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lunes, 21 de septiembre de 2020

Destruyeron plantas de gas en PDVSA con la intención de comprar otras con sobreprecio

Por Maibort Petit

  Un proceso de desmantelamiento habría operado en las instalaciones de plantas de compresión de gas en el Lago de Maracaibo, donde muchas de estas instalaciones, las cuales habían sido repotenciadas entre los años 2004 y 2012 a un muy alto costo para Petróleos de Venezuela S.A., con el supuesto objetivo de llevar a cabo negociaciones irregulares y con sobreprecios en la compra de equipos sustitutos.

  De la tal obsolescencia habló el 6 de marzo de 2017, el presidente de PDVSA para la fecha, Eulogio Del Pino, quien en visita a las plantas compresoras de Gas Bachaquero I y Bachaquero II, cuando inspeccionaba las áreas operacionales ubicadas en diferentes regiones del país.

“Estas plantas forman parte de un sistema que lleva más de ocho décadas funcionando; muchas de ellas necesitan ser sustituidas; por ello estuvimos revisando un proyecto denominado Sorocaima, que será una nueva planta para el manejo del gas en el Lago de Maracaibo, adaptada a la nueva situación de los yacimientos lacustres, dado que las condiciones de producción y manejo de gas ha cambiado”, dijo Del Pino.

 Allí el presidente de la estatal anunció que Orlando Chacín, vicepresidente de Producción estaba encargado, a través de un comité, de repensar la producción de crudo y gas en el Lago de Maracaibo y, en tal sentido, debía plantear nuevas estrategias de infraestructura en esa área operacional. Sin embargo, advirtió que a pesar de la obsolescencia de los equipos, en la zona había una producción de” 400 mil barriles de crudo por día y tiene la oportunidad de crecer, porque tenemos las reservas que es lo más importante. Las reservas probadas del Lago de Maracaibo superan las de cualquier país, calculadas en 10 mil millones de barriles. Eso da para producción con una infraestructura diferente, nueva”[1].

  Fuentes ligadas a la industria petrolera nos indican que el deterioro inducido se habría provocado, no únicamente en las viejas plantas de turbocompresores en cadena (1 cadena=6 o 7 turbocompresores en serie), como es el caso de las plantas PC-Bachaquero-1, PC-TJ-3 (Tía Juana 3) y PC-TJ-2, sino también en las más nuevas de tipo Modulares como PC-TJ4, PC-TJ-5, PC-LL-1 (Lagunillas 1), MiniPlantas MP-LL-1, 2, 3, 4, 5, 6 (Lagunillas 1 a la 6), PC-UD-1 (Urdaneta 1), entre otras con 1 y hasta 4 Módulos independientes (1 Módulo= 1 Turbocompresor); además, en los complejos donde operan cantidad de diversos módulos, incluidos los de generación eléctrica, como los de Complejo LAMA y LAMARGAS.


  Se nos hace saber que entre esos módulos había unos denominados “portátiles”, los cuales se suponía, podían movilizarse en razón de que poseían en sus bases los mecanismos para trasladarlos "fácilmente" de un lado al otro del Lago de Maracaibo. De estos equipos, quedaban dos operativos de los años ´90, los cuales eran conocidos como PORTA-6 y PORTA-7.

  Sustentados en esta experiencia, Héctor Roque, Héctor Roque, exgerente de Operación Integral de Plantas y Luis Nieto, comenzaron a proponer un megaproyecto denominado "Compresión Portátil", que no consistió en otra cosa que provocar la obsolescencia de algunas plantas, para ser sustituidas por este tipo de módulos "portátiles", a un costo de USD 1.000.000.000. Para ello habrían contactado a un grupo de ingenieros en Estados Unidos para implementar el proyecto y se estimaba que los referido “módulos portátiles” serían comprados en Asia. El 6 de septiembre de 2017, Héctor Roque y otros 7 funcionarios de PDVSA Occidente fueron detenidos, acusados del presunto desvío multimillonario de crudo, mediante el agregado de emulsionantes y agua que era exportado por el Puerto Miranda por donde salen 1.5 millones de barriles diarios[2].

  Fue a partir de ese momento —señala la fuente— cuando comenzó a apresurarse la destrucción de cuanta planta de compresión de gas pudieran. De este modo, en PC-TJ-2, para el año 2015, las dos cadenas estaban inservibles (300 MMPCED de inyección perdidos). Igualmente, los equipos se dejaban a merced de los piratas del Lago que procedían a su desvalijamiento. También se recurría al descuido en el funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, una cadena de PC-TJ estuvo 3 años sin arrancar efectivamente, mientras cantidad de módulos de compresión (de las modulares) se dejaron sin mantenimientos. MP-Ba-1 y MP-Ba-2, por su parte, fueron desvalijadas (miniplantas Bachaquero 1 y 2), entre otros daños provocados.

 Fue así como fueron desincorporándose equipos que, según los informantes, estaban operativos.












[1] PDVSA. “Presidente de PDVSA recorrió plantas compresoras de gas en el Lago de Maracaibo”. 6 de marzo de 2015. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7673:presidente-de-pdvsa-recorrio-plantas-compresoras-de-gas-en-el-lago-de-maracaibo&catid=10&Itemid=589&lang=es

[2] El Nacional. “Detienen a 9 gerentes de Pdvsa Occidente”. 6 de septiembre de 2017. https://www.elnacional.com/economia/detienen-gerentes-pdvsa-occidente_202260/


sábado, 6 de junio de 2020

Exclusivo: Documento prueba alta injerencia de Ramiro Valdés Menéndez en PDVSA

   En una comunicación el expresidente de petrolera estatal pidió al militar cubano su mediación para retirar 300 millones de euros de sus propios haberes en un banco de la isla. El firmante de la misiva está bajo la custodia del régimen desde 2018, acusado por delitos de corrupción. 

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

    En 2016, la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A., para entonces en manos de Eulogio Del Pino,  envió una carta  a Ramiro Valdés Menéndez, Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, para solicitar "sus buenos oficios para poder retirar 300 millones de euros de los haberes que la empresa mantenía en el Banco Internacional de Comercio (BICSA), institución bancaria de intermediación financiera de la República de Cuba". 
Nicolás Maduro y Ramiro Valdés (Foto cortesía )
 Del Pino pidió a Valdés Menéndez su apoyo a objeto de que requiriera a la directiva del BICSA “evaluar” el retiro de los citados 300 millones de euros que le pertenecían a PDVSA.

  Resulta inverosímil ver los términos en los que el presidente de la empresa más importante de Venezuela, prácticamente solicita el permiso del comandante y alto jerarca de la dictadura cubana, para retirar parte del dinero propiedad de la filial de la estatal, PDV Caribe, depositado en la referida institución. Una diligencia que en cualquier economía se haría directamente ante la entidad sin tener que pedir el permiso o autorización gubernamental.

El pedido a Ramiro Valdés

   El 18 de enero de 2016, Eulogio Del Pino, para la fecha presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) remitió la comunicación identificada con el código JDG-2016-0007, dirigida a Ramiro Valdés Menéndez, Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, para exponerle que por designación del presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, integraba el gabinete económico del gobierno, siendo una de las funciones que se le habían encomendado, coordinar la consecución de recursos financieros para “enfrentar y solventar el impacto de la crisis económica, derivada en parte por la abrupta y sostenida caída de los ingresos petroleros”.
  Le refirió que tal situación comprometía estratégicamente el desarrollo de las actividades productivas de la principal industria venezolana, así como el desarrollo de los programas económicos y sociales que adelanta el gobierno.

   Del Pino le solicitó al comandante de la revolución cubana “su valioso y extraordinario apoyo a fin de que requerir a la directiva del Banco Internacional de Comercio (BICSA), evaluar el retiro de 300 millones de euros de los haberes constituidos en la cuenta que la filial PDV Caribe tiene en dicha institución bajo la cuenta N° 45325010723100/0407650072310040”.

  Se instruyó a Valdés para que la transferencia de los 300 millones de euros se efectuara a la cuenta que Petróleos de Venezuela S.A. mantiene en el Novo Banco S.A., en Lisboa, Portugal, identificada con el Swift/BIC Code BESCPTPL.

  El banco beneficiario era Novo Banco S.A.-Madeira Branch, cuyo Switft es BESCPTPLOSF, mientras que el IBAN del beneficiario es PT50 0007 0903 0009 5081 9003 0 y el número de cuenta de PDVSA en la entidad 9030 9508 1900.

  Eulogio Del Pino le manifestó a Valdés que estaba a su disposición en caso de que estimara que el caso debía ser tratado personalmente, por lo que estaría a su disposición en el momento en que funcionario cubano lo considerara.


El BICSA

   El portal Ecured[1] informa que el Banco Internacional de Comercio (BICSA) “es una institución bancaria con el propósito de realizar operaciones de intermediación financiera y de otro carácter en el campo de las finanzas en divisas, conforme a las regulaciones del Banco central de Cuba”.

La página agrega que el BICSA surgió para negociar con instituciones bancarias y compañías extranjeras además de efectuar las operaciones en divisas.
  El capital social autorizado fue de 10 millones de pesos cubanos, equivalentes para la fecha a igual cantidad de dólares estadounidenses, representados en 10 mil acciones nominativas de mil pesos cubanos pagadero en su equivalente en marcos alemanes (posteriormente euros).

  El capital suscrito fue de un millón de pesos cubanos pagaderos en marcos alemanes al tipo de cambio para la fecha de la constitución del banco.

  BICSA está ubicado en La Habana y se constituyó mediante la escritura número 49/93 de fecha 29 de octubre de 1993.

Chávez oficializó la participación de Valdés en Venezuela

  En enero de 2010, el finado expresidente, Hugo Chávez, anunció que Ramiro Valdés, para entonces ministro de Tecnología cubano, estaba en Venezuela a objeto de dirigir la comisión técnica que haría frente a la crisis eléctrica que afecta al país, reseñó el portal Infobae[2].
"Ellos (los cubanos) lo han tenido (el problema eléctrico) muy grave en otras épocas (...) Está con nosotros al frente de esa comisión uno de los héroes de la revolución cubana, el comandante Ramiro Valdés", dio a conocer Chávez sin precisar más detalles al respecto.

   La información la dio el difunto mandatario durante el undécimo aniversario de su llegada al poder, el 2 de febrero de 1999, al tiempo que explicó que la participación de Valdés fue un ofrecimiento del también fallecido exdictador cubano, Fidel Castro, quien envío una comisión técnica encabezada por Valdés para ayudar a solventar el problema eléctrico que padecía —y aun padece— Venezuela.

Noticia mal recibida

  Pero el optimismo manifestado en el difunto mandatario y sus seguidores, no se replicó en el resto de la sociedad venezolana, toda vez que mientras desde el oficialismo se le daba la bienvenida al comandante cubano y loaron su papel en la revolución cubana, otras voces en Venezuela se levantaron en contra de la referida “colaboración” y protestaron por la presencia y participación del militar antillano en los asuntos del país.

  Ramiro Valdés se sumó así a los miles de funcionarios cubanos que se desempeñan en diferentes áreas de la administración pública venezolana, aun en aquellas de carácter estratégico como la salud, identificación, inmigración y la seguridad, presumiéndose además, su presencia en la principal industria venezolana: la petrolera.

  Una nota de la BBC Mundo recoge declaraciones de Luis Alfonso Dávila, expresidente del Congreso de la República y excanciller de la administración de Chávez, quien estimó en ese entonces (2010) la presencia cubana en Venezuela en unos 60 mil funcionarios.

  Los opositores a la medida, cuestionaron la aducida experiencia de Ramiro Valdés en materia de restricciones eléctricas y recordaron que el haber del militar en la administración cubana ha tenido que ver más bien con asuntos de seguridad. "Sí, me extraña mucho, porque es fundador del G2 (servicios de inteligencia) de Cuba, fue ministro del Interior, tiene experiencia en seguridad. Por otra parte, Cuba tiene un retraso muy grande en materia eléctrica en relación con Venezuela, los especialistas cubanos no tienen nada que ofrecerle a los venezolanos", refirió Américo Martín.

  Del mismo modo el comunicólogo, Antonio Pasqualli, subrayó que la experiencia de Valdés era en materia de censura de comunicaciones e internet. "Tengo años denunciando las injerencias en este país de ese individuo (…) Logró venderle a Hugo Chávez todas las estaciones comunitarias que tenemos en el país, algunas de ellas con comisario político incluido cuando el comprador no era de toda confianza (…) Este hombre declaró en un Congreso hace dos años, y cito, que 'internet es un invento de Occidente para el exterminio de la humanidad'"[3].

¿La verdad detrás del asunto?

  En un artículo publicado en el portal Cuba, Democracia y Vida, Huber Matos Araluce se une al coro de voces que cuestiona la supuesta experticia de Ramiro Valdés en materia eléctrica, dado que su verdadera especialidad es el espionaje y la represión.

  Matos Araluce asoma la posibilidad de que la auténtica razón del viaje del militar cubano a Venezuela haya sido “orquestar un negocio lucrativo para el castrismo: instalar plantas generadoras de electricidad que consumen una cantidad considerable de combustible”.

  Y agrega: “En este plan, como en otros, pretenden que millones de dólares sean transferidos de Venezuela a Cuba por concepto de asesoría, compra e instalación de plantas eléctricas”.

  De cualquier manera, el articulista advierte que el viaje del comandante castrista a Venezuela no necesariamente tenía que obedecer a una sola razón, alertando que la renuncia de tres ministros, las protestas por el cierre de la televisora RCTV podía haber tomado por sorpresa al alto mando cubano y encendido las alarmas en la isla.

“Ramiro Valdés ‘en su tiempo libre’ puede supervisar de primera mano el aparato de espionaje y represión que los castristas montaron y dirigen en Venezuela. Su presencia allí hará menos necesarios los frecuentes viajes de Chávez a Cuba cada vez que necesita instrucciones; hay que guardar las apariencias de la independencia”[4].  

  Ante las críticas, Hugo Chávez Frías, eludió las explicaciones y se limitó a emitir sus acostumbradas frases descalificatorias a sus adversarios. “A la burguesía le da piquiña cuando hablamos de Cuba. ¡Vamos a hablar de Cuba por todos lados! ¡Viva Cuba, viva Cuba, viva Cuba!”, reseñó una nota de El Estímulo publicada en marzo de 2019 en la que se recordaba la visita de Valdés con el propósito de contribuir a la solución del problema eléctrico[5].

  En el portal KonZapata, también el periodista Juan Carlos Zapata aseguró en uno de sus “Konfidenciales”, que “el hombre del G-2”, el papel de las visitas de Valdés en Venezuela desde 2010, nada tenía que ver con la solución a la crisis eléctrica, sino con afinar la intromisión del gobierno cubano en asuntos de inteligencia. “(…) en 2010 arribó y que a ofrecer apoyo ante la crisis eléctrica que entonces afloraba. Ya se ve en qué derivó la crisis eléctrica con Maduro. Su papel era y es otro: la inteligencia cubana. Y lo cierto es que Ramiro Valdés es todo un poder en Venezuela, si llega al punto del control que impone y ejerce la inteligencia cubana en la Fuerza Armada, en la estructura estatal, en la estructura del PSUV, y más allá”[6].

  La citada nota de El Estímulo refiere que Ramiro Valdés volvió a Venezuela en marzo de 2019 pero en esta ocasión el objetivo no era solucionar la crisis eléctrica, sino para neutralizar las acciones del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la república, Juan Guaidó, además de someter a la población venezolana. Esto ocurrió, paradójicamente, durante un mega apagón que mantuvo a Venezuela en la oscuridad por varios días, una situación que el gobierno adjudicó a un sabotaje orquestado por la oposición venezolana. La Asamblea Nacional, por el contrario estima que la crisis eléctrica del país obedece a la corrupción y la ineficiencia que acabó con las industrias venezolanas durante los veinte años de la revolución.

  En la reseña, se recoge la opinión de la investigadora cubana, María Werlau, quien en su libro sobre Cuba y Venezuela, dice que Ramiro Valdés —creador del sistema de inteligencia cubano junto a la KGB— dirigió la toma del espacio cibernético venezolano y la penetración venezolano y la penetración de los organismos de represión, así como del entrenamiento de los colectivos armados.

  Werlau sostiene que Cuba tomó el control de las bases de datos venezolano, de PDVSA, CANTV, ministerios y organismos de seguridad. Refiere que también su diseño el denominado carnet de la patria, los pasaportes, registros, migración y el servicio de identificación. “Además, concluyó que han desarrollado una ‘ciberrepresión’ sofisticada con la cual saben lo que hacen los opositores en los medios y redes sociales, monitorean los correos electrónicos de los opositores, saben dónde están”.

Valdés ideólogo de los cambios en PDVSA

  El documento que presentamos en estas páginas revela cómo desde Cuba se deciden asuntos fundamentales en la industria petrolera, tal como la disposición de los haberes de la empresa.

  El Estímulo, refiere igualmente, que Ramiro Valdés fue el responsable de los cambios operados en PDVSA, habiéndose iniciado la presencia cubana en la estatal luego del paro petrolero de 2002, fecha en la que arribó al país personal cubano que se encargó de la toma de las operaciones navieras y de la recuperación del cerebro electrónico de la empresa que, hasta ese momento, había estado en manos de la compañía estadounidense SAIC. Desde entonces, comenzó la incursión cubana en Petróleos de Venezuela.

  La nota recuerda que Socorro Hernández —una de las actuales rectoras del Consejo Nacional Electoral— cuando se desempeñaba como directora ejecutiva de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA, participó en la XII Convención y Expo Internacional de La Habana, Informática 2007 la cual encabezó Ramiro Valdés, quien para el momento ejercía como ministro de Informática y Comunicaciones en el gobierno antillano. Socorro pasó de PDVSA a integrar el gabinete ministerial como titular de la cartera de Telecomunicaciones e Informática y, posteriormente, la presidencia de la CANTV, desde donde saltó al organismo electoral. El Departamento del Tesoro la sancionó por su presunta relación con los fraudes electorales tenidos en los comicios venezolanos, así como incurrir en la censura a los medios de comunicación y corrupción en los programas de distribución de alimentos.

  Cabe apuntar que Socorro Hernández mantuvo siempre a su lado a Dicsa Chacón, hermana de Jesse Chacón, quien tenía a su cargo el manejo de las relaciones de PDVSA con Cuba en lo atinente al área tecnológica, mientras que en la CANTV se desempeñó como gerente de transición al socialismo.

  El 18 de diciembre de 2008, Valdés suscribió con Rafael Ramírez, a la sazón exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, un memorando de entendimiento para crear la empresa socialista de capital mixto Guardián del Alba S.A. que se encargaría de fabricar soluciones tecnológicas integrales en las áreas de AIT supuestamente para alcanzar una plena soberanía tecnológica. PDVSA Industrial (51 por ciento accionario) y la empresa cubana Albet S.A. (49 por ciento de las acciones) se encargaron de crear la citada compañía, administrar sus activos y asegurarse de su buen funcionamiento. La nueva compañía construiría software con el ánimo de reducir el pago de licencias, mantenimiento, servicio técnico por más de USD 500 millones al año. Se estimó que la empresa comenzaría a funcionar en enero de 2009.

  Sobre Albet S.A., una nota de El País[7] que recoge el testimonio de cubanos disidentes, indica que esta compañía maneja los sistemas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), llegando a ser su poder de tal magnitud que no se permite el acceso de venezolanos al área en que se centraliza el manejo de los datos obtenidos. “También son cubanos los sistemas informáticos de la presidencia, ministerios, programas sociales, servicios policiales y de la petrolera estatal PDVSA, mediante la empresa mixta Guardián del Alba”.

   La venta de estos servicios antillanos a Venezuela —refiere la reseña periodística— es obra de Valdés, al tiempo que sepone en duda la calidad de esta prestación. Se alerta del desconocimiento acerca de la cifra exacta de personal cubano operando en el país, manejándose solamente algunas aproximaciones sobre su participación en áreas de salud, deporte, cultura y agricultura, pero “No hay datos oficiales sobre los que trabajan en el sector eléctrico, de la construcción, en informática, en asesoría al gobierno y en otras áreas”, lo que incluye a la petrolera estatal.

   La nota, publicada en marzo de 2014, cita declaraciones del exgeneral retirado y colaborador de Chávez, Antonio Rivero, quien estimaba para la fecha una presencia cubana en Venezuela de más de cien mil personas, “entre ellos 3.700 funcionarios de su servicio de inteligencia, el G2. ‘Nada más en seguridad y defensa, estimamos que puede haber unas 5.600 personas’.  Y afirma que hay cubanos en las bases militares más importantes del país”.

   En materia petrolera, Rivero dijo entonces que el subsidio a la isla por parte de Venezuela estaba en el orden de los 3.600 millones de euros anuales, a razón de más de 100 mil barriles de crudo diarios.

Sobre los costos para Venezuela

  Transparencia Venezuela[8] subraya que Cuba subcontrató a nombre del país a empresas transnacionales para llevar a cabo los trabajos encomendados y para proveer los servicios que se suponen debían estar en sus manos.

   En este sentido refirió que el contrato la identificación de los venezolanos con la empresa Albet Ingeniería y Sistemas y sobre el cual pesan cláusulas de confidencialidad tuvo un alto costo difícil de estimar dada la gran diversidad contratos por diversos montos suscritos, los cuales se calculan en unos USD 1.400 millones. El paso de Onidex a Saime, también estuvo a cargo de esta empresa, mientras la actualización de este último en 2005 fue responsabilidad de la corporación cubana Copextel. “El diseño del nuevo organismo de identificación fue aprobado por José Lavandero, funcionario de la UCI cubana, quien en la práctica fue el padre de la nueva institución venezolana. El documento de creación del Proyecto Identidad señala que el plan tenía un costo de 91,5 millones de dólares y comprendía la ‘solución tecnológica completa’ para la modernización del ente. Para esta etapa —informaron entonces las autoridades—, se aprobó un crédito adicional de 135,9 millones de dólares. Aun así, año tras año se siguen destinando recursos a este fin en el presupuesto nacional”.

  En 2008 se suscribió con Albet un nuevo contrato para la cédula de identidad por USD 172,2 millones, encargándose a Cuba desde las tarjetas hasta el software para manejarlas.

  Agrega la reseña de Transparencia que el plan de modernización del sistema de identidad venezolano le ha costado al país entre 2009 y 2014, alrededor de USD 630 millones. Una cifra a la que se suman USD 783,5 millones que Albet informó ante el Sistema Económico Latinoamericano entre 2004 y 2010. “Si se toman en cuenta las cifras contenidas en el presupuesto nacional, la de los créditos adicionales, las establecidas en los contratos y las expuestas por la compañía, se llega a un cálculo de 1.413 millones de dólares asignados a la asesoría cubana en materia de identidad”, detrás de la cual el nombre de Ramiro Valdés siempre ha rondado.

¿Quién es Ramiro Valdés?

  Nacido el 28 de abril de 1932 en Artemisa, locación perteneciente a la provincia de La Habana, Ramiro Valdés Menéndez es un militar y político cubano, proveniente de las filas de los veteranos de la de denominada revolución cubana que comenzó el 26 de julio de 1953. Integró el grupo que asaltó el Cuartel Moncada cuando contaba con 21 años de edad.

   Participó en el asalto a la prisión de la Isla de Pinos y en mayo de 1955 fue amnistiado por la administración de Fulgencio Batista dadas las presiones populares que operaban en su favor.

   Se trasladó a México desde donde se preparó para para participar en la expedición del Granma que desembarcó el 2 de diciembre de 1956 con 82 expedicionarios. Formó parte de la lucha insurreccional en la Sierra Maestra. Fue protagonista de la invasión a occidente.

  Fue ministro del interior (1961-1968) y (1979-1985), posición desde la cual adoptó fuertes medidas de represión contra la disidencia y los opositores políticos.  

  Desde el año 1976, Valdés Menéndez ostenta en grado militar honorífico de Comandante de la Revolución.  

   En la actualidad es vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de Cuba, cargo en el que fue ratificado durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) como miembro del Buró Político, instancia a la que ha perteneció desde su constitución hasta 1986, luego del comité central.

   Igualmente, entre el 31 de agosto de 2006 y el 6 de enero de 2011 se desempeñó como ministro de la Informática y las Comunicaciones.

   Ha sido diputado a la Asamblea Nacional desde su fundación. También ha tenido responsabilidades como jefe de la Seguridad del Estado, viceprimer ministro jefe del Sector de la Construcción. Es tenido como héroe de la República de Cuba[9] [10].

CITAS

[1] Ecured. Banco Internacional de Comercio SA. https://www.ecured.cu/Banco_Internacional_de_Comercio_SA



[2] Infobae. “Hugo Chávez recurrió a Cuba para solucionar la crisis energética”. 3 de febrero de 2010. https://www.infobae.com/2010/02/03/498741-hugo-chavez-recurrio-cuba-solucionar-la-crisis-energetica/

[3] BBC Mundo. “Polémica en Venezuela por ministro cubano”. 4 de febrero de 2010. https://www.bbc.com/mundo/economia/2010/02/100203_2236_venezuela_cuba_energia_gm

[4] Cuba, Democracia y Vida. “ Ramiro Valdés en Venezuela: razones y consecuencias” http://www.cubademocraciayvida.org/web/print.asp?artID=10381

[5] El Estímulo. “Cuba y Valdés, protagonistas del colapso eléctrico en Venezuela”. 16 de marzo de 2019. http://www.elestimulo.com/blog/cuba-y-valdes-protagonistas-del-colapso-electrico-en-venezuela/       

[6] KonZapata. “Ramiro Valdés” 20 de marzo de 2019. https://konzapata.com/movil/tag/ramiro-valdes

[7] El País. “Las relaciones desmedidas”. 30 de marzo de 2014. http://www.elpais.com/internacional/2014/03/28/actualidad/139602665_272257.html

[8] Transparencia Venezuela. “Más de un millardo de dólares en planes de identidad con Cuba”. https://transparencia.org.ve/project/mas-de-un-millardo-de-dolares-en-planes-de-identidad-con-cuba/

[9] Latin American Studies, Miembros del Consejo de Estado. http://www.latinamericanstudies.org/cuba/consejo-estado-08.htm

[10] Ovario. “ramiro Valdés Menéndez: El verdugo de Cuba”. https://ovario.wordpress.com/2010/02/05/ramiro-valdes-menendez-el-verdugo-de-cuba/

martes, 11 de febrero de 2020

Cacería de brujas en PDVSA (Parte 1): Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG

  La auditoría hecha por Diego Armando Nava Negrette determinó irregularidades en estaciones de PDVSA en la Costa Occidental del Lago. Las pérdidas, por la diferencia entre la producción transferida por la empresa mixta y la producción recibida en el patio de tanque, se estiman en $22,43 millones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Por haberse negado apoyar varios esquemas de corrupción, denunciarlos en sus informes y no manipular las investigaciones sobre las múltiples irregularidades ocurridas en la empresa mixta Petrourdaneta con sus socios Odebrecht y la compañía anónima militar CAMIMPEG, la actual cúpula de PDVSA Occidente persigue a uno de los auditores del equipo que firmó los reportes de auditoría de la petrolera venezolana.
    Diego Armando Nava Negrette asegura que fue testigo de varios casos de corrupción de PDVSA y que ha sido perseguido por grupos armados vinculados al régimen de Venezuela desde 2017, luego de haber participado en una investigación interna de la petrolera estatal que buscaba esclarecer las irregularidades en las operaciones de CAMIMPEG, su socio, Southem Procurement Services (SPS), Odebrecht y las asignaciones que en conjunto entregó PDVSA a las mencionadas firmas asociadas a Petrourdaneta.

  El ex-funcionario de PDVSA denunció lo siguiente: "he recibido llamadas amenazantes desde un número telefónico de una cárcel venezolana, de una persona que se identifica como miembro de un colectivo".

  Comenta que sus superiores lo han querido "chantajear con el trabajo de investigación sobre los casos de corrupción ocurridos en Petrourdaneta con las empresas Odebrecht y CAMIMPEG, donde realmente quieren que todo lo relacionado al robo de los activos del Estado sean sumados a las personas que ya están detenidas, entre ellas, al expresidente de la petrolera, Eulogio del Pino". Asimismo, aparecen los nombres de los siguientes exfuncionarios: Orlando Chacín, Yamelis de López, Luis Carlos Zapata Leal, Gustavo Malavé y Lioner Valdéz.

  De acuerdo al relato de Nava Negrette, las autoridades de PDVSA habrían manipulado los elementos de la investigación de lo que pasaba en PDVSA bajo la presidencia de Eulogio del Pino y su equipo, para hacerlos aparecer como los únicos culpables de lo ocurrido, inclusive después de casi tres años que tiene el general  Manuel Quevedo como máximo jefe de Petróleos de Venezuela."Ellos no quieren asumir que encontraron una producción en más de un millón y medio de barriles diario y hoy a duras penas llegan a 700 mbd", acotó.

   Dijo que fue citado en 2017 como testigo por uno de sus informes de auditoría, de un caso donde hay detenidos pero que sigue abierto.
  El ex-auditor de PDVSA Occidente sostiene que cuando estaba realizando las investigaciones —apegadas a las normas internas de PDVSA— descubrió las irregularidades ocurridas en tres empresas mixtas, una de ellas asociada estuvo asociada con la Constructora brasileña Odebrecht hasta 2017, y posteriormente, pasó a estar asociada con la empresa estatal militar CAMIMPEG.

   De acuerdo a lo investigado por Nava Negrette en ese caso están involucrados el gobernador, alcaldes de la zona, militares y el director de PDVSA Occidente, José Luis Araujo. Este funcionario estuvo vinculado con una empresa mixta cuando se perdieron más de 60 mil barriles de crudo y una cantidad enorme de millones de dólares. Posterior a ese evento, Araujo habría sido ascendido. Este caso aún no está resuelto, acotó.

La empresa petrolera militar CAMIMPEG

  CAMIMPEG es socio de PDVSA en la empresa mixta Petrourdaneta desde el año 2017 —según el convenio— PDVSA entregó 400 millones de dólares con el compromiso de subir la producción  a 40 mil barriles diarios. 

    La averiguación realizada por los auditores, señala que la producción de Petrourdaneta ha bajado paulatinamente desde 2017 a 2019, "tanto que actualmente está en dos mil barriles, las instalaciones están deterioradas y abandonadas. Definitivamente ellos son los responsables y los resultados los atacan directamente".

   En marzo de 2017, el 40 por ciento de Petrourdaneta —que correspondía a la Constructora brasileña Odebrecht—  fue asignado a la Compañía Anónima Militar de Industria Mineras, Petrolíferas y de Gas, CAMIMPEG, presidida por el Mayor General, Alexander Hernández Quintana. Este procedimiento fue ordenado por el entonces presidente de PDVSA, Eulogio del Pino.

   La alianza Petrourdaneta-CAMIMPEG constaba con una primera fase de ejecución de proyectos conjuntos que se ejecutarían en un lapso de 24 meses, y preveía "una inversión de 400 millones de dólares con el objetivo de incrementar la producción del Campo Urdaneta en el Lago de Maracaibo, en 400 mil barriles por día", según explicó Eulogio del Pino en una nota de prensa reseñada por el portal de noticias gubernamental Agencia Venezolana de Noticias (AVN) del 24 de marzo de 2017.

   "Para desarrollar el objetivo de incrementar la producción del Campo Urdaneta y después que las empresas estadounidenses de servicios Halliburton y Schlumberger redujeron al mínimo sus funciones en 2016, tras una deuda no cancelada de PDVSA, CAMIMPEG firmó para encargarse de esa área", dice el reporte de auditoría del caso denunciado.

   Petrourdaneta S.A.  es una empresa mixta creada el 19 de octubre de  2011 a través del Decreto 8.527, publicado en la gaceta Oficial  Nro. 39.781 para la explotación, de condensados y gas.

    Petrourdaneta S.A.  está ubicada al oeste de la ciudad de Maracaibo, y conformada por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) con un nivel accionario de 60 % y la empresa brasileña Odebrecht, la  poseía el 40 por ciento restante. La empresa se encarga de la explotación  de los campos La Paz, Mara Este y Mara Oeste y el área de la ciudad  de la Concepción en Maracaibo, estado Zulia.

  Para desarrollar el objetivo de incrementar la producción del Campo Urdaneta, —después que las empresas Halliburton y Schlumberger  redujeron al mínimo sus funciones 2016, tras una deud no cancelada— CAMIMPEG firmó contratos con la empresa Procurement Services Ltd. (SPS) en julio de 2016. SPS fue registrada  en 2011 en el Reino Unido, luego en la Islas Marshall y  en Belice. La empresa presidida por Manuel Chinchilla Silva— recibió asignaciones de PDVSA para operar en los muelles Alí Primera y Pedro Lucas Urribarrí, ubicados en el Campo Urdaneta lago y Centro Sur Lago, en el estado Zulia. A través de esta alianza cívico-militar, SPS y CAMIMPEG, asumieron la operatividad  y el financiamiento de los campos y los servicios integrales de tres empresas mixtas: Petrourdaneta, Petroquiriquire  y Petrozamora.

Irregularidades

   La Auditoría hecha por Nava Negrette (y el equipo que le acompañó) determinó irregularidades en estaciones de PDVSA en la Costa  Occidental del Lago. Las pérdidas, por diferencia entre la producción transferida por la empresa mixta y la producción recibida en el patio de tanque, se estima en $22,43 millones.

  Sostiene Nava Negrette que "hay un saboteo interno para  la adjudicación de contratos donde están involucrados Luis Caldera, alcalde de Mara, el gobernador del Zulia, y empresas propiedad de varios políticos.  Afirma que  las mafias que operan en la industria, cortaron el flujo de petróleo "hay un acuerdo ilegal para sacar por gandolas el crudo, ellos llenan los tanques de petróleo y como las líneas están malas, contratan a terceros para sacar el producto".

 Las tres investigaciones muestran que la situación de Petrourdaneta sigue en deterioro.

   Navas Negrette también denunció a la empresa mixta Petrowayu asociada con la argentina Pampa Energía. "Desde hace dos años la empresa está abandonada, sólo permanece el personal y han habido robos de materiales que han sido reportados", agrega.

  El auditor afirma que tuvo que salir huyendo con su familia de su país y que por ello se le quieren tildar "de traidor a la patria".

  Nava Negrete denuncia que es perseguido del régimen de Nicolás Maduro, y sus agentes en el estado Zulia, "por haber hecho su trabajo con ética, compromiso y apegado a las normas y valores institucionales de PDVSA".

   En esta comunicación se puede comprobar la citación de la fiscalía 77 al denunciante, a través del abogado de PDVSA, Alexis Chirinos.


En la siguiente comunicación es citado en calidad de testigo.

Seguiremos informando...

sábado, 12 de octubre de 2019

Serie Crystallex (1): Conozca las propuestas que Crystallex le presentó a PDVSA luego de ganar el laudo arbitral por expropiación de Las Cristinas

Luego de conocerse el resultado del Laudo Arbitral del CIADI del 4 de abril de 2016, que favoreció a la minera canadiense, la empresa presentó una serie de propuestas dirigidas a la ejecución de la decisión mediante la emisión de bonos.

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

A un arreglo amistoso invitó el presidente de Crystallex International Corporation, Robert Fung, al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para la época (26 de mayo de 2016), Eulogio Del Pino, para ejecutar de mutuo acuerdo la decisión del Laudo Arbitral que favoreció a la minera canadiense con el pago de USD 1.390.184.371,67 como compensación por la expropiación de que fuera objeto por parte del finado expresidente, Hugo Chávez, en el proyecto Las Cristinas.
Crystallex formuló dos propuestas de emisión de bonos como mecanismo de pago de la deuda, los cuales, bien podrían ser expedidos por PDVSA, por la República Bolivariana de Venezuela o por ambos.

Asimismo, la comunicación revela que pese al largo proceso judicial que ambas partes han mantenido, PDVSA invitó a la minera canadiense a participar en los proyectos del Arco Minero a través de su asociación con la petrolera en una empresa mixta.

La comunicación

El 23 de mayo de 2016, Robert A. Fung, presidente de Crystallex International Corporation, remitió una comunicación al para entonces presidente de Petróleos de Venezuela S.A., Eulogio Del Pino, con el propósito de explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso para ejecutar el Laudo Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que otorgó a la minera canadiense USD 1.390.184.371,67 como compensación por la terminación de su participación en el proyecto de extracción de oro en Las Cristinas.
La decisión unánime del tribunal arbitral tuvo lugar el 4 de abril de 2016 —un mes y 19 días antes de la correspondencia— y así se lo recordó el remitente a Del Pino al tiempo que refirió que dicho tribunal actuó de acuerdo al Tratado de Protección de Inversión entre Canadá y Venezuela, base sobre la cual se decidió el pago de la referida cifra por parte de la República Bolivariana de Venezuela a Crystallex International Corporation (KRY).

Fung manifestó su agradecimiento al presidente de PDVSA por una reunión que habían sostenido el 17 de mayo del referido año 2016 en las oficinas de la estatal petrolera, la cual sirvió para que se produjera un “conveniente acercamiento directo” entre las partes con el objetivo de “explorar la posibilidad de llegar a acuerdos constructivos y mutuamente beneficiosos, para la solución de los conflictos existentes”.

En la comunicación, que se remitió con copia a Edoardo J. Orsini Defrenza, consultor jurídico de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), el presidente de Crystallex manifestó su conciencia de que ambas partes poseían recursos legales y jurídicos a su alcance, tanto a favor como en contra de la ejecución del Laudo Arbitral CIADI, así como la disposición y capacidad de las partes para llevarlos a cabo.

A pesar de esto, Robert A. Fung expresó que no podía tenerse como la mejor opción ni para PDVSA ni para Crystallex el continuar innecesariamente con dichas acciones pues, por el contrario, ponerlas en práctica iba en perjuicio de ambas.

Para el presidente de Crystallex el momento era oportuno para “acercarnos de manera directa, con la mejor disposición y buena voluntad, para explorar posibles soluciones para la ejecución del Laudo Arbitral CIADI, en términos y condiciones justos, equitativos y mutuamente convenientes para las partes”.

La comunicación de Crystallex hacía referencia a que Venezuela es un “país privilegiado con un gran potencial natural y humano” en el que la empresa canadiense “siempre ha confiado” y estimaba que resultaba beneficioso aprovechar al máximo sus recursos “y sacar ventaja de todas las oportunidades que se le presenten”.

En tal sentido, Fung presentó a Del Pino varias propuestas de “arreglo amistoso” con el ánimo de buscar una solución rápida y mutuamente beneficiosa para la ejecución del Laudo Arbitral CIADI. “Confiamos en que el contenido de las mismas transmita de manera fiel nuestra confianza en el país, presente y futuro, así como muestra mayor disposición a tratar de encontrar un punto de equilibrio que permita poner fin a tantos procesos legales y judiciales, en nada beneficiosos para las partes”.

La primera propuesta

En primer lugar, Crystallex International Corporation propuso a PDVSA emitir un Bono Privado, no negociable, con vencimiento en el año 2021, un periodo exclusivo de pago de intereses de tres años y dos pagos de capital iguales en 2020 y 2021, como opción para pagar el Laudo Arbitral CIADI.

El bono propuesto no sería objeto de incumplimientos cruzados simultáneos con respecto a otros bonos u obligaciones de PDVSA y/o Venezuela en caso de incumplimiento de los mismos.

El cumplimiento de las condiciones del bono suspendería la ejecución del Laudo Arbitral CIADI.

En caso de producirse un incumplimiento de las condiciones acordadas del Bono, este se convertiría en libremente negociable yt tendría todos los derechos para la ejecución del saldo adeudado por concepto del mismo y de la totalidad del laudo.

El Bono sería emitido, bien por Petróleos de Venezuela S.A. y/o la República Bolivariana de Venezuela, siendo el comprador Crystallex International Corporation.

Como ya se apuntó, sería un bono privado, no negociable a terceros, salvo en caso de incumplimiento, emitido por PDVSA y/o la República Bolivariana de Venezuela bajo la ley del estado de Nueva York.

El bono, como ya se apuntó, no sería objeto de incumplimiento cruzado simultáneo con respecto a otros bonos u obligaciones emitidos o por emitir por PDVSA o Venezuela.

El monto nominal sería de USD 1.390.184.371,67 a una tasa de interés de 11,50 por ciento por año, pagaderos semestralmente por un período de tres años.

Las partes acordarían la fecha de emisión, estableciéndose el periodo exclusivo de intereses desde la fecha de emisión por un periodo de tres años.

La fecha de vencimiento sería el 1° de julio de 2021.

El 1° de julio de 2020 sería obligatorio el pago del 50 por ciento del capital, siendo opcional el prepago en cualquier momento sin penalidad alguna.

El precio de la emisión sería el 100 por ciento del valor nominal

Una vez que se emitiera el bono, Crystallex International Corporation no podría continuar o comenzar ninguna acción judicial o extrajudicial para hacer cumplir el Laudo Arbitral del CIADI, a menos de que se produjera un incumplimiento en cualquiera de las condiciones del bono, incluyendo, sin limitación, el pago de capital o de intereses.

De no producirse incumplimiento alguno y se pagara en su totalidad de conformidad a los términos y condiciones acordados, el Laudo Arbitral CIADI sería integralmente cancelado, homologado y declarado pagado en su totalidad por Venezuela.

Pero si hubiere incumplimiento de pago de cualquiera de las condiciones incluyendo el pago de capital e intereses sobre el bono, este pasaría libremente a ser negociable por parte de Crystallex y esta tendría derecho a tomar todas las medidas para hacer cumplir, ejecutar o de otro modo obtener beneficios económicos derivados del bono, así como de la cantidad total del laudo como si tales acciones nunca se hubiese suspendido.

Los beneficios de la propuesta 1

Seguidamente la comunicación pasó a enumerar los supuestos beneficios que —al parecer de la minera canadiense— tendría la propuesta de la emisión del Bono Privado.

Citaba en primer término, que el valor nominal del bono era igual al monto correspondiente al Laudo Arbitral CIADI, lo que evitaría la posible percepción negativa del mercado en el supuesto de emitir una cantidad mayor de bonos superior al monto adeudado.

Las partes podrían negociar y acordar en privado las condiciones del bono y, por tanto, cualquier anuncio público que se hiciera al respecto podría realizarse a la conveniencia de PDVSA y/o Venezuela. También permitiría a Venezuela anunciar el cumplimiento total del pago del laudo arbitral CIADI.

Crystallex refirió igualmente como beneficio que el bono no tendría ningún efecto negativo en los bonos de PDVSA o de Venezuela, puesto que no se trata de un bono general negociable, sino de un instrumento privado emitido a un solo beneficiario.

La emisión del bono podía tener un efecto positivo en la cotización de los bonos de PDVSA y/o Venezuela en virtud de que se percibiría en el mercado el valor del bono como de aproximadamente 35 a 40 por ciento del monto nominal. Esto en razón de las condiciones prevalentes de mercado actualmente dando la percepción de que Venezuela habría logrado negociar el pago de una deuda de USD 1.390.184.371,67 por un monto equivalente a aproximadamente USD 550.000.000,00 a valor actual (a la fecha de la comunicación). Según la visión de la minera, esto sentaría un precedente positivo para futuros arreglos de PDVSA y/o Venezuela.

El bono no contemplaba pagos de capital por los próximos tres años ni el pago total de capital en cinco años.

No se contemplaban incumplimientos cruzados con otros bancos, por lo que en caso de que PDVSA y/o Venezuela incumpliera cualquier otra obligación, el bono no sería exigible de inmediato por esa causa en tanto que la petrolera o la república cumplieran oportunamente las obligaciones previstas.

Si eventualmente PDVSA y/o Venezuela incumpliera cualquiera de las obligaciones contempladas en el bono, este podría participar en intercambios o reestructuraciones diseñadas para cualquier otro bono, aun cuando Crystallex estuviera facultado para tomar todas las acciones legales necesarias para ejecutar el monto completo del laudo arbitral CIADI.

El arreglo detendría instantáneamente todos los procesos judiciales intentados por Crystallex con relación al laudo arbitral CIADI, sin tener que esperar ninguna acción, participación o acuerdos con terceros.

El bono podía ser emitido, bien por PDVSA, bien por Venezuela o por una combinación de ambos que pudiera resultar más atractiva a los intereses de Venezuela.

La segunda propuesta

La segunda propuesta de Crystallex a PDVSA consistía en la emisión de emisión de bonos públicos negociables con vencimiento a largo plazo (2030-2040) por un monto suficiente que cubriera la totalidad del Laudo Arbitral CIADI, calculado al valor del mercado de los bonos al momento de su emisión y a ser vendidos a través de un esquema acordado entre las partes con el objetivo de minimizar su impacto en el precio de mercado de los bonos existentes o a futuro.

En este caso se contemplaba que en el supuesto que los bonos aumentaran su valor en el mercado y su venta generara una cantidad superior a la acordada, el excedente sería devuelto integralmente a Venezuela, puesto que el objeto de la propuesta era la satisfacción de una obligación definida y no la especulación bursátil con los títulos entregados en pago.

Los bonos serían emitidos por PDVSA y/o la República Bolivariana de Venezuela y el comprador sería Crystallex International Corporation. Se trataría de bonos senior, sin garantía, pari-passu con todas las otras posiciones similares de emisiones presentes y futuras.

Serían Bonos Elegibles DTC similares a otros pagarés emitidos por PDVSA y/o Venezuela bajo la ley del estado de Nueva York. Estaría abierto a una nueva serie de bonos vendidos por los emisores y también abierto a cualquier serie de los bonos de los emisores o porciones de varias series de bonos de los emisores.

El monto nominal sería equivalente al valor de mercado de los bonos para el momento de la emisión para cubrir la cantidad de USD 1.390.184.371,67 con una tasa de interés negociable, siempre y cuando el monto nominal fuera igual al precio de mercado del laudo arbitral CIADI, teniendo en cuenta la tasa de interés.

La fecha de emisión se establecería de mutuo acuerdo entre las partes y la fecha de vencimiento estaría abierta a la negociación para una nueva serie con vencimiento entre los años 2030 y 2040. También abierto a bonos emitidos de una serie para el momento. En ambos casos, siempre que el valor nominal de los bonos emitidos para el comprador sea igual al precio de mercado del Laudo arbitral CIADI, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento.

Los bonos serían emitidos a cambio del pago total del monto del laudo arbitral Ciadi y cualquier otro derecho que Crystallex pudiera tener en contra de los emisores en relación con el proyecto Las Cristinas.

Crystallex estaría dispuesta a trabajar con los emisores para acordar mecanismos para minimizar el impacto que tuvieran los nuevos bonos en los bonos del emisor para el momento de la emisión. Sin embargo, si se acordara implementar este mecanismo, el laudo arbitral CIADI no estaría totalmente cancelado hasta que los bonos se emitieran y fueran de libre intercambio por parte de Crystallex.

Los beneficios de la propuesta 2

De acuerdo al criterio de Crystallex, los beneficios de la segunda propuesta por ellos presentada a PDVSA serían, en primer término, el que no contemplaba pagos de capital por un extenso periodo.

Pudiera ser negociado y acordado en privado por las partes, por lo que cualquier anuncio público que se hiciera al respecto podía realizarse a la conveniencia de PDVSA y/o Venezuela.

También permitiría Venezuela anunciar la satisfacción total del pago del laudo arbitral CIADI.

Crystallex estaba dispuesta a acordar mecanismos de comercialización que minimizaran el impacto de la venta de los bonos en los precios de mercado de otros bonos emitidos por PDVSA y/o Venezuela.

Si se acordaran estos mecanismos y tal como lo espera Crystallex, la cotización de los bonos aumentaría en el futuro, cualquier cantidad de dinero o bonos remanentes una vez satisfecha la totalidad del pago del laudo arbitral CIADI, sería devuelta integralmente a Venezuela.

En caso de que PDVSA y/o Venezuela incurriera en algún incumplimiento de los bonos, estos podrían ser reestructurados de igual manera que cualquier otro bono.

Crystallex detendría instantáneamente todos los procesos judiciales intentados en relación con la ejecución del laudo arbitral CIADI, sin necesidad de esperar ninguna acción, participación o acuerdo con terceros.

El bono pudiera ser emitido por PDVSA o por Venezuela, o por una combinación de ambos pudiendo resultar más atractiva a los intereses de Venezuela.

Otras propuestas

Además de las dos anteriores propuestas, la comunicación de Robert A. Fung a Eulogio Del Pino, planteaba que Crystallex estaba abierta a la consideración de alguna combinación de las propuestas anteriores de manera de optimizar su beneficio a ambas partes.

Crystallex también estaba dispuesta a considerar cualquier otra propuesta adicional que PDVSA y/o Venezuela estuviese presta a presentar para su consideración.

En un aparte, el presidente de Crystallex International Corporation refirió que en la elaboración de las propuestas presentadas a PDVSA se realizó un minucioso análisis de las condiciones aplicables a los bonos emitidos por la petrolera y/o Venezuela y utilizó los valores que representaban —a su criterio— las condiciones razonables de mercado de manera equitativa para ambas partes.

Se pusieron a disposición de PDVSA todos los elementos utilizados para presentar los valores que contenían las propuestas para que los evaluara y comentara.

Crystallex, igualmente, estaba dispuesta a considerar cualquier revisión a los parámetros propuestos que representaran una alternativa justa y equilibrada para ambas partes.

Crystallex invitada al Arco Minero

Robert Fung agradeció a Eulogio Del Pino la invitación que se le formuló a Crystallex International Corporation para participar en forma conjunta con un ente que Venezuela designara en los proyectos del Arco Minero, pero declinó la misma en razón de que la minera canadiense no estaba orientada en esos momentos a la participación de proyectos de esa naturaleza. “(…) aun cuando estamos convencidos de los beneficios que presenta este ofrecimiento, en esta oportunidad no estamos en capacidad de participar en una empresa mixta para el desarrollo de proyectos mineros”.

El presidente de Crystallex le manifestó a Del Pino que permanecerían atentos para una futura oportunidad que se pudiera presentar para evaluar la participación en proyectos conjuntos.

Sobre Las Cristinas

El presidente de Crystallex le expresó a Eulogio Del Pino la disposición de la empresa que representaba para negociar en condiciones beneficiosas para ambas partes, la cesión y transferencia a PDVSA de toda la información relativa al diseño, geología, ingeniería y ambiente (Data) desarrollada por el equipo técnico de la minera canadiense y por otras firmas independientes para la ejecución del proyecto Las Cristinas.

“La elaboración de la Data representó una considerable inversión de recursos para KRY, y facilitará en gran medida la capacidad de PDVSA, a través del operador que designe, hacer realidad el proyecto minero Las Cristinas, en un tiempo y a un costo reducido”.

Robert Fung advirtió que “Más allá de fijar un valor monetario para la cesión de la Data”, Crystallex estaba dispuesta a incluir la cesión de la misma como parte integral de la negociación de los términos y condiciones de la emisión del Bono o los Bonos contenida en las propuestas anteriores”.

El presidente de Crystallex International Corporation se despidió del presidente de PDVSA manifestando su deseo porque las propuestas presentadas, así como aquellas que la petrolera tuviera a bien presentar, sirvieran para concretar de manera directa, rápida y eficiente un acuerdo mutuamente beneficioso para la ejecución del Laudo Arbitral Ciadi.