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viernes, 22 de mayo de 2020

Venezuela a punto de perder su activo más valioso en el extranjero: Juez de Delaware autoriza continuar con la venta de las acciones de CITGO

   El fallo del juez ordena a Crystallex y los representantes legales de Venezuela buscar las vías más expedita para realizar la subasta de CITGO.

Por Maibort Petit
@maibort petit

 Luego que el día lunes, el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos se negara a discutir el recurso interpuesto por los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, este viernes, el magistrado Leonard P. Stark aprobó continuar con el procedimiento  establecido para la venta del principal activo de los venezolanos en exterior, CITGO para cobrarse una deuda que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la minera canadiense Crystallex.
  El juez estadounidense, de la Corte de Delaware, había ordenado en 2019 la venta de las acciones de CITGO y los representantes legales del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como legítimo, apeló la decisión. 

  En noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. en Filadelfia confirmó una decisión que permitía a la canadiense Crystallex subastar acciones en CITGO para cobrar una sentencia de $ 1.4 mil millones.

  El presidente de Donald Trump ha tomado varias acciones para  salvaguardar a CITGO, tratando de bloquear la intención de los acreedores de Venezuela que buscan cobrar sus deudas, en buena medida para proteger a la administración interina de Juan Guaidó.

   La protección de los activos que establece la orden del gobierno federal obliga a Crystallex a pedir una licencia ante el Departamento del Tesoro de los EE. UU. para proceder con la venta de CITGO.

  En octubre de 2019, la Corte de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos dictaminó que  Crystallex International Corp podía avanzar con los esfuerzos para confiscar las acciones de la refinadora de petróleo CITGO.

  La canadiense Crystallex, desaparecida actualmente, había ganado una sentencia de $ 1.4 mil millones como premio por la expropiación de sus activos ejecutada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La minera también consiguió sentencias judiciales favorables en los Estados Unidos para subastar acciones de CITGO, propiedad del Estado Venezuela, para cobrar la deuda.

  La orden del juez Stark es un elemento definitorio para que los venezolanos pierdan el activo más valioso en el extranjero, CITGO. 

  Crystallex está buscando una compensación por la adquisición por parte de Venezuela en 2011 de las operaciones de extracción de oro de la compañía cerca de Las Cristinas. Crystallex ganó en el arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo. El minero de oro aún debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Antes de que las acciones puedan subastarse.

   Crystallex es el más avanzado de un grupo de acreedores, incluida la compañía petrolera ConocoPhillips, ha estado realizando acciones legales para que el tribunal permita la subasta de las acciones de PDV Holding Inc., la empresa matriz de CITGO, para cobrar las deudas

  La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordena levantar una decisión de un tribunal de segundo circuito que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO.

Un caso de larga data

  En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento ‘Las Cristinas’ lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

  El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

  El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia afirmó que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

  En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

  El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

  En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

  Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal.

   Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

  Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

  Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

  Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de CITGO se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

  PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

  Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante,  en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

  En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50  países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

  La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware.

  En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

  En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela.

  Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

  Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería «un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos».
De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

  El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

  En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO.  Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO.

  La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.

lunes, 18 de mayo de 2020

Decisión del Supremo de EE. UU. acelera posible pérdida de CITGO, el activo más valioso de Venezuela en el exterior

 La Corte Suprema de los Estados Unidos negó la solicitud de Venezuela de reconsiderar una decisión de un tribunal inferior que permite a Crystallex subastar las acciones del refinador de PDVSA en Estados Unidos, CITGO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  Al negarse a discutir el recurso interpuesto por Venezuela, la Corte Suprema de los Estados Unidos  le da valor al fallo del Tercer circuito que permite que la trasnacional Crystallex pueda proceder con una orden otorgada por un juez de Delaware para proceder con una subasta pública de las acciones de CITGO Petroleum Corp. para saldar que por $1.4 millones que la República Bolivariana de Venezuela tiene pendiente la República Bolivariana de Venezuela. 
   Con esta actuación de la Corte Suprema de Justicia, se mantiene la decisión del tribunal de apelaciones de los Estados Unidos, que establece que cualquier acreedor que intentase confiscar los activos de Venezuela, incluyendo CITGO, va a requerir una aprobación específica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

  En noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. en Filadelfia confirmó una decisión que permitía a la canadiense Crystallex subastar acciones en CITGO para cobrar una sentencia de $ 1.4 mil millones generada por la confiscación de sus bienes en Venezuela.

El caso, junto con varios otros que se están abriendo camino a través de los tribunales estadounidenses, podría llevar a PDVSA a perder el control de CITGO.

 La administración de Donald Trump ha mostrado interés en salvaguardar a CITGO, tratando de bloquear la intención de los acreedores de Venezuela que buscan cobrar sus deudas, en buena medida para proteger a la administración interina de Juan Guaidó.


  En octubre de 2019, la Corte de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos dictaminó que  Crystallex International Corp podía avanzar con los esfuerzos para confiscar las acciones de la refinadora de petróleo CITGO.

  La canadiense Crystallex, desaparecida actualmente, había ganado una sentencia de $ 1.4 mil millones como premio por la expropiación de sus activos ejecutada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La minera también consiguió sentencias judiciales favorables en los Estados Unidos para subastar acciones de CITGO, propiedad del Estado Venezuela, para cobrar la deuda.

  La decisión del Supremo deja a Venezuela en un alto riesgo de perder CITGO. 

  Crystallex está buscando una compensación por la adquisición por parte de Venezuela en 2011 de las operaciones de extracción de oro de la compañía cerca de Las Cristinas. Crystallex ganó en el arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo. El minero de oro aún debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Antes de que las acciones puedan subastarse.

   Crystallex es el más avanzado de un grupo de acreedores, incluida la compañía petrolera ConocoPhillips, ha estado realizando acciones legales para que el tribunal permita la subasta de las acciones de PDV Holding Inc., la empresa matriz de CITGO, para cobrar las deudas

  La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordena levantar una decisión de un tribunal de segundo circuito que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO.

Un caso de larga data

  En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento ‘Las Cristinas’ lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

  El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

  El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia afirmó que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

  En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

  El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

  En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

  Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal.

   Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

  Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

  Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

  Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de CITGO se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

  PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

  Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante,  en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

  En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50  países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

  La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware.

  En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

  En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela.

  Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

  Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería «un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos».
De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

  El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

  En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO.  Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO.

  La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.

viernes, 17 de enero de 2020

Juez de Nueva York da luz verde a un acreedor de PDVSA para continuar demanda que busca cobrar deuda por USD 118 millones

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Una jueza de Nueva York dio el visto bueno a la empresa Red Tree Investment, LLC para que procediera con su demanda contra de Petróleos de Venezuela S.A., que tiene como objetivo cobrar una deuda de USD 118 millones de dólares, por concepto del incumplimiento de un contrato de crédito que fue garantizado con petróleo. PDVSA había solicitado al tribunal suspender el litigio por 120 días adicionales alegando que requiere de ese tiempo para evaluar las pruebas y preparar la estrategia de defensa.

  La jueza Alison J. Nathan negó la moción de PDVSA para una suspensión adicional (ya se había otorgado uno en 2019) y se reservó "la sentencia de una solicitud alternativa", dice el documento dado a conocer este jueves 16 de enero de 2020.

    PDVSA, fue demandada en EE.UU el 22 de febrero de 2019 por  incumplimiento de un contrato de préstamos originalmente otorgados por General Electric Capital en 2015 y 2016. Red Tree Investments LLC compró los compromisos de deuda de GE Capital, y presentó dos demandas en el tribunal estatal de Manhattan contra PDVSA y el garante PDVSA el 15 de febrero de 2019.

   Los registros judiciales de este caso no proporcionan información adicional sobre cuánto pagó para comprar la deuda que ahora de diputa en los tribunales.

  Cuando se interpuso la demanda en la corte de Nueva York, Venezuela ya se encontraba en medio de una crisis política sin precedentes, que condujo el desconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos y más de 50 países a Nicolás Maduro y  el respaldado al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino. EE.UU. impuso sanciones económicas en contra del régimen socialista para presionar la renuncia de Maduro, objetivo que no se logró en el año 2019.

    Entre otros argumentos, los representantes legales de PDVSA S.A., basaron su solicitud de tiempo adicional de 120 días a la luz de la incertidumbre política que existía en Venezuela para el momento en que se produjo la demanda.

    El Tribunal aprobó la primera moción de suspensión del litigio el 3 de mayo de 2019, "concluyendo que los demandados sustanciales
interés en asegurar el acceso a hechos relevantes y al personal necesario para responder a los Demandantes".

   La jueza informó que Red Tree Investment LLC presentó una moción para levantar la suspensión otorgada por el tribunal, el 5 de agosto de 2019, "esa moción se hizo días antes del vencimiento de la estadía de 120 días". 

   El 26 de septiembre de 2019, después de la expiración del período, PDVSA pidió una estadía adicional de 120 días o, la alternativa, "de diferir la consideración de la moción de juicio sumario pendiente para permitir a los acusados descubrir a los demandantes y los testigos que no son partes".

     Los abogados de PDVSA sostienen que la crisis económica y humanitaria en Venezuela sigue pesando a favor de una estancia. Por su parte, Red Tree Investment LLC respondió que es incierto el tiempo pedido por los demandados pues se basa en la posibilidad de "si alguna vez Guaidó derribará a Maduro del poder, escenario que permitiría finalmente que los Demandados tengan acceso a los documentos que afirman que necesitan para poder defenderse, lo cual sigue siendo perjudicado por el retraso en este litigio". 

   El demandante argumenta además que "los Demandados no han logrado articular cualquier teoría legal o defensa que pueda ser respaldada por los documentos que alegan necesitan, y que no se requiere un desarrollo de hechos adicional para que la Corte otorgue a los Demandantes".

  Red Tree Investment LLC argumenta que "una mayor demora puede impactar su capacidad de recuperar cualquier juicio en este caso, porque los demandantes en casos contra Venezuela ya ha procedido hacia, o puede proceder pronto, hacia la incorporación de los activos de PDVSA en una teoría del alter ego mientras se mantiene este litigio, tal como ocurrió con el caso de Crystallex".

   "El prejuicio sigue siendo incierto, ya que no está claro cómo el gobierno de Guaidó puede reestructurar la deuda del país cuando acceda al poder, ni está claro cuándo el demandante pueda recibir una licencia especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros necesaria para hacer cumplir cualquier juicio en este caso", dicen los documentos judiciales. 

   Sostienen que "la información sobre la negociación y ejecución del crédito el acuerdo y cualquier modificación posterior es necesaria para determinar si hubo fraude o tergiversación en relación con la ejecución del Contrato de Crédito".

   Dice que el Tribunal está consciente de que el Distrito de Delaware "suspendió recientemente los procedimientos en Crystallex (para proceder a la subasta de las acciones de CITGO para cobrar el premio) en espera de la apelación de la decisión del Tercer Circuito ante la Corte Suprema". Aunque el tribunal de distrito señaló en su Orden Memorando de la Delaware que "consideró la falta de Crystallex de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el reconocimiento de los Estados Unidos al gobierno interino de Venezuela, y la crisis humanitaria en el país al emitir la suspensión". Aclara que la suspensión en el tribunal de Nueva York fue emitida de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 62 (c), que rige las solicitudes de suspensión en espera de apelación. 

   El tribunal está consciente de la agitación política y las crisis económicas y humanitarias concomitantes que existen en Venezuela, pero "no sería apropiado o justo para el demandante que este caso se quede suspendido indefinidamente hasta que la transición al gobierno de Guaidó se complete", por ello se negó la moción de Venezuela para una estadía adicional de 120 días.





viernes, 13 de diciembre de 2019

Juez de EE. UU. ordena suspender temporalmente esfuerzos para vender acciones de CITGO mientras la Corte Suprema emite decisión sobre el caso

  Los representantes de Juan Guaidó esperaban una suspensión prolongada para la subasta de las acciones de CITGO, pero el tribunal detuvo los procedimientos solo el tiempo suficiente para que la Corte Suprema de Justicia revise el asunto. La decisión del juez Stark busca detener en incremento de las mociones de los múltiples acreedores a la corte".

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Una corte federal emitió este jueves una orden que frena temporalmente los esfuerzos para vender acciones de la CITGO Petroleum Corp. para satisfacer las deudas de los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela.

   Crystallex, ConocoPhillips y otros acreedores deberán esperar a que Venezuela agote las apelaciones que cursan actualmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos antes de continuar el proceso para subastar las acciones de CITGO, el activo extranjero más valioso de Venezuela en el extranjero, decidió hoy el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.
    La orden del juez Leonard Stark señala que otras empresas que buscan unirse a la demanda para vender las acciones de CITGO para cobrar sus deudas con la república tienen que probar que Venezuela usó a sus compañías petroleras como un alter ego del gobierno, en lugar de confiar en ese hallazgo del litigio anterior de la empresa canadiense Crystallex, quien logró que el tribunal aceptara la tesis del alter ego.

   Las órdenes emitidas por el juez Stark fueron celebradas por los representantes de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, quien tiene el control de CITGO la refinería de PDVSA en los Estados Unidos.  

  Con las decisiones del tribunal los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela tienen que esperar que la Corte Suprema de Justicia cuya fecha aún no se conoce.
    La decisión de Stark sostiene que una suspensión por más tiempo del que está ingresando el tribunal no está justificada, por ello ordenó esperar hasta que el máximo tribunal decida al respecto para reiniciar las acciones.

     En el documento de 25 páginas, el juez toca todos los casos de las empresas que han buscando cobrar las deudas y los laudos arbitrales con la venta de las acciones de CITGO. Asimismo, destacó que el Departamento del Tesoro de EE. UU. había advertido que una venta de acciones de la filial de PDVSA en los Estados Unidos no podría realizarse sin una licencia emitida por el poder ejecutivo. 

  El juez Stark dijo que  su tribunal había pedido más orientación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el asunto de las medidas de protección a favor de CITGO.
   
  Asimismo,  el magistrado argumentó en su escrito que proceder con la venta de las acciones legales que envuelven a CITGO podría dañar la corporación, por lo cual se debe esperar que la Corte Suprema emita su veredicto para continuar con la causa.

    El juez dejó claro que la decisión no podía ser interpretada como un abuso de discreción del tribunal. Explicó que la orden tribunalicia es un intento de buscar un balance de los intereses de los diferentes actores que luchan en un conjunto de circunstancias internacionales sensibles. 


   Stark advirtió que si Crystallex considera que la decisión tomada por el tribunal es incorrecta o un abuso de discreción, "puede introducir mociones para levantar la suspensión, o buscar apelar la orden en un tribunal superior".

    Además de Crystallex y Conoco, hay una docena de empresas, incluyendo a los titulares de las notas PDVSA 2020 y los bonos soberanos que han presentado varias acciones en los tribunales estadounidenses con el ánimo de cobrar las deudas generadas por la expropiación de sus activos en Venezuela, o por ruptura de contratos internacionales.

     En agosto de 2018,  los representantes legales de Crystallex lograron convencer al juez Stark que la república Bolivariana de Venezuela usaba a sus compañías petroleras como un alter ego del estado, y que CITGO era un objetivo justo para satisfacer las deudas. Una vez aprobada esa tesis, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos confirmó la decisión de la Corte de Distrito y rechazó una solicitud hecha por los abogados que representan a Venezuela para una nueva audiencia donde se discutiera el caso.

viernes, 29 de noviembre de 2019

ConocoPhillips se une al grupo de acreedores que busca incautar las acciones de CITGO

  ConocoPhillips se unió a la lista encabezada por Crystallex y los tenedores del bono 2020 de PDVSA para procurar los pagos a través de una posible  subasta de las acciones del 51% en CITGO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La petrolera ConocoPhillips se unió esta semana a la lista de acreedores internacionales que han presentado mociones ante el tribunal de Delaware para buscar una orden judicial que les permita incautar acciones de la matriz de la refinería estadounidense CITGO Petroleum Corp. para cobrar las obligaciones dictadas por un laudo arbitral contra la petrolera estatal venezolana PDVSA.
  Varias transnacionales, cuyos activos fueron confiscados por el régimen de Hugo Chávez, han intentado por diversas vías cobrar los premios otorgados a su favor por tribunales internacionales y han fijado su esperanza en CITGO, subsidiaria de PDVSA, para lograr sus objetivos. Por ahora, cualquier acción para subastar las acciones de la filial de la petrolera en Estados Unidos deben esperar porque el gobierno del presidente Donald Trump emitió una orden de protección hasta el 22 de enero de 2020.
El caso


   En 2018, ConocoPhillips consiguió una orden de compensación por 2 mil millones de dólares como compensación por la confiscación de sus activos en Venezuela en 2007. La Cámara de Comercio Internacional reconoció los derechos de la petrolera estadounidense.

  En la búsqueda del pago, ConocoPhillips y los representantes de Nicolás Maduro (2018) firmaron un acuerdo a través del cual se logró que Caracas pagara una parte de las obligaciones, pero no todas las previstas. El incumplimiento generó esta nueva demanda, según lo explican los papeles federales.

  La acción contra la República Bolivariana de Venezuela, interpuesta en la Corte de Delaware por parte de ConocoPhillips, tiene como objetivo obtener el mismo derecho otorgado por el tribunal a Crystallex, en una sentencia del juez Leonard P. Stark donde el magistrado autorizó la venta de las acciones de PDV Holding (PDVH) propietaria de CITGO por ser esta el  alter ego de PDVSA y por ende de la república.

  ConocoPhillips reveló en octubre de 2019 que había recibido pagos por un total de $ 754 millones de PDVSA hasta el tercer trimestre,  en virtud del acuerdo de liquidación de $ 2 mil millones del premio del tribunal internacional.

  Dicen los documentos que ConocoPhillips se reserva respetuosamente el derecho de participar en el proceso adelantado por Crystallex y en cualquier otro procedimiento relacionado con la validez de cualquier supuesto derecho de retención y/o valoración y/o venta de acciones de PDV Holding, dado que actualmente es un acreedor de PDVSA en razón de la demanda contra Petróleos de Venezuela, S.A. y Corpoguanipa, S.A. 

  Los documentos de la corte señalan que en el informe de estado presentado en el proceso de Activos de Crystallex, se espera que PDVSA se incluye además las acciones de ciertos los tenedores de los bonos PDVSA-2020, con los cuales también hay un incumplimiento de un pago de US $ 913 millones que se vencieron el 27 de octubre de 2019.

  Tales obligaciones están supuestamente garantizadas por una promesa del 50,1% de las PDV Holding en equidad en CITGO Holding, Inc.  

   Asimismo se revela que en el mismo informe de estado conjunto de aspirantes que buscan intervenir en el proceso de activos de Crystallex, aparece Rosneft Trading S.A., la empresa rusa que también reclama un interés de seguridad de primera prioridad en el capital de PDVH en CITGO Holding, Inc. 

  ConocoPhillips solicita al Tribunal que anule la supuesta promesa dada a los titulares del 2020 bonos e invalidar el interés de seguridad dado a Rosneft, como obligaciones fraudulentamente incurrido. Como resultado, si uno o ambos tenedores de bonos y Rosneft intentan ejecutar una hipoteca sobre los supuestos intereses de seguridad, ConocoPhillips se reserva respetuosamente el derecho de participar en cualquiera de estos procedimientos para proteger la eficacia de cualquier remedio potencial que pueda buscar o que el tribunal puede ordenar en ConocoPhillips I y II.

  La petrolera estadounidense  pidió al tribunal que mantenga la suspensión de los procedimientos aplicables a ConocoPhillips I y II en este momento pero sin perjuicio de los derechos de las partes a solicitar permiso para levantar las estancias. 

   ConocoPhillips sostiene que además del Premio ICC, el demandante ConocoPhillips Petrozuata B.V., hay un acción pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para que el Distrito de Columbia confirme Laudo de arbitraje del Centro Internacional para la Solución de Controversias de Inversión por $ 8.5 mil millones contra la República Bolivariana de Venezuela, titulado ConocoPhillips Petrozuata B.V., et al. v. República Bolivariana de Venezuela, C.A. 

   Asimismo,  ConocoPhillips Gulf of Paria B.V., tiene una acción pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para confirmar un laudo arbitral ICC de US $ 55 millones contra PDVSA y la entidad relacionada, Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., subtitulada ConocoPhillips Golfo de Paria B.V. v. Corporación Venezolana del Petróleo, S.A.

   En consecuencia, ConocoPhillips se reserva además el derecho de participar en cualquier procedimiento como resultado de su condición de acreedor multimillonario de PDVSA y ROV.


lunes, 21 de octubre de 2019

El incierto destino de CITGO: Los bonos de la discordia (III)

La disputa por el control de CITGO Petroleum Corporation pasa por la participación de los tenedores de los bonos PDVSA 2020 cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones es necesario cancelar a finales de este mes de octubre, pues ellos poseen como garantía de dichos papeles, el 50.1 por ciento de las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los tribunales federales de los Estados Unidos se han convertido en el principal escenario de la disputa que Crystallex International Corp. mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. y PDV Holding Inc. para cobrar la acreencia que la primera de los demandados mantiene con la empresa canadiense por casi USD 1.400 millones que el Laudo Arbitral dictado por Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó servirían para resarcir la expropiación de sus activos en el proyecto Las Cristinas  por parte del entonces presidente venezolano, el finado Hugo Chávez, y que la minera aspira cobrarse con CITGO Petroleum Corporation, la filial de PDVSA en EE. UU.

CITGO Petroleum tiene ingresos superiores a los USD 42 mil millones, así como ganancias de USD 1.8 mil millones solamente en 2013, por lo que es objetivo clave de los acreedores.

Pero sobre CITGO reposan también la mirada de un conjunto de acreedores que esperan los resultados del proceso judicial que se sigue en el país del norte, pues este sentaría la jurisprudencia sobre la cual ellos podrían actuar para cobrar las deudas que Venezuela mantiene con ellos.
Expectantes también se mantienen los tenedores de los denominados bonos PDVSA 2020, cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones deben cancelarse a finales de este mes de octubre, siendo el criterio de muchos observadores que se trata de una deuda imposible de pagar dada la iliquidez que presenta Venezuela y su principal industria, PDVSA. Lo grave del asunto es que 50.1 por ciento de las acciones de PDV Holding sobre Citgo Petroleum Corporation sirven de garantía de estos papeles, por lo que sus poseedores también podrían reclamar muy pronto la propiedad de los activos de la filial de PDVSA en EE. UU.

El origen de la deuda

De acuerdo a los argumentos esgrimidos por Crystallex ante el Tribunal de Distrito de Delaware, Venezuela instrumentó una serie de acciones para evitar pagarle a la minera y al resto de sus acreedores, entre ellas el intento de vender CITGO Petroleum Corporation para mover su valor fuera del territorio estadounidense.

Cuando esta iniciativa fracasó, entonces recurrieron a la monetización del interés de PDVSA en CITGO mediante una compleja oferta de bonos y pagos de dividendos con la intención de evadir a los acreedores. Tal manejo fue calificado por Crystallex como “Transferencia Fraudulenta 2015". En tal sentido, se canceló un dividendo declarado de USD 2.8 mil millones de PDVH a PDVSA, por lo que también Crystallex procesa un reclamo de transferencia fraudulento contra los demandados en el mismo tribunal bajo el número de Acción Civil 15-1082-LPS.

Crystallex acusó que también que ante la expectativa de que el tribunal fallara en su contra, PDV Holding duplicó sus esfuerzos para obstaculizar el pago de las acreencias y decidió, a menos de un mes de que la corte le negara la moción, otorgar a los acreedores de PDVSA un derecho de retención contra el 50.1 por ciento de las acciones de PDVH en su activo CITGO Holding, en apoyo de más de USD 3 mil millones en nueva deuda emitida por PDVSA.

Por ello, Crystallex calificó a PDVSA como un cesionario de la transferencia fraudulenta instrumentada por PDVH.

Refiere la minera que el 24 de octubre de 2016, PDVH ejecutó la “Transferencia fraudulenta de canje de bonos” y PDVSA concluyó un canje de deuda por el intercambio de USD 2.8 mil millones en bonos con vencimiento en 2017 por USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020. PDVH otorgó a PDVSA la nueva garantía para los tenedores de bonos 2020 en forma de un gravamen del 50,1 por ciento sobre sus acciones en CITGO Holding.

En sus alegatos ante la Corte, Crystallex expuso que PDVSA ordenó a PDV Holding que a su vez ordenara a CITGO Holding, la emisión de una deuda de USD 2.8 mil millones que fueron transferidos a PDVH como dividendo para accionistas.

CITGO Holding se habría visto obligada —según la exposición de Crystallex— a pagar una tasa de interés del 12 por ciento para pedir prestados los USD 2.8 mil millones y los bonos fueron calificados como bonos sin grado de inversión o "basura" por las tres principales agencias calificadoras desde el momento en que se emitieron. La canadiense sostuvo que la oferta de deuda no tenía un propósito comercial legítimo, pues al recibir estos fondos, PDVH pagó su propio dividendo igual a lo que recibió de CITGO Holding a PDVSA.

El resultado de estas operaciones habría sido que Venezuela —a través de PDVSA y sus subsidiarias— repatriara USD 2.8 mil millones en ganancias, dejando a su subsidiaria CITGO Holding, insolvente sobre una base contable.

Mecanismo de pérdida de independencia

Hasta ahora, el mecanismo utilizado era que el presidente de la república en Venezuela designa la junta directiva de PDVSA, la cual selecciona el directorio de PDVSA Holding en Delaware, la cual a su vez procede a nombrar a la directiva de CITGO Petroleum Corporation, una cadena que se rompió, a criterio de algunos expertos, al designar la Asamblea Nacional directamente las juntas directivas de PDVSA Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum Corporation.

Esta decisión vendría a sustentar el argumento de Crystallex de que CITGO es un "alter ego" del gobierno venezolano. Un error que fue aprovechado al máximo por la compañía minera canadiense.

Sobre el embajador de Venezuela en Washington designado por Guaidó, Carlos Vecchio, también se levantan algunas voces críticas que lo cuestionan en razón de que durante largos años se desempeñó como abogado principal de ExxonMobil hasta que Chávez expulsó a la petrolera de Venezuela, por lo que se ponen en tela de juicio sus intereses en la posición que ahora ocupa y su defensa del procurador de la AN.

Luego de que el tribunal emitiera su decisión de denegar la moción de PDVH de desestimar el reclamo de transferencia fraudulenta de Crystallex, los demandados de PDV procedieron a instrumentar lo que Crystallex cataloga como la segunda transferencia fraudulenta, ahora gravando un poco más de la mitad del activo principal de PDVH como una estrategia para esquivar a la minera canadiense y otros acreedores.

Fue así como en septiembre de 2016, PDVSA anunció que ofrecería realizar un canje de bonos, utilizando los activos de PDVH como garantía. Al igual que la primera vez, la petrolera estatal venezolana intercambiaría más de USD 7 mil millones de bonos de PDVSA en circulación por “nuevos bonos”, con vencimiento en 2020, respaldados por el 50.1 por ciento del capital social de PDVH de CITGO Holding.

En vista de que la oferta no generó interés en el mercado, PDVSA anunció el 27 de septiembre de 2016 el aumento de la contraprestación pagada a los tenedores de bonos en el canje propuesto y extendió el plazo de licitación anticipado al 6 de octubre de 2016. PDVSA —refirió Crystallex ante la corte— ofreció una consideración de 1.17 veces o 1.22 veces el valor nominal de sus notas existentes de abril de 2017 y noviembre de 2017, respectivamente, a cambio de las notas de mayor vencimiento. “Luego de un nuevo retraso, PDVSA anunció que su canje de deuda había concluido el 24 de octubre de 2016. 

Finalmente, los acreedores que representan bonos por un valor de USD 2.8 mil millones con vencimiento en 2017 presentaron sus pagarés por aproximadamente USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020”.
Glas America fue el agente colateral y a modo de ver de Crystallex, el cesionario de la Transferencia Fraudulenta de Intercambio de Bonos, de acuerdo con la oferta original para los nuevos tenedores de bonos 2020.

También Rosnet

Crystallex acusa una nueva transacción fraudulenta ocurrida en noviembre de 2016, cuando PDVH gravó aún más a CITGO Holding, al otorgarle a la rusa Rosneft un derecho de retención sobre el 49.9 por ciento restante de sus acciones en la segunda.

Por esta operación, PDVSA y no PDVH recibió USD 1.5 mil millones en concepto de préstamos.

PDVSA reconoció a través de un comunicado de prensa que era el destinatario de los fondos del préstamo de Rosneft. Refirió que como propietaria de CITGO, utilizó el citado porcentaje de acciones para recaudar nuevos fondos.

El peligro de perder CITGO

Ante tales circunstancias, Venezuela podría perder su activo más valioso en el extranjero a finales de este mes de octubre, cuando las acciones de la filial pudieran quedar en manos de Rosneft y de otros financistas del gobierno de Nicolás Maduro, alerta una nota de El Nuevo Herald [1].

“La transferencia de propiedad será provocada por el esperado incumplimiento en el pago de $ 913 millones de dólares de un bono de Petróleos de Venezuela que vence el 27 de octubre. Los tenedores de deuda tienen el derecho de asumir control del 50,1% de las acciones de CITGO colocado en garantía por Maduro para esa emisión (el bono 2020 de PDVSA), gracias a una licencia que les libra de las restricciones que representan las sanciones”, reza la nota.

Agrega que esta licencia fue otorgada por el Departamento Tesoro con el objetivo de acorralar financieramente a la administración de Maduro, pero estando en la actualidad el gobierno interino de Juan Guaidó al control de CITGO, la medida solamente amenaza la propiedad de una compañía vista como vital para la futura recuperación de la quebrada Venezuela.

La nota advierte que si bien el bono 2020 de PDVSA tiene como garantía el 50,1 por ciento de la compañía, todas las acciones de CITGO se verían afectadas por un incumplimiento el 27, en razón de que Nicolás Maduro, como ya se dijo, también otorgó como garantía el resto del capital accionario de la filial en el préstamo de USD 1.500 millones que obtuvo de Rosneft.

Igualmente, la presidenta de la junta directiva ad hoc de CITGO, Luisa Palacios, estima que el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es vital en toda esta trama para que Venezuela mantenga el control de la filial y en tal sentido dijo que el mandatario estadounidense “debería evitar que los tenedores de bonos de la estatal petrolera PDVSA tomen control de CITGO, uno de los principales activos de Venezuela en el exterior”.

— Después del apoyo brindado para salvar a CITGO, me parece contradictorio que el mismo esfuerzo no se haga aquí para salvar a CITGO de los tenedores de bonos[2].

También los exiliados venezolanos asociados en la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, pidieron al secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, que retire la licencia que permite a los tenedores de bonos de la estatal petrolera PDVSA asumir el control accionario de la refinadora.

Es de “vital importancia para la recuperación económica del país, una vez se logre la salida del dictador del poder (…) EE. UU. ha sido el principal aliado del pueblo venezolano en esta lucha por recuperar su democracia y libertad. Es desesperadamente necesario que se pueda tomar esta medida que garantizaría a la sociedad y a las generaciones de relevo en Venezuela preservar una empresa que sería el corazón económico de la nueva república”, dijo el presidente de Veppex, José Colina[3].

AN pagó intereses en mayo

Entre las medidas adoptadas por la junta directiva ad hoc de CITGO nombrada por Guaidó que encabeza Luisa Palacios, estuvo el pago de intereses sobre el vencimiento de sus bonos en 2020, con el objetivo de retrasar cualquier acción en represalia del activo venezolano en Estados Unidos, toda vez que se trata de una emisión de papeles respaldados con acciones de la de la refinería de la filial de PDVSA. En tal sentido, se cancelaron USD 71 millones a los tenedores de bonos.

Pero la espada de Damocles sigue pendiendo sobre CITGO, cuando el 27 de octubre próximo deba pagar intereses por el orden de USD 913 millones y no todos son optimistas acerca de las posibilidades reales de cancelar tal erogación, como Torino Economics que publicó que "Vemos el pago de octubre de USD 913 millones como improbable en ausencia de cambios políticos"[4].

Esa, a juicio del Procurador Especial, José Ignacio Hernández, era la única manera de proteger los activos del estado venezolano y colocar al gobierno encargado del presidente de la AN en una mejor posición para la estrategia de renegociación de la deuda pública.

A través de un comunicado, Hernández recordó que cuando el Bono 2020 fue emitido en 2016 la Asamblea Nacional cuestionó la operación de canje que llevó a su emisión por considerar desfavorables para la república sus condiciones financieras y la garantía sobre el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc., empresa de control de CITGO Petroleum Corporation.

Refería Hernández que aun cuando por las leyes de Nueva York la negociación era válida a pesar del cuestionamiento del Poder Legislativo venezolano, PDVSA debía pagar los intereses del bono antes del 29 de mayo, pues de lo contrario se generaría un incumplimiento y los tenedores de los papeles podían tomar control sobre CITGO Holding.

Agregó que desde su nombramiento había agotado todas las opciones para lograr diferir el pago de PDVSA sin éxito, como tampoco había logrado que se dictara una medida que proteja debidamente a CITGO en caso de incumplimiento del pago de intereses.

Explicó que el pago de intereses se haría con “recursos que, de otra forma, deberían quedar congelados debido a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Esto implica que, en realidad, no hay un costo de oportunidad por el uso de estos recursos, pues estos solo podrían utilizarse para el pago de intereses”.

Recomendó que el pago se hiciera bajo protesto, “a los fines de permitir a la Asamblea Nacional continuar la investigación sobre la emisión del Bono 2020 que inició en 2016 y que no pudo continuar por el acoso al cual la Asamblea fue sometida por el Tribunal Supremo de Justicia”.

Tanto el procurador de Guaidó como la Asamblea Nacional estimaron que el pago de los intereses permitiría que Venezuela estuviera en mejores condiciones de renegociar la deuda[5].

Entretanto, la expectativa se mantiene sobre qué sucederá el próximo 27 de octubre, fecha en que deba producirse el pago por parte de Venezuela de los USD 913 millones de interés a los tenedores de los bonos PDVSA 2020.





[1] Panorama. “Venezuela corre el riesgo de perder Citgo a finales de mes: Nuevo Herald”. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Venezuela-corre-el-riesgo-de-perder-Citgo-a-finales-de-mes-Nuevo-Herald--20191010-0018.html

[2] Reuters. “Guaidó necesita ‘apoyo’ de Trump para mantener control de Citgo: presidenta”. 2 de octubre de 2019. https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-petroleo-citgo-idLTAKBN1WH1PB-OUSLT

[3] El Nuevo Herald. “Exiliados piden al Tesoro de EEUU evitar que Venezuela pierda a Citgo”. 10 de octubre de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article235987523.html

[4] Reuters. “Venezuela's ad-hoc PDVSA board begins payment on Citgo-backed 2020 bond”. 16 de mayo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-bonds/venezuelas-ad-hoc-pdvsa-board-begins-payment-on-citgo-backed-2020-bond-idUSKCN1SM1KH

[5] Descifrado. “Comunicado: Pago de intereses del Bono 2020 es la única opción que permite proteger activos del Estado venezolano”. 8 de mayo de 2019. http://www.descifrado.com/2019/05/08/comunicado-del-procurador-especial-sobre-el-pago-de-intereses-del-bono-2020/


jueves, 17 de octubre de 2019

El incierto destino de CITGO: Las contradicciones del caso (II)

En la trama que por el control de CITGO Petroleum Corporation mantienen en diversos escenarios entidades con diversos intereses, surgen una serie de elementos y contradicciones que hacen cada vez más difícil vislumbrar cuál será finalmente el futuro del activo más valioso de Venezuela en territorio extranjero.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El futuro de CITGO Petroleum Corporation se debate en diversos escenarios, jurídicos y políticos, uno de ellos los tribunales federales de los Estados Unidos, donde las decisiones que se adopten finalmente serán determinantes para establecer en manos de quién quedará el activo de mayor valor del estado venezolano en el extranjero.
En toda esta trama en la que intervienen dos gobiernos de una misma nación, empresas y acreedores que reclaman el pago de deudas contraídas por Venezuela o que son consecuencia de la medida de expropiación que en 2011 dictó el entonces presidente venezolano, el finado Hugo Chávez Frías, contra Crystallex International Corp., minera canadiense que estaba al frente —desde 2002— del proyecto Las Cristinas.

Particularmente un accionar ha tenido especial repercusión, el del Procurador Especial designado por el gobierno interino de Venezuela a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a saber, José Ignacio Hernández, acusado desde las instancias oficialistas de traición a la patria y de haber actuado en favor de los intereses de la minera canadiense en lugar de los de la república de la que ahora es defensor.

El papel del procurador de Guaidó

José Ignacio Hernández ha jugado un papel fundamental en este asunto al ser quien ahora defiende los intereses de Venezuela y es reconocido como tal por el gobierno de Estados Unidos, pues aparte de este papel que ahora desempeña, declaró como testigo experto convocado por Crystallex en 2017, es decir, poco más de un año previo a su nombramiento como representante legal de la nación.

Ante la corte el entonces testigo experto contratado por Crystallex refirió que el gobierno venezolano había utilizado a CITGO como una herramienta política, una declaración que sustentó la tesis planteada por los abogados de la minera canadiense ante el tribunal para determinar que la filial de PDVSA en los Estados Unidos es un “alter ego” del gobierno venezolano y, por tanto, puede usarse para resarcir a Crystallex en el litigio con Venezuela.

Hernández fue contratado por la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher LLP que representaba a Crystallex para que, en calidad de experto, proporcionara un informe en relación con la moción de la minera para una orden judicial preliminar contra PDV Holding Inc.

El procurador designado por Guaidó sostuvo frente al juez que era de su conocimiento que "esa moción era parte de una disputa más amplia en la que Crystallex alegaba que PDVH, Petróleos de Venezuela S.A. y Citgo Holding Inc. ejecutaron una serie de transacciones en un intento de obstaculizar y retrasar a los acreedores como Crystallex.

¿Qué declaró Hernández ante la Corte?

Pero veamos en detalle lo expresado por Hernández ante la Corte Federal de los Estados Unidos.

Un documento público del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware relacionado con el caso N° 15-1082-LPS —Crystallex International Corp. (demandante) contra PDV Holding Inc. y Petróleos de Venezuela S.A. (demandados)— en el que José Ignacio Hernández intervino el 10 de abril de 2017 como Testigo Experto convocado por la empresa minera canadiense, establece que este declaró bajo pena de perjurio que, en materia de derecho, PDVSA es un brazo del gobierno venezolano.
Insertar Imagen Citgo-Crystallex (II) 1

Hernández refirió que en el contexto de la disputa entre Crystallex, PDV Holding Inc. y PDVSA se le solicitó su opinión sobre la relación entre la empresa petrolera venezolana y la República Bolivariana de Venezuela bajo los parámetros de la ley venezolana, específicamente se le pidió su consideración acerca de si PDVSA opera como una entidad separada del gobierno venezolano. Explicó que para emitir su criterio revisó la constitución venezolana, los actos jurídicos, los documentos oficiales del gobierno, las decisiones de los tribunales y las opiniones de los académicos sobre la relación entre ambos.

Comenzó su exposición haciendo referencia a que PDVSA fue creada a raíz de la nacionalización de la industria petrolera ocurrida en 1975, como empresa propiedad del estado venezolano. La Ley Orgánica que Reserva la Industria y el Comercio de Hidrocarburos, conocida como Ley de Nacionalización, entró en vigencia en 1976 y establecía que todas las actividades de hidrocarburos, incluido el petróleo, estaban reservadas al Estado y en consecuencia, sólo a este —el Estado— se le permitió realizar tales actividades.

Hernández refirió que en razón del artículo 6 de la Ley de nacionalización, se estipulaba que el Ejecutivo nacional estaba a cargo de la gestión y el funcionamiento de las actividades reservadas a través de empresas estatales, las cuales se rigen por la citada ley y sus reglamentos, por sus propios estatutos, por los reglamentos del Ejecutivo nacional y por el Derecho privado.

Citó el informe de la "Comisión Presidencial para la Inversión del Petróleo" el cual (1974) concluyó que "[para] conducir la industria petrolera nacionalizada y ajustarla al interés más alto del país, es necesario crear la Administración Nacional del petróleo”.

Esta Administración Nacional de Petróleo, según lo expuesto por José Ignacio Hernández ante la Corte del Distrito de Delaware, se concibió como un grupo de empresas estatales con autonomía técnica en la ejecución de operaciones petroleras, pero bajo el control total del Gobierno Nacional. “Por lo tanto, mientras que todas las empresas estatales están bajo el ‘control de tutela’ del Gobierno Nacional, el control del Ejecutivo sobre PDVSA es único y más directo. PDVSA es considerada una empresa estatal de conformidad con la Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP). Según el LOAP, aunque PDVSA tiene su propia personalidad jurídica, sus actividades están controladas por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Hernández refirió que la Ley de Nacionalización de 1975 fue derogada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, y luego reformada en 2006, estableciéndose que las "actividades primarias" de los hidrocarburos (exploración y explotación) se llevaran a cabo a través de PDVSA y sus filiales. Hizo mención también al Decreto N° 3299 que confirma que si bien PDVSA tiene el mandato de realizar las "actividades primarias" del gobierno, "cumplirá y alcanzará las políticas de hidrocarburos dictadas por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Minería y Energía".

“Más específicamente, PDVSA actúa bajo la supervisión directa de la Vicepresidencia de Economía del Sector (que coordina todas las actividades relacionadas con el petróleo y la minería) y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. El papel de PDVSA se limita a la ejecución técnica de las políticas petroleras adoptadas por el Gobierno Nacional, especialmente a través de la Vicepresidencia de Economía y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo”, manifestó.

Igualmente, José Ignacio Hernández citó ante la Corte de Delaware, que la Constitución venezolana sostiene que PDVSA es una entidad estatal venezolana y que su papel como tal es el de ser responsable de la exploración y explotación de hidrocarburos. Esto, esgrimió, está ratificado en el artículo 303 de la Constitución venezolana el cual establece que "por razones de soberanía económica y política y estrategia nacional, el Estado retendrá todas las acciones de [PDVSA]".

Igualmente se remitió al dictamen de la Corte Suprema de Venezuela que determinó que "aunque [PDVSA] es una empresa constituida y organizada como una entidad comercial, es indudable, como se afirma en la Constitución, que la empresa forma parte de la estructura general de la Administración Pública Nacional. La Corte Suprema ha considerado que las actividades de PDVSA juegan un papel fundamental en la economía nacional y que PDVSA tiene todos los privilegios de la República. Esto significa que PDVSA y sus filiales son equivalentes a las agencias administrativas del Gobierno”.

Hernández expuso que el ya referido Decreto N° 3.299 estipula la estructura corporativa de PDVSA, la cual está organizada como una sociedad de cartera estatal, teniendo los funcionarios del gobierno, control sobre sus operaciones comerciales diarias.

Subrayó que este Decreto indica que la máxima autoridad de PDVSA es la asamblea y en razón de que Venezuela es el único accionista, dicha asamblea está representada por el Poder Ejecutivo Nacional de Venezuela. “PDVSA está representada por un Consejo de Administración designado por Decreto Presidencial (Cláusulas 16, 17) (…) El Presidente de PDVSA administra la empresa y es su representante legal (Cláusula 33). PDVSA también tiene vicepresidentes (Cláusula 35) y un Consejo de Accionistas, que también son designados por Decreto Presidencial (Cláusula 38)”.

Seguidamente, recordó que el gobierno también aprueba decretos y resoluciones cuando lo desee, para ordenar a PDVSA que realice ciertas actividades para lograr sus objetivos. Agregó que el gobierno también ha dirigido a PDVSA y sus afiliados a lograr sus objetivos de expropiación y mencionó que de acuerdo a varios comentaristas expertos, PDVSA y sus filiales se consideran una empresa estatal de naturaleza única porque actuarán bajo las políticas del Gobierno Nacional.
José Ignacio Hernández, durante su exposición ante la Corte de Delaware manifestó que a su juicio PDVSA es una herramienta política del gobierno venezolano y para ello se sustentó en el aumento de control que el Ejecutivo venezolano incrementó sobre la empresa petrolera a partir del año 2002 cuando comenzó el gobierno a referirse a ella como la “Nueva PDVSA”. “La principal consecuencia de esta transformación fue que el Gobierno aumentó su control político sobre PDVSA y sus afiliados. La naturaleza técnica de esas compañías fue reemplazada por un papel político bajo el modelo socialista”.

Y agregó: “(…) el Gobierno ahora controla los recursos petroleros del Estado, a través de PDVSA, mucho más íntimamente que antes. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, varios ministros del gobierno son miembros de las juntas directivas de PDVSA. Durante mucho tiempo, el Presidente de PDVSA también fue el Ministro a cargo del sector petrolero. Esto permite al Gobierno controlar el funcionamiento diario de PDVSA”.

Hernández también mencionó el “Plan de Siembra Petrolera” implementado por el gobierno, el cual le asigna objetivos políticos a la empresa de acuerdo a su planificación socialista con el fin de satisfacer las necesidades colectivas bajo el control del Gobierno. Fue así como PDVSA asumió actividades económicas diferentes de sus "actividades primarias". En tal sentido citó el Informe Anual de Gestión 2012, que rezaba: “En el contexto del proceso de transformación de la Nueva PDVSA, la Compañía ha promovido el fortalecimiento del nuevo modelo socioeconómico, a través de la creación de los llamados ‘afiliados no petroleros’. Estos afiliados han sido la piedra angular de la construcción del nuevo modelo de negocio socialista que apoya el proceso de transformación y cambio de la infraestructura productiva nacional”.

Igualmente expuso que “El Gobierno también aumentó su control sobre los ingresos de PDVSA a través de fondos extrapresupuestarios que se administraron bajo las decisiones discrecionales de la Presidente, como el Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN). Especialmente, PDVSA apoyó los programas sociales del Gobierno Nacional, llamados ‘misiones’, en actividades como alimentación y vivienda”.

Hernández también dijo que el gobierno utiliza a PDVSA como un instrumento para cumplir acuerdos internacionales, tal es el caso de Petrocaribe. También el gobierno impone a PDVSA el deber de proporcionar petróleo a China para cubrir sus obligaciones de deuda.

Concluyó José Ignacio Hernández ante la Corte de Delaware que “el Gobierno ha aprobado varias leyes y decretos que obligan a la conducta de PDVSA a alinearse con sus objetivos sociales y políticos. Del mismo modo, utiliza PDVSA como herramienta política para lograr sus objetivos nacionales e internacionales. PDVSA, a su vez, debe cumplir con estas obligaciones que le dicta el Gobierno”.

Otra actuación de Hernández

Esta no habría sido la única ocasión en que Hernández prestaba sus servicios como testigo experto en favor de una compañía extranjera en un litigio contra Venezuela. También en 2013 ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el ahora procurador de Guaidó atestiguó por convocatoria de la Owens-Illinois, ocasión en que el fallo de la corte determinó que el gobierno venezolano debía pagar a la empresa estadounidense USD 371 millones por la nacionalización de sus plantas en 2010. También como ahora, la Owens-Illinois buscaba cobrar el dinero a través de CITGO. Documentos públicos de la corte revelaron que, por sus servicios, Hernández recibió USD 163.720.

Las críticas al procurador de Guaidó aumentaron en el transcurso de los últimos meses. A tales extremos que él mismo, muchos dirigentes de su partido o miembros del gobierno interino, coincidieron en que había una campaña de descrédito en su contra por lo que salieron en su defensa.

Entre estos defensores se cuenta el embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, quien ha salido en apoyo de Hernández y su papel en “defensa de los intereses de la República con esmero, dedicación y talento. Todo ello en condiciones de máxima precariedad, pues no tenía a su disposición recurso alguno, ni material ni humano y sin embargo fue acumulando éxitos, muchas veces enfrentado a muy poderosos intereses representados por legiones de abogados expertos”.

Tarre Briceño calificó como una alegre campaña de destrucción moral, la arremetida emprendida por el “gobierno usurpador [de Nicolás Maduro], pero también de unos pocos particulares” al acusarle “no solo de ser responsable por la pérdida del juicio sino de haberse parcializado en favor de quienes adversaban a Venezuela en ocasión de su testimonio. Me parece insólito que existan personas que pretendan construir protagonismos sobre la base de la calumnia y de acusaciones infundadas. No se aportan pruebas, no se esgrimen argumentos, no se razona. Simplemente se trata de destruir a alguien, olvidando la presunción de buena fe y de inocencia. Dejando de lado la objetividad y la justicia. En claro ejercicio del famoso ‘dispare primero y averigüe después’. El testimonio de José Ignacio reposa en los archivos del tribunal y es muy fácil corroborar qué fue lo que dijo o hizo” .

El fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció el 31 de julio a través de su cuenta en la red social Twitter, que el Ministerio Público inició una investigación penal contra Hernández por su participación en un juicio en Estados Unidos contra PDVSA propiciando el embargo de CITGO.

Saab aseguró que Hernández habría sido contratado por la empresa Crystallex "para usar sus argumentos jurídicos en contra de los alegatos presentados por PDVSA", al tiempo que calificó estos actos como "traición" y acción fraudulenta ante un tribunal para "propiciar el embargo de CITGO".

Una nota de CNN en Español refiere que el fiscal acusó a Hernández de “impostor” al haber actuado contra PDVSA en un juicio de Estados Unidos que propicia el embargo de CITGO.

“#COMUNICADO El @MinpublicoVE anuncia que ha iniciado una investigación penal con motivo de la participación en un juicio en territorio estadounidense contra PDVSA de un falso funcionario que pretende ostentar el cargo de Procurador Especial para la defensa del Estado #31Jul”, expresó Saab en la red social Twitter.

También contra Hernández se pronunció la vicepresidente ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez, a quien lo calificó como un abogado de empresas trasnacionales. “En el caso de Crystallex, vendió la insólita teoría de ‘alter ego’ para ir contra los activos de PDVSA. Se le conoce por ser abogado de empresas trasnacionales por eso fue escogido minuciosamente como una pieza fundamental que conoce bien los juicios contra Venezuela. Es un gran estafador y un mentiroso”.

Rodríguez extendió sus acusaciones hacia Juan Guaidó, a quien señaló de encabezar “una banda criminal” que busca “despojar” de sus activos a Venezuela. “Estamos frente a un golpe jurídico bajo un fraude procesal, ante un caso de prevaricación para despojar a Venezuela de sus activos en el extranjero. Quieren hacer lo que no lograron con el golpe petrolero de 2002”.

Agregó que esta “agresión jurídica” carece de sustento. “Lo que están realizando es un gran festín para repartirse, como botín, los activos del Estado Venezolano en los Estados Unidos. El caso Crystallex es la punta de iceberg, porque ya han hecho un inventario de los casos procesales de Venezuela. Estamos frente al peor despojo republicano en la historia”.

Dijo que la “banda criminal” liderada por Guaidó utiliza al gobierno de EE. UU. en un conjunto de acciones acompasadas. “Señalé en rueda de prensa que el caso de Crystallex es un acto de crimen organizado, y estoy segura que desde hace dos años se venía planificando esta acción”.

Hernández se defiende

José Ignacio Hernández le salió al paso a las acusaciones en su contra y, en primer lugar, asegura que la Orden Ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump protege cualquier activo que tenga el estado venezolano en Estados Unidos, entre ellos CITGO. Sostiene que la sección primera de dicha orden, en su literal A, bloquea todas las propiedades del gobierno de Venezuela en EE. UU., “todas sin excepción”, mientras que en la sección sexta, establece que “esa prohibición aplica más allá de cualquier licencia que se hubiese podido otorgar en el pasado”. En tal sentido, asegura que este bloqueo evita vender, ceder, traspasar, gravar, ejecutar, embargar ninguno de los activos. Subraya que los tenedores de bonos no podrán tomar control de CITGO en razón de que expresamente se dejó sin efecto la Licencia General N° 5 que acompañó la emisión del Bono PDVSA 2020, la cual permitía hacer uso de las acciones de la filial en caso de incumplimiento de pago.
Tales consideraciones las hizo ante el periodista Andrés Rojas en una entrevista para Hispano Post en la que denunció que quienes lo acusan incurren en los delitos de difamación e injuria.

Advierte que la Orden Ejecutiva de Donald Trump no puede interpretarse como un embargo contra Venezuela, pues ella lo que prohíbe es que una empresa tome control de activos del país o que el gobierno de Nicolás Maduro disponga de activos de la república en Estados Unidos. “Un embargo prohíbe totalmente operaciones de importación y exportación con un país, y esta medida no prohíbe eso. Esta medida lo único que prohíbe es que empresas americanas negocien con Maduro”.

En tal sentido, Hernández sostiene que la “Orden Ejecutiva no prohíbe que empresas en Venezuela importen bienes y servicios desde los Estados Unidos, siempre y cuando no tengan contacto alguno con el gobierno de Maduro”.

Sobre su actuación con Crystallex, José Ignacio Hernández dice que en 2017 preparó un “dictamen de experto independiente del derecho venezolano como propuesta de los abogados de la empresa para explicar cuál es el régimen jurídico de PDVSA y como el régimen de Hugo Chávez había violado la Constitución y las leyes al violentar la autonomía de PDVSA. Ese fue un dictamen estrictamente basado en el derecho venezolano e independiente”. Esto último lo aclara para negar que en el juicio en el que intervino haya analizado la “tesis de alter ego ni los méritos o no de los argumentos del derecho americano. Yo solo expliqué al juez el derecho venezolano; y luego es independiente porque yo nunca defendí o promoví los intereses de esa empresa, ni defendí o promoví los intereses de PDVSA o de la República, es decir, yo no me metí en el juicio. Debo decir que ese dictamen es público, nunca analicé el caso de Crystallex y los abogados me llamaron porque yo había venido explicando cómo Chávez y Maduro destruyeron la autonomía de PDVSA y desviaron ingresos petroleros a través del Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional) (…) Nunca hablé de Crystallex y si se le debía plata. Ese no era asunto mío, y para ser sincero y honesto no me leí la demanda de Crystallex para no contaminar mi opinión. Eso fue lo que yo hice. Después de eso no supe más del caso”.

Hace referencia al acuerdo secreto de pago que negoció Crystallex con Maduro para el pago de la indemnización decidida por el CIADI, lo que niega la afirmación de que la negociación se perdió por su culpa. “(…) el señor Maduro dijo en cadena nacional que ellos estaban ganando ese caso y que lo perdieron por mi culpa y es lo mismo que ha dicho el ingeniero litigante. La verdad es que el caso se perdió en agosto de 2018 y en septiembre se firmó una transacción que le reconocieron a Crystallex un pago por 1.400 millones de dólares, le pagaron 425 millones de dólares, pero lo más irregular es que hay una denuncia del propio régimen de Maduro de que la empresa había falsificado una transacción, que había cambiado la transacción”.

Sobre el caso de la Owens Illinois, Hernández refiere que como profesor universitario sostuvo que las expropiaciones implementadas desde 2007 por Hugo Chávez eran inconstitucionales. “En el caso de Owens, en el año 2013 yo di un testimonio experto, y eso es opinión pública, explicando la inconstitucionalidad del decreto de expropiación de Owens Illinois. Yo no fui abogado de la empresa, ni promoví sus intereses, y luego la empresa ha demandado, pero yo no he tenido que ver con esos casos”.

Igualmente negó haber recibido pago personalmente, sino que lo cancelado por la vidriera fue al escritorio jurídico en el cual era socio para ese momento.

Hernández: Me separé del caso

José Ignacio Hernández aseguró haberse separado del caso. “Yo me separé del caso en marzo de 2019. Yo no he tenido que ver en las decisiones de este caso. Me inhibí precisamente para evitar cualquier señalamiento de conflicto de intereses. El testigo experto no es abogado de las partes. Nunca defendí la posición de Crystallex en el juicio ni promoví sus intereses. El testigo experto es básicamente un profesor de derecho público que de manera independiente le explica al Tribunal ciertos puntos del derecho venezolano”.

Recordó que su nombramiento fue anulado por la “ilegítima Sala Constitucional”, la cual acordó “de manera ilegítima” dictar medidas en su contra y agregó que el anuncio de Tarek William Saab solamente es “una clara demostración, otra más, de que en Venezuela hay una persecución política en contra de las legítimas autoridades de Venezuela. Lo lamentable es que algunas personas se sumen a esta persecución”.

José Ignacio Hernández dijo que el gobierno de Juan Guaidó podría plantear como nuevo argumento ante el Tribunal de Primera Instancia, los cambios hechos en las juntas directivas de Pdvsa y de Citgo. “El Tribunal de apelaciones señaló que visto que el Gobierno del presidente Juan Guaidó introdujo nuevos alegatos relacionados con los cambios que aseguran la autonomía y la independencia de PDVSA y de CITGO, esos nuevos hechos podrían ser planteados por el Gobierno legítimo de Venezuela de nuevo ante el Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que si todos los recursos que caben contra esta decisión, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, fallan, y el caso vuelve al Tribunal de Primera Instancia, el Gobierno legítimo de Venezuela podrá explicar por qué ya no es posible sostener que PDVSA y la República conforman una unidad política vistos los cambios luego de que el presidente Guaidó asumiera la Presidencia de la República”.

Pero el ingeniero y especialista en finanzas, Jorge Alejandro Rodríguez, le salió al paso a lo dicho por Hernández asegurando que Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández engañaron al país, pues la carta de separación del cargo presentada por el segundo es “espuria”.

A “Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández, los denuncio como personas que están pretendiendo estafar y engañar a Juan Guaidó, haciéndole creer a la directiva del Parlamento que esa separación existió y jamás ocurrió”.

Para sustentar su afirmación, Jorge Alejandro Rodríguez dijo que la metadata de la carta de Hernández demuestra que el documento no existe. “Fue creada este 31 de julio entre las 3:28 y 3:33 de la tarde, es una vergüenza y un bochorno, y esta investigación ahora es cuando debe llevarse adelante”.

La orden Ejecutiva de Trump

El 5 de agosto del presente año 2019, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió la Orden Ejecutiva número 13.884  con la cual adoptó medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.692 del 8 de marzo de 2015, con sus correspondientes enmiendas, que sirvió de base para ulteriores medidas adoptadas en Órdenes Ejecutivas posteriores, y ante la persistente usurpación del poder por Nicolás Maduro y personas asociadas con él, así como violaciones de los derechos humanos, que incluyen la aprehensión y detención arbitraria e ilegal de ciudadanos venezolanos, interferencia en la libertad de expresión, incluso contra miembros de los medios de comunicación, e intentos continuos de atentar contra el ejercicio de la autoridad legítima en Venezuela por el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional venezolana.

La nueva medida decreta el bloqueo de todos los bienes y participaciones en bienes del Gobierno de Venezuela por lo que no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni negociados de otro modo.

Igualmente, contempla la suspensión del ingreso al territorio estadounidense en calidad de inmigrantes o no inmigrantes a toda persona que haya brindado asistencia material, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, en apoyo a cualquier persona incluida en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas que lleva la Oficina de Control de Activos Extranjeros cuyos bienes y participaciones en bienes estén bloqueados conforme al decreto; o esté bajo la propiedad o el control, o que haya actuado o procurado actuar en representación, directa o indirectamente, de cualquier persona cuyos bienes o participaciones en bienes estén bloqueados en virtud de este decreto.

Con la medida, queda prohibido realizar cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona cuyos bienes o participaciones en bienes estén bloqueados conforme a este decreto; y recibir cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios de tal persona. También se prohíbe toda transacción que evada o eluda, o tenga el propósito de evadir o eludir, viole o procure violar alguna de las prohibiciones establecidas en el decreto.

Las disposiciones del decreto exceptúan las transacciones para llevar a cabo las funciones oficiales del Gobierno Federal por parte de empleados, beneficiarios o contratistas de este y las transacciones vinculadas con la provisión de artículos como alimentos, ropa de vestir y medicamentos que tenga como destino el uso para aliviar el padecimiento humano.

Posteriormente, el gobierno estadounidense enmendó 12 licencias y creó otras 13 que generan excepciones a las prohibiciones de la Orden Ejecutiva, entre ellas la que autoriza transacciones que involucran a “ciertas personas del gobierno de Venezuela”, salvo excepciones y permite desbloquear propiedades, en la nación norteamericana, de individuos amparados en la resolución.

Según el portal Crónica Uno esta licencia se emitió en razón de que hubo personas naturales afectadas por esa sanción que no estaban relacionadas al gobierno de Nicolás Maduro. En tal sentido, las personas autorizadas por la Licencia General N° 34 que desearan desbloquear bienes debían presentar en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha en que se desbloquea la propiedad, un informe detallado y presentarlo ante la Oficina de Asuntos Exteriores Control de activos del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Francisco Sucre, presidente de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, advirtió que esta licencia no implica un levantamiento de las sanciones individuales impuestas contra altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.

La Orden Ejecutiva fue celebrada por la oposición venezolana, que estimó que con la misma se protegía a CITGO de los acreedores. Del mismo modo, consideraron que la medida permitía reestructurar “las negociaciones con los tenedores de bonos, lo que había sido prohibido bajo sanciones anteriores. Eso podría ser clave para proteger a CITGO, ya que la mitad de las acciones de la compañía petrolera estatal PDVSA en la refinería se colocaron como garantía para su bono 2020”.

Juan Guaidó había solicitado a Estados Unidos emitir una orden ejecutiva para proteger a CITGO de posibles incautaciones por deudas no canceladas. "Hoy no hay posibilidad de perder a CITGO", dijo Guaidó.

AN debe reconsiderar designación de Hernández

En virtud de toda esta controversia, el economista Francisco Rodríguez, ex-asesor en materia económica del extinto Congreso de la República, emitió una extensa cadena de tweets en los que recomendó a la Asamblea Nacional reconsiderar la decisión de otorgar al Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández, la responsabilidad de proteger los activos de PDVSA.

Alertó que el Poder Legislativo nacional debe cuidarse de tomar decisiones que puedan ser utilizadas en su contra en las cortes estadounidenses y, por ello, estima imprescindible mantener la separación entre las decisiones del gobierno venezolano y las decisiones de PDVSA.

Rodríguez advirtió que el Procurador es abogado de la república y no de PDVSA. “Obligar a PDVSA a adoptar al abogado de la República es una práctica de control directo que da pie al argumento del alter ego y hace a la empresa vulnerable ante embargos en cortes internacionales”.

En tal sentido instó a la Asamblea Nacional a corregir el acuerdo para encomendar a la representación legal de PDVSA todo lo relacionado con la defensa de los activos de la empresa y así evitar que el citado acuerdo sea utilizado en el futuro por quienes demanden al país.

Rodríguez, que considera a la AN como la única institución reconocida por todas las naciones del mundo, llamó a esta instancia del Poder Público a solicitar con urgencia a la Organización de Naciones Unidas (ONU) una resolución para proteger los activos de Venezuela.

Luego de recordar que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro endeudaron al país en USD 154 millardos a pesar del boom petrolero que le permitió inmensos ingresos, así como la política de expropiaciones violando tratados de protección de inversión suscritos por el país, se refirió a que en 2017 el país cayó en default de su deuda, presionado por la caída de la producción petrolera. Estas acciones trajeron como consecuencia las demandas que los afectados mantienen contra la república en instancias judiciales internacionales.

En razón de que una corte de Delaware decidió que Crystallex podía embargar las acciones de PDV Holding, dueña de la casa matriz de CITGO por el incumplimiento del laudo arbitral del CIADI, Francisco Rodríguez estima que al país le quedan dos opciones legales: solicitar una revisión de la apelación, o llevar el caso a la Corte Suprema, ambas con una baja probabilidad de éxito.
En posterior entrevista con el periodista Román Lozinski, Rodríguez alertó que los gobiernos extranjeros son quienes tienen la potestad de decidir quién controla los activos del estado venezolano en su territorio. “La potestad de controlar activos del estado venezolano en el extranjero, o de decidir quién puede controlar esos activos, le corresponde a los gobiernos extranjeros”.

Igualmente subrayó que ley estadounidense establece que un acreedor puede embargar los activos de una compañía para cobrar la deuda de su dueño “sólo si se prueba que el dueño ejerció ‘control extensivo’ sobre una compañía sin permitirle actuar independientemente. El control extensivo implica que la compañía no es autónoma sino que es utilizada como un instrumento del dueño”.

Del mismo modo, cree que una salida es instar a que Estados Unidos revoque la licencia general 5 correspondiente a los bonos 2020 de PDVSA, que niegue la licencia solicitada por Crystallex y pedir al gobierno de Donald Trump que emita una orden general protegiendo a los activos venezolanos del embargo.

Crystallex requeriría una licencia

Entretanto, el asesor del jefe de la Asamblea Nacional, Alejandro Grisanti, advirtió que para que Crystallex pueda tomar los activos de CITGO luego de la decisión judicial, es necesario que la minera solicite una licencia a las sanciones de Estados Unidos sobre PDVSA.

“La sentencia (...) establece claramente que Crystallex va a necesitar una licencia para poder ejecutar el activo”, le manifestó Grisanti a Reuters.

Por otra parte, Grisanti informó que representantes del gobierno de Guaidó en Estados Unidos solicitaron al gobierno de Trump que emitiera una orden ejecutiva que protegiera a CITGO de la incautación. “Queremos que el gobierno estadounidense entienda que lo peor que puede pasar para el final (del gobierno de Maduro) es no proteger los activos de Venezuela”.