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viernes, 9 de febrero de 2018

Corte de apelación falla en contra de Crystallex en caso de Citgo-Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos denegó la apelación interpuesta por la empresa canadiense Crystallex que buscaba la realización de una nueva audiencia para estudiar su demanda transferencia fraudulenta contra la estatal petrolera venezolana PDVSA.
La compañía minera aspiraba la reconsideración de su caso pero la petición de nueva audiencia no encontró eco en los jueces que participaron en la decisión del referido tribunal ni en todos los demás magistrados de circuito. Según se informó ningún juez que concurrió en la decisión ha pedido una nueva audiencia y la mayoría de los jueces del circuito en el servicio regular no han votado para volver a escuchar la petición por lo que la Corte en pleno deniega la petición.

Establecer que el gobierno de Venezuela y Petróleos de Venezuela, S.A. habían transferido fraudulentamente miles de millones de dólares de activos de Citgo y habían retirado efectivo de los Estados Unidos era la estrategia a la que había recurrido la minera Crystallex en un intento por recuperar parte de su inversión en Venezuela luego de haber sido objeto de expropiación por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Frías.

Crystallex presentó originalmente esta demanda durante el mes de noviembre de 2015 acogiéndose para a ello en lo establecido en la Ley Uniforme de Transferencia Fraudulencial (DUFTA) de Delaware, por lo cual recibió un revés cuando los jueces decidieron 2-1 en la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito (Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey y las Islas Vírgenes) el 3 de enero.

La empresa canadiense, entonces, solicitó la realización de una nueva audiencia en banc ante la totalidad de los jueces —alrededor de 12 magistrados activos y pueden sumarse jueces superiores— cuyo voto es absolutamente necesario para que la petición se aprobada. Hay que apuntar que, por ejemplo, el juez senior, Julio Fuentes, escribió la posición disidente de Crystallex, mientras la jueza principal, Marjorie Rendell, escribió la opinión de la mayoría de los jueces.  Ahora bien, como jueces sénior, ni Rendell ni Fuentes, lograron obtener un voto favorable.

En este tribual solamente fue posible escuchar 18 casos bajo estas condiciones —sala plena— desde 2010 hasta 2015. Es decir, uno de cada mil casos que allí se reciben.

Y si bien el caso Crystallex es interesante para una determinada audiencia, el mismo a los ojos del tribunal, no reviste la importancia para escucharlo en banc y es visto únicamente como un asunto de interpretación de  la ley estatal. Y es que en el Tercer Circuito solamente han logrado llegar al estado en banc los casos que suponen una anulación de un precedente anterior, algo que no ocurre en el caso presentado por la minera canadiense.

La empresa, por otra parte, ha presentado ante el juez principal del Tribunal Federal de EE. UU. en Delaware, Leonard Stark, una argumentación que sostiene que PDVSA es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, a objeto de poder embargar bienes de la petrolera estatal si el país no cancela a la compañía las reparaciones por expropiación dictaminadas por el Ciadi.

El juez Stark ordenó a Crystallex y PDVSA que resuelvan algunos problemas en un término de inmediatez.

La orden reza: “Se ordena que, a más tardar el 6 de febrero de 2018, las partes deberán presentar informes simultáneos que no excedan cinco (5) páginas cada uno, que aborden: (1) el estándar probatorio que Crystallex debe cumplir para demostrar su reclamo de alter ego y superar la presunción de separación de Bancec, y (2) si las acciones de PDVH se utilizan para una actividad comercial y no son de naturaleza meramente comercial. Los resúmenes de cartas responsivas, que no excedan las tres (3) páginas cada una, se archivarán a más tardar el 8 de febrero de 2018. ORDENADO por el juez Leonard P. Stark el 1/31/18. (ntl) (Introducido: 31/01/2018)”.

Es necesario apuntar que la naturaleza y el sesgo de las preguntas no son un buen augurio para Crystallex por lo que los alegatos que presenten los abogados serán determinantes para el desarrollo de este caso.

Finalmente, la decisión no favoreció a Crystallex:

“Este Tribunal ordena que la negociación, ejecución, entrega o cumplimiento del acuerdo de liquidación por parte del solicitante u otras personas no creará ni se considerará que constituya una infracción de ninguna ley aplicable, y el solicitante u otras personas no tendrán ninguna obligación de pagar a cualquier persona como resultado de la negociación, ejecución, entrega o ejecución del acuerdo del arreglo”.



lunes, 8 de enero de 2018

Crystallex sigue sin recibir pagos de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La transnacional canadiense Crystallex no habría recibido los pagos adeudados por Venezuela  que fueron acordados en un cronograma de 3 años establecido por las parte para pagar las obligaciones generadas por la expropiación de los activos de la corporación durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Crystallex y Venezuela hicieron un acuerdo en base a pagos con montos fijados entre las partes. Así, el país sudamericano debía haber cancelado a la minera $25 millones en noviembre de 2017, $15 millones en diciembre de 2017 y en enero de 2018 otros $10 millones. 
Hasta el 4 de enero de 2018 los pagos no habían sido reportados aseguró una fuente ligada al caso.

Siguen a la espera 

De acuerdo a declaraciones públicas del CEO de la transnacional canadiense, CEO Robert Fung no se recibieron los pagos previsto para las primeras fechas fijadas en el acuerdo de solución del conflicto.

La declaración de Fung  fue hecha durante una audiencia en la corte de bancarrota de Toronto el 20 de diciembre de 2017. El ejecutivo dijo en ese entonces que no habían recibido el primer pago pero que les habían avisado que los desembolsos se habían iniciado desde Venezuela y que por lo general se toman 3 ó 4 semanas. El acuerdo tiene 30 días de período de gracia. Los pagos no se concretaron en diciembre de 2017 y en lo que va del mes de enero de 2018.

Desestimada demanda

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó el 3 de enero de 2018 la demanda presentada por la minera canadiense Crystallex contra PDVSA de Venezuela, que buscaba tomar el control de Citgo, como parte de una larga disputa sobre la nacionalización de los activos de la compañía en 2008 por la nación sudamericana.

Contrario a las esperanzas de Crystallex, el tribunal esta vez se puso del lado de los abogados venezolanos, que argumentaron que PDVSA y Citgo son entidades separadas del país, que fue el demandado en la demanda original.


Crystallex International Corp está tratando de recaudar $ 1,2 mil millones más intereses otorgados en 2016 por un tribunal del Banco Mundial contra Venezuela, que el gobierno de ese país se se ha negado a pagar.

La compañía ha argumentado que las operaciones financieras de Citgo en 2015 y 2016, incluidas las emisiones de bonos y los pagos de dividendos, fueron "transferencias fraudulentas" para evitar que Crystallex recaude el premio.

La 3ª Corte de Apelaciones del Circuito de los EE. UU. aceptó la solicitud del demandado para desestimar la demanda porque la acción legal original de Crystallex es contra Venezuela en lugar de Citgo, que es propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La aspiración de la empresa canadiense Crystallex de cobrar el dinero que le adeuda Venezuela desde el momento en que el fallecido presidente, Hugo Chávez, expropiara la mina “Las Cristinas” en el año 2002, al parecer continuara siendo eso: una aspiración, toda vez que la batalla que desde entonces mantiene a través de diversos flancos para lograr el resarcimiento luego de haber sido despojada de sus activos en el país suramericano amenaza con no llegar a una resolución, por lo menos, en el tiempo próximo.


El tribunal dictaminó que a PDV Holding Inc. (Citgo) no le correspondía ser el blanco de la demanda, en virtud de que el laudo de arbitraje que mantiene la empresa es contra Venezuela y no contra una empresa filial de la estatal venezolana.

Crystallex acusó que entre 2015 y 2016 se llevaron a cabo varias operaciones financieras de Citgo que no eran otra cosa que "transferencias fraudulentas" dirigidas a evitar que el Estado venezolano pagara la deuda que mantiene con la empresa. Venezuela se defendió con el argumento de la demanda debía ser desestimada, toda vez que la filial petrolera —Citgo— no es el objeto de la acción legal emprendida por la minera.

De esta forma, la compañía canadiense productora de oro continuará sin cobrar, por ahora, dadas las maniobras emprendidas por el gobierno encabezado por Nicolás Maduro —sumergido en una cruda crisis e insolvente— pese a que un arbitraje internacional determinó que la administración venezolana debía cancelarle a Crystallex una indemnización por el despojo del que fue víctima.

Una de las acciones que Crystallex adelantaba apuntaba a embargar las acciones de PDVSA en PDV Holding Inc, la matriz incorporada de Citgo en Delaware. Pero tal como se ha informado anteriormente, la empresa canadiense ha emprendido su batalla desde varios flancos, siendo este un caso que se inició en noviembre de 2015 —antes, incluso, de ganar el citado arbitraje en el CIADI por 1,5 mil millones de dólares.

Acciones legales para cobrar

Entre las acciones legales del caso Crystallex destaca una presentada por la transnacional canadiense el 19 de junio de 2017 en el Tribunal Federal de EE. UU. en Delaware con miras a apoderarse de Citgo, argumentando que esa corporación pertenece a Venezuela (legalmente PDV Holding) con el objeto de poder resarcirse por el daño de que fue objeto con la expropiación. El 21 de diciembre de 2017, el Juez Principal de la Corte Federal, Leonard Philip Stark escuchó la exposición de reclamo de Crystallex, al haber Venezuela incumplido con el pago de 25 millones de dólares establecido un acuerdo al que las partes habían llegado por iniciativa venezolana. 

La decisión sobre esta petición en particular del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, alcanzada con dos votos en contra y uno a favor, estableció que el deudor de Crystallex es la República de Venezuela y no Citgo ni PDV Holding, de acuerdo a los términos del estatuto de Transferencia fraudulenta.

La jueza Marjorie Osterlund Rendell, de la Corte de Apelaciones, dijo que "a primera vista, este caso parece sumamente complejo, con su enredo de deudores, acreedores, subsidiarias, alter egos y transacciones corporativas internacionales complejas (…) Pero cuando uno atraviesa este pantano, la pregunta en el centro de este caso es bastante simple: ¿puede una transferencia por parte de un no deudor ser considerada una ‘transferencia fraudulenta’ según la Ley de transferencia fraudulenta de Delaware (DUFTA)?".

Y agregó: "Estamos obligados a concluir que una transferencia por parte de un no deudor no puede ser una ‘transferencia fraudulenta’ en virtud del DUFTA", concluyó el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito, pero amonestó el comportamiento de Venezuela al considerar que "si bien no condonamos las acciones del deudor y del cedente, debemos concluir que Crystallex no ha declarado un reclamo bajo el DUFTA".

En conclusión, para el tribunal Crystallex tenía una querella por 1.4 mil millones de dólares contra Venezuela y no contra PDVSA o PDV Holding, lo cuales no pueden tenerse por deudores en el sentido de la ley y, por ello, podían transferir libremente los fondos sin violar el estatuto de ‘transferencia fraudulenta’".

Cabe destacar que Crystallex no es la única que mantiene este tipo de litigio por transferencia fraudulenta con PDVSA, sino que este también el caso de ConocoPhillips, por lo que una decisión de uno o de otro sentaría jurisprudencia para otras decisiones.

Ahora bien, si la nueva estrategia de PDVSA es no pagar por un viraje en torno a lo establecido en el acuerdo, la nueva decisión del Tribunal sólo serviría para imprimirle bríos a Venezuela en su negativa a cancelar sus obligaciones.


Acuerdo violado

En la cruenta batalla legal y por todos los frentes, sostenida entre la empresa canadiense y Venezuela, esta última había propuesto un acuerdo secreto según el cual Crystallex International y el gobierno de Venezuela resolverían la disputa de 1.2 mil millones de dólares generados por la nacionalización de los activos de la empresa en Venezuela.

Tal acuerdo adoptado el 15 de noviembre de 2017 —que debía permanecer sellado— había sido aprobado por el juez de la Corte Superior de Ontario, Toronto, Glenn Hainey. Un pacto al que habrían llegado luego de largos meses de negociaciones que terminaron el 20 de noviembre, cuando el director de Crystallex, Harry Near, hizo acuse de recibo de la versión oficial firmada y sellada del Acuerdo.

En este entonces, el directivo de Crystallex manifestó su beneplácito en vista de que "la cantidad de recuperación” que la empresa obtendría en el acuerdo de conciliación era “extraordinaria en comparación con el monto de la compensación”.

Posteriormente, el monitor designado por el tribunal, Ernst & Young, dio a conocer algunos detalles del acuerdo que establecía que Venezuela debería pagar aproximadamente 440 millones de dólares hasta el final de 2020, límite ordenado por el Tribunal acerca de lo que este podría revelar. "De conformidad con la orden suplementaria, este informe suplementario del supervisor solo proporciona la divulgación de pagos en virtud del Acuerdo de conciliación hasta el final de 2020. Hay cantidades pagaderas al solicitante de conformidad con el Acuerdo de conciliación después de 2020", informó el monitor.

Se decía que el gobierno de Venezuela pagaría a Crystallex una cantidad de la compensación más intereses. Se trataría de un pago inicial seguido de cuotas mensuales, para después pagar unas cuotas anuales hasta cubrir la deuda. Sin embargo, las fechas exactas de los pagos eran parte del secreto. Crystallex, por su parte, debía suspender todas las acciones y procedimientos legales emprendidos para hacer cumplir el Laudo.

El calendario de pagos descrito hasta 2020, refería que Venezuela debía pagar 25 millones de dólares en noviembre pasado y 15 millones en diciembre, mientras que en enero el pago debía ser de 10 millones de dólares.

"Crystallex aún no ha recibido el primer pago según el Acuerdo conciliatorio, pero se le informó que el pago inicial fue iniciado por Venezuela", dijo el gerente general de Crystallex, Robert Fung, a través de un Aviso de moción que se conoció el 19 de diciembre de 2017 en el tribunal de quiebras de Toronto reseñado por Latin American Herald Tribuna. "Las complejidades de la ruta para tales pagos pueden resultar en que los pagos de Venezuela a menudo tarden de 3 a 4 semanas en recibirse desde el inicio, y el Acuerdo de conciliación contiene un período de curación de 30 días para que Venezuela solucione cualquier incumplimiento de los pagos programados. Actualmente espera que reciba todos los fondos de la primera cuota dentro del período de recuperación previsto en el Acuerdo de conciliación".

Allí se indicó que Venezuela comenzaría  a hacer "pagos mensuales iguales” que sumaban 262 millones 500 mil dólares para el período comprendido entre el 28 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020".

De igual forma, Venezuela realizaría "cinco pagos adicionales semestrales que comienzan el 31 de julio de 2018, con el primer pago de aproximadamente $ 28,100,000, y cada pago subsecuente se reducirá en aproximadamente $ 1,200,000". De este modo, Crystallex recibiría unos 441 millones de dólares hasta fines de 2020.

Luego de que Venezuela pagara la última cuota, la empresa canadiense suspendería o  concluiría  todas las acciones y procedimientos legales dirigidas a obtener la compensación. "Si Venezuela incumple cualquiera de sus obligaciones de pago en virtud del Acuerdo de conciliación, Crystallex tendrá derecho a reiniciar todas sus actividades de cumplimiento suspendidas por el acuerdo, así como perseguir e iniciar nuevos esfuerzos de cumplimiento y recaudación", dijo Near.

Venezuela debía cumplir al pie de la letra lo acordado, pues de no hacerlo Crystallex recuperaría sus derechos y podría reiniciar todas las acciones legales suspendidas. Esto parecer ser lo ocurrido, por lo que solamente se esperan las acciones que el consorcio canadiense llevará a cabo.

Piden quitar sellos del acuerdo

Entretanto, el portal digital Latin American Herald Tribune solicitó a la Corte del Distrito de Delaware quitar los sellos del acuerdo suscrito entre Crytallex y Venezuela y hacer públicos los términos del mismo.

El medio de comunicación le pidió al juez Leonard P. Stark, eliminar el secreto en razón de que se trata de un contrato de interés público. Crystallex dijo que esto no es posible pues la confidencialidad es una condición exigida por el gobierno de Venezuela.

Latin American Herald Tribune —medio que ha hecho una cobertura completa de las demandas de Crystallex en los tribunales de los Estados Unidos y Canadá— le manifestó al magistrado su preocupación por el hecho de que en fecha 1° de diciembre, la representación legal de minera canadiense presentó un documento sellado al Tribunal de Distrito Federal de Delaware en el que violaba las reglas locales para el sellado al no contar con la autoridad para emprender dicha acción judicial bajo sello. En tal sentido recordó que la “autoridad para presentar un documento sellado debe ser proporcionada por una orden de protección u otra orden de la Corte” y que "una versión redactada de este documento sellado debe ser archivada electrónicamente en 7 días".

Igualmente, el editor advirtió que luego de entregada la carta el 1° de diciembre debía presentarse una versión redactada como lo reza la ley, lo cual transcurridos once días no había ocurrido. Tampoco se sabe de ninguna orden de la corte u orden de protección que permita la presentación de documentos sellados en este caso.

El portal reclama que el público tiene derecho, tanto bajo el derecho consuetudinario como por la Primera Enmienda de la constitución, de poder observar los procedimientos judiciales y revisar los registros judiciales en casos civiles.

De este modo exigieron que el documento #40 del expediente de Crystallex se abra al público, toda vez que dicho acuerdo no cuenta con una orden de protección u otra orden del tribunal para que el documento se mantenga bajo sello.

Según el portal, el caso de Crystallex tiene consecuencias para el público de los EE. UU., Canadá y Venezuela, así como para accionistas de la bolsa de valores de Estados Unidos, por lo que deben hacerse públicos sus términos.

Por otra parte, alerta que el acuerdo podría contravenir las sanciones que el gobierno estadounidense que prohíben entablar negociaciones comerciales con ciertos funcionarios venezolanos.

Latin American Herald Tribune informó en noviembre de 2017 la noticia del acuerdo a que habían llegado las partes, pero por una solicitud para aplazar una audiencia en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Venezuela reveló que había cumplido con el pago de los 40 millones de dólares de pago inicial establecidos en el acuerdo y que debieron producirse el 30 de noviembre y el 30 de diciembre.

"El hecho de que Crystallex haya estado de acuerdo con el aplazamiento de la audiencia durante al menos seis meses sugiere que deben haber tenido una garantía demostrada de que los pagos iniciales por un total de $40 millones estaban en camino", dijo Russ Dallen editor de Latin American Herald Tribune y agregó que este hecho "posiblemente podría explicar la caída de $44 millones en las reservas de Venezuela que vimos el 26 de diciembre".

Para Venezuela la confidencialidad es un asunto estratégico, dado que aún tiene que abordar varios casos con otros acreedores a quienes adeuda cientos de miles de millones de dólares.

Estrategia legal de Crystallex

Desde que tuvo lugar la expropiación de los activos de Crystallex en Venezuela, la empresa asumió una agresiva política y estrategia legal contra el gobierno venezolano para reclamar sus acreencias.

En fecha 9 de junio de 2017, el Tribunal Federal de Distrito de Washington DC que confirmó y registró el laudo de arbitraje de $ 1.4 mil millones en contra de Venezuela, luego de haber dado tiempo suficiente a Venezuela para apelar, pagar la sentencia o pagar una fianza, dictaminó que Crystallex estaba calificada para iniciar acciones en procura de hacer cumplir su sentencia y apoderarse de los activos de Venezuela.

Después, el 9 de agosto, dicho el Tribunal Federal negó la solicitud de Venezuela para suspender la ejecución de la ley pendiente de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2017, el Tribunal Federal de Washington confirmó y registró la adjudicación de 1 mil 400 millones de dólares en contra de Venezuela. "Debido a que ninguno de los argumentos de Venezuela es suficiente para anular o modificar el laudo de la Convención de Nueva York, la Corte concede la petición de Crystallex para confirmar el laudo y niega la moción de desalojo de Venezuela", concluyó el juez del citado tribunal, Rudolph Contreras, al desestimar las objeciones de Venezuela.

El consorcio Crystallex quiso ampliar sus acciones contra Venezuela y por ello introdujo una demanda colectiva contra Petróleos de Venezuela, S.A., PDV Holding y sus filiales y subsidiarias Glas Americas, LLC y Rosneft Trading S.A., ante la Corte del Distrito de Delaware, donde acusó a la petrolera de realizar un conjunto de transacciones fraudulentas  y movimientos accionarios de Citgo destinados a evitar que se hiciera efectivo el cobro de la deuda de PDVSA con la empresa canadiense.

Crystallex sostuvo que es uno de los acreedores de las empresas estatales venezolanas y advirtió que sus acciones legales proseguirían en los Estados Unidos hasta lograr cobrar las deudas.
Pero, además, Crystallex demandó a PDVSA, PDV Holding y Citgo en la Corte de Delaware por la "transferencia fraudulenta" de miles de millones de dólares de activos de Citgo fuera del territorio de los Estados Unidos. De esta manera, ahora también la rusa Rosneft fue acusada en la demanda en virtud de que una investigación del Latin American Herald Tribune puso al descubierto que Venezuela había hipotecado el 49.9 por ciento de Citgo a Rosneft a cambio de un préstamo de 1,5 mil millones de dólares.

La victoria inicial

En la razón de la negativa de Venezuela de resarcir a Crystallex luego de la expropiación de sus activos en el país suramericano, la empresa presentó el 16 de febrero de 2011 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

El consorcio argumentó para su acción que Venezuela había violado un Tratado suscrito con Canadá para la "Promoción y Protección de Inversiones".

Para abril de 2014, el CIADI sentenció en favor de minera Crystallex y determinó que Venezuela debía pagar 1.202 millones de dólares más intereses, dado el trato injusto e inequitativo de Venezuela y por la expropiación ilegal de la inversión de Crystallex en el proyecto Las Cristinas.

El tribunal determinó que Venezuela había violado los artículos II (2) y VII (1) del Tratado al no otorgar a las inversiones de Crystallex en Venezuela un trato justo y equitativo y al expropiar ilegalmente esas inversiones. El CIADI ordenó a Venezuela pagar 1.386 millones de dólares por daños, calculados sobre la inversión de Crystallex en Las Cristinas de 1.202 millones dólares el 13 de abril de 2008 cuando Venezuela le negó el permiso ambiental.

Se determinó que Venezuela "frustró las expectativas legítimas de Crystallex (...) se involucró en una conducta arbitraria al denegar el permiso y rescindir el [Contrato que había firmado con Crystallex], y cometió varios actos carentes de transparencia y consistencia".

Por todos los flanco

Desde el momento de la expropiación Crystallex tomó la decisión de atacar por todos los flancos a Venezuela.

El objetivo era uno solo: lograr que el país suramericano le resarciera los daños sufridos al ser despojada de sus activos en Las Cristinas. El consorcio canadiense estaba dispuesto a obtener a como diera lugar su inversión en suelo venezolano.

Por ejemplo, en agosto de 2017, Crystallex logró que la Corte del Distrito Sur de Nueva York sentenciara en su favor cuando aprobó el embargo de unos mil 202 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela tiene depositados en la cuenta 304314 en el Banco Nueva York Mellow. Estos fondos los tenía destinados Venezuela para la repotenciación de unos buques del Ministerio de la Defensa por parte de la empresa Northrup Grumman Ship Sys., Inc.

El juez Colleen McMahon ordenó a la oficina de Alguaciles autorizar la ejecución del mandato de la corte y tomar posesión del capital y los bienes muebles de Venezuela y sus órganos o subdivisiones que incluyen a los Ministerios de Defensa y Finanzas.

La decisión preveía que de no hallar suficientes bienes venezolanos que embargar en Nueva York, Crystallex podía procurar otros activos del país deudor que pudieran ser embargables. La aspiración de la minera era apoderarse de los bienes del Estado venezolano utilizados con fines comerciales en los Estados Unidos y en poder del Banco de Nueva York Mellon.

Antes de eso, el 30 de junio, Crystallex había solicitado a la corte su autorización para emitir avisos de restricción dirigidos a activos comerciales venezolanos en posesión de Nomura Bank International PLC y Nomura Securities, Inc. en los Estados Unidos.

Una acción similar la presentó el 5 de julio con la intención de emitir avisos de restricción dirigidos a los  activos comerciales venezolanos en posesión de Haitong International Securities (USA) Inc. y Haitong Securities USA LLC.

Eso sí, para evitar que el gobierno venezolano transfiriera o retirara por otras vías sus fondos y bienes en Nueva York y de los Estados Unidos, la empresa canadiense pidió al tribunal realizar el procedimiento sin participar al deudor previamente a la orden de embargo.

Pero Crystallex no pudo confiscar los fondos venezolanos en el Mellon Corp, dado que estos estaban protegidos. El dinero, depositado en el banco desde 1992 para pagar un contrato de 315 millones de dólares que mantenía con la empresa Ingalls Ship building, es ahora parte del consorcio Ingalls Industries Inc, por concepto de mantenimiento y reparación de fragatas navales.

Ingalls también demandó a Venezuela en un tribunal en Mississippi y en 2002 obtuvo una orden judicial evitar que Banco de Nueva York transfiriera los fondos de vuelta a Venezuela, razón por la cual Crystallex y pidió a un Tribunal de Primera Instancia determinar si había transcurrido un plazo razonable desde el pronunciamiento judicial para que la empresa canadiense ejecutara el fallo y se le permitiera registrar la sentencia en otros distritos judiciales de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia aceptó la moción de Crystallex en su totalidad el 9 de junio de 2017 y por ello registró la sentencia en Nueva York el 15 de junio 2017.

Para el 8 de agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia negó a Venezuela una solicitud contra la sentencia a favor de Crystallex, lo cual facilitaba la ejecución de la orden de confiscar los fondos colocados por Venezuela en el del Banco de Nueva York Mellon y que pertenecían al  Ministerio de Defensa venezolano e Ingalls Shipbuilding, Inc., ahora Huntington Ingalls Industries.

Por su parte, Venezuela alegó que la cuenta bancaria en referencia se encuentra sujeta al control del estado venezolano, por lo que los pagos hechos a través de dicha cuenta solo pueden hacerse con la aprobación de la República, según un acuerdo firmado por entre el gobierno venezolano y el banco. Los estatutos de la cuenta establecen que Venezuela es el único beneficiario de los fondos y existe expresamente una renuncia a la existencia de terceros beneficiarios.

Para el gobierno venezolano, existe una diferenciación entre la República de Venezuela y el Ministerio de la Defensa, algo que Crystallex niega con el alegato de que la República es un todo y como tal debe tenerse. La minera asegura que los fondos son propiedad exclusiva del deudor que, en este caso, es el Estado venezolano y que la cuenta se creó con un propósito comercial.

Visto los acontecimientos, es de prever que aún sea mucho el camino por recorrer en esta contienda de Crystallex y el estado venezolano.

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Piden levantar el sello que mantiene secreto el acuerdo suscrito entre Crystallex y el gobierno venezolano

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El medio digital International Herald Tribune pidió a la Corte del Distrito de Delaware hacer públicos los términos del acuerdo al que llegaron Crystallex Corporation y el gobierno venezolano y que habrían puesto fin a una batalla legal que durante años mantienen las partes por deudas derivadas de la expropiación de los activos de la transnacional canadiense en Venezuela por parte del fallecido expresidente Hugo Chávez. El monto de la deuda es de US $1.2 millones más intereses. 



A través de una  misiva el mencionado medio solicitó al Juez Leonard P. Stark, quien lleva el caso de Crystallex vs. PDVSA, que eliminara el secreto sumarial que se impuso sobre el acuerdo entre la transnacional canadiense y el gobierno de Venezuela por ser contrario al interés público. El magistrado de la Corte del Distrito de Delaware ordenó a las partes que se explicara el acuerdo y, en respuesta, los abogados de Crystallex informaron que dicho acuerdo no pueden hacerse público por exigencia del gobierno de Venezuela.

Tras la explicación de los abogados de Crystallex de negarse a mantener el secreto del acuerdo, han surgido opiniones que señalan que necesariamente debe haber algo turbio en la negociación.

Los tribunales de los EE. UU. por lo general aprueban el secreto sumarial a priori bajo la presunción de que no existe daño si no hay oposición. Sin embargo, a un arreglo comercial no le es otorgado el carácter de secreto sumarial de no ser para proteger secretos industriales/científicos siempre y cuando no pongan en riesgo la vida humana y el ambiente. Por esto, el Juez Stark ordenó la publicación del acuerdo, sin embargo, el hecho de que Venezuela se oponga a su publicación presume razones ulteriores de tipo político adverso al estado de derecho.
En la misiva enviada por International Herald Tribune —medio que ha hecho una cobertura completa de las demandas de Crystallex en los tribunales de los Estados Unidos y Canadá— se informa al juez la preocupación  por el hecho de que el 1° de diciembre, el abogado de Crystallex haya presentado un documento sellado al Tribunal de Distrito Federal de Delaware que viola las reglas locales para el sellado sin ninguna autoridad aparente para la presentación de dicho documento bajo sello y, al hacerlo, ha violado el derecho de acceso del público a la información.

La petición firmada por el editor Russ Dallen dice que la Regla Local 5.1.3 requiere que "Los documentos [que] estén bajo sello deben archivarse de acuerdo con los procedimientos de CM/ECF, a menos que la corte ordene lo contrario".

Argumenta que el sellado del informe de estado conjunto de Crystallex archivado bajo el número (Dkt # 40) viola dos de los procedimientos del Distrito de Delaware en el sentido de que la regla establece que para la presentación de documentos civiles sellados en CM/ECF se requiere lo siguiente:

1. "La autoridad para presentar un documento sellado debe ser proporcionada por una orden de protección u otra orden de la Corte".

2. "Una versión redactada de este documento sellado debe ser archivada electrónicamente en 7 días".

La carta dice que el documento sellado fue entregado el 1° de diciembre y a partir del 11 de diciembre (11 días después), no se ha presentado ninguna versión redactada, tal como lo establece la ley. Lo más  importante —acotan— no se sabe de ninguna orden de la corte u orden de protección que permita la presentación de documentos sellados en este caso.

Se establece, sin lugar a dudas, en este Circuito que el público tiene derecho, tanto bajo el derecho consuetudinario como la Primera Enmienda de la constitución, para observar los procedimientos judiciales y revisar los registros judiciales en casos civiles.

Los solicitantes pidieron que el documento #40 del expediente de Crystallex sea abierto al público, ya que el dicho acuerdo no cuenta con una orden de protección u otra orden del Tribunal para mantener el documento bajo sello que ha sido puesto en secreto de manera incorrecta.

La solicitud destaca además que los casos de Crystallex tienen consecuencias para el público de los EE. UU., Canadá y Venezuela, así como para accionistas de la bolsa de valores de Estados Unidos.
Asimismo se asegura que el caso también tiene relevancia en razón a las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos que prohíben las negociaciones comerciales con la mayoría de los funcionarios venezolanos y bloqueando cualquier nuevo acuerdo de deuda con Venezuela y PDVSA.

La solicitud dice que el acuerdo de Crystallex con el gobierno de Venezuela puede haber chocado con las sanciones y el contenido del mismo podría revelarlo al darse a conocer los términos suscritos en el citado acuerdo de estado conjunto entre las dos partes que ahora permanece sellado.

Dice el medio de comunicación que en su política actual de "pos-verdad", los tribunales se han convertido en una de las pocas instituciones que todavía funcionan en la búsqueda imparcial de la verdad. Esperamos que se logre quitar el sello del informe de estado conjunto para seguir informando sobre este caso que requiere que sea tratado con absoluta transparencia.

El caso de Crystallex contra PDVSA responde al intento de hacer cumplir su sentencia de 1.2 mil millones de dólares contra Venezuela por la confiscación de los activos de la empresa canadiense por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez. A fines de noviembre de 2017, las partes llegaron a un acuerdo, poco antes de una audiencia celebrada el 5 de diciembre para discutir la demanda de Crystallex que busca adjuntar activos pertenecientes a PDVSA.

La audiencia fue para abordar el argumento de Crystallex de que PDVSA es la el alter ego del gobierno, y el movimiento cruzado de PDVSA para descartar. Una decisión en favor de Crystallex habría dejado que los activos de PDVSA satisfagan su juicio contra el gobierno. Como se señaló en el Financial Times, una decisión pro-Crystallex también podría haber tenido implicaciones más amplias, permitiendo potencialmente que "los titulares de los bonos soberanos venezolanos incumplidos... busquen apoderarse de los activos de PDVSA, incluyendo potencialmente los de Citgo".

Bajo sospecha

El acuerdo es un poco misterioso. Los documentos relacionados se archivaron bajo sello, tanto en el caso de bancarrota de Crystallex en Canadá como en su demanda en la Corte Federal de Delaware. El deudor en posesión de Crystallex tiene derecho a conocer cómo procede el acuerdo.

Tal como informó Bloomberg, Crystallex recibirá algo cercano al valor nominal de su juicio, pero pagado con el tiempo. Los retrasos en el pago ponen en duda cómo se le pagará a Crystallex. "El beneficio para el gobierno es igualmente cuestionable. Por ahora, el acuerdo aplaza la audiencia prevista sobre el caso.

El 29 de noviembre de 2017, el Tribunal emitió una orden ordenando a las partes que presenten una informe de estado a más tardar el viernes 1° de diciembre de 2017, proporcionando las posiciones de las partes en cuanto a impacto, si lo hubiera, del acuerdo informado públicamente entre el Demandante Crystallex International Corp. ("Crystallex") y Deudor del fallo de la República Bolivariana de Venezuela ("Venezuela") sobre el estado de los casos actualmente pendientes ante el Tribunal (Crystallex International Corporation v. República Bolivariana de Venezuela, C.A. No. 17-171-LPS, Crystallex International Corporation v. PDV Holding Inc., C.A. No. 15-1082; y Crystallex International Corporation v. PDV Holding Inc., C.A. No. 16-1007 (las "Acciones de Delaware")), y asesorar al Corte del estado de la apelación pendiente en C.A. No. 15-1082.

En fecha 15 de noviembre de 2017, Crystallex y Venezuela entraron en un acuerdo de solución condicional —el "Acuerdo de conciliación"— para abordar y resolver lo relativo al conflicto por obligaciones de Venezuela con la minera canadiense. A este acuerdo arribaron las partes en virtud de la adjudicación de aproximadamente 1 mil 200 millones de dólares más intereses, emitida contra Venezuela por un tribunal arbitral en virtud del Mecanismo Complementario del Centro Internacional para la solución de controversias internacionales del Banco Mundial.

viernes, 24 de noviembre de 2017

Crystallex llega a acuerdo con el gobierno de Venezuela sobre la deuda de $ 1.2 mil millones de dólares

La cruenta batalla legal y por todos los flancos, sostenida entre la empresa canadiense que en 2002 había obtenido los derechos de explotación de la mina “Las Cristinas” y el estado venezolano, parece haber llegado a su fin en virtud de que las partes habrían llegado a un acuerdo de conciliación cuyos términos son un absoluto secreto. Parte de lo convenido es que con la suscripción del trato, Crystallex debe desistir de todas las acciones legales que ha emprendido contra el gobierno venezolano para la recuperación de sus activos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Bajo términos que nadie conoce, pues permanecen en el más estricto secreto sembrando más dudas que las que despejan, la firma canadiense Crystallex International y el gobierno de Venezuela llegaron a un acuerdo para resolver una disputa de $ 1.2 mil millones generados por la nacionalización de los activos de la empresa en Venezuela.

El juez de la Corte Superior de Ontario, Toronto Glenn Hainey aprobó el acuerdo el viernes después de que fuera anunciado dos días antes a través de representaciones en Canadá. Las partes del acuerdo permanecen selladas, incluido el monto a pagar.

Crystallex que reclamaba el pago de 1 mil 400 millones de dólares por concepto de la expropiación a su filial minera en Venezuela por la explotación de la mina “Las Cristinas” en oriental Estado Bolívar, luego de que una corte de los Estados Unidos confirmara el fallo de un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) que estableció que el gobierno venezolano debía indemnizar a la empresa por el despojo sufrido en 2008.

El consorcio había obtenido en 2002 los permisos para explotar la mina de oro “Las Cristinas”, un yacimiento con reservas de oro por el orden de los 464 millones de toneladas, estimado como uno de los depósitos más grandes del mundo. Sin embargo la medida adoptada por el gobierno de Hugo Chávez significó el inicio de una pugna que se ha mantenido hasta la fecha. Cabe destacar que luego de haberle retirado los derechos de explotación a la empresa canadiense, Venezuela anunció en 2012 un acuerdo con la estatal china Citic Group.

El misterioso acuerdo

Al trato habrían llegado las partes el pasado 15 de noviembre, cuando Crystallex —por intermedio de Counsel—  y el gobierno venezolano establecieron los términos del acuerdo de conciliación que ahora sus abogados presentan ante un tribunal Superior de Ontario para su aprobación.

Fueron meses de conversaciones y negociaciones que concluyeron cuando el 20 de noviembre, el director de Crystallex, Harry Near, recibió la versión oficial firmada y sellada del Acuerdo.

Near manifestó su beneplácito pues "la cantidad de recuperación que Crystallex alcanzará en virtud del acuerdo de conciliación es extraordinaria en comparación con el monto de la compensación, y entiendo que este puede ser el acuerdo más grande que Venezuela haya acordado en relación con un laudo arbitral".

Lo que se ha podido conocer es que el gobierno de Venezuela pagará a Crystallex una cantidad específica de la compensación más intereses, los cuales serán cancelados en cuotas, la inicial, seguida de unas mensuales, para luego pagar unas cuotas anuales hasta que se haya cubierto totalmente el monto de liquidación.

No se pudo conocer cuándo sería la fecha exacta de la primera cuota a cancelar, sólo que esto procederá únicamente cuando se hayan cumplido algunas condiciones del acuerdo, tras lo cual Crystallex deberá suspender todas las acciones y procedimientos legales que haya iniciado para hacer cumplir el Laudo, comprometiéndose a no tomar nuevas acciones relativas al mismo.

Eso sí, para que esto se cumpla de esta manera, el gobierno venezolano deberá cumplir al pie de la letra sus obligaciones de pago tal como quedaron establecidas en el acuerdo de conciliación, pues de no hacerlo Crystallex recuperaría sus derechos y podría reiniciar todas las acciones legales suspendidas por el referido  acuerdo, así como a comenzar nuevos procedimientos tendentes a lograr el cumplimiento, advirtió Near.

Más allá de estas generalidades ha sido imposible conocer más detalles sobre el acuerdo de conciliación, toda vez que el mismo contiene un conjunto de normas de confidencialidad que deben cumplirse estrictamente e impiden la divulgación de los pormenores de las negociaciones que condujeron al acuerdo y a los términos del mismo.

Venezuela ha tratado de blindarse con todas estas normas de confidencialidad, puesto que aún enfrenta reclamos por cientos de miles de dólares en acreencias.

El secreto ha quedado refrendado con el sello y conformidad de un tribunal que ha emitido una orden de mantener en la reserva las singularidades relativas a la liquidación, las cuales no podrán hacerse públicas por ningún concepto.

Del Acuerdo de liquidación sólo es conocido por las partes interesadas, sus representantes legales y se ha dado a conocer a los titulares de los bonos de la Sociedad y a los accionistas, de conformidad con los términos de los acuerdos de confidencialidad establecidos.

La política agresiva de Crystallex

Crystallex ha mantenido una agresiva política y estrategia contra Venezuela en reclamo de sus acreencias. Sus abogados demandaron en agosto a Venezuela. Petróleos de Venezuela y a Citgo.

La empresa canadiense demandó a PDVSA en una corte de Estados Unidos donde exigió que la estatal petrolera venezolana le cancelara la promesa de colocar las acciones de la filial Citgo como colateral de la emisión de bonos 2020.

Cristalex International venía de ganar el juicio arbitral que la hizo adjudicataria de 1,4 millardos de dólares y acudió a una corte distrital en el estado de Delaware, ante la cual argumentó que la promesa de PDVSA de ofrecer 50,1 por ciento de la acciones de Citgo como garantía del nuevo bono era una transferencia fraudulenta.

Crystallex había decidido ampliar sus acciones contra Venezuela al introducir una demanda colectiva contra Petróleos de Venezuela, S.A., PDV Holding y sus filiales y subsidiarias Glas Americas, LLC y Rosneft Trading S.A., ante la Corte del Distrito de Delaware, acusando que la estatal petrolera venezolana llevaba a cabo un conjunto de transacciones fraudulentas  y movimientos accionarios de Citgo para, de esta manera, evitar que se hiciera efectivo el cobro de la deuda de PDVSA con la empresa canadiense como consecuencia de la nacionalización de los activos de la compañía en Venezuela.

En la demanda, Crystallex alega que es uno de los acreedores de las empresas estatales venezolanas y advertía que sus acciones legales continuarían en los Estados Unidos hasta que  lograra cobrar las deudas mil millonarias que el gobierno venezolano mantenía con la compañía, resultado del fallo emitido en su favor por el Ciadi por 1 mil 400 millones de dólares.

En virtud del incumplimiento por parte de Venezuela, Crystallex decidió ampliar sus acciones legales con miras a cobrarse a través apoderarse de la refinería de petróleo que el país posee en Estados Unidos, a saber, Citgo.

Luego Crystallex presentó otra demanda contra PDV Holding Inc. —intermediario entre las compañías— para revertir una oferta de bonos basura que hizo el gobierno venezolano en un intento de restarle valor a Citgo. Estos procedimientos violan la ley de Delaware.

Sostenía Crystallex que las transacciones de PDVSA y PDVH comprometieron todo el valor de Citgo Holding para evadir la posibilidad que las autoridades puedan actuar sobre Citgo, y que Crystallex y sus otros acreedores puedan cobrar las deudas ordenadas por el laudo.

La demanda enmendada asegura que los estados financieros presentados por la empresa en el tribunal de Delaware demostraban que GLAS America LLC —firma que representa a los tenedores de bonos— acordó dar a PDVSA tres años más para pagar 7 mil millones de dólares en deuda, por lo cual recibió un gravamen sobre el 50.1 por ciento de las acciones de Citgo, mientras que Rosneft Trading SA recibió un gravamen sobre el 49,9 por ciento restante.

Anterior a esto, Crystallex había demandado Citgo en 2015, exigiéndole la devolución de 2,8 millardos de dólares. Reclamaron lo que estimaron un procedimiento poco claro por parte de la refinería al traspasarle a PDVSA dividendos especiales. La decisión del tribunal fue desestimar el reclamo a Citgo, pero permitió que el procedimiento se redireccionara a Petróleos de Venezuela.

Para Crystallex el canje de bonos constituye un fraude, toda vez que al momento de hacerlo aún estaba activa la demanda hecha contra PDVSA. La operación consistía en la transferencia de mil millones de dólares de activos de Citgo a la petrolera estatal rusa.
Una investigación permitió establecer que Venezuela había hipotecado el 49,9 por ciento de Citgo a Rosneft a cambio de un préstamo de 1 mil 500 millones de dólares.

Los abogados de Crystallex solicitaron una orden que les permitiera apoderarse de PDV Holding, matriz de la unidad Citgo de Venezuela en los Estados Unidos.

El 9 de junio de 2016 el Tribunal Federal de Distrito de Washington DC, el mismo que confirmó y registró el laudo de arbitraje de 1.4 mil millones de dólares en contra de Venezuela, otorgó a Crystallex la capacidad de iniciar acciones para hacer cumplir su sentencia y apoderarse de los activos de Venezuela.

El tribunal negó en agosto a Venezuela un pedido para suspender la ejecución de la ley pendiente de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.

Ya en 2017, específicamente el 25 de marzo, el Tribunal Federal en Washington DC confirmó y registró la adjudicación de 1.4 mil millones dólares en contra de Venezuela, pues estimó que los argumentos presentados por el gobierno venezolano son suficientes para anular o modificar el laudo emitido por la Convención de Nueva York.

El antecedente: El juicio del CIADI del Banco Mundial

A raíz de la expropiación de los activos de Crystallex instrumentada por el gobierno del finado, Hugo Chávez, la empresa acudió a las instancias internacionales y en abril de 2014, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial falló a su favor.

El Ciadi decidió que al haber recibido Crystallex un trato injusto por parte de la administración venezolana y la expropiación de sus bienes y la inversión en el proyecto minero “Las Cristinas”, se hacía merecedora del pago de 1 mil 202 millones de dólares más intereses.

Consideró el Ciadi, órgano ante el cual Crystallex acudió el 16 de febrero de 2011, que Venezuela violó un Tratado suscrito entre los gobiernos de Canadá y el país suramericano relativo a la promoción y protección de inversiones.

En tal sentido, la orden del Ciadi fue que Venezuela pagara a Crystallex 1 mil 386 millones de dólares correspondientes a la inversión de 1 mil 202 millones de dólares en la mina el 13 de abril de 2008, fecha cuando el gobierno venezolano negó el permiso ambiental, más daños e intereses anteriores y posteriores a la adjudicación.

El organismo del Banco Mundial consideró que el Ministerio del Medio Ambiente de Venezuela incurrió en una conducta "arbitraria", "no transparente e incoherente" al negar el permiso a Crystallex.

Estos permisos eran clave para que Crystallex para comenzar las labores de explotación en “Las Cristinas” que la empresa había obtenido en 2002.

Por todos los frentes

Crytallex estaba dispuesta a atacar por todos los frentes al gobierno venezolano con tal de lograr recuperar su dinero.

En tal sentido, en agosto de 2017 consiguió que la Corte del Distrito Sur de Nueva York fallara a su favor al aprobar el embargo de aproximadamente 1 mil 202 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela mantiene depositados en la cuenta 304314 en el Banco Nueva York Mellow. Se trata de unos fondos que Venezuela tenía destinados a reparar unos buques del Ministerio de la Defensa por parte de la empresa Northrup Grumman Ship Sys., Inc.

En consecuencia, el juez de distrito, Colleen McMahon, remitió a la oficina de Alguaciles (USA Marshal), la autorización a para ejecutar el mandato de la corte y, así, tomar posesión de inmediato del capital y los bienes muebles de la República Bolivariana de Venezuela y sus órganos o subdivisiones que incluyen a los Ministerios de Defensa y Finanzas.

De este modo, el magistrado puso fin a la querella interpuesta por Crystallex International Corporation contra el gobierno venezolano por la expropiación de sus activos en Venezuela por orden de Hugo Chávez Frías.

La decisión advertía que de no encontrarse en Nueva York suficientes bienes venezolanos que poder embargar, Crystallex podía recurrir a procurar otros activos de la República Bolivariana de Venezuela que pudieran ser embargables. La empresa del Canadá quería la reparación específica para embargar los bienes del Estado venezolano utilizados con fines comerciales en los Estados Unidos y en poder del Banco de Nueva York Mellon.

Con este mismo propósito, Crystallex había pedido a la corte el 30 de junio, autorización para emitir avisos de restricción dirigidos a activos comerciales venezolanos en posesión de Nomura Bank International plc y Nomura Securities, Inc. en los Estados Unidos.
Solicitud similar presentó el 5 de julio para emitir avisos de restricción dirigidos a los  activos comerciales venezolanos en posesión de Haitong International Securities (USA) Inc. y Haitong Securities USA LLC.

Como medida preventiva, Crystallex solicitó al tribunal realizar el procedimiento sin que se le participara al deudor previamente a la orden de embargo, para evitar que el gobierno venezolano tomara medidas para transferir o retirar por otras vías los fondos y bienes ubicados en Nueva York y de los Estados Unidos, en general.
Pero…
A pesar de la decisión judicial, Crystallex no logró confiscar los fondos venezolanos en el Mellon Corp, dados los enrevesados trámites administrativos que suponen estos asuntos en los EE. UU.

Los fondos del estado venezolano estaban depósitos en el banco Nueva York Mellon desde 1992 destinados a pagar un contrato de 315 millones de dólares suscrito con la empresa Ingalls Ship building, ahora parte del consorcio Ingalls Industries Inc, para el mantenimiento y reparación de fragatas navales.

Cabe destacar que también Ingalls demandó a Venezuela en un tribunal en Mississippi, lugar donde debieron realizarse las obras del citado contrato de mantenimiento y reparación. De hecho, en 2002, había obtenido una orden judicial evitar que Banco de Nueva York transfiriera los fondos de vuelta a Venezuela.

Entonces Crystallex volvió a actuar en virtud de la tardanza de Venezuela en pagar su deuda y por ello pidió a un Tribunal de Primera Instancia determinar si había transcurrido un plazo razonable desde el pronunciamiento judicial para que la empresa canadiense ejecutara el fallo y, de ser así, se le permitiera registrar la sentencia en otros distritos judiciales de los Estados Unidos.

La Corte Suprema de Justicia aceptó la moción de Crystallex en su totalidad el 9 de junio de 2017. En consecuencia registró la sentencia en Nueva York el 15 de junio 2017.

Crystallex pidió a la Corte la autorización para proceder a la ejecución contra las propiedades de  Venezuela en el Banco Nueva York Mellon.

El 8 de agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia denegó a Venezuela una solicitud contra la sentencia a favor de Crystallex, una decisión que abrió la puerta para la ejecución de la orden de confiscar los fondos colocados por el Estado venezolano en el mencionado banco, los cuales pertenecen al  Ministerio de Defensa de la República de Venezuela e Ingalls Shipbuilding, Inc., ahora Huntington Ingalls Industries.

Pero Venezuela no se ha quedado cruzada de brazos y ha alegado que la cuenta bancaria en referencia se encuentra sujeta al control del estado venezolano, por lo que los pagos hechos a través de dicha cuenta solo pueden hacerse con la aprobación de la República, según un acuerdo firmado por entre el gobierno venezolano y el banco.

Según los estatutos de la cuenta, la República de Venezuela es el único beneficiario de los fondos y existe expresamente una renuncia a la existencia de terceros beneficiarios.

Venezuela ha querido establecer una diferenciación entre la República de Venezuela y el Ministerio de la Defensa, pero la empresa se opone alegando que la República es un todo y como tal debe tenerse. Igualmente sostiene que Crystallex pasa por alto el amplio lenguaje legal que otorga inmunidad a los activos utilizados o destinados a ser utilizados con fines militares. El Ministerio de la Defensa pidió al tribunal desestimar la petición de Crystallex.

Por su parte, Crystallex sostiene que los fondos son única y exclusivamente propiedad del deudor, que en este caso es el Estado venezolano y que la cuenta se creó con un propósito comercial. Asegura que la cuenta está sujeta a ejecución bajo lo establecido en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

Lo cierto es que tomando en cuenta el nuevo convenio comentado al principio de esta líneas y a lo poco que se conoce respecto a este acuerdo de conciliación alcanzado entre Crystallex y el gobierno venezolano, todas estas acciones legales quedan paralizadas, dado a que ese fue uno de los compromisos de la empresa canadiense. Solamente queda por esperar que Venezuela cumpla con su parte, pues de no hacerlo se expone a que Crystallex retome todas las acciones legales emprendidas para recuperar sus activos.

domingo, 5 de noviembre de 2017

Acción del Ministerio de Defensa evita que Crystallex cobre activos de Venezuela depositados en el Banco de NY

Las partes en conflicto acuerdan extender el tiempo para responder a lo estipulado el fallo emitido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, lo que hace que las posibilidades de cobrar el dinero correspondiente al pago de la deuda que se generó entre la República Bolivariana de Venezuela y la trasnacional canadiense por la expropiación de sus activos por parte del régimen de Hugo Chávez se encuentra cada vez más lejana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Crystallex Corporation continúa sin poder ejecutar el mandato de un juez neoyorquino que autorizó a la minera canadiense a apropiarse de 1 mil 200 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela tiene depositados en el Banco de Nueva York, de manera de abonarlos a la deuda que mantiene el país sudamericano con la trasnacional luego de haber sido expropiados sus activos en la citada nación, por parte del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez.


Crystallex entró en una batalla legal que se ha alargado por meses, en procura de lograr apoderarse de los fondos que le corresponden, debido a la negativa del gobierno de Venezuela de cumplir con la obligación emanada del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, CIADI, que falló a favor de la canadiense y ordenó al Estado venezolano pagar alrededor de 1 mil 400 millones dólares por las pérdidas de los activos y las inversiones hechas por esa corporación en el desarrollo de las minas Las Cristinas.

La historia del juez y del banco

Crystallex tenía plazo hasta el 27 de octubre de 2017 para intervenir y desestimar la petición y el interventor demandado que propuso el Ministerio de la Defensa venezolano para presentar la respuesta en apoyo de su moción, la cual se extenderá del 3 de noviembre de 2017 al 15 de noviembre de 2017.

Dice el memorando que cualquiera de las partes puede presentar la estipulación ante el tribunal como una solicitud conjunta de que la corte suspende la moción para intervenir y anular la orden de ejecución de los 1 mil 200 millones de dólares.
Crystallex se opone

Crystallex International Corporation aspira obtener lo que una sentencia a su favor le permitió —a saber 1 mil 202 millones de dólares (más el interés previo a la adjudicación) —  que el deudor, la República Bolivariana de Venezuela, mantiene con ella.

En julio 2017, Crystallex obtuvo la autorización de la jueza, Valerie E. Caproni, del Distrito Sur de Nueva York, para una orden de ejecución que le permita satisfacer parcialmente el fallo. Esa moción fue dirigida contra activos comerciales perteneciente a la República de Venezuela, específicamente el dinero depositado en una cuenta fiduciaria en el Banco de Nueva York Mellon.

Dicha cuenta bancaria está a nombre del país sudamericano y se encuentra sujeta al control del estado venezolano, por lo cual, los pagos de dicha cuenta solo pueden hacerse con la aprobación de la República, según un acuerdo firmado por entre el gobierno venezolano y el Banco de Nueva York.

Bajo los términos de la cuenta, la República de Venezuela es el único beneficiario de los fondos y existe expresamente una renuncia a la existencia de terceros beneficiarios. Los abogados de Crystallex sostienen, por su parte, que los fondos son única y exclusivamente propiedad del deudor, que en este caso es el Estado venezolano.

Dicen, además, que la cuenta se creó con el propósito comercial de financiar los pagos a un astillero en Mississippi responsable de reparar unas fragatas de la Armada venezolana.
Crystallex sostiene que la cuenta está sujeta a ejecución bajo lo establecido en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés).

La decisión de la jueza Caproni se basó en los hechos expuestos y Crystallex procedió a entregar al  Servicio de Marshals de los Estados Unidos el mandato para que fuera ejecutado.

Según la ley de Nueva York, esta entrega creó un derecho de retención sobre la cuenta en favor de Crystallex y le dio a los Marshals la posesión constructiva de los activos en la cuenta.

El 7 de agosto de 2017, los alguaciles ejecutaron el mandato de ejecución en el Banco de Nueva York, y le dieron a dicha institución bancaria 30 días para entregar los activos que hasta ese momento estaban a nombre de Venezuela. Crystallex comenzó los trámites de facturación el 14 de septiembre de 2017, con el fin de perfeccionar su gravamen en la cuenta y obtener una determinación sobre sus derechos a poseer los activos.

El 13 de octubre de 2017, el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela presentó una moción instantánea para intervenir y desestimar la petición de rotación de los fondos y, a cambio, pidió que se trasladara el procedimiento a un tribunal diferente.

Según los abogados de Crystallex, la moción presentada por el Ministerio de la Defensa ignora el lenguaje del acuerdo que hay sobre la cuenta, malinterpreta la ley de control y basa sus argumentos en una suposición errónea de que el Ministerio y la República de Venezuela son entidades separadas.

Aclara Crystallex que el Ministerio  de la Defensa y la República son uno, tanto en la ley de los Estados Unidos como en la venezolana. Igualmente, los abogados sostienen que es falso que haya un acuerdo sobre la cuenta, que pretende crear un fideicomiso para el beneficio de la República, como una manera proteger los fondos objetos de la ejecución.

Dice Crystallex que dicha cuenta fue creada para hacer pagos a los acreedores comerciales de la República y, en cualquier caso, como una cuestión de política pública de Nueva York (que rige la Cuenta Acuerdo), debe tenerse como un fideicomiso que no puede servir para proteger de sus acreedores los activos del deudor.

En el fondo, la República conserva un interés de propiedad y un derecho a poseer los activos, lo cual la hace sujeto a la rotación de los fondos.

Los abogados sostienen, además, que a sabiendas de que los argumentos presentados por el Ministerio de la Defensa venezolano pueden ser aprobados, propusieron que se traslade el proceso de embargo de bienes por parte de Crystallex, al Distrito Sur de Mississippi.

Dicha solicitud se basa en el hecho de que otro potencial acreedor de la República de Venezuela, Huntington Ingalls Industries, ha hecho valer sus propios reclamos sobre la misma cuenta en relación con una acción que mantiene contra el gobierno venezolano en ese tribunal.

Pero como Crystallex no es parte de esa otra acción, no está sujeto a la jurisdicción personal en Mississippi y, además, la cuenta se encuentra en Nueva York, por lo cual la jurisdicción sobre los activos y las partes en el acuerdo de la cuenta tiene como foro exclusivo para la resolución de la disputa, la ciudad de Manhattan. Agregan que Ingalls conoce bien el proceso de ejecútese sobre la cuenta  bancaria y no tiene objeción a que dicho procedimiento ocurra en Nueva York.

Crystallex asegura también que Ingalls tiene la intención de retirar su reclamo contra la cuenta del Banco de Nueva York y buscar anular la orden judicial preliminar que está actualmente vigente en Mississippi para entonces ingresar una orden para que los fondos de la cuenta sean entregados a la corporación canadiense. Dicen que no hay razones para que la querella se traslade a otro tribunal.
Crystallex quiere que la corte niegue la petición del Ministerio de desestimar y otorgar la petición de ejecución de la cuenta.

El caso

El laudo arbitral fue favorable a la productora de oro canadiense Crystallex que gastó cientos de millones de dólares desarrollando las minas Las Cristinas, una reserva de oro extremadamente valiosa en Venezuela. Venezuela expropió ilegalmente los derechos de Crystallex y sus activos.

En 2011, una vez que se completó la expropiación, Crystallex comenzó un arbitraje contra la República de Venezuela en Washington, D.C. En abril de 2016, Crystallex obtuvo un fallo a su favor de 1 mil 200 millones más intereses previos a la adjudicación de los fondos en la referida cuenta del Bando de Nueva York. A pesar de la orden de ejecución, el gobierno venezolano ha utilizado los fondos objetos de la orden judicial para financiar otras obligaciones, incluyendo el pago a los tenedores de los bonos emitidos para financiar la cuenta, en primer lugar.

Una investigación hecha por Crystallex sobre la cuenta en disputa reveló que, en 2002, Ingalls había comenzado una acción contra el Ministerio de la Defensa y el Banco de Nueva York en el Tribunal del Distrito Sur de Mississippi, cuyo principal objetivo era obligar al Ministerio a arbitrar la disputa subyacente entre las partes de conformidad con el contrato que habían firmado originalmente. Esto a pesar de que una cláusula del acuerdo de la cuenta requiere que todos los litigios relacionados con la misma se inicien en Nueva York o Venezuela. 

La queja de Ingalls en el litigio de Mississippi incluye un reclamo auxiliar contra el Banco de Nueva York, donde se alega que el banco posee los fondos de la cuenta para el beneficio de Ingalls, ya sea porque dicha empresa es un beneficiario previsto en el acuerdo de la cuenta o porque es el beneficiario de una confianza constructiva que debe ser impuesta en la cuenta.

Motivado a que la República retuvo el poder de transferir los fondos en la cuenta de vuelta a sí mismo o fuera de los Estados Unidos, el 8 de noviembre de 2002, poco después del litigio que se inició,  el Tribunal de Mississippi emitió una orden judicial preliminar que restringe al Banco de Nueva York a realizar pagos desde la cuenta a nadie que no sea Ingalls, es decir, quedó  restringida la posibilidad de transferir, o permitir que se transfiera, cualquier fondo de la cuenta fiduciaria a nombre de la República para cualquier otro propósito que no sea pagar a Ingalls de conformidad con el acuerdo de la cuenta basado en las leyes sustantivas internas del estado de Nueva York.

El mandato de ejecución a favor de Crystallex determinó que la cuenta era una propiedad ejecutable perteneciente a, y bajo el control de, la República. En consecuencia, Crystallex aplicó la orden emanada del tribunal del Distrito Sur de Nueva York de conformidad a lo establecido en la ley FSIA.

Los abogados destacan que la corte consideró los argumentos de Crystallex y, el 25 de julio de 2017, le concedió la orden para proceder con la ejecutar los fondos. El Tribunal sostuvo que Crystallex busca la ejecución de juicio contra la propiedad que es (a) la propiedad de Venezuela, (b) ubicada en este distrito, y (c) ser utilizado para la actividad comercial en los Estados Unidos.

Crystallex había obtenido en el Tribunal Distrito Sur de Nueva York otras dos órdenes (el 30 de junio de 2017 y el 5 de julio de 2017) para restringir otros activos pertenecientes a Venezuela.

El 14 de septiembre de 2017, después de más de treinta días desde la fecha en que banco de Nueva York recibió el mandato para la entrega de los activos en la cuenta, Crystallex presentó su petición de la cifra de negocios en este Tribunal para perfeccionar la tasa en la cuenta.

En dicha petición Crystallex solicitó que el Banco de Nueva York le entregara los activos retenidos en la cuenta en forma parcial a satisfacción de su juicio pendiente contra Venezuela.

El 18 de septiembre de 2017, Crystallex envió un aviso de su solicitud al país sudamericano (a través de la sede venezolana del Ministerio) por correo certificado del Servicio Postal de los Estados Unidos. Igualmente, envió un aviso de su petición al abogado de registro del Ministerio en el Mississippi Litigios vía Federal Express.

Casi un mes después de que Crystallex presentó su petición de ejecútese, y más de dos meses después de que la orden fue presentada en el Banco de Nueva York, el 13 de octubre de 2017, el Ministerio presentó una moción instantánea para intervenir en este procedimiento y desestimar la petición, a la vez que solicitó transferir el caso a otra jurisdicción. El día anterior, el 12 de octubre de 2017, el Ministerio presentó una Moción para que la jueza Caproni fuera separada del caso.

Las dos mociones del Ministerio contienen varios argumentos idénticos, dicen los abogados de Crystallex, por lo cual la transnacional se opuso a ambas mociones y pidió al tribunal negarlas.

Dice Crystallex que el deudor tiene el interés de que su dinero o propiedad sea tenido por una tercera parte, a pesar de que el acuerdo establece que la República es la propietaria de los fondos de la cuenta.

En el documento se señala que la república hizo uso de sus derechos como propietaria y en 2007 incrementó los fondos de la cuenta al agregar 315 millones de dólares al monto principal de 9-1/8% para pagar la deuda de los bonos (Global Notes).

Acota que los términos del acuerdo dejan claro que la República de Venezuela, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Defensa son una misma entidad con un mismo interés y el mismo objetivo.

Crystallex presentó la opinión del abogado venezolano y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, José Ignacio Hernández, para dejar claro ante el tribunal que el Ministerio de Defensa y la República Bolivariana de Venezuela son la misma entidad.
En una declaración de fecha 3 de noviembre de 2017, Hernández señaló que de acuerdo a las leyes venezolanas, tanto el Ministerio de la Defensa como el Ministerio de Finanzas, son subdivisiones del Poder Ejecutivo de la República y que ambas son usadas para lograr las metas del gobierno bajo la autoridad del presidente de nación.

Por tanto, en los términos del acuerdo que rigen la cuenta, la república tiene la propiedad sobre la cuenta y es, por tanto, la dueña de los fondos, por lo cual Crystallex puede poseer esos activos. Contrario a lo alegado por el Ministerio de la Defensa, el hecho de que la Cuenta sea nominalmente un fideicomiso, no altera los derechos de Crystallex sobre los fondos. 

Los abogados sostienen que el Banco de Nueva York puede transferir los fondos de la cuenta a Crystallex.

Aclara que con dicha solicitud en ningún momento está pidiendo a la Corte que ordene que la entidad bancaria viole los acuerdos firmados con su cliente, que en este caso es la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo a los abogados demandantes, Crystallex está autorizada por la ley de FSIA para ejecutar la cuenta, porque los activos de la República tienen uso comercial y porque estos no están hipotecados ni con Ingalls, ni con otro acreedor.

Asimismo, argumenta que el Tribunal de Mississippi ordenó que el Banco de Nueva York tiene permitido transferir los fondos de la cuenta fiduciaria de la República de Venezuela para cualquier finalidad distinta a la de pagar a Ingalls, de conformidad con el Acuerdo de cuenta, que los pagos pueden hacerse sin orden adicional de este Tribunal.

El acuerdo deja en claro que la República, no solo conserva un interés de propiedad en la Cuenta activos, sino también mantiene la capacidad de dirigir el uso de los activos, ya que es el único beneficiario.