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lunes, 18 de octubre de 2021

Saab de cara a la justicia: Juez niega libertad bajo fianza y tendrá que enfrentar el juicio en prisión

  La próxima audiencia se estableció para 1º de noviembre cuando el empresario deberá decidir si se declara culpable o inocente.

Por Maibort Petit

   El contratista colombiano, Álex Naim Saab Morán — señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro— se enfrentó este lunes 18 de octubre, por primera vez, con la justicia estadounidense, luego de su extradición desde la República de Cabo Verde a suelo norteamericano. Ante el juez John J. O’Sullivan, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, escuchó los ocho cargos de lavado de dinero que se le imputan, así como la negativa del magistrado a otorgarle el beneficio de libertad bajo fianza.

   Previamente, el juez O’Sullivan le informó a Saab sus derechos y le consultó si aceptaba ser representado en la audiencia por un abogado de oficio, a lo cual accedió. La defensa del empresario recayó en el abogado Henry Bell.

  En la sesión, que tuvo lugar de manera virtual, con Saab desde la prisión federal donde se encuentra detenido, la primera acción de su abogado fue solicitar se le concediera a su representado la libertad bajo fianza. Bell  recordó que está pendiente una apelación sobre la supuesta inmunidad diplomática de su defendido.

  El magistrado negó la solicitud, pues acogió la advertencia de la fiscalía que alertó que el acusado presentaba “riesgo de fuga”.

   La próxima audiencia se fijó para el 1º de noviembre, cita en la que Álex Saab deberá decidir si se declara culpable o inocente.

La acusación

  El 25 de julio de 2019, Adriana Fajardo Orshan, para entonces fiscal del Distrito Sur de la Florida, presentó ante la corte homónima la acusación formulada por un Gran Jurado contra Álex Naim Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas, de dos cargos de lavado de dinero.

   La acusación que tiene que ver con violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y el Código de los Estados Unidos, Título 15, Secciones 78dd-1, et seq. (FCPA), involucra en primer lugar a los acusados, por un lado, Álex Naim Saab Morán, ciudadano colombiano quien encaja en la definición de “persona” que este último instrumento legislativo hace; y a la Álvaro Pulido Vargas, alias el alemán Enrique Rubio Salas, también colombiano y con igual designación.

   Los co-conspiradores 1, 2 y 3, ciudadanos colombianos, quienes pasaron un. tiempo significativo en Miami, Florida, en el Distrito Sur de Florida. Los tres, igualmente, encajan en lo definido por el término de “persona” según la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (f) (l).

   Hace mención del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de Venezuela; la extinta Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) organismo gubernamental venezolano que administraba el tipo de cambio controlado por el gobierno entre bolívares venezolanos y dólares estadounidenses; y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) uno de los cuatro componentes militares de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, encargados de desempeñar funciones de defensa civil militar para el gobierno de Venezuela, los cuales actuaban como un departamento, agencia e instrumentalidad del gobierno venezolano, tal como se utilizan esos términos en la FCPA.

El cargo de conspiración

  El primero de los cargos formulados contra Saab y Pulido es por Conspiración para cometer lavado de dinero, indicando que desde noviembre de 2011 hasta al menos septiembre de 2015, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados intencionalmente conspiraron y se pusieron de acuerdo entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer un delito contra los Estados Unidos, tipificado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957; a  saber:

a) transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia otro lugar del mismo, desde y a través de un lugar fuera de los EE. UU. con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A); y

b) participar a sabiendas en una transacción monetaria a través de una institución financiera, afectando el comercio interestatal y extranjero con una propiedad derivada delictivamente por un valor superior a USD 10.000 que se deriva de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a).

  Se identifican las actividades ilegales: (a) delitos graves de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucren el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

   El objeto de la conspiración de Saab y Pulido y sus co-conspiradores fue enriquecerse ilícitamente mediante el pago de sobornos a funcionarios extranjeros venezolanos para así obtener ventajas comerciales indebidas, incluida la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción, así como el acceso al sistema de cambio de moneda extranjera controlado por CADIVI, para garantizar que los pagos se realizaran en dólares estadounidenses con base en facturas falsas y fraudulentas y documentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela.

El modus operandi de la conspiración

  Álex Saab, Álvaro Pulido y sus co-conspiradores actuaron de la siguiente manera para concretar la conspiración:

  En noviembre de 2011, Álex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas celebraron un contrato, a través de una empresa de su propiedad con el gobierno de Venezuela para construir viviendas de interés social. Solicitaron la asistencia de los co-conspiradores 1 y 2 para importar bienes y materiales de construcción y estos contrataron al co-conspirador 3, quien era un agente de aduanas independiente con experiencia en la importación de mercancías a Venezuela.

  Todos explotaron el sistema de rastreo de CADIVI utilizando un solo envío de bienes y materiales de construcción los cuales respaldaron con múltiples conjuntos de facturas y documentos falsos y fraudulentos que hicieron aparecer como nuevos envíos. En algunos casos, bajo la dirección del co-conspirador 3, los funcionarios del SENIAT y la GNB tomaron fotografías del solo envío efectuado en diferentes ubicaciones, para crear la falsa impresión de supuestos envíos múltiples.

  Saab, Pulido y los co-conspiradores necesitaban realizar pagos corruptos a funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas y documentos falsos y fraudulentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela. Para ello, discutieron entre sí para concretar el asunto.

   Saab, Pulido y los co-conspiradores 1, 2 y 3 hicieron y provocaron numerosos pagos corruptos, en efectivo y transferencias bancarias, al gobierno funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas y documentos falsos y fraudulentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela, pero fueron pagados por la intervención de estos últimos.

  Asimismo, en noviembre de 2011, Álex Saab, Álvaro Pulido, el co-conspirador 3 y un funcionario del SENIAT se reunieron en un hotel en Caracas, Venezuela, para coordinar los pagos corruptos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción relacionados con el Contrato de Vivienda.

  El 5 de marzo de 2014 y, luego, el 9 de marzo de 2014, los co-conspiradores 1 y 3 se reunieron en Miami para discutir el estado de los pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano. Poco después, el co-conspirador 1 llamó a Álvaro Pulido para informar sobre su conversación con el co-conspirador 3, indicándole que se debían pagos corruptos a funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI por facilitar los pagos de los documentos falsos y ficticios de bienes y materiales de construcción. El co-conspirador 1 dijo que los pagos corruptos tenían que hacerse lo antes posible o los funcionarios no continuarían aprobando los documentos falsos y fraudulentos.

   Entre el 12 de marzo de 2012 y el 1 de diciembre de 2014, Álex Saab, Álvaro Pulido sus co-conspiradores hicieron transferencias electrónicas por un total de USD 350.041.500 desde cuentas bancarias en Venezuela propiedad y controladas por Saab y Pulido, a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos, y luego a cuentas bancarias en el extranjero controladas por estos.

  Entre el 16 de enero de 2014 y el 15 de septiembre de 2015, Álex Saab y Álvaro Pulido, distribuyeron utilidades y pagaron gastos relacionados con el esquema corrupto llevando a cabo transferencias bancarias a las cuentas bancarias del co-conspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

Los cargos de lavado de dinero

  La acusación comprende los cargos del 2 al 8 por Lavado de instrumentos monetarios.

   Se indica que los acusados transportaron y transmitieron a sabiendas, un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia otro lugar en el mismo país, desde un lugar fuera de los EE. UU. con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, es decir, (a) infracciones graves de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucren el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para beneficio de un funcionario público, de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

  Las operaciones se llevaron a cabo tal como se describe en el siguiente cuadro:

Las confiscaciones

   Refiere la acusación que, de ser declarados culpables, Álex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas perderán cualquier propiedad que tengan e Estados Unidos.

Tales propiedades sujetas a decomiso incluyen, pero no se limitan a:

(i) una suma de aproximadamente USD 350.041.500.00, que representa la cantidad de fondos involucrados en las violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 alegadas en esta Acusación, y que pueden solicitarse como una sentencia de decomiso de dinero;

(ii) aproximadamente USD 3.225.593,90 incautados el 20 de agosto de 2018;

(iii) aproximadamente USD 30.000 incautados el 21 de agosto de 2018 o alrededor de esa fecha;

(iv) aproximadamente USD 3.313.757,69 incautados el 24 de septiembre de 2018;

(v) aproximadamente USD 3.138.844,70 incautada el 5 de noviembre de 2018; y

(vi) aproximadamente USD 2.942.501,37 incautada el 13 de febrero de 2019.


 


 



domingo, 17 de octubre de 2021

Tribunal de Nueva York cambia nuevamente fecha de la sentencia del Profesor vinculado al caso de Álex Saab

   Aunque parezca increíble, la sentencia de una de las fichas de Álex Saab en Estados Unidos será condenado el mismo día que el considerado testaferro de Nicolás Maduro sea presentado en corte para que el juez le lea los cargos por los cuales será procesado en Miami.

Por Maibort Petit

    Nuevamente fue cambiada la fecha de sentencia del profesor y experto en Crimen Organizado Trasnacional, Bruce Bagley que fue acusado de ser parte de una red de lavado de dinero encabezada por el colombiano, Álex Saab y su socio Álvaro Pulido. La condena estaba prevista para 18 de octubre, luego fue cambiada para el 16 de noviembre y existe la posibilidad que sea prorrogada una vez más. 

     El 1 de junio de 2020, el profesor de la Universidad de la Florida y autor de un libro sobre Crimen Organizado en América Latina se declaró culpable de haber participado en una trama de lavado de dinero internacional de más de $ 2 millones derivados del pago de soborno y de actividades relacionadas con la corrupción en Venezuela.

    Bagley se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero. El acusado usó cuentas bancarias a su nombre y de una compañía que creó en Florida para lavar más de $ 2 millones en ganancias de un esquema de soborno y corrupción de Venezuela en los Estados Unidos.
   Bagley se desempeñaba como profesor universitario y autor de un libro especializados en narcotráfico y blanqueo de capitales y de manera sorpresiva decidió cometer los delitos de corrupción y lavado de dinero en un esquema vinculado directamente a los colombianos Álex Saab y Álvaro Pulido.

  El profesor Bagley admitió que lavaba dinero para ciudadanos extranjeros corruptos, que era producto del soborno y la corrupción. "Eran fondos robados a los ciudadanos de Venezuela", dicen los documentos federales. 

La acusación

 En noviembre de 2016, Bruce Bagley, profesor de estudios internacionales y autor del libro 'Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas',  abrió una cuenta bancaria (1) en nombre de una empresa (1) de su propiedad. 

  Entre noviembre de 2016 o alrededor de noviembre de 2017, la Cuenta-1 tuvo una actividad mínima, pero alrededor de noviembre de 2017, comenzó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. 

  Cada mes, Bagley recibiría un depósito de aproximadamente $ 200,000 de una de las cuentas en el extranjero en la cuenta-1. Posteriormente, retiraría aproximadamente el 90 por ciento de los fondos en forma de cheque de caja, pagadero a una cuenta en poder de otra persona. 

  Bagley enviaba el resto de los fondos a su cuenta personal. Entre noviembre de 2017 y alrededor de octubre de 2018, la cuenta 1 recibió aproximadamente $ 2.5 millones de las cuentas en el extranjero.
  
  Las cuentas en el extranjero pertenecían a un individuo colombiano (Alex Saab). En diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha, la Persona-1 tuvo una conversación con Bagley sobre el hecho de que Bagley estaba trasladando los fondos de la Persona-2 a los Estados Unidos y que los fondos representaban los ingresos del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano. Sin embargo, en diciembre de 2018, Bagley creó una nueva cuenta bancaria ("Cuenta-2") para transferir dinero adicional perteneciente a Individual-2.

    Bagley continuó recibiendo cientos de miles de dólares de las cuentas en el extranjero después de abrir la cuenta 2. Bagley transfirió la mayoría de estos fondos al Individuo-1 pero retuvo una comisión por sus servicios.

    El acusado, de 73 años y residente de Coral Gables, Florida, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. 

   Bagley será sentenciado por el juez Rakoff el 18 de octubre de 2021.



 



 


miércoles, 13 de octubre de 2021

Fuentes: Hubo complicidad interna en CITGO para el pago de USD 15 millones a empresa del excongresista David Rivera

  La filial de PDVSA, PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda inicial contra Interamerican Consulting Inc.

Por Maibort Petit

   El caso que se libra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York entre PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Interamerican Consulting Inc., propiedad del excongresista de le Estados Unidos, David Rivera, va más allá de un simple reclamo por incumplimiento de contrato, de acuerdo a lo que revelan fuentes ligadas al caso. Informantes de Venezuela Política advierten que, evidentemente, los USD 15 millones que involucra la demanda fueron extraídos de CITGO con complicidad interna. Una serie de manejos por parte de Gina Coon, tesorera, y José Pereira, ex vicepresidente de la filial, quien habría ordenado a la primera hacer el pago, pues se trataba de “una orden de arriba”, emanada de Nelson Martínez.
   Dichas fuentes sostienen que los manejos irregulares son fáciles de detectar con solo revisar los movimientos bancarios de la empresa en el JP Morgan. Al mismo tiempo, advierte que debe ponerse la lupa en Marcia Wiss, abogada de ejercicio en Washington, quien habría sido la artífice de la transacción en conjunto con los funcionarios de CITGO y PDVSA.
  El dinero de la disputa, presentando como un pago por supuestos servicios de cabildeo que la empresa de Rivera no habría finalmente prestado, habría tenido otro destino que, según el excongresista, eran fondos destinados al financiamiento de las protestas promovidas por la oposición venezolana contra el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  El asunto terminó ventilándose en los tribunales y desde el momento mismo en que PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), suscribió un contrato con la empresa del ex congresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting Inc., por presuntos servicios de asesoría de la segunda para con la primera, comenzó una diatriba que parece no tener fin y una serie de acusaciones entre las partes no tienen cuándo terminar.

  El último capítulo en esta guerra de corresponde a la demandante inicial, PDV USA Inc. la cual presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York su respuesta a la contrademanda que Interamerican ejerció el 19 de agosto del presente 2021, negando todos los términos de la misma.

  El pasado 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc. presentó una contrademanda en contra de PDV USA Inc. en la que negó todos los términos de la demanda interpuesta por esta última en su contra acusándola por incumplimiento de contrato. La empresa del ex congresista republicano, David Rivera, aseguró que es la filial de PDVSA la que debe pagar USD 30 millones que serían el saldo del contrato[1].

La respuesta de PDV USA

  El 24 de septiembre de 2021, Jeffrey B. Korn, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa los intereses de PDV USA Inc. en el caso en que demanda a la empresa Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, presentó su respuesta y defensas afirmativas a las contrademandas del demandado al tiempo que pidió a la Corte desestimar dichas contrademandas; otorgarle sentencia a su favor de acuerdo a lo solicitado en la Demanda Enmendada; y cualquier otra compensación adicional que el Tribunal considere justo y equitativo.


   PDV USA Inc. negó las alegaciones de Interamerican en su contrademanda, limitándose a admitir que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la matriz última de CITGO Petroleum Corporation (CITGO) y que David Rivera es un excongresista de los Estados Unidos, propietario de la compañía demandada, con el que celebró un acuerdo para que esta le prestara supuestos servicios de consultoría el 21 de marzo de 2017, y que Interamerican se negó a dar su consentimiento al “Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción al Acuerdo de Consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017”.

   PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda contra Interamerican Consulting Inc., a saber, un cargo por Incumplimiento de contrato; un cargo de por Enriquecimiento injusto; su sentencia declaratoria; al tiempo que enfatizó el pedido de alivio pues, asegura, que la demandada no tiene derecho alguno a las reparaciones que reclama.

Las defensas afirmativas de PDV USA

   Ante las contrademandas de Interamerican Consulting Inc., PDV USA Inc. afirmó sus defensas sin perjuicio de cualquier posición que pueda adoptar con respecto a la carga de la prueba sobre dichas defensas. Asimismo, se reserva el derecho de hacer valer defensas adicionales, incluidas las basadas en hechos revelados mediante descubrimiento o investigación adicional.

   En este sentido, PDV USA en su Primera defensa afirmativa destaca que la contrademanda no establece un reclamo sobre el cual se pueda otorgar una reparación.

 La Segunda defensa afirmativa sostiene que el reclamo de Interamerican por incumplimiento de contrato está excluido por su propio incumplimiento material previo.

   Entretanto, la Tercera defensa afirmativa de PDV USA refiere que los reclamos de Interamerican están excluidos en todo o en parte por las doctrinas equitativas de manos sucias, destituciones, preclusión y/o renuncia.

   A su vez, la Cuarta defensa afirmativa indica que cualquier reclamo de reparación equitativa o declaratoria está excluido porque el Interamerican tiene un recurso adecuado en la ley.

    La Quinta defensa afirmativa de PDV USA advierte que los reclamos de Interamerican están excluidos, en todo o en parte, porque el Acuerdo es inválido, ilegal, nulo y/o nulo ab initio y, por lo tanto, inaplicable. Recuerda que el presidente de Interamerican, David Rivera, declaró a la prensa poco después de la presentación de la demanda, indicando que su empresa nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del contrato.

   Por último, la Sexta defensa afirmativa asevera que la reclamación de Interamerican por incumplimiento de contrato se excluye en todo o en parte porque no cumplió con una condición precedente en virtud del Acuerdo.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html

Tribunal Constitucional de Cabo Verde no admitió recurso de amparo de Álex Saab contra sentencia del Supremo que aprobó su extradición a EE. UU.

   Los jueces consejeros estimaron que la solicitud era extemporánea y presentada fuera del plazo establecido por ley.

Por Maibort Petit 

   Por extemporáneo, los magistrados João Pinto Semedo (relator), Arístides R. Lima y José Pina Delgado que conforman el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, decidieron no admitir el recurso de amparo que el empresario Álex Saab —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro y acusado por los Estados Unidos de delitos de lavado de dinero— en contra le de la sentencia que la Corte Suprema emitió para aprobar su extradición a los EE. UU.

La decisión

   El 12 de octubre de 2021, los Jueces Consejeros del Tribunal Constitucional de Cabo Verde en reunión plenaria decidieron no admitir un recurso de amparo constitucional contra la Sentencia número 28/2021, de 16 de marzo del presente año, dictada por la Corte Suprema de Justicia y, además, que se adoptara una medida provisional que se traduzca en la obligación de permanecer en la vivienda y la consiguiente liberación inmediata. Se ordenó el archivo de tal solicitud.

   Los magistrados fundamentaron subrayan en primer lugar que el recurso de amparo está dirigido a la protección de ciertos derechos fundamentales, cuyo conocimiento se atribuye a la Corte Constitucional, y que se caracteriza por los principios de subsidiariedad y excepcionalidad. Se trata de un medio que tiene como único objetivo la protección de los derechos fundamentales, por lo que el Tribunal Constitucional tiene prohibido conocer de materias conexas de legalidad ordinaria. En tal sentido, estimaron que el recurso presentado no se identifica con ningún acto de carácter legislativo o normativo.

Fuera de lapso

  Al verificar que el recurso de amparo está dirigido contra una conducta imputada a la Corte Suprema de Justicia el Tribunal Constitucional procedió a evaluar si existía alguna razón que impidiera su admisión, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Amparo.

    En primer término, verificaron si no fue presentado fuera de plazo, por lo que recuerdan lo que establece la ley de Amparo: “El recurso de amparo se interpondrá dentro de los veinte días contados a partir de la notificación de la decisión, siempre que se plantee la cuestión en un proceso que se encuentre en los términos de los tribunales”. Del mismo modo se prevé que cuando interponga contra decisiones de un órgano judicial, el plazo se cuenta a partir de la fecha de notificación de la orden que ha denegado la presunta violación.
   Álex Saab alega violación de ciertos derechos, libertades y garantías reconocidos constitucionalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia, al dictar la Sentencia Nº 28/2021, de 16 de marzo.

   Específicamente, Saab sostiene que "Hubo violación del derecho del recurrente a la libertad sobre el cuerpo y a la tutela judicial efectiva, ya que se decretó su extradición sin que la Corte haya comprobado de manera concluyente que no está protegido" por inmunidad diplomática que impide su privación de libertad por los Tribunales de Cabo Verde.
   Refiere la decisión que si bien no es claro que la Corte Suprema de haya adoptado la conducta que, según el recurrente, resultó en una violación del derecho a la libertad sobre el cuerpo y a la efectiva protección judicial, la decisión le fue notificada hace mucho tiempo, pero recién ahora se acordó de interponer este recurso de amparo, según entendió que la buena hermenéutica determina que la interposición de un recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad interrumpe el plazo para interponer otros recursos que pudieran encuadrarse en la misma decisión.

   Luego de un largo análisis e interpretación de la legislación aplicable al caso así como de la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional determinó que la interposición del recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad Nº 2/2021 no interrumpió el plazo para interponer recurso de amparo contra conductas que pudieran haber vulnerado los derechos, libertades y garantías del extraditado Álex Nain Saab. Morán.
    Refiere que habiendo dejado transcurrir el plazo de veinte días desde la notificación de la Sentencia Nº 28/2021, de 16 de marzo, y de las decisiones post-decisionales relativas a la misma, el recurrente perdió la oportunidad de impugnar la conducta que imputa a la Corte Suprema de Justicia.

   Se indica que el solicitante en lugar de analizar la Sentencia Nº 28/2021, de la “Corte Suprema de Justicia, depurar hipotéticas violaciones normativas de las presuntas violaciones por conducta, reaccionar a las primeras mediante el recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad y cuestionar la conducta potencialmente violadora de los derechos, libertades y garantías a través del recurso de amparo dentro del plazo legal, esperó, cómodamente, para ahora intentar interponer un recurso de amparo con base en la tesis de que la interposición del recurso de fiscalización concreta interrumpe el plazo para desencadenar el protección constitucional”.


   Los magistrados niegan la tesis de Saab respecto a haber actuado a tiempo en razón de que, supuestamente, la interposición de otros recursos interrumpía el cómputo del plazo establecido en la norma advirtiendo que si esto fuera válido, “es decir, si la interposición del recurso de revisión concreta de constitucionalidad interrumpiera el plazo para desencadenar el recurso de amparo constitucional, el cómputo del plazo para solicitar la amparo sólo comenzaría después de la decisión final de la decisión sobre la inspección concreta, que, como se sabe, aún no se ha llevado a cabo”.

Recurso extemporáneo

   Sostiene la decisión que el recurso de amparo interpuesto por Álex Saab “es manifiestamente extemporáneo, bien porque la interposición del recurso de Inspección Concreta de Constitucionalidad no interrumpe el plazo para interponer el recurso de amparo, bien por la simple razón de haber sido interpuesto antes de la sentencia firme de Sentencia Nº 39/2021, de 30 de agosto”.


   Advierte la sentencia que “La puntualidad es un supuesto insuperable y la práctica de esta Corte ha sido el escrutinio secuencial de los supuestos previstos en el artículo 16, siendo la ausencia de uno suficiente para determinar la no admisión del recurso”.

    Estimaron los jueces que, sin que sea necesario escrutar los demás supuestos, “se concluye que el recurso de amparo no puede ser admitido, por haberse interpuesto manifiestamente fuera del plazo legal, de conformidad con las disposiciones conjuntas del párrafo 1 del artículo 5 y el inciso a.) del párrafo 1 del artículo 16 de la Ley de Amparo”.

Desestimada la medida provisional

    A la par del recurso de amparo, Álex Saab había solicitado al Tribunal Constitucional que le otorgara una medida provisional consistente en poner fin a la obligación de permanecer en la vivienda y la consecuente devolución inmediata de su libertad.

    Refiere la decisión que al no ser admisible el recurso de amparo, se menoscaba el conocimiento de la solicitud de decreto de la medida provisional, de acuerdo con la orientación sobre la relación de dependencia que existe entre la admisibilidad del recurso de protección y el incidente de la solicitud de adopción de medidas provisionales.

lunes, 11 de octubre de 2021

Continúa el “contrapunteo” entre PDV USA y la empresa de David Rivera: Desestima todas las contrademandas de Interamerican

   La filial de PDVSA reiteró los cargos de su demanda inicial contra Interamerican Consulting Inc.

Por Maibort Petit

    Desde el momento mismo en que PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), suscribió un contrato con la empresa del ex congresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting Inc., por presuntos servicios de asesoría de la segunda para con la primera, comenzó una diatriba que parece no tener fin y una serie de acusaciones entre las partes no tienen cuándo terminar.

    El último capítulo en esta guerra de corresponde a la demandante inicial, PDV USA Inc. la cual presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York su respuesta a la contrademanda que Interamerican ejerció el 19 de agosto del presente 2021, negando todos los términos de la misma.

  El pasado 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc. presentó una contrademanda en contra de PDV USA Inc. en la que negó todos los términos de la demanda interpuesta por esta última en su contra acusándola por incumplimiento de contrato. La empresa del ex congresista republicano, David Rivera, aseguró que es la filial de PDVSA la que debe pagar USD 30 millones que serían el saldo del contrato[1].

La respuesta de PDV USA

  El 24 de septiembre de 2021, Jeffrey B. Korn, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa los intereses de PDV USA Inc. en el caso en que demanda a la empresa Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, presentó su respuesta y defensas afirmativas a las contrademandas del demandado al tiempo que pidió a la Corte desestimar dichas contrademandas; otorgarle sentencia a su favor de acuerdo a lo solicitado en la Demanda Enmendada; y cualquier otra compensación adicional que el Tribunal considere justo y equitativo.


   PDV USA Inc. negó las alegaciones de Interamerican en su contrademanda, limitándose a admitir que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la matriz última de CITGO Petroleum Corporation (CITGO y que David Rivera es un excongresista de los Estados Unidos, propietario de la compañía demandada,  con el que celebró un acuerdo para que esta le prestara supuestos servicios de consultoría el 21 de marzo de 2017, y que Interamerican se negó a dar su consentimiento al “Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción al Acuerdo de Consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017”.

  PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda contra Interamerican Consulting Inc., a saber, un cargo por Incumplimiento de contrato; un cargo de por Enriquecimiento injusto; su sentencia declaratoria; al tiempo que enfatizó el pedido de alivio pues, asegura, que la demandada no tiene derecho alguno a las reparaciones que reclama.


Las defensas afirmativas de PDV USA

   Ante las contrademandas de Interamerican Consulting Inc., PDV USA Inc. afirmó sus defensas sin perjuicio de cualquier posición que pueda adoptar con respecto a la carga de la prueba sobre dichas defensas. Asimismo, se reserva el derecho de hacer valer defensas adicionales, incluidas las basadas en hechos revelados mediante descubrimiento o investigación adicional.

  En este sentido, PDV USA en su Primera defensa afirmativa destaca que la contrademanda no establece un reclamo sobre el cual se pueda otorgar una reparación.

  La Segunda defensa afirmativa sostiene que el reclamo de Interamerican por incumplimiento de contrato está excluido por su propio incumplimiento material previo.

   Entretanto, la Tercera defensa afirmativa de PDV USA refiere que los reclamos de Interamerican están excluidos en todo o en parte por las doctrinas equitativas de manos sucias, destituciones, preclusión y/o renuncia.

   A su vez, la Cuarta defensa afirmativa indica que cualquier reclamo de reparación equitativa o declaratoria está excluido porque el Interamerican tiene un recurso adecuado en la ley.

  La Quinta defensa afirmativa de PDV USA advierte que los reclamos de Interamerican están excluidos, en todo o en parte, porque el Acuerdo es inválido, ilegal, nulo y/o nulo ab initio y, por lo tanto, inaplicable. Recuerda que el presidente de Interamerican, David Rivera, declaró a la prensa poco después de la presentación de la demanda, indicando que su empresa nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del contrato.

 Por último, la Sexta defensa afirmativa asevera que la reclamación de Interamerican por incumplimiento de contrato se excluye en todo o en parte porque no cumplió con una condición precedente en virtud del Acuerdo.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html



jueves, 7 de octubre de 2021

Conozca las razones por las cuales el Tribunal Constitucional de Cabo Verde negó la última petición de Álex Saab

   Los abogados del empresario colombiano aspiraban obtener, mínimo, 30 días más para analizar la decisión y pronunciarse sobre su pertinencia.

Por Maibort Petit

    El pasado 5 de octubre del presente año 2021, los jueces consejeros, Aristides R. Lima, José Pina Delgado y João Pinto Semedo, del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, decidieron no admitir, por su manifiesta extemporaneidad, la solicitud formulada por los abogados del extraditado, Álex Saab, de que se les entregara copia de la Sentencia Nº 39/2021, traducida al español, así como una prórroga del plazo procesal legalmente determinado para el despacho por un mínimo de 30 días, que les permitiera analizar la sentencia y pronunciarse sobre la legalidad de la extradición.

   Saab, a través de sus abogados, luego de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 39/2021 del 7 de septiembre de 2021, invocó varios artículos de la legislación caboverdiana para solicitar a esa instancia judicial que le fuera entregada copia traducida al español de la referida resolución, para analizar su contenido y, en consecuencia, ejercer los actos procesales que considere necesarios para su defensa.

   Del mismo modo, en razón de la extensión de la referida decisión, así como la complejidad técnica y legal de los contenidos cubiertos, pidió se le otorgara un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa pudiera pronunciarse sobre la misma y solicitar todo lo que estime conveniente o pertinente para la defensa de la legalidad.

Literalmente, los pedidos de Saab ante el tribunal fueron:

a) Una copia traducida de la Sentencia Nº 39/2021, de 7 de septiembre de 2021, se proporciona al Demandado a continuación, de conformidad con y para los fines de los artículos 3-A, 5 - del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos - 22º en 3º y 35º en n. 7- de la Constitución de la República de Cabo Verde;

b) Se otorga un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa tenga la oportunidad de analizar la decisión y, si así lo desea, solicitar las aclaraciones que estime pertinentes - cfr. previsto en los artículos 140, 575, 578 y ss. del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos 22, nº 3 y 35, nº 7 - de la Constitución de la República de Cabo Verde”.

Argumentos del procurador

  La sentencia cita lo alegado por el Procurador General de la República respecto al pedido de Saab, quien sostuvo que la solicitud de la defensa carecía absolutamente de base legal.

   Aseguró que, de acuerdo a la ley, no existe una obligación legal de notificación personal de la persona extraditada, sino de su abogado designado. Citó lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 232 del código de procedimiento civil que indica que "las notificaciones a las partes en los casos pendientes se realizan en la persona de un representante con cargo en la sede del distrito o que haya elegido domicilio allí para recibir notificaciones”.

   Aseguró que la ley no impone al tribunal la carga de traducir la sentencia y calificó el pedido de traducción como “otra maniobra meramente dilatoria, convencida la defensa de que la ley lo permite todo, incluidos los expedientes dilatorios, y al tribunal no le queda más que cruzar los brazos”. Y agrega que por ello algunas declaraciones de los abogados defensores en los medios de comunicación, señalan que “la persona extraditada aún no será extraditada en los próximos meses”.

   Refiere que “la defensa ha estado pregonando en los medios que hará todo lo posible para retrasar la ejecución de la decisión de extradición, incluso señaló uno de los abogados en su página de red social (FB). que ‘en un futuro próximo, Alex Saab solo será extraditado si es secuestrado’”.

   Así han sido las acciones promovidas por la defensa para retrasar el proceso, lo cual se ilustra con la cronología de algunos hechos:

   El 7 de septiembre de 2021 se notificó a la defensa la Sentencia N º 39/2021, que desestimó el recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad.

   Luego, el 13 de septiembre de 2021, dentro del plazo legal, solicitó la aclaración de la referida sentencia, en una demanda firmada por dos abogados defensores, uno de los cuales es suscriptor de esta solicitud de traducción.

  Después, el 22 de septiembre, tras ser notificado de la negativa a atender la solicitud de aclaración, el 24 de septiembre se solicitó la traducción de la referida decisión.

  “Ante esta cronología de hechos, con interés por la decisión, en una primera lectura de la demanda, se destaca la idea de una total falta de coordinación entre los miembros del equipo de defensa del extraditado, cada uno pidiendo lo que quieren, contradiciendo sus propias peticiones del resto. Y esto no es inaudito a lo largo de este proceso”, cita textualmente la sentencia.

  Se acota que, desde la detención del extraditado, Álex Saab, hace más de quince meses, más de tres docenas de decisiones emitidas por varios tribunales, además de haberse producido alrededor de una decena de respuestas a solicitudes enviadas al Gobierno, Policía Judicial, Fiscalía General de la Nación, entre otras, que todas estaban redactadas todas en portugués.

“La defensa nunca planteó la cuestión de la traducción al idioma español de los referidos actos judiciales, dejando claro que los entendía perfectamente, sobre todo porque los impugnó a todos, mediante denuncias, recursos ordinarios, hábeas corpus, recursos de revisión concreta de constitucionalidad, recursos de amparo, solicitud de aclaración”, destaca.

   Del mismo modo se deja sentado que “En la solicitud de aclaración de la sentencia cuya traducción ahora se requiere, quedó claro que fue leída y perfectamente entendida, incluso, calificándola de ambigua y oscura, lo que constituye la base de la solicitud de aclaración. Lee, percibe, desafía y, después, viene a pedir la traducción porque, al final, no entendió”.

   Se deja sentado que la solicitud de traducción también es infundada y debe desestimarse la pretensión de la demandante, por carecer de fundamento y justificación jurídica y ser un expediente meramente dilatorio.

Los fundamentos de la decisión

   Aclara en primer término la sentencia que, por error manifiesto, al demandante se le presenta en cuatro ocasiones como "imputado", un estatus que no define la relación de Álex Saab y el Tribunal Constitucional. En tal sentido puntualiza que la correcta designación del solicitante tiene que ver con su condición de extraditante, “ya que el caso principal o “caso pretexto” es un proceso de extradición. Y esto no puede ser ignorado por el distinguido abogado en su sabida intervención procesal”.

    Subraya la decisión que la Corte Constitucional no puede dejar de notar que la solicitud es absolutamente infundada, pues el pedido de que se entregue una copia traducida no tiene fundamento legal, pues “no existe disposición en la Constitución, en el Derecho Internacional, en la Ley que regule la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, en la legislación nacional subsidiariamente aplicable a los procesos ante el Tribunal Constitucional, de disposición alguna que imponga tal carga al Estado”.

   Del mismo modo se indica que la solicitud de prórroga de por lo menos 30 días solicitada por los abogados para analizar la sentencia, tampoco cuenta con la base legal mínima en lo antes mencionado, reglas, y mucho menos en los casos en que el proceso esté catalogado por ley como urgente. “Tanto más cuanto que el plazo establecido en la Ley para el esclarecimiento es de cinco días y ya venció hace mucho tiempo, y el demandante, además, solicitó el esclarecimiento a través de su demanda, que fue presentada ante el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre pasado y fue resuelto mediante Sentencia Nº 42/2021, de 20 de septiembre.

    Por último, la sentencia determina que la solicitud de los abogados de Álex Saab es manifiestamente tardía, por lo que no puede ser admitida para una decisión sobre el fondo. Se recuerda que la legislación establece un plazo de cinco días para que las partes soliciten "cualquier acto o diligencia, reclamen la nulidad, deduzcan incidencias o ejerciten cualquier otra facultad procesal". Y precisa: “Ocurre que la Sentencia Nº 39/2021, respecto de la cual el demandante está reaccionando procesalmente, le fue notificada el 7 de septiembre, a través de los respectivos abogados designados. La demanda bajo análisis fue presentada en la Secretaría de la Corte Constitucional el 23 de septiembre del presente año”.


miércoles, 15 de septiembre de 2021

Los delitos de César David Rincón Godoy en PDVSA y la nueva fecha de su sentencia

   El magistrado del tribunal del Distrito Sur de Texas impondrá la pena el 8 de noviembre del presente 2021.

Por Maibort Petit

   La sentencia que deberá pagar César David Rincón Godoy por la comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero, se conocerá en noviembre del presenta año 2021, se acuerdo al cronograma que estableció el juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Kenneth M. Hoyt
   El magistrado dijo, específicamente el 8 de noviembre a las 10 de la mañana, como la fecha en que se determinará la condena que deberá cumplir el exgerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El acto tendrá lugar en la Sala 11A del tribunal.

   Rincón Godoy formó parte de un esquema internacional de lavado de dinero[1]mediante el cual se buscaba la legitimación de sobornos pagados para asegurar de manera corrupta contratos de PDVSA. Los cabecillas de la trama eran los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera.

  El 19 de abril de 2018, César David Rincón Godoy se declaró culpable de haber integrado la trama de lavado de dinero de fondos provenientes de sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano con el propósito de asegurar de manera corrupta contratos de energía y priorizar el pago de facturas pendientes.

  Al momento de declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, Rincón Godoy fue impuesto de una sentencia monetaria personal de USD 7.033.504,71 la cual aceptó pagar a través de dicte una orden de decomiso.

  En aquel entonces se fijó el dictado de la sentencia para el 9 de julio de 2018 y, desde entonces, ha visto prorrogándose.

  El juez Hoyt, además, fijó para el 11 de enero de 2021, para la presentación del Informe Previo de la Sentencia (PSI), mientras que será el 18 de octubre el día para que se presenten objeciones al PSI.

Los cargos

  Junto a Luis Carlos De León-Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz-Chiesa y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, César David Rincón conformaron el grupo élite que comandó una de las más grandes estafas cometidas con la estatal petrolera venezolana. Fue arrestado en octubre de 2017 en España donde residía con base a una acusación de 20 cargos que cursa en el Tribunal del distrito Sur de Texas-División Houston. Fue extraditado a EE. UU. el 9 de febrero de 2018.

  Se declaró culpable el 19 de abril de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le impuso una sentencia monetaria personal por la cantidad de USD 7.033.504,71 y este accedió a que se dicte una orden de decomiso[2].

   En específico, la acusación refiere que César David Rincón y el resto de los imputados, solicitaron a los proveedores de PDVSA los sobornos y comisiones entre 2011 y 2013. A cambio de estos pagos, ellos lograban la aprobación de millonarios contratos y la agilización de la cancelación de las facturas pendientes de pago. Estos dineros obtenidos irregularmente, luego eran lavados mediante un esquema que comprendía numerosas transacciones financieras nacionales e internacionales para encubrir la naturaleza corrupta de los fondos.

  Sobre el cargo de Conspiración para cometer lavado de dinero, la acusación señala que César David Rincón Godoy “conspiró, se confederó y estuvo de acuerdo (…) sabiendo que la propiedad involucrada en una transacción financiera representó el producto de alguna forma de actividad ilegal, para realizar o intentar llevar a cabo dicha transacción financiera que de hecho representó el producto de una actividad ilegal específica, sabiendo que la transacción está diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA (…).

  En tal sentido, se especifica que Rincón Godoy prometió al Empresario 3 —un residente de Florida que controlaba, junto con otros, una serie de empresas, incluidas varias empresas de EE. UU. que se utilizaron para asegurar contratos con PDVSA— asistencia para recibir el pago de las facturas pendientes de los contratos de PDVSA, así como asistencia para obtener nuevos contratos de PDVSA, a cambio de pagos de sobornos.

  Igualmente, se indica que ordenó que los pagos de sobornos se enviaran a varios destinatarios distintos a él, incluidas empresas, intermediarios, parientes, amigos y asociados personales cercanos, con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente y propiedad de los pagos irregulares.

   Del mismo modo se dice que Rincón Godoy creó justificaciones falsas para algunos de los sobornos, incluidas facturas por servicios que nunca se prestaron, para ocultar su naturaleza delictiva.

Las acciones de Rincón Godoy

   La acusación precisa que el 29 de febrero de 2012, César David Rincón envió al empresario 3 un correo electrónico en el que decía, traducido al inglés, “Allí me preguntan si envió el dulce a [César Rincón, pariente 1]”, haciendo referencia a los pagos de sobornos. El empresario 3 respondió, traducido al inglés: "Ese dulce se enviará hoy a la casa de [César Rincón Pariente 1]". Más tarde ese día, el empresario 3 volvió a escribirle a Rincón Godoy, diciendo, traducido al inglés: “Tengo un pequeño problema con enviar todos los dulces hoy. Necesito sacarlo de la tienda principal para enviarlo a la sucursal y sabes que tenemos que tener cuidado con eso aquí, pero puedo enviar una buena carga hoy ".

   En la misma fecha, una empresa controlada por el Empresario 3 transfirió USD 150.710 a una cuenta a nombre de César Rincón Pariente 1. El Empresario 3 envió la confirmación: “Señor, Fue enviado. Gracias por todo…".

    El 16 de noviembre de 2012, César Rincón envió al empresario 3 un correo electrónico en el que decía, "Adjunto las facturas de las transferencias de [César Rincón Pariente 1]". Se adjuntaba una factura por un monto de USD 110.000 de una compañía controlada por César Rincón Pariente 1 y otra de una compañía controlada por el Empresario 3 supuestamente por “Asistencia técnica” en un proyecto de mantenimiento.

   El 14 de febrero de 2013, el empresario 3 firmó un cheque por USD 110.000 de una compañía controlaba por él, a una compañía controlada por César Rincón Pariente 1 y otro pariente. La línea de nota del cheque hacía referencia a un número de factura que coincidía con el número de la factura que César Rincón envió al empresario 3 el 16 de noviembre de 2012, referida anteriormente. Este cheque se presentó para su pago el 15 de febrero de 2013.

   En los cargos de la acusación comprendidos del ocho al once, relacionados con Lavado de dinero, se refiere que César David Rincón llevó a cabo una serie de transacciones financieras, a sabiendas de que las mismas afectaban el comercio interestatal y extranjero y que involucraron el producto de una actividad ilegal.

   Se señala que estas operaciones que representaban el producto de una actividad ilícita, fueron diseñadas, en su totalidad y en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de dicha actividad ilícita.

   Las referidas transacciones se definen en la acusación de la siguiente manera:



REFERENCIAS

[1] Departamento de Justicia. “Former Venezuelan Official Pleads Guilty to Money Laundering Charge in Connection with Bribery Scheme”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme

[2] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme

 

martes, 17 de agosto de 2021

Abraham Edgardo Ortega, exfuncionario de PDVSA, busca a toda costa retrasar su ingreso a una cárcel de EE. UU.

 Por Maibort Petit 

   Abraham Edgardo Ortega, quien se declaró culpable por delitos de corrupción y lavado de dinero busca a toda costa no ir a la cárcel, y para ello ha logrado que un juez norteamericano le autorice posponer la fecha de entrega voluntaria a la prisión, mientras sus abogados arreglan con los fiscales para que la justicia le otorgue "más beneficios tras su colaboración en la investigación" que realizan las autoridades estadounidenses sobre la enorme red de venezolanos que blanqueó miles de millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos.

  La abogada de Ortega,  Lilly Ann Sánchez, pidió a un juez estadounidense que el convicto por delitos de corrupción y lavado de dinero proveniente de PDVSA, no se entregue "voluntariamente a la cárcel para cumplir su sentencia en la fecha prevista en el mandato del tribunal", que establecía que el reo entraría a la prisión  el 2 de septiembre de 2021. 

   El ex ejecutivo de la compañía petrolera estatal de Venezuela fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión en relación con un supuesto plan de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones vinculado a bienes raíces en el sur de Florida.

  En la comunicación de  la defensa, refrendada por los fiscales federales, se asegura que el corrupto podría entregarse a las autoridades de la prisión en una fecha  posterior al 3 de enero de 2022. 

  Para lograr permanecer en libertad condicional  y no cumplir con la sentencia de 28 meses en prisión, Abraham Edgardo Ortega argumentó que ha seguido colaborando con los fiscales y que aspira una reducción de la sentencia.

  El 31 de octubre de 2018,  Ortega se declaró culpable de un cargo n que lo acusa de conspiración para cometer blanqueo de capitales, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a).

  La audiencia de sentencia, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 2021, y un juez  lo condenó a 28 meses de prisión. 

  Según la defensa de Ortega, los fiscales federales señalaron que  esperan presentar una moción basada en la regla 35 para una reducción basada en una mayor cooperación que aún está en curso.

   La misiva dice que la defensa y el Gobierno esperaban que la cooperación en curso se completara antes de la fecha de entrega del 2 de septiembre de 2021, pero "no ha sido así, debido a las complicaciones derivadas de la pandemia continúan retrasando las cosas".

   Abraham Edgardo Ortega "se encuentra bajo fianza y monitoreo electrónico y ha cumplido plenamente durante todo el tiempo que estuvo pendiente" sostiene su defensa.

   Asimismo, la abogada Sánchez sostiene que el fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer y el representante del Departamento de Justicia en este caso, Paul Hayden se han pronunciado, y el gobierno no se opone a esta prórroga y cree que una fecha de entrega posterior al 3 de enero de 2022 sería apropiada.

  Abraham Edgardo Ortega, quien fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, admitió que aceptó más de $ 12 millones en sobornos por su papel, lo que permitió a otros venezolanos acusados ​​de desfalcar a la petrolera venezolana.

   Los fiscales del caso alegaron que los "cleptócratas" hicieron préstamos a la compañía petrolera que los hicieron ricos de la noche a la mañana, en parte a través del sistema de cambio de divisas único de Venezuela.

   En total, nueve personas fueron acusadas en el plan en 2018, y cinco de ellas aún están prófugas. Ortega es el segundo en recibir una sentencia reducida.

   La sentencia de 10 años del banquero suizo Matthias Krull se redujo a tres años y medio en septiembre. Krull, acusado de mover $ 600 millones vinculados al esquema de la compañía petrolera, también cooperó con los fiscales.

   Los fiscales han alegado que parte del dinero extraído terminó en bienes raíces locales, incluida una unidad en la Porsche Design Tower de Sunny Isles Beach.

  Al momento de su sentencia, Ortega lloró frente a la jueza federal Kathleen Williams en Miami y reconoció  que la “corrupción” generalizada y el esquema de malversación de fondos llevaron a la crisis económica en Venezuela.

   La fecha de la sentencia de Abraham Edgardo Ortega  se ha cambiado dos veces. Inicialmente estaba prevista para el 1 de abril de 2020, por 60 días y luego fue planificada para el 2 de septiembre de 2021. Ahora nuevamente se cambia para el 10 de febrero de 2022.

El caso

   Abraham Edgardo Ortega formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares producto de operaciones irregulares de PDVSA de la cual fueron protagonistas: Francisco Convit Guruceaga; José Vicente Amparan Croquer, alias «Chente»; Carmelo Urdaneta Aquí; Gustavo Adolfo Hernández Frieri; Hugo Andre Ramalho Gois; Mathias Krull; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, 9 conspiradores y tres oficiales venezolanos.

  La investigación encubierta denominada “Money Flight” emprendida por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual tuvo su origen en la delación que una Fuente Confidencial (Confidential Source) hizo ante las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI, por las siglas en inglés de Homeland Security Investigations) en 2016, cuando dio a conocer que había sido contactada por operadores financieros venezolanos —conocidos en el argot popular como “boliburgueses”, enriquecidos bajo el amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— para legitimar USD 78 millones provenientes de una transacción cambiaria irregular que se había efectuado entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Rantor Capital. Al final esta operación totalizaría USD 1.200 millones de los cuales se destinaría una parte para pagar sobornos a los ejecutivos de la estatal petrolera que habrían facilitado la negociación fraudulenta. A partir de la delación de la CS, esta comenzó a trabajar con las autoridades en la investigación.

  La actividad de rastro de la operación se extendió por dos años en los que se hicieron más de cien grabaciones que revelaron el modus operandi que los protagonistas de la trama utilizaron legitimar los capitales irregulares, usando bienes raíces en Miami y esquemas sofisticados de falsas inversiones.

  Estos hechos se constituyeron en la causa probable para iniciar el proceso judicial en contra de los indiciados.

   Valiéndose de su posición en la empresa venezolana, Ortega recibió  USD 5 millones en sobornos a cambio de catalogar de prioritaria a una empresa francesa y un banco ruso y de esta manera hacerlos beneficiarios de contrato de préstamo a favor de la empresa conjunta de la que ambos son accionistas. El soborno provino de un esquema de cambio de moneda que permitió malversar USD 1.2 mil millones.

  Ortega también aceptó USD 12 millones en sobornos por su participación en un esquema de malversación de fondos de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Este monto fue lavado entre Ortega y un coacusado a través de un sofisticado esquema de falsas inversiones. En este esquema participaron administradores de dinero cómplices, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, los cuales operaban como una red de lavadores profesionales de dinero y quienes fueron acusados el 16 de agosto de 2018.

  Por estos hechos el tribunal procedió con la incautación de una serie de propiedades en Miami, Panamá, así como bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. A estas se suman propiedades en Miami. 


Juez de Texas cambia nuevamente fecha de la sentencia de los contratistas corruptos de CITGO y PDVSA: Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit

   La Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de CITGO, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares. Una decisión del juez Gray H. Miller  anunció que los dos contratistas corruptos serán sentenciados el 10 de febrero de 2022

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

La espera continúa

  Abraham José Shiera Bastidas, contratista de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

     La sentencia estaba prevista para el 19 de agosto de 2021 a las 10 AM.