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viernes, 17 de mayo de 2019

Régimen de Venezuela es considerado una 'Empresa Criminal Conjunta Bolivariana' o una 'red de redes'

Los expertos aseguran que "a pesar de las sanciones económicas de los Estados Unidos, la creciente condena internacional y la falta de legitimidad política, el régimen de Maduro no ha colapsado y no lo hará por un largo período de tiempo". 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un informe presentado por el experto Douglas Farah y Caitlyn Yates de IBI Consultants, LLC y National Defense University (INSS) presenta una visión profunda sobre los alcances logrados por la llamada alianza de los estados bolivarianos creada por Hugo Chávez y mantenida por Nicolás Maduro, quienes junto con las FARC se ha fusionado en lo que los investigadores han denominado como la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana – o un consorcio de estados criminales y actores no estatales que trabajan en concierto con objetivos compartidos.


El reporte que resume 5 años de trabajo, señala que la "empresa criminal conjunta, no sólo ha tomado billones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región". 

Farah sostiene que la cartera criminal usada por la organización  se ha diversificado. Explica que cuando los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se estancó, tales condiciones obligaron a "Nicolás Maduro a dedicarse cada vez más a actividades más diversas como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro" y gracias a esas actividades y a pesar de la declinación de PDVSA, el régimen continúa funcionando como una operación delictiva.

La investigación ofrece un panorama de una de las facetas de esta empresa que se define como una entidad compleja, global y frecuentemente patrocinada por el Estado

Tras cinco años de investigación de campo y recolección de documentos en 11 países y el análisis de fuentes abiertas, la investigación afirma que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana debería ser entendida como una red de redes – y no actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina. 

El informe identifica en total a 181 individuos y 176 compañías que operan en al menos 26 países. La suma financiera de estos hechos criminales no se conoce con exactidud, pero una investigación reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió US$ 28 billones de PDVSA. Farah sostiene que sus averiguaciones le han permitido localizar al menos US$ 10 billones en fondos vinculados a Venezuela que se mueven entre 2007 y 2018.

En el informe se argumenta que el desafío más difícil para el desmantelamiento de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es abordar la cartera criminal diversificada y el alcance global de la red. 

Entre otros aspectos, el informe examina "cinco de las numerosas tipologías criminales bajo las cuales trabaja el grupo, incluyendo ventas y préstamos de petróleo falsos; la compra de activos físicos; megaproyectos de infraestructura; minería de oro ilegal; y transferencias entre bancos". 

Los expertos aseguran que "a pesar de las sanciones económicas de los Estados Unidos, la creciente condena internacional y la falta de legitimidad política, el régimen de Maduro no ha colapsado y no lo hará por un largo período de tiempo". Sostiene que "medidas como designar a PDVSA y sus líderes como criminales son significativas. No obstante, la capacidad de la red para adaptar y diversificar su cartera criminal significa que el dinero continúa fluyendo dentro de las arcas del régimen".

He aquí el informe sobre la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana

En 1998, el pueblo de Venezuela eligió a Hugo Chávez, dando inicio a un movimiento regional conocido como la Revolución Bolivariana. En un intento de aislar a los Estados Unidos y promover su proyecto político del “Socialismo para el Siglo XXI”, Chávez sistemáticamente consolidó el poder del brazo ejecutivo. En su momento transformó PDVSA –la empresa nacional de petróleos de Venezuela–en una empresa regional y multi billonaria, que operaba en conjunto con líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales. Mientras Chávez dirigía el proyecto fue apoyado por el liderazgo político de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador. Durante los últimos veinte años esta red criminal creció hasta abarcar varias docenas de individuos y cientos de empresas de fachada. Nicolás Maduro dio una calurosa bienvenida a la herencia de este régimen criminal en 2013, después de la muerte de Chávez. Veinte años después de la fase de inicio de este proyecto político, esa red extiende a un nivel global, desde El Salvador hasta los Estados Unidos, desde Rusia hasta Hong Kong y a lo largo de varios paraísos fiscales financieros.

Incluso después de que Estados Unidos sancionó a cientos de individuos y entidades por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, Maduro continúa siendo el líder de facto de Venezuela. Los resultados de este régimen criminal culminaron en una economía venezolana que se contrajo en más de un 50% mientras que al menos el 10.5% de la población venezolana vive como refugiada. Esta crisis cada vez más visible impone costos enormes en los vecinos regionales. Mientras tanto, el lavado ilícito de fondos socava el estado de derecho y la democracia, destruye las economías legales, fortalece los regímenes autocráticos corruptos y crea espacios donde prosperan las redes criminales transnacionales organizadas. Mientras las dinámicas de las actividades criminales en Venezuela continúan sin cambios, Maduro siente cada vez más la presión internacional e interna para un cambio en el régimen.

Este informe demuestra la magnitud de lo que nosotros llamamos Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Aquí nosotros subrayamos algunas de las tipologías criminales usadas por la red y exploramos el amplio impacto de esas acciones criminales. Este informe recopila el trabajo de campo realizado durante cinco años en 11 países y aumenta este análisis cualitativo con el análisis de fuentes públicas y datos abiertos. Últimamente afirmamos que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo. A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, esta alianza sobrevivirá y se transformará en una operación más dispersa y sofisticada.

Introducción

El 26 de julio de 2018, 12 individuos vinculados con PDVSA fueron acusados en el Distrito Sur de Florida por conspiración de lavar US$ 1.2 billones, desde la compañía hacia bancos, casas de bolsa y compañías de inversión en bienes raíces en los Estado Unidos.1 La denuncia criminal detalló al menos una tipología de las múltiples que utiliza el gobierno venezolano para mover sumas significativas de dinero a puerto seguro durante la última década. Mientras la denuncia (y sus condenas consecuentes) son importantes, este caso representa sólo una faceta del modo en que los fondos han sido movidos ilícitamente por las estructuras del Estado, desde que la Revolución Bolivariana fue lanzada tras la elección de Hugo Chávez.

Con la orientación de Fidel Castro, Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela en 1998 como un héroe nacional, tras el fallido golpe de estado de 1992. El proyecto bolivariano de Chávez fue, desde su inicio, un esfuerzo para crear un nuevo modelo económico y político para América Latina, mientras simultáneamente se comprometía en una lucha política y económica contra la influencia de Estados Unidos. La idea era crear el “Socialismo del Siglo XXI”, logrando, al menos espiritualmente, una unión política entre Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Diseñó una plataforma popular, anticorrupción y populista y visualizó la vasta riqueza petrolera de Venezuela como la forma financiera para este anticipado final político.


Con los precios del petróleo altos y una gran desilusión con la élite histórica de la región, Chávez alcanzó el momento para lanzar su movimiento populista en la región. Para ello, entre 2005 y 2010 logró exitosamente a apoyar en financiar las campañas presidenciales de los candidatos con mentalidad radical, populista y autoritaria. Esos líderes incluyeron a Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Mel Zelaya (Honduras), Daniel Ortega (Nicaragua), Mauricio Funes -financiado por José Luis Merino6(El Salvador), y Desi Bouterse (Surinam). Chávez también mantuvo fuertes relaciones con el gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y con el gobierno populista radical de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.

No es coincidencia que la mayoría de los líderes de países bolivarianos, compartan historias de lucha en apoyo de las viejas fuerzas armadas guerrilleras de izquierda. Mientras la Revolución Bolivariana institucionalmente comenzó en 1998, las raíces del movimiento comenzaban décadas atrás, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua (FSLN), el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador (FMLN), la Revolución Cubana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)7. Décadas más tarde, los recuerdos y lazos desarrollados durante los conflictos civiles creó un vínculo de confianza entre los nuevos líderes empoderados. La estatura de Chávez en el grupo bolivariano derivó, en parte, de su experiencia militar y de su ideología militarista, pero más que nada de su complacencia en gastar billones de los fondos de PDVSA en el hemisferio.

La alianza de los estados bolivarianos junto con las FARC se ha fusionado en lo que nosotros definimos como la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana – o un consorcio de estados criminales y actores no estatales que trabajan en concierto con objetivos compartidos. Esta empresa criminal conjunta, no sólo ha tomado billones de dólares de las arcas del estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región. La cartera criminal usada por aquellos en ese movimiento ha continuado diversificándose, como cuando los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se estancó. Tales condiciones forzaron al nuevo presidente Nicolás Maduro a dedicarse cada vez más a actividades más diversas como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro, pero incluso con la declinación de PDVSA, el régimen continúa funcionando como una operación delictiva.

Este informe ofrece un panorama de una de las facetas de esta empresa que se define como una entidad compleja, global y frecuentemente patrocinada por el Estado. Basamos nuestros hallazgos en cinco años de investigación de campo y recolección de documentos en 11 países, como también en el análisis de fuentes abiertas. Afirmamos que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana debería ser entendida como una red de redes – no actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina. En total identificamos 181 individuos y 176 compañías operando en al menos 26 países. La suma financiera de estos hechos criminales no se conoce con exactidud, pero una investigación reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió US$ 28 billones de PDVSA10 Nosotros hemos localizado por lo menos US$ 10 billones en fondos vinculados a Venezuela que se mueven entre 2007 y 2018.

En última instancia, argumentamos que el desafío más difícil para el desmantelamiento de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es abordar la cartera criminal diversificada y el alcance global de la red. Examinamos sólo cinco de las numerosas tipologías criminales bajo las cuales trabaja el grupo, incluyendo ventas y préstamos de petróleo falsos; la compra de activos físicos; megaproyectos de infraestructura; minería de oro ilegal; y transferencias entre bancos. También aseguramos que a pesar de las sanciones económicas de los Estados Unidos, la creciente condena internacional y la falta de legitimidad política, el régimen de Maduro no ha colapsado y no lo hará por un largo período de tiempo. Medidas como designar a PDVSA y sus líderes como criminales son significativos. No obstante, la capacidad de la red para adaptar y diversificar su cartera criminal significa que el dinero continúa fluyendo dentro de las arcas del régimen.

Ventas Falsificadas de Petróleo

Los esquemas de venta falsa de petróleo son la base sobre la cual comenzó a funcionar la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. PDVSA es la accionista mayoritaria en varias subsidiarias petroleras de la región, a través de su sucursal PDV Caribe. Esta posee el 60% de Petróleos Alba en El Salvador y el 51% de Albanisa en Nicaragua.11 El control de PDVSA sobre cada compañía involucrada en el consorcio del ALBA, permite mover fondos a través de la compañía venezolana hacia sus subsidiarias centroamericanas con facilidad. Más aún, las sumas de dinero que se mueven a través de PDV Caribe son importantes.

Las entrevistas del autor con individuos cercanos a Petróleos ALBA revelaron que la subsidiaria casi no recibió petróleo de PDVSA entre 2010 y 2017, si bien la subsidiaria salvadoreña registró ingresos de aproximadamente US$ 200 millones por año -totalizando unos US$ 1.2 billones durante la década examinada. En Nicaragua, Albanisa obtuvo más petróleo de PDVSA, pero la subsidiaria nicaragüense recibió fondos que superaban con creces las importaciones. En el caso de Albanisa, el dinero provisto totalizó entre US$ 400 millones a US$ 600 millones o US$ 4 a US$ 6 billones de fondos ilícitos durante la última década.12 Estos fondos fueron manejados por un pequeño número de elites políticas aun cuando cada año los fondos representaban entre el 16% y el 20% del presupuesto nacional en Nicaragua y el 15% de El Salvador.


A pesar de todo, los fondos jamás pasaron por un proceso de aprobación del Congreso o por ningún mecanismo contable.13 Para crear un rastro de papel correspondiente, tanto Alba Petróleos como Albanisa establecieron docenas de compañías y empresas de fachada donde invertían fuerte, al menos en el papel – en producción de alimentos, instituciones financieras, aerolíneas, centros de estudio, proyectos de energía alternativa, adquisición de tierras, gasolineras y otras actividades. Todas esas compañías que se informó operaban bajo la bandera de ALBA incluyeron juntas directivas corporativas interconectadas y rara vez cumplieron con los requisitos legales en cuanto a la presentación de informes financieros. En ambos casos entrelazando redes de incondicionales del partido político, funcionarios superiores del gobierno y funcionarios de PDVSA dirigen las agencias subsidiarias.14 Aunque la más notable dinámica es que la mayoría de los proyectos que las compañías petroleras afirman financiar, no existen físicamente ni producen bienes o servicios.

En el caso de Alba Petróleos, José Luis Merino (Viceministro de El Salvador de Asuntos Extranjeros para Inversión y Desarrollo Financiero y ex comandante del FMLN) y otros reputados testaferros, crearon una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá. Desde allí, Alba Petróleos y sus compañías vinculadas, les prestaron a ocho compañías panameñas bajo su control al menos US$ 1.1 billones entre 2007 y 2017. Esas compañías en su momento movieron el dinero a paraísos fiscales en el Caribe y Europa, incluyendo las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia. Finalmente declararon que la mayor parte de la deuda era incobrable.

En el caso de Nicaragua, los fondos de Albanisa no están tan bien trazados porque el régimen de Ortega se negó sistemáticamente a completar la información requerida y permitió sólo a una poca gente de confianza el acceso a los informes financieros. No obstante, el sitio web de investigación Confidential,16 y otros investigadores, documentaron partes de la estructura. La cual usó métodos similares para crear docenas de compañías de fachada, incluyendo un banco (el cual será analizado más adelante en el informe), por parte de Albanisa, para guardar los fondos hasta tanto el dinero era movido al exterior.

Compras Sistemáticas de Activos

El 16 de agosto de 2018, Raúl Gorrín, venezolano, propietario de una red de noticias fue acusado de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, de conspiración para cometer lavado de dinero y por lavado de dinero.18 Gorrín se declaró culpable de todos los cargos. Este caso sirvió como ejemplo de cómo este esquema de activos fijos sirve para lavar fondos estatales venezolanos fuera del país y en paraísos fiscales o en otros países que resulten atractivos. En la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, el destino final de estos activos fijos es a menudo Estados Unidos.


En total, fueron mencionados 12 conspiradores en el caso del esquema para cambio de moneda extranjera donde el bolívar venezolano era negociado por un dólar fijo, cuyo precio era significativamente más alto que la tasa de cambio oficial. Se estima que este esquema habría lavado entre 1.2 y 2.4 billones de dólares, utilizando el sistema financiero de Estados Unidos, a lo largo de cuatro años. La participación de Gorrín en este esquema totalizó aproximadamente US$ 159 millones.20 Si bien, este esquema comenzó en 2014, el involucramiento de Gorrín puede rastrearse hasta el año 2008 cuando él comenzó a pagar sobornos para retener contratos comerciales.21 Así se convirtió en un socio confiable para los funcionarios venezolanos corruptos, Gorrín pagó sobornos y lavó fondos durante toda la década pasada por medio de las cuentas del banco de PDVSA, que podían operar en dólares sin estar sujetas a controles de cambio o restricciones bancarias.


La tipología de manipulación de cambio dio a los miembros del régimen, acceso a los escasos dólares existentes a una tasa preferencial más alta. Los involucrados recibían luego instrucciones para sacar los dólares de Venezuela, frecuentemente disimulados como fondos para el pago de importaciones o bien como ganancias provenientes de exportaciones. Los controles de cambio para el ciudadano común se convirtieron en una necesidad dado que una inflación sin precedentes hacía que la moneda local, el bolívar, valiera menos cada día y el régimen se desesperaba por recolectar tantos dólares como fuera posible (o cualquier moneda menos bolívares).


La mayoría de este dinero era movido a través de los Estados Unidos hasta Suiza y de allí regresaba a los Estados Unidos. Para ocultar el origen de los fondos, Gorrín movía el dinero por intermedio de compañías de fachada, lo que incluyó adquirir el banco dominicano Peravia para ocultar el origen de los fondos. De allí, Gorrín ocultaba los fondos lavados a través de la inversión en bienes raíces o en la compra de otros valores. La investigación criminal encontró que entre las compras que Gorrín realizó, había comprado tres aviones jets, un yate, múltiples caballos premiados y numerosos relojes de primeras marcas. Como los fondos no estaban más en efectivo o en alguna forma en que se pudieran rastrear, el esquema de lavado resultaba más difícil de detectar que si el dinero hubiera continuado moviéndose por intermedio de bancos o transacciones financieras rastreables.

Como resultado de su declaración de culpabilidad, en noviembre de 2018, al menos 24 de las propiedades de Gorrín (ubicados en los estados de Nueva York y Florida), fueron incautados. Sólo los siete condominios en Nueva York, tienen un valor estimado de US$ 40 millones. Las autoridades también incautaron 17 caballos de raza y varios vehículos de lujo. En este caso, como en la mayoría de los ejemplos de esta tipología criminal, Gorrín fue uno de los múltiples participantes, donde cada uno sacaba una parte del total. Esto continúa sirviendo como una tipología criminal común en varios países integrantes de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.

Minería Ilegal

En los últimos años, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana ha diversificado sus operaciones dentro de la minería del oro ilícita como forma de obtener ganancias y como forma de lavar los ingresos de múltiples delitos a través de una industria poco regulada. Es decir que la decisión de la Empresa de dedicarse al oro se debe, al menos en parte, a los altos precios del oro en el mercado internacional, la facilidad con la cual el oro puede ser movido y convertido en efectivo y el bajo riesgo de detección de las transacciones ilegales. El ejemplo más claro del esquema ilícito del movimiento de oro en relación con esta empresa criminal, es Kaloti Suriname Mint House (KSMH) que opera cerca de Paramaribo, Surinam. Inaugurada en 2015, la compañía mantiene una sociedad entre Surinam y Kaloti Precious Metals de los Emiratos Árabes Unidos. KSMH opera bajo la protección del presidente Desi Bouterse, quien es: condenado del narcotráfico, proveedor de armas para las FARC y un individuo que fue elegido con apoyo financiero de Chávez.

KSMH es un proyecto totalmente irracional y ficticio, que en los papeles costó US$ 20 millones y está ubicado en el país más aislado del hemisferio. No hay una ventaja competitiva entre los distribuidores de oro de los países productores de oro, quienes envían su oro a Miami o Europa en viajes comerciales diarios directos. Mientras que Surinam produce unas 28 toneladas de oro al año, la instalación tiene capacidad para refinar 60 toneladas de oro. Varias visitas de campo en junio de 2016 a KSMH, en la ciudad de Wit Santi que está ubicada cerca del aeropuerto internacional del país, arrojaron que la refinería no existe. De hecho, el edificio que alberga el proyecto no muestra actividad comercial ninguna. Entrevistas con comerciantes de oro en Surinam, confirmaron la inexistencia de la refinería.

Lo que hace tan valiosa a KSMH, es la facilidad con la cual la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, puede exportar su oro como originario de Surinam, disfrazando el verdadero origen del metal y evitando el escrutinio y las sanciones. El oro que se mueve a través de KSMH es probablemente producido legalmente en otros países de América Latina y es ideal para ubicar los flujos de recursos ilícitos y el lavado que lo acompaña. Además, el trabajo de campo realizado por IBI Consultants encontró que KSMH, ahora también certifica las exportaciones de oro de Surinam, así como también exporta oro que no existe, certificando exportaciones sin mover ningún oro. En la práctica entonces, uno puede obtener un certificado de exportación de oro de Surinam sin tener que exportar ningún oro, creando un mecanismo para justificar depósitos en efectivo que de otro modo serían sospechosos.

Como el movimiento de fondos bolivarianos están bajo escrutinio, para el régimen de Maduro es una forma menos regulada para conseguir efectivo que de otro modo sería bloqueado por las sanciones financieras. Solo en 2018, el estado venezolano vendió 73.2 toneladas de oro en Turquía y Emiratos Árabes Unidos, parte del mismo terminó bastante lejos, en Uganda. Dado que las reservas de oro del Banco Central Venezolano crecieron en 11 toneladas en 2018, a pesar de la venta masiva en curso, todo hace suponer que una importante cantidad de mercadería era obtenida ilegalmente por los grupos disidentes de la FARC y el ELN. La venta de oro ilegal, diamantes, coltán y otros bienes de fácil distribución que son además difíciles de rastrear, son una cada vez más creciente tipología criminal para la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.


Proyectos de Infraestructura Falsos

La transferencia de grandes sumas de dinero del Estado a través de proyectos de infraestructura inexistentes es una metodología importante usada por los estados criminales para lavar fondos. El hecho de que los Estados colocan los fondos a través de esos proyectos y controla los organismos que investigan esas operaciones, la supervisión y auditoría estatal no existe. Ni PDVSA ni sus subsidiarias centroamericanas, podrían ser investigadas por auditores de impuestos, las fuerzas de la ley o entidades de control financiero porque todos estaban bajo el control del Estado, cuyos líderes permitían que las operaciones avanzaran y se beneficiaban ellos mismos de esas actividades. Como esta tipología criminal ha sido perfeccionada a lo largo del tiempo, ahora es una de las más efectivas estrategias y con metodologías menos riesgosas que utiliza la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.

Uno de los más grandes de estos casos, fue la firma de un programa anunciado entre Albanisa y PDVSA en Nicaragua. En 2007, los presidentes Chávez y Ortega colocaron la piedra angular donde Nicaragua iba a construir una enorme refinería para refinar el petróleo pesado de PDVSA. Los presidentes anunciaron que el proyecto costaría un estimado de US$ 6.6 billones, una suma de dinero absurda y económicamente irracional para un proyecto como tal, que además llevaría el grandioso nombre de “El Supremo Sueño de Bolívar”. La refinería en los papeles recibió un aporte inicial de US$ 32 millones en 2008 y un adicional de US$ 60 millones a lo largo de los tres años siguientes. En 2012 y 2013 el programa recibió un adicional de US$ 341.2 millones.  Desde 2013 las sumas dedicadas a este proyecto no son bien conocidas, pero los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aportaron varias decenas de millones a lo largo de 2015. Llegados a este punto, las huellas en papel del financiamiento se pierden. 

Sin embargo, casi un medio billón de dólares habría pasado por este proyecto y dejaron muy pocos resultados visibles. Múltiples visitas al sitio de la construcción entre 2014 y 2016 sólo revelaron un campo vacío con algunos tanques de almacenamiento y una cerca de madera, sin ningún otro signo de construcción de una refinería, excepto los mencionados tanques. En realidad, la cadena delictiva financiera lo que ejecutó es un movimiento de fondos de PDVSA a través de su subsidiaria Albanisa y luego los redistribuyó como pagos por trabajos nunca realizados y materiales inexistentes a compañías contratistas vinculadas a los gobiernos de Ortega y Chávez. Estas compañías fantasmas movían el dinero, ahora “limpio” de regreso bajo control de las estructuras delictivas de Nicaragua y Venezuela.

Si bien la refinería fue uno de los más grandes proyectos ficticios de infraestructura que descubrimos en nuestras investigaciones de campo, fue sólo una de las docenas de empresas similares que lavaron cientos de millones de dólares con el apoyo de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Otros proyectos que nunca se ejecutaron incluían contratos para la exploración petrolera, que nunca se realizó, la construcción de una planta para la producción de vacunas que jamás produjo una vacuna, una planta productora de paneles solares que no produjo paneles, una compañía embotelladora de agua que no generó agua embotellada alguna y docenas de otras empresas fantasmas en toda la región. Esto continúa hoy siendo uno de los más frecuentes tipos de actividades delictivas utilizadas por de la Empresa.

 Transferencias Banco a Banco

La última tipología financiera delictiva explorada en este informe se basa en la transferencia banco a banco. La abundancia de recursos pasando por PDVSA y ALBA forzó a la Empresa a adoptar soluciones sólo disponibles para Estados involucrados en actividades delictivas. En un caso, Nicaragua creó su propio banco bajo la protección del Estado nicaragüense. Este banco estaba directamente controlado por el presidente Ortega y un grupo de sus más cercanos cómplices en los negocios financieros, los que ya controlaban el consorcio Albanisa.


En octubre de 2014, las autoridades de Nicaragua oficialmente registraron el Banco Corporativo (Bancorp) como una entidad financiera y le dieron como domicilio la misma oficina que utilizaba Albanisa. La presentación formal del banco decía que la institución se especializaría en el manejo de inversiones, y las noticias locales informaron que Albanisa resultaba la propietaria. Sin embargo el banco llevaba adelante muy pocas operaciones regulares, optando por no ofrecer cuentas corrientes, préstamos, hipotecas y todas ellas actividades comunes entre los bancos.

Sin embargo, Bancorp funcionó como un depositario de un fondo de US$ 1.5 billones de dólares por parte de Albanisa y sus compañías relacionadas y más de US$ 1 billón en “otros fondos.” Las actividades de la nueva institución bancaria, aparecieron como tan inusuales que los líderes del sector bancario de Nicaragua se reunieron con oficiales de la Embajada de los Estados Unidos en el país para dejar en claro que no tenían relación alguna con este Banco. La preocupación aumentó cuando Bancorp recibió un depósito de US$ 16 millones en efectivo tan solo en el mes de diciembre de 2016. Las alarmas sonaron aún más cuando el banco declaró que sus depósitos aumentaron a US$ 340 millones en 2017, un aumento del 237 por ciento respecto del año anterior, y esto a pesar de la falta de clientes o de una actividad comercial clara.

Una de las anomalías más significativas de Bancorp fue la ausencia de “bancos corresponsales” con entidades bancarias que tuvieran acceso al sistema financiero de los Estados Unidos que realmente impide al banco llevar adelante negocios en el mundo exterior. A través de la investigación de campo determinó que Bancorp, para encontrar una forma de mover dinero afuera de Nicaragua, había abierto una cuenta en la sucursal panameña de un banco asiático con sucursales en Hong Kong, Corea del Sur y Panamá. Así fondos de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana eran entonces transferidos desde Nicaragua a la cuenta de Bancorp con el banco asiático en Panamá, para finalizar su recorrido en la filial de Hong Kong. Allí los fondos eran blanqueados y colocados en diferentes cuentas controladas por Ortega y sus aliados, así luego el dinero podía fácilmente ser movido desde Hong Kong y transferido electrónicamente a cualquier parte del mundo, incluidos los Estados Unidos.

Este mecanismo de transferencias banco a banco, cambió en enero de 2019 cuando los Estados Unidos sancionaron a Bancorp. En respuesta, el Presidente Ortega optó por una opción audaz. El impulsó una propuesta legislativa, por intermedio de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido de Ortega, por la cual, el Estado nicaragüense compraba Bancorp en aproximadamente US$ 23 millones y lo convertía en el Banco Nacional de Nicaragua. La movida sucedió y así amalgamó los fondos de Bancorp haciendo mucho más difícil discriminar e identificar los fondos ilícitos que se mueven en el sistema bancario Nicaragüense.

Impacto Humano y Económico

El costo de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana resultó brutal, pero al menos, hasta cierto punto medible. En 2018 el índice de inflación de Venezuela sobrepasó un millón por ciento y el FMI estimó que este índice sobrepasaría 10 millón por ciento para finales de 2019.43 Además un estudio realizado en Venezuela en el 2017 estimaba que el venezolano promedio había perdido unos 11 kg al año dado la escasez de alimentos en el país. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimó que tan solo el 20% de los medicamentos necesarios resultaba accesible para los venezolanos en el año 2018.45 Las carencias sistemáticas de comida y medicamentos son solo dos tipos de abusos de los derechos humanos cometidos por el régimen de Maduro.

El aumento en intensidad y cantidad de las sanciones aplicadas por los Estados Unidos sobre las compañías estatales venezolanas y los individuos asociados a ellos han sido culpados por algunos por esta crisis humanitaria. Sin embargo, los efectos de estas acciones sobre el venezolano promedio han sido más bien marginales. Existen pocas estimaciones del daño que las sanciones habrían causado en la población venezolana, pero una estimación determinó que entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 las sanciones aplicadas por los Estados Unidos resultaron en aproximadamente U$S6 billones de dólares en pérdidas para Venezuela. Los efectos se aceleraron desde enero de 2019, cuando Estados Unidos anunció sanciones contra PDVSA. Sin embargo, S&P Global estimó que estas sanciones recortaron la producción de crudo venezolano en más del 50% en febrero, una pérdida de aproximadamente U$S6 millones de dólares en ganancias por día. Son significativas, pero estas pérdidas resultan marginales cuando se comparan con los costos del régimen. Además, esas ganancias hubieran sido distribuidas entre la élite política cuyo apoyo es vital, pero no entre el pueblo venezolano. Dicho eso el robo y el desmanejo realizado por el régimen puso a la economía de rodillas, independientemente de las sanciones económicas.

Una forma posible de medir esta crisis es a través del éxodo de refugiados y los costos que implican esta migración forzada. Comenzando en 2014, poco después de la elección de Maduro, comenzó un éxodo de refugiados que dejaban Venezuela y se dirigía principalmente a los vecinos regionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estimó que para enero de 2019, al menos 3.4 millones refugiados venezolanos, o si se quiere el 10.5% de la población total del país (de acuerdo con las cifras de población de 2014), vivían fuera del país. Esto convirtió a la crisis de los refugiados venezolanos en la más grande migración masiva forzada en la historia de América Latina y a la par o excediendo la crisis de los refugiados sirios. Colombia es en números el país más afectado por la crisis. La ACNUR estimó que antes del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela en febrero de 2019, unos 5.000 venezolanos entraban a Colombia cada día.51 Otros países muy afectados por el flujo de refugiados son Perú y Ecuador.

Si bien, los vecinos situados al oeste de Venezuela son los que más refugiados reciben hablando en términos de números, algunos países pequeños del hemisferio soportan una proporción mayor comparado con su población. Curazao alberga 16.147 (por cada cien mil) refugiados venezolanos, lo que es aproximadamente 8 veces mayor que Colombia. Aruba le sigue de cerca con 15.200 y el tercer país proporcionalmente más afectado es Guyana. La crisis de los refugiados venezolanos afecta al hemisferio entero y esto debe ser considerado cuando se analiza globalmente el costo de esta crisis. El ACNUR está requiriendo US$ 201.000 en costos de reasentamiento. Y las Naciones Unidas requerirán un adicional de US$ 738.000 en ayuda humanitaria para el año 2019. Es razonable asumir que esta ayuda humanitaria y los costos de reasentamiento asociados con la crisis venezolana serán al menos de US$ 1.5 billones.


Otro paquete de costos asociados con esta crisis es la deuda externa de Venezuela hacia países extranjeros y organizaciones internacionales, los cuales deberán ser pagados con intereses. Ya a principios de 2019, Venezuela debía a China casi US$ 20 billones. Ellos debían a la compañía petrolera perteneciente al estado ruso, Rosneft, aproximadamente US$ 2.3 billones. Otras estimaciones sugieren que la deuda externa total de Venezuela es de alrededor U$S 100 billones. Como resultado, estimamos que la deuda de Venezuela totaliza entre 22.3 billones y 100 billones de dólares. Una tercera categoría de costos estima, los fondos lavados por la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana por un monto de US$ 10 billones entre los años 2007 y 2018. Esta es una cifra baja comparada con el informe reciente que la estimaba en US$ 28 billones. Una persona entrevistada para este informe, quien estaba directamente involucrada en el movimiento de fondos de PDVSA, estimó que la cifra es cercana a los U$S 43 billones. Nosotros estimamos entre U$S 10 y U$S 43 billones los fondos del Estado que fueron enviados fuera de Venezuela.

Finalmente, de acuerdo con la Asamblea Nacional de Venezuela (que se encuentra en manos de la oposición) la economía del país se redujo en un 53% entre 2013 y 2019. Si bien es muy posible que el reporte de estas pérdidas sea algo impreciso, podemos aproximarnos a las

pérdidas económicas sufridas por Venezuela, basándonos en el PBI. En 2013, la economía venezolana arrojó un producto bruto interno de US$ 381 billones. Asumiendo que la declinación del PBI desde 2013 ha sido de entre un 8 y un 8.5% por año, Venezuela perdió entre 411 y 434 billones de dólares en su PBI desde 2013 hasta 2018. Esta estimación favorece claramente la postura de la oposición venezolana, pero sirve como una aproximación a las pérdidas sufridas atento a la falta de información oficial.

La suma de los costos incurridos por la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana con su consiguiente declinación económica arroja cifras que van entre los 473 y los 633 billones de dólares desde que Maduro se hizo cargo del gobierno en 2013. Como resultado, las acciones de la elite política venezolana generaron una espiral con efectos secundarios y terciarios sobre la población venezolana. Las estimaciones sobre la crisis venezolana son simultáneamente incompletas e imprecisas, pero demuestran la magnitud de la situación. Además, muchas de las acciones y sus resultados subsecuentes no hubieran sido posible sin la asistencia de una verdadera red de actores ilícitos operando por todo el mundo.

Conclusiones

Este informe subraya la interconectividad de los diferentes actores y mecanismos económicos que facilitan la pervivencia de esta Empresa, si bien es actualmente algo debilitada. La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es una estructura única, construida con la participación directa del Estado, actuando en forma criminal y operando a través de múltiples esferas económicas y jurisdicciones policiales. Esta acción criminal cuenta con apoyo de entidades estatales, negocios ilícitos y grupos criminales organizados. El resultado es una compleja operación criminal que socava el estado de derecho, la gobernanza democrática y las alianzas de los Estados Unidos en el hemisferio occidental.

La estructura bolivariana ha probado ser resistente y adaptable con múltiples capacidades redundantes. Operacionalmente, cuando una faceta de esta red criminal es presionada, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana mueve sus operaciones a una nueva área o encuentra nuevos aliados – frecuentemente con diferentes fortalezas y conexiones – pero compartiendo la historia y objetivos comunes de la Empresa. Recientemente, el gobierno estadounidense ha tomado un enfoque más integral frente a estos actores criminales, y esto le está dando resultados significativos. Los esfuerzos para canalizar fondos provenientes de PDVSA y de la estructura bancaria bolivariana hacia el gobierno legítimo de Guaidó y fuera del alcance del régimen de Maduro son tan innovadores como necesarios. Pero como el ex Comandante del Comando Sur, James Stavridis, señaló “se necesita una red para combatir una red”.

Nosotros pensamos que la clave para combatir esta red está en la integración de las autoridades y capacidades de todo el gobierno de los Estados Unidos y en la colaboración de nuestros socios más confiables, como, por ejemplo, Colombia, para posibilitar cortar el alcance de la red bolivariana. Esta aproximación incluye combinar los recursos y la autoridad del Departamento del Tesoro, Departamento de Estado, Departamento de Justicia, Departamento de Homeland Security y de Defensa, en colaboración con la comunidad de inteligencia para enfrentar los múltiples nodos de la Empresa. Sin embargo, enfrentar a la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, también requiere acciones más allá de Venezuela y a la vez un compromiso más robusto y a largo plazo con las naciones políticamente aliadas en el Hemisferio Occidental. En tanto que los pilares ideológicos de la Revolución Bolivariana han sido ampliamente desacreditados, se presenta una oportunidad para los Estados Unidos acercarse a la región y encarar la complejidad que esta Empresa criminal plantea.


martes, 12 de septiembre de 2017

Solicitan ante el Senado de los EEUU investigar operaciones financieras de ALBA Petróleos y Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, (Pdvsa) fue una de las tantas solicitudes que realizó ante la Comisión del Senado para el Control Internacional de Narcóticos, el investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, Douglas Farah.
El experto dijo que la principal estructura de lavado de dinero de las FARC (así como el régimen de Maduro y otros grupos delictivos) es la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por los EE.UU.

Durante su testimonio destacó la importancia que tiene para la lucha contra el narcotráfico el financiamiento y el apoyo a los esfuerzos que realiza actualmente el Departamento del Tesoro de los EE.UU. y las agencias federales para perseguir y sancionar a las autoridades penales centroamericanas y venezolanas. 

Farah afirmó que se debe hacer un esfuerzo para perseguir las redes aliadas a las FARC y para desmantelar una red que plantea un serio desafío, no sólo a los intereses de seguridad de los Estados Unidos, sino a la supervivencia del Estado de gran parte de América Latina.

El investigador testificó este martes 12 de septiembre ante el Senado en el marco de las discusiones que se llevan a cabo en la búsqueda de la adaptación de los esfuerzos estadounidenses contra el narcotráfico en Colombia.

Frente al presidente de la Comisión, Senador Grassley y la copresidente, Dianne Feinstein el experto explicó su punto de vista sobre el curso del proceso posterior al tratado de paz firmada entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y su impacto en la delincuencia organizada transnacional y las amenazas a la seguridad regional. 

Farah dijo que hablaba a título personal y no como representante de ninguna de las organizaciones a las que está afiliado.

Durante su testimonio, explicó que durante varias décadas, Colombia se ha enfrentado a desafíos extraordinarios como punto hemisférica contra la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, determinados liderazgo, con el apoyo y la cooperación de los Estados Unidos, lograron la lucha contra las insurgencias criminales. 

Bajo el Plan Colombia, ambos gobiernos trabajaron juntos por más de 15 años, a un costo de miles de millones de dólares, para luchar contra la amenaza híbrida de narco-guerrilla que una vez llevó a Colombia al borde del colapso.

El acuerdo de paz de 2016 con los insurgentes de las FARC, el mayor organización criminal y terrorista transnacional  de Colombia, trae consigo nuevos desafíos y oportunidades de lucha contra la delincuencia organizada. 

El camino hacia adelante requiere continuidad, vigilancia y cooperación de los Estados Unidos y voluntad política de los gobiernos colombianos para superar las décadas de violencia de la guerrilla, grupos paramilitares y notorios cárteles de la cocaína.

Dado que varios grupos delictivos organizados permanecen activos en territorio colombiano, la alianza y la cooperación contra la delincuencia organizada son tan importantes como siempre; sin embargo, las cambiantes realidades políticas y la evolución de los grupos delictivos Colombia requieren una evaluación honesta de la continua amenaza, así como la capacidad y voluntad política para adaptarse a las nuevas realidades.

Durante años, las FARC fueron las más grande organización criminal. Sin embargo, muchos otros, que han demostrado la capacidad de evolucionar y adaptarse en la cara de la adversidad, han desempeñado un papel importante en el conflicto ilícito del hemisferio y están listos para explotar cualquier vacío que dejó el papel de las FARC. Estos grupos constituyen una seria amenaza para las instituciones democráticas de Colombia, ya que sus actividades delictivas ocupan el espacio que antes estaba dominado por las FARC, acotó.

Pero el papel de las FARC sigue siendo problemático, particularmente debido a la opacidad de su liderazgo con respecto a los probables miles de millones de dólares en activos ocultos derivados del tráfico de drogas, secuestro y extorsión; su alianza con estados criminales como Venezuela que tienen un profundo desdén por la democracia, el imperio de la ley y la asociación con  los Estados miembros; y su falta de compromiso para erradicar el cultivo de coca y la producción de cocaína.

Después de años de turbulenta negociación, el gobierno firmó y ratificó un controvertido acuerdo final con las FARC a finales de 2016, a pesar de serias preocupaciones implicaciones para los derechos humanos, la justicia y las instituciones democráticas colombianas. 

El acuerdo proporcionó el marco para la desmovilización y reintegración de unos 7.000 guerrilleros de las FARC, así como planes para la participación legal de las FARC en el proceso político.

Sigue habiendo serias preocupaciones sobre el cumplimiento por parte de las FARC del acuerdo, requisitos para entregar armas, declarar activos, someterse a la justicia de transición y finalizar de manera verificable las relaciones con las actividades delictivas de los disidentes de las FARC.

En parte debido a las extensas concesiones que el gobierno hizo durante las negociaciones, la producción de coca se ha disparado a niveles récord en los últimos años, a que Colombia sigue siendo fuente y punto de tránsito para las drogas y una base para las redes criminales. 

Más cocaína luego del tratado de paz

El gobierno de los EEUU estima que Colombia produjo una histórica alta de 188.000 hectáreas (477.520 acres) de coca, la materia prima para producir cocaína, en 2016. Se trata de un aumento del 20 por ciento en relación al año anterior y un aumento del 80 por ciento sobre la estimación promedio de la producción anual entre 2008 y 2015. El crecimiento de la producción de coca se encuentra principalmente en áreas bajo control de las FARC.

Estas cifras, combinadas con el potencial acceso del movimiento naciente a los recursos financieros clandestinos e ilegítimos, plantean serias dudas sobre si el acuerdo marca verdaderamente  la amenaza criminal de las FARC y si los recursos ocultos encontrarán su camino en las actividades políticas de las FARC, facilitando una nueva ola de corrupción y subversión política.

Farah dijo que su testimonio se centra en el cambio en las estructuras financieras de las FARC, a la luz de durante el proceso de aplicación del acuerdo de paz firmado.

Fondos de las FARC y lavado de dinero

Un estudio realizado en 2012 por el gobierno colombiano estimó los activos de las FARC en 10.500 millones de dólares. Mientras que otras estimaciones varían ampliamente, las estimaciones serias de los activos ocultos de las FARC en general oscilan entre $3 mil millones y $5 mil millones.

Sin embargo, el grupo proporcionada en agosto de 2017, por un total de 324 millones de dólares, es una contabilidad muy alejada de sus tenencias. 

La falta de responsabilidad financiera plena y honesta de las FARC es significativa porque alienta las intenciones del grupo y la transparencia en otros aspectos del proceso de paz. De hecho, las FARC sólo consintieron en proporcionar una contabilidad completa de sus activos financieros después de que la primera versión del acuerdo de paz fuera derrotada mediante un referéndum nacional.

En julio, el Procurador General Martínez informó que un equipo de su oficina estaba realizando un metanálisis de las transacciones bancarias y otras evidencias obtenidas de fuentes policiales y militares, diseñadas para identificar la ubicación y el valor de los activos de las FARC, señaló Farah.

Dijo que Martínez había afirmado que los activos de las FARC identificados dentro de Colombia sumó miles de millones de pesos (cientos de millones de dólares), obtenidos de años de tráfico de drogas y oro, e incluyó operaciones inmobiliarias y comerciales en todo el país. 

Citó al procurador cuando pidió que se ponga fin a la "leyenda de la pobreza franciscana" que ha sido perpetrada por las FARC, refiriéndose al refrán común del liderazgo de que el ejército guerrillero ya no controla activos financieros significativos.

La falta de transparencia de las FARC fue evidente cuando, a mediados de agosto, en respuesta a las presiones de la Procuraduría General y en otros lugares, el grupo entregó un documento de 135 páginas a la Misión de las Naciones Unidas y al gobierno colombiano. Se pretendía que el documento fuera una descripción completa de los activos de las FARC, los cuales, bajo los términos del acuerdo de paz, se utilizarían exclusivamente para las reparaciones de las víctimas.

El Procurador General de Colombia concluyó que, en vez de detallar las tenencias de bienes raíces, negocios y otros activos financieros que podrían ser perdidos para pagar reparaciones, las FARC han listado en su inventario "activos" en su mayor parte sin valor, incluyendo una lista de las escobas domésticas , utensilios de cocina y botas de goma utilizadas por las filas guerrilleras. La lista también incluía un inventario de las armas que el grupo había entregado, el valor de las carreteras que afirmaban haber construido y un poco de oro y bienes tangibles.

En respuesta a la crítica del inventario del Procurador General Martínez, el gobierno colombiano ha anunciado la formación de una nueva comisión para verificar los activos de las FARC y confiscarlos. 

Desafortunadamente, muchos de esos activos ya han sido lavados en el sistema financiero mundial.

Es mi evaluación, basada en una extensa investigación de campo durante cuatro años y en la revisión de documentos adquiridos durante la investigación que, además de los recursos que el fiscal general colombiano ha encontrado dentro de Colombia, y la leyenda de la pobreza franciscana es una narración falsa.

IBI Consultants ha podido detectar parcialmente más de $2 mil millones en transacciones sospechosas, involucrando en gran parte fondos de las FARC, ya que se mueven a través de una red de aliados de las FARC en Centroamérica y luego en paraísos costa afuera. 

Es probable que otras redes que aún no se hayan descubierto. La infraestructura en marcha también podría permitir a las FARC continuar generando fondos mediante actividades ilícitas y lavando los recursos.

Esta disposición sirve como una salvaguarda contra el ex grupo guerrillero pueda perder el control de su cartera de miles de millones de dólares. La investigación sugiere además que las FARC ya han comenzado a utilizar estos activos de propiedad extranjera para impulsar un nuevo partido político, uno que la esperanza de los insurgentes les impulsará a convertirse en una fuerza política duradera y ganar victorias electorales rápidas; tales victorias plantearían severos desafíos a la democracia y al estado de derecho, al igual que sus patrocinadores de estado populistas radicales liderados por Venezuela.

Este modelo de estructuras de holding extranjeras, combinado con tácticas creativas de repatriación, depende del uso de las instituciones financieras controladas por estados criminalizados, que operan bajo el paraguas de los gobiernos populistas autoritarios radicales del bloque bolivariano.  Este bloque, liderado por Venezuela, incluye a Bolivia, Ecuador, Suriname, Nicaragua y El Salvador.

Las FARC son parte integrante del bloque de naciones bolivarianas altamente criminalizadas, donde los estados utilizan a las FARC y otros grupos criminales como instrumentos del poder estatal y se ven como una alianza contra el control imperialista de los Estados Unidos en América Latina. Esta alianza basada en la confianza se basa en décadas de alianzas políticas, militares y económicas mutuamente beneficiosas, y la visión compartida de que Estados Unidos es el principal enemigo de América Latina proporcionados en agosto de 2017, por un total de 324 millones de dólares, es una valores en cartera.

La falta de responsabilidad financiera plena y honesta de las FARC es significativa porque por las intenciones del grupo y por la transparencia en otros aspectos del proceso de paz. De hecho, las FARC sólo consintieron en proporcionar una contabilidad completa de sus activos financieros después de la primera versión del acuerdo de paz fue derrotado a través de un referéndum nacional.


La principal estructura de lavado de dinero de las FARC (así como el régimen de Maduro y otros grupos delictivos) es la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por los EE.UU.

En 2015, por ejemplo, al designar la Banca Privada de Andorra, una institución financiera preocupación por el lavado de dinero primario", el Departamento del Tesoro determinó que uno de los principales clientes del banco era PDVSA, que utilizaba el banco para crear productos financieros para sifonar fondos de PDVSA. 

BPA procesó aproximadamente $ 2 mil millones en el régimen de blanqueo de capitales durante un período de dos años.

Los elementos clave de la infraestructura financiera externa de las FARC son:

1. ALBA Petróleos, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en El El Salvador. 

ALBA Petróleos es una parte crítica de un programa multinacional de lavado de dinero que fue construido y operado por miembros de la alianza bolivariana ALBA.

La gestión de Petróleos está confiada exclusivamente al círculo del Partido Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y el principal implicado es el líder del FMLN, José Luis Merino, también conocido por su nombre de guerra Ramiro Vásquez, un antiguo aliado de las FARC y el recientemente 2016) fue nombrado Viceministro de Relaciones Exteriores para Inversiones Internacionales. 

Merino ha estado trabajando estrechamente con las FARC desde al menos  1994 y fue un proveedor clave de armas a los rebeldes colombianos por más de dos décadas. También ha trabajado como el frente a las FARC fuera de Colombia.

El 19 de junio de 2017 un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes escribió al Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin solicitando a su departamento investigar las "actividades bancarias Merino "que ha informado de asociaciones de larga data con organizaciones transnacionales organizadas y con las redes criminales son objeto de investigaciones penales estadounidenses por tráfico de cocaína blanqueo de capitales". 

La carta indicaba correctamente que Merino "Adquirió cientos de millones de dólares en riquezas inexplicables mientras ayudaba a las guerrillas de las FARC con elementos corruptos del gobierno venezolano y otros grupos delictivos a mover los fondos a un puerto seguro".

2. Albanisa, filial de PDVSA en Nicaragua. 

Albanisa es una empresa controlada por el círculo interno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su líder, el actual Presidente Daniel Ortega. La familia de Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo y sus hijos, Laureano y Rafael, también actúan en Albanisa y sus filiales en Nicaragua. Al igual que el FMLN y Merino, el FSLN y Ortega son aliados de las FARC y han proporcionado apoyo político y logístico a los rebeldes por varias décadas.

3. Una red de comandantes disidentes de las FARC, que fueron "expulsados" de las FARC según se informa, se niega a aceptar el acuerdo de paz con el gobierno. Estos los comandantes continúan traficando tanto de oro ilegal como cocaína, y según se informa
mantienen los  vínculos con las FARC, así como con sus aliados centroamericanos.

Los "Estados Criminalizados" bolivarianos y las FARC 

El comportamiento de las FARC durante las negociaciones y la implementación del acuerdo de paz, y en particular sus estrategias para mantener el control de su imperio financiero, puede ser entendido a través de un análisis de su alianza regional con el bloque bolivariano de naciones, y en particular, las lecciones aprendidas de los procesos de paz de sus aliados en la América, El Salvador y Nicaragua.

En los últimos 25 años, estos lazos internacionales han permitido a las FARC establezcan relaciones mutuamente rentables (como la cocaína y el oro ilegal) a través de las fronteras nacionales, y para acceder a las estructuras internacionales de lavado de dinero para ocultar su riqueza. Vale la pena tomar algún tiempo para entender el marco de las naciones que constituyen la Alianza Bolivariana, y comprender su estrecha y simbiótica relación económica y política con la FARC.

Los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), dirigidos por Venezuela, adoptan como doctrina el reemplazo de la democracia representativa por la Democrática "participativa y protagonista", modelada en el sistema cubano, y "permanente confrontación "entre los pueblos latinoamericanos y caribeños y el "imperialismo" encarnada por los Estados Unidos.

Los líderes tienen un corolario populista radical de caudillo: los líderes de estos gobiernos se perciben como la encarnación de la voluntad colectiva del pueblo. Por lo tanto, su legitimidad no puede ser impugnada o su regla terminada sin violar ese colectivo. Por extensión, cualquier oposición -en los ámbitos políticos y judiciales, los medios de sociedad- debe ser erradicada. 

El modelo económico del bloque es "Socialismo del siglo XXI" y la abolición del modelo de mercado libre "neoliberal". 

El modelo del ALBA abarca a las FARC, Hezbolá, la teocracia iraní y Rusia como sus aliados naturales contra los Estados Unidos y la utilización de la delincuencia organizada transnacional como instrumento legítimo para apoyar la revolución.

Es importante señalar que la criminalización estatal no se utiliza para definir un derecho tradicional para dividir la izquierda / derecha, sino más bien ilustrar uno que enfrenta a los líderes populistas radicales con el deseo de aferrarse a en contra de los principios democráticos liberales más tradicionales de la libre y justa elecciones, estado de derecho y la voluntad de dejar el poder cuando se pierden las elecciones.

Numerosos gobiernos socialistas en América Latina funcionan dentro de las normas de la democracia liberal (por ejemplo, Uruguay, Brasil y Chile), operando bajo el imperio de la ley y evitando sirena canción de términos ilimitados en la oficina y desenfrenado poder agarra.

En el modelo estatal penalizado, por el contrario, altos funcionarios, actuando en nombre del estado, son los eslabones o puentes cruciales entre mundos diferentes que no se superponen de otra manera.

Esto elimina todo riesgo de la ecuación para el actor ilícito, y con la eliminación del riesgo, nuevos horizontes abiertos. Este es un punto crucial en el nuevo modelo de convergencia. 

Los grupos TOC, organizaciones terroristas y empresarios legítimos buscan estabilidad, previsibilidad y minimización del riesgo. Cuando el Estado es socio de una empresa, ya sea lícita o ilícita, el beneficio primario es la creación de un entorno empresarial ideal que realce los tres elementos.

El ejemplo más claro es el apoyo de Venezuela, tanto bajo Chávez como el actual Presidente Nicolás Maduro, para las FARC, Hezbollah, Irán, ETA y el tráfico de drogas como una cuestión de política estatal. 

Documentos de las FARC capturados por militares en 2008 muestran que el gobierno de Chávez, con la participación directa de presidente, prestó a las FARC $300 millones para nuevas armas y otros equipos. Las FARC acordaron devolver los envíos de cocaína. Además, los documentos los debates sobre el préstamo y otro apoyo estratégico vital, incluidos los envíos de armas y la creación de grupos frontales, tuvo lugar en Fuerte Tiuna, sede de la militares y de inteligencia en Caracas. 

Sería difícil tener evidencia de patrocinio estatal directo dijo Farah.

La conexión de América Central

Los negocios de ALBA, que operan en América Central, son filiales de la la petrolera PDVSA. La propiedad de PDVSA de las empresas es ilegal, dado que la ley impide que una empresa extranjera invierta en una empresa estatal.

Según sus documentos de fundación, estas empresas se establecieron como vehículos para desarrollo social financiado por el petróleo venezolano subsidiado. PDVSA acordó vender el empresas petroleras a precios reducidos, basándose en la premisa de que Albanisa y ALBA Petróleos podrían utilizar sus ganancias para invertir en el desarrollo de la educación, la atención médica y otros bienes sociales- cortesía del gobierno venezolano. Pero estas compañías parecen  haberse alejado de esta meta declarada.

Las sondas de los periodistas de investigación nicaragüenses en Albanisa encontraron que hasta $4 millones de dólares fueron redirigidos para la "privatización" de lo que se programas de desarrollo en Nicaragua.

En realidad, este dinero a menudo terminó apoyando
campañas políticas y funcionarios enriquecedores; casi nada de esto fue a la oficialmente propósito designado.

El patrón es similar en El Salvador, donde en un período de 5 años (2012-2016) ALBA Petróleos en papel generó $ 1.2 mil millones en ganancias pero prestó más del 90 por ciento de ese dinero a otras compañías que sus líderes controlaban fuera de El Salvador. 

Una investigación en El Salvador descubrió más de $300 millones de ALBA Petróleos canalizado a empresas en Panamá a través de compañías de depósito controladas por y disfrazados de préstamos de ALBA Petróleos y sus subsidiarias.

Otra reciente investigación encontró que la red de ALBA Petróleos está controlada por una serie de testaferros que responden a José Luis Merino y que se sientan en consejos de administración que se superponen, con el fin de controlar el flujo de fondos de El Salvador a empresas extranjeras.

ALBA Petróleos y Albanisa han establecido extensas y casi idénticas redes de empresas que se ocupan de todo, desde paneles solares a tanques de agua, líneas aéreas a la agricultura, empresas e instituciones financieras a la refinación del petróleo. En ambos países, los documentos públicos exigidos a estas empresas han desaparecido en gran medida del registro en los últimos años. En ambos casos, las redes entrelazadas de partidarios funcionarios del gobierno y funcionarios de PDVSA dirigen los organismos subsidiarios. Y en ambos casos, la mayoría de los proyectos que las compañías petroleras pretenden financiar no parecen existir excepto en papel.

Ambos conglomerados tienen notables irregularidades financieras en sus ingresos y gastos, y ambos experimentaron un crecimiento económico inexplicable e irracional.

Dentro de estas subsidiarias, estas irregularidades son producto del lavado de dinero y un ciclo de apoyo financiero en el que participan corruptos funcionarios venezolanos, narcotraficantes  y organizaciones criminales, incluidas las FARC.

La mayor anomalía es el verdadero origen de los fondos para estas empresas multimillonarias.

En un mundo económico racional, los drásticos recortes en las ventas venezolanas de petróleo barato, por la caída de la producción y el colapso económico interno, junto con el hecho de que el el petróleo permanece por debajo de los 50 dólares el barril, conduciría a una caída significativa en los presupuestos de Albanisa y ALBA Petróleos, como lo ha hecho en otras naciones de Petrocaribe.

Barclay's Bank, en marzo de 2015, estimó que el petróleo venezolano va a Petrocaribe, incluyendo El Salvador y Nicaragua, habían caído un 50 por ciento entre 2012 y 2014, de un total de 400.000 barriles por día (BPD) a 200.000 BPD. El banco esperaba que el petróleo flujo para ser reducido más en 2015, de 200.000 BPD a 80.000, que era exacta.

De acuerdo con los documentos internos de PDVSA, la producción en 2017 continuó cayendo precipitadamente, después de otra caída importante desde los niveles de 2015 en 2016. Esto significa que las estructuras centroamericanas recibían en el mejor de los casos menos del 15 por ciento del comenzaron con (y probablemente ni siquiera eso), y lo estaban vendiendo a menos del 50 por ciento del precio proyectado.

Sin embargo, ambas petroleras centroamericanas experimentaron una notable e inexplicable crecimiento económicos. Durante ese período, los ingresos de ALBA Petróleos crecieron un 30 por ciento a 50 por ciento al año.

En Nicaragua, Ortega ha declarado públicamente que Albanisa genera unos $ 400 a $ 500 millones que no pasa por ningún tipo de gobierno o responsabilidad privada, sino básicamente opera como su propio fondo de slush personal. El presupuesto total del Estado nicaragüense es $ 2.5 mil millones al año. Esto significa que una suma que oscila entre el 16 y el 20 por el presupuesto nacional es gastado a discreción exclusiva del presidente, sin supervisión y con pocos envíos de petróleo para explicar el origen de los fondos.

En El Salvador, si las declaraciones públicas de Merino de que ALBA Petróleos generó mil millones de dólares en 2014 representaría alrededor del 15 por ciento anual del presupuesto total de la nación. $4,4 mil millones que fluyen fuera de cualquier rendición de cuentas.

Este tipo de comportamiento económicamente irracional es generalmente visto cuando el dinero ilícito es lavado en los sistemas financieros para justificar su origen. En los casos en que la inversiones del dinero pueden ser rastreadas, los negocios rara vez generan beneficios y no funcionan. Más bien, los proyectos existen en papel, cientos de millones de dólares legitimaron como inversiones en los proyectos ficticios, y el dinero puede entrar en el corriente para ser reutilizada para otros usos.

Aquí es donde el papel del estado criminalizado es fundamental. Tanto la estructura de Ortega y la organización Merino han documentado vínculos duraderos con las FARC que datan de la principios de los noventa; durante varias décadas, ambos sirvieron como súper fijadores más tradicionales para la organización. Sin embargo, es su control de las palancas de estado que ha catapultado estas redes en las filas de importantes estructuras criminales y centros de convergencia para los grupos TOC, organizaciones terroristas y estados criminalizados.

Ahora que estas organizaciones operan con protección de extremo a extremo del estado, tienen acceso no sólo a la protección gubernamental, sino también a la inmunidad de cualquier forma de escrutinio público o responsabilidad por sus acciones.

Dadas las décadas de confianza entre Ortega, Merino y la secretaría de las FARC, está la infraestructura es ideal para trasladar los activos de las FARC a un puerto seguro en el extranjero. 

Hay evidencia anecdótica de que los vastos fondos económicamente irracionales que lavan a través del ALBA Petróleos, Albanisa y sus filiales dispersas desde El Salvador para Gibraltar y de Panamá a Nevada, son por lo menos en parte significativa las FARC económicas recursos que ahora están siendo lavados en el sistema financiero mundial.

Como es el caso de los negocios controlados por ALBA en toda Centroamérica, la evidencia indica que las estructuras de Albanisa de Nicaragua están saliendo sistemáticamente de después de cumplir su propósito como vehículos de lavado de dinero. Por ejemplo, el Albania-controlada Nicaragua Airways sólo voló durante 4 meses después de un multi-millón de dólares inversión; la inversión de $ 360 millones en una nueva red de telefonía celular terminó cubriendo sólo Managua en lugar de toda Centroamérica y está cerrando; y otros proyectos han sido archivados después de "inversiones" de cientos de millones de dólares que no generaron ganancias o crearon compañías reales. 

En total, más de 60 de los proyectos de Albanisa en Nicaragua han sido archivados durante el año pasado.

En la estructura ALBA Petróleos de El Salvador, VECA líneas aéreas, tenencias de bienes raíces, transporte de petróleo empresas y otros han seguido un patrón similar. Después de años de recibir inversiones de decenas de millones de dólares, las empresas repentinamente se declaran insolventes y salir del negocio. 

La hipótesis de trabajo de IBI Consultants es que se debe a la colocación exitosa de gran parte del dinero de las FARC en el sistema financiero legal, haciendo que las compañías frontales sean innecesarias porque ahora se puede acceder al dinero como legal a través de nuevas estructuras jurídicas corporativas. 

Como se señaló anteriormente, gran parte del dinero simplemente transferidos a empresas de primera línea en Panamá y en otros lugares (todos controlado por la misma red), en lugar de estar realmente perdido.

En la era de los acuerdos de paz, el nuevo modelo de operación de las FARC hace activos más importantes que nunca. El propósito expreso de las FARC, el nuevo partido legal, es para construir una coalición de "frente amplio" contra los partidos que cuestionaban o se oponían a la paz.

Es importante señalar que una estrategia similar de "amplio frente" fue utilizada por todos los líderes actuales del Movimiento Bolivariano a través del continente a gran efecto. Está bien trazado, condujo al éxito de Hugo Chávez en Venezuela; Evo Morales en Bolivia; Rafael Correa en Ecuador; Daniel Ortega en Nicaragua; y Mauricio Funes en El Salvador, así como su sucesor Salvador Sánchez Cerén.

En todos los casos, los miembros más moderados de la coalición que frente "fueron expulsados ​​por los partidarios de línea dura dentro de los primeros dos años, dejando la mayoría radicales de la coalición para tomar el control completo de la estructura del partido y aparato. Esto es particularmente cierto cuando el Partido Comunista (Partido Comunista - PC) forman parte de la coalición inicial. El ejemplo más claro de este proceso es el FMLN, donde el Partido Comunista, la fuerza militar más pequeña y menos significativa la organización del FMLN durante la guerra, ahora ejerce un poder político y económico casi absoluto poder dentro del partido. 

Merino es el líder del Partido Comunista.

Relaciones en curso con los DTO de las FARC disidentes. Otra complicación del proceso de paz son los llamados disidentes de las FARC. La historia ha demostrado que se esperaba un cierto nivel de incumplimiento de elementos de las FARC en aplicación del acuerdo de paz. 

Cuando Colombia llegó a un acuerdo de paz los grupos paramilitares en 2006, se presentaron numerosas dificultades de cumplimiento como subgrupos decidieron seguir involucrados en sus actividades delictivas en lugar de desmovilizarse. De manera similar, parece que cientos de disidentes activos de las FARC han optado por no acuerdo de paz.

Si bien se esperaba que la gran mayoría de los disidentes de las FARC se absorbieran ELN, el BACRIM, o una de las otras organizaciones criminales de la región, que un grupo significativo de disidentes de las FARC planea permanecer independiente de grupos criminales, llevando a cabo su misión política original, insurgencia y ocupaciones. Múltiples incidentes proporcionan evidencia de su actividad continuada, incluyendo ataques coordinados contra los militares y el reciente secuestro de un observador de la Oficina de Drogas y Delincuencia.

En diciembre de 2016, un grupo de cinco líderes de las FARC endurecidos por el combate declaró que no desarmar y desmovilizar, como lo exige el acuerdo de paz recientemente firmado. En respuesta, la secretaría general de las FARC afirmó haber expulsado a los cinco comandantes y sus seguidores del movimiento guerrillero.

Según la policía colombiana, unos 300 combatientes de la FARC acompañaron a los comandantes disidentes a la selva. El grupo disidente realizó su primer ataque contra las fuerzas militares colombianas en abril de 2017, matando a un soldado e hiriendo a otros cuatro.

Un examen más detenido de estos comandantes "disidentes" revela lazos profundos con la cocaína comercio, minería ilegal de oro y relaciones internacionales. 

El grupo se distingue como grupo operacional de alto nivel que controlaba una porción significativa de los recursos financieros de las FARC

El tráfico de cocaína y la minería ilegal de oro producen cientos de millones de dólares año en beneficios, y algunos de los elementos más lucrativos de esa estructura financiera fueron las manos de estos líderes disidentes.

Mi investigación indica que los llamados frentes "disidentes" de las FARC probablemente permanecerán en un asociación secreta tanto con el liderazgo político de la organización como con su antiguo aliados regionales. Esta asociación permitiría a las FARC generar continuamente recursos de las actividades de la economía ilícita, manteniendo al mismo distancia de los brazos del grupo que están llevando a cabo tales operaciones.

Según expertos con relaciones de larga data con las fuerzas de seguridad colombianas, la liderazgo de los servicios militares y de inteligencia sigue profundamente escéptico separación del grupo disidente del resto de las FARC-en parte debido a los líderes involucrados en el movimiento y la reacción de la secretaría de las FARC ante la declaración de rebelión. 

Muchos expertos creen que, si el grupo fuera realmente un disidente facción, la secretaría de las FARC habría tomado medidas mucho más firmes para evitar la la estructura económica de las FARC, que es vital para sus futuros planes políticos.

Entre los disidentes destacan Miguel Santanilla Botache (nom de guerre Gentil Duarte), un veterano de las FARC de 36 años que era miembro del alto mando y participaron en las conversaciones de paz en La Habana. Santanilla Botache comandó el 1ro de las FARC Frente en el Departamento Guaviare, la base histórica de la producción de cocaína de las FARC. Él tuvo sido miembro de las unidades de las FARC de élite que secuestraron y extorsionaron a ganaderos y empresarios en sus áreas de operación. También estuvo a cargo de los rehenes de alto valor del grupo guerrillero y era conocido por su crueldad hacia los cautivos.

Un ejército interno colombiano

La evaluación de Santanilla Botache dijo que "neutralizar" a él "desestabilizaría a las FARC aparato financiero "derivado de secuestros y tráfico de drogas del Bloque Orienta (Bloque Oriental).

Otra figura notable entre los disidentes es Géner García Molina (nom de guerre Jhon 40), un alto comandante y líder de fuerzas especiales que es ampliamente visto por los colombianos la inteligencia como uno de los líderes de las FARC más directamente involucrados en la cocaína de alto volumen y el tráfico de drogas a través de Venezuela.

La inteligencia militar y policial describe a García Molina como líder de las FARC que realizaba fiestas ostentatorias y otras actividades en general más asociados con los narcotraficantes que los guerrilleros. Las FARC no estaban dispuestas a disciplinar por este comportamiento, a pesar de las repetidas amenazas de hacerlo, debido al poder económico que derivados del contrabando de cocaína.

Además, García Molina fue el lazo clave para el narcotráfico mexicano y centroamericano organizaciones, particularmente las vinculadas al movimiento bolivariano en Nicaragua y El Salvador. 

Debido a todos estos lazos y su administración práctica del negocio de la cocaína, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos lo consideraron una evaluación militar interna de Colombia de García Molina dijo que ejerció el Liderazgo en la planificación de acciones financieras en beneficio del bloque oriental y redes de tráfico ".

Una tercera figura importante en la facción disidente es Ernesto Orjuela Tovar (nom de guerre Giovanni 42), quien fue comandante del 16º Frente de las FARC y uno de los principales organizadores del apoyo civil de las FARC, así como importantes actividades de narcotráfico. Un interno la evaluación militar colombiana de Orjuela Tovar dijo que "maneja y mueve directamente dinero del narcotráfico a través de la frontera entre Colombia y Venezuela ". 

El Guaviare grupo disidente no es la única facción de las FARC que se niega a desmovilizarse, pero es importantes e influyentes -y tal vez el que mantiene los vínculos clandestinos más el liderazgo del naciente movimiento político de las FARC.

El tema de si los comandantes disidentes se han separado realmente de las FARC es en los círculos militares y de inteligencia colombianos, y con el paso del tiempo relación debe ser clara. Lo que queda claro es la participación continua de grupos disidentes en el tráfico ilícito, y en algunos casos obteniendo ganancias récord. 

Con  la producción de cocaína en Colombia y el tránsito a través de El Salvador en aumento, parece que las actividades económicas ilícitas, vinculadas tanto al tráfico de cocaína como al minería - ha sido o será abandonada. Además de continuar las actividades de trata desde que fue oficialmente expulsado de las FARC, las noticias confirman que los grupos disidentes se han involucrado en la violencia contra el gobierno efectivo. En julio de este año, seis individuos, incluidos líderes militares y civiles, fueron heridos en un ataque de disidentes en el departamento de Guaviare.

El Inspector de Colombia General en julio de 2017 confirmó que los grupos disidentes de las FARC siguen soldados y sus filas han aumentado al menos a 500.

Aunque la red financiera ilícita de las FARC sea la más amenazadora para la paz proceso, las cuestiones persistentes relacionadas con el programa de decomiso de armas también cuestionan la voluntad de las FARC de desmovilizarse totalmente.

En abril de 2017, a medida que las FARC entraban en los campos de desmovilización en todo el país, los militares colombianos descubrieron una importante reserva de armas en la provincia de Putamayo, cerca la antigua ubicación del 48º frente de las FARC.

En los meses siguientes, las Naciones Unidas misión, en colaboración con las FARC, identificó 779 cachés de armas similares en país; a finales de julio, menos de la mitad de los depósitos de armas habían sido localizados y preocupación de que podrían caer en manos de disidentes u otros delincuentes grupos que operan en territorio de las FARC.

Durante una de las operaciones de Cauca, la Policía Nacional Colombiana y los guerrilleros desmovilizados fueron atacados por un grupo armado no identificado.

Cuando se declaró finalizado el desarme de las FARC el 15 de agosto de 2017, un gran número de estos las armas permanecen en libertad y corren ahora el riesgo de caer en manos de delincuentes. Colombia busca asegurar su seguridad nacional y asegurar los antiguos territorios de las FARC, identificar y recuperar estos cachés de armas será un paso crítico; sin embargo, dado la reticencia de las FARC a proporcionar información completa sobre sus la misión de la ONU, esta tarea se vuelve mucho más complicada. 

Conclusiones y Recomendaciones

La penalización total de los estados bolivarianos ofrece nuevas oportunidades para la FARC para mover, esconder e invertir sus vastos recursos financieros. Esta asociación entre complicidad surgieron en gran parte de una antipatía compartida hacia los Estados Unidos y los Estados miembros. 

La adaptabilidad de estos grupos se puede ver en el movimiento lejos del petróleo y de las estructuras de exportación, largamente utilizadas para blanquear fondos, a la estrategia actual de construcción, estructuras bancarias formales y una cartera mucho más amplia de inversiones. Esta diversificación es posible porque los propios Estados en el sistema (Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Ecuador) son cómplices del uso y el apoyo a los grupos transnacionales del crimen organizado para lograr sus fines políticos.

Si bien el reto de detener los movimientos financieros criminales de las FARC es significativo, lejos de ser insuperable. Nuestra investigación muestra que es posible información de fuentes abiertas sobre intermediarios y empresas relacionadas con las relativamente poco tiempo y recursos limitados. 

Este esfuerzo podría ampliarse utilizados por quienes tienen las capacidades y autoridades pertinentes para desarrollar, en un tiempo, una comprensión bastante detallada de las estructuras financieras y de los movimientos las FARC y sus aliados en Venezuela y Centroamérica.

Está claro que las FARC entienden que es imprescindible trasladar su dinero a la muy rápidamente, lo que hará que sea cada vez más difícil rastrear o probar el origen ilícito de los fondos. 

Utilizando la información disponible, uno podría tomar medidas significativas para evitar que las FARC miles de millones de dólares en fondos ilícitos y eludir sus promesas de reparaciones y juego limpio que prometieron al pueblo colombiano.

Con este fin, el gobierno de los Estados Unidos debe:

- Trabajar con los gobiernos de Colombia, Panamá, la Unión Europea y otros los aliados para seguir de cerca los recursos financieros de las FARC Colombia, para asegurar el pleno cumplimiento del proceso de paz;

- Financiar y apoyar los esfuerzos del Departamento del Tesoro de los EE.UU. y las agencias para perseguir y sancionar a las autoridades penales centroamericanas y venezolanas, redes aliadas con las FARC para desmantelar una red que plantea un serio desafío no sólo a los intereses de seguridad de los Estados Unidos sino a la supervivencia del Estado de gran parte de América Latina. Esto debería incluir una investigación sobre las transacciones financieras de ALBA Petróleos, Albanisa y sus entidades relacionadas actividades potenciales de lavado de dinero;

- Mantener la designación de las FARC como entidad terrorista hasta que cumpla el acuerdo de paz, incluido el requisito de plena transparencia y responsabilidad en las transacciones financieras de la organización; colaboración efectiva en la erradicación de la coca; y separación completa de toda actividad criminal, incluyendo en alianza con los grupos "disidentes" de las FARC.

-Mantener o aumentar el financiamiento para el Ejército y la Policía Nacional garantizar que cuentan con los recursos, incluida la capacidad de transporte aéreo, para grupos criminales / militares nuevos y en expansión con y sin el apoyo de la Secretaría de las FARC;

- Seguir trabajando en estrecha colaboración con el gobierno colombiano para restablecer gobernanza estatal en áreas donde el Estado ha estado ausente durante mucho tiempo y donde las FARC y otros grupos delictivos son mucho más poderosos y relevantes que el gobierno central.