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miércoles, 13 de octubre de 2021

Fuentes: Hubo complicidad interna en CITGO para el pago de USD 15 millones a empresa del excongresista David Rivera

  La filial de PDVSA, PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda inicial contra Interamerican Consulting Inc.

Por Maibort Petit

   El caso que se libra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York entre PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Interamerican Consulting Inc., propiedad del excongresista de le Estados Unidos, David Rivera, va más allá de un simple reclamo por incumplimiento de contrato, de acuerdo a lo que revelan fuentes ligadas al caso. Informantes de Venezuela Política advierten que, evidentemente, los USD 15 millones que involucra la demanda fueron extraídos de CITGO con complicidad interna. Una serie de manejos por parte de Gina Coon, tesorera, y José Pereira, ex vicepresidente de la filial, quien habría ordenado a la primera hacer el pago, pues se trataba de “una orden de arriba”, emanada de Nelson Martínez.
   Dichas fuentes sostienen que los manejos irregulares son fáciles de detectar con solo revisar los movimientos bancarios de la empresa en el JP Morgan. Al mismo tiempo, advierte que debe ponerse la lupa en Marcia Wiss, abogada de ejercicio en Washington, quien habría sido la artífice de la transacción en conjunto con los funcionarios de CITGO y PDVSA.
  El dinero de la disputa, presentando como un pago por supuestos servicios de cabildeo que la empresa de Rivera no habría finalmente prestado, habría tenido otro destino que, según el excongresista, eran fondos destinados al financiamiento de las protestas promovidas por la oposición venezolana contra el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  El asunto terminó ventilándose en los tribunales y desde el momento mismo en que PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), suscribió un contrato con la empresa del ex congresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting Inc., por presuntos servicios de asesoría de la segunda para con la primera, comenzó una diatriba que parece no tener fin y una serie de acusaciones entre las partes no tienen cuándo terminar.

  El último capítulo en esta guerra de corresponde a la demandante inicial, PDV USA Inc. la cual presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York su respuesta a la contrademanda que Interamerican ejerció el 19 de agosto del presente 2021, negando todos los términos de la misma.

  El pasado 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc. presentó una contrademanda en contra de PDV USA Inc. en la que negó todos los términos de la demanda interpuesta por esta última en su contra acusándola por incumplimiento de contrato. La empresa del ex congresista republicano, David Rivera, aseguró que es la filial de PDVSA la que debe pagar USD 30 millones que serían el saldo del contrato[1].

La respuesta de PDV USA

  El 24 de septiembre de 2021, Jeffrey B. Korn, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa los intereses de PDV USA Inc. en el caso en que demanda a la empresa Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, presentó su respuesta y defensas afirmativas a las contrademandas del demandado al tiempo que pidió a la Corte desestimar dichas contrademandas; otorgarle sentencia a su favor de acuerdo a lo solicitado en la Demanda Enmendada; y cualquier otra compensación adicional que el Tribunal considere justo y equitativo.


   PDV USA Inc. negó las alegaciones de Interamerican en su contrademanda, limitándose a admitir que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la matriz última de CITGO Petroleum Corporation (CITGO) y que David Rivera es un excongresista de los Estados Unidos, propietario de la compañía demandada, con el que celebró un acuerdo para que esta le prestara supuestos servicios de consultoría el 21 de marzo de 2017, y que Interamerican se negó a dar su consentimiento al “Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción al Acuerdo de Consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017”.

   PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda contra Interamerican Consulting Inc., a saber, un cargo por Incumplimiento de contrato; un cargo de por Enriquecimiento injusto; su sentencia declaratoria; al tiempo que enfatizó el pedido de alivio pues, asegura, que la demandada no tiene derecho alguno a las reparaciones que reclama.

Las defensas afirmativas de PDV USA

   Ante las contrademandas de Interamerican Consulting Inc., PDV USA Inc. afirmó sus defensas sin perjuicio de cualquier posición que pueda adoptar con respecto a la carga de la prueba sobre dichas defensas. Asimismo, se reserva el derecho de hacer valer defensas adicionales, incluidas las basadas en hechos revelados mediante descubrimiento o investigación adicional.

   En este sentido, PDV USA en su Primera defensa afirmativa destaca que la contrademanda no establece un reclamo sobre el cual se pueda otorgar una reparación.

 La Segunda defensa afirmativa sostiene que el reclamo de Interamerican por incumplimiento de contrato está excluido por su propio incumplimiento material previo.

   Entretanto, la Tercera defensa afirmativa de PDV USA refiere que los reclamos de Interamerican están excluidos en todo o en parte por las doctrinas equitativas de manos sucias, destituciones, preclusión y/o renuncia.

   A su vez, la Cuarta defensa afirmativa indica que cualquier reclamo de reparación equitativa o declaratoria está excluido porque el Interamerican tiene un recurso adecuado en la ley.

    La Quinta defensa afirmativa de PDV USA advierte que los reclamos de Interamerican están excluidos, en todo o en parte, porque el Acuerdo es inválido, ilegal, nulo y/o nulo ab initio y, por lo tanto, inaplicable. Recuerda que el presidente de Interamerican, David Rivera, declaró a la prensa poco después de la presentación de la demanda, indicando que su empresa nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del contrato.

   Por último, la Sexta defensa afirmativa asevera que la reclamación de Interamerican por incumplimiento de contrato se excluye en todo o en parte porque no cumplió con una condición precedente en virtud del Acuerdo.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html

jueves, 26 de agosto de 2021

Corte fija cronograma del proceso judicial entre PDV USA y la empresa del excongresista David Rivera

     El juicio se llevará a cabo a mediados del próximo año 2022.

Por Maibort Petit

   La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó el 24 de septiembre del presente años 2021, como la fecha límite para que PDV USA Inc. responda a la contrademanda que en su contra formuló la empresa del exparlamentario republicano David Rivera, Interamerican Consulting Inc.
   El pasado 20 de agosto, el juez John G. Köelt estableció un cronograma en el que, además de la diligencia anteriormente mencionado, fijó el 21 de febrero de 2022 para presentar los alegatos enmendados, fecha que igualmente será el plazo límite otorgado por el tribunal para que las partes puedan reunirse.

   Las declaraciones de expertos deben presentarse antes del 11 de abril de 2022; la etapa de descubrimiento de hechos, incluidas las declaraciones de los testigos de hechos tendrá como fecha tope el 21 de febrero de 2022; las mociones de sentencia sumaria vencen el 25 de mayo de 2022; la orden preliminar conjunta se estableció para el 17 de junio de 2022 o 21 días después de la decisión de cualquier moción dispositiva.

   Asimismo, el juez Köeltl estipuló que las partes deberán estar listas para el juicio con 48 horas de notificación o 21 días después de la presentación de la orden preventiva conjunta.

Solicitud de plazo

   El 1 de julio de 2021, Kathryn Lee Boyd, de la firma Hecht Partners LLP que representa legalmente a Interamerican Consulting Inc. en el proceso judicial que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde PDV USA Inc. la demandó por incumplimiento de contrato, remitió una comunicación al juez John G. Köeltl, para solicitar la extensión del plazo de que dispone para responder a la Demanda Enmendada, al tiempo que se excusó por no poder estar presente en la conferencia pautada para el 13 de julio de 2021.
   Refirió que la razón por la cual no podría asistir se debía a que es, además, el abogado principal del juicio en Apple Inc. v. Corellium LLC, Nº 9-19cv-81160-RS, para la fecha de la comunicación pendiente ante el juez Rodney Smith en el Distrito Sur de Florida, quien había pautado ya anteriormente, una conferencia previa al juicio para el citado 13 de julio de 2021. Esta causa tenía pautado el inicio del juicio para el 19 de julio de 2021. Le recordó que el Tribunal había denegado la solicitud conjunta de las partes de aplazar la fecha del juicio para septiembre.

   La comunicación al juez refería que, de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 6 (b), el Interamerican Consulting solicitaba que el Tribunal extendiera el tiempo para que el demandado pudiera responder a la Demanda Enmendada por 30 días, hasta el 5 de agosto de 2021. El Demandado también solicitó que el Tribunal suspendiera la conferencia a la primera semana de agosto, o la fecha más temprana a partir de entonces, que fuera conveniente para la Corte. Las partes solicitaron que la Corte reajustar el plazo para presentar el informe de la Regla 26 (f), en consecuencia. El juez otorgó la solicitud.

Cambio de abogados

  El 2 de agosto de 2021, Kathryn Lee Boyd, de la firma Hecht Partners LLP, en representación de Interamerican Consulting Inc. solicitó al juez Kathryn Lee Boyd una prórroga para presentar la respuesta a la demanda enmendada en su contra.
    Explicó Boyd al magistrado que tal pedido lo hacía en virtud de que había sido informado por su cliente de que tenía la intención de contratar nuevos abogados en este asunto y estos, probablemente tomarían una nueva dirección y estrategia en la defensa de el caso. Pidió plazo hasta el 19 de agosto de 2021, para que se finalizara la contratación de los abogados y estos presentaran la respuesta solicitada por el tribunal.

  De hecho el 19 de agosto de 2021, el nuevo abogado de Interamerican Consulting Inc., Tucker H. Byrd, presentó la respuesta a la demanda enmendada y contra demandó a PDV USA Inc. como ya lo informamos en entrega anterior[1].

REFERENCIAS 

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html

miércoles, 25 de agosto de 2021

PDV USA versus Interamerican Consulting: Una demanda que ocultaría otros ilícitos distintos a los que acusa

   Lo que aparenta ser un reclamo por incumplimiento de contrato, simplemente sería el camuflaje a una serie de negociaciones irregulares cometidas en el seno del principal activo de Venezuela en el extranjero: CITGO.

Por Maibort Petit

    La demanda entablada por PDV USA Inc. en contra de Interamerican Consulting Inc. propiedad del excongresista republicano, David Rivera, ha dejado al descubierto una serie de manejos irregulares que, presuntamente, operaban u operan en torno a la demandante y el demandado.

  De hecho, en la contrademanda que recientemente presentó Interamerican contra PDV USA, refiere que, en ningún momento manifestó su inconformidad con el servicio de consultoría prestado y sólo comenzó mostrar cierta resistencia a seguir realizando los pagos que venía realizando, cuando Interamerican se negó a permitir que el acuerdo suscrito entre ambas empresas se asignara por PDV USA a su casa matriz PDVSA. Ante el planteamiento, Interamerican expuso su inconformidad, toda vez hacerlo socavaría la recomendación estratégica que la demandada y ahora contrademandante venía planteando, en el sentido de que CITGO enfatizara su identidad independiente de Petróleos de Venezuela S.A., cuya imagen y desempeño venía afectándola.

   Ese, incluso, habría sido el objeto del contrato —al menos en el papel— pues CITGO procuraba asesoría para “desarrollar un plan estratégico para crear una identidad separada y distinta y desvincularse de su matriz final, Petróleos de Venezuela, SA”.

   Por tal servicio de "asesoría" por parte de la empresa de David Rivera, la filial de PDVSA en Estados Unidos “ofreció pagar la suma de $ 50 millones”, reza la contrademanda en su exposición del caso, al tiempo que agrega que tal cantidad pareció razonable a la estatal venezolana, ante el riesgo que corría.

  Y deja sentado Interamerican: “Teniendo en cuenta los miles de millones de dólares en juego con la estatura pública y empresarial de CITGO en peligro, CITGO obviamente consideró que la tarifa era razonable porque la tarifa propuesta se originó en CITGO sin que Interamerican lo solicitara o aportara” (subrayado nuestro).

  Interamerican destaca que “PDV USA nunca notificó a Interamerican de ninguna supuesta insatisfacción, nunca declaró a Interamerican en default, y ni siquiera dio por terminado o revocó el acuerdo”.

¿El objeto del contrato?

  Pero según fuentes internas de CITGO, tanto el objeto del contrato suscrito entre PDV USA Inc. e Interamerican Consulting Inc., como la razón de la demanda entablada, son otras nada regulares.

   Así se nos refiere que detrás del aparente objeto de acusar el incumplimiento de contrato por parte de la empresa de David Rivera y reclamar el reintegro de los USD 15 millones pagados, la intención es justificarse ante el gobierno de los Estados Unidos, toda vez que se conoce que el Departamento de Justicia y otras instancias de la administración estadounidense investigan a CITGO.

   De este modo, la demanda diseñada por el abogado Michael Gottlieb, a instancias de Luisa Palacios y Carlos Jordá, sólo tiene un objetivo, no la recuperación del dinero pagado a Interamerican, "sino desarrollar una estrategia del gobierno interino de Juan Guaidó para presentarse como en interesado en acabar con los manejos irregulares en CITGO", bajo su tutela desde que EE. UU. le reconoció como mandatario encargado de Venezuela y desconoció a Nicolás Maduro y su administración.

  “La demanda es, pues, solamente una cortina de humo”, advierte  fuentes vinculadas al caso, “una manera de lavarse la cara ante el gobierno de Estados Unidos, haciéndose ver como adalides de la lucha contra la corrupción”.

  Y entonces advierte la fuente: “nada más lejos de la realidad”, pues esos que pretenden presentarse como agentes combativos de lo irregular, guardaron silencio sobre los casos de corrupción que tenían lugar en CITGO en las administraciones de Asdrúbal Chávez y de Nelson Martínez. De ello supieron en febrero de 2019, como también conocieron de una auditoría que revelaba todos los manejos oscuros, la cual fue realizada en 2017 ordenada por la PDVSA de Maduro y que Juan Guaidó se atribuyó y fechó en 2019.

   "La junta directiva designada por Guaidó supo de los hechos de corrupción y no actuó en consecuencia", aseguró la fuente. "Luisa Palacios y el resto de la directiva no actuaron sino hasta mayo de 2020 en lo que puede denominarse como una operación de mampara", acota.

   Igualmente, se nos advierte acerca de la naturaleza de PDV USA Inc., la cual sería únicamente realizar operaciones y negociaciones irregulares, no solamente con Interamerican Consulting Inc., sino también con otras compañías cuestionadas, entre ellas, las de José Manuel González Testino.

¿Incumplimiento de contrato?

  Otra fuente nos apunta, que la demanda contra la compañía de Rivera persigue igualmente el objetivo de enmascarar las negociaciones irregulares llevadas a cabo a través de PDV USA y CITGO.

   Por tanto, según la fuente, la acusación contra Interamerican sólo pretende hacer ver a PDV USA como una víctima, objetivo trazado por el abogado Gottlieb, cuando lo que se procuraba era evitar que las averiguaciones se profundizaran en los responsables de las transacciones fraudulentas que se hicieron con la empresa de Rivera, las cuales violan las leyes federales de EE. UU. Era necesario alejar el dedo de la justicia de los directivos de CITGO que participaron en las oscuras negociaciones que, más allá de lo que reza el texto de la demanda, tienen que ver en realidad, con presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO, alerta la fuente.

  Puntualiza la fuente de Venezuela Política que, en 2017, José Pereira y Gina Coon, quien se mantiene como tesorera de CITGO, ejecutaron tres pagos vía transferencias bancarias por USD 5 millones cada uno, para un total de USD 15 millones, a la cuenta de David Rivera en el JP Morgan NY. Específicamente, mediante la cuenta identificada con el número de ruta 021000021 y el serial 633291682.

  Estos pagos, por demás, no habrían cumplido con los requisitos exigidos por las leyes de los Estados Unidos, pues se habrían respaldado con recibos de cobro carentes de la rigurosidad exigida por la norma.

  Una auditoría de CITGO identificó y describió el fraude y las violaciones de controles internos cometidas por José Pereira y Gina Coon, en colusión con personal de PDVSA y pudieron detener que se prosiguiera con los pagos irregulares a Rivera, es decir, los USD 35 millones de saldo del contrato que ahora reclama Interamerican en su contrademanda a PDV USA.

¿Otros fines?

  Pero otros objetivos habrían justificado la suscripción del contrato, toda vez que cuando el asunto explotó en los tribunales, David Rivera aseveró que el dinero que había recibido como pago por los servicios de consultoría, en realidad estaba destinado a financiar a la oposición venezolana.

  El excongresista sostuvo que había mantenido reuniones con Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado el dinero pagado por CITGO a Interamerican. En dichas reuniones, dijo, participó, supuestamente, Raúl Gorrín.

Sobre PDV USA Inc.

  PDV USA es una corporación de Delaware que es propiedad total de PDV Holding INC., la cual a su vez es propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), razón por la cual la estatal petrolera venezolana viene a ser, indirectamente, dueña del 100 por ciento en PDV USA.

  PDV USA Inc. es una entidad subsidiaria de PDVSA manejada por la gerencia de CITGO en Houston, Texas.

  PDV Holding Inc. ostenta la propiedad total de CITGO Holding, Inc., que es propietaria total de CITGO Petroleum Corp.

  En página web PDV Holding Inc. refiere que es una empresa filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. Se trata de una compañía matriz constituida en Delaware y con sede social en Texas. PDVH es la accionista indirecta de CITGO Petroleum Corporation, a través de la propiedad de 100 por ciento de las acciones de su filial CITGO Holding Inc., única accionista de CITGO Petroleum Corp[1].

  Sin embargo, en ninguno de los sitios de la petrolera se hace mención directa a PDV USA Inc.

  Según el portal Open Corporates, PDV USA Inc., es una corporación registrada el 20 de marzo de 1991 en Delaware bajo el número 2257786.

   Como agente figura The Corporation Trust Company (incorporada el 10 de mayo de 2018) , cuyo domicilio es Corporation Trust Center 1209, Orange St, Wilmington, New Castle, DE, 19801[2].

  Open Corporates también informa que PDV USA Inc. es una corporación comercial extranjera registrada el 31 de octubre de 1991 en Nueva York, bajo el número 1586368, cuyo estatus actual es activo. Esta empresa funge como sucursal de PDV USA Inc., registrada en Delaware.

  Refiere que el domicilio es 29 Liberty St, Nueva York, 10005, Nueva York.

  Guillermo Blanco figura como director ejecutivo, incorporado desde el 5 de diciembre de 2019, mientras que PDV USA Inc. como el agente[3].

   Entretanto, Dun & Bradstreet refiere que PDV USA Inc. tiene su sede en Nueva York, cuyo objeto es la gestión de empresa e industrias. Informa que la firma cuenta con 4 empleados en total en todas sus ubicaciones. Este portal difiere en la dirección ofrecida por Open Corporates e indica como sede de la empresa el 65 E 55TH St FL 23B, New York​, NY, 10022-3367. Teléfono (212) 339-7770. Agrega que al frente de la compañía está Carlos Jordá[4].

REFERENCIAS

[1] PDV Holding. https://pdvholding.com/ES/

[2] Open Corporates. PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_de/2257786

[3] Open Corporates, PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_ny/1586368

[4] Dun & Bradstreet. PDV USA Inc. https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.pdv_usa_inc.9e82f3aa31dcd7408513c7567b071572.html

viernes, 20 de agosto de 2021

Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda

   Interamerican Consulting revierte el caso a su favor y reclama el pago del saldo del contrato suscrito con PDV USA Inc. por USD 30 millones.

Por Maibort Petit

   Una contrademanda que niega los términos de la demanda interpuesta por PDV USA Inc. en su contra por incumplimiento de contrato, presentó Interamerican Consulting Inc. la empresa propiedad del ex-congresista republicano, David Rivera, pues sostiene que muy por el contrario a tener que devolver los USD 20 millones recibidos por pago de sus servicios, debe igualmente recibir el saldo del contrato por USD 30 millones.
  Interamerican Consulting reiteró las manifestaciones de inconformidad vinieron cuando se negó a que el referido contrato fuera transferido de PDV USA Inc. a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), resistiendo la tentación de acceder al ofrecimiento de recibir el saldo del contrato para la fecha, USD 35 millones, si se consentía en dicho cambio.

  Fuentes ligadas al caso alertan "de la ya irregular suscripción de un contrato con una empresa de papel, toda vez que PDV USA Inc. fue constituida con la intención de llevar a cabo negociaciones irregulares, tanto con Interamerican, como con otras compañías igualmente cuestionadas, entre ellas, las empresas de José Manuel González Testino, y otros". 

   La fuente confirma que el contrato objeto de la demanda se ejecutó y pagó a través de CITGO Petroleum Corporation.

  Se estaría, por tanto, ante una negociación entre dos compañías de papel, toda vez que Interamerican Consulting Inc. es tenida como empresa de maletín.

  En tal sentido, nuestra fuente sostiene que, dadas estas circunstancias, "la demanda de CITGO está mal planteada por cuanto no se trata de un caso de incumplimiento de contrato, sino de una transacción ficticia establecida con un único objetivo de la lavar fondos sustraídos irregularmente de la filial de PDVSA en Estados Unidos". Se trata, entonces, "de un reclamo engañoso, por cuanto quienes en la actualidad demandan solo los mismos beneficiarios de contratos irregulares suscritos en esta y otras oportunidades a través del uso de esta entidad de control —PDV USA Inc.— creada para valerse del sistema comercial, legal y bancario de EE. UU. procesando transacciones fraudulentas, entre ellas, la legitimación de capitales".

La respuesta de Interamerican

  El 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc., respondió y sostuvo su defensa ante la Demanda Enmendada y otras contrademandas interpuestas en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por PDV USA Inc. por incumplimiento de contrato.

   A lo largo de su exposición, Interamerican refiere carecer de la información suficiente para comprender los alegatos de PDV USA en su demanda.

    Aunque reconoce haber establecido un acuerdo con PDV USA Inc. el 21 de marzo de 2017, Interamerican niega lo expuesto en la demanda, sus alegatos y asegura que cumplió los términos del contrato y con la presentación de informes en virtud de citado acuerdo.

  En trece puntos, Interamerican niega diversos aspectos de la demanda enmendada presentada por PDV USA en los que destaca la admisión de haber recibido pagos parciales por los servicios prestados en virtud del Acuerdo, al tiempo que reitera su reclamo de USD 30 millones de saldo del contrato. Y es que, según la demandada, es PDV USA la que violó el acuerdo al no pagarle los referidos USD 30 millones legalmente adeudados.

  Interamerican rebate cada punto de la demanda de PDV USA y refiere que en lo relativo a las “Partes”, admite que David Rivera es el presidente y agente registrado de la empresa, pero niega que Diana Rivera McKenzie sea empleada o vicepresidenta de la compañía.

   Sostiene que presentó todos los informes requeridos y niega que el nivel de detalle de los mismos incumpliese los términos del contrato o que de otra manera no haya informado a PDV USA, Inc. de los esfuerzos realizados.

  Asegura que, en ningún momento, PDV USA expresó su descontento con el desempeño de Interamerican en virtud del acuerdo y, por el contrario, sostiene que la demandante demostró su satisfacción.

  Igualmente refiere que las declaraciones de David Rivera no connotan violación a los términos del acuerdo.

   Interamerican Consulting Inc., pues, niega todas las acusaciones contenidas en la demanda de PDV USA Inc. que se admiten en su respuesta.
   Su primera defensa afirmativa referida al incumplimiento de pago, refiere que PDV USA Inc. incumplió el acuerdo al no pagar y negarse a pagarle los montos adeudados.

   La segunda defensa asegura que PDV USA Inc. renunció a cualquier supuesto incumplimiento de Interamerican en el cumplimiento de sus obligaciones, al no objetar tal incumplimiento y no rescindir el contrato.

   La tercera defensa insiste en que PDV USA Inc., con conocimiento y consentimiento, ratificó y aceptó las actuaciones de Interamerican en virtud del acuerdo a pesar de cualquier supuesto incumplimiento.

  La cuarta defensa asevera que los reclamos del demandante están prohibidos por la doctrina del estoppel, la cual establece que nadie puede actuar en contra de sus propios actos.

  La quinta defensa, igualmente sostiene que los reclamos de PDV USA están prohibidas por la doctrina de laches, la cual expone que un derecho o reclamo legal no se hará cumplir ni se permitirá si una gran demora en hacer valer el derecho o reclamo perjudica a la parte adversa.

  La sexta defensa también se remite a otra doctrina, esta vez, la de las manos inmundas, para alegar que los reclamos están prohibidos.

  La séptima defensa refiere que los reclamos del demandante por enriquecimiento injusto fracasan porque existe un contrato expreso entre PDV USA e Interamerican.

  La octava defensa de Interamerican dice que los reclamos de PDV USA sobre mitigación de daños, están excluidos porque no mitigó sus supuestos daños.

  Interamerican Consulting Inc. pide a la Corte negar las demandas de PDV USA Inc. y emitir una sentencia a su favor otorgándole, además, cualquier otra reparación adicional a la que pueda tener derecho, o que el tribunal considere justa y apropiada.
Contrademanda

  En su respuesta, Interamerican Consulting Inc. procede a contrademandar a PDV USA Inc. y sostiene que el acuerdo se estableció en razón de que CITGO Petroleum Corporation buscaba desarrollar un plan estratégico para desvincular a la filial de su casa matriz Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Por ello habría ofrecido pagar USD 50 millones, la que consideró una tarifa razonable, dado que la estatura pública y empresarial de CITGO estaba en peligro.

  El contrato se suscribió el 21 de marzo de 2017 para que Interamerican brinde estos servicios de consultoría de planificación estratégica en beneficio de CITGO.

  Asegura que, en ningún momento, CITGO expresó su descontento con el desempeño de Interamerican y sólo hasta que la demandada se negó a permitir que el acuerdo fuera asignado por PDV USA a PDVSA, entonces experimentó alguna resistencia por parte de PDV USA para hacer los pagos adeudados.

  Interamerican se negó a la reasignación debido a que esto socavaría la recomendación estratégica de que CITGO enfatizara su identidad independiente de su matriz venezolana.

  En tal sentido, sostiene que, PDV USA, no Interamerican, violó el acuerdo y destaca que no le debe nada a la primera, sino, por el contrario, PDV USA adeuda el saldo de USD 30 millones.

  Alega Interamerican que la Corte del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción para que curse la demanda, toda vez que las partes son de distintos estados y el monto en controversia es superior a USD 75.000.

  Advierte que la contrademanda que presenta es obligatoria bajo Fed. R. Civ. Pág. 13 (a) porque surge de la transacción o el hecho que es el tema de la queja Enmendada de PDV USA y no requiere agregar otra parte sobre la cual la Corte no puede adquirir jurisdicción.

Los cargos de la contrademanda

  El primer cargo es por incumplimiento de contrato, en razón de que Interamerican Consulting Inc. habría prestado todos los servicios a PDV USA en beneficio de CITGO en virtud del acuerdo, pero solamente pagó USD 20 millones y se negó a pagar los USD 30 millones restantes.

  El segundo cargo es por enriquecimiento injusto, alegando Interamerican que PDV USA se ha enriquecido gracias a sus servicios.

  El tercer cargo por sentencia declaratoria, por cuanto Interamerican afirma que prestó los servicios requeridos bajo el acuerdo, lo que le da derecho a retener los USD 20 millones que PDV USA pagó previamente y reclamar el saldo restante de USD 30 millones.

  Interamerican Consulting Inc pide la realización de un juicio con jurado sobre todos los asuntos planteados en la contrademanda.

martes, 6 de julio de 2021

Conozca las razones de la Corte para negar moción de desestimación de demanda de PDV USA contra empresa de David Rivera

Por Maibort Petit

  Recientemente reseñamos que en fecha 22 de junio del corriente año 2021, el juez para el Distrito Sur de Nueva York, John G. Köeltl, rechazó dos mociones que había interpuesto la empresa propiedad del excongresista David, Interamerican Consulting, la cual procuraba que la Corte desestimara la demanda en su contra y, además, se derogara un documento contentivo de las alegaciones del caso[1].
   PDV USA Inc. está demandando a Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de contrato, indemnización, enriquecimiento injusto y desagravio declarativo derivados de un acuerdo de consultoría entre las partes.

   La intención de Interamerican de que se desestimara la causa en su contra la sustentó en el alegato de la falta de jurisdicción en la materia de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1) y por no presentar una reclamación de conformidad con la Regla federal de Procedimiento Civil 12 (b) (6), lo cual a modo de ver de la empresa de David Rivera, traslada a huelga partes de la queja enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (f).

  En esta entrega explicamos las razones que llevaron al magistrado a adoptar tal decisión.

Corte da por ciertos los términos de la demanda

  Se establece que para decidir una moción para desestimar por falta de jurisdicción en la materia de conformidad con la Regla 12 (b) (1), los tribunales de distrito pueden considerar evidencia fuera de los alegatos, tal como lo señala la jurisprudencia.

  Refiere el juez Köeltl que al decidir una moción para desestimar de conformidad con la Regla 12 (b) (6), las alegaciones en la queja se aceptan como verdaderas y todas las inferencias razonables deben hacerse a favor del demandante. Corresponde a la Corte en una moción de desestimación “no sopesar las pruebas que podrían presentarse en un juicio, sino simplemente determinar si la denuncia en sí es legalmente suficiente”.
  Sin embargo, se advierte que si bien la Corte debe interpretar las alegaciones fácticas de la manera más favorable para el demandante, cuando se presenta una moción de desestimación de conformidad con la Regla 12 (b) (6), el tribunal puede considerar documentos a los que se hace referencia en la demanda en los que este se basó iniciar la causa y que están en posesión del demandante, de su conocimiento o que pueda tomarse conocimiento judicial de ellos.

Lo que argumenta Interamerican

   De acuerdo a contra Interamerican Consulting Inc., el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción en la materia, porque, en primer lugar, PDV USA asignó el Acuerdo de Consultoría a PDVSA y, por lo tanto, no tiene legitimación del Artículo III para demandar; en segundo término, porque a su modo de ver, PDV USA no tiene legitimación del Artículo III porque su daño no es reparable debido a sanciones contra Venezuela; y en tercer lugar, porque el caso presenta una cuestión política injustificable.

  Con relación al argumento de la falta de legitimación para demandar en razón de que el Contrato de Consultoría se asignó a PDVSA y la cesión es catalogada por PDV USA como una novación y, por lo tanto, requería del consentimiento de Interamerican y esta nunca lo dio y la novación argumentada nunca se finalizó, el magistrado considera que carece de fundamento.

   Estima el juez que el hecho de que Interamerican no ejecutara el Acuerdo de Cesión no impidió que PDV USA cediera sus derechos bajo el Acuerdo de Consultoría a PDVSA. No obstante, cuando el Acuerdo de cesión se "interpreta de manera que dé pleno significado y efecto a todas sus disposiciones", como debe hacer el tribunal al elaborar un contrato, queda claro que no se trató de un mero intento de ceder los derechos de PDV USA, sino más bien un intento fallido de novación del Contrato de Consultoría.

   El magistrado se remite a lo que el acuerdo de cesión estableció en su preámbulo expresamente que se trataba de una novación, sino que también tenía la intención de liberar a PDV USA de todas las obligaciones, algo que una mera cesión de derechos no podría haber logrado bajo la ley de Nueva York y requiere una novación del contrato y debido a que una novación hubiera requerido el consentimiento de Interamerican y esto no ocurrió, significa que nunca entró en vigencia. Por lo tanto, rescindir el Acuerdo de cesión fue innecesario porque sencillamente nunca entró en vigor.

   En consecuencia, el argumento de Interamerican de que la cesión del contrato por PDV USA a PDV USA priva a la primera de legitimación para demandar, carece de fundamento.
Las sanciones no restan legitimidad a la corte ni a PDV USA.

  Respecto al argumento de Interamerican sobre la carencia de jurisdicción de la Corte en razón de que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela le impiden reparar el presunto daño y, por tanto, privan a PDV USA de la legitimación del Artículo III, el juez estimó que no es válido.

 Refiere que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) faculta al presidente de EE. UU. para “regular (…) anular, prevenir o prohibir cualquier adquisición (…) uso, transferencia (…) o negociar o ejercer cualquier derecho, poder o privilegio con respecto a, o transacciones que involucren, cualquier propiedad en la que cualquier país extranjero (...) tenga algún interés” y, en virtud de que, en 2015, el presidente Barack Obama declaró una emergencia nacional bajo la IEEPA cuando la situación política en Venezuela se intensificó. Luego, el 5 de agosto de 2019, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva N ° 13.884, que establece que “toda propiedad e interés en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentren en Estados Unidos (…) están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados, o negociado de otro modo”.

  En tal sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió una serie de regulaciones que aplican los términos de esas órdenes a los litigios contra el gobierno venezolano que a juicio de Interamerican prohíben cualquier juicio en este caso. Sin embargo,la agencia ha explicado que “normalmente no se requiere una licencia específica de la OFAC para iniciar o continuar procedimientos legales en los EE. UU. contra una persona designada o bloqueada de conformidad con el programa de sanciones de la OFAC para Venezuela, o para un tribunal de EE. UU. o su personal, para conocer un caso así”.

  Se advierte que los tribunales que interpretan estos reglamentos han sostenido que, si bien un tribunal “tiene prohibido incautar, embargar, gravar o congelar dichos activos para ejecutar una sentencia (...) una parte no tiene prohibido litigar para obtener una sentencia (...) debido a una determinación judicial de los derechos de las partes y las obligaciones derivadas de un contrato no causan, por sí mismas, ninguna transferencia de propiedad”. Por tanto, las regulaciones de bloqueo extranjeras prohíben sólo aquellos procedimientos judiciales que efectúen una transferencia de propiedad extranjera o interés de propiedad.

   La decisión desestimó los argumentos de Interamerican y estableció que la guía de la OFAC y los casos que interpretan las sanciones venezolanas y las regulaciones de bloqueo similares, respaldan la proposición de que la mera audiencia de un caso relacionado con sujetos o propiedad venezolanos no entra en conflicto con las sanciones porque no da lugar a una “transferencia o alteración o afectación de la propiedad o interés en propiedad bloqueado”.

  El juez considera que este razonamiento es válido independientemente de si la demanda es presentada por una entidad bloqueada o una entidad no bloqueada.

   En consecuencia, el magistrado determinó que las sanciones contra Venezuela no privan a PDV USA de legitimación, así como tampoco a la Corte de competencia en la materia.

Argumentos infundados

   Respecto a lo argumentado por Interamerican de que la denuncia de PDV USA no presenta un reclamo, el juez John G. Köeltl determinó que todo lo esgrimido por la empresa de David Rivera carece de fundamento.

  De acuerdo a lo estimado por el tribunal, el demandante alega hechos suficientes para presentar un reclamo por incumplimiento de contrato: la existencia de un contrato entre las partes, que el demandante cumplió con el contrato al realizar tres pagos por un total de USD 15 millones y dejó de hacer los pagos cuando se hizo evidente que el demandado no estaba cumpliendo con el contrato, que el demandante alega que la demandada no cumplió con los requisitos del contrato, constituyendo así un incumplimiento y, como resultado, que sufrió daños por USD 15 millones.

“En consecuencia, el demandante declaró suficientemente una reclamación por incumplimiento de contrato”, advierte el juez.

Sobre la condición precedente

  Del mismo modo, la corte estima que carece de fundamento el argumento de Interamerican de que PDV USA no alegó el cumplimiento de una condición precedente y tampoco ha demostrado que hubiera condiciones precedentes en el contrato que no se cumplieron.

   Según el criterio de Interamerican, ciertas disposiciones del Contrato de Consultoría eran condiciones precedentes, a saber, que el demandante debía especificar que "los servicios (...) que el cliente consideró necesarios y apropiados" y debió proporcionar al demandado el contenido de un "plan estratégico" a ejecutar.

   Pero el juez estimó que el Contrato de Consultoría enumeró varias disposiciones que describen en detalle los servicios que el demandado debía realizar y un cronograma de ejecución corto, por lo que era menos plausible que la frase "servicios (...) que el Cliente considere necesarios y apropiados" fuera una condición precedente que se necesitaba para ocurrir antes de que se realizaran los servicios.


En consecuencia, el reclamo por incumplimiento de contrato no puede ser desestimado con base en el supuesto incumplimiento por parte del demandante de una condición precedente.


La indemnización


El tribunal también rechazó la moción para desestimar la reclamación de indemnización. Y explicó que el argumento de Interamerican de que no existe una acción de terceros contra la cual indemnizar, no es conviencente. Tampoco el alegato de que es una duplicación del reclamo por incumplimiento de contrato o una disposición redundante de cambio de tarifas.


El magistrado recordó que en el Contrato de Consultoría se incluye una compensación por parte de Interamerican a PDV USA por todos los costos que resulten directa o indirectamente del incumplimiento del contrato.


Debido a que la disposición de indemnización en este caso cubre expresamente los incumplimientos del contrato mismo por parte de Interamerican, claramente no se limitó a acciones de terceros, sostiene el juez.


Además, la reclamación de indemnización no es una duplicación completa de una reclamación por incumplimiento de contrato o una disposición redundante de cambio de tarifas, porque como señala la jurisprudencia, “Cuando un reclamante tiene derecho a una categoría particular de daños en una reclamación, pero no en la otra, las reclamaciones no son duplicadas”.


Se rechaza moción de enriquecimiento injusto


Para el magistrado, el enriquecimiento injusto que Interamerican esperaba desestimar, por supuestamente no alegarse con suficiente especificidad y porque es una duplicación del reclamo por incumplimiento de contrato, no aplica porque los tribunales han permitido a los demandantes perseguir reclamos tanto por enriquecimiento injusto como por incumplimiento de contrato, de acuerdo a la jurisprudencia.


En este caso, Interamerican argumenta que PDV USA renunció a cualquier reclamo por incumplimiento de contrato y afirma que no ha cumplido con las condiciones precedentes y que, como resultado, el reclamo por incumplimiento de contrato de PDV USA debe fallar. Al hacerlo, Interamerican ha puesto en disputa la exigibilidad del contrato. En consecuencia, PDV USA puede mantener apropiadamente su reclamo de enriquecimiento injusto como alternativa.


El reclamo de reparación declarativa


La Corte rechaza la moción para desestimar el reclamo de reparación declarativa sustentado en el argumento de que no está suficientemente alegada y porque la rescisión no es apropiada.


El juez recordó que la Ley de sentencia declaratoria dispone que los tribunales de distrito "pueden declarar los derechos y otras relaciones jurídicas de cualquier parte interesada que solicite dicha declaración, independientemente de que se solicite o no más reparación".


En este caso, el demandante busca una declaración de que no le debe dinero al demandado porque el demandado violó el acuerdo. Esto es distinto del remedio buscado en la demanda por incumplimiento de contrato, a saber, la recuperación de los USD 15 millones que el demandante ya pagó al demandado. En consecuencia, la reparación declaratoria tendría un propósito útil y aclararía aún más las cuestiones legales entre las partes.


Eliminación de alegaciones


Por último, la decisión judicial niega el pedido de eliminar ciertas alegaciones en la demanda enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (f). Interamerican estimaba que las declaraciones que hizo David Rivera a la prensa no tienen relevancia para el reclamo por incumplimiento de contrato más que para sugerir alguna irregularidad vaga.


Creyó el magistrado que la declaración proporciona una base para creer que los fondos fueron utilizados de una manera que sería inconsistente con los términos explícitos del contrato. Además, no hay nada injustamente perjudicial sobre las acusaciones, porque se basan en informes públicos a los que puede acceder fácilmente cualquier persona con acceso a Internet.







[1] Venezuela Política. “Corte de NY rechazó mociones de David Rivera para desestimar demanda en contra de su empresa Interamerican Consulting”. 30 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/corte-de-ny-rechazo-mociones-de-david.html

 



miércoles, 30 de junio de 2021

Corte de NY rechazó mociones de David Rivera para desestimar demanda en contra de su empresa Interamerican Consulting

  El juez ordenó a las partes prepararse para iniciar la etapa de descubrimiento.

Por Maibort Petit

   El juez para el Distrito Sur de Nueva York, John G. Koeltl, rechazó dos mociones interpuestas por la empresa Interamerican Consulting, propiedad del excongresista David Rivera, la cual procuraba la desestimación de la demanda en su contra y para derogar un documento contentivo de las alegaciones del caso.
   La decisión judicial tuvo lugar el 22 de junio del corriente año 2021, cuando el magistrado, en primer lugar, rechazó la moción 31 que buscaba derogar el documento identificado con el número 25, referido a ciertas alegaciones de la demanda enmendada presentada por Interamerican Consulting Inc.

  Igualmente, el juez Köeltl rechazó la moción 29 por medio de la cual Rivera aspiraba a que el tribunal desestimara la demanda enmendada por considerar que la misma no presentaba una reclamación por parte de Interamerican Consulting Inc., empresa que reclamaba la Falta de Jurisdicción.

   PDV USA Inc. demandó en mayo de 2020, ante el citado tribunal a la empresa Interamerican Consulting, Inc. por el incumplimiento de un contrato de consultoría cuyo precio ascendía a USD 50 millones. La filial de la estatal petrolera venezolana había contratado a la empresa controlada por el excongresista estadounidense, David Rivera, para llevar a cabo, en un plazo de tres meses, servicios de cabildeo y manejo de reputación.

  Interamerican Consulting, Inc. presentó una moción en diciembre de 2020, para desestimar el caso bajo el alegato de “falta de jurisdicción en la materia e inexistencia de pretensiones válidas” y le sumó otra moción para eliminar las acusaciones de la demanda.

   La Corte consideró todos los argumentos planteados por las partes y determinó que, en la medida en que no se aborden específicamente, tales argumentos son discutibles o carentes de fundamento.

   El juez John G. Köeltl denegó el recurso de sobreseimiento por falta de competencia en la materia; igualmente negó la moción para desestimar por falta de declaración de un reclamo; y denegó la moción de huelga.

  Köeltl instruyó a la secretaría del Tribunal cerrar los expedientes números 29, 30 y 31.

  Por otra parte, el magistrado ordenó que las partes se preparen para iniciar la etapa del descubrimiento del juicio entre PDV USA Inc. contra Interamerican Consulting Inc.

jueves, 8 de abril de 2021

Interamerican Consulting brega para que el tribunal no acepte declaraciones formuladas por David Rivera a la prensa

   La empresa demandada por la filial de PDVSA busca evitar por todos los medios posibles que las declaraciones de su propietario, sean utilizadas en el curso del proceso judicial que se dirime en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Por Maibort Petit

   Las declaraciones que David Rivera haya hecho a la prensa no deben ser utilizadas en el proceso judicial que PDV USA Inc. sigue en contra de la empresa propiedad del excongresista de los Estados Unidos, Interamerican Consulting.
  Tal requerimiento es formulado por la propia compañía demandada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde tiene lugar el procedimiento judicial.

   PDV USA reclama el incumplimiento de contrato y aspira recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que, supuestamente, nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa.

La moción

   Interamerican Consulting Inc. presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York un memorándum de respuesta en apoyo adicional de su Moción de Huelga, de conformidad con Fed. R. Civ. Pág. 12 (f), que forma parte de la Demanda Enmendada en la que se profieren ataques de carácter ad hominem, sin fundamento que sugieren una conducta delictiva de un ciudadano estadounidense que no es parte del caso.

  Sostiene la demandada que afirmaciones sin fundamento que sugieran una conducta criminal de una no parte, son irrelevantes para el caso, por lo que deben ser rechazadas.

  En su escrito, la demandada refiere que PDV USA Inc. no considera el hecho de que David Rivera no es parte en el caso y por eso se sustenta en una suposición tácita y sin fundamento, de que cuando Rivera supuestamente hizo ciertas declaraciones reportadas en artículos noticiosos, lo hizo como representante de Interamerican con respecto a los temas de este caso. Indica que, en lugar de contextualizar su posición, el demandante alega selectivamente citas de artículos que no se han proporcionado textualmente o en su totalidad para la revisión del Tribunal.
   Recuerda que la ley es clara en el sentido de que una parte no puede presumir, sin más, de que una persona está haciendo declaraciones en una capacidad particular (como director o funcionario de una empresa). La jurisprudencia señala que las declaraciones hechas por alguien en calidad de representante sindical en lugar de como empleado, son sólo rumores y las que no se hagan por un oficial son de oídas y desagradables.

   Subraya que PDV USA no alega que Rivera hizo las supuestas declaraciones a título oficial para Interamerican y apunta que este (Rivera) tiene muchas funcione como hombre de negocios y ex-legislador. Precisa que el demandante no ha aclarado el contexto de las supuestas declaraciones hechas en los artículos de prensa y no está claro en qué calidad de qué Rivera supuestamente hizo las declaraciones, como tampoco se aclara el contexto de las mismas. En tal sentido, refiere que al demandante no aclarar esta incertidumbre para sugerir un delito criminal, solo por esta razón, deben ser descartadas.

  Advierte que la demandada que los alegatos que consisten en artículos de noticias fuera de contexto que pretenden documentar citas de Rivera, lo cual no sirve para respaldar un elemento en cualquier reclamo.

   En segundo lugar, refiere el escrito de Interamerican Consulting que PDV USA declara erróneamente la prueba 12 (f) de prejuicio y agrega que, además, que la moción debe ser denegada porque la demandada “no estableció 'prejuicio'".

 Precisa que la jurisprudencia utilizada por PDV USA para sustentarse, no aplica, toda vez que no requiere que el demandante establezca el prejuicio existente, solo la posibilidad de un perjuicio futuro.

  Indica que “atrozmente”, el PDV USA afirma que "en la medida en que Interamerican o el Sr. Rivera están preocupados por la mala prensa, no tienen a nadie a quien culpar más que al Sr. Rivera". En este sentido, sostienen que este es un ejercicio de culpabilización de la víctima por parte de una entidad que representa a una empresa venezolana sancionada por Estados Unidos, que nuevamente pierde el sentido. Agregan que las supuestas declaraciones de David Rivera a la prensa a título personal, incluso si fueron proporcionadas de manera precisa y completa al Tribunal, están más allá del ámbito de relevancia para el propio caso del demandante. “Son simplemente un complemento destinado a acosar e intimidar a una persona privada, presumiblemente como un medio para obtener alguna ventaja. En resumen, el Demandante no puede colocar tales declaraciones de oídas fuera de contexto en un archivo público e hipotetizar sobre su significado sugiriendo irregularidades en detrimento de un ciudadano privado y un no participante. Tales acusaciones deben ser rechazadas”.

  Por último, la demandada Interamerican Consulting alega que las declaraciones de prensa extrajudiciales son inadmisibles.

  Al argumento de PDV USA de que bajo Fed. R. Evid. 801 (d) (2) (D), las declaraciones deben ser admisibles como hechas "por el agente o empleado de la parte sobre un asunto dentro del alcance de esa relación", no aplica, toda vez que no hay nada que sugiera que David Rivera hizo estas supuestas declaraciones "dentro del alcance" de su cargo en Interamerican.

  Advierten que los orígenes turbios de las supuestas declaraciones y su cuestionable confiabilidad las convierte en el tipo de evidencia que la regla de los rumores exige excluir.

 “El demandante no puede insertar descaradamente declaraciones poco confiables cargadas de insinuaciones de dudosa admisibilidad en sus alegatos y cruzar los dedos de que el descubrimiento proporcionará algún tipo de rescate”, advierte.

  Precisa que PDV USA asume sin respaldo que las declaraciones en la prensa se pueden descubrir y olvida que, según la ley de Nueva York, los periodistas están protegidos de las solicitudes de descubrimiento, incluso cuando se encuentran fuera de Nueva York, porque los privilegios se determinan "de acuerdo con la ley estatal".

  Cita la Ley de Derechos Civiles § 79-h que requiere que cuando una parte establezca mediante un “claro y específico” que demuestre que la información buscada es (i) altamente material y relevante; (ii) “crítico o necesario” para el mantenimiento de un reclamo, defensa o prueba de un material de emisión al mismo; y (iii) no se puede obtener de ninguna fuente alternativa.

  Finalmente, el escrito de Interamerican Consulting indica que PDV USA hace la desconcertante afirmación de que "las cuestiones probatorias deben evitarse en una etapa tan preliminar del procedimiento".

  En tal sentido, acota que la cuestión de la admisibilidad es fundamental y uno de los tres aspectos de una moción según la Regla 12 (f).

“Aplazar la pregunta de admisibilidad hasta el descubrimiento pondría el carro delante del caballo en el contexto de una moción de la Regla 12 (f)”, refiere y advierte que la jurisprudencia argumentada por el demandante en este sentido no aplica en absoluto.

  En tal sentido, Interamerican Consulting Inc. solicitó al tribunal le conceda la moción para desestimar ciertas alegaciones de la Demanda interpuesta en su contra por PDV USA Inc.