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martes, 11 de mayo de 2021

PDVSA: Las sanciones de EE. UU. hicieron imposible pagar la deuda con Dresser-Rand Company

  Sostiene la demandada que en tres ocasiones intentó realizar los pagos y no le fue posible en razón de la política estadunidense y de los bancos que impidieron llevar a cabo las operaciones.

Por Maibort Petit

  De acuerdo a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), honrar la deuda que la estatal mantiene con Dresser-Rand Company, encontrándose en la propia letra del acuerdo de pagaré suscrito entre las partes, la justificación para estimar dicha cancelación resulta impracticable.

  El 29 de marzo de 2021, la demandada PDVSA, a través de Dennis H. Tracey III, de la firma Hogan Lovells (US) LLP, presentó al juez Stanton un escrito de juicio en el que sostiene, primero, que la estatal petrolera venezolana quedó liberada de su obligación de realizar los pagos del Pagaré, en virtud de su imposibilidad para hacerlo, pues la cancelación es impracticable; segundo, que la Corte debe excluir algunas partes del testimonio pericial de Stephanie Rice, la perito del demandante, pues el mismo es indebido según la Regla Federal de Prueba 702; y tercero, que el testimonio pericial de John Barker, propuesto bajo la Regla Federal de Prueba 702, sea admitido.

  De acuerdo a la visión de la demandada y así lo intentará demostrar en el juicio, está eximida del cumplimiento del pago y, por tanto debe aplicarse lo establecido en el “Acuerdo del Pagaré”, en el sentido de que el deber de una de las partes de cumplir con sus obligaciones contractuales será liberado y excusado si, después de celebrado el contrato, esto ocurriere y el cumplimiento de la parte se vuelve imposible u objetivamente impracticable sin que la la culpa sea imputable a ella.

  Bajo la ley de Nueva York, PDVSA se propone demostrar que ocurrió la destrucción del objeto del contrato o los medios de ejecución y que la imposibilidad generada por ello fue producida por un evento imprevisto que no pudo haber sido previsto o protegido en el contrato.

  Se refiere la demandada a las sanciones impuestas por el gobierno de los EE. UU. a la estatal petrolera venezolana y otras entidades relacionadas con el gobierno venezolano, así como las políticas de sanciones adoptadas por los bancos, incluido el único banco autorizado en el Acuerdo de Pagaré para recibir el pago, por lo que el cumplimiento se hace impracticable. Subraya que las sanciones en cuestión no se impusieron hasta casi nueve meses después de que las partes firmaron la Nota.

  Asegura el escrito que PDVSA tomó prácticamente todas las acciones a su alcance para cumplir con sus obligaciones de pago y refiere que intentó realizar el tercer pago de intereses adeudado a la cuenta Citibank designada por Dresser-Rand en por loe menos tres ocasiones, pero debido a las sanciones de los bancos, los pagos fueron rechazados y los fondos devueltos a PDVSA.

 Los intentos de pago por parte de PDVSA ocurrieron el 21 de noviembre de 2017 por USD 1.960.212,37 desde su cuenta con China CITIC a la cuenta Citibank de Dresser-Rand. El segundo intento fue el 31 de enero de 2018, esta vez a través de la cuenta de PDVSA con DMBL. DRESSER_0061898. El tercer intento tuvo lugar el 12 de febrero de 2018, PDVSA intentó realizar otro pago a la cuenta Citibank designada por Dresser-Rand a través de DMBL.

  Sostiene PDVSA no tuvo la culpa de la imposibilidad de realizar los pagos, sino que Dresser-Rand fue directamente responsable porque cuando se enteró en septiembre de 2017, antes de que venciera el tercer pago de intereses, de la nueva política del Citibank, no tomó las previsiones que debió tomar. Tal afirmación la formula la demandada en razón de que el 25 de septiembre de 2017, Citibank ofreció procesar manualmente futuros pagos entrantes/salientes desde/hacia PDVSA, si Dresser-Rand aceptaba los términos descritos en la “Certificación de cumplimiento de sanciones” que, entre otras obligaciones, requirió que esta proporcionara una lista de transacciones anticipadas con PDVSA y certificara que los pagos esperados cumplían con las sanciones pertinentes.

Testimonio inadmisible

  Por otra parte, PDVSA se opone a la declaración de Stephanie Rice como experto sobre las sanciones, que Dresser-Rand presentará en el juicio, por cuanto considera que estas son inadmisibles bajo FRE 702. Refiere que Rice testificara sobre declaraciones de oídas que supuestamente fueron hechas por funcionarios no identificados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por lo que se trata de un mero rumor no documentado y que no se puede confirmar.

  Recuerda PDVSA que la Regla 702 establece que una persona “calificada como experta por conocimiento, habilidad, experiencia, capacitación o educación” puede ofrecer testimonio de opinión si: (a) los conocimientos científicos, técnicos u otros conocimientos especializados del experto ayudarán al examinador de hechos a comprender la evidencia o determinar un hecho en cuestión; (b) el testimonio se basa en hechos o datos suficientes; (c) el testimonio es producto de principios y métodos fiables; y (d) el perito ha aplicado de manera confiable los principios y métodos a los hechos del caso.

  Por ello PDVSA solicita que el Tribunal excluya la evidencia de oídas ofrecida y cualquier opinión de Rice basada en dicha evidencia.

El testigo admisible de PDVSA

  Entretanto, PDVSA ofrecerá el testimonio experto de John Barker respecto a las sanciones y prevé que la demandante buscará excluirlo alegando motivos de parcialidad. Esto en virtud de que este es un abogado que ha sido consultado sobre temas de sanciones por PDVSA, la cual cliente del bufete de abogados en el que se desempeña el experto. “El hecho de que Barker haya brindado asesoría a PDVSA es, a lo sumo, un asunto que depende del peso de sus opiniones, no de su admisibilidad·.


 


 

 

Dresser-Rand Company: no es cierto que sanciones impidieron a PDVSA pagar su deuda

  Sin lugar a dudas, asegura la empresa demandante, el caso se trata de un simple incumplimiento de contrato.

Por Maibort Petit

  No es verdad que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) no pudo pagar su deuda con Dresser-Rand Company a causa de las sanciones impuestas por el gobierno de los estados Unidos a la petrolera estatal, por cuanto a la par de la Orden Ejecutivo que las impuso, por cuanto esta previó que las transacciones relacionada con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017 —caso del acuerdo de pagaré objeto de la demanda— continuaron siendo legalmente permitidas. Además, sostiene la demandante, el ejecutivo norteamericano también emitió la Licencia General 9 par permitía la subsanación de la deuda.
  Dresser-Rand Company demandó el 26 de febrero de 2019 a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por incumplimiento de sus obligaciones al no honrar una deuda de USD 132.295.896,82 correspondientes a unos bonos que, la petrolera venezolana sostiene no haber podido cancelar en razón de las sanciones de que es objeto por parte del gobierno de los Estados Unidos.

  El acuerdo de Pagaré fue suscrito el 21 de enero de 2017 y el gobierno estadounidense emitió la Orden Ejecutiva 13808 el 25 de agosto del referido año y a raíz de esta decisión gubernamental, el Citibank implementó una política que restringió las de PDVSA y otras entidades relacionadas con el gobierno venezolano.

Lo que sostiene Dresser-Rand

  El 29 de marzo de 2021 Dresser-Rand Company presentó al juez Stanton, su resumen del juicio en el que anticipa cuestiones legales clave que estima surgirán en el juicio.

  En primer lugar, la demandante destaca que se trata de un simple caso de incumplimiento de contrato para cobrar más de USD 119 millones de deuda indiscutiblemente adeudada por PDVSA a Dresser-Rand R por un Acuerdo de pagaré de fecha 20 de enero de 2017.

  Dresser-Rand asegura que no fue imposible ni impracticable para PDVSA cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Pagaré, primero, porque bajo la Orden Ejecutiva 13808, las transacciones relacionadas con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017, como el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, continuaron siendo legalmente permitidas.

  En segundo lugar, la demandante refiere que después de ser notificado de sus incumplimientos, PDVSA pudo haber subsanado su pago y no lo hizo. Esto lo dice a la luz de que gobierno de los EE. UU. emitió la Licencia General 9 al mismo tiempo que las sanciones de bloqueo del 28 de enero de 2019, lo que permitía a PDVSA subsanar su incumplimiento y reembolsar a la demandante los pagos adeudados.

  En tercer lugar, Dresser-Rand advierte que no existe evidencia creíble de una imposibilidad objetiva de que PDVSA realice pagos cuando sus obligaciones de pago restantes vencen en virtud del Pagaré.

 Igualmente, refiere que ofrecieron a PDVSA varias alternativas viables para facilitar el pago, pero no respondió a las comunicaciones y la demandante agotó todas las vías de ejecución.

  Dresser refiere que la Orden Ejecutiva 13808 establece en un lenguaje sencillo que prohíbe a "EE. UU. o personas sujetas a la jurisdicción de los EE. UU., participar en transacciones relacionadas con, proporcionar financiamiento o negociar de otra manera con nueva deuda, con un vencimiento de más de 90 días y emitida en nombre o en beneficio de PDVSA, su propiedad, o sus intereses en la propiedad".

  En tal sentido, el término “nueva deuda” se refiere a cualquier deuda emitida a partir del 25 de agosto de 2017. Por tanto, el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, celebrado el 20 de enero de 2017, no puede considerarse “deuda nueva” dentro del alcance de la orden ejecutiva.

  Asegura que PDVSA hace una lectura parcial y selectiva de las directrices publicadas por la OFAC en relación con la orden ejecutiva 13808.

  Al mismo tiempo sostiene que PDVSA podría haber tratado de obtener una licencia específica a través de la OFAC, como lo ayudó el propio bufete de abogados de su experto en otras situaciones crediticias, que le hubiera permitido cumplir con sus obligaciones de pago, pero no hay evidencia en el expediente de que así lo hubiera hecho.

 Agrega que Dresser ofreció a PDVSA varial alternativas viables para realizar el pago, pero estatal venezolana los ignoró.

Testimonio inadmisible de Baker

  Para Dresser-Rand Company, el informe pericial de John Barker que presentará PDVSA no es confiable y debe excluirse según la regla federal de prueba 702.

  Esto por cuanto el testigo propuesto ha actuado como abogado de PDVSA y esa es una razón por la cual los tribunales federales rechazan habitualmente su testimonio.

“Si bien el señor Barker no es abogado de PDVSA en este caso, su rol como abogado de PDVSA en otros asuntos relacionados excluye cualquier posibilidad de que él ofrezca opiniones objetivas y confiables a la Corte”.

Dresser presenta fechas para comparecencia

  El 29 de marzo de 2021, Jordan W. Siev, abogado de la firma Reed Smith LLP que representa a Dresser-Rand Company, empresa subsidiaria de la alemana Siemens AG con sede en Houston (Texas), le presentó al juez Louis L. Stanton, una orden previa al juicio consolidada, así como los respectivos escritos del proceso judicial de cada parte, los cuales tratan cuestiones de derecho controvertidas y cuestiones probatorias que pudieran surgir en el juicio.


   El abogado de la demandante le manifestó al magistrado, que en caso de que la Corte tuviera alguna pregunta o requiriera aclaraciones adicionales sobre cualquiera de las cuestiones tratadas en las presentaciones previas al juicio, estarían disponibles para participar en una conferencia previa al juicio.

  Presentó igualmente un conjunto de fechas comprendidas entre mayo y octubre de 2021, en las que él, su firma y/o las partes no estarían disponibles para comparecer en el juicio.

A saber, las fechas propuestas son del 10 al 13 de mayo de 2021; del 17 al 21 de mayo de 2021; del 28 de mayo de 2021; el 1 de junio de 2021; del 8 de junio al 31 de julio de 20211; el 5 al 23 de agosto de 2021; del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2021; y del 6 al 17 de septiembre de 2021.


martes, 28 de abril de 2020

Juez niega una moción de PDVSA: Detalles del caso de Dresser-Rand Company

   Al deterioro de la imagen de Petróleos de Venezuela S.A. dada la destrucción que la empresa ha experimentado en las dos últimas décadas, se suman los reclamos que diversas empresas e instituciones le hacen en demanda del cumplimiento de sus obligaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un juez de Nueva York negó una moción interpuesta por PDVSA Petróleos, para que el tribunal reconsiderara la decisión que establece que la filial de PDVSA, que es garante del acuerdo de pagarés impagos por más de USD 130 millones, está obligada a cumplir con el pago en función de los documentos que firmó la petrolera con la compañía estadounidense Dresser-Rand.


  Este nuevo movimiento contra PDVSA Petróleos, forma parte de los procedimientos de la demanda interpuesta por Dresser-Rand Company —ahora denominada Siemens Oil and Gas— en la Corte de Nueva York contra PDVSA y PDVSA Petróleo S.A., por no haber honrado una deuda de USD 132.295.896,82, correspondientes a unos bonos que, la estatal venezolana sostiene, no ha podido pagar debido a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a la petrolera.

Detalles de la querella

  El 26 de febrero de 2019, Dresser-Rand Company una empresa subsidiaria de la alemana Siemens AG, con sede en Houston (Texas), presentó un demanda contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), ante la Corte Suprema del estado de Nueva York por incumplimiento de pago de USD 132.295.896,82 más intereses, honorarios y otros costos, entre ellos los intereses de mora los cuales se acumulan a una tasa de 8,5 por ciento anual. Tal cantidad corresponde al pago de notas promisorias

  La demanda da cuenta de una declaración jurada de Erick Scherzer, gerente de créditos y cobros de Dresser-Rand Company, en la que expuso que el 20 de enero de 2017, la empresa que representa celebró un acuerdo con Petróleos de Venezuela S.A. y PDVSA Petróleo S.A., la primera actuando como emisor y la segunda como garante, en donde se estableció un cronograma de pago mediante el cual honraría la deuda de USD 119.645.069,70 con una tasa de interés del 6,5 por ciento anual, habiéndose previsto que en caso de incumplimiento el interés se elevaría a 8,5 por ciento anual.

  Precisó Scherzer que en la nota se especificaba que PDVSA se había comprometido a hacer los pagos respectivos, tanto de las cuotas a su vencimiento, como de los intereses.

  Además, el artículo VI del Acuerdo de la Nota, estipuló que PDVSA Petróleo S.A. garantizaba las obligaciones de pago de PDVSA para con Dresser-Rand Company.

  PDVSA realizaría pagos trimestrales de intereses durante un año a partir del 20 de abril de 2017 y, paralelamente, iniciaría el pago trimestral de capital.

Incumplimiento de pago

  Refiere la demanda que, a pesar de lo pactado, PDVSA solamente realizó los dos primeros pagos, a saber,el 20 de abril de 2017 y el 20 de julio de 2017, no habiendo realizado ningún otro pago, tal como lo establecía el acuerdo.

  Tampoco PDVSA Petróleo S.A., como garante, ha satisfecho ninguna de las cantidades adeudadas en virtud del acuerdo a pesar de los intentos de cobro llevados a cabo por la empresa demandante en diferentes oportunidades.

  El demandante expone que hizo varios intentos para cobrar el saldo pendiente de los demandados, diligencias que resultaron en vano.

  Explica la demanda que el 14 de febrero de 2019, PDVSA estaba obligada a pagar USD 59.822.534,84 como abono al capital vencido y, al menos USD 10.229.858,31 en intereses vencidos, montos estos que totalizaban USD 70.052.393,15.

  En dicha fecha, Dresser-Rand Company remitió a PDVSA y a PDVSA Petróleo un Aviso de incumplimiento informándoles que estaban incumpliendo sus obligaciones de pago bajo el Acuerdo de Nota y estaban en riesgo de desencadenar un "Evento de incumplimiento". Se informó a los demandados que la falta de pago del capital o de los intereses daría como resultado una declaración de que el capital pendiente, con intereses, debe pagarse en su totalidad o en parte.

 A pesar de haberse hecho todas estas notificaciones de incumplimiento por parte de Dresser a PDVSA y a PDVSA Petróleo, estas nunca respondieron a las mismas.

Las consecuencias del impago

  Se indica que el Acuerdo de la Nota, establece que la falta de pago a la fecha de los vencimientos, así como  la falta de reparación luego de ser comunicados del Aviso de Incumplimiento, constituyen un Evento de Incumplimiento por parte de los demandados, lo que permite a Dresser-Rand Company recuperar todo el saldo impago de la Nota, más intereses.  Se cita el artículo VII (a) del Acuerdo de la Nota que dicta el procedimiento en estos casos.

  Prosigue exponiendo la demanda que el 21 de febrero de 2019, el Dresser-Rand Company envió a PDVSA y a PDVSA Petróleo un Aviso de Aceleración, declarando que el saldo de capital completo de la Nota, junto con los intereses, debía ser pagado en su totalidad.

  Dresser exige en la demanda que en razón del incumplimiento de pago por parte de PDVSA y PDVSA Petróleo, estos deben igualmente reembolsar todos los gastos, incluidos los honorarios de los abogados y los costos judiciales, incurridos por el demandante en su intento por cobrar y hacer cumplir el Acuerdo de la Nota.

  Refiere la demandante que hasta la fecha de presentación de la demanda ante el tribunal, los demandados no habían realizados pagos adicionales ni habían presentado ningún alegato sobre su incumplimiento, mientras que ellos —Dresser— han cumplido plenamente sus obligaciones.

  Se establece en la demanda que al 26 de febrero de 2019, los demandados adeudan a Dresser USD 132.295.896,82 más intereses, comisiones y otros costos, incluidos los intereses de mora que continúan devengándose a una tasa de 8,5 por ciento anual.

El acuerdo de pago

  El 20 de enero de 2017, Dresser-Rand Company, titular de la Nota promisoria, acordó con Petróleos de Venezuela S.A. en su carácter de emisor y con PDVSA Petróleo S.A., actuando como garante, suscribieron un Acuerdo de Pago sobre la deuda que PDVSA mantiene con la primera por USD 119.645.069,70 con una tasa de interés del 6,5 por ciento anual, habiéndose previsto que en caso de incumplimiento el interés se elevaría a 8,5 por ciento anual.

  PDVSA, emisor de las notas promisorias, se comprometió incondicionalmente a pagar al titular de la misma, Dresser-Rand Company, el monto del capital de la misma y los intereses los cuales se cancelarán a una tasa de 6,5 por ciento anual.

   Si el emisor incumpliera con su obligación de pago, entonces el interés a regir pasaría a ser de 8,5 por ciento anual.

Juicio sumario

  El  26 de febrero de 2019, Dresser-Rand Company presentó ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York una moción para proceder a un juicio sumario en lugar de queja.

  Exigía la demandante que se fallara en su favor y se le otorgara un monto de USD 132.295.896,82 más intereses, comisiones y otros costos, incluidos los intereses de demora que continúan acumulando una tasa del 8,5 anual anual.

  Igualmente pedía que PDVSA y PDVSA Petróleo pagaran los honorarios razonables de abogados y costos incurridos por el demandante en la exigencia de su derecho.

  Dresser-Rand Company solicitó que se nombrara un árbitro para que escuchara e informara sobre los honorarios razonables de abogados y los gastos que los acusados deben cancelar.

  Del mismo modo, Dresser pidió cualquier otra reparación adicional que el Tribunal considere justa y adecuada.

  Esta solicitud fue otorgada en el caso del garante PDVSA Petróleo S.A. y se negó en cuanto a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), el cual quedaba pendiente por juzgar .

  Posteriormente, el 3 de julio de 2019 la Corte aplazó la solicitud de juicio sumario interpuesta por Dresser-Rand contra PDVSA y PDVSA Petróleo en razón de una solicitud de suspensión presentada el 31 de mayo de 2019 por el Procurador Especial de la República de Venezuela nombrado por el presidente interino Juan Guaidó, José Ignacio Hernández.

  El pedido de Hernández obedece a que, a pesar de ser Juan Guaidó la única autoridad reconocida por los Estados Unidos, no le es posible acceder a los registros y demás documentos esenciales del gobierno y por estimar que las demandadas no están en posición de defenderse adecuadamente a todos los alegatos del proceso.

  En virtud de la indefensión de las demandadas, la Corte decidió suspender por 120 días el proceso para permitir a PDVSA y PDVSA Petróleo recopilar evidencias para su defensa.

  En febrero de 2020, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Louis L. Stanton, negó a Dresser-Rand Cop. una petición para que se ordenara el pago de los USD 132.295.896,82 más intereses y costos que esta exige a Petróleos de Venezuela S.A.

  El magistrado consideró que PDVSA no pudo utilizar formas legales que le permitieran sortear el bloqueo que el gobierno de Estados Unidos impuso a la empresa estatal para cumplir con los pagos acordados con Dresser-Rand.

  Stanton estimó que la prohibición legal establecida en las sanciones constituyen argumentos suficientes para demostrar que PDVSA tiene "problemas materiales de imposibilidad de pago" para cumplir con la obligación de pago con Dresser-Rand.

  Sin embargo, el juez cree que PDVSA Petróleo S.A., garante del acuerdo, está obligada a cumplir con el pago en función de los documentos que firmó la petrolera con la compañía estadounidense.

   El 20 de marzo de 2020, PDVSA y PDVSA Petróleos sometieron al tribunal una moción de reconsideración de la orden de concesión de sentencia sumaria contra PDVSA Petróleos, que es la garante del acuerdo, y que está obligada a pagar. El 31 de marzo de 2020 el juez negó la solicitud de reconsideración.

miércoles, 12 de febrero de 2020

Juez de EE. UU. niega moción presentada por Dresser-Rand Cop. para que ordenara a PDVSA pagar $132 millones en deuda vencida

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Louis L. Stanton, negó una petición de la empresa norteamericana Dresser-Rand Cop. para  que el tribunal ordenara a Petróleos de Venezuela  S.A. que pague $132 millones, más intereses, de una deuda que la petrolera incumplió con un tenedor de bonos, argumentando que las sanciones de los Estados Unidos hacen legalmente imposible que PDVSA pague sus obligaciones con los tenedores de las notas financieras.

  El juez Stanton dijo que Petróleos de Venezuela SA no pudo utilizar formas legales que le permitieran sortear el bloqueo que el gobierno de los EE. UU.  ha impuesto a PDVSA para poder cumplir con los pagos acordados con Dresser-Rand que ahora se denomina Siemens Oil and Gas.

   El juez Stanton señaló que PDVSA está en el centro de una lucha de poder entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó. Las sanciones de los Estados Unidos, prohíben todos los tratos de personas y empresas estadounidenses con PDVSA dentro de los Estados Unidos, a la vez que bloquean la transferencia de cualquier propiedad en EE. U..

   La orden del juez destaca que "la prohibición legal establecidas en las sanciones son argumentos suficientes para demostrar que PDVSA tiene "problemas materiales de imposibilidad de pago" para cumplir con la obligación de pago con Dresser-Rand".

   A pesar de esta decisión, el juez dictaminó que una subsidiaria de PDVSA, PDVSA Petróleo SA, está obligada a cumplir con el pago porque es el garante en el acuerdo de pagarés que firmó la petrolera venezolana con la compañía estadounidense que prestó servicios en Venezuela por varios años.

  Como garante, Petróleos de Venezuela S.A "ha renunciado a todas las defensas excepto a la del pago completo", dijo el juez, pero no está claro si realmente puede hacer el pago y cómo lo puede hacer.

  "Si actualmente es imposible que el garante realice el pago o la satisfacción de la sentencia, entonces debe diferirse como una cuestión de la ley de los Estados Unidos, pero esas cuestiones no se presentan en esta moción", dijo el juez al otorgar la moción de resumen de Dresser-Rand sentencia contra  PDVSA Petróleo S.A.

   En un acuerdo de notas de 2017, PDVSA acordó, con PDVSA Petróleo S.A. firmado como garante, pagar a Dresser-Rand la suma principal de $ 119.6 millones en pagos programados con una tasa de interés anual de 6.5% y una tasa de interés predeterminada de 8.5%, según la corte. documentos.


  La compañía petrolera estatal pudo cumplir sus dos primeros pagos sin problemas, pero atribuyó su incapacidad para realizar los siguientes pagos a tiempo, debido a las limitaciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos el 25 de agosto de 2017, particularmente las establecidas en la  Orden ejecutiva 13808, (82) según la cual, se prohíben transacciones de financiación (y otros tratos) entre una persona  (entidad) de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos con la petrolera venezolana.

 "Si actualmente es posible que el garante realice el pago o la satisfacción de la sentencia debe diferirse como una cuestión de la ley de los Estados Unidos, son cuestiones que no se presentan en esta moción", dijo el juez al otorgar la moción de resumen de Dresser-Rand sentencia contra PDVSA Petróleo S.A.

    En un acuerdo de notas de 2017, PDVSA acordó, (con PDVSA Petróleo S.A. como garante), pagar a Dresser-Rand la suma principal de $ 119.6 millones en pagos programados con una tasa de interés anual de 6.5% y una tasa de interés predeterminada de 8.5%, según la corte. documentos.

   La compañía petrolera estatal pudo cumplir sus dos primeros pagos sin problemas, pero atribuyó su incapacidad para realizar los siguientes pagos oportunos a las limitaciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos el 25 de agosto de 2017.

   Dresser-Rand extendió los plazos de pago, y PDVSA tomó medidas para pagar a través de un banco o moneda diferente a la especificada en el acuerdo de pagarés, pero la compañía de EE. UU. sostuvo que debido a una política interna no podía recibir el pago. 

   Dresser- Rand le envió a PDVSA un aviso de incumplimiento en febrero de 2014, seguido de un aviso de aceleración, liquidando todo el dinero impago según el acuerdo de pagar vencido y a pagar en su totalidad.

   La compañía estadounidense luego solicitó un juicio sumario en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, pero PDVSA sometió una moción para retirar dicha posibilidad de la corte federal.