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jueves, 16 de noviembre de 2017

Jurado declaró culpable a dos empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.  

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a dos empresarios cubano-americano que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron  jugosos contratos de Pdvsa, Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.
Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.
Luego de 6 días de juicio, donde la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó 6 testigos, (entre los cuales estaba la hija del acusado). El jurado pasó un día deliberando para concluir que los dos hombres son culpables de los cargos. Luis Díaz Jr. fue hallado culpable de 4 cargos y su hijo Luis Javier Díaz de dos cargos. 

Los dos hombres fueron juzgado por los siguientes cargos:

1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión; 

2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;

3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y 

4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión. 

El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50) fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel. 

De acuerdo a la fiscalía neoyorquina las condenas potenciales máximas en este caso son prescritas por el Congreso de los Estados Unidos, y cualquier sentencia de los acusados ​​será determinada por el juez de la causa William H. Pauley III.

La investigación federal -que sirvió de soporte a este caso- fue realizada por la Unida de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidroga DEA, el Departamento de Policía de Englewood, Nueva Jersey y la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Seguridad en la Frontera de los EEUU.

El caso de los Díaz fue supervisado por La Oficina de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos del gobierno federal y la acusación estuvo a cargo de los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Jennifer L. Gachiri.

La historia

A lo largo del juicio los fiscales federales mostraron al jurado una serie de evidencias que mostraban que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz usaron su empresa Miami Equipment & Export para volar más de 100 millones de dólares a varias empresas venezolanas, que así vez triangulaban pagas de sobornos a funcionarios y ex funcionarios chavistas que poseen cuentas bancarias en paraísos fiscales. Entre los funcionarios se encuentran primeramente Nervis Villalobos Cárdenas, ex vice Ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Fidel Ramírez Carreño médico, hermano del embajador Rafael Ramírez Carreño, Enrique Rafael Cid Montes asesor del ex Ministro de Energía y Minas, Jesse Chacón; Mario Vega  Pérez (Ingeniero empleado de Cadafe); José Luis Léon; Teddy Peralta (Ingeniero Electricista de Cadafe); José V. Rangel Mendoza y Ali  Enrique Matute Tovar (CorpoElec y Cadafe).

Los dueños del Consorcio KCT Cumaná Internacional III usaron  la empresa de los dos acusados para lavar dineros provenientes de contratos habidos fraudulentamente y a través del pago de sobornos a funcionarios y ex funcionarios de empresas públicas venezolanas, tales como Pdvsa, Cadafe y Corpoelec.

Los nombres de los empresarios dueños de KCT fueron mencionados en varias de oportunidades, entre los destacan: Enrique Padrella, Antonio Padrin, Blas Herrera, Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT), Ariano Martín (KCT), Elisbert Becerra Guzmán (Secretaria de Blas Herrera); José Miguel García (KCT), César Cardozo (Cielemca CA), José Garantón (Cielemca CA).

Otros personas que fueron mencionados en la acusación y en el juicio fueron: Rodolfo Somani (EMA), Ramiro Donato, Luis I. Franca Monsalve, Gustavo Hernández, Eduardo Marcano, Ricardo Díaz, Eduardo Navarro Pan, Luis Guevara, José Cañizalez y Remigio Otero.

El esquema de corrupción y lavado de dinero que funcionó por más de una década y que permitió lavar más de 100 millones de dólares, según los representantes del gobierno de los Estados Unidos fue acordado por los acusados y sus clientes en Venezuela para violar las leyes contra el lavado de dinero que rigen las instituciones de transmisión de dinero en el mercado estadounidense.

Los fiscales mencionaron varias empresas venezolanas que transferían dinero desde sus cuentas en Venezuela a las cuentas bancarias de Miami Equipment & Export y desde allí a otras cuentas de los mismos dueños, sus empleados o los funcionarios que sobornaban.

La empresa que más dinero lavó en este esquema fue Consorcio KCT Cumaná Internacional III, seguida Alimentación Balanceada, Cartera Manzanillo, Taller Importaciones, Materiales Manzanillo y PetroTubos entre otras.

Asimismo la fiscalía mostró evidencias de las empresas de maletín que recibían los pagos enviados por KCT. Entre las empresas que más millones de dólares recibieron están las siguientes:Kingsway LDA (Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas); Adimar International Limited (Blas Herrera, Antonio Padrin, Enrique Pradella, Mario Herrera);Levack Limited  LTD Islas Vírgenes (Mismos dueños de KCT y Adimar); Posner International INC  (Panamá) (Enrique Pradella y José Miguel García); Quinfra Investment LLC y Constructora Quinfra (Luis I. Franca Monsalve, Ingrid Susana Prato); Sumus INC; Gargel International Corp (Panamá);Eurogan SA ( Panamá); ACM Equipment LLC; IRC Spa (Bologna Italia)
Consultotal (Islas Vírgenes); PAMNET SA

Estas otras empresas participaron en el esquema de lavado de dinero a través de cupos de Cadivi. Ellos solicitaban dólares preferenciales, los enviaban a Miami Equipment & Export y luego la empresa de Miami los transfería a las cuentas de los dueños de las empresas en Venezuela. Las principales son las siguientes:
Materiales Manzanillo CA (Oliver González Millán  Y José Antonio González); Alimentación Balanceada ALIBAT CA (David Somoza Mosquera); Catera Manzanillo CA (Oliver J. González y Carlos Alberto González); Petrotubos (Mikele Díaz) y Taller Importaciones.

Los documentos federales 

El Consorcio KCT usó una empresa familiar que vendía equipos de construcción en Miami y la colocó como puerta de entrada a los Estados Unidos de los dineros provenientes de contratos fraudulentos del gobierno venezolano y de Cadivi. La empresa con sede en Doral, Florida —según mostraron en el juicio los fiscales— reportaba ganancias modestas a las autoridades. 

Los defensores de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, Miami Equipment & Export hicieron un esfuerzo ante el jurado de explicar que la empresa propiedad de los dos acusados es de tradición familiar con más de 3 décadas de fundada. Explicaron además que Luis Díaz Jr. conoció a Enrique Pradella  y Antonio Padrin (dueños de KCT) desde que este se inició en el negocio de venta de equipos de construcción."Más que una relación comercial, ellos se hicieron muy buenos amigos", dijo el abogado George Vila ante el juez. 
  
Una evaluación de las finanzas de Miami Equipment & Export hecha por el gobierno estadounidense reveló que desde el 1° de enero de 2010 hasta junio de 2016, la compañía de los acusados, reportó beneficios por el orden de 150 millones 400 mil 881,31 dólares, de los cuales -de acuerdo con la fiscalía neoyorquina- 106 millones 757 mil 106,42 dólares corresponden a dinero enviado desde Venezuela por KCT.

Durante la primera semana de juicio los jurados, 12 mujeres y 3 hombres, vieron la presentación incansable de cuentos de pruebas que evidenciaban dislates en las finanzas de la empresa,las cuales llamaron la atención de los investigadores de los órganos controladores del estado norteamericano. 

Dos testigos llamados por el gobierno al estrado confirmaron las irregulares conseguidas en unas 46 cajas de documentos físicos, y cientos de GB de evidencias electrónicas que usó el gobierno estadounidense para tratar de demostrar -más allá de la duda razonable- que los dos acusados incurrieron en una serie de violaciones a leyes federales relacionadas con la prevención del lavado de dinero y del manejo de un banco sin licencia.

Durante la jornada se enseñaron al jurado decenas de facturas, correos electrónicos y estados financieros que buscaban demostrar que existía un esquema -que funcionó por más de 6 años -que permitía que KCT (y otras empresas venezolanas) usaran a Miami Equipment & Export (ME&E) como banco. Es decir, "los clientes" de la empresa norteamericana, enviaban desde Venezuela millones de dólares y soportaban dichos envíos con facturas falsas de servicios profesionales y asesorías de ingeniería que nunca se habían hecho. Las facturas falsas eran realizadas en Caracas a nombre de ME&E, pero en las finanzas de la empresa estadounidense y en los papeles de impuesto del Servicio de Rentas Internas (IRS), así como en las guías de exportación, no aparecía reflejado que ME&E tuviese relación con los supuestos "consultores" a quienes depositaba millones de dólares en sus cuentas bancarias ubicadas -en su gran mayoría- en paraísos fiscales.

Dentro de las facturas que llamaron la atención estaban unas usadas para pagar supuestos servicios prestados a la empresa de los Díaz por Adinar Internacional Limited, cuyos dueños Blas Herrera, Enrique Pradella, Antonio Padrin, Mario Herrera, resultaron ser los mismos propietarios del Consorcio KCT. Es decir, KCT enviaba el dinero desde Venezuela a ME&E y esta empresa norteamericana se los depositaba en cuentas de bancos estadounidenses a los mismos sujetos, pero en nombre de una compañía diferente (Adinar). A lo largo de la evaluación hecha por los expertos de la Red de Aplicación de Delitos Financieros FinCEN, ME&E transfirió desde sus cuenta bancarias a las de Adinar, 37 millones 621 mil 50 dólares.

Nervis G. Villalobos Cárdenas recibió millones por asesorías que nunca hizo

Pero Adinar no era la única empresa que se beneficiaba del esquema de corrupción. Los expertos del FinCEn mostraron un balance que señalaba que el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, recibió de la empresa de los acusados 17 millones 885 mil 25,30 dólares a través de la empresa Kingsway LDA. Los fiscales mostraron al jurado una serie de falsas facturas firmadas por Villalobos Cárdenas donde se reflejaba que había hecho asesorías en varios proyectos de ingeniería, entre ellos destacaba uno en la planta termoeléctrica Bajo Grande, ubicada en el municipio Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia. La fiscalía destacó que no había ninguna evidencia que ME&E hubiese participado en ese proyecto en Venezuela.

Los fiscales también mostraron un acuerdo de consultoría que supuestamente habría firmado Nervis Villalobos, a través de la empresa Kingsway LDA, con uno de esos acusados, dueño de ME&E, Luis Díaz Jr. El acuerdo no era conocido por la contadora de la empresa, Annate Díaz Rojas, hija del demandado y quien es la encargada de las finanzas de la empresa desde hace 15 años. La mujer -que fue obligada a testificar  contra su padre y su hermano por un mandato judicial emitido por el gobierno de los Estados Unidos- dijo que no tenía conocimiento de que ME&E tuviese consultores externos, asesores en el extranjero o que actuara por mandato de otras empresas. Aseguró que ME&E no tenía líneas de negocio internacionales, ni representación de empresa externas y que sólo se dedicaban a vender y exportar equipos de construcción hacia América Latina desde Miami.

La fiscalía preguntó a Annete Díaz Rojas que si a lo largo de su trabajo como contadora había conocido a Nervis Villalobos Cárdenas o a Fidel Ramírez Cárdenas, (quien es el hermano del expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez), y a otra decena de beneficiarios de los pagos hechos por la empresa de su familia a lo que la mujer respondió negativamente. "No sé quiénes son esas personas y ME&E no tiene relación con ellos".

La fiscalía también preguntó a Díaz Rojas si había preparado las formas del Servicio Interno de Impuestos IRS #1099 para los asesores o consultores a quienes ME&E les había desembolsado millones de dólares y la testigo nuevamente lo negó. Por las leyes norteamericanas, las personas que prestan asesorías o consultorías a empresas, deben llenar la referida planilla de impuesto en la cual es preciso explicar en qué recibe el servicio, en este caso ME&E. Mientras las evidencias mostraban las facturas de servicio, y en los estados bancarios se observaba los pagos hechos por años, el IRS nunca recibió las planillas de los beneficiarios ni los reportes del pagador.

KCT Cumaná II Internacional enviaba regularmente correos electrónicos a los dos acusados donde les informaba los montos que depositaban en las cuentas de ME&E y, en correo separado, enviaban las instrucciones con las cuentas de las empresas o individuos que serían beneficiados con el dinero y, como archivo adjunto, enviaba las facturas falsas de los supuestos servicios que los receptores del dinero habrían prestado a ME&E. La fiscalía demostró con testigos y documentos que no existía una relación entre ME&E y los beneficiarios de los fondos.

A lo largo de la audiencia, la defensa intentó imponer la tesis de que los dos acusados eran los representantes de KCT, que sí tenían relación con las personas y empresas venezolanas y que en las evidencias seleccionadas por la fiscalía se habían excluido unas órdenes de compra hechas por ME&E a la transnacional Siemens.

La defensa también presentó ante el juez un reporte hecho por el banco donde los acusados tienen sus cuentas bancarias, en los cuales se hace una revisión de los cuentahabientes, de la empresa y de los clientes de la empresa. La defensa argumentó que el banco debió haber hecho el reporte al FinCEN "si hubiese observado que algo andaba mal, pero no lo hizo", dijo el abogado Vila en tono provocador.

También se discutió sobre el uso de los correos electrónicos corporativos. Según los defensores, el presidente de ME&E, Luis Díaz Jr., no sabe manejar computadoras, por lo que son sus hijos los que se encargan de revisar y contestar los correos. Mostraron al jurado decenas de correos donde la secretaria del presidente de KCT Blas Herrera, Elisbert Becerra Guzmán (quien también recibió dinero en su cuenta en el extranjero) donde informaba a Luis Díaz Jr. sobre el dinero que depositaban en la cuenta de ME&E, y otros donde daba las instrucciones para hacer los depósitos en las cuentas de los beneficiarios y donde enviaban las facturas falsas a nombre de ME&E por servicios que, según el gobierno, nunca se prestaron.

De acuerdo a lo afirmado por la hija de Luis Díaz Jr., Annette Díaz Rojas, su padre no revisa el correo. Comentó que existe una cuenta ljd@miamiequipment.com que la revisan todos los trabajadores de la empresa, que son la misma familia, para cumplir con las instrucciones. 

José Quiñón, abogado de Luis Javier Díaz, le aclaró al jurado que los bancos siempre conocen a sus clientes antes de aceptar las cuentas. El agente del FinCEN, Mathew De La Rosa, dijo que el banco hizo una averiguación sobre la empresa y los dueños, y por una orden del gobierno norteamericano, entregó todos los récords.

Quiñón tomó más de una hora para rebatir a la fiscalía la participación de su cliente en el esquema de lavado de dinero, que el fiscal auxiliar había dibujado en una pizarra con unas pequeñas  láminas que incluían los nombres de las empresas y los beneficiarios del dinero lavado.

El defensor revisó cada empresa, repitiendo las facturas y los correos electrónicos y preguntándole a De La Rosa si allí estaba el nombre "Javier", a lo que el testigo respondió por más de 30 veces que no. Concluida la tarea de Quiñón, la fiscalía entró en escena mostrando al jurado los documentos del banco donde se reflejaba que Luis Javier Díaz era el vicepresidente de la empresa ME&E y firmante de la cuenta, por tanto, responsable del esquema de lavado. También se dedicó a mostrar una serie de correos electrónicos donde aparecía el nombre de "Javier" en varias oportunidades. 

Dentro del marco de la audiencia, también se discutió el tema relacionado con las empresas venezolanas Alimentación Balanceada, Cartera Manzanillo y Taller Importaciones. Estas empresas funcionaron de otra manera, según la fiscalía. Las corporaciones conseguían cupos de Cadivi, colocaban a ME&E como empresa receptora en el exterior, Cadivi depositaba el dinero en la cuenta de la empresa de los acusados, y luego, ME&E lo reembolsaba con una nota que decía: "Reembolso Cadivi".

La Defensa explicó al jurado que hacer negocios en Venezuela no era lo mismo que hacerlos en los EE. UU., y que por los controles y riesgos que corrían las empresas para comprar dólares, se justificaba que los empresarios buscaran socios en el extranjero para conseguir dólares a precio preferencial con el gobierno de Venezuela.

La fiscalía presentó como testigo al profesor Daniel Lansberg-Rodríguez, un experto en controles cambiarios y en el sistema Cadivi. Su presencia en la sala fue interrumpida en múltiples oportunidades por la defensa, que evitaba que el testigo explicara al jurado cómo funciona el sistema de control y cómo Cadivi se convirtió en una máquina de corrupción para aquellos empresarios, familiares y allegados que tenían contactos dentro de ese ente gubernamental.


Entre otros testigos que aparecieron en escena hubo una mujer llamada Ana Losada, que vendió a la empresa de Blas Herrera unas oficinas ubicadas en Caracas por $300 mil dólares. Losada dijo que cobró en partes a través de la cuenta bancaria de su hijo que vive en Nueva Jersey. 

Cuando la fiscalía le preguntó a Losada sí ella había hecho asesorías profesionales a ME&E aseguró que no conocía esa empresa. Seguidamente la fiscalía pidió a los dos acusados que se levantarán y le preguntó a la mujer si conocía a los dos hombres a lo que respondió negativamente y luego, cuando le mostraron una factura que decía que ella le había prestado consultoría a la mencionada empresa la testigo dijo que no había hecho esa factura a pesar que su nombre estaba impreso en ella, con la dirección de su hijo y que jamás había tenido relación con los acusados ni con su empresa. 

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Nervis Villalobos cobró millones dedólares triangulados por el Consorcio KCT a través de una empresa de Miami

En el segundo día del juicio del caso Díaz, que se celebra en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, salieron a relucir una serie de facturas firmadas por el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno del fallecido, Hugo Chávez, a través de las cuales logró cobrar millones de dólares pagados por el Consorcio KCT, que eran presentadas ante la empresa Miami Equipment & Export, que era usada para pagar comisiones y sobornos a sus propios empleados y a trabajadores claves de Cadafe, Corpoelec y Pdvsa.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En el juicio que se le sigue a los empresarios cubanos-americanos, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, —acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber usado una empresa de venta de equipos de construcción como un banco sin licencia y, además, de haber lavado millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano, a cambio de un porcentaje por cada transacción— los fiscales federales presentaron una serie de evidencias que el juez aceptó y que dejan claro que varias empresas venezolanos triangularon por la compañía de Miami los pagos de comisiones y sobornos a personas ligadas a entes gubernamentales de Venezuela.

La sesión que duró más de 6 horas, se inició con la exposición del experto de la agencia del Departamento del Tesoro estadounidense, encargada de supervisar los delitos financieros (FinCen), John V.
El testigo llamado por la fiscalía dijo que el FinCen se dedica a almacenar y analizar información sobre transacciones financieras con el  objetivo de luchar contra los delitos como el lavado de dinero.

Dijo que la  misión del FinCEN es salvaguardar al sistema financiero de la utilización ilícita y el blanqueo de dinero y a la vez promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y diseminación de inteligencia financiera y la utilización estratégica de las autoridades de ese sector.

Explicó que el 1° de enero de 2016 hicieron una supervisión en la sede de Miami Equipment & Export Co. y contactaron que los dueños de esa empresa no tenían registrado su negocio en el FinCen como la ley ordena.

Comentó que no hay ningún registro que pruebe que la referida empresa estuviese en los registros oficiales, o que llevara récords de las transferencias que hacía o que hubiese presentado algún reporte para advertir sobre las irregularidades.

El segundo testigo en el estrado este martes fue un agente de la Unidad de Aduanas y Protección de Fronteras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, T. Castaña, cuyo trabajo está relacionado al chequeo de los contenedores de los bienes que se exportan desde los Estados Unidos al mundo entero.

Castaña explicó que diariamente se hacen reportes de los contenedores que salen de los puertos y se genera una data que incluye los problemas que se presenten con los exportadores. Afirmó que los responsables de las exportaciones deben llenar unas formas que deben remitir al gobierno federal para cumplir con las exigencias de la ley.

Los fiscales presentaron una copia de un reporte equivalente a las exportaciones hechas por Miami Equipment & Export Co. desde 01-08-2008 hasta 09-02-2016, donde aparecen todas los envíos hechos por la empresa, los costos y los montos que totalizan esas exportaciones, entre otros renglones. La totalidad en moneda de las exportaciones hecha por la mencionada empresa en ese período del 2010-2016 fue de 42 millones de dólares. Otra lamina mostraba que en el mismo período se exportaron unos 5 millones 410 mil 821 dólares a través de las siguientes empresas: KCT (Caracas y Valencia), KBT, Cielemca, entre otras.

La defensa intervino en este punto para aclarar que esos montos no reflejaban las exportaciones que se hacían con órdenes de compra directa con las empresas que manufacturaban los productos y que los clientes decidían hacer los envíos directos desde el lugar de la fábrica hasta el destino final. George Vila preguntó al testigo qué ocurre en las circunstancias excepcionales en que los montos no aparecen en las formas a las que se referían los fiscales, que muestra la data exclusivamente de las que se hacen rutinariamente por la empresa intermediaria, en este caso Miami Equipment & Export. El testigo dijo que en algunos casos eso era posible pero también se tenía que reflejar en la forma del gobierno que se había usado ese mecanismo.

Posteriormente, subió al estrado un agente encargado de realizar investigaciones federales relacionadas con lavado de dinero, quien fue el encargado de realizar la investigación sobre la empresa propiedad de los dos acusados. M D. R fue el agente que revisó las cuentas de Miami Equipment & Export y descubrió que los movimientos que se hacían desde las cuentas bancarias de dicha empresa no se correspondían con la naturaleza del negocio.

Explicó el agente que inició su averiguación con una revisión de la página web de la empresa, luego pasó a las cuentas bancarias, donde  encontró transferencias bancarias detalladas y estados bancarios de los años 2010 hasta 2015. Se enfocó en mostrar algunas evidencias correspondientes a la cuenta de los acusados en el banco BB&T, y Colonial Bank, cuyas firmas autorizadas son Luis Díaz, Luis Javier Díaz y Annette M. Díaz Rojas.

Dijo que en esas cuentas se recibía dinero y luego se pasaba a otros bancos. Buena parte de las transferencias venían del Consorcio KCT. También revisó los correos electrónicos de los dos acusados y fue cuando supo que estos recibían instrucciones de la empresa venezolana para hacer las transferencias pero que, además, era ese cliente el que se encargaba de enviar las facturas de los supuestos servicios que prestaba Miami Equipment & Export a los que KCT enviaba el dinero.

Los fiscales expusieron ante el jurado fotos de las oficinas y de las cajas con documentos que el gobierno de los Estados Unidos tomó en la empresa con sede en Miami, y que luego se convirtieron en evidencias contra los dos acusados.

Seguidamente los fiscales empezaron a mostrar al jurado una serie de facturas, que habían sido pagadas por los acusados, conforme a las instrucciones que recibían de los dueños de KCT y otras empresas. El agente explicó que tras la evaluación de la documentación descubrió que una parte de las personas beneficiadas por las transferencias eran los mismos dueños del Consorcio KCT y otras empresas similares.

Mostraron unas hojas de apertura de cuenta en el banco HSBC a nombre del Consorcio  KCT Cumaná Internacional, donde firmaban las siguientes personas: Antonio Martín, Antonio Padrín, Enrique Pradera, José Miguel García y Blas Herrera. La dirección que aparece es las islas Británicas y la dirección postal era la de la empresa de los acusados 7788 NW 71 St. Miami Fl. 33166.  En esa misma hoja aparecían los nombres de Ariano Martín, Blas Herrera y Enrique Pradera con la información de sus teléfonos celulares.

Asimismo presentaron documentos de la empresa Cielemca, aunado a un correo electrónico enviado al acusado Luis Díaz Jr. por César Cardozo, con copia a Mario Herrera y José Garantón, donde daban instrucciones sobre envíos.

En una de las comunicaciones firmada por la secretaria de Blas Herrera, Elisbert Becerra Guzmán (KCT), informaban a Luis Díaz de un pago a favor de Miami Equipment por 4 millones 360 mil 912,50 dólares.

El 3 de marzo de 2012, había un balance en la cuenta de Miami Equipment a favor de KCT de 904 mil 417,73 y el 27 de marzo de 2012 transfirieron 4 millones 773 mil 694,24 dólares. De ese monto se ordenó el pago a dos empresas: Kingsway LDA por 1 millón 451 mil 763,93 dólares, cuyo beneficiario fue el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos Cárdenas, y la segunda empresa fue Adimar, a la que le transfirieron 2 millones 546 mil  dólares para un total de 4 millones 763,93 dólares.

Nervis Villalobos Cárdenas envió una factura a Miami Equipment identificada con el número #000208 por pago parcial de consejos de prueba previa y la puesta en marcha de San Lorenzo-Zulia Venezuela por 1 millón 454 mil 763,93. El pago fue hecho desde la cuenta de banco de la empresa de los acusados a una cuenta en el Banco de Madrid, España.

 La fiscalía sostuvo que Miami Equipment pagó ese supuesto servicio sin haberlo recibido.

Los acusados también pagaron una factura a Adinar Internacional Limited por supuesto desarrollo de concepto de ingeniería por 546 mil dólares. No hubo ninguna relación entre la empresa de los Díaz y las empresas que recibieron los pagos, solo las instrucciones de KCT y las facturas que ellos mismos enviaban para justificar el pago a los beneficiarios. Adinar recibió los pagos a través del Banco New York Mellon.

La fiscalía informó al jurado que los dueños de la empresa Adinar son Blas Herrera, Enrique Pradella, Antonio Padrín, Mario Herrera, es decir, los mismos propietarios del Consorcio KCT, lo que indica que se enviaban dinero de una empresa a otra por intermedio de Miami Equipment, usando facturas de servicio que no se prestaban a la empresa ubicada en Miami.

Igualmente dijeron que Kingsway y Miami Equipment firmaron un acuerdo el 7 de noviembre de 2010. Por Kingsway firmó el exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Geraldo Villalobos Cárdenas y por ME, Luis Díaz.

Kingsway tiene sede en la Zona Franca Madeira de Portugal.

Desde las cuentas de los acusados también se pagó otra factura esta misma empresa por 873 mil  120 dólares.

La fiscalía también destacó que KCT no aparece en ninguna de las facturas que se investigaron en ese período.

Otra empresa a la que Miami Equipment transfirió dinero por orden de KCT es Levack Limited LTD con dirección en las Islas Británicas. La empresa de los acusados transfirió 1 millón 12 mil 500 dólares por una factura de supuestos servicios de consejería y asesoría profesional. Los envíos se hicieron a través del JP Morgan. El director de Levack es Antonio Padrín, el mismo director de KCT.

Otra de las empresas que participó el esquema de lavado de dinero es Posner International Inc con sede en Panamá. KCT instruyó a los acusados para que transfiriera más de un millón de dólares a la cuenta de la empresa a través de una cuenta del HSBC.

Cuando la fiscalía presentó los documentos de la empresa y de los firmantes en las cuentas aparecieron nuevamente Enrique Padrella y José Miguel García.

La fiscalía también mostró un pago hecho por KCT mediante Miami Eqhipment a favor de Cielemca por 350 mil dólares por consulta en proyecto de Planta Bajo Grande.

Esta historia apenas comienza, seguiremos informando....








martes, 17 de octubre de 2017

Defensa de los acusados de lavado de dinero de funcionarios chavistas rechaza pruebas de la fiscalía

Para los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., es inadmisible que la corte acepte el testimonio del experto sobre control de cambio y el libro mayor encontrado en un recinto ajeno a los acusados, las principales evidencias de la fiscalía. En tal sentido solicitan al tribunal la realización de una audiencia Daubert para considerar el asunto.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La defensa de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., dos hombres acusados de haber lavado más de 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a través de una empresa que vende materiales de construcción en el estado de la Florida, rechazó la propuesta hecha por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presentar en el juicio el testimonio del experto en Regímenes de Control de Cambio, el profesor Daniel Lansberg-Rodríguez.
Los fiscales federales propusieron que Lansberg-Rodríguez explique al jurado cómo funcionan en Venezuela los controles de cambio y los mecanismos que se usan para lograr comprar las divisas que vende el gobierno a un precio menor del que rige en el mercado, lo cual ha creado una enorme corrupción por parte de los funcionarios y sus asociados, y una grave distorsión en la economía venezolana.

Los dos hombres —residentes del estado de la Florida— fueron acusados de cuatro cargos por el gobierno de los Estados Unidos, todos derivados de la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia a través de su empresa exportadora, Miami Equipment, desde aproximadamente 2010 hasta al menos 2016.

Los cargos de acusación contra los Díaz son los siguientes:

1) Conspiración para operar un negocio de transferencias de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371;

2) Operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1960;

3) Conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h); y

4) Lavado internacional de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A)

El fiscal neoyorquino, Kim H. Joo, informó a la corte que el profesor Lansberg-Rodríguez podrá identificar en su testimonio frente a la corte a ciertas personas relevantes en el caso de los acusados, entre quienes se incluyen a Fidel Ramírez Carreño (hermano del expresidente de PDVSA y actual embajador ante la ONU, Rafael Ramírez), Enrique Rafael Cid (Ex-asesor del exministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón) y Nervis Villalobos Cárdenas (ex-viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez), como ciudadanos vinculados a funcionarios del gobierno venezolano. Ver más detalles sobre el memorando de la fiscalía de NY en este enlace.

Vale destacar que a raíz de la publicación de los nombres de exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes supuestamente estarían involucrados en este caso de lavado de dinero, según la fiscalía de Nueva York, intentamos comunicarnos con los señalados.

Logramos contactar a una fuente cercana al exviceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos Cárdenas, quien declinó comentar directamente sobre el caso, aunque negó que estuviese implicado o haya formado parte en el pasado en operaciones de presunto lavado de dinero a través de Cadivi.

El exfuncionario indicó que "ejercerá todas las acciones necesarias para demostrar que nunca estuvo relacionado a transacciones supuestamente al margen de la ley".

El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez y su hermano, han evitado pronunciarse frente a diversas acusaciones de corrupción en las cuales han sido mencionados.

La defensa arremete

La defensa de los Díaz, representada por los abogados José Manuel Quiñones, George J. Vila y  Vincent Joseph Flynn, pidieron al juez que realice una audiencia Daubert para presentar los argumentos de inadmisibilidad del testimonio del testigo experto propuesto por la fiscalía, Daniel Lansberg-Rodríguez.

Una audiencia Daubert es un encuentro llevado a cabo ante el juez, donde la validez y la admisibilidad del testimonio de un experto son cuestionadas por un abogado opositor. Se requiere que el experto demuestre que su metodología y razonamiento son científicamente válidos y pueden aplicarse a los hechos del caso.

El término proviene del caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1993, Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., en el cual la Corte articuló un nuevo conjunto de criterios para la admisibilidad del testimonio de expertos científicos.

Objetan la evidencia del libro de contabilidad

Los defensores de los dos acusados informaron que sus clientes se oponen a la introducción del libro de contabilidad o libro mayor y su contenido, el cual fue recuperado por los agentes del gobierno durante la ejecución de una orden de registro en un "Restaurante" en Nueva York que participaba en la conspiración. Los defensores argumentan que la ubicación del "Restaurante" está totalmente fuera del dominio o control de los demandados.

En el memorando, la defensa dice que el libro mayor y sus contenidos son irrelevantes e inmateriales con respecto al caso de los acusados, y según ellos, usarlo como prueba directa violaría las Reglas Federales de Evidencia con respecto a la evidencia de rumores.

La defensa dice que los fiscales no pueden presentar el libro mayor por las siguientes razones:

​​(1) Se desconoce quién lo creó;
(2) Su propósito previsto;
(3) La autenticidad de las entradas en el mismo;
(4) La precisión de las entradas en el mismo;
(5) La identidad de cada individuo que hizo cada entrada;
(6) Lo que representa cada entrada en lo que respecta a cualquier transacción en particular y los detalles de la misma, y
​​(7) El conocimiento de la persona a quien cada entrada  se atribuye.

Recuerdan los abogados que las reglas sobre este particular establecen que la prueba para la evidencia relevante debe tener las siguientes características:

(a) tiene alguna tendencia a hacer un hecho más o menos probable de lo que sería sin la evidencia; y (b) el hecho es de importancia para determinar la acción.
Igualmente argumentan que si la corte considerara relevante esa evidencia, la regla 403, prevé la exclusión de evidencia relevante en ciertas situaciones, en particular cuando su valor probatorio es substancialmente superado por el peligro de uno o más de los siguientes elementos: prejuicio injusto, confusión de los asuntos, engaño del jurado, demora indebida, pérdida de tiempo o presentación innecesaria evidencia acumulada.

Por lo tanto, aseguran, si el tribunal considera que el libro de contabilidad es relevante, aun así sería tan perjudicial que confundirá los asuntos, y engañaría al jurado con tal información extraña, que no debe admitirse como evidencia en este caso.

Critican que las entradas en el libro mayor son rumores ya que el Gobierno ofrecerá el libro mayor y sus entradas para probar la causa, y por lo tanto, debe ser excluido de conformidad con la regla federal de evidencia número 802.

La defensa de los Díaz pidió al juez que rechace la moción in limine del gobierno y conceda su solicitud de audiencia "Daubert", basada en el testimonio experto del Profesor Daniel Lansberg- Rodríguez.

En ese sentido, la defensa dice que rechaza la intención del gobierno de presentar evidencia a través de testimonios de expertos sobre los controles monetarios venezolanos, los esquemas comunes utilizados para evadir esos controles monetarios y el daño que he han causado a la economía venezolana y sus ciudadanos cuando se violan dichos controles.

Dicen que si la corte admite que el gobierno presente testimonios periciales sobre controles monetarios venezolanos, los acusados solicitaran que limite dicho testimonio para prohibir que el mismo se relacione con los hechos y circunstancias del caso y con los individuos y entidades supuestamente involucradas.

Rechazan la propuesta del gobierno de que el experto informará al jurado sobre la operación de los esquemas de control monetario, pero no opinará sobre las pruebas en el juicio ni ofrecerá opinión sobre la conducta los acusados y su participaron en la conspiración.

Este Tribunal debería prohibir al Gobierno la presentación de testimonios de expertos sobre el efecto o impacto en la economía y los ciudadanos de Venezuela provocados por una violación de los controles monetarios, argumentan los abogados.

Explican que al evaluar los testimonios y las pruebas de los expertos, "el tribunal de distrito debe considerar los indicios de confiabilidad identificados en la Regla 702, a saber, (1) que el testimonio se base en hechos o datos suficientes; (2) que el testimonio sea el producto de principios y métodos confiables; y (3) que "el testigo haya aplicado los principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso".

Entre otros factores, los abogados señalan que el tribunal de distrito debe considerar "si la teoría o la técnica del experto ha sido sometida a revisión y publicación por pares", la "tasa de error conocida o potencial" de la técnica "La existencia y mantenimiento de estándares que controlan la operación de la técnica" y si la técnica ha ganado aceptación general en la comunidad científica relevante.

La defensa expuso en el memorando que "la investigación flexible de Daubert le da a la corte del distrito la discreción necesaria para garantizar que la puerta de la sala del tribunal permanezca cerrada a la ciencia basura mientras admite un testimonio experto confiable que ayudará al juez de hecho".

Para justificar la admisibilidad, sin embargo, es fundamental que el análisis de un experto sea confiable en cada paso, acotan los abogados.