Desinformar: La táctica de Maduro en su guerra asimétrica contra Colombia

   Diversos estudios revelan cómo desde territorio venezolano se origina buena parte del contenido que alienta las protestas.

Por Maibort Petit

    De acuerdo al experto en seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), Joseph Humire, los acontecimientos ocurridos en Colombia en donde una ola de violencia se desató a partir de la protesta de la población ante el anuncio de la instrumentación de una reforma tributaria por parte del gobierno de Iván Duque, no es un hecho casual ni aislado, sino que responde a una estrategia de guerra asimétrica dirigida por Nicolás Maduro para anexionar al país neogranadino a la revolución bolivariana. En el cumplimiento de tal objetivo, la desinformación es una táctica fundamental que, promovida por el régimen venezolano, está dirigida a fomentar el caos de la sociedad y la institucionalidad colombiana, conformando el caldo cultivo idóneo para alcanzar su fin expansionista.

  Estas consideraciones forman parte del informe “Asalto asimétrico a Colombia”, desarrollado por Humire para el SFS y del cual hemos venido hablando en entregas anteriores.

  Humire reitera que los sucesos colombianos no son un incidente aislado y estima que, incluso, en las protestas en los Estados Unidos en el verano de 2020 era posible constatar estas tácticas de desinformación e iconografía muy similares a las acontecidas durante 2019 en Suramérica.

  En tal sentido, sostiene la existencia de una coordinación regional verificable al revisar los sucesos y protestas acaecidos en Ecuador, Chile y Colombia durante 2019. Explica que esta “coordinación se encuentra en el dominio cibernético, donde sofisticadas granjas de clics y centros de redes en territorios distantes envían spam a las redes sociales con bots y cuentas de trolls que exacerban las protestas y difunden narrativas falsas”.

Bombardeo desde Venezuela

   El informe de Humire se remite a un estudio de 7,6 millones de interacciones digitales relacionadas con las protestas de Colombia y Chile de 2019, en el que los analistas forenses digitales encontraron que menos del 1 por ciento de los usuarios generaron casi el 30 por ciento del contenido con la mayoría de las cuentas geolocalizadas en Venezuela.

  Asimismo, otro estudio de 4.8 millones de tweets emitidos entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2019 permitió descubrir que un gran grupo de hashtags a favor de las protestas en Chile se originó en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

  De esto están al tanto las autoridades colombianas y, de hecho, el 11 de diciembre de 2019, el informe cita a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien, en un evento de aniversario de las Autoridades Aduaneras de Colombia, sugirió que al menos parte del tráfico de las redes sociales que alimentó las protestas en Colombia se proyectaba desde Venezuela y Rusia.

  De igual modo, reporte precisa que Colombia tiene una población de 51 millones de personas, de las cuales tres cuartas están conectadas a Internet, principalmente a través de teléfonos inteligentes. Agrega que de las diez horas diarias que estas personas promedian en Internet, cuatro de ellas las dedican a las redes sociales, un dato que expresa la urgencia que las autoridades colombianas deben poner en la manipulación digital y la desinformación en las protestas en curso. Sentencia el informe que esta es la lección más importante de lo ocurrido en Colombia y Chile en octubre y noviembre de 2019.

Trolls en acción

  Joseph Humire también se refiere a algunos estudios que sugieren que ya se está realizando un esfuerzo de desinformación similar en la propia Colombia. Explica que una empresa de minería de datos con sede en Miami,determinó que más de 7 mil cuentas de trolls en las redes sociales participan activamente en las protestas actuales de Colombia. El estudio reveló que las cuentas troll están destinadas a bloquear y enviar spam a cualquier comentario o publicación que critique las protestas, al tiempo que amplifican narrativas y hashtags específicos como #NosEstanMatando, los cuales solamente muestran un aspecto de la realidad en el terreno en Colombia.

  El informe expresa su preocupación en razón de que el análisis forense digital revela que estas más de 7 mil cuentas de trolls son administradas por granjas de clics en Bangladesh, México y Venezuela, las cuales probablemente estén administradas por servidores en Rusia y China. Se indica que la empresa de extracción de datos da a conocer muestras de cuentas de trolls con sede en Asia que han hecho imágenes y videos virales de las protestas en Colombia, sacándolos de contexto. Se advierte que aun cuando SFS no ha verificado de forma independiente el análisis de la firma de Miami, sí coincide con los esfuerzos de desinformación previos vistos en Chile, Ecuador y otros lugares, los cuales han sido verificados.

Crisis de legitimidad

  En su última parte, el informe de Joseph Humire hace mención al hecho de que América Latina es posiblemente la región más afectada económicamente por la pandemia mundial del Covid-19.

  Particularmente en Colombia, se han evaporado más de diez años de crecimiento económico en un año, con una contracción del 6,4 por ciento en su PIB el año pasado y el desempleo disparándose a casi el 16 por ciento. “Era solo cuestión de tiempo antes de que el malestar social se derramara en las calles”, alerta el reporte.

  El plan de Iván Duque de liberar el capital humano de Colombia a través de su "economía naranja" se vio entorpecido por la pandemia.

  Alerta que, para atender los problemas de la economía, el presidente Duque se centró en el desafío inmediato y pasó por alto las dimensiones geopolíticas de más largo alcance que rodean la situación. Es por ello que el elaborado plan fiscal denominado “Ley de Solidaridad Sostenible”, “resultó insuficiente para sofocar a una población angustiada que, durante más de una década, a pesar del crecimiento económico, ha sido golpeada por la creciente inseguridad, un plan de paz fallido, políticas tóxicas, y fuerzas externas que capitalizan y catalizan la situación”.

  Para finalizar advierte que la crisis en Colombia no es solo socioeconómica, sino también de legitimidad política de las instituciones estatales, al tiempo que destaca la legitimidad del descontento de la población traducido en protestas, pero alerta acerca de cómo esto es utilizado para arremeter contra la institucionalidad y la democracia. “El pueblo colombiano, especialmente los manifestantes pacíficos, no son los culpables de la crisis, son las víctimas. Como algunos de los más vulnerables de la sociedad, los pobres y la clase media en Colombia son considerados como herramientas de guerra asimétrica por adversarios nacionales y extranjeros del Estado colombiano. Esta es una amenaza que las fuerzas militares y policiales no pueden resolver por sí solas. Se requiere un esfuerzo mucho más integral y fuerzas democráticas en toda la región para entender que a medida que va Colombia, también va el resto de América Latina”.

 

 

 

En Venezuela no rige un estado criminal sino un estado paralelo

   El diagnóstico adecuado es lo que permite la implementación de una estrategia de solución adecuada, advierte el experto en temas de seguridad Joseph Humire.

Por Maibort Petit

   Las definiciones de “estado criminal”, “estado mafia”, “narco estado”, entre otras, se habrían quedado cortas a la hora de denominar el régimen venezolano, por lo que el concepto que mejor aplica es el de “estado paralelo”, acuñado por el historiador norteamericano, Robert Paxton, un investigador de los regímenes totalitarios que explica que se trata de subestructuras, que funcionan dentro del estado formal. Así lo sostiene Joseph Humire, experto en Seguridad Global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).

  Estas subestructuras cívico paramilitar criminal, se desarrollan dentro del Estado y llegan, incluso, a ostentar más poder que el estado formal, al extremo de controlar más territorio que el propio estado. El mejor ejemplo de estado paralelo lo constituyen los nazis en Alemania, refiere el experto.

  Subraya que los modelos totalitarios han ido avanzando en sus conocimientos y aprendiendo uno del otro durante casi 200 años de regímenes totalitarios modernos. Su estrategia consiste en la conquista de terreno sin tener que recurrir a la fuerza militar o, al menos, que, si esta se encuentra presente, no lo sea como la herramienta principal de control.

  “El estado paralelo es un término académico que define a Venezuela en el sentido de que la estructura que controla a Venezuela es paralela al régimen y al estado, porque Nicolás Maduro no está en el control de todo, es horizontal con las ocho regiones de defensa de Venezuela que se llaman REDI”.

  Cada una de estas REDI opera con una economía ilícita que la sustenta, como minería ilegal, extorsión, narcotráfico, etc., las cuales, generalmente, están ligadas a la posición geográfica.

  Por ejemplo, REDI CapitaL, opera con la extorsión e igualmente junto a un Grupo Armado Organizado (GAO) que, en este caso son los colectivos; el REDI Los Llanos, opera con los pranatos y el contrabando; REDI Los Andes, opera con los paramilitares y el tráfico humano; REDI Oriental, opera con el ELN y el narcotráfico. En total, son 8 Grupos Armados Organizados (GAO), que funcionan y trabajan esa economía en conjunto con 8 REDI, en 8 regiones, con 8 economías ilícitas, por ó que se le conoce como la “Ley de 8”.

  De allí, que Humire advierta que el mecanismo del diálogo y la negociación como mecanismo de resolución del conflicto venezolano, no funciona en razón de que habría que sentar a la mesa a todos estos grupos irregulares, dado que cada región se mueve de manera autónoma. “Esa es la complejidad del asunto, no basta con negociar con Maduro o cualquiera de los miembros del gobierno, pues ellos sólo tienen el control político”.

La narrativa falsa como estrategia

  En torno al régimen venezolano se han tejido toda una serie de especulaciones y se han hecho circular historias que solamente tienen por objetivo la desinformación y la distracción, advierte Joseph Humire.

   Entre estas narrativas está la de presentar a Nicolás maduro como un individuo ignorante, bruto y disparatero, cuando en realidad estamos en presencia de un hombre sumamente astuto, claro en sus objetivos y con toda una maquinaria detrás que trabaja en su afianzamiento.

   El experto en temas de seguridad destaca que la construcción de narrativas falsas es parte de la estrategia de conquista mediante la manipulación y sin necesidad de la fuerza militar.

“En la guerra asimétrica, no solamente hay que atacar al enemigo, sino también infiltrarlo para controlarlo y controlar la narrativa que tú enemigo va a decir sobre ti. Si tú puedes controlar la narrativa de tu enemigo, tienes el triunfo asegurado”, explica.

  Parte de esas narrativas falsas es también la especie de la existencia de diferencias entre el chavismo y el madurismo, o entre los chavistas disidentes y Maduro. “Hay una manipulación tan fuerte de la contra narrativa, que tienen a la oposición completamente desviada de la realidad, todo con el objetivo de mantener la falsa narrativa de que el chavismo y el madurismo son dos cosas distintas”. En tal sentido recordó a quienes esto creen, que Nicolás Maduro fue el canciller de Hugo Chávez, trabajó con él para sacarlo de la cárcel.

  Cónsono con la advertencia que ha hecho en torno a Tareck El-Aissami como figura principalísima en este proceso, Joseph Humire alerta que Nicolás Maduro es un fiel soldado de Chávez, pero no es el líder. “Ya lo he dicho, el líder es Tareck El-Aissami. La manipulación es fundamental y allí entran los cubanos que son maestros en la manipulación”.

  Una prueba de que ni Chávez ni maduro son los líderes es el hecho de que el proyecto no acabara con la muerte del primero.

Conflicto en la frontera

  Como apuntáramos en nota precedente, Siria es el modelo que se sigue en Venezuela para expandir la revolución bolivariana por Latinoamérica, sin necesidad del conflicto militar.

  De hecho, sostiene que el país del medio Oriente ha funcionado como un centro logístico y un laboratorio para Rusia, Irán, Hezbollah. Los resultados de la experiencia los están trayendo a Venezuela.

  En el propósito de expansión de la revolución bolivariana, Colombia es el paso siguiente pues, como advierte no hay Gran Colombia sin ella. La reciente incursión de aviones rusos en el espacio aéreo colombiano se inscribe como un sondeo para determinar dónde están los límites.

  La conquista de Colombia pasa, a criterio de Humire, por la generación de un conflicto en la frontera colombo-venezolana para provocar un desastre en la nación neogranadina y convertirla en un estado fallido donde se reproduzcan, aparte de todos los demás problemas que aquejan a todos los países a raíz de la pandemia del Covid-19, la tragedia humanitaria, migratoria, el conflicto armado, etc.

“El plan es destruir a Colombia por dentro, dividir la sociedad. Construir diferentes movimientos separatistas, manipular tanto a la izquierda como a la derecha. Vladimir Putin es experto en manipular a la derecha del mundo usando temas de nacionalismo y separatismo”.

Neo-totalitarismo

  Por último, Joseph Humire advierte que Venezuela y Siria son países que no son ni anárquicos ni democráticos, sino que son un nuevo modelo neo-totalitario consistente en usar regímenes con alto control político, pero poco control territorial. En el caso de Venezuela, el territorio está en manos de milicias y grupos como las FARC, ELN, hezbollah, mientras el régimen maneja el tentáculo del poder.

 

Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol

   Los activos de la petrolera venezolana en el extranjero se han convertido en blanco de acciones legales destinadas a cobrar acreencias.

Por Maibort Petit

  Activos de Petróleos de Venezuela S.A.  por USD 9.444.116,76 y de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98, en manos de Vitol Inc, pero que permanecen bloqueados en razón de las sanciones impuestas contra esta última por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), están en la mira de una de las víctimas de las FARC, el ELN y Cartel del Norte del Valle de Colombia, para cobrar la indemnización por daños y perjuicios que le concediera un tribunal de la Florida.

  La aspiración del demandante, Antonio Caballero, es hacer valer la Ley de Aclaración Antiterrorista promulgada por el expresidente Donald Trump, la cual permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por la administración estadounidense sustentados en leyes antidroga, en el Tribunal Distrito Sur de Texas-División de Houston.

   Antonio Caballero se encuentra asilado en los Estados Unidos desde hace varios años, luego de que su padre, Carlos Caballero —líder del Partido Liberal, cinco veces senador y ex-embajador de Colombia en la ONU— fue secuestrado en febrero de 1999 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Cártel del Norte del Valle de Colombia exigiendo USD 6 millones. Pero en lugar de liberarlo después del pago, los secuestradores lo asesinaron de un disparo en la nuca.

  Tras el asesinato de su progenitor, Antonio Caballero debió huir de Colombia y abandonar sus propiedades y negocios, por lo que se ha dedicado a bregar ante diferentes instancias para llevar a los responsables del asesinato ante la justicia, donde ha reclamado por las torturas de que fuera objeto su padre en manos de los rebeldes colombianos.

  En 2014 un tribunal de primera instancia de Florida le otorgó a Antonio Caballero daños y perjuicios de parte de los guerrilleros y narcotraficantes responsables del secuestro de su padre, a quienes había demandado en 2012.

  Para poder cobrar la indemnización, los abogados de Caballero se encuentran rastreando dinero y bienes de los guerrilleros y narcotraficantes que hayan pasado por los Estados Unidos. Es así cómo ha logrado cobrar una parte de la sentencia[1].

  El 20 de mayo de 2020, el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenció a favor de Antonio Caballero en la demanda que mantenía contra las FARC y determinó que tenía derecho a recuperar su reclamo por daños y perjuicios de conformidad con la Ley Antiterrorista contra las FARC y el Cartel del Norte de Valle (NDVC), otorgándole USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.

  Luego de esto, el 28 de septiembre de 2020, Caballero registró la referida sentencia en el expediente de la Corte del Distrito Judicial 284 del Condado de Montgomery, Texas, en la causa que en dicha instancia judicial mantiene contra las FARC y otros (Caso Nº 20-09-11744).

  Desde entonces, Caballero ha iniciado varios casos complementarios en procura de obtener la indemnización por daños y perjuicios que aún no ha sido satisfecha en su totalidad. El saldo pendiente se estima en USD 41.734.153,93.

  Ahora, por considerar que la empresa Vitol Inc. es, de acuerdo con las sanciones administradas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, posee ciertos activos bloqueados de Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por USD 9.444.116,76, estas dos empresas son agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio.

  En tal sentido, Antonio Caballero aspira para embargar los referidos activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la Sentencia Definitiva a su favor.

  Caballero alega que Rosneft y PDVSA son agentes de las FARC y sobre esa base obtuvo un auto de embargo contra Vitol como parte en la Acción del Tribunal del Estado para embargar los activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la sentencia Definitiva, de acuerdo a la Ley de seguro contra riesgos de terrorismo de 2002 (TRIA). 

  Sostiene el demandante que “en cualquier acción en la que un nacional de los Estados Unidos haya obtenido una sentencia contra una parte terrorista de conformidad con esta sección, el término ‘activo bloqueado’ incluirá cualquier activo de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte) incautado o congelado por los Estados Unidos en virtud de la sección 805 (b) de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (21 USC 1904 (b))”.

  Destaca que, “los activos bloqueados de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte terrorista) estarán sujetos a ejecución o embargo en ayuda de la ejecución a fin de satisfacer dicha sentencia en la medida de cualquier daño compensatorio por el cual dicha parte terrorista haya sido declarada responsable”.

   Le corresponde ahora al demandante, demostrar ante el tribunal que, efectivamente, PDVSA y Rosneft son agentes o instrumentalidades de un Deudor de Sentencia bajo TRIA.

   En su favor, Caballero sostiene que los activos están bloqueados de conformidad con las sanciones de la OFAC, refiere que Vitol está sujeta a varias prohibiciones con respecto a transacciones o transferencias que involucren activos bloqueados, como se establece en el Reglamento de Sanciones de Venezuela de la OFAC.

  Como lo exige la ley, Vitol fue informada el 22 de diciembre de 2020 de la acción de Antonio Caballero.

  Se estima que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, es competente para llevar este caso, pues la misma comprende el condado de Montgomery donde Caballero presentó la Acción de la Corte Estatal. En consecuencia, la deportación al Distrito Sur de Texas es adecuada de conformidad con 28 U.S.C. § 1441 (a).

  Vitol se reserva expresamente todas las defensas, mociones y/u objeciones que puedan tener en cuanto al servicio, jurisdicción o cualquier otra defensa u objeción que puedan presentar a esta acción.

[1] CNN en Español. “Hijo de diplomático colombiano asesinado por las guerrillas recibe narcodinero como indemnización”. 28 de febrero de 2017. https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/28/hijo-de-diplomatico-colombiano-asesinado-y-torturado-por-las-guerrillas-recibe-un-millon-de-dolares-de-narcodinero/

EE. UU. acusa a seis miembros del ELN de delitos de narcoterrorismo

Por Maibort Petit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó este lunes a seis miembros y asociados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de delitos de narcoterrorismo y conspiración de distribución internacional de cocaína. Las autoridades buscan al presunto líder de la organización,  Wilver Villegas-Palomino.

   De acuerdo a un comunicado del Departamento de Justicia, un total de tres ciudadanos colombianos asociados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo paramilitar designado como organización terrorista extranjera, han sido puestos bajo custodia colombiana a solicitud de los Estados Unidos por cargos que alegan un Conspiración de drogas internacional de 20 años.

 El Fiscal General de EE. UU., William Barr dijo que su predecesor  visitó Colombia en 2019, y habló con unos 100 oficiales de la Policía Nacional de Colombia que estaban trabajando con los componentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) estacionados en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, para incluir al FBI y a la Administración de Control de Drogas (DEA) en las investigaciones para que los casos contra el ELN fueran una prioridad. 

  Barr sostuvo que “Estos esfuerzos de ejecución contra seis miembros del ELN, incluidos los cargos penales federales contra el líder del ELN, Wilver Villegas-Palomino, reafirman el compromiso de la actual administración para desmantelar y desarticular este grupo narcoterrorista". 

  Barr afirma que Estados Unidos y Colombia tienen la misión compartida de combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo, a través de los planes de cooperación y el trabajo en equipo de larga data entre las fuerzas del orden de los dos países. 

  Asegura el alto oficial del gobierno que Colombia y Estados Unidos han unido esfuerzos para abordar el crimen transnacional y debilitar a las organizaciones terroristas extranjeras.

“Colombia es un excelente socio para hacer cumplir la ley”, dijo el fiscal federal Ryan K. Patrick. 

 “Se comprometieron a trabajar con Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo del ELN. Con las principales ciudades actuando como centros de tráfico de drogas, el Distrito Sur de Texas tiene una ubicación única para continuar con el enjuiciamiento de estos casos y trabajar con nuestros colegas colombianos”, acotó Patrick.

  Las autoridades colombianas arrestaron a Yamit Picon-Rodríguez alias Choncha, de 36 años, José Gabriel Alvarez-Ortiz alias Alex, de 26, y Henry Trigos-Celon alias Moncho Picada, de 43, con base en una solicitud de arresto provisional de Estados Unidos.

  El presunto líder del ELN, Villegas-Palomino, alias Carlos El Puerco, de 38 años, también está acusado y considerado fugitivo, al igual que Jaime Miguel Picón-Rodríguez alias Chencho y Jairo, de 38, y Diomedes Barbosa-Montaño alias El Burro, de 38. Queda pendiente una orden judicial para sus arrestos. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse con el FBI al 1-800-CALL-FBI o enviar sugerencias en línea en tips.fbi.gov.

La acusación

 Un gran jurado federal en Houston devolvió la acusación de tres cargos el 12 de febrero de 2020. Los seis individuos ​​están acusados ​​de distribución de una sustancia controlada, sabiendo o con la intención de proporcionar algo de valor pecuniario a una persona u organización que participa en terrorismo o actividad terrorista ( narcoterrorismo), participando en una conspiración internacional de distribución de cocaína y distribución internacional de cocaína.

  Según la acusación, Villegas-Palomino y sus coacusados ​​estuvieron involucrados en una conspiración en curso de 20 años para distribuir cocaína desde Colombia a los Estados Unidos sabiendo o con la intención de brindar apoyo pecuniario al ELN.

A principios de 2019, Villegas-Palomino, Picón-Rodríguez, Trigos-Celón, Barbosa-Montaño y Alvarez-Ortiz supuestamente participaron en la distribución de aproximadamente 30 kilogramos de cocaína en Colombia con motivos razonables para creer que se importaría a los Estados Unidos.

“El éxito de la Operación Catatumbo Lightning fue el resultado directo de la destacada colaboración entre el FBI y muchos de nuestros socios militares y policiales tanto en los Estados Unidos como en Colombia”, dijo el director del FBI Christopher Wray. "Estos arrestos deben servir como una advertencia de que el FBI atacará y perturbará implacablemente cualquier actividad narcoterrorista que amenace la salud y la seguridad del pueblo estadounidense y nuestra comunidad internacional".

“Como se alega, durante décadas, el ELN produjo y exportó toneladas de cocaína a los Estados Unidos, utilizando comunidades en Estados Unidos para financiar sus actividades terroristas”, dijo el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea. 

 Shea sostuvo que “Estas acciones de aplicación de la ley han asestado un gran golpe al ELN y son un verdadero testimonio del poder de las asociaciones. La DEA sigue dedicada a nuestros socios en todo el mundo en la misión compartida de llevar a los narcoterroristas ante la justicia ".

  El 8 de octubre de 1997, el Departamento de Estado designó oficialmente al ELN como organización terrorista extranjera.  

 El ELN ha operado como una de las organizaciones de narcoterrorismo más grandes del mundo. 

   El Departamento de Estado de los EE. UU., A través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, está ofreciendo una recompensa de hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Villegas-Palomino.

  Las divisiones de Houston del FBI y la DEA llevaron a cabo la investigación sobre el ELN como parte del Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF). 

SIN FILTROS: LOS SECRETOS DE ÁLEX SAAB EN LA CÁRCEL DE CABO VERDE

  El comunicado de las autoridades norteamericanas informaron que los agentes del FBI y la DEA en Bogotá brindaron un apoyo sustancial a la investigación, al igual que la División de Operaciones Especiales de múltiples agencias del DOJ, incluidos los abogados asignados de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas y la División de Seguridad Nacional, así como la Oficina de Asuntos Internacionales con la cooperación de las autoridades colombianas. 

  El Departamento de Policía de Houston, el Comando Sur de los EE. UU. Y socios internacionales, incluido el Ejército de Colombia, la Policía Nacional, la Fiscalía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación también brindaron asistencia para este caso que es considerado de alto impacto por la justicia estadounidense.

PERÚ EN SOCIALISMO DEL SIGLO XXI, LA INFLUENCIA DE GEORGE SOROS EN EL PTE. MARTÍN VIZCARRA

  OCDETF reúne la experiencia combinada y las habilidades únicas de las agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales. Su misión principal es identificar, desarticular, desmantelar y enjuiciar a miembros de alto nivel de organizaciones y empresas de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.

Las cinco estructuras criminales que operan en Venezuela

  El territorio venezolano en tiempos del chavo-madurismo se ha convertido en tierra fértil para que las organizaciones criminales han tomado el país como base de operaciones.

Por Maibort Petit

@maibortpetit 

  El criminalista y consultor penal venezolano, Iván Antonio Simonovis, identificó cinco grandes estructuras criminales que, según ha podido determinar, hacen vida en Venezuela y convergen de diferentes formas para poder llevar a cabo gran cantidad de actividades terroristas criminales.

  A través de una conferencia Zoom, el exsecretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital y actual coordinador especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó ante Estados Unidos, refirió que el crimen transnacional en Venezuela hoy en día existe y atenta, no solamente contra este país, sino también contra las economías de países aliados cercanos, como es el caso de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, por decir algunos.

Las 12 megabandas

  Al pasar a referirse a cada una de estas cinco estructuras criminales, hace mención, en primer lugar, a las doce mega bandas que operan en Venezuela.

  Las enumera y cita, primeramente, la de “Los 300”, en estado Miranda; “El Tren de Aragua”, que opera en Aragua, Zulia, Trujillo, Falcón; “El Tren del Zulia”, en el estado Zulia; “Los Meleán”, también el Zulia; “Los Leal”,  hoy en día protegidos por el gobernador Omar Prieto; la de “Carlos Bapal”, en estado Miranda, específicamente en los Valles del Tuy; la de “Bander”, ubicada en Delta Amacuro y Monagas.

  Estas, según Simonovis, son las más importantes megabandas que operan en el país.

Los colectivos

   Otra estructura criminal citada por el coordinador de seguridad, son los “colectivos”, haciendo la salvedad de que, si bien algunos de estos grupos se han dedicado a los temas sociales, existe un brazo armado de estas agrupaciones.

  Menciona en primer lugar, al fundado por Freddy Bernal denominado “Colectivo de seguridad y defensa fronteriza”, que se ha erigido como uno de los más importantes y de los que cuentan con mayor apoyo del régimen de Nicolás Maduro.

  Además, está el colectivo “Tres raíces”, “Frente 5 de marzo”, el ampliamente conocido Colectivo La Piedrita, dirigido por el delincuente Valentín Santana. Este último grupo es el que está a cargo de la protección y movilidad del guerrillero colombiano, Jesús Santrich, protegido del gobierno de Maduro.

Los carteles de droga

  La tercera estructura criminal citada por Iván Simonovis, son los carteles de la droga, entre los que citó el de la Guajira y el Cartel de Paraguaná.

  Destaca el Cártel de los Soles, de amplia difusión a través de los medios de comunicación, integrado por parte del alto militar venezolano, que se dedica al tráfico de drogas a escala internacional.

Los terroristas

  Refiere que en los Estados Unidos hasta principios del siglo 21 se focalizaron en el terrorismo islámico suní, básicamente con Al Qaeda.

  Sin embargo, en Latinoamérica, gracias a las investigaciones que llevó a cabo el fiscal argentino, Alberto Nisman, especialista en de la causa AMIA, se evidenció la presencia de grupos iraníes y de Hezbolá en Centroamérica y Suramérica. Estos crearon una red que opera, principalmente, en Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela. Se sospecha de su presencia en otros países, pero la certeza es respecto a estos aquí señalados.

  Subraya que una de las investigaciones del fiscal Nisman condujo a Mohsen Rabbani, ex-agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, quien es uno de los sindicados de haber participado en el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en julio de 1994 con un saldo de 85 personas muertas.

   Según sostiene Iván Simonovis, Rabbani conformó una estructura que, en principio la integraban 13 delegados en la embajada de Irán en Argentina, pero que al momento de su retiro constaba de 67 delegados operando en toda Latinoamérica.

  Recordó que la República Islámica de Irán, de tendencia Chií, inició sus operaciones en el año 2006 en Venezuela, lo cual fue público y comunicacional, habiéndose firmado convenios de diferente tipo en los años 2010, 2012. Más recientemente, el mundo ha sido testigo de la llegada de 17 vuelos a Venezuela de la aerolínea Mahan Air que está asociada al traslado de la Fuerza Quds, una unidad de Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, la cual hasta el día de su fallecimiento, estaba comandada por el general Qasem Soleimani.

  Además de estos vuelos, también se sabe de los buques que arribaron a Venezuela con gasolina, “pero de los cuales no sabemos qué se llevaron del país, pues es casi imposible verificarlo en razón de que en cada oportunidad en que han venido, bien los barcos o bien los aviones, se implementa un plan de seguridad con un cerco de protección de 300 o 400 metros acordonamiento de las zonas del arribo en el que no se permiten fotografías, se les quitan los teléfonos a los funcionarios, así que todo es absolutamente secreto”.

  Igualmente, informó que ya es un hecho confirmado que en la Península de San Román se está instalando una base de operaciones para monitorear todas las comunicaciones que se produzcan al norte de Venezuela. De este modo, en 600 millas náuticas por aire o tierra, todo lo que se transmita será monitoreado por este centro de operaciones que cuenta con la presencia de personal iraní y ruso.

  También hay que resaltar la presencia del ala militar del partico chiita libanés Hezbolá, un grupo que, en por lo menos 18 países, es considerada como una organización terrorista.

  En el plano nacional, se encuentra Ghazi Nasr al Din, conocido como Ghazi Atef Nassereddine, quien es mano derecha de Tareck El Aissami, habiendo construido ambos una red de personas con identificación venezolana que operan en Europa y en el Medio Oriente.

  Se refirió también al caso de Hakim Mohamed Alí Diab Fattah, involucrado en los hechos terroristas del 11 de septiembre de 2001, quien fue detenido en Jordania por participar en unos ataques terroristas en el año 2015, portando un pasaporte venezolano. Este señor quedó en libertad porque se alegó que sufría de demencia, habiendo sido pagados sus abogados por el régimen venezolano.

La guerrilla

 La quinta estructura criminal que opera en Venezuela es la guerrilla, en primer lugar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que, aunque ya no operan como guerrilla en la nación neogranadina, ha hallado terreno fértil en Venezuela para su actividad criminal. “Estas personas circulan a lo largo y ancho del territorio venezolano, muchos de ellos con escolta y protección de primer nivel, incluso, de la policía. Sus traslados son también aéreos dentro y fuera del país, pues van y vienen a Cuba u otros destinos, tal como ha sido corroborado por organismos de inteligencia”.

  Entre los líderes guerrilleros a que hace mención Simonovis, está Iván Márquez, Romaña, “John 40”, el “Comandante Lucas”, quien se ha apoderado de Elorza y, Jesús Santrich, quien está en Caracas, en el “23 de Enero”, en el Bloque 41, piso 14. “Cuando digo que está en el ‘23 de Enero’, es porque se trata del lugar en que se encuentra la mayor parte del tiempo, con la protección de Valentín Santana y el Colectivo La Piedrita, pero eso no significa que no se mueva de allí, pues va a Bolívar, se mueve a la frontera, se mueve para reunirse con diputados del régimen. Mantiene una vida bastante activa, inclusive, va a Cuba y regresa”.

  Asegura que las FARC-EP es una organización que tiene 600 miembros contabilizados hasta ahora operando en Venezuela. Aclara que estas personas no son solamente de nacionalidad colombiana, pues ya muchos de sus integrantes son venezolanos, quienes reciben como pago entre 200 y 300 dólares mensuales, además de un teléfono celular. “Increíble esto en contraste con el salario de los policías, quienes reciben USD 10 al mes. Pero la FARC-EP recluta venezolanos y les paga entre USD 200 y USD 300 mensuales”.

  Recuerda que Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, estuvo al frente de esta organización, pero desde 2019, es Iván Márquez quien tiene el control. Las FARC-EP tiene fuerte presencia y se ha establecido en seis estados país, a saber Zulia, Barinas, Apure, Bolívar, Táchira y Amazonas. También incursionan en otros estados del país, pero no con la contundencia que lo han hecho en los anteriormente nombrados.

   Precisó que “John 40” es el encargado de manejar la explotación minera, básicamente el oro y el coltán. Igualmente, está a cargo del manejo de todas las rutas fluviales que permiten transportar droga al mercado interno de Brasil, Europa y África.

  Recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a varios generales y otros militares de alto rango de la Fuerza Armada de Venezuela por sus vínculos con la guerrilla colombiana. Se sabe con certeza, dijo, que Hugo Chávez se comprometió con los guerrilleros a suministrar el transporte necesario para que estos grupos terroristas continuaran con sus actividades. También está comprobado que el enlace entre el gobierno y la guerrilla para establecer esas relaciones fue Hugo “El Pollo” Carvajal.

  Entonces, Iván Simonovis pasa a referirse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus líderes Gustavo Giraldo alias “Pablito, Eliecer Chamorro, Antonio García, Rafael Granado o “Ramiro Vargas”, quienes mantienen aproximadamente 1.500 hombres en Venezuela y, al igual que las FARC, reclutan venezolanos para incorporarlos a la agrupación.

  El ELN tiene fuerte presencia en ocho estados de Venezuela: Zulia, Táchira, Falcón, Lara, Apure, Guárico, Bolívar y Amazonas. “Se sabe que en otros cuatro estados el ELN también hacen vida”.

  Al igual que la FARC-EP, sus actividades criminales son la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, la minería ilegal.  Revela que están muy vinculados al CLAP, pues son las que tienen el control del programa de alimentación en algunos sitios, incluso, por encima de las fuerzas militares.

“Un afectivo militar me comentó que en una oportunidad se acercó un agente del ELN para decirle que serían ellos los que a partir de ese momento se iban a encargar de la distribución de la gasolina. A ese nivel de penetración y de control llega el ELN”, comenta Simonovis.

  Advierte de la gran capacidad de fuego del ELN, pues además de tener 1.500 hombres en el territorio venezolano, son una organización que, a diferencia de las FARC, dirimen sus problemas a la fuerza.

  “No tienen la diplomacia que posee la FARC, inclusive con el régimen. Prueba de ello es que, en 2018, tres efectivos militares de la Guardia Nacional fallecieron y otros diez resultaron heridos en una emboscada del ELN. Esto ocurrió porque se había detenido a un ciudadano de nombre Luis Felipe Ortega Bernal, quien era líder del ELN. Hay pruebas contundentes de que esto es así, aun cuando Vladimir Padrino López y Jorge Arreaza insistan en que no hay guerrilla en Venezuela”.

  Sostiene que, tanto las FARC como el ELN, son la fuerzas militares no convencionales con las que cuenta el régimen de Nicolás Maduro, pues “están conscientes de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), está en una condición de minusvalía, su apresto operacional no sirve o se ha venido a menos, la gente está desmotivada y, a la final, porque la FANB, en su núcleo más importante, es gente respetuosa de las leyes y no arremetería contra el ciudadano común, algo que no le importa absolutamente nada al ELN ni a las FARC”.

  Hay dos organizaciones más, el Ejército de Liberación Popular (ELP), liderado por Luis Clavijo, con aproximadamente 300 miembros, con presencia principalmente en el estado Zulia. Sus actividades criminales son el narcotráfico, el contrabando de combustible y de ganado.

  Están también, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), llamados “Boliches”, la cual se ha tenido que plegar al ELN y a las FARC, porque no cuentan con más de 50 miembros y no tienen la capacidad ni la experiencia que tienen las demás guerrillas.

“Así que, para resumir, diría que el régimen de Nicolás Maduro hoy en día se ha asociado internacionalmente con los criminales y terroristas más importantes que existen, a los que el planeta les tiene miedo, porque ellos necesitan aliados de ese tipo para blindarse. Eso a lo externo, mientras a lo interno se valen de la guerrilla, del ELN y las FARC, para poder protegerse. Venezuela y sus 916 mil kilómetros cuadrados se han convertido en el asidero de las organizaciones criminales más importantes del mundo”, concluyó.

Conoce todo los detalle de la denuncia hecha por Colombia en la OEA sobre relaciones de “beneficio mutuo” entre la guerrilla y el régimen de Maduro

Un informe de la cancillería colombiana que si bien reconoce que las relaciones no son un hecho nuevo, alerta que en los últimos tres años los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela con la venia de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit 

@maibortpetit

Un informe de la Cancillería colombiana entregado a la Organización de Estados Americanos (OEA) revela los vínculos que los grupos armados ilegales de la nación neogranadina mantienen con el régimen venezolano, una relación que en el reporte se describe como de “beneficio mutuo”.

El reporte, clasificado como de uso exclusivo de la Cancillería, titulado “Grupos armados ilegales y su relación con el régimen venezolano”, alerta que la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, permitirían la continuidad de Nicolás Maduro en el poder.

La primera parte del reporte denominada “Vínculos del régimen venezolano con los grupos armados” de la que toma el nombre el informe, refiere en primer lugar, que se trata de un fenómeno criminal con más de dos décadas de vigencia, cuya relación ha sido denunciada continuamente por el gobierno colombiano para lo cual se sustenta en algunos hechos ocurridos entre los años 2002 y 2016.

Así, se indica que en 2002 se denunció la existencia de campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado de Zulia.

En 2005 se acusó la existencia de campamentos de FARC en los estados Bolívar y Apure, al tiempo de que se alertó la presencia de estos grupos en Amazonas.

Para 2006 Colombia denunció la existencia de refugios y centros de tránsito de droga tanto en el estado Bolívar como en Amazonas.

En 2007 investigaciones desarrolladas por Diario El País sobre “la inmunidad legal de facto” de Venezuela con los Grupos Armados Insurgentes (GAI) de Colombia.

En 2008 los computadores de ‘R. Reyes’ revelaron los vínculos de alias ‘R. Granda’ con autoridades venezolanas. Ese mismo año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a altos funcionarios venezolanos por brindar apoyo a las FARC.

Igualmente, el informe cita la denuncia que en 2010 formuló Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la presencia “consolidada, activa y creciente” de las FARC en territorio de Venezuela. Se habló de 1.500 hombres en armas.

En 2011, el Comandante General de las Fuerzas Militares colombianas denunció la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

En 2012, un informe del gobierno de EE. UU. denunció la permanencia de las FARC y el ELN en Venezuela.

En 2015 se conoció un informe de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en el que se daba cuenta de la presencia de varios cabecillas de las FARC y el ELN en Venezuela, a saber, “Timochenko”, “Grannobles” y “Pablito”.

En 2016, el gobernador de Amazonas denunció la presencia de cerca de 4.000 hombres en armas de FARC y el ELN en esa entidad venezolana.

El reporte refiere que en los últimos tres años, es decir, de 2017 al presente 2019, los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro.

Citando al International Crisis Group (febrero, 2019), el informe refiere que “Las FARC y el ELN se han afianzado mucho más en las últimas dos décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos”.

Igualmente se hace mención a los señalado en marzo de 2019 por Insight Crime, en cuanto a que “El ELN es ampliamente tolerado por autoridades venezolanas (…) El grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad…”.

El segundo punto del informe se denomina “Caracterización de relacionamiento entre el régimen y los grupos armados” y asegura que la relación de la dictadura venezolana con estos grupos es de mutuo beneficio.

Precisa que tres factores determinan el tipo de vínculos, a saber, el considerarse como instrumento para garantizar la continuidad del régimen; por la obtención de réditos de economías criminales; y cuando se han establecido relaciones personales.

Se indica que con esta relación el régimen venezolano obtiene respaldo político y control social en zonas de injerencia de los grupos, mientras que estos últimos logran protección, logística, entrenamiento y armamento.

¿Dónde está opera el ELN en Venezuela?

El frente de guerra del Ejército de Liberación Nacional que opera en la frontera, de acuerdo a lo que revela el informe, mantiene asentamientos permanentes en Venezuela.

Estos asentamientos serían el del Frente de Guerra Norte, con 10 campamentos en el estado Zulia y, particularmente, en la Serranía del Perijá.

El Frente de Guerra Oriental tiene 20 campamentos en los estados Apure, Bolívar y Amazonas.

El Frente de Guerra Nororiental tiene 20 asentamientos en el estado Táchira.

Estos grupos del ELN en Venezuela se dedican, según el informe, a actividades propias de las economías criminales y al fortalecimiento armado.

Las actividades del ELN en territorio venezolano están dinamizadas por los vínculos de la organización ilegal con el régimen venezolano en tres niveles: 1) Estratégico, en el que intervienen altos funcionarios del régimen; 2) Operacional, con las fuerzas e instituciones de seguridad; 3) Táctico, en el que se relaciona con los colectivos y con las milicias.

Los vínculos estratégicos del ELN son —por el movimiento guerrillero— alias “Lenin”, quien forma parte del Frente de Guerra Oriental. Este hombre es el representante del ELN ante el régimen venezolano y su entorno.

Entretanto, la representación del régimen venezolano reposaría en quien ha sido denominado como el “protector del Táchira”, quien también lidera en Venezuela a los grupos colectivos. Freddy Bernal sería el enlace entre el régimen y el grupo armado.

Los vínculos operacionales del ELN con el régimen de Nicolás Maduro estarían dado por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), los miembros de REDI Occidental y Andes; los miembros de ZODI Zulia y Táchira; la Guardia Nacional Bolivariana; la Dirección General Conjunta de Inteligencia Militar (DGCIM); y la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL).

Entretanto, los vínculos tácticos del movimiento guerrillero colombiano con la administración de Maduro son los que permiten que el grupo armado tenga una mayor influencia territorial y armada en Venezuela.

El informe revela que el ELN coordina en la frontera sus actividades con los colectivos, algo que ha permitido que el grupo insurgente reorganice sus relaciones con actores armados legales e ilegales en esa zona.

Estas actividades de coordinación son las que ha permitido, por ejemplo, que el 23 de febrero entrara la ayuda humanitaria a Venezuela.

Igualmente, la ayuda financiera, especificándose como ejemplo de ello el patrocinio que el Frente Efraín Pabón (ELN) le brinda a un colectivo venezolano en frontera.

La coordinación también permite las economías criminales, al controlar y cobrar por transitar a través de los pasos ilegales.

El soporte logístico se transparenta, por ejemplo, en el hecho de que “Antonio García” se haya comprometido a entregar vehículos y radios a los irregulares venezolanos.

La evolución del ELN en Venezuela

De inmediato el reporte pasa a referirse a la manera cómo la guerrilla del ELN ha evolucionado en Venezuela de manera de pasar de tener una presencia esporádica a un proceso de asentamiento permanente.

Para lograrlo, el grupo armado ilegal colombiano, además de sus vínculos permanentes con el régimen chavista, implementó un proceso de “incrustación social” en los territorios venezolanos de la frontera, con apoyo de las autoridades locales.

Este proceso de “incrustación social” se ha visto facilitado al no hacer uso de la “colonización armada”, alineándose con los ritmos de la comunidad, buscando respaldo de grupos armados locales (colectivos), promoviendo procesos de organización comunitaria y facilitando la entrega de las cajas CLAP.

En ello le son favorables la continuidad del régimen venezolano, su relevancia en el desarrollo de negocios criminales y su rol como actor de seguridad para las autoridades regionales.

Colombia denuncia dos riesgos para su seguridad nacional:

En primer término, un ELN más posicionado en territorio venezolano, incluso al margen del apoyo de las autoridades de dicho país.

Y en segundo lugar, la conformación de un enclave criminal entre los dos Estados, que le permita al grupo armado eludir las acciones en su contra.

Grupos armados organizados-residuales en Venezuela

La cancillería colombiana advierte que los grupos residuales mantienen vínculos con las autoridades venezolanas de tipo local y regional, al tiempo que llevan a cabo actividades logísticas, económicas y de control social en Venezuela.

Del mismo modo refieren que los grupos armados entrenan a las milicias venezolanas y controlan algunos pasos fronterizos.

Sostiene el informe que de los 2.296 hombres levantados en armas en Colombia, en Venezuela se mantienen 231, lo que representa el 10 por ciento de la fuerza.

GAO-Residuales en Venezuela:

Esto grupo consolidan sus nexos con las autoridades venezolanas, bien locales, como regionales, a quienes facilitan actividades logísticas, económicas y de control social.

De este modo el reporte sostiene que el Frente 33 del ELN mantiene nexos con el ZODI Táchira, el cual imparte las directrices para percibirlos como aliados a la revolución, al tiempo facilita el control social y político en frontera.

Por su parte, el Frente Acacio Medina contribuye con el ZODI Amazonas, la cual facilita las tareas de seguridad para economías criminales.

El Frente 10 es aliado de los gobiernos regionales y locales en los llanos venezolanos y su contribución consiste en el entrenamiento armado a las milicias, así como la protección a la revolución.

Con el ZODI Apure coopera en el control del tránsito de bienes y personas mediante el otorgamiento de “salvo conductos”.

Con REDI Los Llanos la colaboración es en el área de control social y político.

La contribución del Sebin consiste en brindar protección a miembros de los GAO-Residuales y seguridad para las economías criminales.

En el proceso de coordinación entre los GAO-Residuales y las autoridades venezolanas, juegan un papel fundamental Noé Suárez Rojas, alias “Grannobles” cuya contribución se fundamenta en el manejo de las finanzas y el control sobre los consejos comunales en frontera (Arauca-Apure).

Igualmente, Géner García Molina, alias “Jhon 40”, cuyo aporte e se en el manejo de las finanzas y el entrenamiento armado, así como los vínculos con mafias brasileras.

Márquez y Santrich en Venezuela

El reporte de la cancillería colombiana refiere que alias “Iván Márquez” y alias “Santrich”, así como los nuevos residuales, utilizan el territorio venezolano donde obtienen protección.

El informe indica que la declaración de “Iván Márquez”, “Santrich” y otros de sus cómplices sobre la fundación de un nuevo grupo narcoterrorista responde a las actividades que este grupo adelanta con la facciones del régimen venezolano.

Agrega que desde hace por lo menos un año, “Márquez” y alias “Granda” mantenían reuniones clandestinas en Venezuela.

La primera reunión de Iván Márquez tuvo ligar el 28 de agosto en la Isla La Orchila donde se discutió la presencia de “Romaña” y la relación con la DGCIM, así como los mecanismos para responder ante la JEP.

La segunda reunión de Márquez se llevó a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el estado Apure. Participaron “Grannobles”, Luis Tolosa (FBL) y “Pablito”.

Lo fundamental de esta cita fue discutir la propuesta de constituir un “Bloque político de la izquierda Latinoamérica”.

También se analizó el apoyo al movimiento de tropas y el entrenamiento a las milicias por parte del ELN y los GAO-residuales.

El protagonista de la reunión sostenida del 17 al 25 de octubre en el estado Guárico fue Rodrigo Granda.

El aspecto de interés de este encuentro fue la seguridad proporcionada por autoridades venezolanas a los grupos armados colombianos, los traslados e identificación en caso de no recibir beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la transferencia de bienes de las FARC.

En estos encuentros se denunció el supuesto incumplimiento del gobierno colombiano en las negociaciones, la recuperación de los bienes de las FARC en Venezuela y los encuentros con actores afines al proyecto de radicalización del régimen (Tareck El Aissami y Néstor Reverol).

Estos encuentros constituyeron a criterio de la cancillería colombiana, una contravención al Acuerdo de paz entre los grupos irregulares y el gobierno neogranadino.

Consideraciones finales

Finalmente el informe de la Cancillería colombiana presentado a la OEA sostiene que las relaciones entre el régimen venezolano y los grupos armados ilegales no es un hecho nuevo, estableciendo que la data de la misma tiene por lo menos hace dos décadas y le ha permitido a las partes fortalecerse.

Refiere que en la actualidad los favores prestados por el régimen venezolano a los grupos armados ilegales colombianos han permitido a la guerrilla pasar de permanecer en la retaguardia en Venezuela a tener un asentamiento permanente fundamentado en las economías criminales.

El régimen venezolano utiliza a estos grupos como un mecanismo de control social y de represión a la oposición, además de considerarlos como una especie de “escudo” en la frontera ante una eventual intervención extranjera.

Por último, se advierte que la relación de cooperación entre los grupos armados ilegales y el régimen venezolano es la mayor amenaza para la estabilidad democrática y seguridad de la región.