Mostrando entradas con la etiqueta Efrain Antonio Campo Flores y de Franqui Francisco Flores de Freitas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Efrain Antonio Campo Flores y de Franqui Francisco Flores de Freitas. Mostrar todas las entradas

lunes, 8 de octubre de 2018

Otro revés para los narcosobrinos: Corte niega solicitud de la defensa de hacer público el expediente de los informantes de la DEA que testificaron en el juicio

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez federal Paul Crotty negó la solicitud hecha por los sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores de eliminar el sello a los expedientes de dos ex informantes cooperantes del gobierno de los Estados Unidos que testificaron en corte durante el juicio en el que los hoy convictos fueron hallados culpables de haber conspirado para introducir cocaína a los Estados Unidos.

Crotty argumentó para su decisión que los ex testigos cooperantes habían testificado abiertamente en corte durante un juicio, lo cual pone en peligro a sus familiares, razón por la cual se debe mantener en sello en dicho expediente. 

Los dos ex informantes de la DEA expusieron al juez razones convincentes para que el expediente de caso se mantuviera confidencial, dice la respuesta del magistrado a los abogados de los primos Flores.

En fecha 24 de abril de 2018, el juez Crotty, había aprobado una moción presentada por Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, el día 4 del citado mes y año, y ordenó a José Santos Peña y a su hijo, responder, si lo desean, a la solicitud de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela. No obstante, los ex testigos de la DEA expusieron que revelar públicamente el expediente expondría a sus familiares a un peligro inminente.
La moción de los Flores

La moción que Campo Flores y Flores de Freitas solicitaron a la corte planteaba, por una parte abrir el expediente criminal sellado de José Santos Peña y su hijo, quienes fungieron como informantes confidenciales en el proceso judicial que se siguió en su contra, o como alternativa, que se ordenara al gobierno compartir con ellos cualquier presentación relacionada con la sentencia de Santos Peña y su hijo.

El 19 de abril de 2018, la Fiscalía se opuso a la moción y sugirió que tanto Santos Peña como su hijo —también informante confidencial— deberían tener la oportunidad de responder también.

La respuesta 

El 4 de abril de 2018, los abogados Randall W. Jackson y John T. Zach, a cargo de la defensa de Campos Flores y Flores de Freitas solicitaron ante el juez Crotty abrir el expediente del testigo José Santos Pena identificado en el proceso contra sus defendidos como "CS-1".

Hacen referencia a que "José Santos Peña" es un seudónimo que se utilizó en todos los testimonios y documentos judiciales de conformidad con una orden de protección emitida por Crotty, por lo que en todas las revisiones del sistema de archivo de la corte, dicho nombre no aparece registrado públicamente.

En tal sentido, los abogados indican que en virtud de que la Fiscalía sostiene que ya Santos Peña no es testigo colaborador de ese despacho y de que ha transcurrido más de un año desde que el Gobierno manifestó que había roto su acuerdo de cooperación con el citado, en razón de que Santos Peña se encuentra detenido y, por admisión del gobierno, cometió perjurio, repitió falsas declaraciones y otras actividades impropias mientras se desempeñaba como empleado de la DEA, informante y testigo colaborador, no existe ninguna justificación en la actualidad para mantener el expediente con carácter secreto, protegiendo las presentaciones del caso del escrutinio público.

Jackson y Zach refieren que si la Corte disponía la apertura del expediente de Santos Peña, pedían se ordenara a la Fiscalía compartir inmediatamente con sus representados cualquier presentación relacionada con la sentencia de Santos Peña de que hubiera concluido su papel como testigo colaborador.

Considera la defensa que el gobierno viola las enmiendas primera y sexta de la Constitución de los Estados Unidos, así como la clara orientación de la Corte Suprema y el Segundo Circuito para mantener en secreto el expediente y las presentaciones de Santos Peña.

Sustentándose en jurisprudencia, los abogados de los Flores sostuvieron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que, tanto los demandados como el público en general, tienen el derecho de saber lo que sucedió entre 2016 y mediados de 2018, lo que no ocurre en razón de que el caso completo de Santos Peña está cerrado y su expediente permanece invisible para la colectividad. Igualmente alegan que Santos Peña aún no ha sido condenado y su caso ha sido transferido por el juez Kaplan al tribunal de Paul Crotty.

Reiteran que la insistencia de la fiscalía en mantener cerrado el expediente de Santos Peña viola el derecho de acceso de la Primera Enmienda (i) del público, (ii) derecho consuetudinario de acceso, y (iii) la garantía de la Sexta Enmienda de los juicios públicos.

Consideran injustificado que el expediente y las presentaciones de Santos Peña se mantengan sellados cuando el caso ya casi alcanza el tercer año calendario. “El gobierno no está autorizado a mantener el expediente completo de una persona sellado hasta el infinito debido a su vaga privacidad o inquietudes de seguridad. Como mínimo, el Tribunal debe ordenar de inmediato al Gobierno que presente todas las presentaciones relacionadas con la sentencia de Santos Peña, incluidas las presentaciones relacionadas con el estado de Santos Peña como testigo colaborador”, concluye la solicitud.

lunes, 18 de diciembre de 2017

Defensa de los narcosobrinos apela sentencia dictada por el juez Paul Crotty

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La defensa del sobrino de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores, acudió este lunes 18 de diciembre a la Corte del Segundo Circuito de Apelaciones para someter a consideración de un panel de jueces una serie de argumentos con los que pretenden que la decisión del juez de distrito, Paul Crotty sea revisada.
El abogado de Campo Flores firmó la petición que entregó a la corte, luego de pagar los montos exigidos por el tribunal del segundo circuito que equivalen a $505.00. El defensor de Franqui Francisco Flores de Freitas no había introducido el recurso de apelación hasta el cierre de esta nota.

Desde el 18 de noviembre de 2016, cuando un jurado halló culpables a Campo Flores y Flores de Freitas de conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína, los equipos de la defensa de los acusados habían anunciado que apelarían la decisión del juez. Hasta último momento, la defensa no había aceptado la culpabilidad de los acusados por el delito por el cual fueron juzgados, sólo en el documento de resumen antes de la sentencia, se pudo leer que la falta cometida por sus clientes era grave, pero que  los demandados merecían la condena que estaba pidiendo la fiscalía que era no menor a los 30 años de prisión.

La defensa de Campo Flores y Flores de Freitas considera que la  condena decidida por el juez Crotty no es razonable, ni se ajusta a la naturaleza del delito por el cual fueron juzgados. 

Los casos criminales que van a la corte de apelaciones deben ser revisados por un panel de jueces y si dichos son aceptados, los abogados defensores tienen que exponer argumentos muy específicos en materia de violación en la aplicación de la ley, de la violación del derecho procesal.

En los próximos días se espera que el equipo de defensa de Flores de Freitas acuda al tribunal para apelar la sentencia.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron sentenciados el 14 de diciembre de 2017 a permanecer 18 años en una prisión de los Estados Unidos y a pagar una multa de 50 mil dólares. Hasta la fecha, los sobrinos del presidente Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores han estado encarcelados por 25 meses, con lo cual deberán pagar 15 años y 11 meses más de reclusión.

Los primos Flores pagarán su condena en el Centro Correccional Coleman ubicado en las cercanías de Orlando, en el estado de la Florida y ambos compartirán la celda por decisión del juez Crotty.

Seguiremos informando.. 

domingo, 17 de diciembre de 2017

Los narcosobrinos no negociaron con el gobierno de los EEUU para disminuir su condena

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La condena dictada por el juez de la causa a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana a pagar una pena de 18 años en una cárcel no corresponde a un beneficio por delación. Campo Flores y Flores de Freitas no establecieron ningún acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para ofrecer información a cambio de una sentencia menos severa.
Por el contrario, la defensa considera que es una condena no razonable por la ofensa cometida por sus clientes. Según fuentes ligadas al caso, los abogados presentarán un recurso  ante el tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en los próximos días para pedir que se revise la decisión del juez de distrito por ser inapropiada.

En los documentos federales, los defensores de Campo Flores y Flores de Freitas dejaron claro que al inicio del caso, los fiscales plantearon a los ahora convictos un acuerdo para que se declararan culpables de los cargos impuestos por el gobierno, pero que dicho acuerdo fue rechazado porque no era beneficioso y suponía una condena muy larga.

La defensa argumentó en uno de sus memorandos a la corte que el gobierno pidió a Campo Flores y Flores de Freitas que aceptaran su responsabilidad por la ofensa, pero la declaración de culpabilidad no bajaba la pena, por lo cual no les quedó otra salida que ir a juicio.

Otras personas vinculadas al caso ratificaron que una negociación para delatar a otras personas no estuvo planteada por los Flores.

Semanas antes de que se produjera la lectura de la sentencia, se supo que terceros -que no eran familiares directos de los convictos- habían intentado establecer una negociación con la fiscalía para entregar información privilegiada a cambio de la reducción de la condena de los sobrinos de la primera dama Cilia flores. Esta propuesta -que no fue iniciativa de Campo Flores y Flores de Freitas- no llegó a concretarse.

Una vez concluido este período del proceso, Campo Flores y Flores de Freitas serán trasladados al estado de la Florida para pagar su condena en El Centro Correccional Coleman. Ambos estarán en la misma celda gracias a una indulgencia del juez que los sentenció.
Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana tuvieron que pagar una multa de 50 mil 100 dólares cada uno, luego que la corte verificara que no estaban en capacidad de pagar un monto superior, dice el documento del tribunal.



El caso

Campo Flores y Flores de Freitas fueron sentenciados 25 meses después de haber sido arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015. Ambos fueron procesados por conspirar para importar y distribuir 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. 

Los Flores fueron hallados culpables por un jurado de doce personas que estimó que las evidencias presentadas por la Fiscalía demostraron -más allá de la duda razonable- que habían cometido el delito por el cual se les juzgaba. Todo un compendio de documentos, grabaciones de audio y video, chats y la propia confesión de los involucrados, sirvieron para que el panel emitiera un veredicto unánime de culpabilidad. 

En la audiencia del 14 de diciembre, los fiscales reconocieron que era exagerado que los Flores pasaran toda la vida en prisión y pidieron sentenciar a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana a 30 años de cárcel.

El juez Crotty consideró la falta de antecedentes de los Flores tanto en Estados Unidos como en Venezuela, así como también sus discursos en los que alegaron que nunca pretendieron contribuir con el dinero de la operación con representantes políticos. 

Del tiempo de sentencia (18 años) hay que restar los 25 meses de reclusión que ya han cumplido, por lo que sólo restan unos 15 años y 11 meses de prisión a los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Campo Flores y Flores de Freitas purgarán su condena en el Complejo Correccional Federal Coleman, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el centro del estado de la Florida, unos 80 kilómetros al noroeste de Orlando, 97 kilómetros de Ocala. 


viernes, 15 de diciembre de 2017

Fiscal de NY sobre el caso de los narcosobrinos: "Por participar en un plan descarado de tráfico de cocaína pasarán muchos años en una prisión estadounidense"

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Tras conocerse la sentencia que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, el fiscal interino del Distrito Sur de Nueva York, John H. Kim dijo que los dos condenados pasarán muchos años en una cárcel de los Estados Unidos por haber participar en un "plan descarado de tráfico de cocaína".
Campo Flores y Flores de Freitas fueron condenados por conspiración para importar más de 800 kilogramos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos. Kim confirmó que el juez neoyorquino había dictado sentencia de 18 años de prisión a los familiares de la primera dama de Venezuela el 14 de diciembre de 2017. 

El fiscal destacó en su declaración que los dos hombres habían sido hallados culpables por un jurado el 18 de noviembre de 2016, tras un juicio de dos semanas ante el juez Paul Crotty.

Kim dijo que parte del dinero que se buscaba en la conspiración era para financiar la campaña electoral de la Primera Dama de Venezuela y tía de los implicados, Celia Flores. "Campo Flores y  Flores de Freitas diseñaron un plan para trabajar con la organización terrorista FARC para enviar -literalmente- toneladas de cocaína a los Estados Unidos". 

En el juicio celebrado en noviembre pasado, un jurado unánime vio su trama como lo que era: una conspiración masiva de distribución de drogas, afirmó Kim. 

El fiscal dijo que con la sentencia dictada por Crotty, "los familiares de la pareja presidencial venezolana pasarán muchos años en una prisión estadounidense, por participar en este descarado plan de tráfico de cocaína".

El funcionario del gobierno de los Estados Unidos hizo un recuento del caso y comentó que la evidencia presentada en el juicio probó que a partir de agosto de 2015 Campo Flores y Flores de Freitas trabajaron con otros sujetos en Venezuela, México, Honduras y otros lugares, para urdir un plan que buscaba traficar drogas a EEUU.

Dijo que la conspiración por la cual fueron condenados los dos hombres venezolanos "incluyó -al menos- un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización terrorista extranjera. Los sentenciados tenían como objetivo de despachar grandes cantidades de cocaína en aviones privados desde las instalaciones controladas por el presidente venezolano Nicolás Maduro en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela". 

Prosiguió señalando que la tía de los demandados, Cilia Flores, es la Primera Dama de Venezuela, y durante la investigación, Campo Flores y Flores de Freitas les dijeron a los informantes que actuaban bajo la dirección de la DEA,  que tenían la intención de usar parte del producto de su tráfico de drogas para financiar la campaña electoral de la esposa del presidente Maduro, quien era candidata a un escaño en la Asamblea Nacional de Venezuela en diciembre de 2015. 

Señaló que "las comunicaciones electrónicas incautadas en los teléfonos de los demandados también demostraron, entre otras cosas, que Campo Flores y  Flores de Freitas habían participado en un plan para solicitar sobornos a los deudores de la empresa estatal de petróleo y gas natural de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA , a cambio de promesas de que un primo, Carlos Erik Malpica-Flores, haría que PDVSA aprobara y pagar ciertas deudas".

__ A principios de octubre de 2015, un individuo que estaba cooperando con la DEA en Honduras ("CW-1 o El Sentado") informó a la DEA que un ciudadano hondureño había presentado al testigo cooperante a dos venezolanos, identificados posteriormente como los acusados, que estaban interesados ​​en enviar aviones cargados de cocaína con planes de vuelo de apariencia legítima desde Venezuela a Honduras. 

__ El 3 de octubre de 2015,  Campo Flores y Flores de Freitas viajaron a San Pedro Sula, Honduras, en un avión privado para asistir a una reunión con CW-1 para discutir el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar al Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez en Roatán, Honduras. Dos días después de la reunión, Campo Flores envió mensajes de texto a CW-1 que decía: "Lo que quiero es comenzar a trabajar porque la campaña electoral ya casi está aquí y yo siempre contribuyo. . . [con] dinero si sabes lo que quiero decir es por eso que quiero comenzar a trabajar".

A fines de octubre de 2015, dos fuentes confidenciales que trabajaban bajo la dirección de la DEA ("CS-1" y "CS-2") viajaron a Caracas, Venezuela, para reunirse con los acusados. CS-1 pretendía ser el jefe mexicano de la organización de tráfico de drogas con la que CW-1 estaba afiliado, y CS-2 pretendía ser un asociado de CS-1. El 23 de octubre de 2015, durante una reunión grabada por los informantes de la DEA, Campo Flores explicó:"[M] y mamá, es decir, Cilia Flores, se postularán para las elecciones y yo necesito. . . $ 20 millones. . . . En otras palabras, la cuestión del dinero. . . lo necesitamos para diciembre de 2015". 
Durante la misma reunión, Campo Flores reiteró: "Deseamos tomar posesión nuevamente de la. . . Asamblea Nacional y. . . varios lugares con poder ", acota Kim en su declaración.

Más adelante, el fiscal recordó que en otra reunión registrada en Caracas el 26 de octubre de 2015, "Campo Flores describió el plan de los acusados ​​de usar parte de las ganancias del narcotráfico para sobornar a funcionarios venezolanos locales que anticiparon asistirían a Cilia Flores en relación con las próximas elecciones. Campo Flores también le dijo a CS-1 y CS-2 que había habido un "acuerdo" que involucraba al oficial venezolano Diosdado Cabello, quien también ha sido sancionado de conformidad con  la E.O. 13692 - que permitió a la familia de los acusados ​​"controlar el petróleo por completo en Venezuela". 


NOTA: En una segunda versión de la declaración enviada por La Oficina de prensa del fiscal este párrafo donde se menciona a Diosdado Cabello como sancionado fue eliminado.

Ver segunda versión aquí.

En una tercera reunión registrada en Caracas, el 27 de octubre de 2015, los demandados presentaron a los informantes CS-1 y CS-2 una muestra, es decir un kilogramo de cocaína, refiriéndose a ella como un "pequeño animal", para que puedan probar la calidad de las drogas, añadió el funcionario.

El 6 de noviembre de 2015, Flores de Freitas y un guardaespaldas viajaron a Honduras en avión privado para reunirse con personas que actuaban bajo la dirección de la DEA y con los conspiradores, incluido el coacusado Roberto de Jesús Soto García, para continuar discutir el envío de cocaína. Durante la reunión grabada, Soto García indicó que numerosos funcionarios en el aeropuerto de Roatán, incluidos militares y policías, participarían en la recepción de la carga de drogas de los acusados. 

Flores de Freitas y Soto García procedieron a hacer planes precisos para el envío de drogas durante la reunión, y  Flores de Freitas acordó enviar la primera carga de cocaína serían enviada el 15 de noviembre de 2015.

El 10 de noviembre de 2015, los demandados volaron en un avión privado a Haití con la intención de recoger un pago inicial multimillonario por la cocaína. Durante una reunión grabada, Campo Flores describió la conexión de los acusados ​​con un "comandante supuestamente de alto rango" de las FARC, y ambos demandados indicaron que el primer cargamento de droga, que constaba de 800 kilogramos, estaba preparado para despacharse desde Venezuela. Después de la reunión, los dos sujetos fueron arrestados por agentes de la policía antidrogas  de Haití, expulsados ​​de ese país y trasladados en avión de la DEA al aeropuerto internacional del condado de Westchester en White Plains, Nueva York.
  
Además de los términos de la prisión, Campo Flores, de 31 años, y Flores de Freitas de 33, recibieron la orden de pagar al gobierno de los Estados Unidos una multa de $ 50,000.

Kim elogió el destacado trabajo de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y la Fuerza de Ataque de Nueva York. Asimismo, el fiscal agradeció a la Oficina de la DEA de Puerto Príncipe, el Centro Nacional de Alcance de Aduanas y Patrulla Fronteriza, Airwing de la DEA, el Gobierno de la República de Haití, a la Policía Nacional de Haití, y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU. por su ayuda en esta operación que concluyó con una sentencia contra los culpables de delitos de narcotráfico.

Concluyó señalando que el caso había sido manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de su despacho y destacó el trabajo realizado por los abogados estadounidenses auxiliares Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley que estuvieron al frente de la acusación de los primos Flores.

jueves, 14 de diciembre de 2017

LO ULTIMO: Juez condena a Narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro a 18 años de prisión

Los sobrinos presidenciales lloraron al escuchar la traducción de la sentencia pronunciada por el juez. La defensa y la fiscalía se mostraron insatisfechas con los años de condena

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Luego de haber transcurrido 25 meses desde el arresto de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Crotty, leyó la sentencia que estipula pena que deberán pagar Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, por conspirar para importar y distribuir 800 kilos de cocaína en los Estados Unidos a través de la organización criminal que lideraban.

Este jueves 14 de diciembre llegó a su fin la larga espera que conllevó el proceso judicial que contra Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, enfrentaron en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por conspirar para importar, traficar y distribuir 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero. El magistrado determinó que los hasta ahora convictos deberán cumplir una pena de 18 años (216 meses) y a su vez pagar 50 mil dólares de multa.

Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela purgarán su condena en una cárcel de máxima seguridad en el estado de la Florida, para facilitar que la familia de los convictos puedan viajar a visitarlos. Tanto la defensa como el gobierno no mostraron satisfacción alguna por la decisión del juez. Los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas pidieron al juez que los sentenciara como máximo a 10 años de cárcel mientras que la fiscalía decía que una condena ejemplarizante para los culpables de delitos de narcotráfico.

En la sesión de hoy estuvieron presentes la esposa de Campo Flores, Jessair Rodríguez  quien lucía físicamente diferente, con una cabellera completamente rubia, aunque siempre vestida elegantemente y con carteras de marcas de diseñadores famosos. Asimismo, estuvo presente la madre del hijo de Flores de Freitas Jessika Contreras que también tenía corte de cabello diferente y lucía más modesta que Rodríguez.

En la petición de clemencia al juez, Campo Flores dijo que estaba arrepentido de haberle causado un daño a su familia con el caso que lo había puesto tras las rejas. Aprovechó para mostrar al juez que había aprovechado su tiempo aprendiendo hablar inglés y destacó que había estudiado las leyes norteamericanas tratando de entender la razón por la cual estaba viviendo esta experiencia.

Campos dijo en inglés: "I can talk in ingles now with my attorneys"(puedo hablar ahora en inglés con mis abogados. También dijo que amaba a su esposa y a sus hijos. Nunca mencionó a su tía primera dama, Celia Flores ni a su tío político, Nicolás Maduro.

Flores de Freitas por su lado dio un discurso en el que mencionó su trágica infancia, su dolor por haber dejado a su hijo de 9 años sólo. Destacó además que hacía trabajos de caridad en la cárcel, reparaba radios a sus compañeros de celda y que lo hacía  "con mucho cariño". Afirmó que ayudaba a otros prisioneros a superar la depresión que generaba estar privados de libertad.

Flores de Freitas tampoco mencionó a su tía Celia Flores. Sólo dijo que pedía perdón a su hijo de 9 años y a su abuela, y que trataba de de sacar una experiencia positiva de todo lo que estaba viviendo.

Un poco de historia


Este proceso contra los familiares de Nicolás Maduro y Cilia Flores se produjo después de que un Gran Jurado encontró méritos suficientes para acusarlos y proceder a ordenar su detención a objeto de someterlos a juicio en territorio estadounidense.

Sin embargo, no para pocos observadores del caso, esto apenas puede suponer el inicio de un largo proceso de impugnaciones y acciones judiciales tendentes a lograr un cambio de condena para los Flores.
Quienes se dieron a conocer mundialmente como los “narcosobrinos”, protagonizaron un hecho en el que no solamente ellos figuraron, sino que durante la investigación y el proceso judicial llegaron a verse salpicados otros personeros del ato gobierno venezolano, por lo que tal vez pueda preverse un largo camino por recorrer todavía.

Durante el juicio, se comprobó que los Flores dirigían una organización que mantenía nexos con la guerrilla terrorista colombiana de las FARC, organización que le suministraba los narcóticos que luego vendían a otras organizaciones para ser, finalmente, introducidos en los Estados Unidos.

Pero pese a las objeciones de la defensa, por ahora los sobrinos Flores deberán aceptar los términos de la condena, después de que un jurado determinó su culpabilidad con base a las pruebas y evidencias presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, las cuales a criterio del panel evaluador, fueron contundentes para poder emitir su veredicto más allá de toda duda razonable, como lo estipula la norma en los casos de tipo penal.

El gobierno de los Estados Unidos presentó diversos documentos, grabaciones de audio y video, chats y la propia confesión de los involucrados, como pruebas que sirvieron para establecer la culpabilidad de los Flores y, posteriormente, el juez determinara la pena al analizar los distintos agravantes y circunstancias que rigieron los hechos.

El juicio a los Flores fue la consecuencia de una investigación que se inició en agosto de 2015 cuando un testigo cooperante de la DEA se comunicó con el agente especial del organismo, Sandalio González, para informarle que había sido contactado por un alto oficial de la policía científica venezolana que quería que recibiera a sus sobrinos en Honduras, pues estos estaban interesados en entablar negocios de narcotráfico con él. No tenía idea Bladimir Flores, a la sazón Inspector General Nacional del CICPC y hermano de la primera dama, Cilia Flores, que estaba enviando a sus familiares directamente al matadero. Resultó ser que el narcotraficante hondureño, Carlos Leva, mantenía un acuerdo de cooperación con la DEA a objeto de obtener beneficios y rebajas en la pena que él mismo debía enfrentar por narcotráfico.

Desde entonces tuvo ligar una averiguación en la que participaron el citado testigo cooperante, tres fuentes confidenciales, agentes especiales de la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés respecto al nombre Drug Enforcement Administration) y el FBI.

La captura de los Flores se produjo en Haití, donde la DEA obtuvo la colaboración del Bureau de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants (BLTS, por sus siglas en francés, a saber, Oficina de Lucha contra el Narcotráfico, en castellano). Posteriormente el gobierno haitiano procedió a la expulsión de su territorio de los Flores a quienes entregó a la DEA para su traslado a Nueva York donde deberían enfrentar los cargos de narcotráfico que se les imputaron.

En tierra neoyorquina fueron recluidos en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC por sus siglas en inglés), ubicado a escasos metros del edificio 500 Pearl Street en Manhattan, donde funciona la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la que fueron procesados.

Desde entonces inició para ellos la experiencia más penosa de toda su vida. El tiempo de reclusión previo a la condena, debió haberles servido de antecedente de lo que será su futuro de ahora en adelante.

Los Flores durante estos 25 meses que han transcurrido desde su arresto, han mantenido un escaso contacto con sus familiares, limitándose prácticamente sus visitas a recibir a sus abogados y a la representación consular venezolana.

Apenas en mayo de este año 2017, Efraín Antonio Campo Flores recibió a su esposa y a sus dos menores hijos y Franqui Francisco Flores de Freitas puso ver a su exesposa y a algunos familiares.

Quienes sí han sido los grandes ausentes, son sus poderosos tíos. Únicamente Nicolás Maduro dijo al octavo día de juicio, que estaban en presencia de un montaje para atacar a su esposa y primera dama.

Los abogados defensores de los Flores intentaron todo tipo de acciones para liberar a sus clientes de ser encontrados culpables y, posteriormente, ser sentenciados. Parte de su estrategia fue presentarlos como las víctimas de una trampa urdida por el gobierno de los Estados Unidos en confabulación con un grupo de informantes de dudosa reputación, que solamente estaban interesados en obtener beneficios y una pena menor por las acusaciones de narcotráfico que enfrentaban. Pese a todos los argumentos de la defensa, la Fiscalía demostró la experiencia y liderazgo de los Flores en las actividades del narcotráfico y otros hechos criminales.

Sin duda alguna, los Flores debieron enfrentar las consecuencias de sus actos, una de ellos, tal vez la más dura experiencias que seguramente han vivido, es el tener que escuchar el veredicto de culpabilidad del jurado, solamente acompañados de sus representantes legales.

La defensa enfiló todas sus baterías para enfrentar las acusaciones del gobierno y para rebatir los argumentos que se dejaron escuchar el 3 de octubre de 2017 cuando tuvo lugar una audiencia oral para determinar el nivel de gravedad de los hechos cometidos por los narcosobrinos, el cual se ubicó en el 43, un puntaje que los hacía acreedores a una pena de cadena perpetua.

El gobierno y los entes de justicia de Estados Unidos, tal es el caso de la Oficina de Libertad Condicional, se pronunciaron por la cadena perpetua o una pena no menor a los 30 años, mientras que la defensa de los Flores insistió en su absolución o en la repetición del juicio bajo el alegato de que había incurrido en errores procesales. Una y otra vez repitieron durante todo el proceso, que el de los Flores era un caso de drogas sin drogas y sin violencia.
Parte de la estrategia de los abogados fue presentar a sus clientes como unos “tontos” y “novatos” que se dejaron embaucar por unos astutos y corruptos informantes de la DEA que solamente requerían de “unos peces gordos” para obtener beneficios y la reducción de sus propias penas de narcotráfico.

No se equivocaron del todo, puesto que durante el juicio se demostró que CS-1 y CS-2, a saber José Santos Peña y su hijo, mantuvieron actividades de narcotráfico mientras colaboraban con la DEA. De inmediato, la fiscalía procedió a suspender los acuerdos, pero no las pruebas recolectadas por ellos logrando en esto el respaldo del juez Paul Crotty.

Durante el juicio quedó establecido que los Flores de novatos no tenían nada, toda vez que Campo Flores y Flores de Freitas, además de los hechos de narcotráfico, estuvieron ligados diversos hechos criminales, tales como asesinatos y descuartizamientos, sobornos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para liberar a otros narcotraficantes, lavado de dinero a través de la estatal petrolera PDVSA, entre otros hechos.

Por otra parte, todo indica que el caso de los narcosobrinos sólo constituye una parte de una gran maraña de actividades criminales en los que estarían incursas otras figuras prominentes de la administración venezolana.

Se conoció, por último, que la defensa de los Flores solicitará que los sobrinos de la pareja presidencial venezolana sean trasladados a una cárcel de la Florida para facilitar a sus familiares y allegados visitarlos mientras pagan su condena.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Todo listo en el tribunal de Nueva York para la condena de los narcosobrinos

La condena de Campo Flores y Flores de Freitas marca un antes y después en la historia de Venezuela: Es la primera vez que familiares de la pareja presidencial son sentenciados en un tribunal internacional por delitos de narcotráfico.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Luego de haber pasado 13 meses desde que un jurado los halló de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EEUU, los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas serán sentenciados este jueves 14 de diciembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los acusados enfrentan una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 30 años de prisión.


Los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron arrestados el 10 de noviembre de 2015 cuando asistieron a una reunión en Puerto Príncipe con informantes encubiertos de la DEA que participaron en la operación que se inició a mediados de ese mismo año y que conllevó a su detención y posterior traslado a Nueva York para su enjuiciamiento.

De acuerdo a los documentos oficiales Campo Flores y Flores de Freitas fueron líderes de una conspiración en la que participaron 5 o más personas, que tenía como objetivo transportar hacia territorio norteamericano droga provenientes del grupo terrorista Farc. 


El gobierno de los EEUU acusó a Campo Flores y Flores de Freitas de Conspirar para (i) importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero; y (ii) distribuir cinco o más kilogramos de cocaína conociendo y con la intención de que sería importada a los Estados Unidos.

Desde que se inició el caso Flores se conocieron varios equipos de defensa, figurando entre ellos abogados de oficio adjudicados por el tribunal hasta costosos despachos jurídicos que levantaron grandes controversias al sospecharse que los honorarios de los mismos pudieran provenir de las arcas del tesoro nacional venezolano. 

La defensa de los sobrinos fue finalmente asumida por Randall Jackson, John T. Zack de la prestigiosa firma  Boies, Schiller & Flexner LLP; y de  Michael D. Mann y David M. Rody, del bufete Sidley Austin LLP, cuyas facturas fueron pagadas por el empresario de filiación chavista, Wilmer Ruperti, quien, casualmente, obtuvo un jugoso contrato petrolero para la fecha en que estos hechos ocurrieron.

Quien para ese entonces ocupaba la fiscalía de la Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, se encargó de blindar el caso con pruebas contundentes con base a la investigación que durante meses llevaron a cabo agentes de la DEA, quienes se valieron de testigos e informantes secretos que suministraron evidencias en contra de Campo Flores y Flores de Freitas.

Los juristas diseñaron una estrategia consistente en desprestigiar, tanto la investigación de la agencia antinarcóticos, el procedimiento de arresto —denunciado como secuestro por la defensa—, como a los testigos e informantes y las pruebas recabadas por estos. Sostuvieron durante todo el juicio que los sobrinos de la pareja presidencial venezolana fueron objeto de una trampa esgrimida por los agentes del gobierno y sus cooperantes.

Durante el juicio, que tuvo lugar del 7 al 18 de noviembre de 2016, un jurado integrado por doce personas, declaró culpables a Efraín Antonio  Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas de los cargos que se les imputaban.

Tras 3 prórrogas solicitadas por la defensa y una audiencia de argumentos, finalmente el juez de la causa leerá la sentencia de los dos sobrinos presidenciales.

Es muy probable que este caso no concluya con la lectura de la sentencia, pues se estima que los abogados defensores de los Flores acudan a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en el lapso de los 15 días luego de que se conozca la condena. Allí un panel de tres jueces estudiará si hubo o no fallas en la aplicación de la norma en el proceso judicial de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro.

Extraoficialmente se conoció que Campo Flores y Flores de Freitas podrían pagar su condena en una cárcel federal de máxima seguridad en el sur de la Florida. 

martes, 12 de septiembre de 2017

Narcosobrinos rechazan evidencias de la fiscalía sobre asesinatos y desmembramiento de cuerpos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Fraqui Francisco Flores de Freitas enviaron sendas comunicaciones a la oficina de Libertad Condicional negando toda vinculación con el asesinato y desmembramiento de dos hombres ocurridas en Caracas en junio de 2015, y que de acuerdo a las evidencias presentadas por la fiscalía al tribunal, son de la responsabilidad intelectual de los dos hombres acusados de delitos de narcotráfico en los EEUU.
En misivas separadas, Campo Flores y Flores de Freitas explican al oficial de Libertad Condicional Smyla Jones y a la Unidad de Cortes de los EEUU, Daniel Patrick Moynihan que ambos acusados rechazan los alegatos expresados en el informe  previo a la sentencia emanado de esa instancia judicial donde se pide que por la gravedad del delito cometido, Campo Flores y Flores de Freitas deben ser condenados a cadena perpetua.
En las misivas los dos sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro presentaron una serie de objeciones a la divulgación inicial del Informe de Investigación de Presencia (PSR), emitido el 18 de mayo de 2017.

He aquí los alegatos expuestos por los dos sujetos hallados culpables de delitos de narcotráfico.

1. Señalan que los acusados se oponen  en general a la recitación factual de la conducta del delito en la medida en que se basa en una supuesta conducta extranjera no imputada porque no se demostró en el juicio, motivado a la preponderancia de la evidencia que ni siquiera probó los delitos imputados. 

2. Campo y  Flores se oponen a las constataciones de la "Obstrucción de la Justicia" expuestas en el Informe Previo a la Sentencia por el hecho de que el Gobierno no demostró con evidencias ningún intento voluntario y específico de obstruir la justicia por parte de los acusados.

Asimismo, los acusados se oponen al aumento de su nivel de delito basado en una supuesta cantidad superior a 450 kilogramos de cocaína, cantidad que fue enteramente inventada por los informantes del Gobierno y nunca fue entregada por los acusados. De hecho, el Gobierno no demostró por una preponderancia de la evidencia que los acusados ​​entregaron cocaína en este caso. Por lo tanto, en todo caso, la evidencia demostró que los acusados ​​"no eran razonablemente capaces de proporcionar" la cantidad supuestamente acordada. 

4. Los acusados se oponen al aumento de dos niveles basado en la presunta posesión de una arma peligrosa en relación con el delito de condena. El informe previo a la sentencia  no hace ninguna mención de la posesión de una arma peligrosa en relación con el delito de convicción-precisamente porque no había evidencia aducida en el juicio que los acusados poseían una arma peligrosa en relación con el delito de convicción.

5. Campo y Flores se oponen al aumento de dos niveles en la sentencia basado en el supuesto uso de la violencia o una amenaza creíble de utilizar la violencia en relación con el delito de condena. Una vez más, en el juicio no hubo evidencia de que los acusados hubieran utilizado la violencia, hecho una amenaza creíble de usar la violencia o dirigido el uso de la violencia en relación con el delito de convicción.

6. Los acusados se oponen al aumento de dos niveles basado en su sentencia por la supuesta importación de una sustancia controlada que utiliza una aeronave que no sea una compañía aérea comercial regular. La sección no se aplica que no se importó realmente cocaína a los Estados Unidos. 

7. Los acusados se opone al aumento de dos niveles en la tabla de sentencia basado en el soborno, o el intento de sobornar a un oficial de la ley para facilitar la comisión del delito. El Informe Previo a la Sentencia no especifica a qué agente de la ley, si existe, los acusados presuntamente sobornaron o intentaron sobornar para facilitar la comisión del delito. Asimismo, argumentan que la evidencia en el juicio fue insuficiente para demostrar que los acusados estuviesen comprometido en tal conducta. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron sin lugar a dudas que en el presente caso no se produjo ninguna importación real de sustancias controladas.


9. Los acusados se opone al aumento de cuatro niveles en la escala de sentencia por el papel que desempeñaron en la conspiración que establece que los demandados actuaron rol de organizador, líder, gerente o supervisor de uno o más participantes.  La evidencia en el juicio no demostró por una preponderancia que los acusados ejercieron un papel de dirección o supervisión con respecto a cualquier otro participante en la conspiración acusada.

10. Los acusados sostienen que el aumento de 16 niveles en el nivel de delito base aumenta exageradamente la seriedad del delito de convicción y es una medida particularmente pobre de la culpabilidad de los acusados en este caso. 

Campo y Flores no tienen antecedentes penales, no pueden ser equiparados a los peores de los peores acusados ​​que merecen una pena de cadena perpetua. En un caso de picadura seca en el que no se recuperó ninguna droga, no hubo víctimas identificables, y no se aportó evidencia de que los acusados ​​usaron armas o violencia en relación con el delito, por tanto es inadecuado sugerir que las Directrices dictan que la pena de cadena perpetua debe ser impuesto.

11. Los acusados se oponen a cualquier mejora basada en la "muerte". No hay evidencia que apoye la caracterización de los hechos como asesinato y desmembramiento "en relación con esfuerzos para cobrar una deuda" o como parte de la misma conducta como delito de convicción. No hay evidencia de que esta (o cualquier otra) muerte fuera causada por Campo o Flores de Freitas de alguna manera.


domingo, 27 de agosto de 2017

Juez niega al gobierno de EEUU acceso a la declaración jurada de bienes de Flores de Freitas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los fiscales federales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no podrán tener acceso a la declaración jurada confidencial de bienes del sobrino de la pareja presidencial de Venezuela, Franqui Francisco Flores de Freitas, de acuerdo a un dictamen del juez de distrito Paul Crotty quien falló a favor de una solicitud de la defensa que exponía que la intención del gobierno —que es la parte acusadora en este caso— de revisar dicha atestación para indagar los activos que posee el acusado en el exterior con el objetivo de fijar la sentencia de dinero que deberá pagar en su condena, no procede por cuanto va en contra de los establecido en la Ley de Justicia Criminal.

Además, la defensa de Flores de Freitas objetó dicha solicitud del gobierno de tener acceso a la referida declaración porque también viola la Quinta Enmienda de Constitución que garantiza el derecho de los acusados a la autoincriminación.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó al tribunal que autorizara a revisar la declaración jurada para determinar cuántos y cuáles son los activos y propiedades de Flores de Freitas, quien será sentenciado el 12 de septiembre de 2017 por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras, en violación de las leyes antinarcóticos norteamericanas.

En una carta —firmada por los abogados David M. Rody y Michael D. Mann del bufete Sidley Austin LLP— se argumenta que a Flores de Freitas se le asignó un abogado público para que lo representara en la presentación inicial ante el juez el 12 de noviembre de 2015, y que la corte conoció en ese momento las múltiples preguntas que hizo el gobierno sobre la relación entre el entonces acusado y sus abogados asignados, Vincent Michael Southerland y Jonathan Marvinny.

La defensa destaca que la moción del gobierno, presentada el 4 de octubre de 2016, buscaba constatar si los fondos y recursos federales asignados a los abogados designados por la corte habían sido usados. En ese sentido señala la defensa que quedó demostrado que dichos recursos del gobierno no fueron usados en ningún punto del juicio y en ningún evento significativo antes de este, ni para la litigación del caso.

Vale recordar que durante la presentación inicial del acusado en el tribunal neoyorquino, el juez James I. Cott, designó un abogado público cuyos honorarios son pagados con recursos federales. Franqui Francisco Flores de Freitas firmó una declaración donde juró que no tenía la capacidad financiera para pagar un defensor privado. Su primo y coacusado, Efraín Antonio Campo Flores, fue representado en ese momento por el costoso bufete de abogados Squire Patton Boggs, que en diciembre de 2015 renunció a su defensa por supuesto conflicto de intereses.

En diciembre de 2015, los dos acusados —quienes son familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro— gozaron de la representación de abogados pagados por los contribuyentes norteamericanos. Ambos acusados aseguraron no poseer dinero para pagar una defensa privada.

En marzo de 2016, Efraín Campos Flores cambió su equipo de abogados públicos por un costoso bufete encabezado por Randall Jackson y John T. Zach, de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP. Asimismo, Flores de Freitas también abandonó en esa misma fecha a sus defensores públicos y contrató a su actual equipo de abogados liderado por David Rody del bufete  Sidley Austin LLP. Ambos equipos de abogado están siendo pagados por el empresario petrolero ligado al régimen encabezado por los tíos de los dos acusados, Wilmer Ruperti.

En la solicitud hecha por la defensa de Flores de Freitas, los abogados señalan que las directrices de la ley de Justicia Criminal (CJA, por sus siglas en inglés) prohíben expresamente preguntas sobre la elegibilidad de un acusado para recibir defensa pública como mecanismo para descubrir la habilidad financiera del acusado para pagar las penalidades que correspondan al delito como tal, ni para descubrir si el demandado tiene activos objeto de confiscación o si posee capacidad para pagar multas, hacer restituciones o compensar a otra persona que resulte beneficiada por la Ley de Protección de víctimas y testigos.

El documento de la defensa dice que el gobierno no puede usar la información de la declaración financiera jurada firmada por Flores de Freitas para alegar perjurio, declaración falsa u otra declaración provista por el acusado en conexión con su solicitud de la asistencia de un abogado público. "El afidávit Financiero no es una prueba de falsa declaración o perjurio".

Asimismo, la defensa argumenta que la corte debe evitar el acceso del gobierno al afidávit financiero firmado por Flores de Freitas el 12 noviembre de 2015, puesto que dicha acción puede ser contraria a los derechos del acusado. La quinta enmienda de la constitución prevé protección contra la revelación de información financiera personal de manera coercitiva.
La defensa se refiere a una determinación hecha por la corte del Segundo circuito donde se estableció que no hay abuso de discrecionalidad cuando un tribunal de distrito niega una solicitud para levantar el sello a un affidavit financiero cuando el gobierno tiene otros mecanismos para averiguar la capacidad financiera del acusado. 

En el caso de Flores de Freitas —argumenta la defensa— el gobierno dispone de cientos de mensajes de texto y correos electrónicos extraídos de los teléfonos celulares y correos del acusado que contienen información detallada de la situación personal financiera de este. Sin embargo, ninguna evidencia que fue presentada en el juicio a partir de las pruebas aportadas por la parte acusadora, además de las provenientes de otras fuentes, incluidos los testigos, muestra que Flores de Freitas poseía riqueza y que parece una exageración que lo hagan ahora en víspera de la sentencia.

La información aportada por la fiscalía durante la etapa del descubrimiento no fue la única vía para saber la situación financiera del acusado, acota la defensa.

En la comunicación se informa al juez, que Flores de Freitas conversó con la Oficina de Probación de Prisiones sobre su situación económica y declaró que posee una vivienda en Venezuela cuyo costo en el mercado es de unos US$ 30 mil dólares, también dijo que tenía una cuenta en un banco de Panamá y una cuenta en el Banco del Caribe de Venezuela, pero no especificó el monto de dinero que tiene en esas cuentas, solo dijo que no era mucho dinero.

La defensa expone que han tratado de obtener documentos financieros de su defendido sin éxito y que los servicios de los abogados han sido pagados por un tercero, un hombre rico de Venezuela quien es viejo amigo de la abuela y de la tía del acusado, ninguna otra información fue proveída.

El juez, Paul Crotty, aprobó la solicitud hecha por el defensor de Flores de Freitas, acotando que si el gobierno no argumenta de mejor manera la moción donde solicita que se autorice a los fiscales a revisar la declaración financiera jurada y verificar cuáles son los activos propiedad del acusado para fijar la sentencia de dinero que deberá pagar como parte de la penalidad por los delitos cometidos, entonces la revisión no será procedente.

miércoles, 28 de junio de 2017

Marco Rubio: El gobierno de Maduro es una empresa criminal

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de Nicolás Maduro no es solo una dictadura, sino una empresa criminal que ha quedado al descubierto, aseguró el senador Marco Rubio durante la apertura del encuentro sobre "Delincuencia Organizada Transnacional en las Américas", celebrado en el Instituto Empresarial Americano (AEI) en Washington DC, el lunes 26 de junio de 2017.

El senador por el estado de la Florida considera que el
el Crimen Organizado Trasnacional no es una amenaza nueva para los Estados Unidos y el Hemisferio Occidental, pero -definitivamente- es un asunto cada vez más peligroso que hay que atender de manera eficiente y rápida.

Un informe elaborado por el AEI señala que la delincuencia transnacional organizada es una de las grandes amenazas que enfrenta el hemisferio en la actualidad, ya sea por la mortífera crisis de opioides que afecta a las comunidades estadounidenses, por el catastrófico colapso  de Venezuela, un país rico en petróleo manejado por una pandilla debilitada, o la violencia que se experimenta en toda Centroamérica y que ha terminado por colarse en las calles de las ciudades americanas.

De acuerdo al informe de  AEI, "La crisis se pueden remontar a las redes criminales que recogen los billones de la producción de drogas ilícitas, del tráfico humano, y de la extorsión."

Si bien el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido desde hace tiempo las amenazas que plantea la delincuencia organizada transnacional, durante años no ha hecho lo suficiente para hacer frente a dichas amenazas. Tal abandono ha llevado a la muerte y el sufrimiento de demasiadas personas, tanto en naciones de todo el hemisferio como en los EEUU.

Venezuela es una empresa criminal

En su presentación, el senador Rubio se refirió a Venezuela, señalando que el régimen de Maduro ha socavado completamente la constitución democrática de ese país. "Está encarcelando y torturando a los miembros de la oposición, ha matado a los manifestantes con impunidad, ha destruido la economía de la nación", acotó el legislador.

Rubio sostiene que Venezuela es uno de los países más ricos de la región en términos de recursos, ya que es un estado petrolero, que también posee tierras ricas para el cultivo. Sin embargo, tiene un gobierno corrupto y dictatorial que se está quedando sin dinero y no es capaz -ni siquiera- de alimentar a su propio pueblo.

"A medida que esa nación sigue derritiéndose, las crecientes redes criminales transnacionales del régimen están siendo expuestas. El gobierno de Maduro no es sólo una dictadura, sino también una empresa criminal", dijo el senador.

Recordó que el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra el Vicepresidente venezolano Tareck El-Aissami el 13 de febrero de 2017, designándolo narcotraficante bajo la Ley Kingpin por desempeñar un importante papel en el narcotráfico internacional. Junto a El Aissami fue sancionado Samark José López-Bello como su testaferro.

Rubio hizo referencia a lo señalado en el informe de AEI, y que ha sido noticia permanente en Venezuela, "Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a dos de los sobrinos del presidente Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas, por conspirar para enviar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos".

Hace dos años, los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. informaron al Wall Street Journal que creían que Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional, era jefe de un cartel de la droga, agregó el parlamentario.

Rubio llamó la atención de los presentes al afirmar que es escandaloso que el vicepresidente de Venezuela, los sobrinos del Presidente, el ex presidente de la Asamblea Nacional, están involucrados o han sido acusados ​​de estar involucrados en el crimen organizado transnacional.

Al referirse a Colombia, el legislador dijo que veía con creciente preocupación la implementación del acuerdo de paz con las FARC. "Muchas armas de las FARC siguen desaparecidas y demasiados miembros de las FARC se están uniendo a grupos remanentes y siguen beneficiándose del tráfico ilegal de narcóticos".

"La ayuda externa de Estados Unidos y las relaciones militares y policiales con Colombia deben continuar", aseguró Rubio. Entre el año fiscal 2000 y el año fiscal 2016, el Congreso de los Estados Unidos asignó más de $10 mil millones en ayuda bajo el Plan Colombia y estrategias sucesivas.

Considera que los miembros de las FARC que han cometido atrocidades deben ser responsabilizados por el sistema judicial colombiano. Dijo además que Colombia debe extraditar a los miembros de las FARC acusados ​​en los Estados Unidos para que enfrenten la justicia aquí.

Más allá de las FARC, la explosión del cultivo de coca en Colombia es otra preocupación importante y que ha alimentando el escepticismo sobre el acuerdo de paz. Los números de producción de coca en Colombia han aumentado constantemente durante las negociaciones de paz, aumentó en más del 141 por ciento de 2012 a 2016, incluyendo un fuerte aumento a partir de 2015.

Estos acontecimientos son probablemente el resultado directo de la decisión del gobierno de 2015 de poner fin a la erradicación del aérea de las plantas de coca. Rubio cree que fue un error haber aceptado ese aspecto dentro de las concesiones otorgadas a las FARC para lograr un acuerdo de paz en Colombia.

El legislador se refirió además al llamado "Clan del Golfo" que es la banda de drogas más grande de Colombia, al ELN, otro grupo marxista similar a las FARC que se ocupa del terrorismo y del narcotráfico, y otros grupos paramilitares conocidos como bandas criminales o bacrim, que han surgido como los principales beneficiarios de la producción de coca producción. 

Aseguró que el Clan del Golfo controla el 70 por ciento de la producción de cocaína en Colombia, según la propia policía de ese país. Y el ELN tiene un estimado de 1.500 combatientes, lo que es aproximadamente una quinta parte de la fuerza paramilitar de las FARC antes de la movilización.

En México, se ha visto una escalada asombrosa del crimen transnacional organizado. Desde 2006, cuando México comenzó su gran empuje contra esos carteles, algunos estiman que 130.000 personas han muerto. Eso es más o menos igual a la población de Gainesville, Florida. 

El senador afirmó que los carteles mexicanos están luchando para traer drogas a los EEUU que envenenan y matan a nuestra gente. Un número récord de estadounidenses, casi 60.000 personas murieron en 2016 por el consumo de las drogas.

Rubio aseguró que existe una preocupación por el aumento de la producción de la heroína mexicana, la metanfetamina, y el tráfico de fentanilo que se fabrica en China. No obstante, dijo que a diferencia de Venezuela, los EEUU tienen en el gobierno de México un socio dispuesto a trabajar contra las empresas criminales. 

Desde 2008, el Congreso de los Estados Unidos ha asignado $2.8 mil millones para los esfuerzos para combatir a los cárteles.

"La lucha, sin embargo, no se puede ganar sólo con dinero y armas. También debemos brindar asistencia a los tribunales mexicanos, a las fuerzas del orden ya los funcionarios públicos", aseguró Rubio

El informe divulgado por AEI dice que al menos 12 ex-gobernadores mexicanos fueron acusados ​​de corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. Y destaca que 7 de 10 crímenes en México ni siquiera son reportados.

Si la gente no confía en sus instituciones, desde la policía local de sus vecindarios hasta los fiscales y funcionarios electos, el gobierno mexicano va a poder ganar esta pelea. Es por eso que seguimos luchando desde el Congreso para asegurar los fondos que van a programas que trabajan con otros países para reforzar la aplicación de la ley, el estado de derecho, y la promoción de la estabilidad y la democracia. Estos fondos tienen un impacto directo en nuestra seguridad y son esenciales este año.

Rubio dijo que se debe continuar financiando los programas de seguridad integrales para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales en el Hemisferio Occidental.

En Venezuela, los chavistas que están en el poder son la raíz del problema. "Y espero que podamos generar presión internacional en todos los foros posibles, incluyendo la OEA y la U.N., además de aumentar las sanciones a cualquiera que en Venezuela oprime al pueblo en todos los niveles", acotó Rubio.

El senador reiteró su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. "Como miembro del Comité de Apropiaciones del Senado, estoy pidiendo fondos para programas de promoción de la democracia. Cuando Maduro y sus compinches sean removidos, habrá fondos disponibles para ayudar a Venezuela a recuperarse de esta larga pesadilla", afirmó.

"En Colombia, necesitamos convencer al pueblo colombiano de que Estados Unidos apoya la implementación de todos esos elementos de seguridad, pero que se exigirán condiciones. El pueblo colombiano tendrá elecciones democráticas en 2018 y tendremos que trabajar con el nuevo gobierno colombiano para asegurar que los crímenes cometidos por las FARC no queden impunes y que las víctimas de las FARC sean adecuadamente compensadas", dijo.
Rubio alentó al gobierno de Colombia a reanudar la erradicación aérea de las plantas de coca. "La amenaza de la heroína también está en aumento, con el cultivo de adormidera ahora presente en Colombia, en Guatemala y cada vez más en México", dijo. 

-Esperamos trabajar con ellos para enfrentar agresivamente ese problema. Los actores malos de las redes criminales transnacionales deben comparecer ante la justicia mediante la utilización plena de todos los instrumentos jurídicos para atacar a los narcotraficantes y sus bienes.

Rubio dijo que en los EEUU debe desalentarse el abuso y la dependencia de las drogas.

Reiteró que los legisladores norteamericanos, el gobierno y sus pares en la región tienen mucho trabajo que realizar para lograr el éxito en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

martes, 20 de junio de 2017

Juez Paul Crotty fija sentencia de narcosobrinos para el 12 de septiembre de 2017

Flores de Freitas será condenado el 12 de septiembre y su primo Campo Flores el 13 de diciembre de 2017. Las condenas podrían ser diferentes.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Con la firma del juez Paul Crotty quedó fijada -por ahora- la sentencia de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas para el 12 y 13 de septiembre de 2017 en horas de la tarde, respectivamente. El pasado viernes, las partes aseguraron estar de acuerdo con la fecha propuesta por la defensa que sugirió que la lectura de la condena de los dos hombres hallados culpables de cargos de narcotráfico fuera el 11 de septiembre de 2017, fecha en la que se conmemora el aniversario del atentado terrorista a las torres gemelas y que los neoyorquinos consideran como un día de duelo. 

La defensa tiene 90 días extras para revisar los expedientes de manera detallada, y evaluar las objeciones de la fiscalía de Nueva York. 

La sentencia de los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro estaba prevista para ser leída el 26 y 27 de junio de 2017, respectivamente. El calendario procesal final de este caso se dará a conocer en los próximos días.

Los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas pidieron a la corte una prórroga el 17 de junio de 2017, argumentando que necesitan resumir y litigar los puntos planteados en los informes ya que los mismos son muy extensos y complejos. 

Los expertos consideran que los sobrinos presidenciales podrían ser condenados a unos 15 ó 20 años de cárcel, aunque podrían ser menos debido a que ambos no tienen récords criminales.  Los dos hombres fueron juzgados como cabezas de la organización criminal a la que pertenecen.

El gobierno de los EEUU solicitó en la acusación original cadena perpetua para los dos sujetos acusados de violar las leyes antinarcóticos de los EEUU. 

La defensa ha adelantado que tiene previsto apelar a la condena que se les dicte a Campo Flores y Flores de Freitas en los 15 días posteriores a la lectura.