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miércoles, 16 de octubre de 2019

El incierto destino de CITGO: El Caso (I)

Pugnas en tribunales, controversias entre el chavismo y la oposición, así como el deseo de los acreedores de Venezuela por cobrar sus deudas, han convertido a la filial de PDVSA en Estados Unidos en el centro de la disputa por hacerse de su control sin que, hasta la fecha, se vislumbre un panorama claro acerca de cuál será finalmente el destino del activo más valioso de la nación suramericana en el extranjero.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
La incertidumbre se incrementa en torno al futuro de CITGO Petroleum Corporation, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, sobre la cual giran un gran cúmulo de intereses lo cuales, todos, apuntan a hacerse o conservar el activo más valioso de la república de Venezuela en el extranjero. El centro de la controversia se debate en cortes federales de los EE.UU. donde decisiones, recursos y apelaciones, surgen día con día desdibujando por completo el destino de la empresa.

Dos gobiernos de un mismo país y un gran número de acreedores, pelean en todas las instancias posibles para conservar o conseguir el control de CITGO. A su alrededor, el panorama no cambia, pues hechos, acciones y diversos pronunciamientos emitidos por todos los sectores en pugna y otros interesados, enrarecen aún más la situación de la compañía.

Así tenemos que un mes después de haber asumido como presidente interino de la república en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tomó una de sus primeras decisiones de gobierno al designar una nueva junta directiva de CITGO la cual está integrada por Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser. “Con esta decisión no solo estamos protegiendo nuestros activos, también evitamos que continúe la destrucción y que perdamos la empresa”[1], aseguró el mandatario encargado.

Tal acción contó con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos que le otorgó a Guaidó y a su equipo, el control de CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A. El Departamento del Tesoro extendió la licencia que permite a la compañía venezolana mantener operaciones en el mercado, aun cuando sostiene una serie de sanciones en contra de la PDVSA en manos de Nicolás Maduro. “Esta extensión autorizará por más tiempo las actuales operaciones de CITGO al tiempo que prohibirá que cualquier beneficio regrese al régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro”, aseguró un portavoz de la instancia de gobierno estadounidense[2].
Luisa Palacios, Presidenta,Andrés Eloy Padilla, Ángel Olmetta, Rick Esser, Edgar Rincón y Luis Urdaneta, quienes tomaron posesión de sus cargos el 22 de Febrero de 2019.
Entretanto, la administración de Nicolás Maduro, considerada fraudulenta por la oposición venezolana y decenas de países en el mundo, acusa una y otra vez al gobierno de los Estados Unidos y a Guaidó —a quien califica de títere del primero— de pretender “robarse” a CITGO en desmedro de los intereses nacionales.

La causa de las demandas de Crystallex

Crystallex International Corp. suscribió el 17 de septiembre de 2002 un acuerdo de operación minera con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), para participar en la extracción y exploración de oro en Las Cristinas, una de las mayores reservas de oro no minadas del mundo, constituyéndose este proyecto en uno de los principales activos de la compañía canadiense.

El 3 de febrero de 2011, la CVG rescindió de manera unilateral el proyecto de Las Cristinas con la Crystallex, habiendo esta última —según sus alegatos ante la corte— realizado una importante inversión. La expropiación de la mina se materializó en abril de 2011. Posteriormente, en agosto del mismo año, Hugo Chávez nacionalizó la producción de oro dentro de las fronteras del país.

Venezuela anunció que PDVSA mantendría los intereses de Crystallex en Las Cristinas a través de una filial. PDVSA luego vendió el 40 por ciento de su participación en Las Cristinas al Banco Central de Venezuela a cambio de aproximadamente USD 6.9 mil millones.

Las demandas y acusaciones de Crystallex

A raíz de la expropiación de que fue objeto en el proyecto Las Cristinas que desarrollaba en Venezuela, Crystallex International Corp. acudió a las instancias judiciales, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) —un órgano del Banco Mundial— el primer ente ante el cual formuló el reclamo. Esto ocurrió el 16 de febrero de 2011

El CIADI determinó el 4 de abril de 2016 que la empresa minera canadiense debía ser compensada con USD 1.200 millones más intereses para subsanar el arrebatamiento de que fue objeto. El monto sumó unos USD 1.400 millones, aproximadamente. El laudo fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario en julio de 2016, y se emitió una sentencia canadiense de USD 1.202 millones más intereses y costos.

En el Tribunal de Distrito de Delaware, Crystallex International Corp. interpuso una demanda contra PDV Holding Inc. (PDVH), Petróleos de Venezuela S.A., Rosnet Trading S.A. y Glas Americas LLC, cuyo caso está identificado con el número 16-1007-LPS.


La minera canadiense acusa a PDVH y a PDVSA, así como a quienes en la demanda define como sus afiliados y subsidiarias, de maniobrar durante años para evadir a sus acreedores y acreedores de Venezuela por cualquier medio a su alcance.

Aparte de la confirmación de la sentencia del CIADI por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, también Crystallex ha buscado reafirmar el laudo en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia (2016-cv-00661-RC).

Crystallex igualmente acusó que Venezuela, para evitar el pago de la acreencia que mantiene con ella y con otros acreedores, intentó a través de PDV y sus subsidiarias, vender su activo con sede en los EE. UU., a saber, CITGO Petroleum Corporation, mediante una trama que buscaba mudar el valor de esa compañía fuera de los Estados Unidos y del alcance de los acreedores.

Cuando esta estrategia falló, los demandados urdieron la monetización del interés de PDVSA en CITGO a través de una compleja serie de ofertas de bonos y pagos de dividendos con la intención de evadir a los acreedores, una operación calificada en la demanda de Crystallex como “transferencia fraudulenta 2015". La operación consistió en el pago de un dividendo declarado de USD 2.8 mil millones de PDVH a PDVSA, y como resultado de esa transacción, Crystallex reclama tal “transferencia fraudulenta” contra los demandados de PDV en la Corte del Delaware a través del caso identificado con el número 15-1082-LPS. El tribunal negó una moción de PDVH que buscaba desestimar el reclamo de transferencia fraudulenta de Crystallex.

Además, Crystallex sostiene que los demandados, al percatarse de las decisiones judiciales que se avecinaban, duplicaron sus esfuerzos para obstaculizar y retrasar que los acreedores pudieran cobrar el dinero que se les debe. De este modo, a menos de un mes después de que el tribunal emitiera su decisión negando la moción de PDVH, acordó otorgar a los acreedores de PDVSA un derecho de retención contra el 50.1 por ciento de las acciones de PDVH en su activo más importante, CITGO Holding, en apoyo de más de USD 3 mil millones en nueva deuda emitida por PDVSA.

Refirió Crystallex ante el tribunal que alrededor del 24 de octubre de 2016, PDVH ejecutó la “Transferencia fraudulenta de canje de bonos” consistente en un canje de deuda por el intercambio de USD 2.8 mil millones en bonos con vencimiento en 2017 por USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020. PDVH otorgó a PDVSA la nueva garantía para los tenedores de bonos 2020 en forma de un gravamen del 50,1 por ciento sobre sus acciones en CITGO Holding.

La demanda contra Glas Americas, Crystallex la justificó en el hecho de que esta era el agente colateral y la parte asegurada del gravamen del 50.1 por ciento, estimando que esta empresa es un cesionario de la transferencia fraudulenta de PDVH.

Refiere igualmente Crystallex que el 30 de noviembre de 2016, PDVH comprometió 49.1 por ciento de las acciones de CITGO como garantía de un acuerdo suscrito entre Rosneft, PDVSA y PDVSA Petróleo S.A. Informes de prensa indicaron que PDVSA recibió unos USD 1.5 mil millones en préstamos de Rosneft a cambio del derecho de retención sobre las acciones de PDVH.

A juicio de Crystallex todas estas acciones constituyen un fraude dirigido a obstaculizar y retrasar que la minera canadiense logre recolectar el fallo del Laudo de Arbitraje.

En razón de que el tribunal negó la moción de PDVH de desestimar el reclamo de transferencia fraudulenta de Crystallex, los demandados PDV pasaron —de acuerdo a la versión narrada por Crystallex ante la Corte— a ejecutar una segunda transferencia fraudulenta, ahora gravando un poco más de la mitad del activo principal de PDVH para esquivar a Crystallex y otros acreedores.

Poco después, PDVSA anunció que ofrecería realizar un canje de bonos, utilizando los activos de PDVH como garantía consistente en la emisión de nuevos bonos por más de USD 7 mil millones con vencimiento en 2020, respaldados con el 50.1 por ciento de las acciones de PDVH, es decir, su capital social en CITGO Holding.

En noviembre de 2016, luego de que el tribunal rechazara la moción de PDVH, esta gravó aún más a CITGO Holding, al otorgarle a Rosneft un derecho de retención sobre el 49.9 por ciento restante de sus acciones en CITGO Holding.

La compleja trama

Un asunto complicado, pues en los tribunales no solamente se ven las caras Crystallex y el gobierno de Nicolás Maduro, sino que ahora también interviene la administración de Juan Guaidó a quien el gobierno de Donald Trump apoya. De hecho, la representación legal de este último intervino ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Filadelfia donde PDVSA interpuso un recurso para que se reconsiderara un fallo emitido por un juez en Delaware que otorgó a Crystallex el derecho de anexarse activos de PDV Holding como un mecanismo de resarcir la deuda que con ella mantiene Venezuela. Los abogados que representan a Guaidó advirtieron acerca del peligro que corría la política exterior de Trump al afectar las acciones del presidente del Poder Legislativo venezolano “para completar la transición de la república [de Venezuela] a la democracia”[3].

Para los abogados de Crystallex esto es un asunto que no está en debate, sino los intereses afectados de su cliente despojado de la minas de Las Cristinas por Hugo Chávez. “Quien controla Venezuela hoy y lo que quieran o no quieran hacer en el futuro es irrelevante respecto si a Crystallex le corresponde recaudar su laudo”.

Para la representación legal de Crystallex, tanto PDVSA como el gobierno interino de Guaidó mantienen una posición similar que afecta los intereses de la minera despojada de la Las Cristinas por Hugo Chávez[4].

Crystallex ha batallado para evitar que Guaidó intervenga en el litigio, como también busca excluir a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que durante este mes de octubre reclamaran sus intereses por el orden de USD 913 millones. De no honrar este compromiso, los tenedores de los bonos podrían reclamar su participación del 50.1 por ciento de la empresa.

La administración de Guaidó pidió a la Corte de Apelaciones revocar el fallo que concedió a Crystallex hacerse de los activos de CITGO en los Estados Unidos.

Entretanto, Nicolás Maduro acusa a Guaidó de pretender robarse CITGO, pero sus argumentos no convencieron a los magistrados y la Corte de Apelaciones decidió el 20 de marzo de 2019 que el presidente de la AN y encargado de del gobierno venezolano, podía intervenir en el litigio a través de sus representantes legales[5]. Esto abrió el camino para que solicitaran la suspensión de la subasta por la que Crystallex cobraría sus acreencias por casi USD 1.400 millones. Los representantes legales de Guaidó argumentaron en abril que “los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no toman en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano” y, subrayaron que “la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos”[6].

Más de 150 mil millones de dólares en deudas contraídas por Venezuela hacen que sobre CITGO se posen muchos ojos en procura de ver satisfechas estas acreencias. Uno de los que reclaman pagos es Tenor Capital Management, un fondo de inversión estadounidense que aspira ponerse en USD 800 millones de CITGO, dado que desde 2012 invirtió USD 76 millones en Crystallex International Corp para financiar la demanda contra Venezuela[7]. La inversión de Tenor durante los años citados habría experimentado un crecimiento que la ubicaría en 2021 sobre los USD 2.000 millones. Crystallex prometió a Tenor Capital Management un 70 por ciento de los pagos que obtuviera por parte de Venezuela[8].

Avanza la pérdida de CITGO

Un tribunal de Estados Unidos dijo que Crystallex podía avanzar en la incautación de activos de CITGO para resarcir parte de la indemnización decretada por el CIADI. En 2018, un juez de un tribunal de distrito de Delaware en EE. UU. revocó un fallo anterior y permitió a la empresa canadiense confiscar acciones de la filial de PDVSA. Esta decisión fue confirmada por un juez de apelaciones de Estados Unidos en agosto.

Recientemente, el Tercer Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. levantó la orden de una corte de primera instancia que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO solicitadas por PDVSA[9]. Hay que acotar que la mayoría de las acciones de filial de PDVSA en Estados Unidos están comprometidas, bien como garantía de los bonos 2020 de PDVSA, y el resto como prenda (49.1 por ciento) con la estatal petrolera rusa Rosneft por préstamos multimillonarios[10].

El misterioso acuerdo entre Crystallex y el gobierno de Maduro

Es necesario referirse a un misterioso acuerdo al que llegaron el gobierno de Nicolás Maduro y Crystallex el 10 de septiembre de 2018 para privilegiar la deuda con dicha empresa por encima de los demás acreedores. El problema es que dicha negociación no contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional, requisito indispensable para su validez de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela[11].

Reinaldo Muñoz Pedraza, procurador de la república designado írritamente por Maduro sin el aval parlamentario, firmó el acuerdo cuyo texto sufrió alteraciones que afectaron los intereses de Venezuela. La firma de septiembre alteró lo previamente pautado en 2017, lo que permitió a Crystallex obtener un pago de USD 425 millones, el primero hasta completar el pago de la deuda. De no haber cumplimiento por parte de Venezuela, Crystallex podía reiniciar sus acciones legales.

Se desconoce todo lo relativo a los pagos hechos por Venezuela a Crystallex, pero el acuerdo suscrito para evitar la confiscación de CITGO presuntamente contemplaba accionar contra PDV Holding Inc., alter-ego de PDVSA.

El acuerdo preveía, aparte del pago por USD 425.000.000, 34 cuotas hasta saldar los restantes USD 814.632.217 de la deuda. Las cuotas se comenzarían a pagar a partir del 1° de febrero de 2019 y concluirían el 28 de enero del 2021.

Luisa Palacios, la presidenta de la junta directiva de Citgo designada por Juan Guaidó manifestó en reciente fecha que la oposición venezolana requería de “más apoyo” por parte de la administración de Donald Trump de modo de evitar que la filial sea tomada por los acreedores.

Tesis del "Alter ego"

Crystallex fue incapaz de identificar los activos comerciales venezolanos en los Estados Unidos de que pudiera apoderarse legalmente, entonces la minera canadiense fue tras los activos estadounidenses de PDVSA. Específicamente, buscó adjuntar las acciones de PDVSA en Petróleos de Venezuela Holding, Inc. (PDVH), su subsidiaria estadounidense de propiedad absoluta. PDVH es la sociedad de cartera de CITGO Holding, Inc., que a su vez posee CITGO Petroleum Corp., una corporación de Delaware con sede en Texas.

El tribunal determinó que Crystallex puede cobrarse su deuda con CITGO, una decisión que crea un precedente judicial que vuelve a Venezuela vulnerable frente al cobro por parte de otros acreedores al no existir una separación entre lo que es Venezuela, CITGO y PDVSA.

Y es que en agosto de 2018 el Tribunal del Distrito de Delaware dictaminó que PDVSA actuó como un “alter ego” del gobierno venezolano y al ser CITGO una filial de la estatal petrolera, sus activos puede ser tomados para cumplir con las deudas.

La corte basó su decisión en la Ley de Inmunidades Soberanas de 1976, que fue el soporte para que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el caso First National City Bank versus Banco Para El Comercio Exterior de Cuba (Bancec), determinara que un acreedor judicial de un soberano extranjero puede mirar a la instrumentalidad del soberano para satisfacción cuando está "tan ampliamente controlado por su propietario que se crea una relación de principal y agente".

El Juez del Tribunal de Distrito de Delaware, Leonard Stark, tras la interpretación de Bancec, concluyó que el control de Venezuela sobre PDVSA era suficiente para permitir que Crystallex adjunte las acciones de PDVSA (PDVH) en satisfacción de su juicio contra el país.

PDVSA y Venezuela, junto con los tenedores de bonos considerados como amici desafiaron esta decisión, aunque sin impugnar la conclusión del Tribunal de Distrito que dice que PDVSA es controlada por el estado venezolano.

En esta parte del proceso, PDVSA sostuvo principalmente que su papel tangencial en la disputa impide la ejecución contra sus activos bajo Bancec, independientemente del control que Venezuela ejerza sobre la empresa petrolera como tal.

Después de varias rondas de sesiones informativas y audiencias, el juez Leonard Stark concluyó que PDVSA era el "alter ego" de Venezuela bajo Bancec citando numerosos hechos relevantes para esa determinación, entre los cuales destacó que la relación entre PDVSA y Venezuela se ha endurecido significativamente desde 2002, cuando el entonces presidente Hugo Chávez despidió aproximadamente al 40 por ciento de la fuerza laboral de la petrolera. Desde entonces —destacó la corte— los presidentes de PDVSA, generalmente, han sido miembros de alto rango del gabinete del presidente, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas.

En pocas palabras, el magistrado encontró que PDVSA constituye una misma entidad con la República Bolivariana de Venezuela, un dictamen que abrió las puertas para que Crystallex International Corp. pueda ejecutar las acciones de PDV Holding Inc., propietaria de las acciones de CITGO Holding Inc.

Venezuela ha aprobado varias leyes que requieren a PDVSA para financiar iniciativas gubernamentales y discrecionales fondos del gobierno que controla la producción, ventas y precios del petróleo venezolano. También requiere que PDVSA suministre petróleo a Venezuela y sus aliados estratégicos a precios inferiores a los del mercado. Todo ello habría contribuido a que el juez Stark tomara su decisión[12].

A pesar de la medida, esto no significaría que se le haya otorgado de forma directa el control de CITGO a Crystallex. Será necesario que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de las Estados Unidos otorgue el permiso a la minera canadiense para esta acción, esto en razón de las sanciones dispuestas por el gobierno estadounidense contra el gobierno venezolano.

Ahora bien, Crystallex va contra CITGO, propiedad de PDVSA, aun cuando la deuda es de la República de Venezuela que es dueña de PDVSA en su totalidad y a pesar del principio de que se trata de entidades legales diferentes y separadas por el “velo corporativo” que establece que las responsabilidades de una entidad no son transferibles a otra, en virtud del argumento jurídico esgrimido por la minera canadiense de que PDVSA es un alter ego de Venezuela.

Según Crystallex International Corp., Venezuela ejerce el control de las operaciones diarias de PDVSA y se les puede considerar como una misma entidad.

Para comprobar su tesis, Crystallex sostiene que Venezuela hace uso de la propiedad física de PDVSA, especialmente con fines políticos, de la misma manera que lo haría como si fuera dela república.

Igualmente hace mención a que la república de Venezuela priva a PDVSA de su independencia al ejercer el control político sobre esta última del mismo modo que lo hace con el resto de las agencias gubernamentales, designando su junta directiva en la cual participan miembros del gabinete ejecutivo, entre ellos el Ministro de Petróleo.

El gobierno venezolano controla los negocios de PDVSA cuando dictamina a quién le vende petróleo, así mismo estipulando el precio de la venta del crudo. También establece los precios del combustible.

El gobierno fija los lineamientos para que PDVSA actúe en representación de la república, por ejemplo, pagando con petróleo deudas con países como China y Rusia.

Incluso, PDVSA asumió el pago de las tarifas de Venezuela en los tribunales del CIADI cuando ocurrió el arbitraje entre la república y Crystallex.

En tal sentido —de acuerdo a la tesis de Crystallex— si PDVSA es alter ego de Venezuela, puede entonces ser es imputable por las responsabilidades de Venezuela.

Adicionalmente, Crystallex aduce para que Venezuela pierda la inmunidad que posee por aplicación de la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA), que indica que los estados soberanos y sus propiedades en Estados Unidos son inmunes a la jurisdicción de las cortes estadounidenses, solamente en determinados casos. Una de las excepciones se da cuando el Estado se involucra en acciones para el cumplimiento de laudos de arbitraje. Se estipula que la propiedad de un Estado será embargable para cumplir con un arbitraje, cuando sea de uso comercial en EE. UU.

Así lo argumentó Crystallex ante los tribunales, cuando aseguró que las acciones que PDVSA tiene sobre PDVH son un activo de uso comercial, dado que son empleadas para ejercer derechos de accionista en la designación de su junta directiva y en la aprobación de contratos[13].

Así las cosas, sólo resta esperar la decisión judicial así como las acciones y recursos que las partes en litigio y de más interesados interpondrán para poder determinar con certeza el destino de CITGO Petroleum Corp.

Citas

[1] El Nuevo Herald. “Guaidó aprieta las tuercas a Maduro con filial petrolera en EEUU”. 13 de febrero de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article226224465.html

[2] PanamPost. “EEUU otorga licencia a Citgo para seguir operando pero en manos de Guaidó”. 15 de marzo de 2019. https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/03/15/eeuu-otorga-licencia-a-citgo-para-seguir-operando-pero-en-manos-de-guaido/?cn-reloaded=1

[3] La Voz de América. “EE.UU.: Corte duda considerar situación en Venezuela en caso PDVSA”. 16 de abril de 2019. https://www.voanoticias.com/a/corte-eeuu-duda-considerar-disputa-poder-venezuela-caso-citgo/4877559.html

[4] Banca y Negocios. “Crystallex quiere excluir argumentos de abogados de Guaidó en caso contra Citgo”. 19 de marzo de 2019. http://www.bancaynegocios.com/crystallex-quiere-excluir-argumentos-de-abogados-de-guaido-en-caso-contra-citgo/

[5] Reuters. “La corte de los Estados Unidos permite que el venezolano Guaido discuta en el caso Crystallex”. 21 de marzo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-crystallex/u-s-court-allows-venezuelas-guaido-to-argue-in-crystallex-case-idUSKCN1R22C4

[6] Venezuela Política. “CITGO sigue siendo el centro de disputa entre Crystallex y la república de Venezuela”. 16 de abril de 2019. http://maibortpetit.blogspot.com/2019/04/citgo-sigue-siendo-el-centro-de-disputa.html

[7] Reuters. “A FONDO-¿Quiere demandar a Venezuela? Varias firmas pueden ayudar... por un precio”. 21 de diciembre de 2018. https://lta.reuters.com/articulo/idLTAL1N1YQ0DA

[8] Venezuela Política. “Las estrategias y acciones de Crystallex para apropiarse de CITGO”. 19 de abril de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/04/las-estrategias-y-acciones-de.html

[9] Venezuela Política. “Decisión de un tribunal de Apelaciones de EE. UU. permite que Crystallex avance en su intención de subastar las acciones de CITGO”. 30 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/decision-de-un-tribunal-de-apelaciones.html

[10] Venezuela Política. “Alarmas en el Congreso de EEUU ante posibilidad que Rusia tome el control de Citgo”. 3 de mayo de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/05/alarmas-en-el-congreso-de-eeuu-ante.html

[11] Venezuela Política. “Crystallex llega a acuerdo con el gobierno de Venezuela sobre la deuda de $ 1.2 mil millones de dólares”. 24 de noviembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/11/crystallex-llega-acuerdo-con-el.html

[12] Reuters. “Canadiense Crystallex demuestra que gobierno de Venezuela y petrolera PDVSA no son entidades separadas: documento judicial”. 3 de agosto de 2018. https://lta.reuters.com/articulo/petroleo-venezuela-crystallex-idLTAKBN1KV24O-OUSLT

[13] Prodavinci. “¿Qué está pasando con CITGO?”. 13 de agosto de 2018. https://prodavinci.com/que-esta-pasando-con-citgo/

viernes, 19 de abril de 2019

Las estrategias y acciones de Crystallex para apropiarse de CITGO

A raíz de que fuera expropiada de sus bienes en Venezuela por el fallecido expresidente Hugo Chávez, la empresa minera canadiense Crystallex emprendió una batalla para cobrar el premio que le concediera el CIADI por las pérdidas sufridas. Desde entonces, una serie de eventos han tenido lugar, entre ellos la aparición en escena de Juan Guaidó, quien lucha por evitar que el país sea despojado su activo más valioso en el extranjero: CITGO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
El futuro del principal activo de Venezuela en el exterior, a saber, CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A., se debate en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de los Estados Unidos en Filadelfia, donde los jueces Anthony Scirca, Joseph Greenway y Thomas Ambro, titulares del caso, deliberan acerca de la pertinencia o no de tomar en cuenta la grave crisis que atraviesa el país suramericano, a la hora de decidir sobre el reclamo que mantiene Crystallex International Corp. sobre los bienes de la empresa en territorio estadounidense como forma de pago de la acreencia de la nación derivada de la expropiación que sufriera a manos del gobierno del finado expresidente, Hugo Chávez.

Y es que mientras los ejecutivos de Crystallex reclaman que los bienes de CITGO sean subastados para cobrar el premio de USD 1.400 millones que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó en 2016 que Venezuela debía cancelar a la transnacional como mecanismo de compensación por el arrebatamiento de sus bienes por parte de la administración chavista, ahora en manos de Nicolás Maduro, un nuevo actor ha entrado en escena con la intención de detener que la refinería pasé a manos de la transnacional: Juan Guaidó, el presidente encargado de la Venezuela, quien el 23 de enero de 2019 asumió la primera magistratura ante un cabildo abierto y fue reconocido como tal por la administración de Donald Trump y más de cincuenta países en el mundo.

Entre las primeras decisiones de gobierno, Guaidó designó el 13 de febrero una nueva junta directiva de CITGO integrada por Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser. “Con esta decisión no solo estamos protegiendo nuestros activos, también evitamos que continúe la destrucción y que perdamos la empresa”, manifestó el líder opositor[1].

Esta designación contó con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos que les otorgó a Juan Guaidó y a su equipo el control de CITGO en territorio norteamericano. El Departamento del Tesoro extendió la licencia que permite a CITGO Petroleum Corp. mantener operaciones en el mercado, aun cuando sostiene una serie de sanciones en contra de la PDVSA en manos de Maduro. “Esta extensión autorizará por más tiempo las actuales operaciones de CITGO al tiempo que prohibirá que cualquier beneficio regrese al régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro”, dijo un portavoz del Tesoro en condición de anonimato[2].

Tal situación ha puesto ante una decisión difícil a los jueces, quienes ahora deben evaluar no solo los considerandos de Crystallex y los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, sino también la posición de quienes aspiran restablecer la democracia en Venezuela y de la administración de Trump que los apoya. Y es precisamente esto último el principal argumento esgrimido por Guaidó y sus abogados, quienes advierten a la Corte de Apelaciones del tercer circuito de Filadelfia ante la cual PDVSA acudió para que se reconsidere el fallo de un juez en Delaware que concedió a Crystallex anexarse activos de PDV Holding para resarcir la deuda que con ella mantiene Venezuela, que advirtió que la política exterior de Trump estaría en peligro al impedir la habilidad de Guaidó para completar la transición de la república [de Venezuela] a la democracia, dicen los documentos legales[3].

Pero ante tal posición el juez Anthony Scirca advirtió durante la audiencia que “Podríamos estar en la misma situación que tenemos ahora dentro de un año”, una posición en línea con los argumentos de Crystallex, cuyo abogado, Miguel Estrada, refirió en un escrito que “Quien controla Venezuela hoy y lo que quieran o no quieran hacer en el futuro es irrelevante respecto si a Crystallex le corresponder recaudar su laudo”.

Para la representación legal de Crystallex, tanto PDVSA como el gobierno interino de Guaidó mantienen una posición similar que afecta los intereses de la minera despojada de la Las Cristinas por Hugo Chávez.

Crystallex batalla por excluir a Guaidó

Para la canadiense Crystallex es fundamental evitar que Juan Guaidó y su representación legal como presidente encargado de Venezuela se incorporen al litigio y, en tal sentido, ha enfilado sus baterías.

También quiere sacar del juego a los tenedores de los bonos PDVSA 2020, quienes procuran evitar la subasta de la petrolera para así no ver afectados sus intereses de cobro al vencimiento de los papeles.

Para unos la subasta significaría la destrucción del valor de los activos de CITGO y para otros la posibilidad de no recibir pago por su inversión[4].

La representación judicial de la administración de Juan Guaidó solicitó a la Corte de Apelaciones revocar el fallo que concedió a Crystallex hacerse de los activos de CITGO en los Estados Unidos.

Guaidó lucha por preservar los bienes venezolanos y quieren que el tribunal considere la situación política de Venezuela. “Tal subasta no sólo sería impropia. Sería peligrosa, socavaría la política exterior de los Estados Unidos al obstaculizar la capacidad del presidente interino Guaidó para completar la transición de la república a una democracia”, dijeron los abogados del bufete Arnold & Porter en un documento presentado en la corte el 3 de abril a la corte[5].

Para Juan Guaidó resulta fundamental evitar la venta de los bienes de la filial petrolera en Estados Unidos sobre los cuales el gobierno de Donald Trump le ha otorgado absoluto control.

Nicolás Maduro, enfrentado a Guaidó —a la sazón también presidente de la Asamblea Nacional— ha acusado al opositor querer robarse CITGO, pero un fallo de la Corte de Apelaciones emitido el 20 de marzo le concedió al parlamentario y mandatario interino, intervenir en el litigio a través de sus representantes legales.

La decisión del tribunal dio a pie a que los abogados de Juan Guaidó argumentaran su solicitud de que suspenda la subasta por la que Crystallex cobraría sus acreencias por USD 1.400 millones en decisión concedida por el CIADI. 

"Le concedemos a la República de Venezuela la moción de intervenir", dijo el juez Thomas Ambro, quien otorgó 120 días para que el gobierno interino venezolano presentara sus alegatos, al estimar que era un "tiempo suficiente para evaluar su posición en este y otros casos”[6].

La representación legal de Guaidó dijo el 15 de abril de 2019 durante la audiencia que “los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no toman en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano” y, además, sostuvieron que “la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos”[7].

Interesados en una tajada 

Sobre los bienes de CITGO acosan no solamente Crystallex, sino otros acreedores con los que Venezuela mantiene más de 150 mil millones de dólares en deudas.

Entre quienes formulan estos reclamos figura un muy poco conocido fondo de inversión estadounidense, a saber Tenor Capital Management, el cual aspira a obtener una tajada de USD 800 millones de CITGO, en virtud de que desde 2012 invirtió USD 76 millones en Crystallex International Corp para financiar la demanda contra Venezuela. Así lo dio a conocer una reseña de Reuters[8] que refiere que con su aporte, Tenor facilitó forzar la minera canadiense el cobro a Venezuela.

La inversión de Tenor entre 2012 y 2016 experimentó un crecimiento de 40 por ciento al año y se espera que supere los USD 2.000 millones en 2021. Para las empresas de financiamiento de litigios un objetivo fundamental es obtener retornos de tres a 10 veces su inversión inicial.

La minera estableció otorgar a Tenor Capital Management alrededor de un 70 por ciento de los pagos que obtuviera por parte de Venezuela. En noviembre de 2018, Crystallex llegó a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro que le habría permitido haber recibido USD 500 millones, pero a las pocas semanas acusó al país de incumplir los términos del referido acuerdo.

Sobre Tenor Capital Management Company, L.P., el portal Bloomberg informa que se trata de “un administrador de inversiones de propiedad privada. La firma presta principalmente sus servicios a vehículos de inversión conjunta. También abastece a corporaciones y empresas. La firma gestiona carteras de renta fija y renta variable centradas en el cliente. También lanza y gestiona fondos de cobertura para sus clientes. La firma invierte en los mercados públicos de renta fija y renta variable en todo el mundo. Por lo general, utiliza un arbitraje convertible, un arbitraje de la estructura de capital, la volatilidad y el valor relativo del crédito, y operaciones de situaciones especiales para realizar sus inversiones. Para sus inversiones de capital, la empresa invierte en acciones de capitalización media con una capitalización de $ 500 millones a $ 5 mil millones. Emplea investigación externa e interna para hacer sus inversiones. Tenor Capital Management Company, L.P. fue fundada en julio de 2004 y tiene su sede en la ciudad de Nueva York”[9].

Sobre el misteriosos acuerdo entre Maduro y Crystallex

Como se dijo líneas arriba, entre la administración de Nicolás Maduro y Crystallex, privilegiando las acreencia de la canadiense por encima del resto de los acreedores, se firmó una negociación que no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, requisito indispensable de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para dar validez a los convenios suscritos por la nación.

El procurador de la república designado írritamente sin el consentimiento parlamentario, Reinaldo Muñoz Pedraza, suscribió el acuerdo en el que hubo alteraciones en el texto, los cuales significaron la afectación de los intereses de Venezuela.

La negociación secreta tuvo lugar el 10 de septiembre de 2018 y de esta manera se modificaron los términos de la transacción anterior firmada en 2017, lo que permitió a Crystallex obtener un pago de USD 425 millones, el cual sería el primero hasta completar el pago de la deuda.

Si Venezuela no cumplía con los pagos acordados, Crystallex podía reiniciar sus acciones legales.

No existe información oficial acerca de los pagos hechos por Venezuela a Crystallex, pero el precipitado acuerdo que evitaría la confiscación de CITGO contemplaría que PDV Holding Inc. es que el alter-ego de PDVSA, otorgando así a la empresa minera los derechos sobre la petrolera en territorio estadounidense.

El acuerdo contempla dos tipos de pagos, uno inicial de USD 425.000.000, mientras que el saldo restante de USD 814.632.217, sería dividido en 34 cuotas que habrían de comenzar a cancelar el 1° de febrero 2019, concluyendo las erogaciones el 28 de enero del 2021. La suma de la cuotas realizadas y las por hacer suman USD 1.314.271.214,43, lo cual representa USD 112.271.214,43 millones por encima de lo concedido por el CIADI.

El acuerdo también establece que Venezuela mantendría en garantía activos por el valor de 120 por ciento del monto a pagar en cuotas, conocido como lo “sustancialmente habitual”[10].

Por ahora se mantiene el suspenso acerca de cuál será el desenlace final de esta novela por entrega que tiene lugar desde que Hugo Chávez decidiera expropiar a Crystallex pero, sobre todo, la expectativa con relación al papel que Juan Guaidó jugará en este litigio.

Citas:

[1] El Nuevo Herald. “Guaidó aprieta las tuercas a Maduro con filial petrolera en EEUU”. 13 de febrero de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article226224465.html


[2] PanamPost. “EEUU otorga licencia a CITGO para seguir operando pero en manos de Guaidó”. 15 de marzo de 2019. https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/03/15/eeuu-otorga-licencia-a-citgo-para-seguir-operando-pero-en-manos-de-guaido/?cn-reloaded=1

[3] Documento de la Corte de Apelaciones del Distrito Tercero, PA. 

[4] Banca y Negocios. “Crystallex quiere excluir argumentos de abogados de Guaidó en caso contra Citgo”. 19 de marzo de 2019. http://www.bancaynegocios.com/crystallex-quiere-excluir-argumentos-de-abogados-de-guaido-en-caso-contra-citgo/

[5] Notiamerica. “Venezuela.- Abogados de Guaidó piden a una corte de EEUU que revoque un fallo para que Crystallex incaute parte de Citgo”. 6 de abril de 2019. https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-abogados-guaido-piden-corte-eeuu-revoque-fallo-crystallex-incaute-parte-citgo-20190406070741.html

[6] Reuters. “La corte de los Estados Unidos permite que el venezolano Guaido discuta en el caso Crystallex”. 21 de marzo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-crystallex/u-s-court-allows-venezuelas-guaido-to-argue-in-crystallex-case-idUSKCN1R22C4

[7] Venezuela Política. “CITGO sigue siendo el centro de disputa entre Crystallex y la república de Venezuela”. 16 de abril de 2019. http://maibortpetit.blogspot.com/2019/04/citgo-sigue-siendo-el-centro-de-disputa.html


[8] Reuters. “A FONDO-¿Quiere demandar a Venezuela? Varias firmas pueden ayudar... por un precio”. 21 de diciembre de 2018. https://lta.reuters.com/articulo/idLTAL1N1YQ0DA

[9] Bloomberg. Company Overview of Tenor Capital Management Company, L.P. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=9301922

[10] Venezuela Política. “Conoce la misteriosa del acuerdo firmado entre Crystallex y el régimen de Nicolás Maduro”. 12 de abril de 2019. http://maibortpetit.blogspot.com/2019/04/conoce-la-misteriosa-del-acuerdo.html

viernes, 12 de abril de 2019

Conoce la misteriosa del acuerdo firmado entre Crystallex y el régimen de Nicolás Maduro

La política de expropiaciones desarrollada por el gobierno de Hugo Chávez continúa generando pérdidas millonarias para la república. En 2011, Venezuela expropió un proyecto de minería de oro de la canadiense Crystallex, lo que llevó al fallo de arbitraje en 2016 que generó una deuda por casi USD 1.400 millones de dólares. En 2018, el régimen de Nicolás Maduro privilegió los pagos de un acuerdo con la trasnacional canadiense por encima de otros acreedores. El convenio (secreto) no fue aprobado por la Asamblea Nacional que es el poder encargado de darle legalidad a los compromisos de la república. Aunque las cartas pareciera que están echadas, no hay claridad sobre este asunto que podría conllevar a la pérdida de grandes activos de la nación.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
La minera canadiense Crystallex ganó un caso de arbitraje en contra del Estado venezolano en 2016, por un monto de USD 1.202 millones más intereses y gastos. Desde entonces, la empresa inició diversos litigios para el cobro de la deuda, incluyendo una demanda en la corte federal de Delaware para intentar ese cobro ejecutando las acciones de PDVSA en PDV Holding, Inc., la empresa matriz de CITGO.

En agosto de 2018, el juez federal de distrito, Leonard Stark, en Delaware, consideró que Crystallex podía vender en subasta pública las acciones propiedad de PDV Holding, Inc., lo que implicaría la pérdida de control de CITGO.

Poco después, el 10 de septiembre de 2018, el gobierno de Nicolás Maduro y Crystallex celebraron un acuerdo que modificó los términos de la transacción anterior firmada en 2017. En esta ocasión, Crystallex obtuvo un pago de 425 millones de dólares. En el contexto de esta negociación, lo primero que llama la atención es la rapidez con la cual se obtuvo el pago de más de un tercio del monto total adeudado.

Lo más sorprende sucedió poco después, en el juicio que Crystallex sigue por la apelación que se lleva a cabo en Delaware por la sentencia que afecta a CITGO. El 27 de diciembre de 2018, Henry Rodríguez, quien trabaja en la Procuraduría General de la República, dijo que Crystallex había cambiado el texto de la transacción inicialmente.

Según declaraciones juradas que forman parte del expediente, el abogado de la Procuraduría, señala que el texto original de la transacción en español, sólo abarcaba a la república, pero en la versión en inglés, Crystallex incluyó también a PDVSA. Fue esa traducción al inglés la que una vez firmada, ha sido utilizada en las cortes, incluyendo el tribunal de Canadá, país en el cual Crystallex mantiene un proceso de bancarrota.

Los documentos señalan que la transacción fue firmada por Reinaldo Muñoz Pedraza en octubre de 2018, esto a pesar de que la Asamblea Nacional ya había declarado que Muñoz Pedraza no ha sido debidamente designado Procurador y, por tanto, no está facultado para suscribir válidamente ningún documento que comprometa a la república.

Finalmente, Crystallex recibió el pago con fondos del Estado venezolano, a pesar de que la Asamblea Nacional no ha aprobado el presupuesto y, por tanto, no era posible efectuar ningún gasto válidamente. 

La transacción de Crystallex deja varias interrogantes:

1. ¿Por qué el régimen de Maduro aceptó reconocer la totalidad del monto reclamado por Crystallex y pagarle casi un tercio?

2. ¿Por qué el gobierno de Maduro, que ha incumplido diversas obligaciones, decidió pagar ese monto a Crystallex?

3. ¿Por qué Crystallex cambió el texto de la transacción firmada, según fue declarado por el abogado de la Procuraduría?

Por ahora estas preguntas no tienen respuestas.

Otros detalles del caso

Crystallex International Corporation entró a operar en Venezuela en 2002, a través de un Contrato de Operación, en conjunto con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para explotar las minas de oro “Las Cristinas”, localizadas en el estado Bolívar.  El contrato fue cancelado por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez en 2011, lo que generó que minera interpusiera un recurso de arbitraje en 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por USD 3.400 millones el cual estaba basado en los tratados de Inversión entre Canadá y Venezuela.  En 2016, el CIADI falló a favor de Crystallex, obligando a Venezuela a pagar USD 1.400 millones (USD 1.200 millones más USD 0.2 millones en intereses desde esa fecha, a 6 meses tasa LIBOR, más 1 por ciento de interés aproximadamente el 3,75 por ciento PA hasta que la deuda se pagara por completo).

Los pagos

La evaluación cronológica de los documentos del caso señala que para el 4 de abril de 2016 la deuda original del arbitraje a favor de Crystallex era de USD 1.202.000.000.00. 

El acuerdo señalaba que si Venezuela no cumplía con los pagos acordados antes del 10 de enero, Crystallex reiniciaría los procedimientos legales. Así, Crystallex y Venezuela llegaron a un arreglo en 2018, en el que el país mantuvo el acuerdo de pago luego de transferir USD 74.638.998,43.

Se desconoce oficialmente cuántos pagos ha hecho el gobierno de Venezuela a Crystallex y los montos de los mismos. Sin embargo, se han observado que los términos del precipitado acuerdo firmado entre las partes para evitar la confiscación de CITGO, luego que la corte aceptara el argumento de que PDV Holding Inc. es que el alter-ego de PDVSA, lo que otorgó a Crystallex los derechos sobre las acciones de la citada empresa —PDV Holding Inc— y, por ende, de la filial en territorio estadounidense.

Según los documentos legales, el acuerdo contiene dos tipos de pagos: Una erogación inicial de USD 425.000.000 y el saldo restante, que de acuerdo al contrato es de USD 814.632.217, dividido en 34 pagos, que deberían comenzar a efectuarse el 1° de febrero 2019 y terminar el 28 de enero del 2021.

La suma de los pagos que se han hecho, así como están por hacerse, suman un total de USD 1.314.271.214,43, una cantidad que resulta USD 112.271.214,43 millones por encima de la cifra premio concedida por el CIADI.

Asumiendo que Crystallex haya decidido cobrar intereses por la deuda entre el momento del premio y la fecha del acuerdo, la tasa de interés que se corresponde con ese aumento está en un rango entre 3,34 por ciento y 3,42 por ciento anual, según el momento en el que se hayan hecho los pagos que suman USD 74.638.998,43. A partir de ahí, el acuerdo no contempla ninguna tasa de interés, sólo divide el monto de la deuda total al momento de realizar el acuerdo (USD 1.239.632.216), en dos partes, que se pagan una al inicio (USD 425.000.000) y otra parte (USD 814.632.217) pagaderos en 34 cuotas a lo largo de dos años, y que no conllevan ningún tipo de interés.

Los documentos también señalan que durante toda la duración del contrato, la república se compromete a mantener en garantía activos por el valor de 120 por ciento del monto a pagar en cuotas, conocido como lo “sustancialmente habitual”. En cualquier caso, dada la garantía sustancial en activos líquidos, la tasa de interés debería ser baja y, en efecto, es cero. Asimismo, se sabe que el acuerdo como tal no tiene términos excesivos.


Hasta ahora se desconocen las razones por las cuales, eventualmente, Crystallex decidió capitalizar intereses de entre 3.34 por ciento y 3.42 por ciento anual por el tiempo transcurrido entre la fecha del premio y el acuerdo, y no haya decidido tener intereses mínimos (dada la garantía) en el resto del acuerdo.

jueves, 11 de octubre de 2018

Corte de Delaware fija audiencia general con todas las partes involucradas en el caso Crystallex vs la República Bolivariana de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortepetit

El juez de la Corte de Delaware, Leonard P. Stark acordó realizar una audiencia única con todas las partes involucradas en el caso de Crystallex  International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela que busca cobrar el fallo a favor de la transnacional canadiense por más de 1.200 millones de dólares (más intereses) derivados de la expropiación de sus activos en las minas Las Cristinas por parte del gobierno de Hugo Chávez.

El juez Stark fijó una audiencia general para el 20 de diciembre de 2018 "para discutir con todas las partes involucradas todas las mociones pendientes en este caso y todas las solicitudes de alivio en cada uno de los relacionados con Venezuela, PDVSA, PDVH y Citgo International Corporation".

El magistrado dijo que todas las partes y otras personas que hayan presentado una moción o solicitud de alivio se reunirán y consultarán y, a más tardar el 30 de noviembre, presentarán un único informe de estado conjunto (que se incluirá en cada una de estas acciones) y que debe contener las propuestas respectivas para ser tratadas en durante la audiencia.

En esta acción legal de Crystallex existen recursos interpuestos por Rosneft Trading SA, CITGO Petroleum Corp. y un grupo de tenedores de bonos emitidos por PDVSA llamados colectivamente en la demanda "Interventores Propuestos" que buscan participar como beneficiarios del fallo de la corte que incluye la venta de las acciones de CITGO al mejor postor por parte de los aguaciles de los Estados Unidos.

Piden negar mociones

La defensa de Cristallex solicitó al juez negar todas las mociones propuestas por Petróleos de Venezuela S.A donde se solicita la suspensión del mandato del tribunal para proceder con la venta de las acciones de CITGO Petroleum Corp., filial de la petrolera estatal venezolana en los Estados Unidos, y cuyos fondos servirían para saldar la deuda que la República Bolivariana tiene con la empresa demandante.

En la petición para que corte niegue las mociones de Petróleos de Venezuela, los abogados de Crystallex señalan que debe ejecutarse de inmediato la orden de concesión que hizo el juez Stark contra las acciones de PDV Holding, Inc entidad dueña de Citgo.

El documento dice que luego de un mes de ser emitida la orden para que los aguaciles de los Estados Unidos procedieran con los trámites para la subasta de las acciones, el 31 de agosto de 2018 "Petróleos de Venezuela, SA metió un recurso para evitar que se procediera a la oferta del capital accionario de conformidad con lo establecido en la ley".

Dicen los abogados de la empresa canadiense que PDVSA no ofreció una fianza y ni garantizó que las acciones de PDV Holding sean suficientes para satisfacer el juicio de Crystallex contra el alter ego de PDVSA, que es la República Bolivariana de Venezuela. 

Aseguran que PDVSA tampoco ofreció ningún medio para garantizar que "PDVSA y Venezuela no saquearán PDV Holding mientras mantengan el control de dicha empresa y de sus subsidiarias, debido a que con el fallo de la corte ya no tienen ningún interés a largo plazo en el éxito financiero de esas compañías". 

Recordaron los litigantes que antes que la corte emitiera su orden autorizando la ventas de las acciones de Citgo, PDVSA realizó transacciones con "intención". . . para obstaculizar las acciones de  los acreedores.

Argumentan que "reconociendo ahora que las acciones de PDV Holding pronto se venderán para satisfacer el reclamo de Crystallex, PDVSA tiene todos los incentivos para saquear a PDVH y sus subsidiarias mientras mantenga su control". 

CITGO es administrado por personas que son nombradas y leales al presidente Nicolás Maduro y que tienen todos los incentivos para despojar a la compañía -y a las acciones de PDVH- de su valor antes de la venta por parte de los aguaciles. 

La corte también recibió tres diferentes recursos que piden al tribunal que les permita intervenir en la acción legal de Crystallex. Rosneft Trading SA, CITGO Petroleum Corp. y un grupo de tenedores de bonos emitidos por PDVSA llamados colectivamente en la demanda Interventores Propuestos buscan participar como beneficiarios del fallo de la corte.

Cada uno de los "Interventores Propuestos" solicita - por separado-  al tribunal una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Aclaran los abogados de Crystallex que ninguno de los Interventores Propuestos han afirmado tener un interés en la propiedad de las acciones de PDV Holding. Por el contrario, cada uno de ellos especula que la venta de PDV Holding podría afectar el valor de otros activos y, en función de esos supuestos intereses, solicitar una suspensión de la apelación pendiente. 

En ese sentido sostienen que el daño especulativo a los activos fuera del alcance de la decisión no justifica ni la intervención ni la suspensión de la ejecución en espera del resultado de la apelación intentada por Venezuela en el tribunal del segundo circuito.

El daño del que se quejan los Interventores Propuestos -la aceleración de otras deudas de PDVSA y sus subsidiarias estadounidenses que Venezuela tienen la obligación de pagar- es el resultado de los riesgos de los derechos contractuales que los  Interventores asumieron voluntariamente cuando fueron propuestos por los demandados. "Por estas razones, las mociones de los Interventores Propuestos también deben ser denegadas" añade el documento.

El caso

1) El 14 de agosto de 2017, Crystallex presentó una acción legal buscando un fallo que diga que PDVSA es un alter ego de Venezuela y, en consecuencia, las acciones de PDVSA de sus filiales son propiedad de Venezuela y por tanto están sujetas a ejecución para satisfacer el juicio de Crystallex contra Venezuela.

2) El 15 de agosto de 2017, PDVSA emitió un comunicado de prensa respondiendo a la moción de Crystallex donde rechaza los reclamos de la empresa canadiense que intentan afectar los intereses de Venezuela en asuntos petroleros.

3) Crystallex solicitó permiso al Tribunal Federal de Delaware para congelar y confiscar las acciones de PDVSA en PDV Holding, una empresa matriz de Citgo en los EE. UU.

4) El 31 d agosto de 2018, ConocoPhillips, un acreedor judicial de PDVSA, presentó una carta al Tribunal pero no se movió para intervenir ni solicitar formalmente ningún otro alivio. 

5) El 22 de agosto de 2017, PDVSA intervino para intervenir en el litigio. 

6) A pesar de numerosos informes de prensa que detallan los esfuerzos de Crystallex e incluso las advertencias directamente por parte de de PDVSA, Rosneft, CITGO y los titulares de los Bonos no hicieron ningún esfuerzo por intervenir en la primera instancia, es decir, en 2017.

7) En el transcurso de casi un año, Crystallex y PDVSA presentaron varias rondas de informes y más de 150 pruebas y declaraciones, y comparecieron para presentar argumentos orales ante este Tribunal en múltiples ocasiones. Después de este extenso litigio, el 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su Resolución final que otorgaba la reparación que Crystallex había solicitado -una determinación de que PDVSA es el alter ego de Venezuela y un escrito que adjunta las acciones de PDVSA en PDV Holding (dueña de Citgo).

8) Mediante esa orden, el Tribunal completó su decisión sobre la solicitud de ejecución de Crystallex. 

9) El 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su orden determinando que PDVSA es el alter ego de Venezuela y accedió a la petición de Crystallex de un documento de embargo contra las acciones de PDVH  empresa propiedad de PDVSA. 

10) Dos semanas después, el 23 de agosto de 2018, el Tribunal emitió una orden para suspender temporalmente la ejecución de la venta de las acciones PDV Holding adjuntas y exigió que cualquier parte o no parte que deseara realizar aportaciones antes de la venta del paquete accionario que ejecutarían los aguaciles debía hacerlo a más tardar el 31 de agosto de 2018. 

11) PDVSA junto con tres no partes -CITGO, Rosneft y titulares de los Bonos- presentaron mociones en respuesta a esa orden del juez. Ninguno de las tres mociones -según los abogados de Crystallex- argumenta una respuesta sustantiva sobre cómo debería procederse con la venta de las acciones, y mucho menos aporta una justificación para seguir cualquier procedimiento que no sea la venta del paquete accionario autorizada por ley.

Lo único que le queda a la Corte es emitir una orden ministerial que indique que la venta de las acciones de PDVH por parte de los aguaciles de los Estados Unidos tendrá lugar en una fecha determinada; la Corte no necesita hacer más determinaciones de fondo, dicen los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que Crystallex resultaría dañada irremediablemente si el Tribunal permite una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 



viernes, 9 de febrero de 2018

Corte de apelación falla en contra de Crystallex en caso de Citgo-Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos denegó la apelación interpuesta por la empresa canadiense Crystallex que buscaba la realización de una nueva audiencia para estudiar su demanda transferencia fraudulenta contra la estatal petrolera venezolana PDVSA.
La compañía minera aspiraba la reconsideración de su caso pero la petición de nueva audiencia no encontró eco en los jueces que participaron en la decisión del referido tribunal ni en todos los demás magistrados de circuito. Según se informó ningún juez que concurrió en la decisión ha pedido una nueva audiencia y la mayoría de los jueces del circuito en el servicio regular no han votado para volver a escuchar la petición por lo que la Corte en pleno deniega la petición.

Establecer que el gobierno de Venezuela y Petróleos de Venezuela, S.A. habían transferido fraudulentamente miles de millones de dólares de activos de Citgo y habían retirado efectivo de los Estados Unidos era la estrategia a la que había recurrido la minera Crystallex en un intento por recuperar parte de su inversión en Venezuela luego de haber sido objeto de expropiación por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Frías.

Crystallex presentó originalmente esta demanda durante el mes de noviembre de 2015 acogiéndose para a ello en lo establecido en la Ley Uniforme de Transferencia Fraudulencial (DUFTA) de Delaware, por lo cual recibió un revés cuando los jueces decidieron 2-1 en la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito (Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey y las Islas Vírgenes) el 3 de enero.

La empresa canadiense, entonces, solicitó la realización de una nueva audiencia en banc ante la totalidad de los jueces —alrededor de 12 magistrados activos y pueden sumarse jueces superiores— cuyo voto es absolutamente necesario para que la petición se aprobada. Hay que apuntar que, por ejemplo, el juez senior, Julio Fuentes, escribió la posición disidente de Crystallex, mientras la jueza principal, Marjorie Rendell, escribió la opinión de la mayoría de los jueces.  Ahora bien, como jueces sénior, ni Rendell ni Fuentes, lograron obtener un voto favorable.

En este tribual solamente fue posible escuchar 18 casos bajo estas condiciones —sala plena— desde 2010 hasta 2015. Es decir, uno de cada mil casos que allí se reciben.

Y si bien el caso Crystallex es interesante para una determinada audiencia, el mismo a los ojos del tribunal, no reviste la importancia para escucharlo en banc y es visto únicamente como un asunto de interpretación de  la ley estatal. Y es que en el Tercer Circuito solamente han logrado llegar al estado en banc los casos que suponen una anulación de un precedente anterior, algo que no ocurre en el caso presentado por la minera canadiense.

La empresa, por otra parte, ha presentado ante el juez principal del Tribunal Federal de EE. UU. en Delaware, Leonard Stark, una argumentación que sostiene que PDVSA es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, a objeto de poder embargar bienes de la petrolera estatal si el país no cancela a la compañía las reparaciones por expropiación dictaminadas por el Ciadi.

El juez Stark ordenó a Crystallex y PDVSA que resuelvan algunos problemas en un término de inmediatez.

La orden reza: “Se ordena que, a más tardar el 6 de febrero de 2018, las partes deberán presentar informes simultáneos que no excedan cinco (5) páginas cada uno, que aborden: (1) el estándar probatorio que Crystallex debe cumplir para demostrar su reclamo de alter ego y superar la presunción de separación de Bancec, y (2) si las acciones de PDVH se utilizan para una actividad comercial y no son de naturaleza meramente comercial. Los resúmenes de cartas responsivas, que no excedan las tres (3) páginas cada una, se archivarán a más tardar el 8 de febrero de 2018. ORDENADO por el juez Leonard P. Stark el 1/31/18. (ntl) (Introducido: 31/01/2018)”.

Es necesario apuntar que la naturaleza y el sesgo de las preguntas no son un buen augurio para Crystallex por lo que los alegatos que presenten los abogados serán determinantes para el desarrollo de este caso.

Finalmente, la decisión no favoreció a Crystallex:

“Este Tribunal ordena que la negociación, ejecución, entrega o cumplimiento del acuerdo de liquidación por parte del solicitante u otras personas no creará ni se considerará que constituya una infracción de ninguna ley aplicable, y el solicitante u otras personas no tendrán ninguna obligación de pagar a cualquier persona como resultado de la negociación, ejecución, entrega o ejecución del acuerdo del arreglo”.