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martes, 16 de abril de 2019

CITGO sigue siendo el centro de disputa entre Crystallex y la república de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation sigue su curso en un tribunal de los Estados Unidos, donde la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano pelean para evitar que las acciones de la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), sea subastada para pagar las deudas adquiridas por Venezuela a raíz de las expropiaciones hechas por el fallecido expresidente, Hugo Chávez. 
Este lunes, en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de los Estados Unidos en Filadelfia, se escucharon los argumentos legales de los abogados de la minera canadiense que busca cobrar USD 1.400 millones del premio adeudado por Venezuela a raíz del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de 2016.

Los abogados de Crystallex siguen dispuestos a ponerle la mano a CITGO. Aunque el camino ya se había adelantado con la decisión del juez de la Corte de Delaware de agosto de 2018, que acordó que los activos de PDVSA en los Estados Unidos, a saber, CITGO, podrían usarse para satisfacer las deudas de Venezuela con Crystallex. No obstante, a finales de 2018, Venezuela logró un acuerdo con Crystallex, cuyos términos se mantienen en secreto, y para lo cual pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. 

En febrero de 2019, CITGO pasó a manos de la administración de Guaidó, quien nombró una nueva junta directiva que asumió el poder de la filial y hasta logró un nuevo endeudamiento por USD 1.2 mil millones para ayudar a sus operaciones diarias.

En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que el gobierno "interino" de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, pudiese intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela. 

Los representantes de Guaidó están tratando de preservar CITGO que ahora está en su poder, para evitar a toda costa que Crystallex y otros acreedores recorten los activos extranjeros del país por deudas contraídas con el gobierno presidido por Nicolás Maduro y por su antecesor Hugo Chávez. 


Los abogados designados por Guaidó para el caso que se encuentra en la corte de apelaciones de Filadelfia, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no toman en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

Los representantes legales de Guaidó sostienen que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos.

La administración de Donald Trump otorgó a Juan Guaidó el control de CITGO tras su reconocimiento como única autoridad legítima de Venezuela, luego que se desconocieran los resultados de las elecciones del 20 de mayo de 2018, calificadas como fraudulentas donde Nicolás Maduro dijo haber ganado por una amplia mayoría. Guaidó fue reconocido por más de 50 países.

La nueva junta directiva de CITGO presidida por Luisa Palacios asumió el control de la filial en febrero de 2019. 

De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales ha hecho que CITGO sea vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

La deuda del estado venezolano con los dueños de los bonos de PDVSA 2020 tienen como garantía las acciones de CITGO. Los pagos de esos instrumentos se vencen el 27 de abril de 2019. 


lunes, 26 de noviembre de 2018

Crystallex solicitó a la corte suspensión limitada del proceso contra PDVSA que llevaba a la subasta de Citgo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Crystallex International Corporation solicitó al juez Leonard P. Stark una suspensión limitada de los procedimientos contra la República Bolivariana de Venezuela hasta el 10 de enero de 2019, según un documento presentado a la corte este lunes 26 de noviembre. La demanda de la canadiense contra el gobierno venezolano habría llevado a la pérdida de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos que sería subastada según el calendario procesal en los próximos meses.

La carta pide al magistrado la suspensión de otros procedimientos que la empresa canadiense tiene contra Petróleos de Venezuela, SA y PDV Holding, Inc. luego de un acuerdo de consentimiento con la demandada, República Bolivariana de Venezuela y del interventor Petróleos de Venezuela SA , con el fin de dar tiempo a Crystallex y a Venezuela para implementar el acuerdo, en principio, que han alcanzado para resolver sus disputas.

El acuerdo de Crystallex  con Venezuela suspende por un lapso de tiempo que la minera canadiense se quede con el control de Citgo como un mecanismo para cobrar la deuda que por unos USD 1.400 millones como parte de la indemnización acordada por el tribunal internacional  por la expropiación de sus activos por parte del gobierno del fallecido Hugo Chávez.

Según el documento de la corte, el gobierno venezolano habría pagado un monto inicial de 425 millones de dólares, el 23 de noviembre de 2018. Y se comprometió a pagar el resto de la deuda en cuotas hasta principios de 2021. De no pagarse el dinero antes del 10 de enero de 2019, Crystallex podría reanudar las demandas.

La acción actual es un procedimiento de ejecución iniciado en un esfuerzo por cobrar el laudo arbitral que recibió Crystallex de $ 1,2 mil millones (más intereses) contra Venezuela. Ese premio fue confirmado como una sentencia de los Estados Unidos por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia el 25 de marzo de 2017, y esa sentencia se registró en esta Corte de Delaware el 19 de junio de 2017. Poco después, el 14 de agosto de 2017, Crystallex se mudó este Tribunal solicita un acta de fieri facias adjunta para ejecutar contra las acciones de PDV Holding, Inc., una corporación de Delaware cuyas acciones eran propiedad nominal de la filial de Venezuela, PDVSA. En respuesta, PDVSA se movió para intervenir para oponerse a la moción de Crystallex y el 3 de noviembre de 2017 se movió para despedir por falta de jurisdicción sobre el tema. 

 El viernes 23 de noviembre de 2018, el Tercer Circuito mantuvo nuevos procedimientos en esta Acción en espera de una decisión sobre las apelaciones consolidadas de PDVSA. 

Los abogados dicen que la solicitud de suspensión limitada se realiza de conformidad con el Acuerdo Enmendado de las partes, que, busca una suspensión adicional de esta Acción, así como la continuación de las estancias en Crystallex I y Crystallex II. La limitada estadía de esta Acción es de particular importancia dado que se espera que PDVSA procure suspender sus apelaciones luego del anuncio público del Acuerdo Enmendado de Venezuela y Crystallex.

jueves, 11 de octubre de 2018

Corte de Delaware fija audiencia general con todas las partes involucradas en el caso Crystallex vs la República Bolivariana de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortepetit

El juez de la Corte de Delaware, Leonard P. Stark acordó realizar una audiencia única con todas las partes involucradas en el caso de Crystallex  International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela que busca cobrar el fallo a favor de la transnacional canadiense por más de 1.200 millones de dólares (más intereses) derivados de la expropiación de sus activos en las minas Las Cristinas por parte del gobierno de Hugo Chávez.

El juez Stark fijó una audiencia general para el 20 de diciembre de 2018 "para discutir con todas las partes involucradas todas las mociones pendientes en este caso y todas las solicitudes de alivio en cada uno de los relacionados con Venezuela, PDVSA, PDVH y Citgo International Corporation".

El magistrado dijo que todas las partes y otras personas que hayan presentado una moción o solicitud de alivio se reunirán y consultarán y, a más tardar el 30 de noviembre, presentarán un único informe de estado conjunto (que se incluirá en cada una de estas acciones) y que debe contener las propuestas respectivas para ser tratadas en durante la audiencia.

En esta acción legal de Crystallex existen recursos interpuestos por Rosneft Trading SA, CITGO Petroleum Corp. y un grupo de tenedores de bonos emitidos por PDVSA llamados colectivamente en la demanda "Interventores Propuestos" que buscan participar como beneficiarios del fallo de la corte que incluye la venta de las acciones de CITGO al mejor postor por parte de los aguaciles de los Estados Unidos.

Piden negar mociones

La defensa de Cristallex solicitó al juez negar todas las mociones propuestas por Petróleos de Venezuela S.A donde se solicita la suspensión del mandato del tribunal para proceder con la venta de las acciones de CITGO Petroleum Corp., filial de la petrolera estatal venezolana en los Estados Unidos, y cuyos fondos servirían para saldar la deuda que la República Bolivariana tiene con la empresa demandante.

En la petición para que corte niegue las mociones de Petróleos de Venezuela, los abogados de Crystallex señalan que debe ejecutarse de inmediato la orden de concesión que hizo el juez Stark contra las acciones de PDV Holding, Inc entidad dueña de Citgo.

El documento dice que luego de un mes de ser emitida la orden para que los aguaciles de los Estados Unidos procedieran con los trámites para la subasta de las acciones, el 31 de agosto de 2018 "Petróleos de Venezuela, SA metió un recurso para evitar que se procediera a la oferta del capital accionario de conformidad con lo establecido en la ley".

Dicen los abogados de la empresa canadiense que PDVSA no ofreció una fianza y ni garantizó que las acciones de PDV Holding sean suficientes para satisfacer el juicio de Crystallex contra el alter ego de PDVSA, que es la República Bolivariana de Venezuela. 

Aseguran que PDVSA tampoco ofreció ningún medio para garantizar que "PDVSA y Venezuela no saquearán PDV Holding mientras mantengan el control de dicha empresa y de sus subsidiarias, debido a que con el fallo de la corte ya no tienen ningún interés a largo plazo en el éxito financiero de esas compañías". 

Recordaron los litigantes que antes que la corte emitiera su orden autorizando la ventas de las acciones de Citgo, PDVSA realizó transacciones con "intención". . . para obstaculizar las acciones de  los acreedores.

Argumentan que "reconociendo ahora que las acciones de PDV Holding pronto se venderán para satisfacer el reclamo de Crystallex, PDVSA tiene todos los incentivos para saquear a PDVH y sus subsidiarias mientras mantenga su control". 

CITGO es administrado por personas que son nombradas y leales al presidente Nicolás Maduro y que tienen todos los incentivos para despojar a la compañía -y a las acciones de PDVH- de su valor antes de la venta por parte de los aguaciles. 

La corte también recibió tres diferentes recursos que piden al tribunal que les permita intervenir en la acción legal de Crystallex. Rosneft Trading SA, CITGO Petroleum Corp. y un grupo de tenedores de bonos emitidos por PDVSA llamados colectivamente en la demanda Interventores Propuestos buscan participar como beneficiarios del fallo de la corte.

Cada uno de los "Interventores Propuestos" solicita - por separado-  al tribunal una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Aclaran los abogados de Crystallex que ninguno de los Interventores Propuestos han afirmado tener un interés en la propiedad de las acciones de PDV Holding. Por el contrario, cada uno de ellos especula que la venta de PDV Holding podría afectar el valor de otros activos y, en función de esos supuestos intereses, solicitar una suspensión de la apelación pendiente. 

En ese sentido sostienen que el daño especulativo a los activos fuera del alcance de la decisión no justifica ni la intervención ni la suspensión de la ejecución en espera del resultado de la apelación intentada por Venezuela en el tribunal del segundo circuito.

El daño del que se quejan los Interventores Propuestos -la aceleración de otras deudas de PDVSA y sus subsidiarias estadounidenses que Venezuela tienen la obligación de pagar- es el resultado de los riesgos de los derechos contractuales que los  Interventores asumieron voluntariamente cuando fueron propuestos por los demandados. "Por estas razones, las mociones de los Interventores Propuestos también deben ser denegadas" añade el documento.

El caso

1) El 14 de agosto de 2017, Crystallex presentó una acción legal buscando un fallo que diga que PDVSA es un alter ego de Venezuela y, en consecuencia, las acciones de PDVSA de sus filiales son propiedad de Venezuela y por tanto están sujetas a ejecución para satisfacer el juicio de Crystallex contra Venezuela.

2) El 15 de agosto de 2017, PDVSA emitió un comunicado de prensa respondiendo a la moción de Crystallex donde rechaza los reclamos de la empresa canadiense que intentan afectar los intereses de Venezuela en asuntos petroleros.

3) Crystallex solicitó permiso al Tribunal Federal de Delaware para congelar y confiscar las acciones de PDVSA en PDV Holding, una empresa matriz de Citgo en los EE. UU.

4) El 31 d agosto de 2018, ConocoPhillips, un acreedor judicial de PDVSA, presentó una carta al Tribunal pero no se movió para intervenir ni solicitar formalmente ningún otro alivio. 

5) El 22 de agosto de 2017, PDVSA intervino para intervenir en el litigio. 

6) A pesar de numerosos informes de prensa que detallan los esfuerzos de Crystallex e incluso las advertencias directamente por parte de de PDVSA, Rosneft, CITGO y los titulares de los Bonos no hicieron ningún esfuerzo por intervenir en la primera instancia, es decir, en 2017.

7) En el transcurso de casi un año, Crystallex y PDVSA presentaron varias rondas de informes y más de 150 pruebas y declaraciones, y comparecieron para presentar argumentos orales ante este Tribunal en múltiples ocasiones. Después de este extenso litigio, el 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su Resolución final que otorgaba la reparación que Crystallex había solicitado -una determinación de que PDVSA es el alter ego de Venezuela y un escrito que adjunta las acciones de PDVSA en PDV Holding (dueña de Citgo).

8) Mediante esa orden, el Tribunal completó su decisión sobre la solicitud de ejecución de Crystallex. 

9) El 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su orden determinando que PDVSA es el alter ego de Venezuela y accedió a la petición de Crystallex de un documento de embargo contra las acciones de PDVH  empresa propiedad de PDVSA. 

10) Dos semanas después, el 23 de agosto de 2018, el Tribunal emitió una orden para suspender temporalmente la ejecución de la venta de las acciones PDV Holding adjuntas y exigió que cualquier parte o no parte que deseara realizar aportaciones antes de la venta del paquete accionario que ejecutarían los aguaciles debía hacerlo a más tardar el 31 de agosto de 2018. 

11) PDVSA junto con tres no partes -CITGO, Rosneft y titulares de los Bonos- presentaron mociones en respuesta a esa orden del juez. Ninguno de las tres mociones -según los abogados de Crystallex- argumenta una respuesta sustantiva sobre cómo debería procederse con la venta de las acciones, y mucho menos aporta una justificación para seguir cualquier procedimiento que no sea la venta del paquete accionario autorizada por ley.

Lo único que le queda a la Corte es emitir una orden ministerial que indique que la venta de las acciones de PDVH por parte de los aguaciles de los Estados Unidos tendrá lugar en una fecha determinada; la Corte no necesita hacer más determinaciones de fondo, dicen los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que Crystallex resultaría dañada irremediablemente si el Tribunal permite una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 



sábado, 15 de septiembre de 2018

Crystallex acusa a PDVSA de intentar "saquear" a CITGO ante la inminente ventas de sus acciones

Como si se tratara de una piñata, cuando se conoció la orden del juez para subastar las acciones de Citgo como pago a las deudas que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la canadiense Crystallex, Rosneft Trading S.A., Citgo y los titulares de los bonos venezolanos presentaron al tribunal una solicitud para que fueran declarados "interventores propuestos". La defensa de Crystallex dice que la República Bolivariana de Venezuela busca "saquear a PDV Holding y sus filiales y quitarle valor" antes de que se produzca la venta de las acciones de la filial por parte de los aguaciles de los Estados Unidos. He aquí la historia.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
En un documento de 49 paginas entregado este viernes a la corte de Delaware los abogados de la transnacional Cristallex International Corp. pidieron al juez negar las mociones propuestas por Petróleos de Venezuela S.A donde se solicita la suspensión del mandato del tribunal para proceder con la venta de las acciones de CITGO Petroleum Corp., filial de la petrolera estatal venezolana en los Estados Unidos, y cuyos fondos servirían para saldar la deuda que la República Bolivariana tiene con la empresa demandante por concepto de la expropiación de sus activos en las minas las Cristinas por parte del fallecido presidente Hugo Chávez.

En la petición para que corte niegue las mociones de Petróleos de Venezuela, los abogados de Crystallex señalan que debe ejecutarse de inmediato la orden de concesión que hizo el juez Leonard P. Stark contra las acciones de PDV Holding, Inc entidad dueña de Citgo.


El documento dice que luego de un mes de ser emitida la orden para que los aguaciles de los Estados Unidos procedieran con los trámites para la subasta de las acciones, el 31 de agosto de 2018 "Petróleos de Venezuela, SA metió un recurso para evitar que se procediera a la oferta del capital accionario de conformidad con lo establecido en la ley".

Dicen los abogados de la empresa canadiense que PDVSA no ofreció una fianza y ni garantizó que las acciones de PDV Holding sean suficientes para satisfacer el juicio de Crystallex contra el alter ego de PDVSA, que es la República Bolivariana de Venezuela. 

Aseguran que PDVSA tampoco ofreció ningún medio para garantizar que "PDVSA y Venezuela no saquearán PDV Holding mientras mantengan el control de dicha empresa y de sus subsidiarias, debido a que con el fallo de la corte ya no tienen ningún interés a largo plazo en el éxito financiero de esas compañías". 

Recordaron los litigantes que antes que la corte emitiera su orden autorizando la ventas de las acciones de Citgo, PDVSA realizó transacciones con "intención". . . para obstaculizar las acciones de  los acreedores.

Argumentan que "reconociendo ahora que las acciones de PDV Holding pronto se venderán para satisfacer el reclamo de Crystallex, PDVSA tiene todos los incentivos para saquear a PDVH y sus subsidiarias mientras mantenga su control". 


CITGO es administrado por personas que son nombradas y leales al presidente Nicolás Maduro y que tienen todos los incentivos para despojar a la compañía -y a las acciones de PDVH- de su valor antes de la venta por parte de los aguaciles. 

El documento dice que "PDVSA no ofrece en su recurso ninguna razón legítima por la que Crystallex, que ya pasó años esperando que Venezuela satisfaga la sentencia y el laudo arbitral a su favor,   tenga que dar más tiempo a PDVSA y Venezuela para despojar aún más a sus subsidiarias de los EE. UU. del valor que poseen en este momento". 

Piden que la moción de PDVSA sea negada de inmediato por el juez Stark.

Nuevos acreedores tras el botín de CITGO

Esta semana también llegaron a la corte tres diferentes recursos que piden al tribunal que les permita intervenir en la acción legal de Crystallex. Rosneft Trading SA, CITGO Petroleum Corp. y un grupo de tenedores de bonos emitidos por PDVSA llamados colectivamente en la demanda Interventores Propuestos buscan participar como beneficiarios del fallo de la corte.

Cada uno de los "Interventores Propuestos" solicita - por separado-  al tribunal una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Aclaran los abogados de Crystallex que ninguno de los Interventores Propuestos han afirmado tener un interés en la propiedad de las acciones de PDV Holding. Por el contrario, cada uno de ellos especula que la venta de PDV Holding podría afectar el valor de otros activos y, en función de esos supuestos intereses, solicitar una suspensión de la apelación pendiente. 

En ese sentido sostienen que el daño especulativo a los activos fuera del alcance de la decisión no justifica ni la intervención ni la suspensión de la ejecución en espera del resultado de la apelación intentada por Venezuela en el tribunal del segundo circuito.

El daño del que se quejan los Interventores Propuestos -la aceleración de otras deudas de PDVSA y sus subsidiarias estadounidenses que Venezuela tienen la obligación de pagar- es el resultado de los riesgos de los derechos contractuales que los  Interventores asumieron voluntariamente cuando fueron propuestos por los demandados. "Por estas razones, las mociones de los Interventores Propuestos también deben ser denegadas" añade el documento.

Antecedentes de este caso


1) El 14 de agosto de 2017, Crystallex presentó una acción legal buscando un fallo que diga que PDVSA es un alter ego de Venezuela y, en consecuencia, las acciones de PDVSA de sus filiales son propiedad de Venezuela y por tanto están sujetas a ejecución para satisfacer el juicio de Crystallex contra Venezuela.

2) El 15 de agosto de 2017, PDVSA emitió un comunicado de prensa respondiendo a la moción de Crystallex donde rechaza los reclamos de la empresa canadiense que intentan afectar los intereses de Venezuela en asuntos petroleros.

3) Crystallex solicitó permiso al Tribunal Federal de Delaware para congelar y confiscar las acciones de PDVSA en PDV Holding, una empresa matriz de Citgo en los EE. UU.

4) El 31 d agosto de 2018, ConocoPhillips, un acreedor judicial de PDVSA, presentó una carta al Tribunal pero no se movió para intervenir ni solicitar formalmente ningún otro alivio. 

5) El 22 de agosto de 2017, PDVSA intervino para intervenir en el litigio. 

6) A pesar de numerosos informes de prensa que detallan los esfuerzos de Crystallex e incluso las advertencias directamente por parte de de PDVSA, Rosneft, CITGO y los titulares de los Bonos no hicieron ningún esfuerzo por intervenir en la primera instancia, es decir, en 2017.

7) En el transcurso de casi un año, Crystallex y PDVSA presentaron varias rondas de informes y más de 150 pruebas y declaraciones, y comparecieron para presentar argumentos orales ante este Tribunal en múltiples ocasiones. Después de este extenso litigio, el 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su Resolución final que otorgaba la reparación que Crystallex había solicitado -una determinación de que PDVSA es el alter ego de Venezuela y un escrito que adjunta las acciones de PDVSA en PDV Holding (dueña de Citgo).

8) Mediante esa orden, el Tribunal completó su decisión sobre la solicitud de ejecución de Crystallex. 

9) El 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su orden determinando que PDVSA es el alter ego de Venezuela y accedió a la petición de Crystallex de un documento de embargo contra las acciones de PDVH  empresa propiedad de PDVSA. 

10) Dos semanas después, el 23 de agosto de 2018, el Tribunal emitió una orden para suspender temporalmente la ejecución de la venta de las acciones PDV Holding adjuntas y exigió que cualquier parte o no parte que deseara realizar aportaciones antes de la venta del paquete accionario que ejecutarían los aguaciles debía hacerlo a más tardar el 31 de agosto de 2018. 

11) PDVSA junto con tres no partes -CITGO, Rosneft y titulares de los Bonos- presentaron mociones en respuesta a esa orden del juez. Ninguno de las tres mociones -según los abogados de Crystallex- argumenta una respuesta sustantiva sobre cómo debería procederse con la venta de las acciones, y mucho menos aporta una justificación para seguir cualquier procedimiento que no sea la venta del paquete accionario autorizada por ley.

Lo único que le queda a la Corte es emitir una orden ministerial que indique que la venta de las acciones de PDVH por parte de los aguaciles de los Estados Unidos tendrá lugar en una fecha determinada; la Corte no necesita hacer más determinaciones de fondo, dicen los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que Crystallex resultaría dañada irremediablemente si el Tribunal permite una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Además, sostienen que PDVSA y Venezuela tienen un historial de participar en esquemas para obstaculizar y evadir a sus acreedores, incluso mediante el saqueo de los activos de sus subsidiarias en Delaware. Ahora, más que nunca, PDVSA tiene un incentivo para tomar medidas que pueden destruir el valor de las acciones de PDVH. Cualquier acción de ese tipo despojaría a Crystallex del beneficio de la Orden de esta Corte y perjudicaría irreparablemente su capacidad de cobrar la sentencia de $ 1,200 millones (más intereses) que Venezuela le adeuda. 

Asegura que PDVSA y los Interventores Propuestos no muestran ninguna prueba de que sean irreparablemente perjudicados por la ejecución de la venta de las acciones. 



domingo, 2 de septiembre de 2018

Crystallex pide al tribunal de E.E. U.U. ordenar venta de acciones de Citgo "lo más rápido posible y al mejor postor "

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Crystallex International Corp solicitó al juez federal Leonard P. Stark ordenar la venda de las acciones de Citgo "lo más rápido posible y al mejor postor", esto en respuesta a la decisión de la corte de Delaware, fechada el 23 de agosto de 2018, donde se ordena a las partes presentar cualquier aporte adicional sobre la venta accionaria de PDV Holding, Inc. de Petróleos de Venezuela dentro de los siete días previsto para que el servicio de los aguaciles de los EE. UU. ejecuten el dictamen que le permitirá a la empresa canadiense cobrar la deuda que mantiene la República Bolivariana de Venezuela por la expropiación de las minas  de oro Las Cristinas durante el gobierno de Hugo Chávez.

Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en abril de 2016. Analistas han calculado que el interés acumulado podría haber incrementado la deuda total a alrededor de USA 1.600 millones.

El juez Stark emitió la orden que permitiría al fondo de cobertura Tenor Capital Management (actual propietario de Crystallex), subastar las acciones de Citgo. 

Cuando se conoció la decisión, PDVSA dijo que apelaría la decisión ante el tribunal.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el  24 de agosto de 2018.
Crystallex solicitó que el Tribunal ordene la venta de las acciones lo más rápido posible. De hecho, existe una clara orientación legal sobre cómo debe proceder la corte, acota los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones sean vendidas por los Alguaciles "al mejor postor" por orden del tribunal. Explica que, en base a la citada norma, "siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas", con "la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado" en el condado de New Castle, la venta puede continuar. 

Agrega que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. "No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitará mucho más allá de los requisitos legales" dice la carta. 

Señalan que las órdenes de la Corte correspondientes al 9 y el 23 de agosto de 2018.
Crystallex  -dice la comunicación- no tiene dudas de que la venta de las acciones se dará a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emita su orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

El proceso legal está diseñado para asegurar que los posibles compradores tengan conocimiento de la venta por parte de los aguaciles y la oportunidad de los interesados para aparecer y ofertar por las acciones. Los activos vendidos por los aguaciles en una subasta judicial se venden "tal como están, dónde están" y, en última instancia, depende del deudor del fallo divulgar información al mercado antes de la subasta si así lo desea. 


Los abogados señalan que "aunque las entidades de CITGO han expresado su preocupación por la capacidad de Crystallex para obtener el valor máximo de las acciones de PDV Holding en la próxima venta", ninguno de ellos ha presentado información financiera para ayudar dicha transacción. 

Aseguran que evidentemente "Crystallex tiene todo el interés en obtener el valor máximo para PDVH para lo cual está dispuesta a  recabar su opinión, y lista para divulgar toda la información que pueda obtener de PDVSA y sus subsidiarias". 

Crystallex destaca que varios compradores estratégicos que supuestamente obtuvieron información relevante en relación con la comercialización de CITGO en Venezuela, siguen interesados ​​en las acciones de PDVH. "Estos posibles compradores ya están al tanto de la inminente subasta y, presumiblemente, participarán si así lo desean". 

En la comunicación Crystallex sostiene que tiene la intención de hacer una oferta de crédito de juicio sustancial por las acciones en la venta para garantizar que se venden a un precio justo. 

Crystallex le aseguró que el tribunal que las acciones de Citgo se venderán a un "precio justo y adecuado", que es "el precio de hecho" es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley. 

Los abogados dicen que PDVSA solicitó la suspensión de la orden judicial sin pagar una fianza, "en contravención directa de la ley de Delaware, que rige la suspensión de los procedimientos de ejecución".

Aseguran que los argumentos de PDVSA "carecen de fundamento", y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que "intencionalmente" han diseñado para "obstaculizar a los acreedores". 

Señalan que "dada la inminente venta de las acciones de PDVH, Venezuela y PDVSA se sienten incentivadas a saquear PDVH y sus subsidiarias mientras todavía pueden hacerlo. En consecuencia, no hay ninguna razón para que la corte retrase la emisión de la orden de venta, por el contrario, el Tribunal debe emitir la orden de venta lo más rápido posible dado el riesgo significativo de daño que enfrenta Crystallex hasta que la venta tenga lugar".

Finalmente, los representantes legales de la trasnacional canadiense exponen ante el juez que para garantizar que el valor de las acciones de PDVH no disminuya antes de que puedan venderse en una subasta y que "Crystallex reciba el beneficio de la orden emitida por Corte el 9 de agosto de 2018 para cumplir su juicio legal, Crystallex pide que el Tribunal ordene la venta de inmediato y  que la venta se programe lo antes posible".


viernes, 9 de febrero de 2018

Corte de apelación falla en contra de Crystallex en caso de Citgo-Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos denegó la apelación interpuesta por la empresa canadiense Crystallex que buscaba la realización de una nueva audiencia para estudiar su demanda transferencia fraudulenta contra la estatal petrolera venezolana PDVSA.
La compañía minera aspiraba la reconsideración de su caso pero la petición de nueva audiencia no encontró eco en los jueces que participaron en la decisión del referido tribunal ni en todos los demás magistrados de circuito. Según se informó ningún juez que concurrió en la decisión ha pedido una nueva audiencia y la mayoría de los jueces del circuito en el servicio regular no han votado para volver a escuchar la petición por lo que la Corte en pleno deniega la petición.

Establecer que el gobierno de Venezuela y Petróleos de Venezuela, S.A. habían transferido fraudulentamente miles de millones de dólares de activos de Citgo y habían retirado efectivo de los Estados Unidos era la estrategia a la que había recurrido la minera Crystallex en un intento por recuperar parte de su inversión en Venezuela luego de haber sido objeto de expropiación por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Frías.

Crystallex presentó originalmente esta demanda durante el mes de noviembre de 2015 acogiéndose para a ello en lo establecido en la Ley Uniforme de Transferencia Fraudulencial (DUFTA) de Delaware, por lo cual recibió un revés cuando los jueces decidieron 2-1 en la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito (Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey y las Islas Vírgenes) el 3 de enero.

La empresa canadiense, entonces, solicitó la realización de una nueva audiencia en banc ante la totalidad de los jueces —alrededor de 12 magistrados activos y pueden sumarse jueces superiores— cuyo voto es absolutamente necesario para que la petición se aprobada. Hay que apuntar que, por ejemplo, el juez senior, Julio Fuentes, escribió la posición disidente de Crystallex, mientras la jueza principal, Marjorie Rendell, escribió la opinión de la mayoría de los jueces.  Ahora bien, como jueces sénior, ni Rendell ni Fuentes, lograron obtener un voto favorable.

En este tribual solamente fue posible escuchar 18 casos bajo estas condiciones —sala plena— desde 2010 hasta 2015. Es decir, uno de cada mil casos que allí se reciben.

Y si bien el caso Crystallex es interesante para una determinada audiencia, el mismo a los ojos del tribunal, no reviste la importancia para escucharlo en banc y es visto únicamente como un asunto de interpretación de  la ley estatal. Y es que en el Tercer Circuito solamente han logrado llegar al estado en banc los casos que suponen una anulación de un precedente anterior, algo que no ocurre en el caso presentado por la minera canadiense.

La empresa, por otra parte, ha presentado ante el juez principal del Tribunal Federal de EE. UU. en Delaware, Leonard Stark, una argumentación que sostiene que PDVSA es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, a objeto de poder embargar bienes de la petrolera estatal si el país no cancela a la compañía las reparaciones por expropiación dictaminadas por el Ciadi.

El juez Stark ordenó a Crystallex y PDVSA que resuelvan algunos problemas en un término de inmediatez.

La orden reza: “Se ordena que, a más tardar el 6 de febrero de 2018, las partes deberán presentar informes simultáneos que no excedan cinco (5) páginas cada uno, que aborden: (1) el estándar probatorio que Crystallex debe cumplir para demostrar su reclamo de alter ego y superar la presunción de separación de Bancec, y (2) si las acciones de PDVH se utilizan para una actividad comercial y no son de naturaleza meramente comercial. Los resúmenes de cartas responsivas, que no excedan las tres (3) páginas cada una, se archivarán a más tardar el 8 de febrero de 2018. ORDENADO por el juez Leonard P. Stark el 1/31/18. (ntl) (Introducido: 31/01/2018)”.

Es necesario apuntar que la naturaleza y el sesgo de las preguntas no son un buen augurio para Crystallex por lo que los alegatos que presenten los abogados serán determinantes para el desarrollo de este caso.

Finalmente, la decisión no favoreció a Crystallex:

“Este Tribunal ordena que la negociación, ejecución, entrega o cumplimiento del acuerdo de liquidación por parte del solicitante u otras personas no creará ni se considerará que constituya una infracción de ninguna ley aplicable, y el solicitante u otras personas no tendrán ninguna obligación de pagar a cualquier persona como resultado de la negociación, ejecución, entrega o ejecución del acuerdo del arreglo”.



lunes, 8 de enero de 2018

Crystallex sigue sin recibir pagos de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La transnacional canadiense Crystallex no habría recibido los pagos adeudados por Venezuela  que fueron acordados en un cronograma de 3 años establecido por las parte para pagar las obligaciones generadas por la expropiación de los activos de la corporación durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Crystallex y Venezuela hicieron un acuerdo en base a pagos con montos fijados entre las partes. Así, el país sudamericano debía haber cancelado a la minera $25 millones en noviembre de 2017, $15 millones en diciembre de 2017 y en enero de 2018 otros $10 millones. 
Hasta el 4 de enero de 2018 los pagos no habían sido reportados aseguró una fuente ligada al caso.

Siguen a la espera 

De acuerdo a declaraciones públicas del CEO de la transnacional canadiense, CEO Robert Fung no se recibieron los pagos previsto para las primeras fechas fijadas en el acuerdo de solución del conflicto.

La declaración de Fung  fue hecha durante una audiencia en la corte de bancarrota de Toronto el 20 de diciembre de 2017. El ejecutivo dijo en ese entonces que no habían recibido el primer pago pero que les habían avisado que los desembolsos se habían iniciado desde Venezuela y que por lo general se toman 3 ó 4 semanas. El acuerdo tiene 30 días de período de gracia. Los pagos no se concretaron en diciembre de 2017 y en lo que va del mes de enero de 2018.

Desestimada demanda

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó el 3 de enero de 2018 la demanda presentada por la minera canadiense Crystallex contra PDVSA de Venezuela, que buscaba tomar el control de Citgo, como parte de una larga disputa sobre la nacionalización de los activos de la compañía en 2008 por la nación sudamericana.

Contrario a las esperanzas de Crystallex, el tribunal esta vez se puso del lado de los abogados venezolanos, que argumentaron que PDVSA y Citgo son entidades separadas del país, que fue el demandado en la demanda original.


Crystallex International Corp está tratando de recaudar $ 1,2 mil millones más intereses otorgados en 2016 por un tribunal del Banco Mundial contra Venezuela, que el gobierno de ese país se se ha negado a pagar.

La compañía ha argumentado que las operaciones financieras de Citgo en 2015 y 2016, incluidas las emisiones de bonos y los pagos de dividendos, fueron "transferencias fraudulentas" para evitar que Crystallex recaude el premio.

La 3ª Corte de Apelaciones del Circuito de los EE. UU. aceptó la solicitud del demandado para desestimar la demanda porque la acción legal original de Crystallex es contra Venezuela en lugar de Citgo, que es propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La aspiración de la empresa canadiense Crystallex de cobrar el dinero que le adeuda Venezuela desde el momento en que el fallecido presidente, Hugo Chávez, expropiara la mina “Las Cristinas” en el año 2002, al parecer continuara siendo eso: una aspiración, toda vez que la batalla que desde entonces mantiene a través de diversos flancos para lograr el resarcimiento luego de haber sido despojada de sus activos en el país suramericano amenaza con no llegar a una resolución, por lo menos, en el tiempo próximo.


El tribunal dictaminó que a PDV Holding Inc. (Citgo) no le correspondía ser el blanco de la demanda, en virtud de que el laudo de arbitraje que mantiene la empresa es contra Venezuela y no contra una empresa filial de la estatal venezolana.

Crystallex acusó que entre 2015 y 2016 se llevaron a cabo varias operaciones financieras de Citgo que no eran otra cosa que "transferencias fraudulentas" dirigidas a evitar que el Estado venezolano pagara la deuda que mantiene con la empresa. Venezuela se defendió con el argumento de la demanda debía ser desestimada, toda vez que la filial petrolera —Citgo— no es el objeto de la acción legal emprendida por la minera.

De esta forma, la compañía canadiense productora de oro continuará sin cobrar, por ahora, dadas las maniobras emprendidas por el gobierno encabezado por Nicolás Maduro —sumergido en una cruda crisis e insolvente— pese a que un arbitraje internacional determinó que la administración venezolana debía cancelarle a Crystallex una indemnización por el despojo del que fue víctima.

Una de las acciones que Crystallex adelantaba apuntaba a embargar las acciones de PDVSA en PDV Holding Inc, la matriz incorporada de Citgo en Delaware. Pero tal como se ha informado anteriormente, la empresa canadiense ha emprendido su batalla desde varios flancos, siendo este un caso que se inició en noviembre de 2015 —antes, incluso, de ganar el citado arbitraje en el CIADI por 1,5 mil millones de dólares.

Acciones legales para cobrar

Entre las acciones legales del caso Crystallex destaca una presentada por la transnacional canadiense el 19 de junio de 2017 en el Tribunal Federal de EE. UU. en Delaware con miras a apoderarse de Citgo, argumentando que esa corporación pertenece a Venezuela (legalmente PDV Holding) con el objeto de poder resarcirse por el daño de que fue objeto con la expropiación. El 21 de diciembre de 2017, el Juez Principal de la Corte Federal, Leonard Philip Stark escuchó la exposición de reclamo de Crystallex, al haber Venezuela incumplido con el pago de 25 millones de dólares establecido un acuerdo al que las partes habían llegado por iniciativa venezolana. 

La decisión sobre esta petición en particular del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, alcanzada con dos votos en contra y uno a favor, estableció que el deudor de Crystallex es la República de Venezuela y no Citgo ni PDV Holding, de acuerdo a los términos del estatuto de Transferencia fraudulenta.

La jueza Marjorie Osterlund Rendell, de la Corte de Apelaciones, dijo que "a primera vista, este caso parece sumamente complejo, con su enredo de deudores, acreedores, subsidiarias, alter egos y transacciones corporativas internacionales complejas (…) Pero cuando uno atraviesa este pantano, la pregunta en el centro de este caso es bastante simple: ¿puede una transferencia por parte de un no deudor ser considerada una ‘transferencia fraudulenta’ según la Ley de transferencia fraudulenta de Delaware (DUFTA)?".

Y agregó: "Estamos obligados a concluir que una transferencia por parte de un no deudor no puede ser una ‘transferencia fraudulenta’ en virtud del DUFTA", concluyó el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito, pero amonestó el comportamiento de Venezuela al considerar que "si bien no condonamos las acciones del deudor y del cedente, debemos concluir que Crystallex no ha declarado un reclamo bajo el DUFTA".

En conclusión, para el tribunal Crystallex tenía una querella por 1.4 mil millones de dólares contra Venezuela y no contra PDVSA o PDV Holding, lo cuales no pueden tenerse por deudores en el sentido de la ley y, por ello, podían transferir libremente los fondos sin violar el estatuto de ‘transferencia fraudulenta’".

Cabe destacar que Crystallex no es la única que mantiene este tipo de litigio por transferencia fraudulenta con PDVSA, sino que este también el caso de ConocoPhillips, por lo que una decisión de uno o de otro sentaría jurisprudencia para otras decisiones.

Ahora bien, si la nueva estrategia de PDVSA es no pagar por un viraje en torno a lo establecido en el acuerdo, la nueva decisión del Tribunal sólo serviría para imprimirle bríos a Venezuela en su negativa a cancelar sus obligaciones.


Acuerdo violado

En la cruenta batalla legal y por todos los frentes, sostenida entre la empresa canadiense y Venezuela, esta última había propuesto un acuerdo secreto según el cual Crystallex International y el gobierno de Venezuela resolverían la disputa de 1.2 mil millones de dólares generados por la nacionalización de los activos de la empresa en Venezuela.

Tal acuerdo adoptado el 15 de noviembre de 2017 —que debía permanecer sellado— había sido aprobado por el juez de la Corte Superior de Ontario, Toronto, Glenn Hainey. Un pacto al que habrían llegado luego de largos meses de negociaciones que terminaron el 20 de noviembre, cuando el director de Crystallex, Harry Near, hizo acuse de recibo de la versión oficial firmada y sellada del Acuerdo.

En este entonces, el directivo de Crystallex manifestó su beneplácito en vista de que "la cantidad de recuperación” que la empresa obtendría en el acuerdo de conciliación era “extraordinaria en comparación con el monto de la compensación”.

Posteriormente, el monitor designado por el tribunal, Ernst & Young, dio a conocer algunos detalles del acuerdo que establecía que Venezuela debería pagar aproximadamente 440 millones de dólares hasta el final de 2020, límite ordenado por el Tribunal acerca de lo que este podría revelar. "De conformidad con la orden suplementaria, este informe suplementario del supervisor solo proporciona la divulgación de pagos en virtud del Acuerdo de conciliación hasta el final de 2020. Hay cantidades pagaderas al solicitante de conformidad con el Acuerdo de conciliación después de 2020", informó el monitor.

Se decía que el gobierno de Venezuela pagaría a Crystallex una cantidad de la compensación más intereses. Se trataría de un pago inicial seguido de cuotas mensuales, para después pagar unas cuotas anuales hasta cubrir la deuda. Sin embargo, las fechas exactas de los pagos eran parte del secreto. Crystallex, por su parte, debía suspender todas las acciones y procedimientos legales emprendidos para hacer cumplir el Laudo.

El calendario de pagos descrito hasta 2020, refería que Venezuela debía pagar 25 millones de dólares en noviembre pasado y 15 millones en diciembre, mientras que en enero el pago debía ser de 10 millones de dólares.

"Crystallex aún no ha recibido el primer pago según el Acuerdo conciliatorio, pero se le informó que el pago inicial fue iniciado por Venezuela", dijo el gerente general de Crystallex, Robert Fung, a través de un Aviso de moción que se conoció el 19 de diciembre de 2017 en el tribunal de quiebras de Toronto reseñado por Latin American Herald Tribuna. "Las complejidades de la ruta para tales pagos pueden resultar en que los pagos de Venezuela a menudo tarden de 3 a 4 semanas en recibirse desde el inicio, y el Acuerdo de conciliación contiene un período de curación de 30 días para que Venezuela solucione cualquier incumplimiento de los pagos programados. Actualmente espera que reciba todos los fondos de la primera cuota dentro del período de recuperación previsto en el Acuerdo de conciliación".

Allí se indicó que Venezuela comenzaría  a hacer "pagos mensuales iguales” que sumaban 262 millones 500 mil dólares para el período comprendido entre el 28 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020".

De igual forma, Venezuela realizaría "cinco pagos adicionales semestrales que comienzan el 31 de julio de 2018, con el primer pago de aproximadamente $ 28,100,000, y cada pago subsecuente se reducirá en aproximadamente $ 1,200,000". De este modo, Crystallex recibiría unos 441 millones de dólares hasta fines de 2020.

Luego de que Venezuela pagara la última cuota, la empresa canadiense suspendería o  concluiría  todas las acciones y procedimientos legales dirigidas a obtener la compensación. "Si Venezuela incumple cualquiera de sus obligaciones de pago en virtud del Acuerdo de conciliación, Crystallex tendrá derecho a reiniciar todas sus actividades de cumplimiento suspendidas por el acuerdo, así como perseguir e iniciar nuevos esfuerzos de cumplimiento y recaudación", dijo Near.

Venezuela debía cumplir al pie de la letra lo acordado, pues de no hacerlo Crystallex recuperaría sus derechos y podría reiniciar todas las acciones legales suspendidas. Esto parecer ser lo ocurrido, por lo que solamente se esperan las acciones que el consorcio canadiense llevará a cabo.

Piden quitar sellos del acuerdo

Entretanto, el portal digital Latin American Herald Tribune solicitó a la Corte del Distrito de Delaware quitar los sellos del acuerdo suscrito entre Crytallex y Venezuela y hacer públicos los términos del mismo.

El medio de comunicación le pidió al juez Leonard P. Stark, eliminar el secreto en razón de que se trata de un contrato de interés público. Crystallex dijo que esto no es posible pues la confidencialidad es una condición exigida por el gobierno de Venezuela.

Latin American Herald Tribune —medio que ha hecho una cobertura completa de las demandas de Crystallex en los tribunales de los Estados Unidos y Canadá— le manifestó al magistrado su preocupación por el hecho de que en fecha 1° de diciembre, la representación legal de minera canadiense presentó un documento sellado al Tribunal de Distrito Federal de Delaware en el que violaba las reglas locales para el sellado al no contar con la autoridad para emprender dicha acción judicial bajo sello. En tal sentido recordó que la “autoridad para presentar un documento sellado debe ser proporcionada por una orden de protección u otra orden de la Corte” y que "una versión redactada de este documento sellado debe ser archivada electrónicamente en 7 días".

Igualmente, el editor advirtió que luego de entregada la carta el 1° de diciembre debía presentarse una versión redactada como lo reza la ley, lo cual transcurridos once días no había ocurrido. Tampoco se sabe de ninguna orden de la corte u orden de protección que permita la presentación de documentos sellados en este caso.

El portal reclama que el público tiene derecho, tanto bajo el derecho consuetudinario como por la Primera Enmienda de la constitución, de poder observar los procedimientos judiciales y revisar los registros judiciales en casos civiles.

De este modo exigieron que el documento #40 del expediente de Crystallex se abra al público, toda vez que dicho acuerdo no cuenta con una orden de protección u otra orden del tribunal para que el documento se mantenga bajo sello.

Según el portal, el caso de Crystallex tiene consecuencias para el público de los EE. UU., Canadá y Venezuela, así como para accionistas de la bolsa de valores de Estados Unidos, por lo que deben hacerse públicos sus términos.

Por otra parte, alerta que el acuerdo podría contravenir las sanciones que el gobierno estadounidense que prohíben entablar negociaciones comerciales con ciertos funcionarios venezolanos.

Latin American Herald Tribune informó en noviembre de 2017 la noticia del acuerdo a que habían llegado las partes, pero por una solicitud para aplazar una audiencia en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Venezuela reveló que había cumplido con el pago de los 40 millones de dólares de pago inicial establecidos en el acuerdo y que debieron producirse el 30 de noviembre y el 30 de diciembre.

"El hecho de que Crystallex haya estado de acuerdo con el aplazamiento de la audiencia durante al menos seis meses sugiere que deben haber tenido una garantía demostrada de que los pagos iniciales por un total de $40 millones estaban en camino", dijo Russ Dallen editor de Latin American Herald Tribune y agregó que este hecho "posiblemente podría explicar la caída de $44 millones en las reservas de Venezuela que vimos el 26 de diciembre".

Para Venezuela la confidencialidad es un asunto estratégico, dado que aún tiene que abordar varios casos con otros acreedores a quienes adeuda cientos de miles de millones de dólares.

Estrategia legal de Crystallex

Desde que tuvo lugar la expropiación de los activos de Crystallex en Venezuela, la empresa asumió una agresiva política y estrategia legal contra el gobierno venezolano para reclamar sus acreencias.

En fecha 9 de junio de 2017, el Tribunal Federal de Distrito de Washington DC que confirmó y registró el laudo de arbitraje de $ 1.4 mil millones en contra de Venezuela, luego de haber dado tiempo suficiente a Venezuela para apelar, pagar la sentencia o pagar una fianza, dictaminó que Crystallex estaba calificada para iniciar acciones en procura de hacer cumplir su sentencia y apoderarse de los activos de Venezuela.

Después, el 9 de agosto, dicho el Tribunal Federal negó la solicitud de Venezuela para suspender la ejecución de la ley pendiente de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2017, el Tribunal Federal de Washington confirmó y registró la adjudicación de 1 mil 400 millones de dólares en contra de Venezuela. "Debido a que ninguno de los argumentos de Venezuela es suficiente para anular o modificar el laudo de la Convención de Nueva York, la Corte concede la petición de Crystallex para confirmar el laudo y niega la moción de desalojo de Venezuela", concluyó el juez del citado tribunal, Rudolph Contreras, al desestimar las objeciones de Venezuela.

El consorcio Crystallex quiso ampliar sus acciones contra Venezuela y por ello introdujo una demanda colectiva contra Petróleos de Venezuela, S.A., PDV Holding y sus filiales y subsidiarias Glas Americas, LLC y Rosneft Trading S.A., ante la Corte del Distrito de Delaware, donde acusó a la petrolera de realizar un conjunto de transacciones fraudulentas  y movimientos accionarios de Citgo destinados a evitar que se hiciera efectivo el cobro de la deuda de PDVSA con la empresa canadiense.

Crystallex sostuvo que es uno de los acreedores de las empresas estatales venezolanas y advirtió que sus acciones legales proseguirían en los Estados Unidos hasta lograr cobrar las deudas.
Pero, además, Crystallex demandó a PDVSA, PDV Holding y Citgo en la Corte de Delaware por la "transferencia fraudulenta" de miles de millones de dólares de activos de Citgo fuera del territorio de los Estados Unidos. De esta manera, ahora también la rusa Rosneft fue acusada en la demanda en virtud de que una investigación del Latin American Herald Tribune puso al descubierto que Venezuela había hipotecado el 49.9 por ciento de Citgo a Rosneft a cambio de un préstamo de 1,5 mil millones de dólares.

La victoria inicial

En la razón de la negativa de Venezuela de resarcir a Crystallex luego de la expropiación de sus activos en el país suramericano, la empresa presentó el 16 de febrero de 2011 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

El consorcio argumentó para su acción que Venezuela había violado un Tratado suscrito con Canadá para la "Promoción y Protección de Inversiones".

Para abril de 2014, el CIADI sentenció en favor de minera Crystallex y determinó que Venezuela debía pagar 1.202 millones de dólares más intereses, dado el trato injusto e inequitativo de Venezuela y por la expropiación ilegal de la inversión de Crystallex en el proyecto Las Cristinas.

El tribunal determinó que Venezuela había violado los artículos II (2) y VII (1) del Tratado al no otorgar a las inversiones de Crystallex en Venezuela un trato justo y equitativo y al expropiar ilegalmente esas inversiones. El CIADI ordenó a Venezuela pagar 1.386 millones de dólares por daños, calculados sobre la inversión de Crystallex en Las Cristinas de 1.202 millones dólares el 13 de abril de 2008 cuando Venezuela le negó el permiso ambiental.

Se determinó que Venezuela "frustró las expectativas legítimas de Crystallex (...) se involucró en una conducta arbitraria al denegar el permiso y rescindir el [Contrato que había firmado con Crystallex], y cometió varios actos carentes de transparencia y consistencia".

Por todos los flanco

Desde el momento de la expropiación Crystallex tomó la decisión de atacar por todos los flancos a Venezuela.

El objetivo era uno solo: lograr que el país suramericano le resarciera los daños sufridos al ser despojada de sus activos en Las Cristinas. El consorcio canadiense estaba dispuesto a obtener a como diera lugar su inversión en suelo venezolano.

Por ejemplo, en agosto de 2017, Crystallex logró que la Corte del Distrito Sur de Nueva York sentenciara en su favor cuando aprobó el embargo de unos mil 202 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela tiene depositados en la cuenta 304314 en el Banco Nueva York Mellow. Estos fondos los tenía destinados Venezuela para la repotenciación de unos buques del Ministerio de la Defensa por parte de la empresa Northrup Grumman Ship Sys., Inc.

El juez Colleen McMahon ordenó a la oficina de Alguaciles autorizar la ejecución del mandato de la corte y tomar posesión del capital y los bienes muebles de Venezuela y sus órganos o subdivisiones que incluyen a los Ministerios de Defensa y Finanzas.

La decisión preveía que de no hallar suficientes bienes venezolanos que embargar en Nueva York, Crystallex podía procurar otros activos del país deudor que pudieran ser embargables. La aspiración de la minera era apoderarse de los bienes del Estado venezolano utilizados con fines comerciales en los Estados Unidos y en poder del Banco de Nueva York Mellon.

Antes de eso, el 30 de junio, Crystallex había solicitado a la corte su autorización para emitir avisos de restricción dirigidos a activos comerciales venezolanos en posesión de Nomura Bank International PLC y Nomura Securities, Inc. en los Estados Unidos.

Una acción similar la presentó el 5 de julio con la intención de emitir avisos de restricción dirigidos a los  activos comerciales venezolanos en posesión de Haitong International Securities (USA) Inc. y Haitong Securities USA LLC.

Eso sí, para evitar que el gobierno venezolano transfiriera o retirara por otras vías sus fondos y bienes en Nueva York y de los Estados Unidos, la empresa canadiense pidió al tribunal realizar el procedimiento sin participar al deudor previamente a la orden de embargo.

Pero Crystallex no pudo confiscar los fondos venezolanos en el Mellon Corp, dado que estos estaban protegidos. El dinero, depositado en el banco desde 1992 para pagar un contrato de 315 millones de dólares que mantenía con la empresa Ingalls Ship building, es ahora parte del consorcio Ingalls Industries Inc, por concepto de mantenimiento y reparación de fragatas navales.

Ingalls también demandó a Venezuela en un tribunal en Mississippi y en 2002 obtuvo una orden judicial evitar que Banco de Nueva York transfiriera los fondos de vuelta a Venezuela, razón por la cual Crystallex y pidió a un Tribunal de Primera Instancia determinar si había transcurrido un plazo razonable desde el pronunciamiento judicial para que la empresa canadiense ejecutara el fallo y se le permitiera registrar la sentencia en otros distritos judiciales de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia aceptó la moción de Crystallex en su totalidad el 9 de junio de 2017 y por ello registró la sentencia en Nueva York el 15 de junio 2017.

Para el 8 de agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia negó a Venezuela una solicitud contra la sentencia a favor de Crystallex, lo cual facilitaba la ejecución de la orden de confiscar los fondos colocados por Venezuela en el del Banco de Nueva York Mellon y que pertenecían al  Ministerio de Defensa venezolano e Ingalls Shipbuilding, Inc., ahora Huntington Ingalls Industries.

Por su parte, Venezuela alegó que la cuenta bancaria en referencia se encuentra sujeta al control del estado venezolano, por lo que los pagos hechos a través de dicha cuenta solo pueden hacerse con la aprobación de la República, según un acuerdo firmado por entre el gobierno venezolano y el banco. Los estatutos de la cuenta establecen que Venezuela es el único beneficiario de los fondos y existe expresamente una renuncia a la existencia de terceros beneficiarios.

Para el gobierno venezolano, existe una diferenciación entre la República de Venezuela y el Ministerio de la Defensa, algo que Crystallex niega con el alegato de que la República es un todo y como tal debe tenerse. La minera asegura que los fondos son propiedad exclusiva del deudor que, en este caso, es el Estado venezolano y que la cuenta se creó con un propósito comercial.

Visto los acontecimientos, es de prever que aún sea mucho el camino por recorrer en esta contienda de Crystallex y el estado venezolano.