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jueves, 21 de mayo de 2020

La trama de corrupción en las empresas mixtas de PDVSA: Rangel-Orsoni-Santilli el trío que desfalcó a Petrocedeño

   El sistema financiero y el mercado inmobiliario de la Florida fue utilizado para darle legitimidad a fondos provenientes de sobornos para obtener contratos en la petrolera venezolana.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinaron la existencia de una trama de corrupción dirigida a utilizar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU. para lavar dinero proveniente de sobornos pagados a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. y sus filiales —especialmente las empresas mixtas—por parte de empresarios, con el objetivo de lograr la adjudicación de contratos de adquisición con sobreprecios. 
  Esto ha derivado en una serie de demandas que cursan en la Corte del Distrito Sur de la Florida donde la fiscalía de dicha jurisdicción ha imputado a Lennys Rangel, exgerente de Procura de Petrocedeño; a Edoardo Orsoni, exconsultor jurídico de PDVSA y encargado de revisar y aprobar las contrataciones de la referida empresa mixta; y a Leonardo Santilli, un empresario italo-venezolano que supuestamente pagó millonarias coimas para lograr las negociaciones fraudulentas que significaron enormes pérdidas para el erario público venezolano.

 Tras verse descubierta por las autoridades de los Estados Unidos, Lennys Rangel acordó colaborar con la justicia en este caso, con lo cual aspira a lograr una sentencia menos severa.

La trama

  El esquema descrito en las acusaciones refiere que los exfuncionarios de PDVSA —Rangel y Orsoni— junto a Santilli describe la corrupción sistémica que opera en el régimen venezolano y, aunque la pandemia del coronavirus a ralentizado las acciones, el proceso judicial continúa dispuesto a descubrir todas las aristas del gobierno criminal de Nicolás Maduro.

  Rangel y Orsoni conspiraron, de acuerdo a lo refieren las acusaciones en su contra, para lavar millones de dólares de sobornos en EE. UU., tanto en las instituciones financieras, como mediante la compra de condominios en Miami. La exgerente de Procura de Petrocedeño presuntamente recibió más de USD 5 millones a cambio de otorgar los contratos, mientras el consultor jurídico habría recibido por lo menos USD 4.500.000 y dos condominios en Miami.

La demanda contra Rangel

  Ante la Corte del Distrito Sur de la Florida fue presentado el 4 de noviembre de 2019 el caso identificado con el número 19-20726 en el que la fiscal del referido distrito de los Estados Unidos, Ariana Fajardo Orshan, acusa a Lennys Rangel, quien ocupó varias posiciones dentro empresas subsidiarias de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), entre ellas, Petrocedeño S.A., una empresa mixta adscrita a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), cuya composición accionaria está integrada por PDVSA, con 60 por ciento de las acciones, la francesa Total Oil Gas con 30,3 por ciento y la noruega Statoil con 9,7 por ciento. En la citada empresa mixta, Rangel se desempeñó como gerente de Procura, posición por la cual se califica en la demanda como un "funcionario extranjero", de acuerdo a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Título 15, Código de Estados Unidos, Sección 78dd-2 (h) (2).
  La demanda involucra a Rangel, a PDVSA a través de su subsidiaria Petrocedeño S.A, y un tercero al que denomina “Contratista 1”, quien controlaba varias empresas en Estados Unidos, algunas de ellas registradas en el estado de la Florida, las cuales suministraban bienes o servicios a PDVSA y sus filiales. Este sería el contratista venezolano, Leonardo Santilli, quien “era un funcionario, director, empleado y agente de una ‘preocupación doméstica’, según los términos de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd- 2 (h) (1)”.

La conspiración para lavar dinero

  Refiere la demanda que, desde marzo de 2015, o en fecha aproximada, hasta al menos 2017, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, Lennys Rangel, conspiró con el Contratista 1, entre otros, para cometer delitos contra los Estados Unidos, a saber, una transacción financiera con el conocimiento que involucró el producto de una actividad ilegal. Procuraba mediante esta transacción para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de dicha actividad ilegal.

  Igualmente, Rangel conspiró para transportar, transmitir y transferir fondos desde EE. UU. a un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de actividades ilegales especificadas.

    Las actividades ilegales a las que se refiere la demanda, serían: (a) soborno de un funcionario extranjero; y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela.
  Se especifica en la acusación que Lennys Rangel y otros co-conspiradores, entre ellos el “Contratista 1”, llevaron a cabo transacciones financieras para ocultar, disfrazar y promover pagos de sobornos en beneficio de la demandada, con el objetivo de obtener una ventaja ilegal e inadecuada en la obtención y retención de contratos de adquisición con PDVSA y sus subsidiarias.

  Para lograr este objetivo, Lennys Rangel y sus co-conspiradores, recibieron instrucciones de altos funcionarios de PDVSA para ayudar y agilizar la adjudicación de contratos de Petrocedeño, lo que les produjo beneficios a dichos altos funcionarios, tanto de PDVSA como fuera de ella. 

  Rangel acordó recibir más de USD 5.000.000 en sobornos de contratistas conspiradores —incluido el Contratista 1— a cambio de su asistencia para obtener una ventaja inadecuada en relación con la adjudicación de los contratos de adquisición de Petrocedeño.

  Lennys Rangel y los contratistas del conspirador —entre ellos el Contratista 1—acordaron ocultar, como en efecto lo hicieron, la naturaleza, la fuente y la propiedad de los sobornos pagados a Rangel al ordenar que se hicieran a cuentas bancarias mantenidas a nombre de sus familiares y amigos.

  Del mismo modo, Rangel se valió de los ingresos de los sobornos para su beneficio personal, como la compra de bienes inmuebles en el sur de Florida.

  Tanto Lennys Rangel como sus co-conspiradores llevaron a cabo, o las provocaron, una serie de acciones en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares.

  Así tenemos que en, o alrededor de, 2015, durante una reunión en Venezuela en la casa de un contratista, Rangel fue instruida por parte de altos funcionarios de PDVSA, para otorgar a contratistas específicos, contratos de adquisición con Petrocedeño.
  Asimismo, el 24 de marzo de 2016, el Contratista 1 hizo que transfirió USD 50.000 a la cuenta bancaria de una compañía registrada en Florida, desde la cuenta de otra empresa registrada en dicha entidad estadounidense, los cuales estaban destinados a Lennys Rangel.

  El 1º de septiembre de 2016, un contratista conspirador, cuya identidad se conoce en los Estados Unidos, transfirió USD 1.034.546 desde una cuenta bancaria en el sur de Florida a una cuenta en Panamá controlada por un pariente de Lennys Rangel.

  También el 5 de diciembre de 2017, Rangel hizo que se realizara una transferencia bancaria de aproximadamente USD 75.500 de la cuenta de Panamá a una cuenta bancaria en Miami, Florida, los cuales estarían destinados a la compra de un apartamento en el área de Brickell.

  Todas estas acciones configuraron una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371.

Las consecuencias

  La demanda establece las consecuencias que las actuaciones de Lennys Rangel traerán de ser declarada culpable, entre ellas la confiscación en los Estados Unidos de todos los bienes —reales y personales— habidos con los ingresos atribuibles a sus delitos.

  Se especifica que la propiedad sujeta a decomiso incluye, aunque no se limita a: dinero por un monto de USD 5.000.000; unidad de condominio 2015 en 1001 S. Miami Avenue, Miami, Florida 33130; USD 134.955,50 en moneda estadounidense de la cuenta de Banesco Panamá identificada con el número 201801064092 a nombre de Oil & Gas Supply Services S.A.; los ingresos netos de la venta de bienes inmuebles ubicados en Caracas, Venezuela.

   Los bienes en Venezuela a que se hace referencia son dos parcelas de terreno en la urbanización Altamira, municipio Chacao, estado Miranda, así como la edificación allí levantada, distinguida con el número 32, antes conocida como quinta Cumaná, ubicada en la avenida San Juan Bosco; y la otra identificada con los números 3-717, ubicada en la calle Terepaima, urbanización el Morro, Tercera Etapa, Municipio Urbaneja, Estado Anzoátegui.

  Se advierte que si cualquiera de los bienes sujetos a decomiso, no puede ubicarse en el ejercicio de la debida diligencia; ha sido transferido o vendido o depositado con un tercero; ha sido colocado fuera de la jurisdicción de la corte; ha disminuido sustancialmente en valor; o ha sido mezclado con otras propiedades que no pueden dividirse sin dificultad, Estados Unidos tendrá derecho a la confiscación de bienes sustitutos.

La demanda contra Edoardo Orsoni

  El 1º noviembre de 2019, la fiscalía del Distrito Sur de la Florida acusó a Edoardo Orsoni ante la Corte de dicho distrito estadounidense y lo señaló de conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.

  En la exposición del caso, distinguido con el número 19-20725, se indica que el acusado es un ciudadano venezolano que residió en Venezuela hasta 2017 donde ocupó varios cargos en PDVSA y sus subsidiarias entre 2007 y el referido año 2017, incluido. Entre estas posiciones dentro de la petrolera estatal venezolana, se desempeñó como gerente legal de Petrocedeño, encargado de todas las operaciones de PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco y como consultor jurídico de PDVSA. Desde 2012, Orsoni formó parte de un comité que revisó y aprobó los contratos de Petrocedeño. De acuerdo a la FCPA, Edoardo Orsoni es un "funcionario extranjero".

La conspiración

  Expone la fiscalía que, en el Distrito Sur de la Florida, Edoardo Orsoni, entre 2012 y 2016, a sabiendas y con intención, conspiró y acordó con otras personas en los Estados Unidos, incluido el “Contratista 1”, para cometer delitos contra de EE. UU.

  Específicamente, se le señala conspirar para llevar a cabo una transacción financiera a sabiendas de que esta involucraba el producto de una actividad ilegal y conociendo que dicha transacción había sido diseñada para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de dicha actividad ilegal, violando lo establecido en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i).

  Igualmente, se acusa a Orsoni de conspirar, con conocimiento de ello, para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos a un lugar fuera del país, así como internamente, con la intención de promover la realización de actividades ilegales en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  “Se alega además que la actividad ilegal especificada es la siguiente: (a) soborno de un funcionario extranjero, una violación grave de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2, y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el soborno de un funcionario público, según lo dispuesto por el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv)”.

El propósito de la conspiración

  Se explica en la demanda que el propósito de la conspiración era que Edoardo Orsoni y otros contratistas conspiradores —incluido el Contratista 1— realizaran transacciones financieras que ocultaran, disfrazaran y promovieran los pagos de sobornos realizados en su beneficio (de Orsoni).

  Todas estas acciones estaban dirigidas al objetivo de que los conspiradores. —entre ellos el Contratista 1— obtuvieran los contratos de adquisición de PDVSA y sus subsidiarias.

   Edoardo Orsoni recibió instrucciones de altos funcionarios de PDVSA para garantizar que contratistas específicos recibieran contratos de Petrocedeño, lo que finalmente produjo beneficios para estos altos funcionarios de la estatal petrolera venezolana.

  Igualmente, Orsoni acordó recibir sobornos de contratistas co-conspiradores —incluido el Contratista 1— a cambio de facilitar que dichos contratistas obtuvieran contratos o recibieran pagos de Petrocedeño y otra filial de PDVSA.

  También, Edoardo Orsoni y los contratistas co-conspiradores acordaron ocultar, y de hecho ocultaron, la naturaleza, fuente y propiedad de los sobornos, al ordenar que los pagos de estos se hicieran a cuentas bancarias corporativas conectadas a Orsoni, pero no a su nombre.

  Orsoni y un co-conspirador cuya identidad es conocida en los Estados Unidos, utilizaron los ingresos de los sobornos enviados por los contratistas co-conspiradores, para realizar transacciones financieras personales, incluida la compra de bienes inmuebles en el sur de Florida.

Las actuaciones

  Se informa que el 28 de octubre de 2014, o en fecha aproximada, Edoardo Orsoni hizo que un contratista conspirador transfiriera aproximadamente USD 749.960 a una cuenta bancaria en Portugal para en su beneficio.

   Alrededor del 27 de enero de 2015, Orsoni hizo que el Contratista 1 transfiriera aproximadamente USD 201.180 desde una cuenta bancaria de Miami, perteneciente a una compañía registrada en Florida, a una cuenta bancaria en el Caribe para su beneficio.

  El 16 de diciembre de 2016, Edoardo Orsoni hizo que se ejecutaran las escrituras de dos propiedades ubicadas en 1080 Brickell Avenue en Miami compradas con el producto de los pagos de sobornos.

La exigencia

  De ser declarado culpable, Edoardo Orsoni perdería en Estados Unidos todos los bienes obtenidos de los ingresos atribuibles a dicho delito que le imputa.

  Entre estos bienes tenemos: dinero por un monto de al menos USD 4.500.000; bienes inmuebles ubicados en 1080 Brickell Avenue, la unidad 4100 y la unidad 4105, en Miami, Florida 33131.

  Si alguno de los bienes estuviera sujeto a decomiso, como resultado de cualquier acto u omisión del acusado, Estados Unidos tendrá derecho a la confiscación de bienes sustitutos.

La demanda contra Leonardo Santilli

   La cadena de acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida cierra con la más reciente de las demandas derivadas de la investigación a la que hemos venido haciendo referencia en esta entrega, con la acusación formulada en marzo de 2020, contra el empresario italo-venezolano, Leonardo Santilli, a quien imputó de lavado de dinero al haber supuestamente pagado sobornos a funcionarios de PDVSA, con el objetivo de obtener contratos con sobreprecio y ocultar las ganancias en Estados Unidos[1].

  Específicamente, a Santilli se le acusa de tres cargo, a saber, conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; instrumentos para lavado de dinero; y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

  La acusación deriva de una investigación desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional sobre las operaciones de corrupción que se han llevado a cabo en el seno de PDVSA y sus filiales y que utilizarían el sistema financiero y el mercado de bienes raíces de la Florida.

   De acuerdo a la demanda, Santilli habría recibido, entre 2014 y 2017, alrededor de USD 146,6 millones en contratos para suministro equipos, de empresas mixtas de Petróleos de Venezuela S.A. que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco.

    Según la fiscalía, por lo menos en tres casos, las empresas mixtas de PDVSA pagaron a Santilli sobreprecios de hasta 4 o 5 veces los precios del mercado, por los bienes que éste entregó a la petrolera venezolana.

   Leonardo Santilli, de acuerdo a lo que reza la acusación, controla en Venezuela la empresa Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. Entretanto, en Estados Unidos dirige SGO Group Corp y A&M Support Group Inc., la primera es una oficina virtual ubicada en Weston, Florida, mientras que la segunda, funciona en una dirección residencial del sur de Miami. Estas empresas tenían cuentas bancarias corporativas en varios bancos en el sur de Florida.

CITAS

[1] Venezuela Política. “Leonardo Santilli, el contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero en EE.UU.”. 30 de abril de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/04/leonardo-santilli-el-contratista-de.html

lunes, 6 de abril de 2020

Edoardo Orsoni, el exfuncionario de CITGO y PDVSA, que fue acusado de comprar lujosas propiedades en Miami con dinero proveniente de sobornos por contratos fraudulentos de Petrocedeño

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Un ex funcionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño fue acusado, por el gobierno de los Estados Unidos, de participar en un esquema de corrupción y lavado de dinero que blanquear los fondos de negocios fraudulentos en el mercado inmobiliario de Miami. Edoardo Orsoni, cuyo paradero era desconocido, se declarará culpable ante la justicia norteamericana en mayo de 2020, según anuncio de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.
    En la acusación federal se señala que Orsoni, quien ocupó varios cargos en la petrolera estatal y sus subsidiarias desde 2007 hasta 2017, cometió delitos que violan las leyes de los Estados Unidos. 

  Los documentos describen que Orsoni fue miembro del Consejo General de Petrocedeño y Asesor legal de PDVSA para las operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, entre otras posiciones ocupadas en la industria petrolera estatal venezolana. Este hombre, también fue Vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO entre desde el 19 de junio de 2016 hasta el 23 de noviembre de 2017[Esta acusación de Florida no destaca este aspecto]. 
   Sostiene la  demanda que a principios de 2012, Orsoni tuvo la responsabilidad de revisar y aprobar los contratos de Petrocedeño y que acordó participar en una conspiración con un contratista (cuyo nombre no fue revelado por las autoridades) que posee varias compañías, incluidas unas firmas registradas en Florida, que  recibieron de manera fraudulenta contratos de suministros de servicios de asesoramiento a PDVSA y sus subsidiarias. 

   Desde 2012 y hasta 2016, Edoardo Orsoni conspiró y ejecutó una trama para realizar una transacción financiera, que le permitió comprar una propiedad en los Estados Unidos con dinero proveniente de una actividad ilegal.
   Los fiscales aseguran que Orsoni sabía que la transacción que diseñó era ilegal y que tenía como naturaleza "ocultar la fuente de los fondos provenientes de la corrupción y los sobornos que recibió como funcionario público de un gobierno extranjero".

   "El contratista co-acusado pagó sobornos a Orsoni para mejorar la ventaja de obtener y mantener contratos de servicios de adquisición con PDVSA y sus subsidiarias como Petrocedeño", sostiene los fiscales.

   Argumenta la acusación de la fiscalía de la Florida que "Edoardo Orsoni recibió instrucciones de oficiales de alto nivel de PDVSA para asegurar que los contratistas específicos recibieran contratos de Petrocedeño, que finalmente produjeron beneficios para sus funcionarios superiores de PDVSA".

  Edoardo Orsoni estuvo de acuerdo en recibir sobornos de contratistas conspiradores a cambio de su asistencia para obtener contratos o recibir pagos de Petrocedeño y otra subsidiaria de PDVSA, según los fiscales.
    Orsoni y los contratistas ocultaron el origen de los recursos, que provinieron de los sobornos recibido por actividades fraudulentas e ilegales, "ese dinero que les permitió llevar a cabo transacciones financieras personales para ellos mismos, incluida la compra de bienes inmuebles en el sur de Florida".

  El 28 de octubre de 2014 se realizó una transacción por aproximadamente, $ 749,960 a una cuenta bancaria en Portugal para el beneficio de Orsoni.

   El 27 de enero de 2015, Orsoni recibió de parte de un contratista aproximadamente $ 201,180 que fueron transferidos de una cuenta bancaria de Miami, Florida, a una cuenta en el Caribe a nombre de Orsoni. 

   El 17 de diciembre de 2016, el acusado compró dos propiedades ubicadas en el 1080 Brickell Avenue Miami 33131. Las unidades #4100 y #4106. Dicha compra violó el Código de los Estados Unidos, Título 18.

  De ser declarado culpable, las propiedades en Miami, valoradas en $ 4,500,000.00 serán  definitivamente confiscadas por el gobierno de los Estados Unidos. Por ahora, los lujosos inmuebles está bajo el control de las autoridades norteamericanas y los mismos no pueden ser transferidos, vendidos o depositados a una tercera parte, ya que ha sido colocado bajo la jurisdicción de la corte del Distrito Sur de la Florida, tal cual lo establece la ley estadounidense.


Corrupción  de Edoardo Orsoni en CITGO

    En la referida acusación federal de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, no se hace mención a los numerosos casos de corrupción que ocurrieron en  CITGO, Houston, Texas, durante la gestión de Edoardo Orsoni en la vicepresidencia de Asuntos Legales de la corporación filial de PDVSA en Estados Unidos. Hechos denunciados —por separado describen que Orsoni conspiró junto a otros, para beneficiarse de contratos  y de operaciones de CITGO.
  Edoardo Orsoni fue vicepresidente Legal de CITGO desde el 19 de junio de 2016 hasta el 23 de noviembre de 2017. 

 Varios documentos muestran que Edoardo Orsoni facilitó la selección de los proveedores para la Faja Petrolífera del Orinoco, compras de equipos y materiales a través de proyectos especiales de CITGO por millones de dólares.

   Adicionalmente, las evidencias detallan una serie de operaciones ocurridas durante 2017, cuando Edoardo Orsoni participó en el proceso de selección y aprobación de proveedores y “empleados de confianza” para el proyecto fallido de EPC para CITGO Aruba. En este proceso participó John Pereira, hijo de José Pereira (quien permanece bajo arresto en Venezuela). John Pereira no tenía experiencia en el área de procura fue nombrado estratégicamente como Gerente de Compras de CITGO Aruba.
  Fuentes internas de CITGO confirmaron a este medio que "la selección de los proveedores para CITGO Aruba fue liderada por  Edoardo Orsoni, Glenn Hillman, José Luis Zambrano, y José Luis De Jongh directores de confianza del entonces CEO, Nelson Martínez quien falleció bajo custodia de las autoridades en Caracas, en diciembre de 2018". 

    En el proceso de selección de proveedores de CITGO en Aruba se benefició a proveedores como Yakima Trading Corporation, [una empresa de Samark López Bello acusado por Estados Unidos de delitos de narcotráfico junto al vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami] y Mapotech Engineering Procurement & Construction N.V y otras empresas intermediarias. En este proceso se desperdiciaron más de $100 millones aportados por Petróleos de Venezuela, a través de la compra de crudo entre CITGO y PDVSA, entre otras firmas de dudosa reputación.

   En otro informe que la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO, Marisol Gómez de Vergara presentó a la Junta directiva de CITGO, se denunciaron las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva de CITGO, Luisa Palacios, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

  En el reporte, Gómez refirió que la abogada interna de CITGO, Judith Colbert, en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García.

   Gómez dice tener soportes que muestran los hechos y conductas ilegales por parte de Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Judith Colbert y otros directores que soportaron y continúan apoyando conductas ilegales.

  Dijo que ella y el resto de los miembros del comité de cumplimiento implementaron varios controles, entre ellos “el bloqueo de más de 700 entidades propias de ciudadanos venezolanos con fuertes vínculos con PDVSA o funcionarios del gobierno que arrancaron las ganancias de los activos de CITGO y PDVSA”.

   Explicó que supuestamente estas entidades de terceros fueron introducidas en CITGO por Nelson Martínez y registradas ilegalmente en la lista maestra de proveedores de la filial sin control alguno, habiendo incurrido las mismas en cobro de significativos sobreprecios que rondaban del 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA. El comité de cumplimiento investigó y determinó que Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, Laymar Peña y otros agentes de adquisiciones, aprobaron transacciones-contratos y otras actividades ilegales.

  La denuncia de Marisol Gómez sostiene que supuestamente Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, acometieron operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas.

   De acuerdo al informe, Edoardo Orsoni y Judith Colbert conspiraron con Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas para retaliar en contra de directores honestos en CITGO que denunciaron la corrupción interna por más de 6 billones de dólares en la compras de materiales y equipos para PDVSA y la compra y venta de crudo y productos derivados actividad ilícita manejada por Rick Esser y Gustavo Velásquez por más de 10 años.     
   Sostiene que en CITGO no había una estructura de control adecuado. Todo esto ha permitido una conspiración con compañías de trading que ha beneficiado empresas del ramo como Mercuria, Vitol, Glencore, Trafigura y otros proveedores. (Ver reporte aquí).

    Información en nuestro poder refleja que Edoardo Orsoni  aprobó la intención de pagos, sin soportes, por $3 millones de dólares mensuales a los abogados externos Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP.  

    Una fuente interna asegura que el referido pago "se requirió durante el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas hallados culpables por un jurado en Nueva York de delitos de narcotráfico".
Otro evento

   Edoardo Orsoni fue uno de los funcionarios que, junto a Curtis Rowe y otros directores de CITGO, lideraron el proceso fallido de refinanciamiento de CITGO y de CITGO Aruba, caso por el cual arrestaron a los 6 directores de CITGO que permanecen en prisión en Caracas. 

   Ocho ejecutivos volaron desde Houston a Venezuela, entre ellos Gustavo Cárdenas, vicepresidente de relaciones estratégicas con accionistas, de gobierno y asuntos públicos; Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y comercialización; Tomeu Vadell, vicepresidente de refinación; Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de la refinería Corpus Christi; José Luis Zambrano, vicepresidente de servicios compartidos; y José Ángel Pereira, el presidente de CITGO. 

  En el avión estaban también Edoardo Orsoni, vicepresidente de asuntos legales y Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente de finanzas.

   El 22 de noviembre 2017, gracias a una llamada de advertencia que recibió, Edoardo Orsoni logró escapar al arresto en Venezuela. Al día siguiente de los hechos, Orsoni renunció a su cargo en CITGO vía correo electrónico.

   El 12 de diciembre de 2017, se emitió una orden de arresto de Edoardo Orsoni, pero de alguna manera huyó del país y no fue arrestado. 

   Orsoni renunció a CITGO un día después de los arrestos y se desconoce su paradero, aunque la fiscal de Estados Unidos para el Distrito de la Florida, Adriana Fajardo anunció en una entrevista exclusiva con la periodista Mariana Reyes en el canal TV Venezuela, con sede en Miami, que Orsoni planeaba declararse culpable ante la justicia en mayo del año 2020 por el lavado de dinero de millones de dólares.

   En Febrero 2019, los casos de corrupción, conspiración, fraude, retaliaciones y violación de otras leyes federales en CITGO fueron reportados por varios directores a Luisa Palacios y a los miembros de la nueva junta directiva, pero las denuncias fueron ignoradas y minimizadas. Varios de los mencionados en presuntamente haber soportado conductas ilegales, y haber violado la Ley de prácticas Corruptas en el Extranjero, tales como Rick Esser, Judith Colbert, Glenn Hilman, Curtis Rowe, Brian Paulson, Gina Coon, Trina García, Germain Tuner y otros directores se mantienen en sus cargos.

  Fuentes internas han denunciado reiteradamente que hay falta de controles internos en CITGO, incluyendo la ausencia de aplicación de programa de cumplimiento anticorrupción y anti-retaliación en contra de informantes que denuncian los hechos de corrupción en la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  De hecho, la junta directiva actual, presidida por Luisa Palacios, con el visto bueno de Judith Colberth y Rick Esser contrataron a abogados  contrataron los abogados como Hogan Lovells US LLP. y Willkie Farr & Gallagher LLP, para amenazar a los directores que denunciaron la corrupción interna.

Otra irregularidad de Orsoni

   Edoardo Orsoni aparece mencionado en una demanda interpuesta ante la corte del Condado de Harris en Texas el 1 de octubre de 2019, por la ex-gerente Comercial de Asuntos Jurídicos de CITGO Petroleum Corporation, Natasha Y. Williams, quien alegó haber sido discriminada en la empresa por no ser venezolana.
  
  La demanda sostiene que los acusados y los empleados la discriminaron por su condición racial lo cual viola la ley y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1963.

  Williams señala que Liliana Torres, prestaba ayuda administrativa al VP de Asuntos Legales, Edoardo Orsoni, y esta era tratada diferente por ser venezolana, mientras que ella, la demandante, era discriminada por su condición de extranjera.


CITAS

https://www.maibortpetit.info/2019/02/enterese-como-operan-las-mafias-que_63.html

https://www.houstonchronicle.com/business/energy/article/Citgo-executives-arrested-by-Maduro-forgotten-13575337.php 

http://eltiempolatino.com/news/2019/oct/22/ex-gerente-comercial-de-asuntos-juridicos-demanda-/




lunes, 30 de marzo de 2020

La Corte Suprema de EE.UU. dictamina que CITGO es responsable del derrame de petróleo en 2004

  La decisión del Supremo es un duro golpe para CITGO que deberá pagar  $180 millones para la recuperación y compensación de los costos, más intereses. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  De acuerdo a un dictamen de la Corte de Suprema de Justicia de los Estados Unidos dado a conocer este lunes, CITGO es responsable de un derrame de petróleo que ocurrió en 2004 en el río Delaware, y debe pagar los costos de limpieza del área.
  En 2004, un petrolero fletado por CITGO Asphalt Refining Company y otras empresas, golpeó un ancla que, meses antes, había perdido una embarcación que estaba trabajando para el gobierno en el dragado del canal de navegación en el río Delaware, lo que llevó a la liberación de 264,000 galones de crudo pesado, según documentos judiciales.

  En ese momento, Frescati Shipping Company, propietaria de la embarcación, y los Estados Unidos juntos pagaron un total de $ 133 millones para limpiar el derrame de las aguas del río.

  Este lunes, el tribunal dictaminó  con 7 votos a favor y 2 en contra que CITGO y las otras empresas, son responsables de los costos de limpieza.

  La opinión mayoritaria, redactada por la jueza Sonia Sotomayor, dijo que una cláusula de "litera segura" en el contrato de fletamento del buque debe interpretarse como una garantía de seguridad, lo que significa que le correspondía a CITGO y a otros asegurarse de que el petrolero atracara con seguridad.

  Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito estuvieron en desacuerdo con la mayoría que adoptó la decisión. Thomas argumentó en la opinión disidente que el texto de la cláusula de seguridad del contrato no incluye una garantía de seguridad.

  Thomas sostuvo que existe la necesidad de más información sobre si el estándar de la industria establece dicha garantía.

CITGO decepcionado

  El presidente y gerente general de CITGO, Carlos Jordá, expresó  a su decepción con el fallo, pero dijo que la compañía acataría la decisión del tribunal.

 "Aunque obviamente tenemos opiniones diferentes sobre los méritos de nuestro caso, respetamos la interpretación de la Corte y finalmente podemos cerrar este capítulo sobre el caso Athos", dijo Jordá en un comunicado, refiriéndose al barco Athos I.

   Vale destacar que este caso fue gerenciado por los abogados internos y externos de CITGO, entre ellos Judith Colberth.

  Durante más de 14 años Judith Colberth y el abogado externo de CITGO, Nate Eimer, del escritorio jurídico Erimer Stahl law firm llevaron este caso ante los tribunales.  

 "A lo largo de este período, Colberth autorizó más de $ 45 millones en pagos de honorarios de abogados externos para defender a CITGO en este caso que terminó sin éxito en la Corte Suprema esta semana que se pronunció en contra de CITGO", señaló una fuente interna que pidió mantenerse en el anonimato debido al  constante acoso laboral que sufre el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Otra fuente consultada, dijo que aunado a los millonarios costos de abogados, CITGO debe ahora pagar tras la decisión del Supremo $180 millones para la recuperación y compensación de los costos más intereses. 

  Según informantes internos, "Judith Colberth, durante muchos años, ha contratado abogados externos sin pasar por el debido proceso de selección de dichos profesionales y sin monitorear detalladamente el trabajo y las horas cargadas por los representantes legales externos, y sin supervisión de este departamento por parte de la gerencia".

Reportes internos

  Desde febrero 2019, la falta de controles en el Departamento de Legal de CITGO, fue reportada a Luisa Palacios y a los miembros de la nueva junta directiva, pero hasta ahora no se han tomado medidas correctivas, ni se han hechos observaciones de ninguna naturaleza. 

  Las fuentes consultadas para esta nota resaltan que "durante las administraciones chavista hasta la actual, los abogados internos de CITGO han apoyado presuntamente a la gerencias corruptas en la corporación". Asimismo, supuestamente "se han prestado para ser parte en la conspiración para la entrega de contratos fraudulentos que han sido objeto de investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos".