Lo que en un principio resultó una curiosa —y por momentos hasta divertida— manera de gobernar, devino en autoritarismo y una estrategia para distraer a la opinión pública del verdadero foco de atención que son las cada vez más reiteradas irregularidades que tienen lugar en la actual administración salvadoreña.
Por Maibort Petit
Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, donde tuvo unas gestiones creativas y exitosas que le captaron la simpatía de todo el país, pero que al mismo tiempo le permitieron distraer la atención de la opinión pública de lo que ocurría tras bastidores, un entramado de negociaciones entre las empresas de su familia, especialmente, Obermet, S.A. de C.V., una compañía de su propiedad que ahora estaba en manos de su hermano Karim Armando Bukele, que obtenían múltiples contratos y licitaciones.
Se presentó como el candidato antisistema que ofrecía una transformación del país centroamericano a través de un programa denominado Plan Cuscatlán de "nueva gobernanza", que contenía sus propuestas de seguridad, inclusión social, combate a las maras y la corrupción, reformas educativas y becas universitarias, la exención de impuestos a 100.000 familias en situación de vulnerabilidad, así como la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Gobierno de amigos
Nayib Bukele comenzó a gobernar El Salvador el 1º de junio de 2019, luego de asumir la presidencia de la república en un acto público que, por primera vez, se realizaba en la plaza central de San Salvador.
Cuando finalmente se conoció la integración del gabinete de gobierno, pudo observarse que el núcleo del mismo lo constituían 14 personas pertenecientes al círculo de confianza de Nayib Bukele. Se trataba de amigos de la infancia, personas que habían sido empleados de sus empresas, exfuncionarios que lo acompañaron en la Alcaldía de San Salvador y dirigentes de Nuevas Ideas. Un grupo que dejaba ver que, para su escogencia, más que las capacidades, preparación, experiencia y mérito, había privado la incondicionalidad.
Todo aquello que hasta entonces había sostenido Bukele como bandera se iba al traste. Parecía no recordar cómo había criticado a Salvador Sánchez Cerén, de quien dijo “estaba intoxicado de familiares y amigos”. Tampoco se acordaba del nepotismo de GANA, del PCN y de Arena, que tanto había acusado. Ahora su gabinete ministerial lo integraban miembros de su familia, socios y amigos íntimos.
Rodeado de familia
Hijo de Armando Bukele Kattán y Olga Marina Ortez, oriundos de Belén, él musulmán y ella católica, Nayib Armando Bukele Ortez nació en San Salvador en 1981. De ese núcleo familiar —Armando Bukele tuvo más uniones e hijos— forman parte también Karim Alberto y los mellizos Yusef Alí e Ibrajim Antonio.
Sus hermanos, aunque no ostentan oficialmente cargos en el gobierno, oficiosamente forman parte de la administración del presidente Nayib Bukele con un gran poder y ascendente sobre el mandatario. De hecho, según refieren las investigaciones periodísticas, la opinión de los hermanos supuestamente prevalecen por encima de la de los 16 ministros, seis secretarios de la presidencia y tres comisionados que integran el gabinete, en lo que se refiere a asuntos de primera línea.
Se afirma, incluso, que cuando se trata de decisiones importantes, Nayib Bukele sólo consulta a sus hermanos, lo que les otorga a los Bukele Ortez un papel decisivo, pero poco controlado, esto porque al no tratarse de funcionarios públicos, no están sometidos a los dictámenes de la contraloría de los empleados públicos.
Otro hermano del presidente, a saber, Yamil Alejandro Bukele Pérez, preside el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), mientras sus primos, Xavier Zablah Bukele (presidente de Nuevas Ideas) y su hermano Francisco, también integran este primer anillo.
Su tío, Jorge Miguel Kattán, es secretario de Comercio e Inversiones de la presidencia de la república y la esposa de Nayib Bukele, Gabriela Rodríguez, ejercería la función de reclutar los integrantes del gabinete Social.
De acuerdo a una nota de El Faro, los hermanos “Se han repartido por áreas: Yusef es el del gabinete económico; Karim, el estratega político, el de los discursos; Ibrajim es emisario para negociaciones o misiones especiales del presidente: por ejemplo, ejecutar proyectos de reactivación económica”. Sin embargo, esta misma fuente advierte que no se trata de una división absoluta de tareas, pues “cada uno se mueve a su antojo en toda la estructura del Ejecutivo, pero sí un ordenamiento tácito de los rubros en los que, tras un año de gestión, cada uno tiene más control”. La reseña comenta que el propio presidente reconoció públicamente el papel de sus hermanos, especialmente de Karim.
Sobre Ibrajim y Yusef Bukele Ortez, la nota periodística refiere que “Suelen ser parte en reuniones privadas. Ibrajim fue, por ejemplo, delegado de Bukele en una reunión del comité creado para administrar 2,000 millones de dólares para la emergencia por el coronavirus, y que estaba conformado por seis funcionarios de Gobierno y cinco representantes de sociedad civil”.
Se desconoce si los hermanos Bukele reciben algún salario por sus funciones, aunque Nayib Bukele ha asegurado que sus asesorías son gratuitas.
Se sabe que los hermanos Bukele han participado de misiones oficiales tanto nacionales como en el exterior. Karim Bukele tuvo un papel fundamental cuando El Salvador suscribió una serie de acuerdos de cooperación y comerciales con China en 2019, durante una visita oficial del presidente a esa nación asiática. Una labor que, incluso, reconoció la embajadora de China en el país centroamericano: “Un agradecimiento especial al Sr. Karim @bukele. Sin su trabajo valioso y su aporte importante, no habríamos logrado los éxitos de la Visita de Estado del Presidente Bukele a China”.
Sin embargo, El Faro destaca que tales reconocimientos no fueron suficientes a la hora de que “la Presidencia de El Salvador declaró inexistente cualquier información relacionada al viaje de Karim Bukele. ‘Según el proceso de investigación realizado en las diferentes unidades respecto al Señor Karim Bukele, le informo que no se encuentra nombrado en la Presidencia, según datos de la Gerencia de Recursos Humanos al igual que no se han encontrado registros de viajes pagados con fondos institucionales, según respuesta de la Gerencia Financiera’, dice un memorándum de la Secretaría Privada. Una muestra más del limbo en el que se mueven los hermanos del presidente: ejecutan, acuerdan, negocian, pero nada de eso es público si no lo revelan ellos, nada es auditable, no hay información oficial. A efectos prácticos, parece ser que un ciudadano salvadoreño como cualquier otro, a título personal, negoció acuerdos con China en nombre de El Salvador”.
Respecto a Yusef Alí Bukele, este se definió como “un intermediario entre el sector privado y el presidente, como una puerta de entrada: ‘Yo tengo el oído del presidente’”. Formó parte de una misión oficial que acompañó a la canciller, del 18 al 25 de agosto de 2019, a Turquía, aunque “No existe un documento gubernamental que describa a Ibrajim Bukele de esa forma ni que explique cuáles son sus funciones como representante del pueblo salvadoreño”, aunque recibió pasajes y viáticos”.
Nayib, ¿el dictador?
Aunque en principio se tornó como un hecho curioso, excéntrico, ocurrente y, en ocasiones, divertido, devino en una agresiva estrategia política y de comunicación para la que Nayib Bukele se valió de las redes sociales. De hecho, el presidente, ha terminado gobernando a través de Twitter.
La confrontación y la agresividad se convirtieron en un hecho recurrente que empezó a extenderse a los otros poderes públicos, por lo que las miradas se dirigieron en torno suyo, pues la constante controversia ponía cada vez más en jaque el ejercicio democrático en El Salvador. La institucionalidad salvadoreña está comenzando a verse amenazada, por el giro autoritario que había tomado su gestión.
La curiosidad de comunidad internacional manifestada al principio de su gobierno, ahora se tornaba en preocupación, pues sus actuaciones estaban encaminadas a controlar el resto de los poderes públicos, especialmente el legislativo, que tuvo su máxima expresión en la toma de la sede de la Asamblea Legislativa por parte del mandatario, acompañado de las fuerzas militares el 9 de febrero de 2020. El asalto de Nayib Bukele al parlamento, obedecía, según su criterio, a la exigencia de que se le aprobara un préstamo proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por USD 109 millones, destinado al equipamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de la Defensa.'
Un hecho que encendió las alarmas nacional e internacionalmente, habiéndose producido un pronunciamiento masivo en contra de la toma por parte de la Comisión de Derechos de la Organización de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, las embajadas de Reino Unido, Canadá y la Unión Europea en El Salvador.
El poder legislativo rechazó la actuación de Bukele y advirtió que no aceptaría presiones del mandatario. El presidente, entonces, retrocedió un poco e intentó calmar los ánimos, pidiendo paciencia a la población y dando un ultimátum a la Asamblea Legislativa para que aprobaran el crédito.
Pero estos hechos no han sido los únicos que han alarmado a la opinión pública nacional e internacional. Por ejemplo, las medidas adoptadas por Nayib Bukele en contra de las pandillas, conocidas como “maras” en El Salvador, llamaron poderosamente la atención de los organismos de los derechos humanos que hicieron serios cuestionamientos de las mismas.
El presidente Bukele autorizó el uso de la fuerza letal contra pandillas y generó una convulsión total, a o que se agregó la publicación de unas fotografías que mostraban a decenas de miembros de pandillas sin camisa y forzados a sentarse uno encima del otro en prisión, en plena crisis por el coronavirus.
También ordenó el cierre de las fronteras salvadoreñas, del aeropuerto para vuelos internacionales y aplicó una estricta cuarentena. Para remate, giró la orden a las fuerzas armadas de arrestar a quien infringiera y remitirlos a “centros de cuarentena”.
La Corte Suprema de Justicia intervino y declaró inconstitucionales los arrestos, al tiempo que ordenó su suspensión. La respuesta de Bukele fue la negativa a obedecer y en su cuenta en Twitter advirtió: “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños” y agregó: “Una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar la muerte del pueblo”, rematando con que la “sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias, ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas”.
El combate contra el coronavirus, en El Salvador se convirtió en una guerra entre los poderes públicos. El enfrentamiento del presidente con el resto de los poderes público era ahora absoluto, desatando una crisis institucional que se veía sazonada con el temor sobre el peligro de la instauración de un gobierno autoritario.
Ante las acusaciones que lo señalan como un autoritario, Nayib Bukele se defiende: “Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo. Según las encuestas, el 90% del pueblo nos apoya. También lo hacen las Fuerzas Armadas y la policía. El pueblo se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido hubiera tomado el control de todo el Gobierno esta noche. Si alguien prefiere enfocarse en una fotografía [la imagen que retrató la toma de la Asamblea Legislativa por los militares], está en su derecho, pero hay que ver todo lo que está pasando. El pueblo se dio cuenta que los diputados retiraron el apoyo a los soldados y a los policías que están en las calles y a quienes están matando. Porque El Salvador es un pueblo violento, no hay una sola familia en el país a la que no le hayan matado un familiar. No quiero ni imaginar si a España le sucediera el 10% de lo que pasa aquí. En El Salvador se dan todas las condiciones para el estallido social, pero si no sucede es porque yo pedí al pueblo que tuviera calma. Aunque me griten y pierda apoyo entre mis propios seguidores, pero pienso que es mejor que el país esté en calma”, advirtió Bukele en una entrevista que le hizo El País vía telefónica a propósito de la toma de la Asamblea Legislativa.
Presencia venezolana en el gabinete salvadoreño
Aparte de los amigos, familiares y allegados de Nayib Bukele, en su equipo de gobierno llama la atención la presencia de un grupo de venezolanos ligados a la organización política, Voluntad Popular, liderada por Leopoldo López.
En primer término, se trata de Sara Hanna Georges, Miguel Arvelo y Miguel Ángel Sabal Matheus, denunciados recientemente por funcionarios adscritos al ministerio de salud, como personas que supuestamente se estarían sobrepasando en el ejercicio de sus funciones como integrantes de la mesa de Crisis de la Pandemia de Coronavirus en carácter de asesores presidenciales.
Georges, Arvelo y Sabal, según documentos, estarían dictando órdenes dirigidas a manipular las cifras y estadísticas de afectados por Covid 19 en la nación centroamericana. De hecho, ordenaron no procesar más de 1.600 pruebas para COVID-19 que habían sido tomadas el 22 de mayo y días anteriores, según el documento que circuló en redes.
Ante la acusación de injerencia de los venezolanos, la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, admitió la contratación, pero advirtió que es el gobierno el que toma las decisiones sobre el Covid 19. "Sí tenemos asesores venezolanos que están trabajando, pero no están tomando las decisiones, solo son asesores y están haciendo un buen trabajo (…) Todo el resto es parte de una campaña política para tratar de afectar el excelente trabajo del Gobierno reconocido por la población y por el mundo entero”.
También el ministro de Salud, Francisco Alabí, defendió las asesorías de los venezolanos y aseguró que no tienen poder de decisión.
El mandatario se hizo acompañar de un gran equipo de asesores internacionales durante su campaña electoral y, a los que ya habían trabajado con él en Nuevo Cuscatlán, se sumó el grupo vinculado a la oposición venezolana, contándose entre ellos —además de los citados anteriormente— a Eugenia Mercedes de Lourdes Vegas Rodríguez Aizpurúa, Juan Carlos Gutiérrez y Elisa Totaro, esta última “ganadora de diversos premios Reed y dueña de un extraordinario talento en la producción de spots y eventos políticos”, según refiere una nota de El Salvador.
También Lester Toledo asesora a Bukele, como lo admitió en una entrevista concedida al portal Panampost, que trabaja para Bukele. También negó las acusaciones en su contra respecto al supuesto manejo irregular de ayuda humanitaria. Toledo fue designado como coordinador de dicha ayuda. El diputado aclaró que el dinero que posee para sus operaciones personales proviene de su trabajo como asesor de campañas políticas. “Yo salí al exilio en noviembre de 2016 y justo al salir, toda la historia la conoce la gente, perseguido, con orden de captura, con 86 días en clandestinidad, con prohibición de salir del país… Al salir, el primer apoyo que recibí fue de Freedom House [la organización le donó USD 15.000 de un fondo para perseguidos políticos] Yo tenía pocos ahorros. Vendí los carros que teníamos en Maracaibo. Pensé que con eso sobreviviría seis meses y fue pasando el tiempo hasta que descubrí: ‘Bueno, tengo que ponerme a trabajar'”.
Toledo trabajó en la campaña de Guillermo Lasso en Ecuador y las de José Antonio Meade y Nayib Bukele, habiendo sido bien retribuido por estos trabajos, afirma. “Yo soy el jefe de la oficina de organización de Bukele en El Salvador. Si tiene algún corresponsal en El Salvador, pueden abordar al presidente y preguntárselo de frente: ‘¿Quién dirigió tu campaña?’. Todos reconocen que fui yo”.
Por su parte, Elisa Totaro contó en su cuenta en la red social Facebook su experiencia: “Hace unos meses tuve el privilegio de trabajar en la campaña de Nayib Bukele, el nuevo presidente de El Salvador. Hoy todo ese esfuerzo se materializó en su toma de posesión (…)”.
Sobre los antecedentes de Elisa Tótaro, se sabe que durante una década ella y su agencia estuvieron vinculadas a las campañas electorales de líderes opositores venezolanos y a otras de respaldo a los presos políticos venezolanos. En 2015, la venezolana fue la encargada de la creación de los spots televisivos y del sitio web de la coalición Unidad, que llevó a la oposición venezolana a ganar mayoría calificada en la Asamblea Nacional.
Entretanto, Miguel Sabal fue nombrado por Juan Guaidó como encargad o del manejo de la ayuda humanitaria proporcionada por USAID, siendo señalado de cometer irregularidades en el manejo de esta.
Por su parte, Eugenia Mercedes de Lourdes Vegas Rodríguez Aizpurúa está adscrita al Ministerio de Turismo. Fue contratada de manera directa por Casa Presidencial como experta en marketing y turismo.
En el caso de Juan Carlos Gutiérrez, abogado que defendió a Leopoldo López durante el juIcio en el que fue declarado culpable por un tribunal al servicio del régimen de Nicolás Maduro, es poco lo que se conoce sobre sus funciones en El Salvador. Sólo se sabe que funge como asesor internacional en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
¿Lucha contra la corrupción?
La presidencia de la república llegó Nayib Bukele, principalmente enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción, pero ya desde la campaña estaba siendo investigado por parte de la Fiscalía General de la República, por supuesta evasión fiscal, lavado de dinero y fraude de ley. La Corte Suprema de Justicia encontró indicios de presunto enriquecimiento ilícito de Bukele, por haber recibido USD 850.000 donados por una empresa familiar que contrataba con el estado, un dinero por el que, además, no había pagado impuestos.
El discurso anticorrupción de Bukele podría no ser más que retórica, pues hasta la fecha no ha concretado sus promesas electorales de acabar con el flagelo en la administración pública. Tampoco ha cumplido con el nombramiento del comisionado presidencial para el mal manejo de fondos públicos que contempla el Plan Cuscatlán, una responsabilidad que recaería en un personaje de la oposición con altas credenciales éticas.
La creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), marcha a medias y con muchas limitaciones que dejan en duda su efectividad.
Durante el poco más de un año que lleva de gestión, ministros, secretarios, colaboradores, amigos y socios de Bukele han sido señalados de cometer hechos de corrupción o, por lo menos, irregularidades altamente reñidas con la ética, son que por parte del mandatario haya habido el más mínimo indicio de que investigar las acusaciones. Al respecto InSight Crime advierte que las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito que pesa sobre algunos de los funcionarios del gabinete de gobierno o de la alta dirigencia de los partidos políticos que lo respaldan, hacen sospechar que no haya avance en materia de castigo a los responsables. Asimismo, se acota el “rechazo de la empresa privada local que, acaso amedrentada por investigaciones de corrupción que la CICIG abrió contra poderosos empresarios guatemaltecos, insiste en que una CICIES no es necesaria”.
Otro hecho que empaña la trayectoria de Nayib Bukele es el descubrimiento de que recibió dinero del consorcio Alba Petróleos que recibe fondos provenientes de PDVSA en Venezuela y que es investigada por posible lavado de dinero en El Salvador y Estados Unidos”. Esto ocurrió en tiempos en que éste fungía como alcalde de Nuevo Cuscatlán, cuando Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), investigada por lavado de dinero, le entregó USD 1.974.200. Además de estos desembolsos de Inverval también dio préstamos a personas que ahora figuran en su gabinete de gobierno por USD 3.474.894,70.
La Revista Factum dice que “Entre el 1 de febrero y el 24 de octubre de 2013, Inverval emitió ocho cheques desde una cuenta del Banco Promérica a favor de Nayib Bukele; de Obermet, la empresa de publicidad de la familia del presidente; y de Starlight, compañía propietaria del Canal TVX. Todos esos fondos, según consta en los documentos en poder de la Fiscalía, estaban destinados a la compra de acciones y a inversión de capital en Starlight, una empresa de comunicación audiovisual que llegó a ser importante en el ascenso político de Bukele, y de la cual Carolina Recinos, actual jefa de gabinete, fue apoderada especial”.
Pablo Anliker, ministro de Agricultura, y Nelson Fuentes, de Hacienda, también obtuvieron préstamos de Alba Petróleos entre 2012 y 2016. “El primer préstamo que Alba dio a Pablo Anliker fue a título personal y se registró en 2012: $2.3 millones. El año siguiente, Alba reportó un dato consolidado de la deuda a pagar por Pablo Anliker y la empresa Precocidos de El Salvador, fundada el 3 de septiembre de 2009, de la que Anliker es accionista junto a su padre. La deuda total había crecido a $3.3 millones, aunque no se especificó el monto por el que debía responder cada parte”. Para 2016, la deuda de Nelson Fuentes con Alba Petróleos era de USD 72.411.
Todos estos hechos, sumados a la negativa de la administración de Nayib Bukele ha convertido el respaldo popular con que cuenta en una patente de corso para actuar sin control en la presidencia de la república, reacio a rendir cuentas y a someterse al escrutinio público, lo que ubica a su gobierno muy al borde de la irregularidad y la criminalidad.
