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martes, 19 de julio de 2022

Justicia de EE. UU. va tras los activos de los Bolichicos y Raúl Gorrín provenientes de la corrupción con PDVSA

 Con los decomisos, el gobierno de los Estados Unidos espera recuperar parte de los USD 1.200 millones que se manejaron en las operaciones de lavado de dinero de esta trama de corrupción.

Por Maibort Petit 

    Una nueva acción tiene lugar en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, instancia en la cual la justicia de dicha nación se ha propuesto decomisar un conjunto de activos provenientes de las ganancias de delitos de soborno transnacional. Tales bienes pertenecerían a Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aqui, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo André Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera y Matthias Krull, conocidos la mayoría de ellos como los “Bolichicos”, quienes  conspiraron entre sí y con otros para lavar millones de dólares producto de esquemas corruptos de cambio de moneda que involucran a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). 

   Igualmente, parte de estos activos estarían relacionados con quien en la demanda se conoce como Conspirador 7, venezolano propietario de una red de televisión en Venezuela y de las empresas de fachada, Eaton Global Services Limited y Andiron Corp SA, utilizadas en la trama de corrupción en cuestión.

  La fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida reclama ante el tribunal homónimo, que se emitan órdenes de arresto de los Activos de los Demandados y se les notifique a las personas que se sabe o se crea que tienen un interés o un derecho sobre dichos activos, que se proceda al decomiso de los mismos y se conceda cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa, necesaria y apropiada.

Los activos

  Los activos de los demandados que reclaman los Estados Unidos a saber, son:

(i) Un (1) yate Baglietto de 135 pies de 1999, conocido como M/Y Blue Ice, número oficial 40146 registrado en San Vicente y las Granadinas, y en Curazao;

(ii) Un total de aproximadamente USD 45.585.667,46 en custodia de los Estados Unidos, que comprenden: a) USD 5.999.710 incautados el 19 de diciembre de 2017; b) USD 35.488.967,72 incautados el 8 de enero de 2018; y c) USD 4.096.989,74 recuperados alrededor del 17 de julio de 2018;

(iii) Bienes inmuebles ubicados en Residencial Santa Maria Signature, Apartamentos 9-A y 9-B, incluyendo enseres y muebles, en Panamá,;

(iv) Inmueble ubicado en Residencial Santa Maria Signature, Apartamentos 2-A, 2-B, 3-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-A, 11-A, 11-B, incluyendo enseres y muebles, en Panamá;

(v) Inmueble ubicado en Residencial Costamare, Apartamento 24-011, incluyendo enseres y mobiliario, en Panamá;

(vi) Inmueble ubicado en Residencial Costamare, Apartamento 24-021, incluyendo enseres y mobiliario, en Panamá;

(vii) Inmueble ubicado en Vistamar Golf Village, Número 3, incluyendo enseres y mobiliario, en Panamá;

(viii) Bienes inmuebles ubicados en 18555 Collins Avenue, Unidad 2205, Sunny Isles Beach, Florida 33160, EE.UU.;

(ix) Todos los activos depositados en la cuenta número Z1ULD767 en Valbury Capital Ltd. en Londres, Reino Unido; y

(x) Inmueble ubicado en 2101 South Surf Road, Unit 2E, Hollywood, Florida, EE. UU.

   La fiscalía de los EE. UU. sostiene que tiene jurisdicción real sobre los activos de los demandados y que la misma es adecuado, por cuanto en el Distrito Sur de Florida porque los actos u omisiones que dieron lugar al decomiso ocurrieron en el mismo, así como también porque se trata del mismo Distrito donde se inició el proceso penal relacionado.

Los protagonistas de la trama

  La demanda asegura que Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aqui, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera y Matthias Krull conspiraron entre sí y con otros para lavar y participar en transacciones monetarias con el producto de esquemas corruptos de cambio de moneda que involucran a PDVSA.

  Asimismo, se identifican en la acción legal a “conspirador 1”, venezolano y funcionario de PDVSA; “conspirador 2”, venezolano identificado como uno de los "Bolichicos";  “Conspirador 3”, venezolano y hermano del Conspirador 1; “conspirador 4”, venezolano y funcionario de PDVSA; “conspirador 5”, de nacionalidad suiza;  “conspirador 6”, argentino (Conspirator 5 y Conspirator 6 son directores de la Compañía Europea 1).

  Como ya se dijo, “conspirador 7”, es de nacionalidad venezolana y propietario de una red de televisión en Venezuela,  de Eaton Global Services Limited (empresa de Hong Kong) y de Andiron Corp S.A.

  También se identifica a Rantor Capital C.A. una empresa ficticia venezolana; a “Funcionario venezolano 1”, vicepresidente de PDVSA; “Funcionario venezolano 2”, un funcionario público venezolano; “European Company 1” que operaba como una firma de bienes raíces en Madrid, España; “Institución Financiera Europea 1” que operaba como una empresa de inversión privada en Malta; la “fuente confidencial” (CS) era un administrador de activos privados en América Latina que comenzó a cooperar con Investigaciones de Seguridad Nacional alrededor de abril de 2016.

   Otras entidades involucradas son Villa del Riposo S.A. una empresa ficticia panameña; Miglior Investimentos S.A., una empresa ficticia panameña; Global Securities Trade Finance, una compañía exenta de las Islas Caimán con responsabilidad limitada establecida el 18 de mayo de 2006; Global Securities Advisors GP LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware establecida el 24 de octubre de 2007; Global Securities Holdings LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Florida establecida el 24 de octubre de 2002; Global Securities Management LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Florida establecida el 23 de octubre de 2002; Serfindata S.A., una empresa colombiana que celebró supuestos acuerdos de préstamo con GSTF.

El préstamo de Rantor

  En diciembre de 2014, PDVSA y Rantor celebraron un contrato de “préstamo”, que Rantor luego asignó a Eaton.

  Eaton recibiría aproximadamente 511 millones de euros de PDVSA después de sólo “prestar” a PDVSA aproximadamente 7.200 millones de bolívares, el equivalente de mercado de aproximadamente 35 millones de euros.



  Este préstamo comprendió un contrato fechado el 17 de diciembre de 2014, donde Rantor acordó “prestar” 7.200 millones de bolívares a PDVSA y que fue suscrito por el Funcionario 1 de Venezuela como Vicepresidente de PDVSA.

  Asimismo, un contrato de cesión con fecha del 23 de diciembre de 2014, donde Rantor cedió sus derechos como acreedor de PDVSA bajo el contrato de “préstamo” a Eaton, y se estableció que PDVSA debía cancelar la deuda dentro de los 180 días mediante el pago de USD 600 millones.

   También una carta de aviso de cesión con fecha del 23 de diciembre de 2014 de Eaton a PDVSA que sugería que al petrolera reembolsara el préstamo de 7.200 millones de bolívares en el equivalente en euros de USD 600 millones.

  Las ganancias de esta operación de préstamo Eaton-Rantor se repartió así: a) 227 millones de euros fueron para Convit y Conspirador 2; y b) 227 millones de euros para Conspirator 7.

  De los 227 millones de euros de Convit y Conspirador 2 se enviaron aproximadamente 78 millones de euros la fuente confidencial (CS) para pagos adicionales a otros.

  Entretanto, conspirador 7 desvió aproximadamente 159 millones de euros a individuos conocidos como “Los Chamos”, a saber, los hijastros del funcionario venezolano 2.

  El 25 de mayo de 2015, una adenda al contrato de “préstamo” entre Rantor y PDVSA duplicó la línea de crédito inicial de aproximadamente 7.200 millones de bolívares venezolanos a aproximadamente 14.000 millones de bolívares. En consecuencia, los fondos involucrados en el programa de préstamos Eaton-Rantor aumentaron de aproximadamente 511 millones de euros a aproximadamente 1.000 millones de euros o 1.200 millones de dólares.

Los sobornos

  Por su acción de autorizar el “préstamo”, el Funcionario venezolano 1 recibió pagos de sobornos de los fondos del Esquema de Préstamo Eaton-Rantor. Específicamente, la fuente confidencial le pagó USD 300.000 en dos pagos en efectivo el 4 y el 26 de junio de 2015.

  Con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de los fondos ilícitos, los miembros de la conspiración incluyeron una serie de testaferros, banqueros y administradores de dinero que facilitaron el lavado de las ganancias derivadas de el esquema de préstamos Eaton-Rantor y otros esquemas corruptos que involucran a PDVSA.

El yate de Gorrín

  En una larga exposición la demanda explica cómo fueron adquiridos los activos, operaciones diseñadas para concretar el esquema de lavado de los fondos irregulares que ahora reclama la fiscalía de los Estados Unidos.

  De estos detalles, en esta entrega solamente haremos referencia al proceso de adquisición del yate por parte del Conspirador 7, quien, como ya hemos señalado, es propietario de una televisora venezolana.

  La demanda informa que entre el 29 de diciembre de 2014 y el 2 de febrero de 2015, como resultado del Programa de Préstamo Eaton-Rantor, PDVSA envió un total de €385,216,708.87 a través de siete transferencias electrónicas a cuentas de la Institución Financiera Europea 1 para el beneficio de Eaton, una empresa de propiedad y controlada por Conspirator 7.

  Posteriormente, estos euros se cambiaron por dólares estadounidenses y USD 45 millones de los fondos se transfirieron a Andiron, otra empresa de propiedad y controlada por Conspirator 7.

 Entre el 29 de septiembre y el 4 de diciembre de 2015, se transfirieron más de USD 3 millones rastreables al Esquema de Préstamo Eaton-Rantor de la Institución Financiera Europea 1 a una compañía de venta de yates en Miami, Florida.

  Esto ocurrió así: (i) El 29 de septiembre de 2015 se transfirieron aproximadamente USD 541.614 de la Institución Financiera Europea 1 a Yacht Company, con los detalles de la transferencia bancaria indicando "INV GP 1415 + DEPÓSITO"; (ii) El 1 de diciembre de 2015, se transfirieron USD 1.000.000 de la Institución Financiera Europea 1 a Yacht Company, con los detalles de la transferencia bancaria indicando "CONTRATO DD 10/09/2015"; y (iii) El 8 de diciembre de 2015, se transfirieron USD 1.500.000 a Yacht Company, con los detalles de la transferencia bancaria indicando "CONTRATO DD 09/10/2015".

  Después, en diciembre de 2015, USD 3.132.000 fueron transferidos en cinco transacciones de la cuenta de Yacht Company para financiar la compra de un yate Baglietto de 135 pies de 1999, conocido como M/Y Blue Ice, número oficial 40146 registrado en San Vicente y las Granadinas.

  Se señala en la demanda que un representante de Yacht Company confirmó que el M/Y Blue Ice fue adquirido para el cuñado de Conspirator 7. También confirmó que las dos transferencias entre el 1 y el 8 de diciembre de 2015, de la Institución Financiera Europea 1 financiaron la compra de M/Y Blue Ice.

Los casos penales

  El 15 de agosto de 2018, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación contra Convit, Amparan, Urdaneta Aqui, Ortega, Hernández Frieri, Gois, Gutiérrez y Bonilla,  por conspiración para cometer lavado de dinero en violación de 18 U.S.C. § 1956(h), lavado de dinero en violación de 18 U.S.C. §§ 1956(a)(1)(B) y 1956(a)(2)(A), y viajes interestatales y al extranjero en ayuda del crimen organizado en violación de 18 U.S.C. § 1952(a)(3).

  Luego, se presentó una Información Sustituta acusando a Ortega de conspiración para cometer lavado de dinero. Ortega se declaró culpable de concierto para delinquir para lavar dinero el 31 de octubre de 2018.

  El 16 de agosto de 2018, se presentó una Información en un caso separado contra Krull por conspiración para cometer lavado de dinero y este se declaró culpable y fue sentenciado el 29 de octubre de 2018.

  El 3 de mayo de 2019 compareció por primera vez Hernández Frieri y posteriormente se realizó su diligenciamiento.

  Convit, Amparan, Urdaneta, Gois, Gutiérrez y Bonilla no han comparecido inicialmente y se les considera fugitivos.

Los reclamos

  La demanda comprende seis reclamos, el primero relativo al Producto de delitos de soborno en el extranjero (18 U.S.C. § 981(a)(1)(C)).

 El segundo reclamo por Propiedad involucrada en conspiración de lavado de dinero (18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)).

 El tercer reclamo por Bienes involucrados en transacciones de ocultación de lavado (18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)).

  El cuatro reclamo por Propiedad involucrada en transacciones de lavado promocional internacional (18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)).

 El quinto reclamo por Propiedad involucrada en transacciones internacionales de ocultación de lavado (18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)).

  Y el sexto reclamo por Bienes Involucrados en la Transacción de Lavado Más de USD 10.000 (18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)).

Otras compras

   Parte de las ganancias de Carmelo Antonio Urdaneta Aquí las destinó a la compra de bienes inmuebles en Panamá, por ejemplo, el 28 de abril de 2015, adquirió los Apartamentos 9-A y 9-B en el Residencial Santa María Signature en Panamá por un total aproximado de USD 1.900.000.

  El 12 de mayo de 2015 compró los Apartamentos 2-A, 2-B, 3-B, 5-B, 6-B , 7-B, 8-A, 11-A y 11-B en el Residencial Santa Maria Signature en Panamá por un total aproximado de USD 9.500.000.

  El 19 de julio de 2016 compró el Apartamento No. 24-021 por USD 300.000 y el Apartamento No. 24-011 por USD 310.000, ambos ubicados en Residencial Costamare en Panamá.

  El 1 de diciembre de 2016 compró el Número 3 en Vistamar Golf Village en Panamá por USD 900.000.

  El 17 de mayo de 2016 pagó un depósito significativo por la Unidad 2205 en Porsche Design Tower, que se encuentra en 18555 Collins Avenue, Sunny Isles Beach , Florida 33160.

  La compra de la Unidad 2E en el condominio Sage Beach, que está ubicado en 2101 South Surf Road, Hollywood, Florida se hizo para beneficiar a Gustavo Adolfo Hernandez Frieri.

Las compras se hicieron a través de empresas fantasmas.

jueves, 17 de febrero de 2022

Juan Orlando Hernández: De Casa Presidencial a prisión en espera de una decisión sobre su pedido de extradición a Estados Unidos

  Acusado de cargos de narcotráfico, la justicia estadounidense lo ha pedido al gobierno hondureño, cuyo sistema judicial ahora debate la solicitud.

Por Maibort Petit

   El revuelo se apoderó de Honduras en los últimos días luego de conocerse que el gobierno de los Estados Unidos había solicitado en extradición el expresidente de esa nación centroamericana, Juan Orlando Hernández, al ser acusado por la justicia estadounidense de la comisión de delitos de narcotráfico. El pedido fue formulado ante la cancillería hondureña por la Embajada de los EE. UU, en Tegucigalpa, de acuerdo a lo informado a través de un mensaje en Twitter por el ministerio de exteriores hondureño. Entre las últimas decisiones del caso, destaca la adoptada durante la primera audiencia celebrada en la Corte Suprema de Justicia de decretar la detención provisional del expresidente hasta que tenga lugar la segunda audiencia el próximo 16 de marzo.

"La Cancillería de acuerdo a ley ha remitido a la CSJ (Corte Suprema de Justicia) comunicación oficial de la Embajada de los EE.UU., solicitando formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América", rezó el mensaje de la red social que obviaba la mención del nombre del exmandatario[1]. Entretanto el órgano del gobierno hondureño era escueto en su información, la prensa se explayaba en datos que referían que la solicitud de extradición presentada ante la CSJ sostenía que JOH “participó en una ‘violenta conspiración de narcotráfico’ que desde 2004 ha transportado 500 toneladas de cocaína desde Venezuela y Colombia a los Estados Unidos a través de Honduras (…) [y que] recibió millones de dólares en sobornos por facilitar los envíos y proteger a los traficantes del enjuiciamiento”.

Hablan los abogados y el PNH

  Cuando la noticia corrió, los abogados de JOH informaron que este se entregaría de forma voluntaria "para seguir el proceso legal y defender su inocencia". Mas tarde, uno de sus representantes legales, Hermes Ramírez, denunció como “atropello” el acoso que se había formado en torno a la figura del expresidente de Honduras y exigieron el cumplimiento de las normas en este tipo de procedimientos[2].

  También su organización política, el Partido Nacional de Honduras pidió que se respetaran los derechos humanos y el debido proceso en el caso, mediante un comunicado en el que la dirigencia del mismo expresó su solidaridad con el expresidente, al tiempo que lo felicitó por su decisión de "entregarse y someterse de forma voluntaria al procedimiento de extradición, decisión acertada y correcta que debe ser tomada en cuenta por los órganos de seguridad en este momento"[3].

Orden de captura y arresto

   En la víspera de su detención la Corte Suprema de Justicia confirmó la recepción de la solicitud y, a través de un comunicado, dio a conocer la convocatoria “a una sesión del pleno” cuyo objetivo tenía como “punto único” designar al “juez natural” que analizaría “la solicitud de extradición procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América y remitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional”[4].

  Tal magistrado resultó ser Edwin Ortez, [un hombre señalado por estar supuestamente ligado al partido de Manuel Zelaya y de su mujer, ahora presidente, Xiomara Zelaya, Libertad y Refundación], quien procedió a dictar la orden de detención de inmediato.

  Acto seguido el pedido se activaron los mecanismos judiciales y Tegucigalpa se convirtió en un hervidero ante las distintas versiones del caso que circulaban, hasta que el propio Hernández se pronunció a través de un mensaje grabado que difundió en Twitter en el que confirmó la petición de captura con fines de extradición formulada por Estados Unidos, un pedido al que dijo estar “presto y listo para colaborar”.

“Son las 5 y 44 de la mañana, les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos, muchísimas gracias. No es un momento fácil, a nadie se lo deseo, pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme“, expresó Hernández en su cuenta personal en la red social[5].

   Un mensaje que emitía JOH mientras su casa en la capital hondureña se encontraba rodeada por las fuerzas de seguridad desde la noche del lunes 14, desplegadas a las órdenes del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, quien se apersonó para proceder a la captura de Hernández. Quien ahora encabeza el referido despacho gubernamental fue hasta hace poco prófugo de la justicia, luego de huir con su familia tras su destitución de la policía bajo la administración de Hernández. Irónicamente, ahora le correspondía a él arrestar a su perseguidor [6].

   Un operativo que se vio coronado con el expresidente saliendo de su casa cubierto con una gorra azul y mascarilla, para ser inmediatamente esposado de pies y manos y ponerle un chaleco antibalas. Lo próximo fue subirlo a un vehículo blindado para trasladarlo a la Policía Nacional para rendir su declaración preliminar en el proceso judicial sobre su extradición[7].

  Tan pronto las imágenes de quien había gobernado Honduras por ocho años se difundieron, se dejaron escuchar fuegos artificiales en Tegucigalpa, mientras una centena de manifestantes celebraban el arresto en las afueras de la residencia de JOH.

Ante la Corte

  El objetivo de los abogados de JOH desde el momento en que se conoció el pedido de extradición y la disposición del gobierno de cumplirla, fue la de alcanzar las mejores condiciones para su representado. De este modo, el arresto domiciliario era la meta entretanto bregan para liberar a JOH de tener que enfrentarse a la justicia de EE. UU.

  De este modo, el equipo de cuatro abogados que conforman su defensa —Hermes Ramírez Ávila, Félix Ávila Ortiz, Rosa Bonilla Galindo e Iván Martínez— se dispone a interponer un recurso de apelación cuando se cumplan los tres días hábiles tras la audiencia de información a la que se presentó JOH ante el CSJ por solicitud de EE. UU.

  La aceptación de la apelación permitiría a Hernández dejar de cumplir prisión provisional o detención preventiva en la sede de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y someterse al arresto domiciliario. El pedido inicial ante el tribunal durante la primera audiencia resultó infructuoso[8].

  Pero en la audiencia la situación fue otra y el magistrado Edwin Ortez, juez designado del caso, le informó a JOH los cargos que Estados Unidos le imputa, al tiempo que le dio a conocer los derechos que le asisten.

  Ante el pedido de los abogados de Hernández para que se le concediera el arresto domiciliario, la corte descartó en razón de que el auto acordado aplicable a los procedimientos de extradición, no permite establecer una medida distinta a la detención provisional.


Se conoció que Hernández manifestó sentir temor tras lo ocurrido el día de su captura cuando fue trasladado al comando de Fuerzas Especiales y recibió el abucheo de un grupo de personas agolpados en la policía.

  El juez Ortez anunció que la próxima audiencia se celebrará el 16 de marzo.

En las afueras de la corte

  Mientras esto ocurría en la sala de audiencia, en las afueras de la sede de la Corte Suprema de Justicia se dieron cita seguidores de JOH para expresarle su apoyo.

“Juan Orlando estamos contigo” y “Estamos apoyando a Juan Orlando y su familia”, rezaban algunas de las pancartas que enarbolaban los miembros de este grupo, quienes asimismo criticaron la que calificaron como posición “cobarde” de los 44 diputados del partido de JOH en el Congreso Nacional.

  Transcurrido el tiempo, en el lugar fueron caldeándose los ánimos entre simpatizantes y opositores del exmandatario, al extremo de llegar a los golpes y lanzamiento de piedras y botellas. Por unos diez minutos se mantuvo la trifulca que solamente amainó con la intervención policial[9].

JOH pide mediación de Israel

  Una nota publicada por The Times of Israel refiere que Juan Orlando Hernández habría solicitado la intermediación de Israel para evitar su extradición a Estados Unidos.

   De acuerdo a la publicación, JOH sostiene que Israel le habría dado garantías de que actuaría en su favor en caso de que EE. UU. solicitara su arresto por narcotráfico. Esto habría ocurrido en junio de 2021 cuando el entonces presidente hondureño llegó a Israel para inaugurar la nueva embajada de su país en Jerusalén. Allí les dijo a funcionarios del primer ministro, Naftali Bennett, que durante la administración de Benjamín Netanyahu le prometieron hacer todo lo posible para evitar su extradición, esto supuestamente a cambio de que ordenara el traslado de la misión diplomática hondureña de Tel Aviv a Jerusalén.

  También en noviembre de 2021, cuando el ministro israelí Eli Avidar visitó Honduras para participar en la apertura de una nueva embajada israelí en Tegucigalpa, Juan Orlando Hernández volvió a hablar del tema.

  Sin embargo, la nota que cita informes del Canal 12, refiere que un aliado de Benjamin Netanyahu aseguró que “los hondureños nunca habían presentado ninguna solicitud para evitar la extradición de Hernández”[10].

Los preliminares

   Previamente a todos estos acontecimientos, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Bob Menéndez, le solicitó al gobierno de Joe Biden, a través de sendas comunicaciones dirigidas, por una parte, al Secretario de Estado, Antony Blinken y, por la otra, a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, designar oficialmente a Juan Orlando Hernández como “traficante extranjero de narcóticos”.

  Tal pedido estuvo acompañado también de la solicitud de revocación inmediata de la visa del exmandatario, todo en consonancia con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico.

  El senador demócrata instó al gobierno a pedir al expresidente hondureño sobre su papel como co-conspirador e instó al gobierno a adoptar una posición firme en apoyo del estado de derecho en Centroamérica.

  Bob Menéndez sustentaba su posición con el creciente cuerpo de evidencia incriminatoria existente en contra de Juan Orlando Hernández, las cuales hacen presumir su participación en actividades de narcotráfico[11].

  Para esos mismos días, específicamente el 7 de febrero, el secretario de Estado, Antony Blinken, dio lo que pudiera interpretarse como una respuesta al pedido de Menéndez cuando informó que Estados Unidos había incluido a Juan Orlando Hernández en su lista de lista de “actores corruptos y antidemocráticos” del Triángulo Norte centroamericano, algo que había ocurrido a finales de enero antes de dejar su cargo como presidente.

  Blinken refirió que ya el 1 de julio de 2021, el ahora expresidente hondureño fue incorporado al listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, tal como lo establece la ley que obliga al Departamento de Estado a reportar al Congreso estos casos haciéndolos no elegibles para visa o admisión a Estados Unidos[12].

REFRENCIAS

[1] Euronews. “EEUU solicita ‘formal arresto provisional de un político hondureño’". 14 de febrero de 2022. https://es.euronews.com/2022/02/15/estados-unidos-solicita-la-extradicion-del-expresidente-juan-orlando-hernandez

[2] France 24 https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220215-eeuu-solicita-a-honduras-extradici%C3%B3n-del-expresidente-juan-orlando-hern%C3%A1ndez

[3] Infobae. “Partido del expresidente hondureño Hernández pide respeto al debido proceso”. 15 de febrero de 2022. https://www.infobae.com/america/agencias/2022/02/15/partido-del-expresidente-hondureno-hernandez-pide-respeto-al-debido-proceso/

[4] Prensa Libre. “EE. UU. solicita a Honduras extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y policía rodea su residencia”. 14 de febrero de 2022. https://www.prensalibre.com/internacional/ee-uu-solicita-a-honduras-extradicion-del-expresidente-juan-orlando-hernandez-vinculado-al-narcotrafico-breaking/

[5] Twitter. Juan Orlando H. @JuanOrlandoH. https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1493553766062243840?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1493553766062243840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.prensalibre.com%2Finternacional%2Fhernandez-dice-estar-listo-a-colaborar-ante-peticion-de-extradicion-de-eeuu-breaking%2F

[6] El País. “Auge y caída de la dinastía política de Juan Orlando Hernández en Honduras”. 15 de febrero de 2022. https://elpais.com/internacional/2022-02-16/auge-y-caida-de-la-dinastia-politica-de-juan-orlando-hernandez-en-honduras.html

[7] Prensa Libre. “Capturan a expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández tras pedido de extradición de EE. UU.”. 15 de febrero de 2022. https://www.prensalibre.com/internacional/capturan-a-expresidente-de-honduras-juan-orlando-hernandez-tras-pedido-de-extradicion-de-ee-uu-breaking/

[8] La Prensa. “Arresto domiciliario: objetivo de abogados de Juan Orlando Hernández”. 16 de febrero de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/juan-orlando-hernandez-defensa-honduras-abogados-extradicion-prision-domiciliaria-CK5837271

[9] La Prensa. “Juan Orlando Hernández seguirá detenido en instalaciones de los Cobras”. 16 de febrero de 2022. https://www.laprensa.hn/honduras/juan-orlando-hernandez-seguira-detenido-en-instalaciones-de-los-cobras-LG5822148

[10] The Time of Israel. “Honduran ex-president reportedly asked Israel to help prevent his extradition to US”. 17 de febrero de 2022. https://www.timesofisrael.com/honduran-ex-president-reportedly-asked-israel-to-help-prevent-his-extradition-to-us/

[11] Venezuela Política. “Comité de Relaciones Exteriores del Senado pide al gobierno de Biden designar a expresidente de Honduras como capo del narcotráfico”. 5 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/comite-de-relaciones-exteriores-del.html

[12] Prensa Libre. “EE. UU. incluye al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en lista de actores corruptos”. 7 de febrero de 2022. https://www.prensalibre.com/internacional/ee-uu-incluye-al-expresidente-hondureno-juan-orlando-hernandez-en-lista-de-actores-corruptos/



miércoles, 16 de febrero de 2022

Conozca los detalles del caso de José Luis De Jongh Atencio (II)

  En esta entrega damos a conocer el perfil del exfuncionario de CITGO que participó en el esquema de corrupción encabezado por José Manuel González Testino y presentamos detalles de la acusación en su contra.

Por Maibort Petit

  El papel de José Luis De Jongh Atencio fue clave en el esquema de corrupción que encabezó José Manuel González Testino y su socio Tulio Aníbal Farias Pérez, el cual significó el desfalco de miles de millones de dólares para la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation.

  En esta ocasión damos a conocer tanto el perfil como los detalles de las acusación que se le formula por ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston y por la cual se declaró culpable y espera se le dicte sentencia en agosto del presente año.

¿Quién es José Luis De Jongh-Atencio?

   Según el portal Dateas, José Luis De Jongh Atencio nació el 7 de octubre de 1972, es titular de la Cédula de Identidad número V-11.280.470 y se le ubica en la parroquia Olegario Villalobos, municipio Maracaibo, estado Zulia[1].

  Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informa que ingresó al sistema el 16 de agosto de 1994. Su estatus actual es de cesante, siendo última afiliación a través del Banco Occidental C.A., empresa de la que egresó el 26 de octubre de 200. Su fecha de contingencia será el 7 de octubre de 2032. Acumula 190 semanas cotizadas que suman Bs. 0,00[2].

  Es abogado egresado de la Universidad del Zulia, “profesión que ejerció tímidamente en Venezuela”, según fuentes de Venezuela Política, las cuales informaron que De Jongh “no tenía ninguna experticia en la industria de refinación y su única credencial era el ser amigo de la juventud y de estudios en Maracaibo de Rosana Elena Delgado (también conocida como Rosana E. Nooney), esposa y socia de Alejandro Granado”. Se trataría de una amistad que continuó cuando De Jongh Atencio vivía en Miami. También advirtieron los informantes que la única actividad académica que se le conoce en EE. UU. fue la realización de un curso de paralegal en Miami. Se nos informó que no contaba con la licencia para ejercer derecho en los Estados Unidos.

   José Luis De Jongh Atencio ingresó a CITGO Petroleum Corporation cuando Alejandro Granado era presidente, CEO de la filial de PDVSA en Estados Unidos y chairman de su Junta Directiva. Fue Granado quien ordenó su contratación en 2010 y quien dispuso y ordenó el traslado de De Jongh Atencio y su familia desde Miami a Houston.

   Alejandro Granado habría ordenado al Departamento legal de CITGO emplear a José Luis De Jongh Atencio como consultor y asesor interno, donde “trabajó en proyectos puntuales bajo la supervisión del también abogado venezolano Arnaldo Arcay, [ex-patriado de PDVSA y asignado a CITGO] quien, aunque tampoco tenía licencia de abogado en EE. UU., era el encargado de coordinar administrativamente las actividades de los abogados asignados a las refinerías de CITGO”.

  Cuando estuvo de gerente interino de Procura fue removido por sus manejos irregulares, aunque no fue despedido en esa ocasión, sino que fue devuelto al departamento legal donde actuó en colusión con Nelson Martínez cuando este presidió CITGO[3].

  La misma acusación informa que De Jongh-Atencio es un ciudadano venezolano, residente de Texas, fue empleado de CITGO Petroleum Corporation entre 2010 y 2018, quien a partir de 2012 pasó ocupó varios cargos dentro de la filial de PDVSA.

  Se indica, específicamente, que desde mayo de 2012 fue encargado de las adquisiciones en el grupo de Proyectos Especiales de la empresa y más tarde, fue ascendido a gerente de dicha dependencia, permaneciendo en el puesto hasta 2015, habiendo sido despedido de la corporación en febrero de 2018.

   La acusación explica que José Luis De Jongh, quien de acuerdo a las pautas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) es un “funcionario extranjero” que habría obtenido sobornos del empresario José Manuel González Testino, con el objeto de facilitar el otorgamiento de contratos a las empresas de este último.

  Hay que advertir que esta no es la única ocasión en que De Jongh Atencio se ve enredado en líos con la justicia, toda vez en el pasado, tanto él, como su esposa —de manera directa o indirectamente— se vieron envueltos en hechos de sangre que se dirimieron en instancias judiciales, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Así se desprende de “documentos de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, donde el 4 de octubre de 2004, se declaró la nulidad absoluta del recurso de apelación que el abogado, Álvaro Castillo Zeperfell, presentó a favor de su representado, José Luis De Jongh Atencio. Con esta decisión se dejaba sin efecto un fallo previo dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, adoptado el 28 de julio de 2004, con el cual se acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad de De Jongh Atencio, en una causa seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Lesiones Intencionales Graves en Grado de Complicidad Correspectiva en perjuicio de dos personas”.

  Venezuela Política informó de este hecho y explicó que se “trató de un caso por lesiones causadas con un arma de fuego en el que el abogado defensor de José Luis De Jongh Atencio alegó que ‘Nunca puso en peligro la vida de la persona que resultara herida como consecuencia de la lesión sufrida, 2), en cuanto a las circunstancias de su comisión, el propio representante del Ministerio Público al establecer la complicidad Correspectiva no ha podido determinar que haya sido su defendido el autor material del hecho y 3) La pena aplicable al delito, sería si es rebajada una tercera parte de un (01) año y ocho (08) meses de prisión, y si es rebajada a la mitad, sería de un (01) año y tres (03) meses de prisión’”[4].

  El nombre de José Luis De Jongh Atencio figura en el directorio de la empresa Mar Crab LLC, registrada en el estado de la Florida el 18 de julio de 2003, bajo el número L03000026302, la cual se encuentra en la actualidad inactiva al haber sido disuelta por resolución administrativa el 1 de enero de 2004. Mar Crab LLC tenía su sede en el 4772 NW 114TH Ave #201, Miami, FL 33178, que también figuraba como dirección postal.

  De Jongh Atencio se desempeñaba como gerente, posición que compartía con Pedro Antonio Cárdenas Martínez, Elvin Portillo Ocando y Edwin Portillo Ocando, todos con el 1820 N. Corp. Lakes Blvd. #201, Weston, FL 33326[5].

   En Panamá, fue presidente, secretario y director de la empresa Lago Cristal S.A., registrada el 29 de marzo de 2007 bajo el número 561552. Esta compañía se encuentra en la actualidad suspendida[6].

La acusación

   El 16 de julio de 2020, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick, a través de los fiscales asistentes Robert S. Johnson, John P Pearson; del jefe de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia, Roberto Zink; y los abogados litigantes, Sarah E. Edwards y Sonali D. Patel, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, una acusación formulada por el Gran Jurado contra José Luis De Jongh Atencio, a quien le imputó seis cargos.

  El primero de estos cargos por el delito de Conspiración para lavar dinero; del segundo al quinto cargo, por la comisión del delito de Lavado de dinero; y el sexto cargo por Lavado de Dinero.

Solicitud de sellado

   En la misma fecha, el fiscal Patrick solicitó al tribunal que sellara la acusación en razón de que la misma contenía información sobre una investigación delicada relacionada con la corrupción y el lavado de dinero.

   Advertía la fiscalía que la exposición pública de dicha información, antes de la entrega de la citación, podría permitir que el demandado y otros manipularan a los testigos y disiparan los activos involucrados en el lavado de dinero.

  Pidió el gobierno que tanto la petición como la orden se presentaran selladas y únicamente una copia para la Agencia de Investigación y la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas, se mantuviera abierta en el momento de la acusación inicial.

La acusación de reemplazo

   Posteriormente, igualmente en la misma fecha, 16 de diciembre de 2020, la fiscalía presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, una acusación de reemplazo.

Los cargos

   La acusación de reemplazo señala a José Luis De Jongh Atencio de cometer el delito de Conspiración para lavar dinero como primer cargo.

  Refiere que entre 2013 y 2019, en Texas y otros lugares, conspiró a sabiendas con los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farias Pérez, y con quien es identificado como Empleado A, entre otros, para cometer delitos tipificados en el Código de los Estados Unidos, Título 18, Sección 1956.

  González Testino y Farías Pérez ofrecieron, prometieron, autorizaron, pagaron y acordaron pagar sobornos al acusado a cambio de que este proporcionara ventajas indebidas en la obtención de contratos con PDVSA y CITGO.

  La asistencia de José Luis De Jongh incluyó, además del otorgamiento de ventajas ya señalado, el ayudar a los referidos empresarios a identificar un fabricante apropiado al que representar, a través de la Compañía B, como distribuidor, en la licitación, adjudicación y ejecución de los contratos de PDVSA y CITGO.

  Igualmente, De Jongh ayudó a la Compañía A, una empresa de logística de González Testino, a obtener un contrato más favorable con CITGO que otros proveedores de logística que contrataron con la filial de PDVSA.

  Asimismo, se valuó de cuentas bancarias a nombre de destinatarios distintos a él, entre ellos intermediarios, familiares y cuentas bancarias en el extranjero a nombre de empresas, incluidas Shell Company A y Shell Company C, para recibir los pagos de los sobornos de parte de González y Farías. De este modo ocultaba y disfrazaba la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias del esquema de soborno ilegal. Este último objetivo también lo logró a través de transacciones inmobiliarias.

  José Luis De Jongh utilizó facturas falsas y fraudulentas para promover el esquema y para ocultar y disfrazar las ganancias del esquema de soborno ilegal.

  También usó las ganancias del esquema de soborno ilegal para realizar transacciones financieras personales para él y sus familiares, incluida la compra de bienes raíces en los Estados Unidos.

  Los cargos del 2 al 5, estaban referidos al lavado de dinero, indicándose que De Jongh Atencio llevó a cabo operaciones financieras que afectaron el comercio interestatal y extranjero, según los términos de la FCPA, sabiendo que la propiedad involucrada en las transacciones se diseñaron para ocultar y disfrazar la naturaleza de las actividades ilícitas.

De este modo se describen las siguientes actividades:

   El cargo 6, igualmente por lavado de dinero, refiere que José Luis De Jongh Atencio participó a sabiendas, ayudó, instigó y provocó que otros participaran e intentaran participar en una transacción monetaria que afecta el comercio interestatal en bienes derivados delictivos de un valor superior a USD 10.000, dichos fondos se derivaron de uno o más especificados actividades ilícitas, a saber: (i) soborno de un funcionario extranjero, un delito grave que infringe la FCPA.

  El cargo 7, Conspiración, indica que De Jongh, González Testino, Farías Pérez, Empleado A y otros, se enriquecieran ilegalmente al celebrar un acuerdo corrupto mediante el cual  recibía los sobornos encubiertos.

  Los cargos del 8 al 10, por soborno comercial de Texas, están inmersos en unas operaciones que se describen a continuación:



[1] Dateas. De Jongh Atencio, José Luis. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/de-jongh-atencio-jose-luis-15158989


[2] IVSS. Cuenta individual. José Luis De Jongh Atencio. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[3] Venezuela Política. “La presunta conducta criminal de José Luis De Jongh Atencio en CITGO: Una historia de larga data(Parte I)”. 12 de agosto de 2020. https://www.venezuelapolitica.info/la-presunta-conducta-criminal-de-jose-luis-de-jongh-atencio-en-citgo-una-historia-de-larga-dataparte-i/


[4] Venezuela Política. “El oscuro pasado y las relaciones peligrosas de José Luis De Jongh-Atencio”. 14 de enero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/01/el-oscuro-pasado-y-las-relaciones.html


[5] Sunbiz. Division of Corporations. Mar Crab LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=JOSELUISDEJONGHATENCIO%20L030000263022&aggregateId=flal-l03000026302-9486690a-11eb-4bbc-abe0-ddedead9f39a&searchTerm=Jose%20Luis%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Conejo%20Pacheco&listNameOrder=JOSELUISCONEJOPACHECO%20P160000268482

[6] Open Corporates. Lago Cristal S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/5615528 Attachments




 

martes, 15 de febrero de 2022

El caso de Clíver Alcalá Cordones pretende ser usado para desprestigiar el sistema de justicia de EE. UU., fiscales entregan a la defensa 105 gigabytes de evidencias contra el militar

   La Fiscalía neoyorquina advierte que se protege la información de seguridad nacional que no involucra a Clíver Alcalá Cordones en los delitos que se le imputan. 

Por Maibort Petit

   El laboratorio de propaganda del régimen venezolano continúan usando las mociones de la defensa del caso del militar retirado, Clíver Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo, para atacar al sistema de justicia de los Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos que han hechos varios agentes en los medios, los fiscales federales han anunciado en la corte que el caso contra el presunto miembro del cártel de los Soles está blindado con voluminosa información y que hasta al momento han entregados a la defensa unos 105 gigabytes de evidencias con las que buscarán probar, más allá de la duda razonable la culpabilidad del acusado.

  El gobierno de Estados Unidos le recordó a la defensa que en el voluminoso descubriendo entregado de acuerdo a lo establecido en el tribunal y las leyes norteamericanas hay de datos en información suficiente para conocer los cargos en su contra” y “evitar sorpresas perjudiciales”.

    La defensa de Clíver Alcalá Cordones expresó su desacuerdo ante la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y el juez Alvin K. Hellerstein de ordenar la no divulgación del material clasificado manejado en el proceso judicial del exmilitar. Vale la pena destacar que el sello de evidencias y material clasificado es un procedimiento ordinario en expedientes de narcotráfico y terrorismo, y siempre se aplica para proteger a la información, los testigos y las pruebas y evitar que las mismas caigan en manos de las  organizaciones criminales a las que pertenecen los acusados, en este caso del Cártel de los Soles.

 La defensa insistió en que existen datos en este material que pudiera favorecer al acusado, pero la fiscalía consiguió que el juez aprobara la moción basada en la ley que protege la información clasificada de seguridad nacional que involucra situaciones más allá de las señaladas al imputado.

La solicitud del fiscal

  El 8 de febrero de 2022, Damián Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a través de los fiscales auxiliares Jason Richman, Benjamín Woodside Schrier y Kyle A. Wirshba, remitió una comunicación a César de Castro, abogado de oficio de Clíver Alcalá Cordones para informarle que en esa misma fecha entregaron una presentación ex parte clasificada al juez de la causa, Alvin Hellerstein, de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada y la Regla Federal de Procedimiento Penal 16 (d), con respecto al descubrimiento clasificado del caso.

Le refirió que habían solicitado al magistrado una orden de protección de dicho material.


La decisión del juez

  El 9 de febrero, 2022, el juez de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, concedió la moción presentada por el gobierno a objeto de que la Corte conceda protección a la información que entregó con relación al caso que mantiene contra Clíver Alcalá Cordones.

   Se trata, como explica la decisión del magistrado, de la prueba documental y las declaraciones de varios funcionarios del gobierno que fue presentada ex parte, a puerta cerrada y a través del Oficial de Seguridad de la Información Clasificada el pasado 8 de febrero de 2022.

  La corte determinó que el escrito del gobierno contiene y describe información clasificada que requiere protección contra divulgación no autorizada. Igualmente, el juez encontró que se trata de secreto de estado.

  Por ello, Alvin K. Hellerstein acogió el criterio de la fiscalía de restringir lo que calificó como “Materiales clasificados eliminados”, dado que su divulgación causaría un daño grave a la seguridad nacional, además de que estimó que no necesitan ser revelados a la defensa.

  Igualmente, el juez determinó que el gobierno presente a la defensa material clasificado sustituto, como propuso la fiscalía, el cual, sustancialmente, brindará al acusado la misma información para su defensa que la divulgación de los Materiales clasificados.

Defensa pide reconsideración de la decisión

  El 11 de febrero de 2022, César de Castro, Valerie A. Gotlib, Adam S. Kaufmann y Cristián Francos, abogados de Clíver Alcalá Cordones, dirigieron una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein para pedirle una reconsideración de su decisión de “conceder la moción ex parte del gobierno para una orden de protección de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA) y la Regla 16 (d) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal (Moción de la Sección 4) hasta que la defensa haya presentado su oposición a esa moción”.

  Se explica que luego de varias modificaciones a las fechas inicialmente establecidas por la corte, se estableció que el 8 de febrero de 2022 sería la fecha límite para que la fiscalía presentara la Moción de la Sección 4 a la Corte; mientras que el 15 de febrero de 2022 se fijó para cualquier oposición por parte del defensa.

   En razón de que habiendo cumplido el gobierno con su presentación el pasado 8 de febrero y de que el juez concedió la moción presentada por ellos al día siguiente, es decir, el 9 de febrero, ahora la defensa hace la solicitud de que se le permita responder antes de que se conceda la moción a la fiscalía.

  Por ello, los abogados de Cliver Alcalá Cordones pidieron al juez Hellerstein que “revoque su decisión de conceder la Moción de la Sección 4 y brinde una oportunidad para que la defensa presente una oposición a la moción del gobierno”.

 Pidieron plazo hasta el 18 de febrero de 2022 para presentar su contestación y explicó que por encontrarse en medio de una emergencia médica familiar desde el 6 de febrero, requiere unos días adicionales para completar la respuesta.

La moción del gobierno

  El 11 de febrero de 2022, Damián Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York a través de los fiscales auxiliares Jason Richman, Benjamin Woodside Schrier y Kyle A. Wirshba, pidió al tribunal a cargo de Alvin Hellerstein, desestimar las mociones presentadas por la defensa de Clíver Antonio Alcalá Cordones para, primero, desestimar la acusación operativa bajo la doctrina de la inmunidad oficial extranjera; segundo, para que se obligue al gobierno a que proporcione a la defensa un proyecto de ley de detalles; y tercero, para ordenar al gobierno a divulgar la información que posee sobre la supuesta “participación del acusado en actividades anti-Maduro, así como las identidades de los testigos que no han indicado la participación [del acusado] en la supuesta conspiración”.

   Estima la fiscalía que el Cliver Alcalá Cordones no tiene derecho a la inmunidad oficial extranjera dado que por los actos delictivos que subyacen a los cargos en su contra, porque actuó fuera de su capacidad oficial cuando cometió esos actos. Igualmente se alega que Venezuela no ha solicitado dicha inmunidad oficial extranjera en su nombre, razón por la cual el Tribunal debe ceder ante la opinión del Poder Ejecutivo de que carecen de ese derecho.

  Respecto a la solicitud de una lista de detalles, el gobierno sostiene que Clíver Alcalá Cordones no tiene derecho a ella, porque la Acusación verbal, así como el voluminoso descubrimiento, la información adicional sobre la participación del acusado en los delitos imputados y el compromiso del gobierno de proporcionar material de la Ley Jencks al menos 30 días antes del juicio, “son colectivamente información más que suficiente para permitir que el acusado cumpla con los cargos en su contra y evitar sorpresas perjudiciales, de modo que una lista de detalles no se justifica bajo el estándar legal aplicable”.

  La fiscalía advierte que ya ha producido un descubrimiento sustancial con respecto a la supuesta "participación en actividades contra Maduro" del acusado y también aclara que no ha identificado ninguna declaración de testigo en su posesión en la que un testigo afirmara afirmativamente que Clíver Alcalá Cordones no estaba involucrado en una conspiración de narcotráfico y/o no estaba involucrado en una conspiración para brindar apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

   El gobierno hace una amplia exposición sobre la acusación que un Gran Jurado dictó el 5 de marzo de 2020 contra el acusado y Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios, a/k/a “ El Pollo”, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Paucis Hernández Solarte, señalándolos de la comisión de los delitos de (1 ) conspiración de narcoterrorismo; (2) conspiración para importar cocaína; (3) posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y (4) conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Se refiere allí que los cargos se derivan de la participación de los acusados en una conspiración corrupta y violenta que involucra al Cártel de Los Soles y las FARC, desde 1999 hasta 2020.

  En dicha acusación, refiere el gobierno, quedó perfectamente clara la participación de Clíver Alcalá Cordones, junto a Maduro, Cabello y Carvajal, en los delitos que se le imputan.

  Además, la fiscalía recuerda que desde el 22 de julio de 2020, luego de que el tribunal ordenara la protección del material de descubrimiento no clasificado en este caso, el gobierno ha presentado al acusado un voluminoso descubrimiento sin clasificar que excede los requisitos estipulados en la norma legal, habiéndose realizado hasta la fecha siete entregas de material de descubrimiento que suman más de 105 gigabytes de datos.

Los alegatos

   Se alerta que cuando un caso involucra a un funcionario extranjero, a diferencia de un estado extranjero, “la cuestión de la inmunidad se rige por el derecho consuetudinario, no por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras”.

  El gobierno asegura que los delitos imputados a Clíver Alcalá de traficar toneladas-cantidades de cocaína y armar a un grupo terrorista, no estaban “concebiblemente” dentro de sus deberes oficiales. Por lo tanto, cuando cometió dichos delitos estaba actuando en su carácter privado y no oficial, en nombre propio y de sus cómplices y no de Venezuela. El acusado, subraya, violó no solamente la ley de Estados Unidos, sino también la de Venezuela.

  Por otra parte, la fiscalía destaca el hecho de que Venezuela ni siquiera intentó intervenir en nombre del acusado, lo cual “pesa fuertemente en contra de la inmunidad”.

  Estima el gobierno que se debe rechazar la pretensión del acusado de politizar su participación en una conspiración para importar cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos y armar a los insurgentes con armas de grado militar.

  Además de la información voluminosa entregada por la fiscalía a la defensa en el descubrimiento, el gobierno recuerda que se comprometió a proporcionar material de la Ley Jencks al menos 30 días antes del juicio. Por tanto, todo ello es información suficiente para conocer los cargos en su contra” y “evitar sorpresas perjudiciales”. Tal información, asevera el gobierno, describe ampliamente los delitos imputados al acusado.

  La fiscalía niega que haya en su poder alguna declaración de testigo en que este afirmara que el acusado no estaba involucrado en una conspiración de narcotráfico y/o no estaba involucrado en un conspiración para brindar apoyo a las FARC y advierte que si identifica tales declaraciones, las producirá.

  Sin embargo, el Gobierno señala no es su obligación proporcionar todas las declaraciones de los testigos cuando estos no identifican al acusado como miembro de las conspiraciones. En tal sentido aclara que la investigación sobre el Cartel de los Soles y las FARC es significativamente más amplia que la del acusado y ha incluido numerosas entrevistas de personas involucradas en diferentes aspectos de las actividades de ese grupo. Como resultado, se ha entrevistado a un número considerable de testigos que no tenían ninguna base para conocer al acusado y, por lo tanto, no se les preguntó sobre este, de modo que el hecho de que no lo identificaran afirmativamente como participante en los delitos imputados, no es probatorio ni exculpatorio.

  De cualquier modo, se indica que el gobierno continuará trabajando con el abogado defensor para intentar identificar al testigo, de modo que pueda revisar cualquier declaración y determinar si esta se encuentra dentro de sus obligaciones de descubrimiento.

miércoles, 9 de febrero de 2022

Raúl Gorrín Belisario: Una causa de lavado de dinero que no ha sido olvidada por la justicia de los Estados Unidos

   El prófugo de la justicia estadounidense es ampliamente buscado por las autoridades y su causa, sellada en los tribunales, sigue su curso.

Por Maibort Petit

   No se trata de una causa olvidada, de ninguna manera. Los cargos formulados por Raúl Gorrín Belisario, propietario de Globovisión y Seguros La Vitalicia, siguen vigentes y al caso que se le sigue en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida donde la fiscalía lo señala de la comisión de delitos de lavado de dinero, se suma el expediente abierto contra él por el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de Honolulu, Hawaii, donde, igualmente, se formuló una orden de captura en contra del empresario ligado al chavismo por los mismos ilícitos.

  La instancia judicial de EE. UU. lo acusa de blanqueo de capitales y ha emprendido una campaña que lleve a su captura, poniendo el número 1-866-347-2423 a disposición de quienes puedan dar información certera que lleve a su captura.

  La solicitud la presentó el HSI Honolulu a través de su cuenta en la red social Twitter @HSIHonolulu, en la que se indica que el empresario es buscado por lavado de dinero[1].

  Gorrín insiste en decir que las acusaciones formuladas en su contra por la Fiscalía de los Estados Unidos se sustentan en “pruebas falsas”. Afirmación que hizo a través de un mensaje en su cuenta en Twitter[2]

“Quiero alertar que con pruebas falsas los EE.UU. pretenden, una vez más, vincularme con Claudia Díaz y Adrián Velásquez, utilizando dos operaciones bancarias que de ninguna manera nos relacionan”.

  Gorrín aseguró en el citado mensaje que la primera operación a la que hace referencia el gobierno estadounidense, la realizó desde su cuenta personal de HSBC por USD 281.051.

  Tal cantidad la transfirió a la empresa Interglobal Yatch Sales LLC el 13 de marzo de 2013 por la compra de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela.

  Agregó que la lancha estuvo a nombre de su empresa Inversiones Play Andes C.A, y la vendió a Armando Capriles Capriles en diciembre de 2014.

  Asimismo, dijo que la segunda transacción fue una operación de permita que llevó a cabo el 15 de marzo de 2013 por USD 4 millones a la empresa Patric Love Holdings INC.

  La referida empresa es propiedad de la española María Torres Millán de quien recibí la cantidad al cambio en bolívares.

   Justificó con el argumento de que “En ese momento las operaciones en el mercado cambiario se sustentaban mediante la figura de un pagaré.

   Según Raúl Gorrín, sus evidencias demuestran que la fiscalía de los Estados Unidos “no solo impulsa una narrativa motivada por intereses políticos sino que lo hace sin elementos probatorios de ningún tipo”.

La acusación contra Gorrín

   El 16 de agosto de 2018 se conoció de la demanda que la Fiscalía presentó en contra de Raúl Gorrín Belisario ente el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, acusado de tres cargos, el primero de ellos Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; el segundo, Conspiración para cometer lavado de dinero; y el tercero, Lavado de instrumentos monetarios.

   Respecto al primero de estos cargos, la acusación indica que Raúl Gorrín Belisario fue residente de los Estados Unidos durante varios períodos de la conspiración, específicamente en Coral Gables, Florida, quien a partir de 2008 ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 1 con el fin de obtener y retener negocios.

  Este Oficial Extranjero 1 le permitía a Gorrín realizar cambios de moneda extranjera para el gobierno de Venezuela y obtener una ventaja indebida.

  En 2010, Gorrín se asoció con quien en la acusación se identifica como Oficial Bancario Extranjero, para adquirir un Banco Extranjero, que le permitía asistencia en el lavado de dinero de sobornos pagados a funcionarios venezolanos.

  Entre 2011 y 2017, después de que el Funcionario Extranjero 1 dejó el cargo, Gorrín pagó sobornos que sumaron por lo menos USD 94 millones en beneficio del Funcionario Extranjero 1, con el propósito de continuar realizando pagando los sobornos, impedir que el Oficial Extranjero 1 interfiriera o impidiera el esquema y para recompensarlo por presentarle al Funcionario Extranjero 2 y facilitar la continuación del esquema de soborno con este último. Por ejemplo, entre diciembre de 2012 y junio de 2013, transfirió USD 1,78 millones desde cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Nueva York en beneficio del Funcionario Extranjero 1.

  En sus operaciones, Raúl Gorrín usó cuentas bancarias personales y de empresas de su propiedad o bajo su control para transferir pagos de sobornos.

  A partir de 2011, Gorrín Belisario pagó al Oficial Extranjero 2 y al co-conspirador 1 para influir e inducir al Oficial Extranjero 2 que le permitiera cambios de divisas y obtener una ventaja indebida de estas operaciones.

  Entre 2011 y 2013, Raúl Gorrín pagó sobornos por un total USD 65 millones al Funcionario Extranjero 2. Para ello, transfirió USD 8,6 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 en beneficio del Oficial Extranjero 2 y el co-conspirador 1.

  Además de transferir dinero al Oficial Extranjero 1, al Oficial Extranjero 2 y el co-conspirador 1, Raúl Gorrín Belisario compró y pagó por tres aviones, un yate, varios caballos campeones y numerosos caballos en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas en beneficio de estos. También compró jets y un yate en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas para beneficio del Oficial Extranjero 2 y co-conspirador l. Igualmente pagó facturas de estos mediante transferencia bancaria desde cuentas en Suiza y en otros lugares.

  Estos pagos quedaron registrados en hojas de cálculo que empleados de Gorrín le enviaron por correo electrónico.

  La acusación refiere que, en 2010, Raúl Gorrín Belisario, Funcionario Bancario Extranjero y otros, compraron una institución financiera en la República Dominicana con el propósito de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos.

  En 2012, Gorrín se reunió con el Oficial Extranjero 1 en el Distrito Sur de Florida para discutir el pago de sobornos y el 18 de junio del mismo año el Funcionario Extranjero 2 transfirió un bono de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela a la cuenta de la Compañía 1 en Suiza, cuyo banco le informó a Gorrín que sería liquidado, intercambiado y retenido en su cuenta.

  Asimismo, la acusación da cuenta de que el 25 de octubre de 2012, Gorrín envió un correo electrónico con el asunto "485,000" a uno de sus empleados y socios comerciales, adjuntando instrucciones para una empresa de yates y indicando: "Por favor, haga la transferencia y cargue a [co-conspirador 1]". El 29 de octubre de 2012, Raúl Gorrín hizo que se transfiriera un pago de USD 485.000 desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

  El 13 de noviembre de 2012, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[co-conspirador 1]" por USD 4.35 millones, Gorrín ordenó transferir dicha cantidad de la cuenta de la empresa 1 en Suiza a la cuenta de una empresa de yates en el Distrito Sur de Florida.

  Igualmente, el 11 de diciembre de 2012, el Oficial Extranjero 1 envío por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios e instrucciones para realizar el pago, por lo que el 12 de diciembre, Gorrín ordenó una transferencia de USD 15.000 desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta del veterinario.

   El 29 de enero de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un sistema de seguridad de USD 1.103.371 para el hogar del Funcionario Extranjero l en Caracas, Gorrín envió por correo electrónico la propuesta de dicho sistema de seguridad al Funcionario Extranjero 1, dirigiéndose a éste como "Jefe", y solicitó su aprobación. El 30 de enero de 2013, Gorrín ordenó el pago desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta de la compañía de seguridad en el Distrito Sur de Florida.

  El 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, el Oficial Extranjero 1 envío por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos, la cual fue cancelada por el 7 de febrero mediante la transferencia de la citada cantidad desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta en Nueva York de la empresa de transporte de caballos.

   El 15 de febrero de 2013, el Funcionario Extranjero 1 envió un correo electrónico a Gorrín con la identificación de la persona a quien se le debían pagar los gastos relacionados con sus caballos y el 25 de febrero el empresario ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la persona a quien se debían los gastos relacionados con los caballos en el Distrito Sur de Florida.

  El 4 de marzo de 2013, estando en Wellington, Florida, el Oficial Extranjero 1 envió por correo electrónico a Gorrín Belisario una copia de las instrucciones para una empresa de transporte de caballos y el 7 de marzo de 2013, ordenó una transferencia de USD 228.768 desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la empresa de transporte de caballos.

  De igual manera, el 15 de marzo de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[co-conspirador 1]" por USD 281.051, Raúl Gorrín hizo que se transfiriera un pago por dicha cantidad de la cuenta en Suiza de la Compañía 1 a la cuenta de la compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

  El 17 de mayo de 2013, Gorrín transfirió USD 4 millones desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de moda del co-conspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

  El 29 de mayo de 2013, el Oficial Extranjero 1 le envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 117.062,15 por trabajos de mejoras en su hogar y el 6 de junio el empresario transfirió la suma indicada desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de mejoras para el hogar en el Distrito Sur de Florida.

La conspiración para lavar dinero

   El segundo de los cargos que la fiscalía presentó contra Raúl Gorrín Belisario fue por Conspiración para cometer lavado de dinero, refiriendo que entre 2008 y 2017, el empresario, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, llevó a cabo actividades para transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica.

  Se indica en la acusación que Gorrín transfirió fondos de Suiza a los Estados Unidos, en cumplimiento de un esquema para pagar y ofrecer dinero y otras cosas de valor a funcionarios extranjeros en Venezuela, incluidos el Funcionario Extranjero 1 y el Funcionario Extranjero 2, para obtener y retener negocios.

Lavado de instrumentos monetarios

  El tercero de los cargos, Lavado de instrumentos monetarios, refiere que Raúl Gorrín Belisario entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito sur de Florida, “transportó, transmitió y transfirió a sabiendas, y ayudó e instigó el transporte, la transmisión y la transferencia e intentó transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de Estados Unidos, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el cohecho de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos”.

Estas actividades según se explica a continuación:

Decomiso de propiedades de Gorrín

  La acusación de la fiscalía incluyó el decomiso de una serie de propiedades de Raúl Gorrín Belisario en los Estados Unidos, a saber:

(1) 1241 Placetas Avenue, Coral Gables Florida 33146;

(2) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143;

(3) 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;

(4) 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160;

(5) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180;

(6) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 503, Aventura, Florida 33180;

(7) 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146;

(8) 4100 Salzedo Street, Unidad 904, Coral Gables, Florida 33146;

(9) 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146;

(10) 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146;

(11) 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146;

(12) 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146;

(13) 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146;

(14) 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146;

(15) 4100 Salzedo Street, Unidad 903, Coral Gables, Florida 33146;

(16) 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146;

(17) 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146;

(18) 20 W. 53rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019;

(19) 310 E. 53th Street, Apt 24C, Nueva York, Nueva York 10022;

(20), 330 E. 57th Street, apartamento 9, Nueva York, Nueva York 10022;

(21) 330 E. 57th Street, apartamento 11, Nueva York, Nueva York 10022;

(22) 330 E. 57th Street, apartamento 12, Nueva York, Nueva York 10022;

(23) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y

(24) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.

Acusación de reemplazo

  El 15 de diciembre de 2020, la fiscalía presentó una Acusación de reemplazo en la que ya, quienes en la acusación inicial se identificaban como Funcionario Extranjero 2 y co-conspirador 1, pasan a ser demandados y se identifican como Claudia Patricia Díaz Guillén —Funcionario Extranjero 1 era Alejandro Andrade, extesorero nacional— y Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la Díaz Guillén.

  Claudia Díaz sustituyó a Alejandro Andrade en la Oficina Nacional del tesoro de Venezuela y fue incorporada al esquema de corrupción de Raúl Gorrín Belisario.

  Al igual que lo hiciera Alejandro Andrade, Claudia Patricia Díaz Guillén facilitó a Gorrín Belisario las ventajas indebidas en la obtención de divisas a precio preferencial ofrecidos por el gobierno venezolano donde imperaba un control de cambio.

  De tal manera que, a las operaciones y cargos descritos anteriormente, se incorporan ahora la descripción de las transacciones fraudulentas protagonizadas por la ex-tesorera nacional venezolana y su esposo.




 


 




[1] Twitter. HSI Honolulu. @HSIHonolulu. https://twitter.com/HSIHonolulu/status/1483846727765577735


[2] Twitter. Raúl Gorrín. @RaulGorrinB. https://twitter.com/RaulGorrinB/status/1459962788814757892?ref_src=twsrc%5Etfw