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lunes, 19 de julio de 2021

Conozca los detalles del proceso judicial de Jessica Oseguera, la hija del “Mencho”, condenada a 30 meses de prisión por su apoyo financiero al CJNG

  Cinco empresas de su propiedad brindaron apoyo a las actividades del grupo narcotraficante.

Por Maibort Petit

  A través de sus empresas brindó apoyo financiero al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), determinaron las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) y así lo comprobaron los fiscales hasta el punto de que, finalmente, Jessica Johanna Oseguera González se declaró culpable de los cinco cargos que se le imputaron en el Tribunal para el Distrito de Columbia.
   La hija de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el narcotraficante más buscado en la actualidad en Estados Unidos y México, jugaría un papel importante como cerebro financiero en la organización criminal.

   En esta entrega damos a conocer detalles del proceso judicial que derivó en una sentencia de 30 meses de prisión.

La acusación del Gran Jurado

   El 6 de diciembre de 2019, un Gran Jurado acusó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia a Jessica Johanna Oseguera González, también conocida como "Jessica Johanna Castillo" y “La Negra”, de cinco cargos que la señalaban de mantener tratos financieros con empresas identificadas como narcotraficantes.

   El primero de los cargos refería que, a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, tanto en los Estados Unidos, México y otros lugares, la acusada “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, J&P Advertising, SA de CV (también conocido como J and P Advertising, SA de CV), designado para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y/o siendo controlado o dirigido” por dicha organización. Esto en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 1904 y 1906).

   El segundo cargo señalaba que entre el 17 de septiembre de 2015 el 11 de febrero de 2016, en los Estados Unidos, México y otros lugares, Jessica Oseguera “participó en transacciones o tratos con propiedades o intereses en la propiedad de una persona extranjera, JJGON SPR de RL de CV, designada para asistir materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

   El tercer cargo refería que a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, la acusada, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Las Flores Cabañas (también conocida como Cabañas Las Flores), designada para asistir materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como la Cartel de Jalisco Nueva Generación”.

  El cuarto cargo contra Jessica Oseguera refería que a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Mizu Sushi Lounge y Operadora Los Famosos, SA de CV (también conocido como Kenzo Sushi y Operadora Los Famosos, SAPI de CV), designado para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

   El quinto cargo, señalaba que Jessica Oseguera, a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Onze Black (también conocida como Tequila Onze Black), designada para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

  Se le informó que, de ser declarada culpable, el gobierno de los Estados Unidos procedería a la confiscación de toda propiedad derivada de la actividad delictiva que se le imputa.

El arresto

   El 27 de febrero de 2020, Jessica Oseguera fue arrestada en Washington D.C. de acuerdo a información dada a conocer por Brian A. Benczkowski, secretario de justicia auxiliar de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y por el agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA) a cargo del caso, William Bodner, quien dijeron que la detención se produjo de conformidad con una orden judicial derivada de una acusación formal emitida el 13 de febrero de 2020.

  La investigación contra Oseguera González estuvo dirigida por la División de Campo de la DEA en Los Ángeles, la cual trabajó mancomunadamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC). El subjefe adjunto Anthony Nardozzi y los fiscales Brett Reynolds, Kaitlin Sahni y Cole Radovich de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la División de lo Penal están a cargo del proceso[1].

Fiscalía pide prisión sin fianza

   El 28 de febrero de 2020, la fiscalía presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, una moción para que Jessica Johanna Oseguera González fuera mantenida en prisión preventiva, sin derecho a fianza en razón de que no mantenía vínculos familiares o económicos con los Estados Unidos y, potencialmente, tenía acceso a cantidades sustanciales de ganancias de la droga en forma de dinero en efectivo imposible de rastrear.
   Manifestó el gobierno que Oseguera González tenía los recursos y las conexiones necesarias que le permitirían para huir de la jurisdicción si no era detenida y, en consecuencia, existía un grave riesgo de fuga que no puede ser mitigado por ninguna condición o combinación de condiciones.

  Los fiscales sostuvieron ante la Corte que Jessica Oseguera debía esperar el juicio en detención.

   El 26 de febrero de 2020 fue presentada por primera vez el juez G. Michael Harvey en la que el gobierno solicitó que la acusada fuera detenida en espera de juicio y el tribunal programó una audiencia de detención para el 2 de marzo de 2020.

Defensa exige pruebas

   El 1º de marzo de 2020, la defensa de Jessica Oseguera solicitó al Tribunal dictar una orden que obligara al gobierno a divulgar todo lo relativo a la presentación de ciertas pruebas y ciertos testigos en la audiencia de detención del 2 de marzo de 2020.

   Reclamaban los abogados de Jessica Oseguera que la fiscalía no había presentado las pruebas necesarias para que su representada abordara los argumentos del gobierno durante su audiencia de detención. Sostenían que la supresión de esta evidencia violaba los derechos al debido proceso de Oseguera. González bajo la Constitución de los Estados Unidos.

Defensa se opone a la prisión preventiva

  El 2 de marzo de 2020, la defensa de Jessica Oseguera González presentó ante la corte un recurso de oposición a la moción del gobierno de prisión preventiva.

   Argumentaron que su representada no estaba acusada bajo la Ley de Sustancias Controladas, sino por violaciones del Código de los Estados Unidos 21 U.S.C. §§ 1904 y 1906, los cuales no son delitos violentos y agregaron que la naturaleza y las circunstancias de los delitos imputados pesaban mucho a favor de la liberación.

   La defensa se manifestó convencida de que la acusada sería absuelta por el jurado y que, en caso de ser declarada culpable, sería impuesta de una sentencia menor al tiempo de que pasaría detenida en tanto concluyera el juicio.

  Sostuvo la defensa que el peso de las pruebas en contra de Jessica Oseguera favorecía su liberación previa al juicio, pues tales pruebas eran solamente eran “declaraciones huecas”.

   Los fiscales argumentaron que existía un significativo riesgo de fuga por parte de Jessica Oseguera. Refirieron que esta presunción se sustentaba en su relación familiar y financiera con organizaciones narcotraficantes, así como por el peso de la evidencia en su contra, su condición de ciudadana extranjera, su total falta de vínculos con el distrito de Columbia, los importantes recursos financieros a su disposición y su historial de intentos de obstruir la justicia. Sostuvieron que no existía ninguna condición o combinación de condiciones que asegurara la comparecencia de la acusada ante el tribunal.

  Agregó que Oseguera González había sido juzgada en México por delitos similares y la corte dictaminó después de recibir evidencia presentada, que no había cometido ningún delito.

  Aseguraron que la acusada no representaba un peligro para la comunidad ni tenía la intención de huir, por lo que debía ser liberada.

 Gobierno pide audiencia para denegar moción de detención

  En la misma fecha, 2 de marzo de 2020, la fiscalía solicitó al tribunal escuchar una apelación para revisar y anular la denegación del juez Meriweather de la moción del gobierno para la prisión preventiva de Jessica Oseguera.

   El juez de instrucción, denegó la solicitud del gobierno de detener al acusado en espera de juicio y ordenó que la acusada fuera puesta en libertad bajo condiciones de libertad.

   Estimó el gobierno respecto a la denegación del juez de instrucción, que el Tribunal del Distrito de Columbia podía, a su discreción, volver a escuchar la evidencia retirando a los testigos, revisando las transcripciones o procediendo a través de una oferta y un argumento.

   Los fiscales manifestaron que la Corte podía requerir evidencia adicional de nuevos testigos o considerar argumentos no presentados anteriormente.

  El gobierno reiteró que la acusada debía ser retenida en espera del juicio porque existía un grave riesgo de fuga y ninguna condición o combinación de condiciones aseguraría razonablemente su comparecencia ante el tribunal.

Instrucciones del proceso

  El 3 de marzo de 2020, el juez Beryl A Howel ordenó a las partes no comunicarse con las cámaras por teléfono, salvo en casos de emergencia cuando deberán hacerlo de manera conjunta para evitar comunicaciones ex parte.

  Igualmente, instruyó a las partes respecto a las conferencias de estado, las cuales deberías llevarse a cabo si ambas habían discutido la posibilidad de una pronta resolución del caso sin juicio; si debía ordenarse una demora excluible en virtud de la Ley de Juicio Rápido; para establecer un calendario con respecto a cualquier asunto en el caso que no sea el juicio; por la resolución de problemas de descubrimiento pendientes; en previsión de un juicio; por modificación del programa estándar; y cualquier otro asunto relevante para el progreso o resolución del caso.

   El juez ordenó a la defensa informar con cinco días de anticipación si la acusada o cualquier testigo requería servicios de interpretación; entregar copias de cualquier presentación sellada para evitar demoras; trabajar en los plazos establecidos por orden judicial y, por tanto, evitar la solicitud de prórrogas.

   Asimismo, estableció las normas respecto a las diferentes audiencias, declaraciones conjuntas, mociones in limine, grabaciones, procedimientos del juicio y audiencia de sentencia.

Declaración de culpabilidad

  A través de un comunicado de la DEA se conoció que el 12 de marzo de 2021, Jessica Oseguera se declaró culpable de los delitos que se le imputan.

   Bill Bodner, agente especial que llevó el caso dijo que la declaratoria "es el resultado de nuestro compromiso incansable de interrumpir y desmantelar todos los aspectos de la organización CJNG (…) Nuestros esfuerzos continuarán incluyendo un enfoque en aquellos que facilitan estas redes de drogas ilícitas. Junto con el Departamento de Justicia, utilizaremos todas las herramientas de investigación disponibles, incluidas las designaciones de la OFAC, para llevar ante la justicia a quienes se involucren en actividades ilegales que están alimentando la crisis de las drogas en todo el país”[2].

La sentencia

  Jessica Johanna Oseguera González fue sentenciada el 11 de junio a pagar 30 meses de prisión por participar intencionalmente en tratos financieros con empresas mexicanas identificados como narcotraficantes. Dichas empresas fueron especialmente designadas por la OFAC como tales en septiembre de 2015 y septiembre de 2017.

  El secretario de justicia auxiliar interino de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, Nicholas L. McQuaid, manifestó que "Esta sentencia muestra que la violación de las sanciones del Departamento del Tesoro a empresas y personas vinculadas a cárteles de la droga extranjeros no quedará impune", al tiempo que agregó que "La Ley Kingpin es una herramienta importante en los incansables esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para desmantelar los cárteles de la droga, y no dudaremos en enjuiciar a aquellos que apoyan a los principales narcotraficantes participando en conductas que violen las prohibiciones criminales de la ley".

   Por su parte, el agente Bodner, dijo que la sentencia “muestra nuestro compromiso inquebrantable de llevar ante la justicia a aquellos que ignoran la ley y amenazan la seguridad pública (…) Aquellos que se involucran en actividades de financiamiento ilícito para ayudar a los cárteles de la droga que llenan nuestras comunidades con drogas poderosas y adictivas no tienen por qué operar sin rendición de cuentas"[3].

REFERENCIAS

[1] Department of Justice. “Dual U.S.-Mexican Citizen Arrested For Violations Of The Kingpin Act”. 27 de febrero de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/dual-us-mexican-citizen-arrested-violations-kingpin-act






[2] Drug Enforcement Administration. “Daughter of Prolific Mexican Cartel Leader Pleads Guilty to Criminal Violation of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”. 12 de marzo de 2021. https://www.dea.gov/press-releases/2021/03/12/daughter-prolific-mexican-cartel-leader-pleads-guilty-criminal-violation



[3] Department of Justice. “Daughter of Notorious Mexican Cartel Leader Sentenced for Criminal Violation of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”. 11 de junio de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/daughter-notorious-mexican-cartel-leader-sentenced-criminal-violation-foreign-narcotics

lunes, 21 de septiembre de 2020

EE. UU. acusa a seis miembros del ELN de delitos de narcoterrorismo

Por Maibort Petit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó este lunes a seis miembros y asociados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de delitos de narcoterrorismo y conspiración de distribución internacional de cocaína. Las autoridades buscan al presunto líder de la organización,  Wilver Villegas-Palomino.

   De acuerdo a un comunicado del Departamento de Justicia, un total de tres ciudadanos colombianos asociados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo paramilitar designado como organización terrorista extranjera, han sido puestos bajo custodia colombiana a solicitud de los Estados Unidos por cargos que alegan un Conspiración de drogas internacional de 20 años.

 El Fiscal General de EE. UU., William Barr dijo que su predecesor  visitó Colombia en 2019, y habló con unos 100 oficiales de la Policía Nacional de Colombia que estaban trabajando con los componentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) estacionados en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, para incluir al FBI y a la Administración de Control de Drogas (DEA) en las investigaciones para que los casos contra el ELN fueran una prioridad. 

  Barr sostuvo que “Estos esfuerzos de ejecución contra seis miembros del ELN, incluidos los cargos penales federales contra el líder del ELN, Wilver Villegas-Palomino, reafirman el compromiso de la actual administración para desmantelar y desarticular este grupo narcoterrorista". 

  Barr afirma que Estados Unidos y Colombia tienen la misión compartida de combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo, a través de los planes de cooperación y el trabajo en equipo de larga data entre las fuerzas del orden de los dos países. 

  Asegura el alto oficial del gobierno que Colombia y Estados Unidos han unido esfuerzos para abordar el crimen transnacional y debilitar a las organizaciones terroristas extranjeras.

“Colombia es un excelente socio para hacer cumplir la ley”, dijo el fiscal federal Ryan K. Patrick. 

 “Se comprometieron a trabajar con Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo del ELN. Con las principales ciudades actuando como centros de tráfico de drogas, el Distrito Sur de Texas tiene una ubicación única para continuar con el enjuiciamiento de estos casos y trabajar con nuestros colegas colombianos”, acotó Patrick.

  Las autoridades colombianas arrestaron a Yamit Picon-Rodríguez alias Choncha, de 36 años, José Gabriel Alvarez-Ortiz alias Alex, de 26, y Henry Trigos-Celon alias Moncho Picada, de 43, con base en una solicitud de arresto provisional de Estados Unidos.

  El presunto líder del ELN, Villegas-Palomino, alias Carlos El Puerco, de 38 años, también está acusado y considerado fugitivo, al igual que Jaime Miguel Picón-Rodríguez alias Chencho y Jairo, de 38, y Diomedes Barbosa-Montaño alias El Burro, de 38. Queda pendiente una orden judicial para sus arrestos. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse con el FBI al 1-800-CALL-FBI o enviar sugerencias en línea en tips.fbi.gov.

La acusación

 Un gran jurado federal en Houston devolvió la acusación de tres cargos el 12 de febrero de 2020. Los seis individuos ​​están acusados ​​de distribución de una sustancia controlada, sabiendo o con la intención de proporcionar algo de valor pecuniario a una persona u organización que participa en terrorismo o actividad terrorista ( narcoterrorismo), participando en una conspiración internacional de distribución de cocaína y distribución internacional de cocaína.

  Según la acusación, Villegas-Palomino y sus coacusados ​​estuvieron involucrados en una conspiración en curso de 20 años para distribuir cocaína desde Colombia a los Estados Unidos sabiendo o con la intención de brindar apoyo pecuniario al ELN.

A principios de 2019, Villegas-Palomino, Picón-Rodríguez, Trigos-Celón, Barbosa-Montaño y Alvarez-Ortiz supuestamente participaron en la distribución de aproximadamente 30 kilogramos de cocaína en Colombia con motivos razonables para creer que se importaría a los Estados Unidos.

“El éxito de la Operación Catatumbo Lightning fue el resultado directo de la destacada colaboración entre el FBI y muchos de nuestros socios militares y policiales tanto en los Estados Unidos como en Colombia”, dijo el director del FBI Christopher Wray. "Estos arrestos deben servir como una advertencia de que el FBI atacará y perturbará implacablemente cualquier actividad narcoterrorista que amenace la salud y la seguridad del pueblo estadounidense y nuestra comunidad internacional".

“Como se alega, durante décadas, el ELN produjo y exportó toneladas de cocaína a los Estados Unidos, utilizando comunidades en Estados Unidos para financiar sus actividades terroristas”, dijo el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea. 

 Shea sostuvo que “Estas acciones de aplicación de la ley han asestado un gran golpe al ELN y son un verdadero testimonio del poder de las asociaciones. La DEA sigue dedicada a nuestros socios en todo el mundo en la misión compartida de llevar a los narcoterroristas ante la justicia ".

  El 8 de octubre de 1997, el Departamento de Estado designó oficialmente al ELN como organización terrorista extranjera.  

 El ELN ha operado como una de las organizaciones de narcoterrorismo más grandes del mundo. 

   El Departamento de Estado de los EE. UU., A través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, está ofreciendo una recompensa de hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Villegas-Palomino.

  Las divisiones de Houston del FBI y la DEA llevaron a cabo la investigación sobre el ELN como parte del Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF). 


SIN FILTROS: LOS SECRETOS DE ÁLEX SAAB EN LA CÁRCEL DE CABO VERDE

  El comunicado de las autoridades norteamericanas informaron que los agentes del FBI y la DEA en Bogotá brindaron un apoyo sustancial a la investigación, al igual que la División de Operaciones Especiales de múltiples agencias del DOJ, incluidos los abogados asignados de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas y la División de Seguridad Nacional, así como la Oficina de Asuntos Internacionales con la cooperación de las autoridades colombianas. 

  El Departamento de Policía de Houston, el Comando Sur de los EE. UU. Y socios internacionales, incluido el Ejército de Colombia, la Policía Nacional, la Fiscalía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación también brindaron asistencia para este caso que es considerado de alto impacto por la justicia estadounidense.


PERÚ EN SOCIALISMO DEL SIGLO XXI, LA INFLUENCIA DE GEORGE SOROS EN EL PTE. MARTÍN VIZCARRA

  OCDETF reúne la experiencia combinada y las habilidades únicas de las agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales. Su misión principal es identificar, desarticular, desmantelar y enjuiciar a miembros de alto nivel de organizaciones y empresas de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.


lunes, 3 de agosto de 2020

La DEA implementa un programa de extensión de comercio electrónico para combatir la producción de drogas falsificadas

Por Maibort Petit

  La Administración de Control de Drogas de EE. UU. informó a través de un comunicado que está desarrollando un programa de divulgación de comercio electrónico destinado a reducir la disponibilidad de presas [máquinas] que permiten hacer medicamentos falsos, a menudo mortales, en los Estados Unidos. Esta iniciativa dirigida por la DEA se enfoca en educar a los minoristas en línea sobre la venta de componentes utilizados en la producción de píldoras falsificadas, ilegales y mortales.
 Créditos: Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA)

  Los minoristas en línea con frecuencia ofrecen artículos comúnmente utilizados en la fabricación de píldoras ilícitas, sin conocer las regulaciones y otras restricciones involucradas en la venta y posesión de estos artículos. Los ejemplos incluyen máquinas de tabletas reguladas, también conocidas como "prensas de pastillas"; dispositivos de encapsulación; punzones o "troqueles", que imprimen marcas y logotipos de marcas en la píldora a medida que se presiona; y productos químicos regulados utilizados para sintetizar drogas ilícitas. Las organizaciones de tráfico de drogas usan estas herramientas del comercio para producir píldoras falsificadas que se parecen mucho a las píldoras recetadas legítimas, pero a menudo incluyen fentanilo, heroína, metanfetamina u otras sustancias ilegales peligrosas.
 Créditos: Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA)
"La DEA reconoce la importancia de los esfuerzos de colaboración entre el gobierno y el sector privado para combatir la crisis de las drogas que cobra más de 67,000 vidas estadounidenses anualmente", dijo el administrador interino Timothy J. Shea. 

"La DEA recomienda encarecidamente a todos los minoristas en línea que tomen los pasos necesarios para ayudar a interrumpir la fabricación ilícita de píldoras falsificadas peligrosas que son casi indistinguibles de los medicamentos recetados controlados", dijo Shea.

  La DEA está participando en una colaboración proactiva con compañías de comercio electrónico en línea que venden estos productos para enfatizar la importancia de salvaguardar estos componentes críticos y evitar que caigan en manos de los sujetos ilícitos. Además, la DEA está educando a las compañías sobre las regulaciones de informes apropiadas, que se requieren cuando se producen ventas o transferencias legítimas.
 Créditos: Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA)
  Esta iniciativa de divulgación ha resultado en un diálogo con varios minoristas en línea para alentar el cumplimiento de las regulaciones y la restricción de la venta de estos productos. En particular, Amazon.com, Inc., ha sido recientemente el primero en prohibir todas las ventas de máquinas de tabletas y encapsuladores y punzones de píldoras desde su plataforma de ventas / en línea.


miércoles, 10 de junio de 2020

DEA, DOD, DHS y la Guardia Costera de EE. UU. incautaron un alijo de cocaína y marihuana con un valor de $438 millones en las aguas del Pacífico Oriental y el Mar Caribe

Por Maibort Petit
@maibortpetit


   La DEA, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de los Estados Unidos  incautaron un alijo de más de 33 mil libras de cocaína y marihuana con un valor estimado de $438.5 millones.
Foto cortesía DEA.
    La incautación fue hecha en aguas internacionales en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe. Los agentes de la DEA y la tripulación del USCG Cutter James descargaron la droga en Port Everglades en Fort Lauderdale.

   El anuncio fue hecho por el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea, junto con el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf; Almirante Karl Schultz, Comandante de la Guardia Costera; Almirante Craig Faller, Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos; y el Capitán Jeffrey Randal, Comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, James Cutter.
  "Hoy presenciamos otro golpe a las organizaciones de narcotraficantes que intentan pasar de contrabando sus venenos a nuestro país", dijo el administrador interino Shea. “Esta descarga representa cientos de millones de dólares en ganancias que de otro modo se destinarían a impulsar estas organizaciones y continuar el ciclo mortal de la adicción a las drogas y la violencia que promueven. La DEA, junto con nuestros socios, se compromete a llevar ante la justicia a los narcotraficantes y desmantelar sus organizaciones en todo el país y en todo el mundo ".

  "Numerosas agencias estadounidenses de los Departamentos de Justicia, Defensa y Seguridad Nacional cooperan en el esfuerzo por combatir el crimen organizado transnacional. La DEA, el FBI, USCG, la Armada, la CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, junto con agencias asociadas aliadas e internacionales, juegan un papel importante en las operaciones antidrogas", dice el comunicado.

  "Los esfuerzos marítimos para combatir los carteles de la droga requieren la unidad de esfuerzo en todas las fases, desde la detección, el control y las interdicciones, hasta el enjuiciamiento penal por parte de las Oficinas del Fiscal de los EE. UU. en distritos de todo el país", sostiene.

martes, 8 de octubre de 2019

Tony Hernández confesó a la DEA que recibió regalos de varios narcotraficantes

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El ex diputado hondureño, Juan Antonio Hernández confesó a un agente de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) que había recibido regalos de los narcotraficantes Víctor Hugo Díaz Morales, alias "el Rojo" y de Carlos Mauricio Toledo por "agradecimiento". Entre los obsequios nombrado por el acusado están una yegua peruana, dos pistolas y un reloj Rolex de unos 4 ó 5 mil dólares.
La confesión de Hernández, quien es el hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ocurrió el 23 de noviembre de 2018, cuando fue arrestado en a su llegada a los Estados  Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami, en el estado de la Florida.

Juan Antonio Hernández es acusado por el gobierno estadounidense de conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos, uso de armas para operar con el narcotráfico y de mentir a la justicia. En el quinto día del juicio, la fiscalía llamó al testificar al Agente Especial de la DEA, Sandalio González, quien estuvo al frente de la operación que involucró a Tony Hernández y a sus asociados, algunos de los cuales aún no han sido capturados por las autoridades.

Desde el estrado, el agente González explicó —acompañado por el video grabado el día del arresto en Miami— que había seguido todos los procedimientos establecidos en la ley para un arresto, destacando que había leído al acusado los derechos Miranda en español, y que habían llamado en varias oportunidades al abogado  Manuel Retureta pero que éste no había respondido.

El agente González  aseguró que había mostrado a Tony Hernández la orden de arresto judicial, y le informó sobre los  delitos de  narcotráfico. Asimismo, le dijo que tenía la opción de cooperar con las autoridades o no, de declararse culpable o no. La respuesta del acusado fue que estaba listo y que tenía disposición de cooperar ampliamente con el gobierno de los Estados Unidos.

El jurado pudo ver el video donde Tony Hernández dice que a su pueblo natal, Lempira llegaron muchos narcotraficantes que manejaban "el negocio", y que iban a reclutar jóvenes. Su mejor amigo, Carlos Mauricio Toledo, quien vivía en su casa en Tegucigalpa, empezó a trabajar con el narcotráfico. "Cuando el tenía necesidad de dinero iba a San Pedro de Sula y trabajaba con Don H (Héctor Emilio Fernández Rosa)  y el Rojo", dijo señalando a dos narcotraficantes que operaban en la zona.

Aseguró que "Carlitos" (Carlos Mauricio Toledo) era su mejor amigo y con el tiempo varios de sus coterráneos entraron al negocio del narcotráfico como Marío José Calix, otro narcotraficante que es primo de Soraya Cálix, jefa de la dirección de Lucha contra el Narcotráfico del gobierno de Honduras.

Tony Hernández manifestó que "el Rojo" le había dicho en una oportunidad que la droga tenía que pasar por Honduras para ser enviada a los Estados Unidos, "porque no podía quedarse en territorio hondureño porque traía muchos problemas".

Sostuvo el acusado que al narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, alias "Don H", le había hablado dos veces para saludar. El agente de la DEA le preguntó ¿Nunca le pasaste información a esa gente? Y Tony Hernández respondió: "Yo le decía a Carlos y él me explicaba cómo aterrizaban con unas luces que parecían de Navidad".

Fue entonces cuando Tony Hernández confesó a la DEA que "Carlitos" le había regalado una yegua peruana "por una plata que él me había debiendo del alquiler de una casa". Afirmó además que recibió un reloj rolex, y comentó que "Carlitos" era trabajador del Rojo, pero que los regalos eran por una gratificación de su amigo. ¿Y usted las aceptó?, requirió  el agente González y Tony admitió: "Yo acepté los regalos, las dos pistolas del Rojo".

El agente de la DEA también mostró a Tony Hernández una foto de su teléfono celular  de un kilo de cocaína con la marca TH y le preguntó ¿Qué es esto? Y el acusado dijo "supuestamente es Tony Hernández..cómo van a poner las iniciales en un kilo, un paquete de supuesta droga", a la vez que se reía visiblemente nervioso. 

¿Cuándo empezó usted en el negocio del narcotráfico? preguntó el agente, y Tony Hernández dijo que no había participado directamente "Yo no sabía para dónde iba, por dónde pasaba". Y ¿por qué no hizo nada?, entonces argumentó "yo era un simple mortal, pasaba tranquilo".

Sandalio González le dijo "era el hermano del presidente y eso es poder en Honduras". 

Le preguntó cuáles narcotraficantes conocía y mencionó los siguientes: "El Rojo", Mario José Calix, Los Cachiros, Los Nachos, los hermanos Luis y Miguel Valle Valle,  Miguel Pinto y a su hermano de Copán, los Mata y uno que fue alcalde en Copán "Chante" [Alexander  Ardón] "que tenía sitiado todo el pueblo, con cámaras por todos lados" y a su hermano Hugo Ardón.

El juicio continuará el jueves 10 de octubre con el testimonio del agente González debido a que este miércoles se celebra el Yom Kipur y no habrá actividades en la corte.

Al término de la sesión el juez Kevin Castel denunció que unos sujetos habían tomado fotografías a los miembros del jurado (cuya identidad permanece sellada) a su salida de la corte. EL magistrado ordenó a los alguaciles de los Estados Unidos vigilar las afueras del tribunal y advirtió que el hecho representa una delito federal (que podría conllevar a una declaración de juicio nulo), lo cual es calificado como obstrucción a la justicia.

Castel dijo que los responsables serían castigados con todo el peso de la ley porque no estaba dispuesto a permitir que esto ocurriera en su sala y en un caso bajo su conducción.





miércoles, 14 de diciembre de 2016

Piloto venezolano, dueño de la empresa Aeroquest LLC, pagó condena en EEUU por narcotráfico

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una falsa información que corrió como pólvora en las redes sociales el pasado 12 de diciembre, daba cuenta de una supuesta picadura que habrían hecho en conjunto la DEA y la DNCD (Dirección Nacional Contra Drogas) en República Dominicana. La nota destacaba el uso de un avión perteneciente a la empresa Aeroquest LLC en el cual habrían encontrado 450 panelas de cocaína. Una llamada para confirmar los datos nos permitió conocer que la operación relatada en la prensa nunca se produjo. Igualmente,  logramos obtener un informe donde se citan las actividades irregulares del piloto venezolano, Alberto Ignacio Ardila Olivares, dueño de la mencionada corporación, registrada en Weston, Florida el 22 de mayo de 2014 bajo el N-L14000083319. La vinculación del piloto con el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora no fue confirmada por ninguna de las fuentes, ni por los documentos a los tuvimos acceso. 

Ver información aquí.
Pudimos observar que Alberto Ignacio Ardila Olivares se presenta en el ciberespacio como piloto certificado por la FAA. El informe señala que es el protagonista de una exitosa campaña de lavado de imagen cibernética, cuyos asombrosos resultados pueden desviar cualquier investigación que se haga sobre su persona en la red.

Nuestra fuente en República Dominicana nos advirtió que necesitaría tiempo para investigar al sujeto, ya que en las búsquedas de Google aparecían unos 218 mil resultados que vinculan su nombre (como palabra clave) a dominios poderosos que van desde Google news hasta el mismísimo The New York Times. Cuando se hace click a esos más de doscientos mil links, nos lleva a más información falsa sobre Ardila Olivares, la cual está premeditadamente configurada para que el contenido positivo ,generado artificialmente, salga en los primeros lugares y la información real se pierda en el ciberespacio.

Descubrimos fue que Alberto Ignacio Ardila Olivares fue extraditado desde Colombia a los Estados Unidos, donde fue condenado por delitos de narcotráfico y luego deportado a Caracas en 2010. Igualmente, el ahora dueño de la empresa Aeroquest de Weston (Florida), fue acusado de tráfico de armas y de dólares en el caribe. Lo más escandaloso aún, es que Ardina Olivares se le negó uno de los entrenamientos para pilotear aviones grandes, ya que la agencia norteamericana TSA consideró que "es un hombre peligroso para la seguridad de los Estados Unidos".

El documento dice que Ardila Olivares se presenta como piloto certificado de la FAA norteamericana, y con una empresa registrada en los EEUU a pesar que su estatus migratorio no lo permite, motivado a que fue extraditado del país cuando concluyó su condena. En el informe se señala que Ardila Olivares vive en Caracas, Venezuela y tiene dirección fiscal en el estado de la Florida.

Un secreto que el piloto quiere borrar de la internet

En el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia aparece el caso 15-1001, a cargo del juez Harry T. Edward, en el cual se confirma que este hombre de 48 años, fue extraditado desde Medellín, Colombia a los Estados Unidos acusado por delitos de narcotráfico en el año 2006.

Con la firma de la abogada Jason Goldstein del bufete Richards Goldstein LLP, se explica que Alberto Ignacio Ardila Olivares, venezolano, se postuló para asistir a una escuela de aviación certificada por la Administración Federal de Aviación ("FAA") en Francia, para obtener una certificación piloto para volar aviones grandes registrados en Estados Unidos. 

Después de realizar una verificación de sus antecedentes, la Administración de Seguridad del Transporte ("TSA") determinó que Ardila Olivares era un riesgo para la aviación y la seguridad nacional de los Estados Unidos  y se le negó su solicitud de entrenamiento. 

Cuando la TSA determina que un extranjero representa un "riesgo para la aviación o la seguridad nacional", entonces se prohíbe a los instructores de vuelo, escuelas de piloto y centros de entrenamiento de aviación entrenar a ese extranjero, evitando así que los sujetos considerados "peligrosos" puedan certificarse en el pilotaje de aeronaves  grandes registradas en los Estados Unidos. 

En el documento se señala que Ardila Oliveros no es elegible para ser certificado por FAA para volar este tipo de aviones. Ante la negativa del gobierno estadounidense a darle permiso para obtener esa certificación,  Ardila Oliveros contrató a un bufete de abogados que apeló en su nombre ante el tribunal, bajo el argumento que "la TSA no cumplió con los requisitos legales cuando inicialmente rechazó su solicitud de entrenamiento debido a que la agencia no dio motivos para denegar la petición". 

Ver apelación completa aqui.

Asimismo, los abogados aseguraron que la acción de TSA fue "arbitraria, caprichosa, y abusó de discrecionalidad no conforme a la ley". 

Obviamente, durante la querella, la agencia del gobierno norteamericano presentó al tribunal documentos internos, que incluyen las conclusiones de una investigación hecha por la TSA sobre los antecedentes de Ardila Oliveros, así como comunicaciones con respecto a la solicitud del piloto venezolano. 



Dentro de la documentación presentada aparece un reporte de la TSA en la que se señala lo siguiente:

1)Para volar aviones grandes, los pilotos deben obtener una certificación adicional conocida como Clasificación de Tipo 14 C.F.R. § 61.31 (a) (1). 

2) Los extranjeros que buscan capacitación y certificación para operar aviones grandes registrados en los Estados Unidos deben primero obtener autorización de la TSA. 

3) Si la TSA "determina que [un solicitante extranjero] representa un riesgo para la aviación o la seguridad nacional", entonces ese solicitante no es elegible para recibir la capacitación necesaria que
asegure una clasificación de tipo de avión grande de la FAA. 


4) Alberto Ignacio Ardila Olivares es un  piloto extranjero que anteriormente vivió y trabajó en los Estados Unidos. El 14 de febrero de 2007, fue condenado en un tribunal federal de conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas (cocaína) en violación de 21 U.S.C. § 846. Fue condenado a 80 meses de prisión, seguido de 60 meses de libertad vigilada. 

5) El 17 de diciembre de 2007, la FAA envió a Ardila Olivares una carta revocando su certificación de piloto, efectiva el 7 de enero de 2008. El peticionario fue posteriormente deportado el 3 de marzo de 2010.

6) Después de ser deportado, Ardila Olivares trabajó como piloto en Venezuela. En 2011, se le ofreció la oportunidad de volar un avión grande  registrado en los Estados Unidos, lo que le obligó a recibir la capacitación para obtener la Calificación de Tipo apropiada y luego buscar la certificación apropiada de la FAA. Para lograr estos objetivos, Ardina Olivares solicitó su admisión en una escuela de aviación certificada por la FAA en Francia.  La TSA entonces llevó a cabo una investigación de antecedentes del peticionario. 

7) A pesar de que TSA descubrió la condena por drogas de 2007 de Ardila Olivares,  la TSA le concedió permiso para asistir a la escuela de vuelo. El solicitante completó con éxito la escuela de vuelo y obtuvo su Calificación de Tipo así como varias otras certificaciones de la FAA.

8) En 2012, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos ("GAO") publicó un informe criticando las investigaciones de fondo de los pilotos extranjeros de la TSA. 

9) Si un solicitante no es elegible para admisión en los Estados Unidos y está buscando permiso para asistir a un programa de entrenamiento de vuelo certificado por la FAA fuera de los Estados Unidos, la TSA lleva a cabo una investigación más detallada para determinar si el solicitante presenta un riesgo para la aviación o la seguridad nacional.


9) En 2014, Ardila Olivares recibió otra oportunidad para pilotar un avión grande registrado en Estados Unidos. Aunque sus credenciales generales de la FAA siguieron siendo válidas, la Clasificación de Tipo del Solicitante había expirado. Como antes, Ardila Olivares solicitó permiso para asistir a una escuela de vuelo certificada FAA en Francia, y TSA llevó a cabo -nuevamente- una investigación de antecedentes. 


10) De acuerdo con los nuevos procedimientos de la TSA, la investigación de la agencia indicó que el peticionario era inadmisible para ingresar a los Estados Unidos debido a su condena por drogas de 2007. Como resultado, la solicitud fue remitida para investigación adicional. 


11) La investigación adicional reveló que, además de su condena por drogas de 2007, Ardila Olivares había sido acusado de tráfico de armas de fuego en 1998 en Aruba.  La TSA también descubrió que, a pesar de que había sido deportado sin derecho a regresar a los Estados Unidos, el peticionario mantuvo una dirección local en Massachusetts por casi una década.


12) La TSA canceló la solicitud de capacitación, alegando el estado de inmigración de Ardila Olivares.  El peticionario respondió de inmediato a la TSA, explicando que él trató de asistir a la escuela de vuelo en Francia y no en los Estados Unidos.


13) La TSA realizó una investigación adicional que concluyó que Ardila Olivares era una "Amenaza al Transporte / Seguridad Nacional". El 5 de noviembre de 2014, la agencia envió un correo electrónico negando su solicitud, basada en lo establecido en el Título 49 del Código de Reglamentos Federales [§] 1552.3 (e).

14) El 5 de enero de 2015, Ardila Olivares presentó su petición de revisión ante este tribunal. El 26 de marzo de 2015,  la TSA respondió con todos los detalles de la investigación, incluyendo, entre otros elementos, que en octubre de 2014, Ardila Olivares  presentó la Solicitud de Entrenamiento # 565192, buscando entrenar en Flight Safety International - Paris Learning Center del 10 de noviembre al 17 de noviembre de 2014.

15) La nueva investigación reveló que en 2007,  Ardila Olivares se declaró culpable de conspiración de poseer con la intención de distribuir sustancias controladas y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois le condenó a ochenta (80) meses de prisión. La condena del peticionario lo hizo inadmisible a los Estados Unidos y llevó a la revocación de su Certificado de Piloto de FAA.  Ardila fue deportado a Venezuela, en marzo de 2010.

16) Igualmente se supo que Ardila Olivares era un traficante internacional de armas de fuego. Hubo pruebas de que Ardila Olivares había participado anteriormente en la exportación de armas y de divisas estadounidenses desde Venezuela, usando para ello aviones privados. "Fue el segundo piloto de un avión que transportaba varias armas y 500.000 dólares que fueron incautados por las autoridades locales en Aruba. Uno de sus asociados fue arrestado en Aruba por el contrabando de armas de fuego", dice el informe.

17) La investigación federal también planteó la preocupación de que Ardila Olivares pueda utilizar su entrenamiento de vuelo para promover los intereses de una empresa criminal, que podría incluir una empresa que intente hacerle daño a los Estados Unidos.

18) LA TSA, a través del programa AFSP (Alien Flight Student Program) negó su solicitud de entrenamiento el 5 de noviembre de 2014 y el tribunal de apelaciones negó definitivamente la solicitud del piloto venezolano.

El informe dice además que cuando Alberto Ignacio Ardila Olivares estuvo ligado a otro piloto venezolano de nombre Henry Wood Alcalá. Asimismo, se hace referencia a un expediente de la justicia venezolana, sellado en el folio Nº 92 y 93 de la Oficina Nacional de Antidrogas (ONA), donde se reporta el caso del avión N-900SA, DC-9/15- que fue detenido con un cargamento de drogas y donde estaba involucrado un tercer piloto, Harry Wood Alcalá. El avión transportaba 5.5 toneladas de cocaína.

A continuación les dejo las imágenes de las búsquedas de Google donde aparece la estrategia de limpieza de imagen puesta en marcha por Alberto Ignacio Ardila Olivares para desviar investigaciones en su contra y esconder así su relación con el narcotráfico y sus intríngulis con su certificación de la FAA.








jueves, 8 de septiembre de 2016

Hermano de Cilia Flores organizó reunión de sus sobrinos con narcotraficante de Honduras

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El hermano de la primera dama de Venezuela, Bladimiro Flores habría sido el organizador de una reunión que sostuvieron Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas con un informante de la DEA en Honduras, conocido por las siglas CW-1 y el alias "El Sentado", según informó el agente especial de la Agencia Antidrogas, Sandalio González durante su comparecencia a la audiencia de supresión de prueba que tuvo lugar este jueves en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

A una pregunta hecha por el fiscal, el agente González sostuvo que un informante de la DEA refirió en sus reportes que Bladimir Flores llamó a CW-1 a Honduras para informarle "que enviaría a sus sobrinos a la reunión".


Bladimir Flores, un alto funcionario de la policía científica de Venezuela, habría coordinado la reunión con El Sentado, un narcotraficante que colaboró en la investigación de la DEA  que llevó a la captura de Campos Flores y Flores de Freitas el 10 de noviembre de 2015 en Haití. El Sentado fue asesinado en diciembre de 2015. 

González no ofreció más detalles sobre el hermano de la primera dama.

En la audiencia también se conoció que dos informantes de la DEA, que viajaron a Caracas en octubre de 2015 para hacer las negociaciones con los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, engañaron a los investigadores estadounidenses, ya que llevaron a cabo negocios con droga durante el tiempo que se desarrolló la operación. 

El abogado defensor de los Flores, Davis Rody preguntó al agente González si la DEA sabía que dos de sus informantes -que operaron en Venezuela- consumían drogas, eran narcotraficantes y gastaron dinero del presupuesto de la agencia norteamericana en el pago de prostitutas, strepers y cocaína cuando se suponían estaban trabajando en la investigación.

González respondió que para el momento que los informantes suministraban información sobre la operación que involucraba a los sobrinos de la pareja presidencial, la agencia no sabía que estaban involucrados con el tráfico de drogas ni que uno de ellos eran adicto a la cocaína. Conocieron los detalles en abril de 2016 y fueron encauzados en junio en una corte en California.

La defensa busca suprimir las evidencias entregadas por los informantes CS-1, CS-2 y CW-1.  Asimismo, los abogados de los dos acusados buscan eliminar la evidencia principal del gobierno que es la confesión de culpabilidad que Campos Flores y Flores de Freitas hicieron en durante el vuelo de Haití a Nueva York el 10 de noviembre de 2015. 


Los primos Flores están siendo acusados por el gobierno de los EEUU de conspirar para enviar 800 kilos de cocaína de Venezuela a Honduras para  ser importado en los Estados Unidos. 

 Más información en breve...

sábado, 3 de septiembre de 2016

Defensa de sobrinos de Cilia Flores cita testigos del gobierno para la audiencia del 8 y 9 de septiembre

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los abogados de  Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas  enviaron al gobierno una lista de testigos para que sean interrogados en la audiencia de prueba que tendrá lugar el 8 y 9 de septiembre de 2016 en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Los primos Flores están siendo acusados por los EEUU de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras.

La defensa de los Flores pidió que se citarán a tres fuentes confidenciales identificadas por el gobierno de los EEUU con el código referencia Cses; dos tripulantes del avión de la DEA en el cual viajaron los primos Flores desde Haití a Nueva York, los cuatro agentes especiales de la DEA que participaron en el caso, a saber: Leith Habayeb, Sandalio González, Robert Zachariasiewicz,  y Kimojha Brooks

Luego, la defensa solicitó retirar de la lista de citados a los tripulantes del avión.

Con estas citaciones los acusados tratan de eliminar las mociones del caso que no les benefician. Entre los citados se incluyen tres fuentes confidenciales de la DEA ( "cSES"). 

La fiscalía reacciona

En el documento de la fiscalía -hecho público este sábado- se señala que una de las citaciones de la defensa contiene una amplia e inadmisible demanda de documentos. En consecuencia -advierte- las peticiones de  la defensa deben ser anuladas en su totalidad o una buena parte de ellas. 

El fiscal señala que el 23 de agosto de 2016, el abogado de Franqui Francisco Flores De Freitas envió un correo electrónico al gobierno para informar que  había enviado nueve citaciones relacionadas con la audiencia de prueba. Por su parte,  el abogado de Efraín Antonio Campo Flores envió al Gobierno nueve citaciones sustancialmente idénticas, el 25 de agosto de 2016. 

El Gobierno acordó aceptar el servicio de nueve citaciones de defensa, que se dirigieron a 10 testigos: 

(i) Las tres informantes confidenciales identificados por el gobierno en documento de fecha del 22 de de julio de 2016 como "cSES".

(Ii) Los miembros de la "tripulación de vuelo", dos pilotos de la aeronave de la DEA que transportó a los acusados ​​desde Haití al Distrito el 10 de noviembre de 2015; 

(Iii) Un agente de la DEA destacado en Haití- que estuvo presente durante el arresto de los acusados el 10 de november  de 2015 y 

(iv) Los agentes de la DEA que estuvieron presentes durante la custodia en el trayecto a los EE.UU, es decir, los agentes Especiales Sandalio González III, Robert Zachariasiewicz, Leith Habayeb, y Kimojha Brooks.

El 31 de agosto de 2016, la defensa retiró la citación relativa a los pilotos de la DEA.  Las citaciones restantes, sin embargo, contienen muy amplias solicitudes de documentos y registros dice Bharara que no se ajustan a derecho, por ejemplo, las citaciones dirigidas los informantes confidenciales.

Las citaciones dirigidas a cuatro de los cinco agentes de la DEA solicitan, entre otras cosas, van acompañadas de una petición de documentos relacionados con la colección de, o intentos de recoger, pruebas que se refiera a los acusados, incluyendo, pero no limitado a cualquier notas, memorandos, correspondencia, grabaciones o libros de notas, etc. Esto dijo el fiscal "es inadmisible".


Bharara informó que  el gobierno pondrá a disposición de la audiencia, entre otros testigos, a los agentes especiales González, Zachariasiewicz, Habayeb y Brooks.

El documento dice además que la defensa citó a declarar también a los informantes confidenciales del caso, por lo que pidió a la corte que los acusados ​​no deben ser autorizados a utilizar la próxima audiencia para probar el supuesto entrampamiento por parte del gobierno de manera anticipada. 

El Gobierno sostiene que el alcance de cualquier testimonio de los informantes confidenciales debe limitarse estrictamente a las cuestiones relacionadas con supuesta expoliación de pruebas planteada por los  en la audiencia: 

(i) Si el agente de la DEA o CW-1, quien fue asesinado en diciembre de 2015, destruyó las  pruebas que generaron los cargos en relación a la reunión que se sostuvo en octubre y noviembre de 2015 entre CW-1 y  los acusados; y

(ii) Si los agentes de la DEA o cualquiera de los Informantes confidenciales destruyeron pruebas o grabaciones de manera evidente durante la investigación.

Dispositivos sensible de grabación

El documento señala que hubo un acuerdo entre las partes  en relación a sacar del contenido de la audiencia, prevista para el mes de septiembre, el tema relacionado con las características sensibles de los dispositivos de grabación que fueron usados en la investigación.

La DEA y el CSES utilizan tres tipos de dispositivos de grabación de alta sensibilidad para grabar subrepticiamente declaraciones de los acusados ​​durante la investigación. 

A los efectos de los argumentos de los primos Flores, en torno a la supuesta expoliación que hicieron los informantes de la DEA de pruebas que los benefician, el gobierno sostiene que las preguntas pertinentes en relación con estos dispositivos son:

(i) si el operador del dispositivo podría iniciar y detener el dispositivo de grabación; 
(Ii) en caso afirmativo, si el dispositivo crea un archivo de grabación por separado cuando se vuelve a iniciar la grabación en el dispositivo; y 
(iii) si las grabaciones almacenadas en los dispositivos podría ser alteradas o eliminadas por el operador del dispositivo antes de ser descargados por el DEA. 

El gobierno va a presentar testimonio en la audiencia con respecto a estas características de los tres dispositivos.

Asimismo, dice que las partes acordaron, a los efectos de la audiencia única, que los dispositivos puedan ser referidos como "Dispositivo-1", "Dispositivo-2" y "Dispositivo-3" con el fin de evitar la divulgación de datos sensibles respecto a este equipo.

Las partes han acordado además que no es necesario indagar sobre las características sensibles de los dispositivos, incluyendo: (i) la apariencia física de los dispositivos; y (ii) la manera en que los dispositivos ocultan el equipo de grabación.



martes, 26 de julio de 2016

Sobrinos de Cilia Flores pagaron $900 mil dólares a testigo de la DEA asesinado en Honduras

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas pagaron $900 mil dólares al único testigo cooperante de la DEA, que estuvo presente el 3 de octubre de 2015, identificado como CW-1 y que fue asesinado en diciembre de 2015 en Honduras. El pago correspondía a los servicios de organización y logística para el recibimiento del envío de los 800 kilos de cocaína que los dos venezolanos, acusados de narcotráfico, querían transportar a Miami.



Según el informe del agente de la DEA, Sandalio González, el testigo cooperante (CW-1), era un traficante de drogas en Honduras que  quedó confinado a una silla de ruedas como consecuencia de un accidente. "Fue la única persona ligada al gobierno norteamericano que estuvo se reunió en la primera oportunidad con los Flores aunque nunca portó equipos de grabación proporcionados por la DEA", dice el informe.

Los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores sostuvieron un encuentro el 3 de octubre de 2015 con el testigo cooperante (CW-1) para conocer los detalles logísticos para el envío del cargamento de cocaína, que tenían previsto enviar a los Estados Unidos el domingo 15 de noviembre de 2015.

En las grabaciones en poder del gobierno americano, Campo Flores explicó que él anticipó el pago de CW-1 de aproximadamente $900.000 para facilitar la recepción de la cocaína en Honduras, y que también tenía que "dar un corte" a su "contacto en Tegucigalpa."

Efraín Antonio Campos Flores, que actuaba como el jefe de la organización criminal, pagó en efectivo los miles de dólares a (CW-1), debido a que la mercancía que iba a enviar le pertenecía. "No dejó de ponerle dinero a usted hasta que llegue mi carga a México, y sigo pagando dinero para conseguir que transporte la droga a los Estados Unidos", dice el informe.

El gobierno de los EEUU sostiene que, contrario a lo que dice los sobrinos de Cilia Flores, los acusados iniciaron sus actividades de tráfico de drogas de manera organizada.

Refiere que el testigo cooperador de Honduras informó a la DEA sobre los trámites hechos por los primos Flores, el programa de enviar los aviones cargados de droga, con sus respectivos planes de vuelo de apariencia legítima desde Venezuela a Honduras.

En los planes de vuelo, mostrados en la reunión realizada en  San Pedro Sula, Honduras se discutió el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el aeropuerto Simón Aeropuerto Bolívar Internacional  en Maiquetía, Venezuela al aeropuerto Juan Manuel Aeropuerto Gálvez Internacional  en Roatán, Honduras.