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miércoles, 17 de febrero de 2021

Los papeles secretos de Andorra: La poderosa maquinaria de Pdvsa (Parte I)

Por Maibort Petit

   Un documento emanado del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra que se está en nuestro poder, revela como Diego Salazar y otros altos personeros del oficialismo —entre ellos Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa, Omar Farías Luces— estaban siendo investigados por blanqueo de capitales valiéndose para ello del establecimiento de un sistema que obligaba a empresas al pago de jugosas comisiones para verse beneficiadas con contratos de PDVSA y sus filiales. De este modo, a través de cuentas de los señalados y de sociedades panameñas por ellos controladas ingresaron a la BPA más de dos mil millones de euros.
   AnuncioAmante del vino Pomerol Petrus de 1990 cuyo precio es 5.560 euros la botella, decidió adquirir en diciembre de 2012, 694 unidades del néctar y otras selectas bebidas como Dom Perignon que lo harían extender un pago a favor de Lavinia, en el bulevar de la Madelaine de París, por 493.573 euros. Otras menudencias, como compras en joyerías por tres millones de euros, dos millones en obras de arte, más de medio por alquiler de helicópteros, caviar, jamón, delicatesen, formar su propia orquesta y grabar un disco dada su afición por cantar aunque posea pocos atributos para hacerlo. Comprar por 3,4 millones de euros un centenar de relojes Rolex y Cartier. Pasión y gusto por la buena vida, los placeres y las excentricidades que terminaron delatándolo: una propina de 99 mil euros obsequiada al “concierge” —empleado hotelero encargado de complacer a los clientes— del hotel Crillón en París y que habría llevado a éste a declararla a sus jefes y a estos, a su vez, a referir el hecho a los entes fiscales, encendió las alarmas y dirigió las miradas escrutadoras de las autoridades financieras galas hacia Diego Salazar Carreño.


   Las averiguaciones llevaron a que la Banca Privada de Andorra, BPA, por orden judicial, congelara el 5 de diciembre de 2012, una de las cuentas que Diego Salazar mantenía en esa entidad. Estados Unidos a través de acciones del FBI, fiscales de Miami y Nueva York, había iniciado la investigación y logró rastrear los fondos irregulares de Salazar desde cuentas de empresas de maletín de Belice y Panamá.

   En Venezuela, el 1° de diciembre de 2017, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, había sido detenido por su presunta vinculación al conocido caso de blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra. Quien pasara de ser un modesto vendedor de seguros a un multimillonario egocéntrico fue imputado por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

  Saab también anunció que las investigaciones que adelanta su despacho guardan relación con la utilización de la BPA para lavar más de 4 mil 200 millones de euros. “Hemos decidido abrir una investigación penal (…) al ciudadano Rafael Ramírez (…) porque en uno de los documentos que hemos encontrado el ciudadano Diego Salazar lo señala directamente, lo incrimina como su socio directo en operaciones de intermediación de compraventa de petróleo”, señaló el fiscal, al tiempo que agregó que igualmente por el mismo caso solicitaron la extradición de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica quien “aparece como el segundo cabecilla de esta organización criminal”.

   Hasta ese momento Salazar se habría creído inmune a la justicia —aunque la actuación del fiscal Saab muchas veces parezca más una venganza o la manifestación de una lucha poderes a lo interno del chavismo— creyendo que su parentesco con el exzar petrolero podría mantenerlo a salvo, lejos del alcance de las autoridades no solamente venezolanas, sino también de las internacionales. Pero la caída en desgracia de Rafael Ramírez también lo arrastró a él.


   Desde su arresto en Caracas se encuentra detenido bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según precisó Saab, quien informó que el familiar de Rafael Ramírez es el primer aprehendido de una trama que las investigaciones señalan que podría resultar en la detención de otras personas que integraban esta red de corrupción. En los primeros señalamientos, la fiscalía indicó que los “reportes de movimientos y apertura de cuentas bancarias, traspasos”, así como otros documentos encontrados por el Ministerio Público vinculaban a Salazar Carreño con el blanqueo de capitales a través de una trama de la que fue artífice y que manejó fondos milmillonarios entre los años 2011 y 2012. Los estimados de la fiscalía venezolana ubican en mil 347 millones 339 mil 972 euros el dinero manejado bajo este esquema de corrupción.

   Extra fronteras venezolanas, las investigaciones han determinado que los pagos efectuados por Diego Salazar tenían por detrás un enrevesado mecanismo por el cual se accionaban 37 cuentas bancarias que se manejaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). A su vez, los depósitos en estas cuentas involucraban a sociedades creadas en Panamá. Las averiguaciones emprendidas por la juez de Andorra, Canòlic Mingorance, tratan de rastrear si la red de Salazar se valió de este conjunto de cuentas para cobrar comisiones ilegales a empresas extranjeras que habrían sido beneficiadas con millonarios contratos de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Según da cuenta El País, después de estas maniobras financieras el dinero era enviado desde el Principado a paraísos fiscales, tales como Suiza o Belice, un objetivo que se lograba valiéndose “de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas”.

 La nota agrega que el periódico español tuvo acceso a las cuentas corrientes de los protagonistas de la trama de corrupción, así como a los detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. Añade que ante el banco andorrano se justificaban los millonarios ingresos de los integrantes de la red —Diego Salazar, los exviceministros de Energía venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado y directivos de PDVSA— bajo la denominación de honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Así se argumentó ante el órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. De acuerdo a las investigaciones, estos supuestos trabajos de asesoría nunca tuvieron lugar. La jueza Mingorance intuye que los involucrados cobraron comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento a empresas extranjeras, especialmente chinas, que luego fueron beneficiadas con contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales. Las averiguaciones del tribunal establecen que los manejos de la red conectan con un acuerdo suscrito entre Venezuela y China que estipula que el primero de los países recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares de parte del segundo a cambio de petróleo.

Sobre Javier Alvarado —expresidente de la Electricidad de Caracas y Bariven— se conoció que las autoridades venezolanas procedieron al allanamiento de su vivienda ubicada en la urbanización La Lagunita, recoge una nota del portal 7 Clicks que reseña una información dada a conocer por el periodista de investigación Casto Ocando. Esto se contradice con la decisión de la jueza 37 en funciones de Control, Luisa Renee Garrido, quien a petición de la Fiscalía dejó sin efecto las órdenes internacionales de aprehensión contra Nervis Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa.

  El portal agrega que tanto Javier Alvarado, como Nervis Villalobos Cardenas colaboran ahora con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el esclarecimiento de esta trama de corrupción. Indica la reseña que Alvarado salió de España rumbo EE. UU., llevando una amplia información sobre Bariven. Estos detalles no fueron confirmados por ninguna de las fuentes que esta comunicadora tiene en diversas agencias federales.

  Por otra parte, es preciso recordar que Nervis Villalobos y Javier Alvarado también son investigados por el caso de haber recibido presuntos sobornos de Duro Felguera en Venezuela a cambio de contratos.

  Duro Felguera es un grupo empresarial internacional con sede en el Principado de Asturias, (España), que se especializa en la ejecución de proyectos llave en mano para los sectores energético e industrial.

  La Fiscalía Anticorrupción de España ha señalado a Javier Alvarado cuando estuvo al frente de la Electricidad de Caracas en 2009, de haber recibido sobornos de Duro Felguera, empresa que se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros, reseña el portal Expansión.

  En diciembre de 2017 Duro Felguera fue notificada por el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre la admisión a trámite de “la querella formulada contra la compañía por la Fiscalía Especial por los delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales en el caso de supuestos pagos de comisiones ilegales de más de 88 millones de euros a expolíticos y funcionarios venezolanos para la consecución de la obra de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro”, informó el sitio web La Nueva España.

 Tratamos de establecer comunicación con Javier Alvarado Ochoa y con sus supuestos abogados pero hasta el cierre de esta nota no logramos respuesta a nuestra solicitud.
Su debilidad por la ostentación lo delató

La debilidad por lo excéntrico y el derroche, han terminado como indicios que han permitido a las autoridades seguirle la pista, tal como lo señala una nota de El País en la que se refiere que el ostentoso pago de 3,4 millones de euros en joyería, se habría gestionado a través de una sociedad panameña controlada por Salazar.

Igualmente, mediante otra empresa panameña, a saber Josland Investments, Salazar Carreño pagó en 2011 una factura de compra de dos relojes de oro amarillo marca Rolex, por 90.500 euros, un adquisición en la que figura el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, arrestado en Madrid en octubre de 2017 por un caso distinto también investigado en Andorra.

Para Salazar Carreño el lujo y exhibir su fortuna era un asunto vital y así lo demuestra su manía de hospedar a sus relacionados en los mejores hoteles, tal es el caso Javier R. e Irma T., cuyo alojamiento en el Ritz de París corrió por su cuenta pese a que la cuenta alcanzó los 575.000 euros por varias estadías en un periodo de diez años que incluían cargos de 34.216 euros por el alquiler de limusinas y de 6.223 por unos tragos en el bar del establecimiento, el Hemingway.

En 2011 también cubrió la estadía de dos venezolanas en el Four Seasons de París. En esa ocasión la factura sumó 150.000 euros por varias temporadas.

El portal RunRun.es refiere que cuatro altos gerentes de la Banca Privada Andorra aceptaron grandes comisiones para blanquear 2 mil millones de dólares provenientes de fondos públicos venezolanos entre los que se encontraban los de Salazar. Se trataba de una jugada para “ocultar la procedencia del dinero venezolano a todos los órganos de control”.

Conversaciones de Salazar Carreño habían sido grabadas por la Guardia Civil española y ello permitió en una operación que recibió el nombre de “Clotilde” y que pinchó a Andre Petrov por una serie de acciones irregulares que involucraban a la BPA, que las conversaciones con los venezolanos salieran a flote. Allí Diego Salazar habría admitido poseer una cuenta con 1.000 millones y en “otra, hablan de sobornar a la fiscalía andorrana, acaban de pagarle 80.000 dólares a un jefe de la policía venezolana que ha osado investigarles. Casualmente la petrolera estatal PDVSA, en la que trabaja Salazar y al frente de la cual está su primo el ministro del petróleo, acabará generando una deuda de 90.000 millones. Los investigadores sospechan que es la banca andorrana quien se encarga del desvío de fondos y el blanqueo igual que lo hace con la mafia rusa. El comandante de la Unidad de Información nos los explica con una comparación. Los rusos hablan de 100 millones de euros, los venezolanos de miles de millones de dólares”. Se lee en la reseña del citado portal.

El fiscal dijo que se pensaba que el grupo delictivo de Salazar pudo haber venido funcionando desde el año 2006, estimándose que el monto de los capitales legitimados superará los 4.200 millones de dólares. Añadió que los detenidos estaban vinculados con una compañía conformada por al menos 40 personas, algunos de los cuales son exfuncionarios de PDVSA.

Agregó que esta organización “utilizó aproximadamente 40 empresas fantasmas y unas pocas reales para manejar y blanquear fondos derivados de hechos de corrupción y, a la vez, ocultar la identidad de los beneficiarios”.

Tarek William Saab dijo que estos hechos de corrupción contaron con la complicidad de la Banca Privada de Andorra, la cual ayudó a la conformación de empresas y aceptó efectuar transacciones sin respaldos.

Al frente de todas estas irregularidades, estaba supuestamente, a decir de Saab, Diego Salazar Carreño.

Se conoció que también arrestado José Enrique Luongo, quien junto a Salazar, representaba a la empresa Antigua Omega INC.
El documento del Tribunal Supremo de Justicia de Andorra

En nuestro poder se encuentra un documento oficial de los tiempos en que se inició la averiguación referida líneas arriba y que mundialmente se conoce como el “Caso de Andorra”.


El citado oficio del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra, clasificado con el número 4103434/2012, hace mención a las diligencias previas que arrojaron los primeros señalamientos a conjunto de personas involucrados en hechos de corrupción, entre los cuales se encuentran Diego José Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa, Anna Piñero Carrabina, Cristina Lozano Bonet, Luis Pablo Laplana Moraes, José Luis Zabala y Omar Farías Luces.

El documento en nuestras manos es una rogatoria que hacen las autoridades del Principado de Andorra a las autoridades de Francia solicitando información sobre los antes señalados, así como otras personas e instituciones que se sirvieron para instrumentar la trama de legitimación de capitales a través de la BPA.

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra acusó a estas personas de haber cometido presuntamente los delitos de blanqueo masivo de capitales y valores tipificado en el artículo 409 y 410 del Código Penal de ese país. Asimismo, se aclara que Diego José Salazar Carreño es primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, quien para la época de la comisión del delito era el Ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA.

Entretanto, de Nervis Villalobos se dice que fue viceministro de Energía, que Javier Alvarado Ochoa fungió como presidente de la empresa estatal Electricidad de Caracas y Omar Farías Luces era el propietario de una de las empresas del sector seguro más importantes de Venezuela, a saber, Seguros Constitución.

Se indica que Salazar Carreño, Villalobos Cárdenas, Alvarado Ochoa, Farías Luces están acusados de aprovecharse de su influencia en los círculos de poder y de, con la ayuda del resto de las personas imputadas, organizar un sistema de comisiones o sobornos relacionados a los contratos públicos de la petrolera venezolana PDVSA, que establecía que las empresas que accedían a las licitaciones estaban obligadas a contratar con ese entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones. Por este “servicio”, lo imputados cobraban millones de euros por concepto de gastos de asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones. Quedó establecido que los pagos de sobornos eran un requisito imprescindible para conseguir el acceso al mercado público de PDVSA y sus filiales.

Cita el documento que gran parte de los pagos se hacían a través de cuentas de los acusados y de sociedad panameñas controladas por ellos en la entidad bancaria Banca Privada de Andorra, determinándose que por las mismas circularon más de dos mil millones de euros (€2.000.000.000).

En la rogatoria se hace referencia a que la investigación se inició con sustento en una información recibida por la Unidad de Inteligencia de Andorra (UIFAND), del Servicio Lucha contra el Lavado de Dinero del Ministerio de Finanzas francés, TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), relacionada a la averiguación de la sociedad panameña Highlands Assets Corp., desde cuya cuenta en la Banca Privada de Andorra se efectuó una transferencia por USD 99.980,00 a Francia, cuyo beneficiario era un empleado de una cadena hotelera gala, un pago que representaba una gratificación o regalo por los servicios prestados por dicho empleado. La sociedad Highlands Assets Corp. que está bajo investigación, es propiedad de Diego Salazar Carreño, cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Se conoció que la averiguación había determinado que los implicados y, principalmente, Diego Salazar Carreño y su hombre de confianza, Luis Mariano Rodríguez, pasaban temporadas en París, donde gastaban millones de euros en establecimientos hoteleros y boutiques de lujo. También habrían efectuado transferencias a bancos ubicados en esa ciudad, como el banco Monte Paschi Banque S.A de París.

La citada nota de El País indica que a pesar de que la Banca Privada de Andorra tuvo recelos, terminó abriendo las cuentas bajo sospecha, obviando las advertencias de su unidad de fiscalización interna que alertó la condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), por haber ocupado un cargo público y a quienes debe someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.

Hay que apuntar que las autoridades de Andorra intervinieron el BPA en marzo de 2015 luego de que Estados Unidos denunciara que este banco fue empleado por bandas criminales para la legitimación de capitales, una acusación que los dueños de la entidad financiera niegan.
Los involucrados en la trama de corrupción

En enrevesado mecanismo de corrupción fue configurándose por Diego Salazar Carreño, uno de sus principales protagonistas, y en torno a él, fueron apareciendo otros personeros que le dieron cuerpo a la trama.


El 17 de julio de 2015 se dicta auto de detención, aún vigente, y se acuerda el embargo y bloqueo de todos los bienes de los que dispongan las siguientes personas:

1. Luis Mariano Rodríguez Cabello, nacido el 06-12-1965 en Venezuela, de nacionalidad venezolana, número 036731648.
2. Estibaliz Basoa de Rodríguez, nacida el 09-03-1973 en Bilbao, España, nacionalidad venezolana, pasaporte número D0665766.
3. Diego José Salazar Carreño, nacido 23-02-1968 en Caracas, Venezuela, nacionalidad venezolana, pasaporte número 9423332.
4. Rosycela Díaz Gil, nacida el 04-09-1972 en Caracas, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 10806551
5. Omar Jesús Farías Luces, nacido el 15-08-1962 en Güiria, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte 005880296
6. José Luis Zabala, nacido el 12-06-1973 en Caracas, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 009633799
7. José Enrique Luongo Rotundo, nacido el 24-01-1954 en Venezuela, de nacionalidad venezolana, documento de identidad número V-4083540

8. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, nacido el 11-06-1967 en Maracaibo, Venezuela, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número V-7830467

Así como también de las siguientes empresas: Memoser Compañía de Seguros S.A.; Westshore International Limited; Baychester Investment S.A.; Baluja International Limited; Lutmill International S.A.; Fundación Terramar Hall; Vida I Patrimonio Corretaje de Seguros C.A.; ISB Sociedad de Corretaje de Seguros I Reaseguros C.A.; Lomond Overseas S.A.; Mills Advisores S.A.; Trismas Foundation; Monterrey Management Limited; Tristaina Trading S.A.; Josland Investment S.A.; Megana International LTD; Highland Assets Corp.; High Rise Proyects S.A.; Central Berfort S.A.; Fundation Caixa Bella; Wordwide Traders Line S.A.; Red Boutique Fundation; Calabrias Overseas S.A.; ISB Sociedad CS, S.A.; Antigua Omega INC.
El pedido a Francia

El documento del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra en su primer considerando señala que dado el estado de las cosas, se hace necesario solicitar la cooperación de las autoridades judiciales francesas para determinar si parte de los beneficios objeto de la medida acordada por el Principado se encuentran en su territorio y, en caso de ser afirmativo, piden que se proceda al bloqueo de los mismos.

En el considerando dos se señala que la información a la que se hace referencia en el considerando uno, al tratarse de procedimientos judiciales extranjeros solo pueden ser obtenidos mediante una comisión rogatoria y en vista del artículo 2 de la Ley de Cooperación Internacional y la Lucha Contra el Blanqueo de Capital y Valores Producto de la Delincuencia Internacional y Contra el Terrorismo que establece que tal rogatoria precisa de una exposición que informe suficientemente de los hechos y el objeto del procedimiento, así como de una exposición del motivo de la demanda, se procede en consecuencia.

Agrega que considerando que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en concreto de la sentencia 572-2011 del 2 de abril 2012, establece que las comisiones rogatorias tienen el acuerdo auto motivado cuando puede resultar afectado el derecho a la intimidad, deben respetarse las garantías para la protección de lo establecido en el código de procedimiento penal.

Igualmente, considerando que los hechos investigados son sumamente graves y podrían constituir delitos establecidos en el artículo (409.1) sobre blanqueo de dinero o valores, y ante la necesidad de identificar el destino de los bienes afectados por la medida cautelar a fin de poder continuar con la presente medida de instrucción, se procederá oportunamente a enviar comisión rogatoria a la autoridad judicial competente de Francia, no pudiendo obtener dicha información de manera oficial por otro medio.
Decisiones

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra decidió transmitir la comisión rogatoria a las autoridades competentes francesas para que se proceda a investigar el patrimonio de los implicados y verificar las personas físicas y jurídicas afectadas por el bloqueo decretado el 15 de julio de 2015, a los fines de garantizar la respectiva efectividad de la medida.

La corte determinó que los vinculados se aprovecharon de sus influencias políticas para organizar un esquema de corrupción para apoderarse de contratos públicos de la empresa PDVSA. Asimismo, refiere que los implicados establecieron una trama que obligada a pagar comisiones para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros a los aplicables por concepto de asesoramiento en contrapartida por sus gestiones. Además, se determinó que el pago era imprescindible para entrar al mercado público de PDVSA y sus filiales.

El Tribunal también estableció que gran parte de los sobornos fueron pagados a través de sociedades panameñas controladas por los implicados en cuentas del Banca Privada de Andorra por las cuales transitaron más de 2.000.000.000 de euros.

Refiere el tribunal que el 30 de noviembre de 2012 se inició una causa penal y se dictó el primer bloqueo, un hecho que ocurrió antes de que la entidad bancaria tramitara una transferencia de Diego Salazar Carreño por 40 millones de euros a Francia, vía Suiza para la adquisición de una unidad inmobiliaria en París, hace suponer que el imputado tenía ingresos económicos en dicha ciudad.

En consecuencia, el Tribunal dictaminó el 17 de julio de 2015 llevar a cabo un bloqueo y embargo de las cuentas cuyos beneficiarios estaban relacionados con esta trama de corrupción.
La intervención de Villepin

Ante la acción de bloqueo por parte de las autoridades francés de 200 millones de dólares de la cuenta en la BPA, Diego Salazar Carreño procedió a contratar como su abogado al exprimer ministro francés (2005-2007), Dominique de Villepin, quien se convirtió en el artífice de las acciones que llevó que el Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizara a BPA la devolución de fondos multimillonarios por falta de pruebas a exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y otros miembros de la denominada boliburguesía venezolana, refiere el portal Cuentas Claras Digital.

En esas mismas páginas se hace referencia a las grabaciones que la Guardia Civil española realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado, Luis Pablo Laplana Moraes, investigado por lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano. Allí se indica que durante una llamada realizada en diciembre de 2012, Dominique de Villepin le dijo a Luis Laplana de parte de Diego Salazar que estaba trabajando lograr el desbloqueo de los 200 millones de dólares de su cliente.

En una ocasión Villepin le comentó a Laplana la estrategia de la defensa que haría de Salazar: “Ahora bien… y aquí viene la pequeña trampa… que el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es por un tema de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar… de ocultar el origen del dinero”.

Puntualiza Cuentas Claras que a juzgar por los resultados de la defensa “la estrategia de relacionar el tema con evasión de impuestos y alejarlo de la averiguación del origen de fondos, fue exitosa. La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en la imposibilidad de las autoridades policiales en descubrir el origen de los fondos, que se legitimaron a través de una extensa red de empresas en Panamá e Islas Vírgenes, así como en la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados. En una de las grabaciones, Laplana y Dominique de Villepin comentan jocosamente que ‘Diego de lo único que se ocupa es de disfrutar de la vida y de lo hermoso que es París’. Al parecer, ‘el primo’ también sabe cómo escoger a sus abogados y, sobre todo, le sobra con qué pagarles”.

Otra nota del sitio web Secretos Revelados refiere que Villalobos y Alvarado intentaron detener las averiguaciones en su contra a través de la compra de jueces y policías en Europa. Se cita allí que Diego Salazar manejó la posibilidad de sobornar a investigadores europeos, pero desistieron de ello al entender que la justicia y jueces europeos no se manejaban con el mismo desparpajo que los venezolanos.

Agrega la información que el hombre de confianza de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, “confesó los planes de la red para comprar voluntades al exdirectivo de BPA, Pablo Laplana. Y puso como ejemplo un soborno a policías que Salazar ejecutó en Venezuela. La conversación se desarrolló el 5 de diciembre de 2012”.
¿Quién es Diego Salazar?

Sobre Diego Salazar Carreño el portal Poderopedia informa que es hijo del exguerrillero, exconstituyente y miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR), Diego Antonio Salazar Luongo y primo por la línea materna de Rafael Ramírez.

Agrega que de acuerdo a la periodista Olga Wornat, del diario La Nación de Argentina, “Salazar Carreño pasó de vendedor de pólizas de seguro a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela, todo gracias a su poderoso pariente, quien le otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela, S.A.

El portal refiere que se le conoce como el “Rojo de Oro” y lo describe como un hombre a quien le encanta la fiesta, el derroche y los lujos, que vacaciona en Dubái, a donde se traslada en su avión, con mucamas, chefs y custodios. Posee mansiones en Estados Unidos y Europa, mientras que en Caracas adquirió un lujoso piso en la urbanización Campo Alegre que, al resultarle insuficiente, lo llevó a decir comprar el edificio entero.

Se da cuenta de que dada su afición al canto decidió formar su propia orquesta de salsa conformada por cien músicos a quienes paga salarios en dólares y con los que ensaya tres veces por semana en el Hotel Marriott, cuya planta baja se cierra para él y su banda.

Durante años se le ha adjudicado al exguerrillero Douglas Bravo la autoría de un artículo aparecido el 9 de diciembre de 2011 en el portal “ABC de la semana” titulado “A quien pueda interesar” en donde se hace referencia a la vida y andares de Diego Salazar Carreño, a quien califica de “boliburgués” que —además de lo ya señalado sobre él en estas líneas— es propietario de varias oficinas en la Torre Edicampo, también en Campo Alegre, “donde funciona su holding empresarial de intermediación de negocios de alta factura con organismos del Estado, llamado ‘Inversiones y Asesorías Inverdt S.A.’ y la Fundación Diego Salazar, este último un artificio sin fines de lucro para darle algo de shampoo social a las actividades de este filántropo de la revolución y quizás para evadir algunas de las obligaciones fiscales con el generoso Estado socialista y revolucionario”.

Refiere que a los ensayos de su orquesta llega “con su sequito de espalderos dirigidos por su jefe de seguridad, el Comisario General (antigua PTJ) Leonardo Díaz Paruta. El mismísimo primo menor, socio y compinche de Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA, a cumplir con su sueño de ser cantante, con orquesta propia, pero sin cualidades especiales en el gañote. Son bien conocidas las presentaciones artísticas del magnate bolivariano Diego Salazar Carreño, rociadas por varios frascos de bebidas espirituosas de exquisita selección en la que se alternan en la sección de vinos: el Château Lafite Rothschild, el Petrus Pomerol, el Romanée-Conti, el Château Margaux. En la sección de champagne Perrier Jouet o el Dom Pierre Pérignon y para los paladares criollos wiskiceros el Johnnie Walker Blue Label y Buchanans Red Seal. Eso sin olvidar los elaborados menús realizados por su cheff privado, dignos de tirar cohetes. Entre los caprichos de mi ahijado boliburgués no solo se destaca su especial hábito de vacacionar con su familia, amigotes más allegados y parte de su séquito de espalderos y asistentes a la paradisiaca locación saudita de Dubái, sin dejar de pasar la compra hace ya unos años, de una acción en el Caracas Country Club. Este hecho tuvo alguna resonancia en las altas esferas de la oligarquía ortodoxa capitalina, ya que por no tener pedigrí encopetado, se corrió el rumor de que la directiva del club le iba a cerrar el paso a su incorporación, echándole la tradicional ‘bola negra’. La maniobra fue inteligentemente contrarrestada, con el oportuno lobby de algunos amigotes de ocasión (Bobby Pocaterra, Tite Oteyza Scull y Fernando Sozaya Iturbe, quien para ese entonces era presidente de la junta directiva) y del desinteresado obsequio a cada uno de los 10 miembros de la Junta Directiva, de un Rolex Day Date de oro amarillo. Los mencionados obsequios ablandaron de manera casi mágica los orgullos clasistas y respingados de una Junta Directiva que rechazan visceralmente, las guayaberas rojas”.

De este escrito Douglas Bravo se desdijo en una entrevista que le hiciera Alicia Hernández para la página KonZapata.com, en la que aseguró que “ese no soy yo” y advierte que ha ido a protestar al respecto y no ha obtenido respuesta. “Yo he criticado al gobierno, he hecho análisis profundos, hemos sido inflexibles. Pero nunca he usado el lenguaje despreciativo, insultante, que usa este gobierno. Hago análisis. De modo que ese @douglasarrecho no soy yo. Y lo que hizo ese fulano fue, ante las denuncias que hicimos, copiarse muchas cosas mías”. Agregó que no ha tenido contactos con Salazar Carreño, pues su relación era con el padre de este y que solamente lo llamó por teléfono para comentarle el artículo en cuestión y advertirle que no era el autor del mismo. “…me dijo que ellos sabían que ese no era yo, porque ellos sí sabían que yo atacaba duro al gobierno, con estilo… Soy más duro que esas ridiculeces”.
¿Las verdaderas razones?

Lo cierto es que resulta altamente curioso que todas estas acusaciones salgan a la luz sólo hasta ahora, pese a que durante años se llamó la atención sobre las irregularidades cometidas por Rafael Ramírez y su primo.

Más aun, el propio Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto las investigaciones que sobre el exzar petrolero adelantó la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre la malversación de 11 mil millones de dólares en la petrolera estatal PDVSA, a través de manejos irregulares entre 2004 y 2014.

Al respecto, en el portal TururuTururu.com de la periodista Berenice Gómez se afirma que la actuación del fiscal Tarek William Saab se encuentra muy alejada de la intención de impartir justicia, toda vez que Diego Salazar operaba dentro y fuera de Venezuela con total impunidad sin que las instancias judiciales trataran de poner fin a esta situación. “Diego Salazar siguió operando con toda libertad en Venezuela y en el exterior… hasta que fue víctima, no de la justicia… para nada. Ha sido víctima de la pelea por las caletas de dinero que Hugo Chávez le encomendó a Ramírez, un fondo para sus hijos de USD 3 mil millones, y que Ramírez no quiere entregarle a Cilia y Maduro… entonces, el régimen desempolvó la investigación, las rogatorias y denuncias de Andorra sobre un cuarteto de primos, donde la cabeza de Rafael Ramírez, el dojo, dojito…”.

Igualmente, en la Asamblea Nacional fueron bloqueadas todas las iniciativas de investigación tan pronto la información salió a la luz a través de la prensa española. El diputado Julio Montoya del opositor partido Primero Justicia encabezó las averiguaciones pero su colega oficialista Pedro Carreño, en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría articuló todos los mecanismos para impedir que se investigara a Carlos Aguilera Borjas, exdirector de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip) con una estrecha amistad con el parlamentario chavista.

Un empresario venezolano y una compañía sevillana se suman a la trama de corrupción de la BPA

   USD 3,2 millones se transfirieron a una empresa registrada en Panamá propiedad de Roberto Javier Cobucci, los cuales sirvieron para cubrir la vida lujos de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, reveló El País de España.

Por Maibort Petit

  Un nuevo capítulo se ha escrito en torno a la trama de corrupción que gira alrededor del caso que protagonizaron los ex-viceministros de energía del gobierno del finado Hugo Chávez, a saber, Nervis Villalobos, Javier Alvarado, así como Diego Salazar, entre otros, quienes ocultaron fondos provenientes de sobornos en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y es que la juez de la causa determinó que Ingelec, una empresa sevillana, pagó 2,7 millones de euros —3,2 millones de dólares— a los funcionarios chavistas, a cambio de la aprobación de adjudicaciones públicas.

  Entre los años 2007 y 2010, Ingelec realizó un conjunto de transferencias a una sociedad registrada en Panamá, operaciones estas que habrían formado parte de los más de USD 2.400 millones que Villalobos, Alvarado y otros funcionarios chavistas corruptos ocultaron en el pequeño principado en el periodo comprendido entre 2007 y 2012 con el objetivo de legitimar los fondos irregulares[1]. 

  Los USD 3,2 millones terminó su recorrido en la BPA, específicamente en una cuenta destinada a pagar los gastos del primo del expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. y exministro de petróleo, Rafael Ramírez, a saber, Diego Salazar. El familiar del ex-zar petrolero venezolano forma parte del selecto grupo de 28 procesados en un juzgado de Andorra en donde el secreto bancario estuvo blindado hasta 2017.

  La investigación que ahora arroja nuevos resultados, determinó que los USD 3,2 millones que Ingelec transfirió terminaron en una cuenta de la Banca Privada d´Andorra que sirvieron para pagar en 2009 más de un millón de euros al hotel Four Seasons de París por gastos de alojamiento de Salazar y para transferir 834.000 euros a Estados Unidos destinados a la compra de un inmueble.

  La firma panameña que sirvió ocultar el origen de los fondos irregulares mediante operaciones que buscaban desviar las miradas de las autoridades del destino final que tenía el dinero, es Pessons Mountains, empresa fantasma o de pantalla, propiedad del venezolano Roberto Javier Cobucci Mugica, quien según el portal Dateas, es titular de la Cédula de Identidad número V-6.818.198[2].

  Ante las autoridades de la BPA, Cobucci dijo que el dinero de Ingelec provenía de un contrato de servicios para la instalación, montaje y mantenimiento de maquinaria para la Electricidad de Caracas, una empresa pública de Venezuela. Una versión que no convenció a las autoridades pues, “No se ha tenido acceso al encargo de Electricidad de Caracas”, refiere un informe. La jueza Stéphanie García imputó a Roberto Javier Cobbuci por lavado de dinero, así como a su empresa, Pessons Mountains.

  Roberto Javier Cobucci figura en el directorio de otras empresas, tales como Materiales y Servicios para Obras S.A., una sociedad anónima registrada en Panamá el 13 de diciembre de 2007 bajo el número 595503, ya disuelta. En esta compañía ocupaba los puestos de presidente, secretario y director, según revela el portal Open Corporates[3]. Por una sentencia del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, emitida el 8 de mayo de 2013, sabemos que Cobucci Mugica también preside o presidió la sociedad mercantil, Mauinarias Kovai 99 C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 1 de Julio de 2004, bajo el Nº 26, Tomo 106 A-Sgdo; cuya ultima modificación (para la fecha de la sentencia judicial) ocurrió ante la misma Oficina de Registro, en fecha 14 de Agosto de 2009, bajo el Nº 14, Tomo 175 A-Sgdo. La empresa de Cobucci era demandada por el cobro de una deuda[4]. Esta empresa también estaba inscrita en Panamá bajo la denominación Maquinarias Kovai 99 de Panamá S.A., donde Roberto Cobucci figuraba como presidente, director, suscriptor y secretario[5].

  Los dineros mal habidos de Diego Salazar han sido objeto persecución en los últimos años por parte de la s autoridades del principado de Andorra. En 2012 una juez bloqueó una operación que tenía por objeto transferir 40 millones de Suiza a Francia para la compra de una propiedad. El primo de Rafael Ramírez manejo siete cuentas en la BPA, una entidad financiera que fue intervenida en 2015 por presuntamente blanquear fondos irregulares de la constructora brasileña Odebrecht. Los fondos de Salazar en la entidad fueron 21,2 millones de euros que utilizó junto a su familiar, Luis Mariano Rodríguez y Nervis Villalobos, para costear una vida y excesos. Por ejemplo, 10 millones de euros de estos fondos sirvieron para cubrir entre 2007 y 2012 bienes de lujo, tales como joyas y obras de arte (3 millones), vinos (un millón), alquileres de helicópteros (516,012 euros).

  Pero no solamente Andorra fue el destino de los fondos irregulares de Salazar, sino también Belice, Panamá y las islas Vírgenes Británicas, donde se movieron a través de más cien empresas fantasmas que sirvieron para ocultar la compra de propiedades en Venezuela entre 2004 y 2016[6].

REFERENCIAS

[1] El País. “Andorra procesa a dos exministros de Hugo Chávez por un expolio de 2.000 millones”. 13 de septiembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/09/13/actualidad/1536840214_393863.html

[2] Dateas. Cobucci Mugica, Roberto Javier. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/cobucci-mugica-roberto-javier-1189468

[3] Open Corporates. Materiales y Servicios para Obras S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/595503

[4] TSJ. Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva. http://barinas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2013/MAYO/2126-8-AP11-M-2012-000332-.HTML

[5] Mercado. Cargos ejecutivos de Roberto Javier Cobucci Mugica. https://www.mercado.com.pa/ejecutivos/roberto-javier-cobucci-mugica-id-230C8D37A6C66353

[6] El País. “Una firma española pagó 2,7 millones de euros a la red de sobornos de exministros de Chávez”. 16 de febrero de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-02-15/una-firma-espanola-pago-27-millones-a-la-red-de-sobornos-de-exministros-de-chavez.html

viernes, 6 de noviembre de 2020

Nervis Villalobos Cárdenas: ex-funcionario chavista vinculado a varios casos de corrupción

   La justicia de varios países lo reclama para procesarlo por los delitos presuntamente cometidos.

Por Maibort Petit

   El nombre de Nervis Villalobos Cárdenas ha adquirido notable resonancia a la hora de hablar de la corrupción imperante en Venezuela, toda vez que figura en una serie de casos que han significado la pérdida de miles de millones de dólares del erario público.

   Natural de Maracaibo y casado con Milagros Coromoto Torres. Ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, se desempeñó como viceministro de energía eléctrica durante la presidencia del finado expresidente, Hugo Chávez Frías. A este viceministerio llegó de la mano de Rafael Ramírez. De hecho, en varias oportunidades, fue nombrado encargado del Ministerio de Energía y Minas, cuando Ramírez se ausentaba.

   También fue director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Alí Rodríguez Araque. Antes de esta posición trabajo en Enelven donde ocupó cargos gerenciales.

  En la cartera eléctrica, Villalobos Cárdenas se encargó de planes de incremento de la generación eléctrica, a través de proyectos que luego fueron denunciados como focos de corrupción.

  El portal Poderopedia[1] refiere que desde el inicio de su gestión en la administración pública comenzaron a surgir denuncias sobre las irregularidades supuestamente por él cometidas. La Consultoría Jurídica de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec), advirtió en 2003 que una serie de evidencias señalaban la comisión de irregularidades en la ejecución de 8 mil millones de bolívares por parte del Ministerio de Energía y Minas correspondientes a un contrato para una campaña de concientización del ahorro energético destinada a varios canales de televisión. Precisaron los abogados de Fundelec que Villalobos Cárdenas, que para entonces era director general de Energía del ministerio, suscribió los contratos con las televisoras aún cuando carecía de facultades para ello. Por este mismo caso fue objeto de investigación por parte de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

Denunciado por Tascón

  Para el año 2007, el fallecido diputado oficialista, Luis Tascón, lo denunció de ser responsable de contratar empresas incursas en malversación de fondos en la construcción de la central eléctrica Fabricio Ojeda, mejor conocida como La Vueltosa, ubicada en el estado Mérida. El parlamentario acusó una presunta estafa de USD 60 millones en aquel proyecto y dijo que Villalobos, incluso contravino las observaciones formuladas por el personal técnico.

  Desde el año 2009 tiene a su cargo la dirección de la empresa Ingeniería Gestión Proyectos Energía, C. A. de la cual es propietario del 50 por ciento de las acciones. Su esposa es dueña del restado 50 por ciento. Se trata de una compañía que ofrece servicios de ingeniería eléctrica y figura en el Registro Nacional de Contratistas con dos contratos de asesoría para la compañía Logistic Logs Cargo, C.A., que a su vez presta servicios de transporte y almacenaje para la Electricidad de Caracas.

  Además de viceministro de energía eléctrica, Nervis Villalobo ocupó en paralelo la presidencia de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe) y anunció desde 2005 una inversión millonaria de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en obras eléctricas para enfrentar la crisis eléctrica.

Socio de los bolichicos

  Fue señalado por el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, como el responsable de ofertar sobornos de parte de la empresa Derwick Associates ante el exministro Rafael Ramírez.

  Villalobos lo negó y aseguró que sólo se dedicaba a la consultoría. Un reportaje de Últimas Noticias publicado en diciembre de 2012, refiere que Nervis Villalobos era usuario frecuente del mismo avión con siglas de EE. UU. empleado por los directivos de Derwick.

  El diario zuliano La Verdad publicó en octubre de 2014 una nota en la que se hacía referencia a otros hechos de corrupción en la construcción la planta de generación Termozulia IV, ubicada en el Complejo Termozulia, en el municipio La Cañada de Urdaneta de esa entidad. El trabajo periodístico mostraba un documento de la empresa contratista estadounidense Energy Parts Solutions, el cual indicaba que por lo menos USD 9,3 millones de los USD 66 millones destinados por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para la compra de dos turbinas, fueron desviados para el pago de “comisiones”.

Con la plata en Andorra

   El diario español El Mundo publicó en marzo de 2015, una nota en la que a Nervis Villalobos se le incluía entre un grupo de altos jerarcas del gobierno venezolano con cuentas en el Banco de Madrid y el Banco Privado de Andorra. Dichos ahorros en dólares supuestamente era dinero proveniente de las comisiones obtenidas en negociaciones irregulares con la empresa española Duro Felguera, la cual en 2009 obtuvo el contrato para construir la central eléctrica El Sitio en los Valles del Tuy, Miranda, por más de USD 2.000 millones.

   Y es que Villalobos Cárdenas figura junto a Diego Salazar y Omar Farías Luces, en la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra remitió a la Fiscalía General de la de Venezuela en 2012.

  El documento muestra los movimientos de cuentas que Villalobos, Salazar y Farías Luces, realizaron en la BPA a través de un conjunto de empresas de fachada, lo cual les permitió lavar el dinero proveniente de comisiones cobradas a cambio de la aprobación de contratos de PDVSA[2].

La empresa en España

  El portal KonZapata reveló en 2015 que Nervis Villalobos y su esposa, Milagros Coromoto Torres, son propietarios de una empresa registrada en Madrid de nombre Kingsway Europe SI, la cual tiene un capital de 1.5 millones de euros. Agrega la reseña que el 13 de octubre de 2014 se hizo una actualización del registro y el capital se elevó a 3 millones de euros.

  Por su parte, el portal El Confidencial recogió en una nota en septiembre de 2016 las declaraciones de Nervis Villalobos en las que negó las irregularidades acusadas en el cobro que recibió en Banco Madrid.

El caso KCT

  Nervis Villalobos igualmente se vio involucrado en el caso de los empresarios cubano-americanos Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, quienes fueron encontrados culpables por un jurado de Nueva York por ayudar a lavar millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano, así como a varios contratistas que recibieron que negociaron irregularmente con PDVSA y Corpoelec para atender la emergencia eléctrica.

  Durante el juicio se conoció que los Díaz usaron su empresa Miami Equipment & Export para transferir más de USD 100 millones a varias empresas venezolanas, que de este modo triangulaban pagos de sobornos a funcionarios y ex funcionarios chavistas con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Entre estos los funcionarios se encontraba Nervis Villalobos Cárdenas, así como Fidel Ramírez Carreño (hermano de Rafael Ramírez), Enrique Rafael Cid Montes (asesor del exministro de Energía y Minas, Jesse Chacón), Mario Vega Pérez (Ingeniero empleado de Cadafe), José Luis Léon, Teddy Peralta (Ingeniero Electricista de Cadafe), José V. Rangel Mendoza y Ali Enrique Matute Tovar (Corpoelec y Cadafe).

  En este proceso se supo que Nervis G. Villalobos Cárdenas recibió millones por asesorías que llevó a cabo, pues los expertos del FinCEn mostraron un balance que señalaba que el exviceministro de Energía Eléctrica recibió de la empresa de los acusados más de USD 17 millones a través de la empresa Kingsway LDA. Los fiscales mostraron falsas facturas firmadas por Villalobos Cárdenas donde se reflejaba que había hecho asesorías en varios proyectos de ingeniería, entre ellos destacaba uno en la planta termoeléctrica Bajo Grande, ubicada en el estado Zulia[3].

Acusado en EE. UU.

  Atendiendo a una orden de arresto emitida en su contra en Estados Unidos, Nervis Villalobos fue detenido el 26 de octubre de 2017 en España. Los cargos imputados son por su presunta participación en un plan de sobornos relacionado con PDVSA.

  Además de Villalobos, la Guardia Civil española detuvo a Luis Carlos de León y César Rincón Godoy, pues el Departamento de Justicia los acusa de diseñar un esquema de corrupción en PDVSA en Houston que significó, supuestamente, la malversación de fondos destinados a atender la emergencia eléctrica en Venezuela.

   En la acusación aprobada por un Gran jurado con contra de Javier Alvarado Ochoa, expresidente de Bariven, así como contra dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela, se conoció el esquema de corrupción que incluyó el pago de más de USD mil millones en coimas que condujo a la cárcel a más de 20 personas, entre ellos Roberto Rincón y Abraham Shiera.

   En los alegatos generales de la acusación se refiere que Nervis Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa, Daisy Rafoi-Bleuler y Paulo Casqueiro Murta violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al pagar sobornos a oficiales de PDVSA, a través de Bariven en su sede en Houston.

  Entre 2011 y 2013, Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado, Luis Carlos De Léon Pérez y César David Rincón Godoy solicitaron a los contratistas de PDVSA el pago de sobornos y comisiones a cambio de proveerles asistencia en la obtención de contratos. También brindaron "los servicios" de gestoría para lograr que la petrolera les pagara las facturas que adeudadas de manera expedita durante la crisis de liquidez que experimentó la estatal en el período en el que se desarrolló la conspiración[4].

Ante la justicia

   Un juzgado de Andorra lo procesó el 13 de septiembre de 2018, por su presunta vinculación en la legitimación de capitales en establecimiento bancario y por su supuesta pertenencia a una red de corrupción que entre 2007 y 2012, cobró sobornos de empresas a cambio de la adjudicación de contratos de PDVSA. Nervis Villalobos habría movilizado 124 millones de euros a través de una decena de depósitos en Andorra.

  La Audiencia Provincial de Madrid admitió el 14 de septiembre de 2018, el recurso que la defensa de Villalobos —detenido en octubre de 2017 y en libertad desde el 11 de octubre de 2018— interpuso contra su detención dictada por un juez en mayo de 2018. La orden de arresto del magistrado obedeció a una investigación por un delito de lavado de dinero que supondría una transferencia de casi USD 7 millones que Villalobos hizo entre octubre de 2011 y junio de 2012 a la sucursal en Lisboa del Banco Madrid. La Audiencia consideró que “en el presente momento no se ve con suficiente claridad” que la transacción “pueda desembocar en una condena penal”.

   Un trabajo de investigación de El País dio a conocer que la empresa energética vasca Elecnor, supuestamente pagó USD 11,5 millones a Villalobos. Esto habría ocurrido entre 2010 y 2012 para supuestos asesoramientos. Sin embargo, los documentos en poder del diario español indican que Nervis Villalobos otorgó dos contratos a Elecnor, en donde esta se comprometía a pagar un 5 por ciento de comisión a dos empresas del exministro chavista por el proyecto de la planta termoeléctrica Juan Manuel Valdez en Güiria, estado Sucre.

  Y aunque Elecnor  niega la contratación de Villalobos, en uno de los papeles en poder de los tribunales de Andorra al que El País tuvo acceso revela que el entonces director del área internacional de la empresa vasca, Germán Junquera, afirmó que “Nervis Villalobos colabora, asesora y gestiona proyectos para Elecnor S. A. y empresas de su grupo, en el mercado eléctrico en Latinoamérica”. Elecnor se comprometía a pagar un 5 por ciento de comisión a dos sociedades instrumentales de Villalobos por la adjudicación del proyecto de la planta de ciclo combinado Juan Manuel Valdez en Güiria, en el Estado de Sucre[5].

  El 17 de octubre de 2018, Nervis Villalobos fue objeto de una nueva detención por orden del juzgado 41 de Madrid, la cual fue dictada ante el hallazgo de nuevos indicios de que hubiera incurrido en el lavado de USD de 7 millones transferidos al Banco de Madrid.

   Un mes después, en noviembre de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró procedente la solicitud de extradición de Villalobos Cárdenas para procesarlo judicialmente por la presunta comisión delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación.

   Posteriormente, a principios de 2019, España autorizó la extradición a Estados Unidos por seis meses.

  El País reveló también en mayo que Nervis Villalobos mediante un entramado empresarial internacional con vínculos en España, supuestamente lavó 53,4 millones de euros de fondos provenientes de la corrupción en Venezuela, de acuerdo a lo que arrojó la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía Nacional. Villalobos habría contratado al experto portugués en blanqueo, Hugo Ramalho Gois, para legalizar su botín.

    En abril de 2020, Nervis Villalobos, en una entrevista con el diario El Mundo que reprodujo Tal Cual, negó las acusaciones que Estados Unidos ha formulado en su contra las cuales lo señalan de presuntamente estar vinculado a actividades de narcoterrorismo y al habérsele incluido entre un grupo de personas encabezado por Nicolás Maduro y por los cuales se ha ofrecido una recompensa a quien contribuya a su captura.

  Villalobos dijo que no ha estado “ni estará” investigado por el referido delito, esto a pasar de que la DEA lo haya incluido en el esquema del supuesto narcotráfico y recordó que los hechos por los que se le investiga tienen que ver con corrupción. Precisó que su participación en el caso obedece a “haber tenido firma autorizada en una cuenta bancaria suiza que nunca usó ni para disponer de fondos ni para cualquier otro instrumento financiero”.

   Dijo que no guarda relación con el gobierno desde su salida de la administración pública en 2006. “Ese año dejé el Gobierno y no he sido funcionario ni he participado en actividades ilícitas o incompatibles”.

  La nota hace referencia al patrimonio de Nervis Villalobos el cual está compuesto por un “centenar de inmuebles en Marbella, más de 40 plazas de garaje o un chalé en La Moraleja, según el departamento Anticorrupción”[6].

CITAS

[1] Poderopedia. Nervis Villalobos. https://poderopediave.org/persona/nervis-villalobos/

[2] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/05/asi-pasaron-miles-de-millones-de-pdvsa.html

[3] Venezuela Política. “Jurado declaró culpable a dos empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami”. 16 de noviembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/11/jurado-declaro-culpable-dos-empresarios.html

[4] Venezuela Política. “Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.”. 20 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/javier-alvarado-ochoa-acusado-de-lavado.html

[5] El País. “Una firma española pagó 11 millones a un exviceministro de Chávez tras recibir una obra en Venezuela”. 21 de septiembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/09/20/actualidad/1537457102_535453.html

[6] Tal Cual. “Nervis Villalobos dice que no ha estado ni estará investigado por narcotráfico”. 8 de abril de 2020. https://talcualdigital.com/nervis-villalobos-aseguro-que-no-ha-estado-ni-estara-investigado-por-narcotrafico/


 


 

jueves, 23 de abril de 2020

Los oscuros negocios de China y Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Detrás del convenio suscrito entre China y Venezuela, supuestamente se escondería una trama de corrupción que sirvió para enriquecer a operadores vinculados con el oficialismo venezolano, entre quienes se cuenta Diego Salazar, quien habría obtenido jugosas comisiones por su intermediación para que la empresa china Sinohydro Corporation LTD —entre otras— suscribiera contratos millonarios con PDVSA en el contexto de la alianza entre los dos gobiernos. 
   La empresa china Sinohydro Corporation LTD forma parte de las compañías que, presuntamente, habrían pagado comisiones para la obtención de contratos millonarios en el contexto del convenio suscrito entre los gobiernos de Venezuela y China en 2010 conocido como el “Gran Volumen”. Además, esta firma es señalada en el informe final elaborado por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que analizó la crisis eléctrica, por supuestamente haber cobrado sobreprecios en las negociaciones entabladas con Petróleos de Venezuela S.A. para la construcción de plantas eléctricas.

  Las investigaciones desarrolladas por la justicia del Principado de Andorra con relación al caso de la Barra Privada d‘Andorra (BPA) en el que el empresario venezolano —entre otros—, Diego Salazar, primo del expresidente y de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, habría cobrado comisiones por el orden de los USD 200 millones a cinco empresas chinas a cambio de la asignación de contratos con la petrolera estatal, han arrojado nuevas evidencias de hechos irregulares.

  La jueza andorrana del caso, Canòlic Mingorance, reveló que Salazar estableció contacto con compañías chinas para fungir de facilitador en la obtención de los contratos, una diligencia en la que habría logrado la colaboración del secretario de la embajada de Venezuela en Pekín, Luis Enrique Tenorio. Este último supuestamente conformó una empresa en Panamá, la Phomphien Corporation, para ocultar los dividendos obtenidos con estas negociaciones fraudulentas, fondos estos que eran depositados en la BPA, refiere el diario español El País[1].

  La nota indica que la empresa Sinohydro Corp. Ltd contrató con PDVSA la construcción de la central eléctrica La Cabrera por USD 315 millones y que cinco días antes, Diego Salazar a través de su firma panameña Highland Assets suscribió una negociación con Francisco Jiménez Villarroel, quien fungía como gerente de la oficina de PDVSA en China, para ayudar a las empresas de esa nación a contratar con Venezuela.

  La titular del tribunal andorrano refiere que luego de esto, Sinohydro transfirió USD 50 millones a la cuenta de Diego Salazar en BPA. Eudomario Carruyo, quien se desempeñaba para entonces como director financiero de PDVSA, habría recibido de la empresa china USD 7 millones.

  Otra información del mismo diario[2] refiere que Sinohydro Corporation Limited se encargó de la ejecución de dos de las fases que comprendió la construcción de la planta termoeléctrica La Cabrera por USD 603 millones. Para justificar —continúa la información— Diego Salazar entregó un contrato suscrito entre Highland Assets Corporation y Sinohydro Corporation Limited por supuestos servicios de consultoría e intermediación. Este contrato con carácter confidencial al que logró tener acceso la jueza Canòlic Mingorance, establecía que Salazar obtendría el 10 por ciento “del importe neto cobrado en la negociación directa” de las infraestructuras contratadas.

  Ya en 2016, el portal Cuentas Claras Digital[3] había advertido de estas supuestas negociaciones fraudulentas a través de las cuales las empresas “China Camco Engineering CO Ltd (China CAMC), Sinohydro Corporation Limited y China Machinery Engineering Corporation (China CMEC), empresas energéticas estatales con contratos eléctricos en Venezuela, realizaron decenas de transferencias por cientos de millones de dólares a cuentas de empresas de maletín de Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello, su operador personal y testaferro, en Banca Privada de Andorra (BPA)”. En esa misma reseña se indica que Sinohydro Corporation Limited contrató en 2010 por USD 1.116 millones la ingeniería, procura y construcción de unidades generadoras de 772 MW en la planta termoeléctrica El Palito.

  En Venezuela Política[4] se dio un recuento pormenorizado de las distintas cuentas que presuntamente sirvieron para el lavado de millones de dólares provenientes de sobornos y negociaciones fraudulentas llevadas a cabo por diversos operadores en la BPA. Entre estas cuentas se reseñó la identificada con el número AD66 0006 0008 2512 0026 9407, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de Highland Assets Corp., la empresa panameña de Diego Salazar a la que hicimos referencia líneas arriba.

  Como representante de firma figuraba Luis Mariano Rodríguez Cabello y la cuenta presentaba un saldo al 18 de noviembre del 2011 de 3.415.714,39 euros. “El contrato de apertura de cuenta y los cuestionarios indican que el causahabiente de la referida cuenta es Diego José Salazar Carreño. Se asegura que los fondos se han originado a raíz de la intermediación en operaciones de petróleo. Se informa en el mismo formulario que la cuenta recibirá dinero de Worldwide Traders Line, S.A. y que de los 2 formularios no firmados por el cliente, uno establecido con la denominación de la persona jurídica titular de la cuenta, a saber Highland Assets Corp. y el otro para el beneficiario, la mercantil venezolana Iver DT Asesores de Negocios, C.A. siendo el gestor Pablo Laplana Morales. Existiendo un contrato entre el banco BPA y las mercantiles Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., y Red Bouquet Fundation, pues parecerían sociedades pantalla”.

  Entre otras operaciones, la trama de movimientos registrados reveló que desde octubre del 2011, “en el apartado de crédito se aprecian múltiples transferencias procedentes de cuentas bancarias abiertas en entidades financieras mayoritariamente chinas, ordenadas por las mercantiles Shandong Kerui Petroleum Eguima CO LTD (China), China Camco Engineering CO LTD (China), Sinohydro Corporation Limited (China), CICI Venezuela C (USA), Yutong Hongkong Limited (Hong Kong), China Machinery Engineering Corporation (China). La cantidad total canalizada por medio de estas transferencias, ascienden a USD 179.291.702,76”.

Memorando de entendimiento de PDVSA y Sinohydro

  En nuestro poder se encuentra una copia del memorando de entendimiento suscrito el 3 de febrero de 2010 entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la citada empresa china Sinohydro Corporation LTD y que sirvió de marco para que tuvieran lugar las negociaciones a que hemos hecho referencia en las líneas precedentes.

  La firma que tuvo lugar en la ciudad de Pekín y tenía por objeto enfrentar la grave crisis energética que desde hace años aqueja a Venezuela.

  La estatal petrolera solicitó a Sinohydro que ofertara algunas plantas de energía de emergencia que permitieran a Venezuela hacer frente a la situación, un hecho que ocurrió en el contexto de la Octava Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2009.
   El propósito de PDVSA era el de hacerse de un conjunto de plantas de energía eléctrica que le permitieran resolver las contingencias surgidas de la crisis eléctrica, en específico, la idea era lograr una capacidad instalada de 900 MW en un periodo de entre seis  y nueve meses que constituirían la Fase I del proyecto.

  Posteriormente, esta capacidad instalada se incrementaría hasta 1.500 MW dentro en un lapso de doce meses contados a partir de la firma del contrato que iría acompañado de un anticipo.

  Se preveía una Fase III del proyecto, que elevaría la capacidad instalada hasta 2.700 MW en un periodo de un año.

  Ante la solicitud de PDVSA, la empresa china manifestó su interés en suministrar, instalar y poner en funcionamiento dichas plantas eléctricas y, en tal sentido, propuso conformar inmediatamente un grupo de trabajo de expertos en ingeniería que se encargaran de formular y presentar la propuesta integral el 22 de enero de 2010 a la estatal petrolera venezolana.

  Petróleos de Venezuela S.A. le dio el visto bueno a la proposición de Sinohydro Corporation LTD al estimar que la misma era viable tanto técnica como comercialmente, al tiempo que catalogó como eficiente el desempeño y experiencia de la compañía china.

  En tal sentido, PDVSA y Sinohydro acordaron construir las centrales eléctricas que atenderían la emergencia eléctrica en tres fases, a saber:

— Fase I, plantas con capacidad instalada de 900 MW construidas en un periodo de entre seis y nueve meses que comenzarían a contarse a partir de la firma del contrato y el pago del anticipo.

— Fase II, consistente en el incremento de la capacidad de las plantas hasta 1.500 MW en un plazo de doce meses.

— Fase III, destinada a elevar la capacidad instalada de las plantas hasta 2.700 MW en un periodo de un año.

  Se estableció que para llevar a cabo los trabajos de construcción de las plantas de emergencia, PDVSA debería en las dos semanas posteriores a la firma del citado memorando de entendimiento, designar al gerente del proyecto y establecer una oficina o dependencia destinada especialmente a la atención y desarrollo del proyecto, la cual sería el componente homólogo de Sinohydro por parte de la petrolera venezolana, esto con el objetivo de poner en marcha a la mayor brevedad las obras y concluirlas en el menor tiempo posible.

  Se advirtió que PDVSA entendía que Sinohydro no mantendría la oferta presentada en las mismas condiciones por más de dos o tres semanas, por lo que la estatal petrolera venezolana debía enviar a China a su equipo de ingenieros para concretar la negociación del contrato, el plan de acción y el cronograma en el menor tiempo posible.

  Las partes entendían que los contratos para la Fase II y III estarían sujetos a aprobación durante la negociación del contrato de la Fase I.

  Se estipuló que el idioma inglés se utilizaría en todos los aspectos que comprendía el memorando de entendimiento, su ejecución y conclusión, entrando en vigencia a la fecha de su suscripción con una vigencia de dos años.

Se acordó que todas las diferencias surgidas entre las partes con relación a la interpretación y ejecución del memorando de entendimiento se resolverían de manera amistosa.

   Firmaron el memorando de entendimiento en representación de Petróleos de Venezuela S.A., Rafael Ramírez, presidente de la estatal, mientras que por Sinohydro Corporation LTD lo hizo Liu Qitao, presidente la firma china.

La empresa china

  Según su página web[5], Sinohydro se estableció en China como contratista estatal de proyectos hidroeléctricos durante los años cincuenta y que a lo largo del tiempo ha ido ampliando su línea de negocios en el ámbito de la construcción. Refiere que cuenta con 130 mil empleados que conforman un equipo profesional versátil que brinda servicios integrales de financiamiento, ingeniería, compras, implementación y operación de proyectos de energía, conservación de agua, infraestructura de transporte y obras civiles como edificios públicos/privados o a instalaciones que comprenden puntos clave de desarrollo económico local.

  Bloomberg informa que Sinohydro tiene su sede en el N° 22 Chegongzhuang West Road, Haidian District, Pekín, 100044, China. Sus teléfonos son 86 10 5838 1999, Fax: 86 10 5838 1621.

   En la actualidad su directorio está conformado por Jun Liang (presidente y miembro de la junta ejecutiva), Guohua Shen (director financiero y miembro de la junta ejecutiva), Lixin Xiong (vicepresidente de la junta ejecutiva y vicepresidente ejecutiva), Fengqiu Liu (ingeniero jefe y miembro de la junta ejecutiva) y Haihua Tian (vicepresidente ejecutivo y miembro de la junta ejecutiva)[6].

   Sobre ella, el portal BN Américas la define como una empresa estatal china que ese estableció en la década de los años ’50 como una contratista de proyectos hidroeléctricos y hoy en día tiene un portafolio de negocios que cubre tres divisiones principales, a saber, construcción de infraestructura en los sectores de energía, agua, transporte y edificios; inversión en bienes raíces, concesiones y minería; y contratos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC).  Refiere que la empresa tiene operaciones en más de 70 países alrededor del mundo, ubicándose en Caracas, Venezuela, su oficina regional para América. “Sus proyectos regionales incluyen la central térmica de Cabrera y la central térmica Palito, ambas en Venezuela; la presa de Chalillo en Belice; la planta hidroeléctrica Coca Codo-Sinclair en Ecuador (inaugurada en noviembre de 2016); entre otros proyectos en Trinidad y Tobago, Bolivia y Costa Rica”[7].

  Entretanto, el mismo portal, indica que Sinohydro Venezuela C.A. “es una empresa venezolana subsidiaria de la multinacional estatal china Sinohydro dedicada a la construcción de infraestructura orientada a la generación de energía. Inició sus operaciones en 2010 en Venezuela, tras los acuerdos para la construcción de las plantas termoeléctricas Palito, de 772MW, en el estado de Carabobo y Cabrera, de 382MW, en la costa norte del lago Valencia, ambos propiedad de la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y concluidos en 2012. Sinohydro Venezuela tiene oficinas en Caracas, desde donde controla todas sus operaciones en Las Américas. Actualmente construye la planta termoeléctrica Batalla de Santa Inés, de 100MW, en el estado de Barinas para PDVSA”[8].

  En su portal informativo, Sinohydro hace referencia a dos proyectos desarrollados por la empresa en Venezuela, a saber, la planta termoeléctrica El Palito dentro Planta Centro en el estado Carabobo, la cual forma parte del paquete contratado con PDVSA, suscrito en abril de 2010. Se indica que esta planta “está diseñada para tener cuatro unidades de potencia con una capacidad instalada total de 772 MW. Según aseguran, dos de las unidades que la conforman comenzaron a funcionar a finales del mes de septiembre de 2012[9].

  El otro proyecto es la Central Termoeléctrica La Cabrera, con capacidad para generar 382 MW y supuestamente ejecutada entre 2011 y 2012[10].

El informe de la Asamblea Nacional

   La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica del país refiere en su informe final[11] que Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo, a raíz de la crisis eléctrica de 2003 ordenó la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PDSEN), que preveía la incorporación de 1.000 MW efectivos de generación por año hasta un total de 6.000 MW entre 2005 y 2010, de manera de evitar un déficit estructural en el último de estos años señalado.

  Advierten los parlamentarios que el incumplimiento del plan coincidió con la concentración en la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, (2007) de todo lo atinente al sector. Indican que en un intento de recuperar el tiempo perdido, la eléctrica y PDVSA procedieron a adjudicar directamente proyectos de generación sin respetar las directrices previamente establecidas y con un desembolso de recursos que superó en 180 por ciento el costo estimado originalmente por el PDSEN.

   Sinohydro de Venezuela formó parte de las empresas citadas por el ente legislativo, pero la representación de la compañía no asistió a la comparecencia aludiendo limitaciones logísticas, por lo que consignó la información de manera física.

  En el informe se indica que Sinohydro estuvo a cargo del proyecto Planta TermoCarabobo, contratado por PDVSA con recursos provenientes del Fondo Chino. El contrato se suscribió en 2012 y la fecha de finalización según el contrato era 2014. La obra fue concluida. Estos trabajos no formaban parte de los planificados en el PDSEN 2005-2014. El presupuesto a 2012 era de USD 1.116 millones, aunque a precios de 2005 era de USD 938 millones. El costo referencial PDSEN 2005-2024 era de USD 366 millones (USD 475 por kWe)

  La comisión de la Asamblea Nacional observa una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial del orden de USD 572 millones a precios del 2005, es decir un incremento de 156 por ciento, que no fue debidamente justificado.

  Respecto al proyecto de ampliación La Cabrera a 320 MW, la comisión parlamentaria refiere que esta obra contratada por PDVSA con la empresa Sinohydro se llevó a cabo con recursos provenientes del Fondo Chino, del Fondo Independencia 200 y del Fondo Cambio. El contrato se suscribió en mayo de 2011 y la culminación (según contrato) era para junio de 2014. Se informa que fue inaugurada en el citado año 2014. Era una obra programada en el PDSEN 2005-2014.

  Además de la instalación de dos turbogeneradores de 160 MW en ciclo abierto, la obra incluyó la construcción de 6 líneas de transmisión en 115 KV que permitían la interconexión de la Subestación La Cabrera con las subestaciones Caña de Azúcar, El Limón, San Vicente y San Ignacio, una subestación encapsulada en 115 KV y 5 Km de tubería para gas, que conecta la Estación de Regulación La Sisa con la estación de Regulación dentro de la Planta La Cabrera.

  Según el informe ejecutivo realizado por Coordinación de Administración de Control de Proyectos de Corpoelec en junio de 2011 —apunta la comisión mixta de la AN— se dice que el costo del proyecto era de USD 600 millones, monto que se confirma en la página web de PDVSA.

  Advierten los parlamentarios que el costo total del contrato (IPC y equipos mayores) a precios de 2005 era de USD 511.3 millones, siendo que el PDSEN 2005-2024 y el PMSPRSEN 2010-2030, estimaban que instalar 320 MW ISO en un sistema de generación en ciclo abierto que costaba USD 152 millones, por lo que se observa un diferencial de USD 359 millones.

CITAS


[1] El País. “Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela”. 29 de noviembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/11/27/actualidad/1543315819_586995.html

[2] El País. “Los oscuros negocios del chavismo con China”. 24 de marzo de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/03/20/actualidad/1521565763_095562.html

[3] Cuentas Claras Digital. “La emergencia eléctrica, China y la corrupción de Ramírez en Pdvsa”. 27 de noviembre de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/11/la-emergencia-electrica-china-y-la-corrupcion-de-ramirez-en-pdvsa/

[4] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/search?q=bpa

[5] Sinohydro. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=9

[6] Bloomberg. Company Overview of Sinohydro Corporation. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=13484187

[7] BN Americas. Sinohydro Corporation Ltd. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/sinohydro-corporation-ltd-sinohydro

[8] BN Americas. Sinohydro Venezuela CA. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/sinohydro-venezuela-ca-sinohydro-venezuela

[9] Sinohydro. El Palito Thermoelectric Plant. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=12

[10] Sinohydro. Cabrera Thermal Power Plant. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=44&id=89

[11] Transparencia. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica del país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf