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miércoles, 22 de marzo de 2023

Estas son las 13 propiedades de los cabilderos de Nicolás Maduro, [el excongresista David Rivera y su socia Esther Nuhfer], que pasaron a ser controladas por el gobierno de EE. UU.: ambos están siendo juzgados en la Corte Federal de Miami

Por Maibort Petit

  En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades  pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás Maduro y lavado de dinero.  

  Las propiedades están ubicadas en los estados de la Florida y Georgia y habrían sido adquiridas presuntamente con dinero proveniente de la trama de corrupción que encabezó Rivera y que involucra a su socia y pareja sentimental, Nuhfer. 

  La fiscalía presentó una moción con “Lis pendens” que significa que los costosos inmuebles involucrados en el juicio contra Rivera y Nuhfer,  pasan al poder o control del tribunal en espera de la continuación de la acción legal contra los acusados hasta la sentencia final.

 La acusación contra David Rivera y la exconsultora Esther Nuhfer alega que ambos conspiraron al trabajar para un gobierno extranjero sin haberse registrado ante el gobierno de EE. UU, como cabilderos, y además realizaron transacciones financieras, incluyendo lavado de dinero, violando las leyes federales estadounidenses.

   Según la acusación, Rivera y Neufer conspiraron con el propósito de enriquecerse ilegalmente, acordando con un gobierno extranjero (Venezuela) y participando en su nombre, en actividades de consultoría políticas en los Estados Unidos, representando intereses del gobierno de Venezuela ante funcionarios norteamericanos, en un esfuerzo por influir en la política exterior estadounidense.

   Los fiscales indicaron en la acusación que Rivera "no cumplió con el requerimiento de registrarse como consultor de un gobierno extranjero", cuando acordó, bajo contrato, trabajar para Petróleos de Venezuela, representando al régimen de Nicolás Maduro. Cualquier trabajo que Rivera hiciera para PDVSA requeriría que se registrara como agente extranjero, tal cual lo establece la Ley FARA, ( por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act).

   La ley FARA, aprobada en 1938 en Estados Unidos, exige que los agentes que trabajan para un gobierno extranjero, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero.

  La acusación establece que a partir de 2017, PDVSA contrató a la empresa de David Rivera, Interamerican Consulting Inc y a su asociada Esther Nuhfer, para cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de Estados Unidos, en nombre de Venezuela y obtener apoyo político para normalizar las relaciones entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro.

   En la acusación aparecen involucradas dos empresas de consultorías: Interamerican Consulting Inc y Communication Solutions.

    Asimismo, la demanda señala que Rivera, "en su interés por mejorar la imagen de Venezuela", estableció  reuniones con un 1 Senador del estado de la Florida, un representante al Congreso de Texas, y un asesor de la Casa Blanca. Los encuentros se realizaron en Washington DC.

   En el documento se menciona a Nicolás Maduro, a la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Eloina Rodríguez, un empresario (Raúl Gorrín), a una empresa de servicios de yates de lujo del sur de la Florida, un abogado y dos miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela.

   La acusación dice que se celebraron dos reuniones con el senador de Florida en Washington D.C. en julio de 2017 para discutir un posible acuerdo con el régimen de Maduro en el que aceptaría un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.

Estas son las propiedades de Rivera y Nuhfer que pasaron a control del gobierno de EE. UU.

1) 1673 Pink Dogwood Way, Oviedo 32765

2) 21 Sadowski Causeway, Key Colony Beach, Florida.

3) 2665 SW 37 Ave. Unit 504, Miami Florida

4) 10925 NT, 43 Lane, Doral, Florida 33178

5) 82 Tingles Lane, marathon, Florida 33050

6) 237 Coke Street, NE, Marieta, Georgia.

7) 549 Bethesda Court, Oviedo, Florida, 32765

8) 2188 Ellis Mountain Drive SW, Marieta GA, 30064

9) 3060 Fleet St. Marieta, GA, 30064

10) 3663 S. Atlantic Av. Unit 20-C, New Smyrna Beach, Florida, 32169

11) 9425 SW 38 St. Miami, Florida 33165

12) 13604 SW 83 Court, Palmeto Bay 33158

13)237 Cole St. NE, Marieta GA, 30066.

Los cargos contra Rivera y Nuhfer 

      En la querella aparecen una serie de diligencias hechas por Rivera, que buscaba evitar que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA, y las cabecillas del régimen de Maduro. En su afán por tratar que las sanciones no se materializaran, David Rivera gestionó reuniones con un senador de la Florida, un representante de Texas y un asesor de la Casa Blanca. Tal como se evidencia con hechos, Rivera no logró su cometido.

  Los fiscales explican que Rivera propuso reuniones donde estuvieron presentes representantes del régimen de Maduro, incluyendo una reunión que se realizó en Nueva York, donde estuvo presente la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez.

   Aparece referenciada una carta de Rodríguez donde se deja clara que había una relación de Rivera, y en su calidad de cabildero este propondría ante las altas autoridades del gobierno federal una propuesta de Nicolás Maduro en la que supuestamente se comprometía a realizar elecciones libres y transparentes. Esto ocurrió en 2017. En Venezuela se efectuaron comicios en 2018, en los cuales Maduro se declaró ganador, y su victoria no fue reconocida por la Comunidad Internacional.

   En el trabajo de lobby de Rivera se quiso vender la posibilidad que con el acercamiento de Maduro con la nueva administración se podía evitar una crisis mayor.

    En EE. UU. cabildear para un gobierno extranjero no es delito si se cumplen con todos los requerimientos exigidos y se dejan claras las cuentas de los fondos que reciben los lobistas por el servicio prestado. En el caso de Rivera y Esther Nuhfer, las dos empresas Interamerican Consulting Inc o Communications Solutions Inc, estaban violando la regla, porque la ley FARA obligaba a estar inscritas ante el Departamento de Estado de EE. UU. antes de actuar en nombre y a favor de los intereses de otro país en suelo norteamericano y ante las instituciones públicas.

   En la demanda aparecen una serie de correos electrónicos titulados "contratos FARA" donde se advierte que deben estar inscritos, pero Rivera, en una de las respuestas a Nuhfer dice que era un poco tarde para ello, pues si lo hacían, sería un escándalo mayúsculo por las políticas que el presidente Trump ya había tomado contra Maduro y PDVSA.

La demanda en NY sembró las dudas sobre Rivera

    La demanda federal contra Rivera y Nuhfer de Miami, tiene como fondo una acción civil que está bajo proceso en Nueva York,  en la que PDV USA argumenta que la firma de David Rivera,  Interamerican Consulting Inc, firmó un contrato por $50 millones con PDVSA para evitar que EE. UU. impusiera sanciones contra la petrolera y la élite del régimen venezolano, pero dicha consultoría no se efectuó. PDV USA aspira a que Rivera reintegre los $15 millones que pagó de manera irregular la filial de la petrolera estatal venezolana en EE. UU., CITGO al acusado.

    En la demanda civil que se interpuso en contra de la empresa de Rivera, Interamerican Consulting se pudo determinar que a través de las cuentas de CITGO, PDVSA pagó al acusado los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA y de Nicolás Maduro en los EE. UU. 

  Una demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 13 de mayo de 2020.  En la querella,  PDV USA buscaba que Interamerican Consulting Inc,  devolviera al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 

  Una fuente interna de CITGO dijo a Venezuela Política en mayo 2020 que en marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que —a decir de muchos— eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (uno de los presos que fue intercambiado por los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon ( ahora extesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

  El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.


lunes, 5 de diciembre de 2022

El arresto de exrepresentante de Florida, David Rivera y a su socia : Ambos fueron consultores de Nicolás Maduro y cobraron millones

  En los chats, Rivera llamaba a Nicolás Maduro "el guaguero" (chofer de autobús)

Por Maibort Petit
  El exrepresentante de Florida David Rivera fue arrestado este lunes por las autoridades federales, tras ser acusado de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás Maduro y lavado de dinero.  El arresto se produjo en el estado de Georgia.
   Una demanda civil previa, interpuesta por PDV USA en Nueva York argumentó que la firma del acusado, Interamerican Consulting Inc, firmó un contrato por $50 millones con PDVSA para evitar que EE. UU. impusiera sanciones contra la petrolera y la élite del gobierno venezolano, pero dicha consultoría no se efectuó por lo que la empresa PDV USA aspira a que Rivera reintegre los $15 millones que pagó de manera irregular la filial de la petrolera estatal venezolana en EE. UU., CITGO pagó a sus empresas.
   De acuerdo a la acusación revelada por el Departamento de Justicia, David Rivera y la exconsultora Esther Nuhfer (con quien ha sostenido una relación sentimental) conspiraron al trabajar para un gobierno extranjero sin haberse registrado ante el gobierno de EE. UU, como cabilderos, y además realizaron transacciones financieras, incluyendo lavado de dinero, violando las leyes federales estadounidenses.
   Según la acusación, Rivera y Neufer conspiraron con el propósito de enriquecerse ilegalmente, acordando con un gobierno extranjero (Venezuela) y participando en su nombre, en actividades de consultoría políticas en los Estados Unidos, representando intereses del gobierno de Venezuela ante funcionarios norteamericanos, en un esfuerzo por influir en la política exterior estadounidense.

  Los fiscales indicaron en la acusación que Rivera "no cumplió con el requerimiento de registrarse como consultor de un gobierno extranjero", cuando acordó, bajo contrato, trabajar para Petróleos de Venezuela, representando al régimen de Nicolás Maduro. Cualquier trabajo que Rivera hiciera para PDVSA requeriría que se registrara como agente extranjero, tal cual lo establece la Ley FARA, ( por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act).

   La ley FARA, aprobada en 1938 en Estados Unidos, exige que los agentes que trabajan para un gobierno extranjero, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero.

  La acusación establece que a partir de 2017, PDVSA contrató a la empresa de David Rivera, Interamerican Consulting Inc y a su asociada Esther Nuhfer, para cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de Estados Unidos, en nombre de Venezuela y obtener apoyo político para normalizar las relaciones entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro.

   En la acusación aparecen involucradas dos empresas de consultorías: Interamerican Consulting Inc y Communication Solutions.
  
    Asimismo, la demanda señala que Rivera, "en su interés por mejorar la imagen de Venezuela", estableció  reuniones con un 1 Senador del estado de la Florida, un representante al Congreso de Texas, y un asesor de la Casa Blanca. Los encuentros se realizaron en Washington DC.
     
     En el documento de 34 páginas se menciona a Nicolás Maduro, a la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Eloina Rodríguez, un empresario (Raúl Gorrín), a una empresa de servicios de yates de lujo del sur de la Florida, un abogado y dos miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela.

   La acusación dice que se celebraron dos reuniones con el senador de Florida en Washington D.C. en julio de 2017 para discutir un posible acuerdo con el régimen de Maduro en el que aceptaría un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.

   Los cargos muestran una serie de transacciones que se resumen en el siguiente cuadro:


      En la querella aparecen una serie de diligencias hechas por Rivera, que buscaba evitar que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA, y las cabecillas del régimen de Maduro. En su afán por tratar que las sanciones no se materializaran, David Rivera gestionó reuniones con un senador de la Florida, un representante de Texas y un asesor de la Casa Blanca. Tal como se evidencia con hechos, Rivera no logró su cometido.

  Los fiscales explican que Rivera propuso reuniones donde estuvieron presentes representantes del régimen de Maduro, incluyendo una reunión que se realizó en Nueva York, donde estuvo presente la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez.

   Aparece referenciada una carta de Rodríguez donde se deja clara que había una relación de Rivera, y en su calidad de cabildero este propondría ante las altas autoridades del gobierno federal una propuesta de Nicolás Maduro en la que supuestamente se comprometía a realizar elecciones libres y transparentes. Esto ocurrió en 2017. En Venezuela se efectuaron comicios en 2018, en los cuales Maduro se declaró ganador, y su victoria no fue reconocida por la Comunidad Internacional.

   En el trabajo de lobby de Rivera se quiso vender la posibilidad que con el acercamiento de Maduro con la nueva administración se podía evitar una crisis mayor.
    
     En EE. UU. cabildear para un gobierno extranjero no es delito si se cumplen con todos los requerimientos exigidos y se dejan claras las cuentas de los fondos que reciben los lobistas por el servicio prestado. En el caso de Rivera y Esther Nuhfer, las dos empresas Interamerican Consulting Inc o Communications Solutions Inc, estaban violando la regla, porque la ley FARA obligaba a estar inscritas ante el Departamento de Estado de EE. UU. antes de actuar en nombre y a favor de los intereses de otro país en suelo norteamericano y ante las instituciones públicas.

   En la demanda aparecen una serie de correos electrónicos titulados "contratos FARA" donde se advierte que deben estar inscritos, pero Rivera, en una de las respuestas a Nuhfer dice que era un poco tarde para ello, pues si lo hacían, sería un escándalo mayúsculo por las políticas que el presidente Trump ya había tomado contra Maduro y PDVSA.

Otra demanda en NY sembró las dudas sobre Rivera

    En la demanda civil que se interpuso en contra de la empresa de Rivera, Interamerican Consulting se pudo determinar que a través de las cuentas de CITGO, PDVSA pagó al acusado los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA y de Nicolás Maduro en los EE. UU. 
  Una demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 13 de mayo de 2020.  En la querella,  PDV USA buscaba que Interamerican Consulting Inc,  devolviera al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 


  Una fuente interna de CITGO dijo a Venezuela Política en mayo 2020 que en marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que a decir de muchos— eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (uno de los presos que fue intercambiado por los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon ( ahora extesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

Leer nota completa aquí.


lunes, 26 de septiembre de 2022

Tribunal de NY niega a socia de David Rivera, Esther Nuhfer, acogerse a la 5ta enmienda para no entregar pruebas requeridas en el caso que involucra $15 millones de dólares de CITGO

  Un tribunal de Nueva York ordenó a Esther Nuhfer, dueña de Communicatios Solutions, a entregar las evidencias solicitadas en el juicio contra Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del excongresista, David Rivera acusada por PDV USA de incumplir un contrato que por $50 millones de dólares le otorgó el régimen de Nicolás Maduro para que ejerciera acciones de cabildeo a favor de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Washington DC en 2017. 

 La juez Lauren Fleischer Louis, del Tribunal de Distrito Sur de Florida otorgó a PDV USA la moción que presentó para obligar a Esther Nuhfer a producir la documentación, al tiempo que rechazó la mayor parte de las objeciones de esta argumentó. En tal sentido dio un plazo de 14 días para que se produjera la entrega de documentos, estableciéndose que la producción de los papeles fuera continua y producto del acuerdo de las partes, la cuales debían reunirse para hacer la revisión y proceder en consecuencia.

   La orden de juez precisa que la entrega debía comenzar por aquellos documentos que ya se han identificado y entregado a su vez al gobierno, en razón de que las solicitudes tanto de la fiscalía como de la demandante son coincidentes.

  El tribunal ordenó, asimismo, limitar las exigencias de PDV USA a Esther Nuhfer dada su condición de tercera y no de demandada, otorgándole a esta la posibilidad de ir presentando objeciones en la medida en que tenga lugar la producción de los papeles.

  La magistrada también echó por tierra la pretensión de Nuhfer y su empresa de acogerse al privilegio de la Quinta Enmienda, al determinar que la misma no aplica en este caso.

  Pautó la celebración de una conferencia de estado en el ínterin del lapso ordenado, para que, si las partes continúan disputando el alcance de los documentos de respuesta obligados, puedan abordar el asunto y resolver la disputa de la manera más rápida y económica que sea posible

 Tal decisión se produjo durante una audiencia de descubrimiento celebrada el 23 de agosto de 2022, cuando comparecieron ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida, Philip L. Rezenstein, abogado de Esther Nuhfer; Brady M. Sulivan, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de la demandante PDV USA Inc.

La exigencia de PDV USA

  En primer término, Brady M. Sulivan reclamó que aun habiendo entregado correctamente las citaciones a Esther Nuhfer y su empresa Communication Solutions a objeto de que procediera a la producción de documentos del descubrimiento, hasta la fecha de la audiencia esto no había ocurrido. Expuso ante la magistrada que las objeciones de la demandada no resultaban válidas según la ley, primero porque se presentaron a destiempo, y por no ser correcto el argumento de que la documentación solicitada es muy amplia y exceden todos los límites justos de descubrimiento.

  Igualmente, Sulivan sentenció que a todas luces Nuhfer no actuó de buena fe asistiendo a esta deposición como sostiene su abogado, por cuanto así lo demuestran todas ls declaraciones juradas y pruebas documentales que ha entregado PDV USA, especialmente en lo atinente a su escrito de apertura. 

  Refirió que Nuhfer llevó a los servidores de las demandante a emprender una persecución inútil por toda Miami, lo cual ha costado miles de dólares. Advirtió a la juez que única razón por la que la demandada se presentó al tribunal fue porque un policía le entregó la citación en su casa luego de muchos intentos por notificarle.

  Del mismo modo, Sulivan le salió al paso a la creencia por parte de Esther Nuhfer de que la Quinta Enmienda le otorga licencia para negarse a presentar documentos en respuesta a las solicitudes de PDV USA, primero porque Communication Solutions es una corporación sobre la cual no han presentado evidencia de que se trate de una propiedad exclusiva. Una corporación no tiene una defensa válida de la Quinta Enmienda”, aseguró y luego agregó: “Nuhfer, como custodio de los registros aquí, no puede invocar la Quinta Enmienda incluso si el acto de producción incrimina al custodio de los registros”.

 Destacó el abogado de PDV USA que Communication Solutions firmó los subcontratos que forman el tema de probablemente la mitad de las solicitudes de documentos que se han formulado, los cuales fueron firmados por esther Nuhfer en representación de la empresa. Recordó que Communication Solutions recibió USD 4.5 millones del dinero de la demandante, canalizados por el demandado en el litigio subyacente.

  Además, dijo que la empresa de Nuhfer ayudó a redactar el contrato que está en disputa, lo cual se comprueba a través de los correos electrónicos que sirvieron para discutir y establecer los primeros borradores del mismo.

  Sulivan aseveró que la Quinta Enmienda tampoco aplica para Nuhfer en lo personal, toda vez que el hecho de que sea la poseedora de los documentos que se solicitan no la incrimina, pues eso es de conocimiento público. El abogado de PDV USA le refirió al tribunal que los documentos que Nuhfer se niega a entregar a la demandante, son los mismos que ya entregó al gobierno.

 El abogado citó palabras de Nuhfer cuando expuso en el escrito de oposición que tanto ella como David Rivera “son objeto de una investigación penal que, una vez más, está inextricablemente entrelazada con nuestro litigio. Claramente, la Sra. Nuhfer es un testigo clave aquí con documentos relevantes”.

 En alusión a la observación de la juez que le recordó que al no ser parte de la causa la norma determina minimizar la carga, Sulivan manifestó que, de hecho, PDV USA acordó reducir su exigencia de documentos y propuso que con la representación negar de Esther Nuhfer, establecieran un protocolo con términos de búsqueda y un rango de fechas para hacer que este proceso no sea tan pesado.

  La juez le preguntó respecto a los costos de la notificación y el procesamiento de la moción y Sulivan refirió que están solicitando el pago de los honorarios cancelados por PDV USA cliente a los notificadores de procesos, a los investigadores privados para  determinar el paradero y ubicación que permitiera localizar a Esther Nuhfer, así como la redacción del escrito de apertura y el trabajo asociado con eso. Describió que buena parte del trabajo del informe inicial se dedicó al tema del servicio.

Los alegatos de Nuhfer

  Por su parte, el abogado de Esther Nuhfer, Philip L. Rezenstein, explicó que su cliente es consultora política con dos décadas 20 de experiencia, que fue contratada hace 15 años por David Rivera, cuya demanda subyace a la de su representada. Se trató de un trabajo breve luego de que Rivera perdiera la elección.

  En tal sentido, Rezenstein estima que afirmar que David Rivera está “asistido” por Esther Nuhfer es incorrecto, toda vez que el tiempo que le asesoró difiere del periodo en la empresa de Rivera fue contratada por PDVSA.

 Sostuvo que es falso que Nuhfer ayudara a Rivera en la realización de su trabajo de consultoría con la petrolera venezolana. Refirió que lo que sí es correcto es que Esther Nuhfer ayudo a Interamerican Consulting, la empresa de David Rivera, a asegurar el contrato y advirtió: “Nuhfer no trabajaba para PDV USA ni su empresa tenía una relación contractual con PDV USA”.

 En tal sentido, Rezenstein denunció ante el tribunal el mal uso intencional de sus escritos a conveniencia y fuera de contexto. “(…) nunca le escribí a este tribunal que Nuhfer estaba trabajando con Rivera en su contrato con PDV USA y ganó millones de dólares. Eso no ocurrió”.

 Lo que según el abogado sucedió, fue que Nuhfer ayudó a obtener el contrato y le pagaron por ello, razón lo la cual no es acusada en este caso. “No hay privacidad contractual. Ella no estaba trabajando de cerca con Rivera”.

  Rezenstein advirtió a Sulivan que nunca dijo que su cliente no tenía objeciones ni la obligación de presentarlas en el tribunal. “Lo que dijimos fue que existe una buena causa. Dicen que no existe una buena causa”.

Y rebatió al abogado de PDV USA:

— En los casos que citamos, es bastante simple, un tercero que actuó de buena fe, y creemos que la Sra. Nuhfer actuó de buena fe, no solo aceptando sentarse para una deposición, entrando en discusiones, que finalmente no fueron fructíferas, pero las discusiones ocurrieron con frecuencia por teléfono y por correo electrónico en cuanto al alcance de la citación y la profundidad de lo que buscaban, y por lo tanto, según la jurisprudencia, eso es suficiente para resolver el problema de la buena causa.

  Respecto a la documentación solicitada a su cliente, reiteró que es demasiado amplia pues se pretende que Esther Nuhfer realice una búsqueda con expertos electrónicos y en recuperación de datos, para indagar en todas sus comunicaciones, todos sus textos, todos sus datos, todos sus correos electrónicos, para determinar si tiene o no mensajes relacionados con una reunión que tuvieron David Rivera con Joel Brakha, el gerente de los yates de Raúl Gorrín, porque se dice que una mujer estuvo presente en ese encuentro.

  Y refutó a Sulivan por no haber informado también al tribunal acerca de una declaración que le hicieron a Joel Brakha y le mostraron una fotografía de Nuhfer para que estableciera si era la mujer que había estado en la reunión y el hombre no pudo reconocerla.

  Advirtió que se trata de una solicitud con un costo financiero alto para su cliente, pues implican la contratación de un experto forense para que realice la búsqueda de los datos solicitados. También protestó la forma cómo los notificadores actuaron, al extremo de invadir la propiedad privada.

  Con relación a la amplitud de la documentación requerida, si bien es cierto que se han entregado ya papales a la fiscalía, Reizenstein advirtió aunque las citaciones son de naturaleza muy cercana, no son exactas y, por tanto, los documentos que se entregan al gobierno serían  algo diferentes a los que se proporcionarían a PDV USA.

  Para la magistrada resultaba incomprensible que Esther Nuhfer no pudiera presentar a PDV USA los mismos documentos que había presentado al gobierno y advirtió que la invocación de la Quinta Enmienda no era aplicable. Explicó que no siendo la empresa Communications Solutions de tipo unipersonal sino corporativo, no puede anularse la citación sobre la base de la invocación de la Quinta Enmienda. En tal sentido, estableció que si no hay privilegio por parte de Esther Nuhfer, tampoco lo hay para la empresa.

  El  tribunal planteó recurrir a otra vía distinta a la de recurrir a un experto forense para la recabación de los documentos solicitados por PDV USA, puesto que sería muy costoso para Esther Nuhfer. Sugirió simplemente acudir a las plataformas tecnológicas y proveedores de servicios de que se dispongan y proceder a la producción de los documentos, luego de que la partes convengan en qué papeles específicamente se requieran. Del mismo modo conminó a las partes a revisar los documentos que ya se presentaron a la fiscalía y, a partir de allí, establecer si es necesaria la producción de otros.

  Lo que sí advirtió la juez fue que en las audiencias de descubrimiento exige la presentación de documentos se haga dentro de los 14 días que impone la norma.

  Dejó claro que por tratarse de una tercero en la causa, PDV USA debe ser sumamente específico al momento de establecer qué tipo de documentos está buscando, de manera de no obligar a Nuhfer a realizar una búsqueda que no sea proporcional a su su condición de tercero en esta causa.

martes, 6 de septiembre de 2022

Hugo Perera: el exnarcotraficante convicto sospechoso de hacer negociaciones irregulares con la empresa de David Rivera

  Se trata de un hombre que en la actualidad se desempeña como desarrollador urbanístico en Florida, quien habría suscrito unos contratos con Interamerican Consulting que PDV USA considera que son falsos.

Por Maibort Petit

  Parte del dinero pagado por PDV USA Inc. a Interamerican Consulting Inc., la empresa del excongresista de los Estados Unidos, David Rivera, fue a manos del ex-narcotraficante convicto, Hugo Perera, cuyas empresas PG & Associates Inc. y Krome Argonomics LLC suscribieron contratos con la compañía demandada por la filial de Petróleos de Venezuela S.A. por incumplimiento de contrato. Tales acuerdos son acusados por la filial de PDVSA como falsos, pues solamente habrían sido suscritos para justificar de manera fraudulenta el destino de los fondos recibidos.

  Perera es un cubano-estadounidense que años atrás estuvo sindicado de lavar dinero proveniente del cártel de Cali en un casino de la Isla de Margarita en Venezuela. Unos informes oficiales de la época señalaron la vinculación de venezolanos con la citada organización narcotraficante colombiana, así como del hecho de que nueve instituciones financieras, cuatro venezolanas, cuatro estadounidenses y una colombiana, se prestaban para operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico[1]. Perera se declaró culpable de fraude fiscal en dicho caso[2].

  Ahora su nombre ha venido a relucir en el caso en el que PDV USA Inc. entabló una demanda civil contra la empresa de David Rivera, Interamerican Consulting Inc., por incumplimiento de un contrato con un precio de $ 50 millones para cabildear en favor de Petróleos de Venezuela S.A. ante el gobierno de los Estados Unidos en razón de que la imagen de la petrolera estaba muy deteriorada ante la administración de Donald Trump. Del monto señalado, la demandante solamente llegó a pagar $ 15 millones que ahora reclama le sean devueltos, por cuanto estima que no se cumplió con nada de lo acordado. Tras una advertencia de los auditores, se decidió no continuar con los pagos a Interamerican.

  De los señalados USD 15 millones pagados por PDV-USA a Interamerican, esta última destinó parte de ellos al pago de varios subcontratos que la demandante sostiene que son falsos y solo buscan justificar la erogación. Dos de estos sub-contratos fueron suscritos con las empresas PG & Associates y Krome Agronomics, propiedad de Perera.

  Los documentos judiciales revelan que Perera recibió a través de sus empresas, PG & Associates Inc. y Krome Argonomics LLC, seis pagos por USD 625.000, uno de USD 1,1 millones que totalizaron USD 4,85 millones. Estas operaciones de pago se produjeron entre marzo y noviembre de 2017.

  Sobre los antecedentes de Hugo Perera, David Rivera se desentendió por completo en una entrevista publicada por el Miami Herald, señalando que los crímenes de propietario de PG & Associates y Krome Agronomics fueron cometidos hace décadas, al referir que al hombre aún se le califica de narcotraficante convicto.

  En la actualidad, Perera se dedica al desarrollo urbanístico en Miami, especializándose en proyectos de viviendas asequibles en vecindario de Allapattah y La Pequeña Habana. También se dedica a la administración de condominios.

-- “Qué se yo de qué tenía drogas. Yo tengo clientes en República Dominicana, en Haití, en México, en Costa Rica, en Colombia (y) yo nunca le pregunto a mis clientes, ‘¿Oye, cuáles han sido tus antecedentes penales en tu vida? ¿Tú has tenido algún problema en los pasados 40 años con la ley? ¿Quién hace esas preguntas?”, advirtió Rivera[3].

  También durante una deposición ocurrida el 8 de marzo de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Hugo Perera se negó a responder, no acerca del caso en el que se vio involucrado hace años, sino a las preguntas que los abogados de PDV USA Inc. le formularon una y otra vez acerca de su participación en el supuesto esquema de lavado de dinero en el que estaría incurso junto a Esther Nuhfer y Raúl Gorrín, entre otros. Para evadir las respuestas, Perera se acogió a lo establecido en la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU., cuya invocación se formula para evitar autoincriminarse[4].

  Es prácticamente nula la información existente sobre Hugo Perera. En su página web[5] se limita a hacer referencia y citar la información contenida en la de sus empresas, mientras que desde abril de 2020, su cuenta en la red social Twitter @HugoPerera5[6], no registra actividad.

Sobre las empresas de Perera

  PG & Associates Inc. es una empresa activa registrada en el estado de Florida el 6 de enero de 2003 bajo el número P03000001408, número FEI/EIN 04-3732123.

  Su domicilio se reporta en el 141 Sevilla Ave, Coral Gables, Fl 33134, el cual es también dirección postal y domicilio de Hugo Perera, quien es el agente registrado y presidente de la compañía, de acuerdo a información que suministra el portal Sunbiz[7].

  En su página web[8], la empresa se define como una “sociedad tenedora de una cartera de inversiones que incluye desarrollos inmobiliarios comerciales y residenciales, depósitos industriales, proyectos de construcción, adquisición de terrenos, transporte, agricultura y productos básicos”.

  Refiere que posee una amplia cartera de proyectos de desarrollo comercial y residencial en el condado de Miami-Dade, constituyéndose en empresa líder en el negocio de la construcción en razón la gran gama de proyectos de inversión que incluye desde parques de depositos industriales generadores de ingresos hasta viviendas unifamiliares y complejos de apartamentos.

  Entretanto, Krome Agronomics LLC es una empresa activa registrada en Florida el 21 de julio de 2008 bajo el número L08000069737, número FEI/EIN 26-3091168.

  Al igual que PG & Associates Inc., Krome Agronomics LLC tiene su domicilio en el 141 Sevilla Ave, Coral Gables, Fl 33134 que también es dirección postal y la dirección registrada de su gerente general, Hugo Perera.

  El agente registrado de la firma es Contreras Gilbert Aesq (misma dirección).

 El directorio de la empresa, aparte del ya señalado Hugo Perera, lo conforma también Mayra Perera, cuyo domicilio es el 780 NW 42nd Ave, Ste 322, Miami, FL 33126[9].

  Por su parte, Exotic Agronomics Enterprises Inc. es una empresa  activa registrada en Florida el 19 de junio de 2001, bajo el número P01000060859, número FEI/EIN 65-1121441.

  Como PG & Associates Inc. y Krome Argonomics LLC, Exotic Agronomics Enterprise está domiciliada en el 141 Sevilla Ave, Coral Gables, Fl 33134, que como en los casos referidos, también es dirección postal y la dirección de su presidente, Hugo Perera, quien figura como su único directivo[10].

References

[1] El Tiempo. “Vinculan a venezolanos con el cartel”. 29 de junio de 1995. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-355597

[2] CiberCuba. “Nuevas denuncias contra excongresista de Miami vinculado a gobierno de Venezuela”. 23 de agosto de 2022. https://www.cibercuba.com/noticias/2022-08-23-u1-e207888-s27061-nuevas-denuncias-contra-excongresista-miami-vinculado-gobierno

[3] El Nuevo Herald: “Ex congresista de EEUU revela vínculos entre Raúl Gorrín y Leopoldo López”. 22 de junio de 2022. https://nuevoherald.com/ex-congresista-de-eeuu-revela-vinculos-entre-raul-gorrin-y-leopoldo-lopez/

[4] Venezuela Política. “Constructor beneficiario de los pagos de Interamerican Consulting se negó a declarar en el juicio de PDV USA contra la empresa de David Rivera”. 20 de julio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/07/constructor-beneficiario-de-los-pagos.html

[5] Hugo Perera. https://www.hugoperera.com/hugo-perera/

[6] Twitter. Hugo Perera @HugoPerera5. https://twitter.com/hugoperera5?lang=es

[7] Sunbiz, Division of Corporations. PG & Associates Inc. https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=PGASSOCIATES%20P030000014080&aggregateId=domp-p03000001408-509344a6-2b87-4eb8-ab86-51b7bd87e244&searchTerm=PG%20%26%20Associates&listNameOrder=PGASSOCIATES%206969580


[8] PG & Associates Inc. https://pgandassociates.net/


[9] Sunbiz. Division of Corporations. Krome Argonomics LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=KROMEAGRONOMICS%20L080000697370&aggregateId=flal-l08000069737-7e20944a-8155-4c11-830f-e40955e306fd&searchTerm=KROME%20AGRONOMICS%20LLC&listNameOrder=KROMEAGRONOMICS%20L080000697370


[10] Sunbiz. Division of Corporations. Exotic Agronomics Enterprises Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=EXOTICAGRONOMICSENTERPRISES%20P010000608590&aggregateId=domp-p01000060859-6ada0188-5fc2-498d-939d-66a6028dff11&searchTerm=EXOTIC%20AGRONOMICS%20ENTERPRISES%2C%20INC.&listNameOrder=EXOTICAGRONOMICSENTERPRISES%20P010000608590




sábado, 3 de septiembre de 2022

Esther Nuhfer: la vieja socia de David Rivera con quien habría mantenido un historial de operaciones irregulares

   No es la primera vez que el nombre de la cabildera resuena en casos turbios en los que excongresista estadounidense se ha visto envuelto.

Por Maibort Petit

   En el caso en el que PDV USA Inc. demanda a Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del ex-congresista de los Estados Unidos, David Rivera, por incumplimiento de contrato, ha surgido el nombre de Esther Nuhfer y su empresa Communications Solutions Inc., como beneficiaria de $ 4,5 millones de los $ 15 millones, única cantidad efectivamente cancelada por la demandante a la demandada de los $ 50 millones que era el precio del acuerdo en disputa.

  Para PDV USA no es más que un contrato falso con el cual Rivera y su compañía quieren justificar el pago recibido por parte de la filial en EE. UU. de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., que procuraba mejorar su imagen ante el gobierno norteamericano y por ello recurrió a los servicios de consultoría que Rivera y su empresa ofrecían.

  Sospecha PDV USA, ante la aparición de nuevas evidencias, el uso criminal de los fondos pagados a Interamerican y en ese contexto es que ha salido a relucir el nombre de Esther Nuhfer. Por ello la demandante busca ahora enmendar su demanda y obtener una serie de documentos en manos de Nuhfer que revelarían el destino de los fondos, pero la consultora política maniobra para evitarlo.

  El de Nuhfer habría sido uno de los destinos del dinero, pues otros dos subcontratos se habrían suscrito para justificar la erogación, el empresario venezolano, Raúl Gorrín, y el inmobiliario y ex-convicto de hechos de narcotraficante, Hugo Perera, fueron los otros receptores de los fondos.

La relación con Esther Nuhfer

  Esther Nuhfer es una consultora política de Miami-Dade, propietaria de la empresa Communication Solutions Inc., constituida únicamente por su persona.

  Según se ha insistido durante este proceso judicial, Nuhfer es una vieja socia de David Riveras, con quien habría trabajado en varios frentes.

  En el contexto del proceso judicial en el que PDV USA Inc. demanda a Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de contrato,  esta última subcontratado a la firma de Esther Nuhfer, Communication Solutions Inc.  para supuestamente prestarle servicios de consultoría estratégica de marketing, tanto a la demandante PDV USA, como a la empresa de David Rivera. Un servicio que Nuhfer ni su compañía habría prestado y es que este contrato, según asegura PDV USA, simplemente era un contrato falso que junto a los suscritos con Raúl Gorrín y Hugo Perera, sólo fueron una estrategia de Rivera para justificar el pago recibido.

  Y aunque no figura como demandada, esther Nuhfer y Communications sí aparecen como terceros involucrados en el caso y de allí que se les inste a prestar testimonio y producir una serie de documentos que servirían para aclarar el destino de los dineros pagado por la petrolera a la empresa de David Rivera. Entre las exigencias de PDV USA está el acceder a once correos electrónicos que Interamerican y Nuhfer que esta última se ha negado a producir, pese a las múltiples diligencias efectuadas por la demandante para que así ocurra. También se niega a entregar los subcontratos, hechos entre de Gorrín y Perera que ella habría manejado.

  Lo cierto es que Esther Nuhfer y su empresa Communication Solutions Inc. recibieron por los supuestos servicios de consultoría un total de $ 4,5 millones que recibió en tres pagos de $ 750.000, otros dos de $ 625.000 y uno de $ 1 millón.

  Las repercusiones de este caso se han extendido más allá del contexto venezolano, toda vez que cuando en mayo de 2020, Esteban Bovo, comisionado del condado de Miami-Dade, para quien Esther Nuhfer trabajaba como gestora de recaudación de fondos, conoció que la mujer había recibido $ 3,5 millones transferidos por David Rivera y que este dinero provendría del régimen de Nicolás Maduro, el funcionario prescindió de sus servicios.

“La apariencia de que pueda haber algún negocio con una dictadura, sobre todo con la dictadura de Venezuela, no tienen ningún espacio en mi vida personal o en mi vida de servicio público”, expresó Bovo, al tiempo que explicó que decidió despedir a Nuhfer porque “Le hice una pregunta, básicamente. No encontré la respuesta satisfactoria”[1].

  No es la primera vez que Nuhfer se envuelta en asuntos acusados de irregulares con David Rivera, pues en 2011 su nombre salió a relucir cuando el entonces congresista fue señalado de supuestamente recibir sobornos en el proceso de discusión de dos enmiendas para que buscaban restringir los viajes de cubanoamericanos a Cuba. Nuhfer que ya para la fecha actuaba como cabildera, fue interrogada por el FBI[2].

 Cuando en la misma época Rivera fue señalado de violar la ley de elección primaria democrática al, supuestamente, haber financiado su campaña  con un fondo secreto de $ 43.000. Se dijo que para esos días Esther Nuhfer habría recibido $ 250.000 de la campaña de David Rivera y, posteriormente, retiró de su cuenta en efectivo $ 190.000 cuyo destino fue incierto[3].

Sobre Communication Solutions

  De acuerdo a información del portal Sunbiz, Communication Solutions Inc. es una empresa activa registrada en Florida el 2 de agosto de 2004 bajo el número P04000112662, número FEI/EIN 11-3724543.

  Su sede es en el 11767 South Dixie Hwy, Suite 269, Pinecrest, Fl 33156, que igualmente es domicilio su única directiva Esther J. Nuhfer, quien ejerce como presidenta, directora, secretaria, tesorera y es el agente registrado de la empresa[4].

REFERENCIAS

[1] Telemundo. “Comisionado Bovo responde a acusaciones contra asesora de campaña”. 29 de mayo de 2020. https://www.telemundo51.com/noticias/local/comisionado-bovo-responde-a-acusaciones-contra-asesora-de-campana/2082867/

[2] Fanal Cubano. “Investigan por sobornos a congresista promotor de enmienda para restringir viajes a Cuba”. 27 de julio de 2011. https://fanalcubano.blogspot.com/2011/07/investigan-por-sobornos-congresista.html

[3] El Estantillo. “¿Ha llegado el fin de David Rivera?”. https://elestanquillo.wordpress.com/2012/08/23/ha-llegado-el-fin-de-david-rivera/

[4] Sunbiz. Division of Corporations. Communication Solutions Inc. https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=NUHFERESTHERJ%20P040001126620&aggregateId=domp-p04000112662-16ec1d4e-2dd3-4b06-9f27-14c7b834f510&searchTerm=Nuhfer&listNameOrder=NUHFERBRENDA%20N170000119702 

lunes, 24 de enero de 2022

Juicio de empresa de David Rivera revela trama corrupta de políticos venezolanos en Miami

  Una trama que ha generado muchas suspicacias y que, se estima, arrojará luces de los ocultos esquemas de corrupción que existen entre la clase política en Miami relacionada con Venezuela.

 Por Maibort Petit

     En  un juicio que se realizará este verano en Nueva York se podrá esclarecer a dónde fueron a parar los fondos pagados por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), empresa estatal controlada por el régimen de Nicolás Maduro  a la consultora Interamerican Consulting Inc, propiedad del excongresista cubanoamericano, David Rivera. En los  cuestionarios enviados por la demandante PDV USA, a la parte acusada  se han mencionado los nombre del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, del prófugo de la justicia de Estados Unidos, Raúl Gorrín y de otras personas ligadas a la oposición y al chavismo en el estado de la Florida.  
    El asunto radica en una demanda, de carácter civil, que entablaron los abogados de PDV USA/CITGO (controlada por el gobierno interino presidido por Juan Guaidó), en mayo 2020 por el incumplimiento de un contrato por USD 50 millones que otorgó Petróleos de Venezuela (bajo el mando del régimen Nicolás Maduro) en 2017 a la empresa del excongresista, David Rivera (Interamerican Consulting Inc.) para cabildear en favor de PDVSA ante las autoridades estadounidenses en Washington DC. y mejorar la imagen de la estatal petrolera ante el gobierno federal del entonces presidente Donald Trump.

   La primera parte del pago del contrato, equivalente a USD 15 millones, (tres transferencias de USD 5 millones cada una) fue pagado por CITGO Petroleum Corp. sustentándose en un reporte de acciones realizadas por Interamerican ante diversos entes oficiales en la capital de EE. UU. Luego surgieron dudas ante la advertencia que los servicios de cabildeo presuntamente no fueron realizados (según la demanda). Tras una alerta de  los auditores, CITGO no pagó el resto del contrato, es decir, USD 35 millones.


    Rivera presionó a CITGO para que le pagara el remanente, pero la filial de PDVSA en Estados Unidos decidió no continuar los pagos, debido a la falta de claridad de los servicios prestados. A mediados de 2020, los abogados de la corporación ligada a CITGO, PDV-USA que pasó a manos del gobierno interino en abril de 2019 decidieron demandar a Interamerican ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando que David Rivera le devuelva a CITGO los USD 15 millones recibidos por los servicios del contrato incumplido. 

   El excongresista respondió a la demanda PDV USA (CITGO) con una solicitud de cobro del remanente de USD 35 millones y con señalamientos que involucran a varios políticos y personas vinculadas a la oposición y al régimen de Maduro.




   Los 6 de CITGO es el nombre por el que se conoce a un grupo de seis altos directivos de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, quienes fueron detenidos el 21 de noviembre de 2017, acusados de firmar un acuerdo que era desfavorable para CITGO. Los seis hombres permanecen tras las rejas en Caracas.


    Otros nombres que surgieron en la cobertura periodística de este caso en Miami, incluye a uno de los prófugos de la justicia estadounidense, Raúl Gorrín, acusado de varios delitos financieros en EE. UU.; la pareja sentimental de Rivera, dueña de una empresa de cabildeo, Esther Nuhfer; y a Hugo Perera.

     Para la fecha en que fue entregado el contrato de PDVSA (marzo 2017), los siguientes funcionarios aparecían ocupando puestos claves en la estatal petrolera: Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa y César Triana.

   En las respuestas dadas por Interamerican en el cuestionario enviado por la parte acusadora, Rivera menciona a varios (ex) ejecutivos y (ex) empleados de CITGO en la casa matriz de Houston, Texas, así como a otros con conocimiento directo de la razón de la demanda y que pueden ser testigos por manejar  información relevante sobre el objeto de la querella, a saber: Arnaldo Arcay, José Luis De Jongh-Atencio, Dustin Rozeboom, Judith Colbert, Rafael Gómez, Edoardo Orsoni, Guillermo Blanco,  Pio González, José Ángel Pereira, Gustavo Cárdenas,  Alejandro Escarrá, Elio Tortolero, Raúl Gorrín, Hugo Perera, Esther Nuhfer,  Bertica Cabrera, Pete Sessions y el mismo David Rivera.


    En las preguntas, aparecen mencionadas dos empresas que presuntamente habrían recibido parte de los fondos provenientes de PDV USA a través de los tres pagos del contrato no cumplido.

1) Detalles de los USD 625.000 que Interamerican transfirió a Krome Argonomics LLC el 27 de marzo de 2017.

Krome Argonomics LLC es una entidad creada en el estado de la Florida por Hugo Perera el 21 de julio de 2008, ubicada en 141 Sevilla Ave Miami, FL 33134 y que, hasta la fecha, se encuentra activa.

2) Detalles de USD 3.750.000 que Interamerican transfirió a Interglobal Yacht Management LLC entre el 31 de marzo de 2017 y el 24 de abril de 2017.

Interglobal Yacht Management LLC es una empresa registrada en la Florida, el 9 de enero de 2017 por Joel Brakal y Daniel Marinucci en 2665 South Bay Shore Dr. Suite 600, Miami, Florida, 33133.


Las mociones de Interamerican Consulting Inc. a los cuestionarios de PDV USA

  El excongresista cubanoamericano, David Rivera, a través de su empresa, Interamerican Consulting Inc., se refugió en la Regla 33.3 para no dar respuesta inmediata a las preguntas formuladas por los abogados de Petróleos de Venezuela USA (PDV-USA) (CITGO) en relación a la demanda por incumplimiento de un contrato de USD 50 millones (firmado en 2017, para realizar gestiones de cabildeo ante el gobierno Federal y el Congreso de los Estados Unidos con miras a mejorar la imagen de PDVSA ante las autoridades en Washington DC). La empresa demandada recibió un primer pago de USD 15 millones por un trabajo que no ejecutó, según los documentos de la demanda.

  Los abogados de David Rivera entregaron a la corte una serie de objeciones a varios cuestionarios enviado por los demandantes, PDV USA (CITGO) para darle claridad a los hechos señalados.

 Interamerican Consulting Inc. se opuso a cada uno de los Interrogatorios de PDV USA por considerarlos inadmisibles en la medida en que son incompatibles con la Regla Local 33.3.

  La empresa de Rivera alega que la parte acusadora busca la producción de materiales o la divulgación de información protegida del descubrimiento por el privilegio abogado-cliente, la doctrina del producto del trabajo o cualquier otra protección aplicable.

   En las mociones, Interamerican sostiene que las respuestas se realizan únicamente a los efectos de esta acción.

   Advierte que cada respuesta está sujeta "a todas las objeciones en cuanto a competencia, relevancia, materialidad y admisibilidad, y a todas y cada una de las demás objeciones y motivos cuyas objeciones requerirían la exclusión de cualquier escrito presentado en el presente en el juicio, todas las cuales objeciones y motivos están reservados y pueden interponerse en el momento del juicio".

No está preparado para el juicio

  Interamerican advierte que no ha completado su investigación y descubrimiento en la acción y no ha completado su preparación para que el juicio pueda celebrarse. "Cualquier respuesta en este documento se basa en la información actualmente conocida por el Demandado".

Preguntas y respuestas

1. Describir en detalle el desempeño de Interamerican en virtud del Acuerdo, incluido, entre otros, el establecimiento de detalles adecuados y completos de todos y cada uno de los servicios prestados.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

2. Identifique a las siguientes personas y/o entidades a las que se refirió Interamerican en el Informe Final y describa en detalle cualquier reunión, discusión o comunicación con ellas, incluyendo, pero sin limitarse a aquellas a las que se hace referencia en el 18 de abril, 16 de mayo de Secciones del 30 de mayo y 13 de junio del Informe final: “formuladores de políticas”, “líderes de opinión”, “actores del sector público”, “partes interesadas del sector público”, “actores del sector privado”, “entidades del sector privado”, “organizaciones del sector privado”, “interlocutores importantes asociados con las organizaciones objetivo del sector privado”, “interlocutores”, “partes interesadas objetivo”, “partes interesadas importantes” y “funcionarios públicos clave”.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud por estar fuera del alcance de la Regla Local 33.3. Sujeto a las Objeciones Generales del Demandado y en la medida en que esta solicitud busca nombres de testigos con conocimiento de información relevante al objeto de la acción, Interamerican proporciona lo siguiente:

A Arnaldo Arcay

B. José Luis De Jongh-Atencio

C. Dustin Roze Boom

D. Judith Colbert

E. Rafael Gómez

F. Edoardo Orsoni

G. Guillermo Blanco

H. Pío González

I. José Ángel Pereira

J. Gustavo Cárdenas

K. Alejandro Escarrá

L. Elio Tortolero

M. Raúl Gorrín

N. Hugo Perera

O. Esther Nuhfer

P. Bertica Cabrera

Q. Sesiones de Pete

R. David Rivera

3. Describa en detalle todas y cada una de las reuniones, discusiones y comunicaciones que Usted ha tenido con cualquier empleado, agente, director, funcionario o representante de PDV USA, PDVSA, CITGO Petroleum Corporation y/o cualquier persona asociada con el Gobierno de Venezuela, incluidos, entre otros, Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa y César Triana, en relación con el Acuerdo.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

4. Describa en detalle cualquier reunión, discusión o comunicación que haya tenido con “la oposición a las protestas anti-Maduro”, Leopoldo López, Raúl Gorrín, Esther Nuhfer, Hugo Perera, o cualquier oposición venezolana o líderes, organizaciones anti-Maduro, entidades, partidos, fuerzas o facciones, o cualquier representante de cualquiera de los individuos, grupos o entidades mencionados en este interrogatorio, en relación con el Acuerdo o en relación con PDV-USA, PDVSA y/o CITGO Petroleum Corporation.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

5. Describa en detalle los hechos que subyacen a las declaraciones atribuidas a David Rivera en el artículo de CE Noticias Financieras (inglés) del 13 de mayo de 2020 titulado “PDVSA denuncia a excongresista de EE. UU. por el pago de USD 15M” y en el artículo del Miami Herald del 14 de mayo de 2020 escrito por Jay Weaver y Antonio María Delgado, titulado “Rivera no se registró como agente extranjero en contrato de $50 millones con petrolera venezolana”, incluyendo las siguientes declaraciones: “pregúntenle a los muchachos de los 6 de CITGO”; “Manejaron toda esa operación, incluyendo todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana… Eso es todo lo que sé"; y “Todos esos fondos se destinaron a la oposición para las protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi ni un centavo de eso”.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

6. Describa en detalle a quién, cómo, cuándo y por qué Interamerican ó David Rivera desembolsaron los fondos recibidos de PDV USA o PDVSA, incluida, entre otras, la descripción detallada de los USD 625.000 que Interamerican transfirió a Krome Argonomics LLC el 27 de marzo de 2017 y los USD 3.750.000 que Interamerican transfirió a Interglobal Yacht Management LLC entre el 31 de marzo de 2017 y el 24 de abril de 2017. Incluya en su descripción de cada pago o transferencia, la identidad del destinatario inmediato, cualquier destinatario final previsto, el propósito del pago, si el pago se realizó en relación con el Acuerdo y quién aprobó el pago.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.


7. Identifique todas las cuentas bancarias utilizadas por Interamerican o David Rivera.

RESPUESTA: Sujeto a las objeciones generales del demandado y de acuerdo con Fed. R. Civ. P. 33(d), Interamerican producirá los registros de cuentas bancarias pertinentes que estén en su posesión, custodia o control.
 
8. Describa en detalle la “serie de medidas proactivas [propuestas por Interamerican] a seguir en nombre del Cliente (PDVSA) que abarcarían áreas de interés mutuo entre el Cliente y los Estados Unidos”, a las que se refiere la entrada del 4 de abril de la Resolución Final de Informe entregado por David Rivera to Mr. Pio González en Diciembre 31, 2017.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

9. Describa en detalle a qué estrategias se refirió Interamerican en la parte de la sección “Recomendaciones provisionales” del Informe final que establece que “el éxito estará determinado por la determinación del Cliente de dar seguimiento a las estrategias que se han implementado durante los últimos varias semanas."

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

10. Describa en detalle “los objetivos y propósitos declarados de la propuesta del Consultor” a los que se hace referencia en la sección “Recomendaciones provisionales” del Informe final de David Rivera para Pio González en Diciembre 31, 2017.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible. según la Regla Local 33.3.

11. Describa en detalle las "opciones y pasos importantes" a los que se hace referencia en la parte de la sección del 30 de mayo del Informe Final que dice: "El Consultor proporcionó al Cliente varias opciones y pasos importantes que serían necesarios para perseguir las metas y objetivos originales frente a los actores del sector público en los Estados Unidos”.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

12. Describa en detalle cómo el “Consultor ha facilitado el desarrollo de elementos clave que acelerarían esa relación positiva con las partes interesadas en los Estados Unidos”, incluida la identificación de las “partes interesadas en los Estados Unidos” a las que se refiere esto, como se indica en la sección del 13 de junio del Informe Final.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

13. Describa en detalle el "marco para un plan de acción estratégica que se puede utilizar como vehículo para monitorear la capacidad de respuesta de las partes interesadas al Cliente, así como para canalizar las discusiones y el diálogo hacia el logro de las metas y objetivos generales del Cliente" que, según a la sección del 21 de junio del Informe Final, Interamerican proporcionó al “Cliente”, incluyendo a quién se proporcionó el “marco” y cuándo.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

 14. Describa en detalle el “plan estratégico” al que se hace referencia en la sección del 21 de junio del Informe Final, incluidos los “esfuerzos multifacéticos tanto hacia los funcionarios del sector público y los líderes de opinión como hacia las partes interesadas específicas del sector privado”, el “plan para apoyar los esfuerzos para mejorar la reputación y la posición a largo plazo del Cliente”, y cómo Interamerican “desarrolló e implementó” dicho plan.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

15. Describa en detalle las “comunicaciones comerciales críticas” a las que se hace referencia en el párrafo 14 de la Reconvención de Interamerican.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

16. Describa la manera y el plazo en el que ha conservado los Documentos o Comunicaciones, incluida la información almacenada electrónicamente, que pueden ser relevantes para esta Acción.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

17. Identificar todos los dispositivos de almacenamiento electrónicos y no electrónicos, incluidas cuentas de correo electrónico, discos duros, discos compartidos, servidores, teléfonos inteligentes, todos los demás tipos de almacenamiento electrónico, archivadores, cajas y todos los demás tipos de almacenamiento no electrónico, en los que Los Documentos o Comunicaciones relacionados con cualquiera de los reclamos o defensas de las partes en esta Acción pueden ahora, o pueden haber sido, localizados o encontrados en el pasado.

RESPUESTA: Sujeto a las Objeciones Generales del Demandado, el Demandado declara que los siguientes dispositivos de almacenamiento electrónicos y no electrónicos contienen documentos o comunicaciones relacionados con las reclamaciones o defensas de las partes en esta Acción:

A. Email de cuenta de David Rivera: rivera2002@comcast.net

B. Computadora personal de David Rivera

C. Cuenta de WhatsApp de David Rivera

Demandante se queja ante la falta de respuestas de David Rivera

  Los abogados de PDV-USA CITGO se quejaron ante el tribunal por la falta de respuestas al cuestionario enviado a Interamerican Consulting, señalando que "las respuestas de Interamerican son totalmente inadecuadas y no cumplen con la Regla Federal Civ. Pág. 33 o Regla Local 33.3".

  Los abogados del interinato se quejan que David Rivera se haya opuesto a cada uno de los interrogatorios declarando como “como inadmisibles según la Regla Local 33.3”.

   Señalan que el demandado se dedicó a proporcionar una lista que no responde de "testigos con conocimiento de información relevante para el tema de la acción", acordar producir registros de cuentas bancarias relevantes y proporcionar una lista de dispositivos de almacenamiento que “contengan documentos o comunicaciones relacionados con los reclamos o las defensas de las partes en esta Acción”.

  De conformidad con la Regla Local 33.3(b), los interrogatorios pueden entregarse “si son un método más práctico para obtener la información solicitada que una solicitud de producción o una declaración”.

   La parte acusadora destaca que "los interrogatorios son el método más práctico para obtener esta información. El Demandante necesita la información solicitada ahora para que pueda realizar un descubrimiento de seguimiento con respecto a los esfuerzos que Interamerican supuestamente realizó durante su compromiso de tres meses con el Demandante".

   Si Interamerican efectivamente prestó servicios reales a cambio de los USD 15 millones en pagos que recibió del Demandante y los USD 30 millones adicionales que ahora solicita, estos servicios deberían ser fáciles de identificar. No se debe obligar al demandante a esperar las deposiciones o la producción de documentos y su invocación de la Regla Local 33.3 sin ninguna explicación que justifique la objeción no es una respuesta válida a estos interrogatorios.

   En todo caso, la continua evasión de Interamerican a dar respuesta simplemente sirve para confirmar que no se prestaron servicios de conformidad con el acuerdo.

   Según los abogados de PDV USA Inc. Interamerican Consulting Inc. se ha opuesto a responder los 17 interrogatorios enviados sobre la base de que son prematuros o inadecuados según la Regla Local 33.3(b).

   Argumentan que los interrogatorios en disputa hacen preguntas básicas y específicas sobre los servicios de consultoría supuestamente proporcionados por Interamerican como parte del contrato que es el centro de la querella legal, como con quién se reunió Interamerican y qué hizo.

  Aclara que "en ausencia de respuestas sustantivas a los interrogatorios impugnados, PDV USA no tiene forma de saber dónde enfocar el descubrimiento a medida que avanza este caso, un problema que se vuelve aún más apremiante por las principales deficiencias hasta la fecha.

  Sostiene que Interamerican ha presentado apenas 129 documentos y ni siquiera ha comenzado a realizar una búsqueda forense de los archivos de su único custodio, David Rivera.

  Agregan que PDV USA no se está moviendo, en este momento, para obligar con respecto a la producción de documentos de Interamerican porque se comprometió a someterse a una recopilación de documentos con solidez forense, supervisada por un abogado, con un proveedor de documentos. También se ha comprometido a reproducir los documentos ya producidos para PDV USA utilizando archivos de carga estándar con los metadatos correspondientes.

    Los abogados de PDV-USA reafirman que debido a que Rivera no ha dado respuestas por los servicios prestados a PDVSA a cambio de USD 50 millones durante tres meses, los demandantes llegaron a la conclusión de que Interamerican no prestó servicios de consultoría de ningún tipo en virtud del Acuerdo.

   Interamerican proporcionó solo dos informes breves —aun cuando el compromiso era proporcionar al menos siete— que se referían genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones” y “recomendaciones”, pero no describían un solo elemento del presunto plan, identificaron a los participantes de la reunión o discusiones de reuniones, o especificar qué recomendaciones se hicieron o a quién.

   En consecuencia, es fundamental que PDV USA pueda descubrir con quién se reunió Interamerican y, exactamente, qué servicios (si los hubiere) supuestamente proporcionó en virtud del Acuerdo.

   Con ese fin, el 1 de octubre de 2021, PDV USA cumplimentó diecisiete interrogatorios, cuyas respuestas debieron ser claras, pero el acusado respondió el 1 de noviembre de dicho año, sólo uno de los estos interrogatorios y objetando el resto.

   Posteriormente, las partes intercambiaron correspondencia escrita en un esfuerzo por resolver la disputa. La única objeción de Interamerican sigue siendo su afirmación concluyente.

Fechas claves del juicio

   Ya existe un calendario aprobado por las partes en el juicio de PDV Holding-CITGO contra Interamerican Consulting Inc.

  De acuerdo a la programación, las partes acordaron que el plazo máximo para el descubrimiento, la deposición y los alegatos de los hechos vencen el 23 de marzo de 2022. Las deposiciones de los expertos vencen el 11 de mayo de 2022, mientras que las mociones serán para el 24 de junio de 2022.

   El Juez John G. Köeltl firmó la orden conjunta previa al juicio para el 18 de julio 2022. Asimismo, la corte asignó a un juez para las acciones generales antes del juicio —lo cual incluye programación, descubrimiento, mociones previas al juicio no dispositivas y conciliación— al magistrado, Robert W. Lehrbürger.

Referencias 

1)https://account.miamiherald.com/paywall/subscriber-only?resume=242707216&intcid=ab_archive
2) https://www.diariolasamericas.com/america-latina/leopoldo-lopez-demandara-legalmente-david-rivera-difamacion-n4201307
3) https://www.youtube.com/watch?v=KhldfuzulS4