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lunes, 24 de agosto de 2020

El destino de CITGO se debate entre Venezuela, Crystallex y los bonistas

Por Maibort Petit

  Tribunales de los Estados Unidos se han convertido en el escenario en el que se definirá qué pasará con la filial de PDVSA. El problema estriba en que tales procesos judiciales tienen un costo y los fondos venezolanos están por agotarse.

  

   El principal activo de Venezuela extra fronteras, CITGO, es objeto de disputa entre el país que aspira mantener su soberanía sobre la empresa, el interés de la empresa minera Crystallex empeñada en hacer valer las sentencias que la favorecen al haber sido expropiada en tiempos del gobierno de Hugo Chávez, y los bonistas que reclaman el pago de intereses vencidos al haberse puesto las acciones de la empresa en garantía de los mismos.

  En las cortes de los Estados Unidos cursan varios procesos en los que bonistas y víctimas de la política expropiatoria del gobierno venezolano, buscan recuperar sus inversiones a través de la venta de la empresa.

  Por un lado, Crystallex insiste en que se proceda la venta de las acciones de CITGO para así cobrar lo que se le adeuda por la expropiación de que fue víctima por parte del gobierno de Hugo Chávez, mientras que por otro los tenedores de los llamado Bonos PDVSA 2020 exigen que se proceda a vender los papeles que sirvieron de garantía de las notas de la petrolera.

  Pero, aparte de la incertidumbre acerca del destino de la empresa, también está la que genera saber hasta cuando podrá Venezuela mantenerse en la lucha judicial, por cuanto el gobierno interino se está quedando sin fondos para pagar a los abogados que representan al país en los litigios.

  La junta directiva ad hoc de PDVSA advirtió que cuentan con recursos para unos dos o tres meses y por ello instan a los legisladores venezolanos encontrar una solución estructural para esta situación[1].

La Moción en Delaware de Crystallex

  Crystallex International Corporation pidió a la Corte de Delaware negar la solicitud de reparación extraordinaria de la sentencia presentada por Venezuela y conceder la moción de la demandante de autorizar los próximos pasos en el proceso de ejecución del fallo y se proceda a la venta de las acciones de PDV Holding.

  Considera Crystallex que la Declaración de interés presentada por Estados Unidos no altera el análisis del tribunal de la moción de la Regla 60 (b) de Venezuela o la moción de Crystallex para autorizar la venta de las acciones de PDV Holding.

  En el pedido presentado el pasado 14 de agosto de 2020, Crystallex manifestó al tribunal la necesidad de que se evite que la empresa pueda ejecutar la sentencia judicial relativa al embargo de las acciones de PDV Holding Inc emitida por el Tercer Circuito cuya revisión fue denegada por la Corte Suprema.

  Crystallex sostiene que Venezuela no ha ofrecido motivos válidos para que se altere el fallo ya emitido a la luz de la Regla Federal de Procedimiento Civil 60 (b), D.I. 183.

  Sostiene la demandante que la Declaración de interés del gobierno de los Estados no cambia la sentencia pues, por el contrario, la misma socava directamente el único fundamento legal que presentó Venezuela para justificar la reparación de la Regla 60 (b), a saber, la afirmación de que mantener el auto violaría las regulaciones actuales de la OFAC.

  Respecto a la carta del representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, Crystallex considera que lo que se expone en ella es irrelevante, toda vez que se sustenta en argumentos de la política exterior de los Estados Unidos que no deben ni pueden interferir en la aplicación de la justicia. La demandante estima que sería el colmo de la injusticia que nuevamente Crystallex, que ya fue víctima de la expropiación por parte del gobierno venezolano, ahora también vaya a serlo por el poder ejecutivo estadounidense persuada al Congreso de apoderarse efectivamente de la propiedad declarada de que la empresa tiene en PDVH.

  La demandante argumenta que el único fundamento jurídico presentado por Venezuela no fue apoyado por Estados Unidos en el sentido de que se violaría el actual régimen de sanciones de la OFAC.

La tesis dela alter ego está vigente

  Por otra parte, Crystallex sostiene que nada tienen que ver los argumentos de Estados Unidos dadas las actuales circunstancias de Venezuela para invalidar la tesis del alter ego.

  Refiere que nada en el escrito de Estados Unidos cambia el hecho de que PDVSA era el alter ego de Venezuela cuando recibió los activos expropiados de Crystallex sin contraprestación alguna, cuando pagó los honorarios de Venezuela en el arbitraje subyacente con Crystallex, cuando Venezuela la utilizó para acceder a los mercados crediticios de Estados Unidos, cuando Crystallex presentó su moción de embargo, y cuando este Tribunal se pronunció sobre dicha moción.

  Crystallex asegura que la tesis de que PDVSA es el alter ego de Venezuela está respaldada por décadas de decisiones judiciales, así como por el propósito y efecto legal del propio auto de embargo, que consiste en colocar la propiedad de un deudor en posesión del tribunal para que no cambie de manos antes de la ejecución.

  Advierte que se frustraría el propósito esencial del embargo si un deudor pudiera efectivamente disponer de la propiedad después de haber sido embargada, siendo que eso es precisamente lo que Venezuela (y los Estados Unidos, implícitamente) defienden están defendiendo.

  La corte debe obviar los objetivo de política exterior de EE. UU.

  Crystallex subraya que es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos recurra a la carta del Representante Especial, Elliot Abrams, donde afirma, sin respaldo, que autorizar la venta de las acciones de PDVH podría "dañar en gran medida” los objetivos de política exterior sobre Venezuela.

  Alerta que los motivos de política exterior no proporcionan ninguna base para reabrir la sentencia del Tribunal en virtud de la Regla 60.

  Puntualiza que los motivos de política sobre la facilitación de la ayuda extranjera al régimen de Guaidó, de ninguna manera justifica la eliminación del gravamen de Crystallex sobre PDVH.

 Incluso, Crystallex refiere que los argumentos relativos a la política exterior son insostenibles dadas la condiciones que prevalecen en Venezuela, donde Juan Guaidó ha hecho poco para consolidar su gobierno y su poder se debilita según transcurre el tiempo.

Guaidó sin poder

  Advierte que los esfuerzos de Guaidó para reemplazar a Maduro podrían colapsar en cualquier momento y Estados Unidos podría retirar su apoyo. “De hecho, informes recientes sugieren que el apoyo del presidente Trump para respaldar activamente a Guaidó se ha desvanecido últimamente, ahora que el ex-asesor de Seguridad Nacional Bolton, un partidario clave de la política existente, dejó el cargo y perdió el favor del presidente”, acota la demandante.

  La demandante cree que las preocupaciones del gobierno de EE. UU. debieron plantearse ante el Tribunal o al Tercer Circuito después de la sentencia de agosto de 2018, o después de que Venezuela invocó por primera vez el cambio de política del Poder Ejecutivo con respecto a Guaidó en marzo de 2019.

  Crystallex manifestó que si el Poder Ejecutivo cree que el proceso de concesión de licencias de la OFAC no avanza adecuadamente en sus objetivos de política y que se necesita más para apoyar a Guaidó o al pueblo de Venezuela, puede llevar esas preocupaciones al Congreso.

  Si al hecho de que el gobierno de Chávez expropió a Crystallex en aras de los supuestos intereses del pueblo venezolano, ahora se le imposibilita ejecutar la sentencia en razón de resguardar los supuestos los intereses políticos del gobierno de los Estados Unidos al brindar ayuda y apoyo a Venezuela, esto no sería diferente de lo que Venezuela le hizo a la mina de oro de Crystallex. “Si el Poder Ejecutivo busca transferir activos a Guaidó para apuntalar su control de CITGO y, en última instancia, de Venezuela, debe buscar una aprobación del Congreso a través de los canales normales y utilizar los propios activos de este país, no los de Crystallex, para lograr ese objetivo. No debería intentar reclutar al poder judicial para que haga el trabajo sucio eliminando el gravamen por el que Crystallex luchó a un alto costo años después del hecho”.

Jueza de Nueva York a la espera

  Entretanto, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk, intenta darle tiempo al gobierno de los Estados Unidos mientras se determina si participará en el caso de los tenedores de los Bonos PDVSA 2020.

  El gobierno interino de Venezuela, presidido por Juan Guaidó y la junta nombrada por este, demandaron en 2019 que se declaran inválidos los bonos por no haber sido aprobada la operación de su emisión por parte de la Asamblea Nacional como manda la constitución venezolana.

  En razón de que las agencias del gobierno de EE. UU. estiman que hasta septiembre podrían decidir si presentan una declaración de interés en el caso, la jueza Polk retrasó los argumentos orales programados para el 12 de agosto para el 22 de septiembre[2].

CITAS

[1] Argus Media. “La defensa legal de Citgo pesa sobre los enemigos de Maduro”. 5 de agosto de 2020. https://www.argusmedia.com/en/news/2129957-citgo-legal-defense-weighing-on-maduros-foes

[2] Argus Media. “Juez de EE. UU. Retrasa argumentos sobre bonos de Citgo”. 29 de julio de 2020. https://www.argusmedia.com/en/news/2127609-us-judge-delays-citgo-bond-arguments


 


 

miércoles, 5 de agosto de 2020

Juez de Delaware fija audiencia para escuchar argumentos sobre posible venta de CITGO para el 17 de septiembre

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El juez del Delaware, Leonard P. Stark ordenó a las partes del juicio de Crystallex contra la República de Venezuela, preparar los argumentos finales del caso, y fijó una audiencia virtual para el 17 de septiembre de 2020, donde el tribunal escuchará los argumentos relacionados con posibles procedimientos de venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, para pagar las deudas pendientes.
  La orden oral del juez dice que la audiencia será a las 9:00 AM y las partes trabajarán con las cámaras para hacer arreglos que permitan que el argumento continúe por teleconferencia, con la oportunidad de que los miembros del público escuchen, sin poder interferir con los procedimientos. 

   El juez informó que había  revisado la carta de las partes del 21 de julio y que a raíz de la información derivada de la Declaración de interés que hicieron los Estados Unidos en el caso se ordenó lo siguiente: 

(i) Crystallex debe presentar un informe, que no exceda 15 páginas (a doble espacio), a más tardar el 14 de agosto; 
(ii) las partes de Venezuela pueden presentar un solo informe de respuesta, que no exceda las 15 páginas (a doble espacio), a más tardar el 28 de agosto; 
(iii) las partes de ConocoPhillips pueden presentar un solo informe de respuesta, que no exceda las 10 páginas (a doble espacio), a más tardar el 28 de agosto; 
(iv) los Estados Unidos pueden presentar un solo informe de respuesta, que no exceda las 10 páginas (a doble espacio), a más tardar el 28 de agosto; y 
(v) Crystallex puede presentar un informe de respuesta única, que no exceda las 10 páginas (a doble espacio), a más tardar el 4 de septiembre. 

La posible pérdida de CITGO


  Luego que el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos se negara a discutir el recurso interpuesto por los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, en mayo de 2020, Stark aprobó continuar con el procedimiento establecido para la venta del principal activo de los venezolanos en exterior, CITGO para cobrarse una deuda que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la minera canadiense Crystallex.

  El juez estadounidense había ordenado en 2019 la venta de las acciones de CITGO y los representantes legales del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como legítimo, apeló la decisión.

  En noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. en Filadelfia confirmó una decisión que permitía a la canadiense Crystallex subastar acciones en CITGO para cobrar una sentencia de $ 1.4 mil millones.

  El presidente de Donald Trump ha tomado varias acciones para salvaguardar a CITGO, tratando de bloquear la intención de los acreedores de Venezuela que buscan cobrar sus deudas, en buena medida para proteger a la administración interina de Juan Guaidó.

  La protección de los activos que establece la orden del gobierno federal obliga a Crystallex a pedir una licencia ante el Departamento del Tesoro de los EE. UU. para proceder con la venta de CITGO.

  En octubre de 2019, la Corte de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos dictaminó que Crystallex International Corp podía avanzar con los esfuerzos para confiscar las acciones de la refinadora de petróleo CITGO.

  La canadiense Crystallex, desaparecida actualmente, había ganado una sentencia de $ 1.4 mil millones como premio por la expropiación de sus activos ejecutada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La minera también consiguió sentencias judiciales favorables en los Estados Unidos para subastar acciones de CITGO, propiedad del Estado Venezuela, para cobrar la deuda.

  La orden del juez Stark es un elemento definitorio para que los venezolanos pierdan el activo más valioso en el extranjero, CITGO.

  Crystallex está buscando una compensación por la adquisición por parte de Venezuela en 2011 de las operaciones de extracción de oro de la compañía cerca de Las Cristinas. Crystallex ganó en el arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo. El minero de oro aún debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Antes de que las acciones puedan subastarse.

  Crystallex es el más avanzado de un grupo de acreedores, incluida la compañía petrolera ConocoPhillips, ha estado realizando acciones legales para que el tribunal permita la subasta de las acciones de PDV Holding Inc., la empresa matriz de CITGO, para cobrar las deudas

  La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordena levantar una decisión de un tribunal de segundo circuito que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO.

Una historia de accidentes

  En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento ‘Las Cristinas’ lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

  El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

  El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia afirmó que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

   En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

  El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

  Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal.

   

lunes, 20 de julio de 2020

La recuperación de los activos de Venezuela en el exterior corresponderá al gobierno de transición y no al gobierno interino

  Deben inventariarse los bienes de los que se conoce su ubicación y están a buen resguardo para evitar pagar comisiones por trámites que, en casos como este, no requerirían de esfuerzo alguno para recuperarlos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
   Con la previa advertencia de que el Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la tarea de recuperación de los activos de la nación corresponderá al gobierno de transición y no al actual gobierno interino, el jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio, Omar González, alertó que carece de sentido pagar la “prima de éxito” o “pago por resultados” a los despachos de abogados que se contraten para recuperar los activos de Venezuela en el extranjero, en los casos en que se conozca de antemano su ubicación, monto y se tenga la certeza de que se encuentran a buen resguardo, pues se trata de recursos que se deben aprovechar al máximo en el proceso de recuperación del país.

  El pasado 9 de julio, la Asamblea Nacional sancionó la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”, luego de una discusión en la que la fracción 16 de Julio salvó su voto.

  El diputado Omar González conversó con Venezuela Política para explicar las razones que los llevaron a asumir esta posición, tanto respecto a el referido instrumento legislativo, como de otras decisiones del poder legislativo nacional a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y su filial en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation.

  Le consultamos a González acerca de uno de los puntos de la ley que más genera polémica, qué es el relativo a la contratación de los equipos de abogados que van a liderar la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero.

¿Quiénes son, cuánto van a cobrar? Se advierte que muchos de los activos están ubicados, se sabe dónde están, pero esa ley aparentemente contempla pagar para que los ubiquen. ¿Qué sucedió con esa ley?

— Nosotros estuvimos en desacuerdo con la aprobación de esta “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”. En este caso, la Fracción 16 de Julio asumió una posición frontal, firme, de no aprobar esta ley. La razón, es que había elementos de forma y otros de fondo para oponernos a esta decisión. En primer lugar, quisieron hacer todo esto, es decir, el manejo de contrataciones para la recuperación de activos en el extranjero, que es lo que se conoce como caza rentas, que es un negocio muy lucrativo a nivel internacional, lícito y sumamente lucrativo, a través de un acuerdo parlamentario. Es decir, un instrumento sub-legal para algo tan delicado como es la recuperación de cientos de miles de millones de dólares que están regados por el mundo, producto del robo, del saqueo por parte del chavo-madurismo y sus testaferros. Entonces podría ser muy atractivo eso de recuperar el dinero que se robaron de Venezuela, pero esto tiene que tener un control. Sobre ese acuerdo, dijimos, que es una materia muy delicada que no puede ser despachada por un acuerdo parlamentario, sino que se necesitaba una ley bien estudiada y bien protegida. Por otro lado, hay una ley en Venezuela que es la ley del Estatuto de la Transición, que decía que esa recuperación de activos era una disposición para el gobierno de transición, no para el gobierno interino. Bueno, en todo caso, ese aspecto formal fue corregido, hicieron una ley y debatieron en primera y en segunda discusión este proyecto de ley. Nosotros estuvimos en desacuerdo, en primer lugar, porque en el acuerdo se planteaba el 15 por ciento del dinero que se recuperara para los bufetes. Eso lo rebajaron al 9 por ciento. Pero nosotros dijimos por qué se va a pagar 9 por ciento, por ejemplo, por la recuperación de dinero que está a buen resguardo en Estados Unidos, o en Portugal donde hay USD 2.000 millones que una corte decidió que no los podía manejar Maduro y su camarilla, sino la república de Venezuela cuando esté el gobierno de transición como dice la ley del estatuto. Así mismo sucede en Gran Bretaña donde una corte decidió que más de USD 2.000 millones no podían ser manejados por Nicolás Maduro. Así ocurre en Andorra, en Luxemburgo. Es decir, ese dinero está a buen resguardo. A ese dinero no le puede echar mano Maduro. Entonces, ¿por qué se le va a pagar hasta 9 por ciento a un bufete de abogados, por ejemplo, en el caso de Portugal serían USD 200 millones, cuando el dinero está resguardado? Eso es dinero que necesita Venezuela para su recuperación cuando esta tragedia pase. Como esas, hay muchas observaciones que le hicimos a esta iniciativa legislativa, pero lamentablemente no fueron oídas y la semana pasada fue aprobada en segunda discusión, es decir, esto ya está aprobado por el parlamento, con el voto salvado de la fracción 16 de julio.

¿Quién presentó ese proyecto?

— Primero fue un acuerdo que fue echado para atrás después de las razones que expusimos en las reuniones de jefes de fracción con la directiva de la Asamblea Nacional. Luego cambiaron a un proyecto de ley y teníamos como dos o tres meses haciéndole observaciones y se había detenido, no se habían atrevido a llevarlo a la plenaria. ¿Quiénes aprobaron? Bueno, los diputados del llamado G4, es decir, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un nuevo Tiempo.

  Recuerda que la presentación del proyecto finalmente estuvo en manos del subjefe de la Comisión Permanente de Finanzas, Luis Silva, diputado por el estado Bolívar, aunque no fue elaborado por él.

  Del mismo modo, González refiere que el proyecto recibió observaciones de carácter formal de parte del Contralor General y del Procurador General —el anterior y el actual— como también lo hicieron expertos, incluso del gobierno interino, quienes advirtieron acerca de lo riesgoso que resultaba aprobar y ejecutar esta ley “hasta para el propio objeto de la ley que es preservar los activos de la república que están en el extranjero”. Esto debido a que al pasar los activos a manos de la administración de la presidencia interina de Juan Guaidó, “los acreedores, que hay por montones, como en el caso de CITGO en que hay empresas como Rosneft o como Crystallex, etc., o como los bonistas, inmediatamente van a ir por esos depósitos, van a demandar el pago de sus acreencias, muchas de  las cuales han puesto como garantías los activos de Venezuela de manera irresponsable como lo hizo Hugo Chávez y como lo ha hecho Nicolás Maduro”.

  Recuerda, que muchos de estos activos se están bien resguardados por decisiones de tribunales de varios países en los que se encuentran, los cuales se han negado a entregarlos al gobierno de Nicolás Maduro, por considerarlo ilegítimo.  

  Omar González se remite, entonces, al caso del resto de los activos de Venezuela en el extranjero que es preciso ubicar y cuantificar. Tal es el caso y que se encuentran depositados en diversos países del mundo.  “Por lo menos, son 49 fondos”, advierte.

   Se trata de un dinero que, en muchos casos, ni el propio gobierno sabe dónde está y a cuánto asciende su monto. Para la ubicación de estos activos si considera pertinente contratar los servicios de los expertos en realizar estas pesquisas. “Si hay personas expertas en hacer pesquisas, no al dinero que está a buen resguardo y que se sabe dónde está y cuánto es, sino para ubicar esos fondos que están depositados en cualquier cantidad de bancos regados por el mundo, bueno, que se les pague, que haya una compensación por ese trabajo, pues está bien, es lícito. Pero agarrar lo que ya está ubicado, lo que ya se sabe dónde está, incluso que están a buen resguardo, eso es lo que está mal”.

Lo que dice la ley

  El artículo 17 de la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero” prevé la “contratación de servicios profesionales, legales o de inteligencia financiera, a los fines de adelantar actividades y gestiones encaminadas a la recuperación de activos de la República y sus entes descentralizados consistentes en depósitos bancarios, cuentas por cobrar y otros productos financieros similares, en el extranjero, bajo un esquema de pago con base en ‘primas a éxito’ o ‘pago por resultados obtenidos’, es decir mediante el pago de honorarios estipulado con base en el monto total de activos  efectivamente recuperados”.

   En su aparte “a”, el referido artículo establece que dicha “prima de éxito” o “pago por resultados” obtenidos “en ningún caso, podrá ser superior al 9% del total recuperado” y agrega que “El monto dependerá de la complejidad del caso, los costos y riesgos asociados a la recuperación y tomando como base el tabulador de primas elaborado por el Poder Ejecutivo”.

Inventariar los bienes

  En tal sentido, el jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio considera que lo prudente habría sido, primero, primero hacer un inventario de los fondos que ya están a buen resguardo en extranjero, de modo que no entrarán a formar parte del objetivo de la ley, lo cual habría permitido un gran ahorro para la nación.

“No se nos hizo caso y se aprobó”, por lo que los bufetes de abogados que se contraten, los que se dedican a este negocio de caza rentas, procederán en primer lugar a cobrar estos fondos de los que ya se conoce su ubicación y están a buen resguardo gracias a decisiones judiciales, para recuperarlo y cobrar las primas con tan sólo realizar un mínimo trámite y de poca monta, para cobrar la comisión de la factura. “Eso no está bien”.

  Por otra parte, Omar González estima que cuando se haya recuperado la institucionalidad en Venezuela y se restaure el estado de derecho e impere la separación de poderes, debe procederse a una investigación “donde la fiscalía actúe como debe ser y los tribunales actúen como les corresponde”, para determinar las responsabilidades en caso de que se haya cometido algún delito en lo que al establecimientos de estos fondos se refiere, así como al manejo de los activos venezolanos en el extranjero. “Para eso se necesita que Venezuela vuelva a tener soberanía, que no la tiene en este momento. Venezuela es un país invadido por fuerzas extranjeras, por crimen organizado, por organismos paramilitares que se están distribuyendo el territorio. Para ese entonces, los responsables de todas estas irregularidades que se cometieron en estos 21 años se van a conocer. Yo creo que todo se va a saber”, advierte.

La deuda de CITGO

   Entre otras materias, Omar González, también hizo referencia a un nuevo endeudamiento de CITGO Petroleum Corporation por USD 1.125 millones aprobado por la Asamblea Nacional con el voto salvado de la fracción parlamentaria 16 de Julio.

   Al tiempo de destacar la importancia de CITGO como el activo más importante de Venezuela en el extranjero, recordó que esta empresa, como el resto de las propiedades estatales, “ha sido saqueada en los últimos 21 años” con la consecuencia de un país que “está padeciendo hambre, donde hay muerte y buena parte de esta tragedia se debe a la corrupción, el venezolano en estos momentos exige una administración más transparente sin la opacidad que ha caracterizado la gestión de los activos de Venezuela en los últimos 20 años”.

  Recordó que durante una de las reuniones que semanales entre la junta directiva de la AN y los jefes de las fracciones parlamentarias, el jefe de la. Bancada de Acción Democrática, Piero Maroun, comentó que CITGO había emitido unos bonos de la deuda pública por USD 750 millones, “también comentó que conocía que se estaban dando ayudas para combatir el Covid 19, a fundaciones y a organismos no gubernamentales, las cuales desconocíamos, su monto y criterios de selección”, lo cual les pareció un hecho sumamente grave.

  “De inmediato comenzamos una investigación para saber si la información era cierta y, efectivamente, pudimos conocer de manera extraoficial —porque los directivos de CITGO y de PDVSA que es la empresa matriz, todavía no nos han respondido un cuestionario que les enviamos—, que se habían emitido bonos de deuda con garantías colaterales de tres refinerías del conjunto de activos de CITGO. Recordemos que CITGO llegó a tener hasta 8 refinerías, actualmente tiene 4 refinerías. Llegó a tener más de 50 terminales de embarque y de almacenamientos; tres fábricas de lubricantes, es decir, es una empresa de dimensiones colosales para la economía de Venezuela, que surte de combustible a buena parte de la costa este de los Estados Unidos. Entonces nos parecía insólito que los accionistas de esta empresa que a final de cuentas somos los ciudadanos venezolanos, no conociéramos de este empréstito. Posteriormente pudimos conocer que no fue por USD 750 millones, sino que al final fue por USD 1.125 millones”.

  Refiere que, ante este hecho, procedieron a solicitar a Luis Torrealba, presidente de PDVSA ad hoc, responder una serie de interrogantes, tales como el criterio utilizado para endeudar de nuevo a CITGO, “cuando ya bastante teníamos con los Bonos 2020, con la empresa rusa Rosneft, con la cual habían puesto a CITGO de garantía. Entonces, qué criterios usaron para emitir estos bonos; qué agente financiero colocó estos bonos. Todas estas preguntas fueron parte de las interrogantes que le hicimos al presidente de la junta directiva ad hoc de PDVSA”.

  A tal solicitud, Torrealba no contestó sino de manera indirecta, cuando, le envió una carta al presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Elías Mata, “pero no se dignó a respondernos a nosotros, violando expresos compromisos constitucionales que nos dan la atribución para investigar, para controlar, para solicitar información”.

  Hace mención a que, posteriormente, se produjeron una serie de renuncias que les llamaron poderosamente la atención. “Comenzaron a renunciar miembros de la junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. ad hoc, igualmente renunciaron directivos de CITGO. Así fuimos investigando qué era lo que estaba sucediendo. Incluso supimos que una agencia gubernamental del Departamento de Justicia de EE. UU. había abierto una investigación a CITGO. Entonces, todas estas cosas nos llaman poderosamente la atención y estamos en este momento en ese proceso de investigación en la Fracción 16 de julio. En todo caso, en la última sesión que tuvimos, incluso, en la sesión de la designación de los directivos de PDVSA nosotros salvamos el voto razonadamente. Por cierto, se nombró un directivo que renunció a la semana. Luego en CITGO, nombraron a tres miembros y a un nuevo presidente. Todo esto es señal de que algo está pasando”.

Cuando ustedes entendieron que algo extraño estaba pasando en CITGO y en PDVSA ad hoc, ¿tuvieron, por ejemplo, oportunidad de conversar con el diputado Elías Mata o con el mismo presidente Guaidó quien preside la Asamblea Nacional?

— Bueno, en la reunión de las fracciones parlamentarias nosotros hicimos estas preguntas verbalmente. Preguntamos el por qué de la emisión de nueva deuda, la ausencia de mecanismos de control, la opacidad con que se ha manejado todo. Él mismo [Juan Guaidó] sugirió que le escribiéramos al presidente de PDVSA, quien seguramente iba a responder. Así hicimos, pero el presidente de PDVSA no nos respondió. La semana pasada cuando nos preguntaban por qué íbamos a salvar el voto, que por qué estábamos en desacuerdo, yo les dije al presidente que ni ellos ni el presidente de PDVSA había respondido a nuestras preguntas. Nos respondieron indirectamente a través de una comunicación dirigida a otro dirigente importante que recibió las respuestas, bueno, no todas, porque no todas las interrogantes fueron respondidas. Sólo tuvimos una respuesta indirecta. Estamos preparando un documento para hacérselo llegar. Ese documento se sustenta en todos los artículos de la Constitución Nacional y de la Ley de Administración Pública de Venezuela, que nos dan las facultades para controlar, para supervisar y para pedir una rendición de cuentas frente a lo que está sucediendo.

   Requerimos a Omar González acerca de la posición de su fracción parlamentaria respecto a aspectos claves de este nuevo endeudamiento, tales como la escogencia de la empresa que emitió la nueva deuda y los criterios que imperaron para ello; sobre la falta de explicaciones de CITGO sobre sus manejos y el hecho de que, a pesar de estar en una nueva administración, persisten las irregularidades y vicios que dominaron la gestión chavista de esta empresa. Incluso, le comentamos que funcionarios ligados a los chavistas Asdrúbal Chávez y Nelson Martínez, se mantienen en funciones, sin que se haya explicado. Citamos el caso del nombramiento de Carlos Jordá en la junta directiva en sustitución de Rick Esser, quien se mantiene en la vicepresidencia.

— Informaciones como las que usted comenta, también ha llegado a oídos de los miembros de la Fracción parlamentaria 16 de Julio. Recordemos que, de los últimos presidentes de esta empresa, seis están presos por delitos de corrupción. Sabemos que CITGO tiene en la actualidad unos 4 mil empleados, muchos de los cuales permanecen en sus cargos directivos, al frente de gerencias claves, como la de distribución, integrando la plantilla de ejecutivos fundamentales de la administración del chavismo. Muchos de esos 4 mil empleados son ciudadanos estadounidenses, otros son venezolanos, son corresponsables, o por lo menos están enterados de esta situación irregular, contratos con sobreprecios. Conocimos, por ejemplo, el caso de una persona que tenía 200 empresas registradas, entonces se presentaban muchos presupuestos a CITGO, pero todos provenían de la misma persona. De manera que hay en CITGO cosas que no se han aclarado y es necesario aclarar. Opacidad en el manejo de la selección del agente financiero, si hubo una licitación para hacer esta colocación de deuda por USD 1.125 millones, las tasas de rendimiento, los cupones que generan este endeudamiento.

    Refiere que sobre el endeudamiento se les dijo que se trataba de un refinanciamiento de algunas deudas que dejó la administración anterior, “una deuda, primero, de USD 614 millones que vence en el año 2021, pero de USD 614 millones a USD 1.125 millones, hay una buena diferencia que es necesario aclarar para qué se va a usar. Al principio dijeron que eran USD 750 millones y que iban a dejar USD 100 millones para gastos operativos, pero como hubo ofertas por USD 1.125 millones, endeudaron a CITGO por esa cantidad. Eso no es usual, nadie se endeuda porque el banco quiera prestar mucho dinero, se endeuda por un proyecto en específico. Nosotros queremos saber para qué se va a usar ese dinero. Por qué se endeuda a CITGO por esa cantidad superior a los compromisos que dicen que tenía la empresa para el año 2021. Esas son las interrogantes sanas, correctas, que deben ser despejadas y no tratar de mantener en la opacidad una negociación de este calibre”.

   Apunta que estas designaciones se llevaron a cabo sin informar debidamente a los diputados de la AN quiénes eran los postulados, cuáles criterios se tomaron en cuenta para su escogencia y cuál era el currículo y experiencia de los candidatos. “A la plenaria de diputados solamente se le informó que se procedería a la designación de nuevos miembros de la junta directiva ad hoc, unos minutos antes de iniciar la sesión. Sin conocer la hoja de vida, la experiencia, sin conocer ni siquiera los nombres. Entonces frente a este irrespetuoso tratamiento, la fracción 16 de Julio negó el voto, porque no estamos para dar un cheque en blanco a nadie, eso no es correcto, eso no es decente, eso no es lógico, y en consecuencia nuestro desacuerdo lo expresamos por escrito en documentos que estoy seguro que cuando en Venezuela se revisen los hechos como debe ser, la gente comprenderá nuestro proceder”.

 — ¿Tiene usted alguna idea de quién seleccionó a estas personas, así como de los anteriores miembros de las juntas directivas de PDVSA y de CITGO, de los cuales algunos renunciaron y otros que, aunque permanecieron, no prestaron ningún tipo de colaboración a las autoridades que los designaron?

— En verdad no lo sé, pero uno intuye que allí hubo, suena un poco duro lo que voy a decir, una especie de repartición de cargos. Esa es la impresión que tenemos muchos en la Asamblea Nacional. Es decir, que algunas fracciones o partidos políticos son como cuotas de responsabilidad. Es como lo que se estaba haciendo para nombrar el Consejo Nacional Electoral, donde en noviembre del año pasado se nombró una comisión para analizar las postulaciones de quienes iban a ser los rectores. La Constitución es muy clara, tiene que ser gente con probada honestidad, experiencia, sin militancia política, una serie de característica que el baremo lo da la propia Constitución, nos invitaron a formar parte de esa comisión, pero cuando nos dimos cuenta que estaban incorporando a ex-diputados del PSUV, dijimos que no perteneceríamos a ella. Después esa misma comisión dijo que se estaban repartiendo los cargos, dos rectores para el gobierno, dos rectores para la oposición, un rector neutral. ¿Qué es eso? Eso es violar la Constitución, eso es una repartición burocrática de la que la gente ya está harta y no acepta que se siga administrando de esa manera. Mucho menos acepta que esto suceda en empresas tan importantes, como en este caso, PDVSA y CITGO. Eso no es lo correcto, Así fue que se destruyó la industria petrolera, por entregarla a gente sin experiencia, sin probidad.

   Se niega a hacer señalamientos específicos de personas, porque sería irresponsable hacerlo sin tener elementos probatorios de esas afirmaciones. “Reitero que es una percepción que uno tiene frente a votaciones en plenos, pero sería irresponsable de mi parte hacer señalamientos de alguna persona en particular. Lo que sí es cierto es que dejó mucho que pensar que el presidente de PDVSA haya declarado que lo que se maneja en CITGO es secreto, eso no puede ser. Su argumento para no revelar algunas informaciones que el pueblo venezolano, repito, exige y necesita, de que es información secreta, no creo que haya sido una respuesta adecuada. En todo caso, nosotros vamos a insistir en que se conozca la verdad de las cosas. Aquí ha habido sustituciones, no sabemos por qué renuncian, por qué se van, ni por qué entran. Como le digo, en PDVSA se rompió un récord, uno de los miembros de la junta directiva que se designó hace 15 días, un ingeniero de apellido Vílchez, apenas duró una semana en el cargo y a la siguiente semana, tampoco lo votamos, pero tuvieron que elegir a otro. Eso no puede ser, eso se tiene que acabar, la gente está exigiendo un cambio en la administración de las empresas del estado”.

Alerta sobre Fundación Simón Bolívar

  Finalmente, Omar González fue consultado con relación al manejo de la Fundación “Simón Bolívar” de CITGO, cuyos lineamientos fueron cambiados por el chavismo y actualmente opera sin control.

— Ahora nos han informado que a raíz de la pandemia del Covid 19 se ha entregado a varias ONG muchísimo dinero para atender a venezolanos de la diáspora, pero nadie sabe cómo se seleccionan esas ONG, cómo se entrega el dinero, cuáles son los programas y proyectos, etc.  Dicen que no hay transparencia en el manejo de estos recursos. ¿Cómo se le pone el cascabel al gato en este caso?

— Bueno, esa fue una de las preguntas que le hicimos a la junta directivas y que no nos contestó, porque también de manera extraoficial hemos conocido de donaciones a ONG que, por lo menos, el pleno de la Asamblea Nacional no conoce. Estamos solicitando este tipo de información, creo que es lo mas sano, porque, repito, la gente está demandando transparencia, pero no sabemos, ni cantidades, ni ninguna información al respecto. Es lo que puedo decir, porque no nos fueron respondidas las preguntas. Sabemos, por ejemplo, algunos diputados se han enterado, de pacientes que en clínicas del oriente del país han sido operados y las cuentas se le cargan a CITGO. No estamos en desacuerdo con las ayudas sociales que son importantes y a veces vitales, pero esto debe tener algún control. Incluso, hay bufetes de abogados que estuvieron relacionados con las administraciones de presidentes que se encuentran presos por corrupción y siguen operando y asesorando a CITGO. Estos mismos abogados han intervenido en casos como el de los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro. Esas son las versiones que nos llegan desde Estados Unidos. Ahora, ¿esto es cierto? No lo sé. Estas son respuestas que debe dar la junta directiva.

jueves, 16 de julio de 2020

Piden a una juez de Nueva York que mantenga sellada la identidad de un experto que presentó la defensa de los tenedores de bonos PDVSA 2020

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Los abogados de los tenedores de los Bonos PDVSA-2020 pidieron a la juez del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, mantener el nombre de un experto en leyes venezolanas bajo reserva porque creen que "de revelarse su identidad, su integridad, la de su familia y sus estudiantes podrían estar comprometida". Esta petición surge a raíz de la solicitud de los abogados del gobierno interino de Venezuela ante ese tribunal para que se conozca quién es el profesional que testificó para así garantizar la transparencia y claridad del proceso.
 Los abogados defensores en la demanda de la República Bolivariana de Venezuela contra MUFG Union Bank, NA y GLAS Americas LLC., [las dos empresas que representan a los bonistas], pidieron a la juez rechazar la petición de divulgación del nombre del experto, debido a que existe una inestabilidad política y de seguridad en Venezuela y que el abogado que sirvió con su experticia a la defensa tiene preocupaciones si su nombre se conoce en público.

    El bufete de abogados Latham & Watkins LLp, Christopher J. Clark son los representantes de los bonistas en esta demanda.

   En su comunicación exponen que el experto y su familia podrían correr el riesgo de represalias y amenazas su seguridad personal. "No hay interés público en revelar la identidad del experto, donde sus opiniones completas  están disponibles en el expediente público del Tribunal".

   Dice la carta que los demandantes [gobierno interino] ignoran el contexto en el que surge esta disputa. 

  "Los representantes de la administración de Guaidó, que está dirigiendo este litigio para PDVSA y sus afiliados, se han involucrado en una campaña de retórica inflamatoria que duró meses, no solo contra el régimen de Maduro, sino también contra figuras independientes de gran prestigio que han criticado las políticas o acciones de la administración de Guaidó o la posición de los Demandantes en este caso. Como esta Corte sabe, la administración de Guaidó ha acusado públicamente que cualquier erudito legal venezolano que testifique para los Demandados estaría actuando "en contra de lo que ordena la Constitución" y estaría "tratando de justificar las acciones del régimen de Maduro", argumentan los abogados.

  Sostienen que "una situación similar se ha dirigido contra otros que han cuestionado la posición de litigio de la administración. La administración de Guaidó ha acusado falsa e infundadamente a los titulares de las Notas 2020 de conspirar con el régimen de Maduro para entregarles el control de CITGO, aunque, como la Corte sabe por las presentaciones de juicio sumario, esa acusación no está respaldada por una pizca de evidencia".

  Los abogados hacen mención a ataques que hacen a profesionales, entre quienes nombran al economista Alejandro Grisanti. 

  Dicen que "el patrón de ataque profesional también ha resultado en la renuncia de Alejandro Grisanti de la Junta Ad Hoc de PDVSA de los Directores, luego del "menosprecio constante tanto público como privado" por parte del entonces Procurador Especial "contra todo lo que está en contra de sí mismo". Grisanti que había expresado su oposición a esta demanda y calificó la estrategia de los Demandantes como "equivocada".

      Vale destacar que Grisanti dijo en su Alejandro Grisanti en su cuenta de Twitter @agrisanti aclaró a la @lathamwatkins "que si bien es cierto que no estoy de acuerdo con llevar el caso de fianza PDVSA- 2020 a juicio, es totalmente falso que mi renuncia a la Junta Ad-Hoc de PDVSA se deba a esto. Los motivos de mi renuncia se pueden encontrar en una carta que publiqué el 15/5". 
    Argumentan que el ex-procurador "continuó participando en una conducta tan hostil hacia los opositores de este litigio después de que las amonestaciones de este Tribunal hacen que el sellar la identidad del experto de los Demandados sea aún más razonable".

  Aseguran que "las preocupaciones legítimas del experto también se extienden a posibles represalias del régimen de Maduro", ya que es quien "retiene el control de facto de las operaciones venezolanas de PDVSA y los activos petroleros de Venezuela en ese país. Se beneficiaría financieramente, y buscaría beneficiarse políticamente, de una victoria de los Demandantes que libera a PDVSA de una obligación multimillonaria. El régimen de Maduro, como reconocen los Demandantes, "tiene un historial bien documentado de persecución". 

  En estas circunstancias, las garantías insípidas de los abogados estadounidenses de los Demandantes de que "no hay una razón creíble para pensar que el experto de los Demandados estaría bajo amenaza" son de poco consuelo y no se les debe dar ningún peso.

  En la comunicación se señala que "el experto en derecho venezolano de los acusados ​​es un residente permanente de Caracas, donde este tiene su hogar y práctica la ley". 

  "Si bien el experto recientemente pudo abandonar Venezuela temporalmente para ir a un país de Europa, los miembros de su familia, sus estudiantes y colegas permanecen allí. El experto tiene todos los motivos para preocuparse por posibles represalias (incluso de la administración de Guaidó, en caso de que llegue al poder) si su identidad se divulgara públicamente. De hecho, en las conversaciones con la defensa, el abogado de los Demandantes inicialmente estuvo de acuerdo con la propuesta de eliminar su nombre de cualquier presentación pública, solo que ahora revierte el curso (sin justificación) y alega que dicha divulgación pública es imprescindible".

  Finalmente sostienen que los demandantes afirman que el "interés público respalda la divulgación de la identidad del experto", y argumentan que "el interés público en la divulgación no es absoluto porque como los tribunales han reconocido, existen 'razones convincentes' suficientes para superar el interés del público en la divulgación y justificar el sellado de los registros de la corte"







Gobierno de EE. UU. pide a la corte que se abstenga de subastar a CITGO para pagar deuda a Crystallex

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió a la Corte de Delaware que se abstenga de autorizar la subasta y venta de CITGO, el activo más grande que tiene Venezuela en el extranjero, mientras la solicitud de licencia de Crystallex está pendiente ante OFAC. 
 En una comunicación firmada por el Fiscal General Adjunto Interino, Ethan P. Davis; el asistente del Fiscal general Adjunto, David M. Morrell y Joseph E. Borson, abogado litigante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se asegura que el gobierno norteamericano reconoce que "Venezuela le debe a Crystallex una sentencia que se ha afirmado en nuestros tribunales", y que en ningún momento está sugiriendo que se permita a Venezuela evitar el pago de sus obligaciones legales. 

  No obstante, señalan que "dadas las circunstancias cambiantes desde que la Corte concluyó que PDVSA era un alter ego de Venezuela en 2018, los Estados Unidos respetuosamente sostienen que la reparación bajo la Regla 60 (b) puede ser apropiada". 

   Explican que "dada la delicada y cambiante situación política en Venezuela, la política exterior de Estados Unidos y los intereses de seguridad nacional que están implicados, y las sanciones económicas relacionadas, Estados Unidos respetuosamente le pide a la Corte que se abstenga de autorizar una subasta y venta de los más grandes e importantes  activos de Venezuela en el extranjero mientras la solicitud de licencia de Crystallex está pendiente ante OFAC. 

   En la carta, de 18 páginas, se sostiene que la autorización para la subasta de CITGO "pondría en peligro, innecesariamente, los intereses de los Estados Unidos".


viernes, 22 de mayo de 2020

Venezuela a punto de perder su activo más valioso en el extranjero: Juez de Delaware autoriza continuar con la venta de las acciones de CITGO

   El fallo del juez ordena a Crystallex y los representantes legales de Venezuela buscar las vías más expedita para realizar la subasta de CITGO.

Por Maibort Petit
@maibort petit

 Luego que el día lunes, el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos se negara a discutir el recurso interpuesto por los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, este viernes, el magistrado Leonard P. Stark aprobó continuar con el procedimiento  establecido para la venta del principal activo de los venezolanos en exterior, CITGO para cobrarse una deuda que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la minera canadiense Crystallex.
  El juez estadounidense, de la Corte de Delaware, había ordenado en 2019 la venta de las acciones de CITGO y los representantes legales del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como legítimo, apeló la decisión. 

  En noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. en Filadelfia confirmó una decisión que permitía a la canadiense Crystallex subastar acciones en CITGO para cobrar una sentencia de $ 1.4 mil millones.

  El presidente de Donald Trump ha tomado varias acciones para  salvaguardar a CITGO, tratando de bloquear la intención de los acreedores de Venezuela que buscan cobrar sus deudas, en buena medida para proteger a la administración interina de Juan Guaidó.

   La protección de los activos que establece la orden del gobierno federal obliga a Crystallex a pedir una licencia ante el Departamento del Tesoro de los EE. UU. para proceder con la venta de CITGO.

  En octubre de 2019, la Corte de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos dictaminó que  Crystallex International Corp podía avanzar con los esfuerzos para confiscar las acciones de la refinadora de petróleo CITGO.

  La canadiense Crystallex, desaparecida actualmente, había ganado una sentencia de $ 1.4 mil millones como premio por la expropiación de sus activos ejecutada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La minera también consiguió sentencias judiciales favorables en los Estados Unidos para subastar acciones de CITGO, propiedad del Estado Venezuela, para cobrar la deuda.

  La orden del juez Stark es un elemento definitorio para que los venezolanos pierdan el activo más valioso en el extranjero, CITGO. 

  Crystallex está buscando una compensación por la adquisición por parte de Venezuela en 2011 de las operaciones de extracción de oro de la compañía cerca de Las Cristinas. Crystallex ganó en el arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo. El minero de oro aún debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Antes de que las acciones puedan subastarse.

   Crystallex es el más avanzado de un grupo de acreedores, incluida la compañía petrolera ConocoPhillips, ha estado realizando acciones legales para que el tribunal permita la subasta de las acciones de PDV Holding Inc., la empresa matriz de CITGO, para cobrar las deudas

  La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordena levantar una decisión de un tribunal de segundo circuito que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO.

Un caso de larga data

  En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento ‘Las Cristinas’ lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

  El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

  El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia afirmó que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

  En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

  El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

  En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

  Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal.

   Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

  Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

  Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

  Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de CITGO se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

  PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

  Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante,  en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

  En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50  países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

  La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware.

  En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

  En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela.

  Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

  Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería «un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos».
De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

  El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

  En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO.  Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO.

  La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.

lunes, 18 de mayo de 2020

Decisión del Supremo de EE. UU. acelera posible pérdida de CITGO, el activo más valioso de Venezuela en el exterior

 La Corte Suprema de los Estados Unidos negó la solicitud de Venezuela de reconsiderar una decisión de un tribunal inferior que permite a Crystallex subastar las acciones del refinador de PDVSA en Estados Unidos, CITGO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  Al negarse a discutir el recurso interpuesto por Venezuela, la Corte Suprema de los Estados Unidos  le da valor al fallo del Tercer circuito que permite que la trasnacional Crystallex pueda proceder con una orden otorgada por un juez de Delaware para proceder con una subasta pública de las acciones de CITGO Petroleum Corp. para saldar que por $1.4 millones que la República Bolivariana de Venezuela tiene pendiente la República Bolivariana de Venezuela. 
   Con esta actuación de la Corte Suprema de Justicia, se mantiene la decisión del tribunal de apelaciones de los Estados Unidos, que establece que cualquier acreedor que intentase confiscar los activos de Venezuela, incluyendo CITGO, va a requerir una aprobación específica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

  En noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. en Filadelfia confirmó una decisión que permitía a la canadiense Crystallex subastar acciones en CITGO para cobrar una sentencia de $ 1.4 mil millones generada por la confiscación de sus bienes en Venezuela.

El caso, junto con varios otros que se están abriendo camino a través de los tribunales estadounidenses, podría llevar a PDVSA a perder el control de CITGO.

 La administración de Donald Trump ha mostrado interés en salvaguardar a CITGO, tratando de bloquear la intención de los acreedores de Venezuela que buscan cobrar sus deudas, en buena medida para proteger a la administración interina de Juan Guaidó.


  En octubre de 2019, la Corte de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos dictaminó que  Crystallex International Corp podía avanzar con los esfuerzos para confiscar las acciones de la refinadora de petróleo CITGO.

  La canadiense Crystallex, desaparecida actualmente, había ganado una sentencia de $ 1.4 mil millones como premio por la expropiación de sus activos ejecutada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La minera también consiguió sentencias judiciales favorables en los Estados Unidos para subastar acciones de CITGO, propiedad del Estado Venezuela, para cobrar la deuda.

  La decisión del Supremo deja a Venezuela en un alto riesgo de perder CITGO. 

  Crystallex está buscando una compensación por la adquisición por parte de Venezuela en 2011 de las operaciones de extracción de oro de la compañía cerca de Las Cristinas. Crystallex ganó en el arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo. El minero de oro aún debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Antes de que las acciones puedan subastarse.

   Crystallex es el más avanzado de un grupo de acreedores, incluida la compañía petrolera ConocoPhillips, ha estado realizando acciones legales para que el tribunal permita la subasta de las acciones de PDV Holding Inc., la empresa matriz de CITGO, para cobrar las deudas

  La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordena levantar una decisión de un tribunal de segundo circuito que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO.

Un caso de larga data

  En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento ‘Las Cristinas’ lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

  El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

  El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia afirmó que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

  En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

  El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

  En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

  Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal.

   Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

  Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

  Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

  Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de CITGO se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

  PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

  Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante,  en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

  En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50  países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

  La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware.

  En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

  En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela.

  Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

  Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería «un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos».
De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

  El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

  En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO.  Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO.

  La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.