disparo, sin recarga manual, mediante una sola función del gatillo, así como dispositivos destructivos, esto en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A), 924 (c) (1) (B) (ii), 3238 y 2.


Conspiración para poseer armas de guerra

   El cuarto cargo de la demanda contra de los acusados es el de Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

  Se cree que entre 1999 y 2020, los acusados cometieron un delito que se inició fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito particular de los Estados Unidos, entre ellos Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, para intencional y conscientemente violar el Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 924 (c).

  Refiere la demanda que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, y otros desconocidos, portaron armas de fuego, entre ellas ametralladoras, en apoyo a la comisión de los delitos de sustancias controladas referidos en las demandas 1 y 2, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A) (i) y 924 (c) (1) (B) (ii).

Otros aspectos de la demanda

  La demanda refiere que como resultado de la comisión de los delitos que se le imputan a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, perderán en los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21 , Código de los Estados Unidos, Secciones 853 y 970, todos y cada uno de los bienes que posean directa o indirectamente, como resultado de los delitos,  así como todos y cada uno de los bienes utilizados, o destinados a ser utilizados, de cualquier manera o parte, para cometer y facilitar la comisión de los delitos de que se les señala en las demandas uno y dos.


    Los acusados, como resultado de comisión de delitos de armas de fuego acusados en las demandas 3 y 4, perderán en los Estados Unidos, de conformidad con el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 924 (d), todas las armas de fuego y municiones involucradas y utilizadas en la comisión de los delitos acusados.

   Si alguno de los bienes confiscables descritos anteriormente, como resultado de cualquier acto u omisión de los acusados: a) no puede ubicarse en el ejercicio de la debida diligencia; b) ha sido transferido o vendido o depositado con una tercera persona; c) ha sido colocado fuera de la jurisdicción de la Corte; d)  ha disminuido sustancialmente en valor; o f) se ha mezclado con otra propiedad que no puede subdividirse sin dificultad, es la intención de los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21, Estados Unidos Código, Secciones 853 (p) y 970, y el Título 28, Código de los Estados Unidos, Sección 2461 ( c), buscar cualquier otra propiedad de los acusados hasta cubrir el valor de la propiedad decomisable anterior, todo esto de conformidad con el Título 21, Código de Estados Unidos, Secciones 853 y 970; y Título 28, Código de Estados Unidos, Sección 2461 (c).




domingo, 8 de marzo de 2020

En Nueva York: Ingresan nuevo documento al expediente de Hugo "el Pollo" Carvajal, acusado de delitos de narcotráfico por el gobierno de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El ingreso de una nueva pieza al extenso expediente del ex-jefe del Servicio de Inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal Barrios,  en la Corte del Distrito Sur de Nueva York elevó las alarmas y generó rumores sobre su supuesta ubicación y detención. Carvajal Barrios, se encuentra prófugo de la justicia desde noviembre de 2019.  El gobierno de España aprobó el 4 de marzo la solicitud del Ministro de Justicia de ese país, Juan Carlos Campo, de entregar a los Estados Unidos al militar venezolano para ser enjuiciado por delitos de tráfico de drogas y de armas y por estar relacionado con el grupo terrorista colombiano FARC. Hasta ahora las autoridades desconocen el paradero del presunto narcotraficante miembro del cártel de los Soles de Venezuela.
 Carvajal Barrios fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela durante ocho años en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. 

   El viernes 6 de marzo a última hora se supo que los fiscales introdujeron en el expediente de Carvajal un documento sellado. Fuentes aseguraron que los fiscales neoyorquinos han mantenido la presión sobre el gobierno español para que se haga entrega del sujeto sobre el que pesan graves acusaciones de narcotráfico.
   El militar se separó  del gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2019 y ofreció su respaldo al líder opositor, Juan Guaidó cuando éste ofreció amnistía los militares que lo apoyaran como presidente encargado de Venezuela. Posteriormente, huyó de Venezuela en un barco y fue arrestado en Madrid en abril de 2019.

   Luego desapareció en noviembre de 2019 después de que un tribunal español dictaminó que debía ser extraditado a los EE. UU. La policía española no ha podido localizarlo desde entonces.

  De acuerdo a los documentos judiciales, el militar es “es reclamado por la justicia de los Estados Unidos por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019 cuando presuntamente pertenecía al llamado ‘Cártel de los Soles’, dedicado al transporte de cargamentos de droga hacia EE. UU".  

   Desde 2008, Carvajal Barrios fue designado como narcotraficante en la Oficina para el Control de Activos Extranjeros dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU, tras ser acusado de de narcotráfico, blanqueo de capitales y de colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en EEUU.
  Carvajal Barrios tiene dos expedientes en Estados Unidos, uno en  la Corte Federal del Sur de Nueva York y en la Fiscalía Federal del Distrito Sur del Estado de Florida.

   El 14 de junio de 2019, el Consejo de Ministros español acordó la
continuación en vía judicial del procedimiento. El 17 de septiembre de 2019, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó denegar la extradición y lo puso en libertad. Dicha resolución fue recurrida por el Ministerio Fiscal y, el 8 de noviembre de 2019, la Sala Penal de la Audiencia Nacional acordó la entrega del citado individuo a EEUU. Ratificada la decisión el 20 de noviembre de 2019, Carvajal no fue encontrado en su domicilio. y hasta la fecha se desconocía su paradero desde que huyó de su residencia al conocerse que lo iban a extraditar.


  La acusación federal dice que Carvajal Barrios presuntamente envío a los Estados Unidos 5.6 toneladas de cocaína exportadas de Venezuela  a México en abril de 2006.  

  De ser declarado culpable, Carvajal Barrios enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua. 

  El caso de Carvajal Barrios está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía de Nueva York, bajo la coordinación de los fiscales federales adjuntos Emil J. Bove III, Amanda L. Houle y Matthew J. Laroche, con la asistencia de Adam Fels de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.