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martes, 4 de mayo de 2021

En Venezuela no rige un estado criminal sino un estado paralelo

   El diagnóstico adecuado es lo que permite la implementación de una estrategia de solución adecuada, advierte el experto en temas de seguridad Joseph Humire.

Por Maibort Petit

   Las definiciones de “estado criminal”, “estado mafia”, “narco estado”, entre otras, se habrían quedado cortas a la hora de denominar el régimen venezolano, por lo que el concepto que mejor aplica es el de “estado paralelo”, acuñado por el historiador norteamericano, Robert Paxton, un investigador de los regímenes totalitarios que explica que se trata de subestructuras, que funcionan dentro del estado formal. Así lo sostiene Joseph Humire, experto en Seguridad Global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).

  Estas subestructuras cívico paramilitar criminal, se desarrollan dentro del Estado y llegan, incluso, a ostentar más poder que el estado formal, al extremo de controlar más territorio que el propio estado. El mejor ejemplo de estado paralelo lo constituyen los nazis en Alemania, refiere el experto.

  Subraya que los modelos totalitarios han ido avanzando en sus conocimientos y aprendiendo uno del otro durante casi 200 años de regímenes totalitarios modernos. Su estrategia consiste en la conquista de terreno sin tener que recurrir a la fuerza militar o, al menos, que, si esta se encuentra presente, no lo sea como la herramienta principal de control.

  “El estado paralelo es un término académico que define a Venezuela en el sentido de que la estructura que controla a Venezuela es paralela al régimen y al estado, porque Nicolás Maduro no está en el control de todo, es horizontal con las ocho regiones de defensa de Venezuela que se llaman REDI”.

  Cada una de estas REDI opera con una economía ilícita que la sustenta, como minería ilegal, extorsión, narcotráfico, etc., las cuales, generalmente, están ligadas a la posición geográfica.

  Por ejemplo, REDI CapitaL, opera con la extorsión e igualmente junto a un Grupo Armado Organizado (GAO) que, en este caso son los colectivos; el REDI Los Llanos, opera con los pranatos y el contrabando; REDI Los Andes, opera con los paramilitares y el tráfico humano; REDI Oriental, opera con el ELN y el narcotráfico. En total, son 8 Grupos Armados Organizados (GAO), que funcionan y trabajan esa economía en conjunto con 8 REDI, en 8 regiones, con 8 economías ilícitas, por ó que se le conoce como la “Ley de 8”.

  De allí, que Humire advierta que el mecanismo del diálogo y la negociación como mecanismo de resolución del conflicto venezolano, no funciona en razón de que habría que sentar a la mesa a todos estos grupos irregulares, dado que cada región se mueve de manera autónoma. “Esa es la complejidad del asunto, no basta con negociar con Maduro o cualquiera de los miembros del gobierno, pues ellos sólo tienen el control político”.

La narrativa falsa como estrategia

  En torno al régimen venezolano se han tejido toda una serie de especulaciones y se han hecho circular historias que solamente tienen por objetivo la desinformación y la distracción, advierte Joseph Humire.

   Entre estas narrativas está la de presentar a Nicolás maduro como un individuo ignorante, bruto y disparatero, cuando en realidad estamos en presencia de un hombre sumamente astuto, claro en sus objetivos y con toda una maquinaria detrás que trabaja en su afianzamiento.

   El experto en temas de seguridad destaca que la construcción de narrativas falsas es parte de la estrategia de conquista mediante la manipulación y sin necesidad de la fuerza militar.

“En la guerra asimétrica, no solamente hay que atacar al enemigo, sino también infiltrarlo para controlarlo y controlar la narrativa que tú enemigo va a decir sobre ti. Si tú puedes controlar la narrativa de tu enemigo, tienes el triunfo asegurado”, explica.

  Parte de esas narrativas falsas es también la especie de la existencia de diferencias entre el chavismo y el madurismo, o entre los chavistas disidentes y Maduro. “Hay una manipulación tan fuerte de la contra narrativa, que tienen a la oposición completamente desviada de la realidad, todo con el objetivo de mantener la falsa narrativa de que el chavismo y el madurismo son dos cosas distintas”. En tal sentido recordó a quienes esto creen, que Nicolás Maduro fue el canciller de Hugo Chávez, trabajó con él para sacarlo de la cárcel.

  Cónsono con la advertencia que ha hecho en torno a Tareck El-Aissami como figura principalísima en este proceso, Joseph Humire alerta que Nicolás Maduro es un fiel soldado de Chávez, pero no es el líder. “Ya lo he dicho, el líder es Tareck El-Aissami. La manipulación es fundamental y allí entran los cubanos que son maestros en la manipulación”.

  Una prueba de que ni Chávez ni maduro son los líderes es el hecho de que el proyecto no acabara con la muerte del primero.

Conflicto en la frontera

  Como apuntáramos en nota precedente, Siria es el modelo que se sigue en Venezuela para expandir la revolución bolivariana por Latinoamérica, sin necesidad del conflicto militar.

  De hecho, sostiene que el país del medio Oriente ha funcionado como un centro logístico y un laboratorio para Rusia, Irán, Hezbollah. Los resultados de la experiencia los están trayendo a Venezuela.

  En el propósito de expansión de la revolución bolivariana, Colombia es el paso siguiente pues, como advierte no hay Gran Colombia sin ella. La reciente incursión de aviones rusos en el espacio aéreo colombiano se inscribe como un sondeo para determinar dónde están los límites.

  La conquista de Colombia pasa, a criterio de Humire, por la generación de un conflicto en la frontera colombo-venezolana para provocar un desastre en la nación neogranadina y convertirla en un estado fallido donde se reproduzcan, aparte de todos los demás problemas que aquejan a todos los países a raíz de la pandemia del Covid-19, la tragedia humanitaria, migratoria, el conflicto armado, etc.

“El plan es destruir a Colombia por dentro, dividir la sociedad. Construir diferentes movimientos separatistas, manipular tanto a la izquierda como a la derecha. Vladimir Putin es experto en manipular a la derecha del mundo usando temas de nacionalismo y separatismo”.

Neo-totalitarismo

  Por último, Joseph Humire advierte que Venezuela y Siria son países que no son ni anárquicos ni democráticos, sino que son un nuevo modelo neo-totalitario consistente en usar regímenes con alto control político, pero poco control territorial. En el caso de Venezuela, el territorio está en manos de milicias y grupos como las FARC, ELN, hezbollah, mientras el régimen maneja el tentáculo del poder.


 

miércoles, 28 de abril de 2021

PDVSA Services solicitó a un tribunal de EE. UU. desestimar la demanda de una empresa que aspira a cobrar millones de dólares en deudas

   El juez de la causa estimó que el pedido de PDVSA Services no cumplía con los procedimientos del tribunal.

Por Maibort Petit

   La exigencia de reparación por daños y perjuicios presentada por Lindsayca USA Inc. en contra de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Services Inc. y Bariven S.A., deberá continuar en suspenso, toda vez que la propia demandante solicitud al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, una prórroga para poder notificar debidamente a los demandados en Venezuela.

     El intento de cobro de viejas deudas por USD 4.138.225,24 tendrá que esperar, en razón de que el procedimiento de notificación de procesos judiciales en el extranjero debe cumplir con algunas pautas, tales como la traducción y certificación de la demanda y toda la documentación, así como llevarse a cabo a través de los canales diplomáticos.

Suspensión del proceso

  En abril de 2021, el juez del Distrito Sur de Texas- División Houston, George C. Hanks Jr., otorgó a Lindsayca USA Inc., sin oposición, una moción suspender los procedimientos que, ante esa instancia judicial, la citada demandante sigue en contra de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA Services Inc. y Bariven S.A., hasta tanto no se cumpla a perfección el proceso de notificación a todas las partes.

   La solicitud la había formulado al tribunal el día 5 de abril de 2021, por vía electrónica, George Vila, abogado de Lindsayca USA Inc., ante la secretaría del tribunal.

  En su pedido, la representación legal de la demandante expuso que el 6 de enero de 2021, Lindasyca USA Inc. presentó su demanda en busca de daños y perjuicios contra los demandados nombrados y, posteriormente, el 29 de enero del citado año, se notificó a PDVSA Services, Inc. a través de una citación y una copia de la demanda.

 En fecha 25 de febrero de 2021, PDVSA Services presentó sus contestaciones y defensas afirmativas y, para la fecha de la presentación de la moción ante la corte, Lindsayca aún se encontraba en proceso de notificar a los a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a Bariven S.A.

   Explicó el abogado de la empresa demandante que en razón de que PDVSA y Bariven son entidades extranjeras, la notificación válida del proceso sobre estas entidades debe realizarse a través de la vía diplomática mediante Cartas Rogatorias, etc.

  Precisó George Vila, que dichas Cartas Rogatorias y toda la documentación de respaldo deben ser traducidas al español y certificadas, lo cual se encuentra en proceso de realización. Después de esto, se debe tramitar por la vía diplomática tanto en Estados Unidos como en Venezuela, un proceso que puede tardar entre 6 y 9 meses.

   Por tal motivo, Lindsayca presentó el 1 de abril de 2021, una Moción para Prorrogar el Plazo de Notificación a los demandados, PDVSA y Bariven.

PDVSA Services pide desestimar la demanda

   El 25 de febrero de 2021, PDVSA Services Inc. solicitó al Tribunal del Distrito Sur de Texas- División Houston, desestimar la demanda en su contra presentada por Lindsayca USA Inc., pedido que sustentó en la de conformidad con la Regla 12 (b) 6.

  Sostiene que el reclamo del demandante, bajo el alegato de la falta de pago de facturas de conformidad con varias órdenes de compra, citando causas de acción tanto por incumplimiento de contrato como por mérito cuántico, no aplica por cuanto el periodo para presentar la demanda ya prescribió.

  Refiere que, como se alega en la demanda, las facturas debían entregarse en Houston, Texas, y allí mismo debía realizarse el pago.

   Recordó que la ley del Estado de Texas se aplica a los reclamos y causas de acción entabladas por el demandante y que el plazo de prescripción por incumplimiento de contrato es de cuatro años, tal como lo señala la jurisprudencia.

  En este sentido, subraya PDVSA Services que las facturas presentadas por Lindsayca tienen fecha de 2013 y 2014, por tanto, las reclamaciones del demandante están prohibidas por limitaciones.

   Sin embargo, el juez de la causa, George C. Hanks Jr., consideró que la moción de PDVSA Services Inc., no cumple con los procedimientos del tribunal.

  Precisó que la moción no cumple con la sección 6 (C) (2) de Procedimientos del Tribunal, que requiere un certificado de conferencia para todas las mociones, ni tampoco con la sección 6 (C) (3), que requiere una orden propuesta por separado para todas las mociones, excepto las presentadas bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 56.

   Por ello, el magistrado ordenó al secretario del tribunal eliminar la entrada 6 del expediente y notificar al abogado de su decisión.


viernes, 16 de abril de 2021

Fiscalía pide a la Corte rechazar pedido de los medios de abrir los registros de contactos previos del gobierno con Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami

  El gobierno advierte que la información quedaría expuesta no sólo a los periodistas, sino también a enemigos de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   La Fiscal por el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, rechazar dos solicitudes presentadas por miembros de los medios de comunicación para abrir registros relacionados con el contacto previo de Víctor Mones Coro con el gobierno de los Estados Unidos.
   Mones Coro fue sentenciado el pasado 17 de marzo del año en curso a pagar 55 meses de prisión en razón de su conexión con un plan destinado a facilitar y proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y a Samark José López Bello, exvicepresidente de Venezuela y actual ministro de petróleo y su supuesto testaferro, respectivamente. Igualmente, fue condenado a pagar USD 250.000 en multas y se someterá a dos años de libertad supervisada como parte de la sentencia. La prestación de este servicio por parte de Mones Coro a El Aissami Maddah y López Bello, constituyen una violación a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de acuerdo a los establecido en la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros[1].

   El 26 de noviembre de 2019, Víctor Mones Coro se declaró culpable culpable de violar las sanciones de la Ley Kingpin contra el ministro y ex-vicepresidente venezolano[2].

   Durante distintas etapas del proceso judicial de Mones Coro, incluso luego de dictada la sentencia, las partes presentaron comunicaciones selladas o redactadas en las que se discutían detalles relacionados con el contacto previo del acusado con el gobierno de los Estados Unidos.

   Posteriormente, el 31 de marzo de 2021, la defensa presentó un aviso en el expediente con respecto a dos presentaciones selladas presentadas anteriormente.

  En la misma fecha, por lo que la fiscalía presume un esfuerzo coordinado, Matthew Russell Lee de Inner City Press, a través de un correo electrónico solicitó la apertura de varios documentos sellados, entre ellos, los mismos documentos a los que se hace referencia el abogado defensor. Luego, el 2 de abril de 2021, la defensa se unió a la solicitud de Inner City Press.

   Entretanto, Brian Barrett de Associated Press, en una carta fechada el 5 de abril de 2021, le pidió a la Corte intervenir y abrir documentos relacionados con el contacto previo del acusado con el gobierno de los EE. UU., incluidos los que formaron parte de la transcripción de la sentencia.

La ley aplicable

   Refiere la solicitud de la fiscal Strauss que, si bien la Corte Suprema ha reconocido el derecho consuetudinario de acceso público a los documentos judiciales, esto aplica de acuerdo a dos factores, a saber, que (a) "la función del material en cuestión en el ejercicio del poder judicial del artículo III" y (b) "el valor resultante de dicha información para quienes supervisan los tribunales federales".
   Advierte que , luego de determinar el peso otorgado al presunto derecho de acceso, el derecho consuetudinario se equilibra con los intereses compensatorios que favorecen las restricciones de acceso. “El hecho de que un documento sea un expediente judicial no significa que no se pueda restringir el acceso al mismo”, de acuerdo a lo que dicta la jurisprudencia.

  Recordó que el Segundo Circuito ha reconocido que ciertas categorías de factores compensatorios deben equilibrarse con la presunción de acceso, lo cual incluye el peligro de afectar la eficiencia judicial o de aplicación de la ley y la necesidad de proteger los intereses de la privacidad.

   Respecto al presunto derecho de acceso que otorga la Primera Enmienda, la fiscalía del distrito Sur de Nueva York advierte que este puede ser superado por "hallazgos específicos y en el expediente de que el sellado es necesario para preservar valores más altos" y cuando el "orden de sellado se adapta estrictamente para lograr ese objetivo", tal como lo ha establecido la jurisprudencia.

Las razones de la Fiscalía

  La Fiscalía del distrito Sur de Nueva York considera que, por las razones ya articuladas por la Corte, y debido a los fuertes intereses gubernamentales que privan en contra de la apertura, las solicitudes deben ser denegadas.

  Refiere como lo han establecido otras decisiones judiciales, que “La transparencia a veces debe ceder a un interés más convincente” y “Es obvio e indiscutible que ningún interés gubernamental es más convincente que la seguridad de la nación”.

 Recuerda que los materiales sellados y redactados constituyen información altamente sensible que podría conducir a la divulgación no autorizada de información clasificada.

  Audrey Strauss advierte al juez Hellerstein que, si bien no existen dudas en este litigio de que las solicitudes de apertura de los medios de comunicación se presentan de buena fe y con un propósito válido, el acceso no se limitaría al personal de dichos medios.

“Los adversarios de nuestro país también tendrían acceso, y las divulgaciones podrían aumentar los riesgos que ya enfrenta el personal del gobierno de EE. UU. debido a que cada una de las consideraciones anteriores podría causar un perjuicio grave al gobierno”.

   Por ello, la fiscalía recordó a la Corte que ese despacho proporcionó a los abogados defensores cierta información sobre el entendimiento mutuo de que las referencias a esta información se eliminarían en todas las presentaciones posteriores y, en ese momento, la defensa no manifestó ninguna objeción al respecto.

   Finalizó su solicitud la fiscal Strauss subrayando que las órdenes de sellado de la Corte, hasta la fecha han sido plenamente justificadas —de hecho, necesarias— y por estas consideraciones y no deben ser perturbadas.











[1] Department of Justice. “Man Sentenced to 55 Months in Prison for Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan-leaders


[2] Department of Justice. “Florida Man Pleads Guilty To Violating Kingpin Act Sanctions Against Venezuelan Minister And Former Vice President”. 26 de noviembre de 2019. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-pleads-guilty-violating-kingpin-act-sanctions-against-venezuelan-minister

miércoles, 14 de abril de 2021

Liquidación de AllBank Corp. revela cómo Víctor Vargas habría establecido una estructura fraudulenta en Panamá que involucra hasta a nobles españoles

  El banquero venezolano hacía rotar las reservas en más de cinco países, afectando los intereses de miles de ahorristas.

Por Maibort Petit

   Transcurrido poco más de un año de la liquidación forzada de Allbank Corp. ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), se dan a conocer nuevos detalles acerca de la situación de entidad financiera perteneciente al Grupo BOD del banquero venezolanos, Víctor Vargas Irausquín, entre ellos, que la estructura bancaria estaba montada en más de cinco países que se rotaban reservas bancarias como un mecanismo para evadir a el monitoreo de sus operaciones que afectaban a miles de ahorristas privados.
  Ante el organismo panameño han llegado cientos de reclamos de clientes de AllBank por renovaciones de plazos fijos no autorizados, reestructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, lo cual revelaba la existencia de problemas de solvencia vigentes desde 2018, es decir, a solamente siete años de su apertura en la nación centroamericana.

   Las novedades del caso revelan, como señala una nota del portal El Capital Financiero, el asunto salpica hasta a la realeza española, toda vez que la Fiscalía Adjunto Sección de Atención Primaria Segunda Subregional de Panamá admitió una querella penal interpuesta por Abdel Almengor por presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de apropiación indebida agravada contra Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón, entre otros representantes del AllBank. El último es hijo que Alfonso Borbón, duque de Cádiz en España, y de Carmen Martínez-Bordiú, nieta del general Francisco Franco.
  Había encontrado el liquidador del banco, Rafael Moscarella Valladares, una serie de irregularidades que lo llevaron a presentar una denuncia ante el Ministerio Público de Panamá en contra de Vargas Irausquin y de los gerentes ejecutivos del banco al presumirse la comisión del ilícito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros.

  El liquidador Moscarella advirtió la existencia de suficientes elementos de opacidad que sustentan la liquidación forzada del AllBank, entre ellos los reclamos que desde octubre de 2018 algunos clientes del banco por renovaciones de plazos fijos no autorizados, así como por órdenes de pago por montos importantes que no eran atendidas, lo cual revelaba un grave indicio de liquidez.

  Además de Vargas Irausquín y Luis Alfonso de Borbón Martínez, la acción penal incluye a toda la Junta Directiva de Allbank, a saber, Raúl Blatar Estevez, Jeffrey Poyo, Karla Mola González, Amalita Frías, Santos Ramos y Domingo Infante.

   Refiere la nota de El Capital Financiero que Luis Alfonso de Borbón Martínez no se encuentra por casualidad entre los integrantes de la directiva de AllBank Corp., toda vez que este está casado con la venezolana, María Margarita Vargas Santaella, hija de Víctor Vargas Irausquin.

  Ahora le corresponderá al noble español, responder ante la justicia panameña por los señalamientos que en la citada querella penal lo involucran como directivo de la entidad que habría afectado a Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. y el Consorcio Praval, las cuales reclaman perjuicios que superan los USD 30 millones, a causa de los supuestos manejos irregulares de AllBank.

  Refiere la reseña periodística que en agosto de 2019, el representante de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. y el Consorcio Praval solicitó a AllBank que le transfiriera fondos de cuenta a cuenta, “el cierre de la cuenta, la devolución de los fondos mediante cheque de gerencia, así como la explicación del motivo del no pago de cheque de su cuenta por $80,000, sin mediar explicación, así como la disposición irregular de fondos de sus cuentas”.

   También solicitaron que se le corrigiera el estado de cuenta de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A, en virtud de que reflejaba un monto inferior a los USD 7 millones que poseía. Ninguno de los requerimientos fue satisfecho por la entidad bancaria.

   La querella penal señala que lo ocurrido constituye una negación a “que su propietario disponga de sus fondos, provocándose con ello una afectación en el giro de sus actividades empresariales, y de desarrollo comercial, sin explicación alguna por parte del custodio de estos dineros”[1].

  El diario Panamá América también da cuenta del hecho y recuerda que, además de AllBank Corp., Víctor Vargas abrió en octubre de 2011 en la nación centroamericana, la casa de valores Plus Capital Market, al tiempo que compró los derechos de un edificio al cual le daría el nombre de Torre AllBank, con el objetivo de revestir su inversión de gran prestigio.

   Pero estas operaciones, supuestamente, carecían de la transparencia debida, toda vez que el grupo financiero de Vargas Irausquín las coordinaba de tal manera que pudiera jugar con las reservas, como lo señaló el informe de intervención de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

  La nota periodística de Panamá América “explica que parte de los activos líquidos que respaldaban la operación de Panamá estaban en el Banco Orinoco de Curazao, el primero en ser intervenido y declarado en quiebra”.

   El resto de la estructura se encontraba en Antigua & Barbuda con el Boi Bank, así como en República Dominicana con el Banco América (también intervenido) y el Banco Occidental de Descuento en Venezuela (igualmente bajo intervención).

  La nota de Panamá América refiere que AllBank manejaba en Panamá USD 175 millones, de los cuales USD 100.7 millones son de particulares que tenían USD 38.1 millones en depósitos a la vista y USD 51.7 millones en plazos fijos. Esta información difiere de los datos manejados por Venezuela Política que el 15 de diciembre de 2019 dio a conocer los detalles de la Resolución de Intervención en razón que de estábamos en poder del documento emanado de la Superintendencia de Bancos de Panamá. El documento en cuestión revelaba que los administradores interinos del banco establecieron que el Allbank Corp mantenía “USD 177.9 millones en depósitos de clientes, de los cuales USD 63.3 millones corresponden a depósitos a la vista, USD 82.9 millones eran depósitos a plazo, USD 31.7 millones correspondían a depósitos de ahorros corrientes y USD 15 mil a depósitos de ahorro de navidad”.

   Agregaba el documento que dimos en conocer en aquel entonces que “la mayor proporción del activo estaba en colocaciones e inversiones que totalizaban USD 141.5 millones de los cuales, USD 107.3 millones correspondían a títulos valores que estaban en custodia en bancos y empresas relacionadas al grupo económico, USD 34.2 millones del total de inversiones estaban en colocaciones, de los cuales USD 12.7 millones eran depósitos a plazo fijo, (USD 10.7 millones se encontraban en bancos relacionados al grupo económico) y el resto, USD 21.5 millones en colocaciones a la vista, de los cuales USD 16.2 millones estaban colocados en bancos y empresas del mismo grupo económico”.

   La SBP determinó que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores de AllBank se encontraban en el Banco Orinoco de Curazao, entidad intervenida, como ya lo hemos referido, desde septiembre de 2019.

La decisión de liquidar el AllBank

  El 8 de noviembre de 2019, el Superintendente de Bancos de la República de Panamá, Ricardo G. Fernández, decidió, luego de conocer el informe presentado por el Administrador Interino en el que se revelaba la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo de la institución, la liquidación forzosa de Allbank Corp, entidad perteneciente al Grupo BOD que dirige Víctor Vargas.

  La entidad había llegado a manejar más de USD 180 millones en activos líquidos y USD 175 millones en depósitos.

  La referida superintendencia tomó la resolución para proteger los intereses de los depositantes que pudieran verse afectados por la intervención del Banco del Orinoco NV en Curazao, entidad beneficiaria de su único accionista, Allbank Corp.

  Los detalles de la Resolución SBP-0205-2019 emanada de la autoridad panameña, los dimos a conocer en Venezuela Política[2], la cual indicaba que el Allbank Corp es una sociedad anónima organizada y constituida de acuerdo a lo establecido en las leyes panameñas, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), ficha número 724912, documento Redi Nº 1913669, actualizada a folio de igual número, la cual cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por la Superintendencia de Bancos mediante resolución S.B.P. Nº 131-2011 de fecha 24 de octubre de 2011.

   Informamos en este entonces que en una decisión previa adoptada a través de la resolución SBP-0169-2019 del 9 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Banco de Panamá tomó el control administrativo y operativo del Allbank Corp luego de que el tribunal de Primera Instancia de Curazao adoptara el 5 de septiembre de 2019 una "medida de emergencia" para el Banco del Orinoco N.V., “beneficiario principal a quien, a su vez, es el único accionista de Allbank Corp. Los efectos directos de esta medida establecían que ‘(…) el Banco del Orinoco no podrá ser obligado a cumplir sus deudas y, por el momento, permanecerán congelados sus activos’".

  La SBP alertó sus dudas sobre la disponibilidad de los recursos líquidos con que contaba la entidad, la liquidez, el débil gobierno corporativo y gestión de riesgos, la baja calidad de la cartera de préstamos, la deficiente gestión de activos, entre otras falencias.

  El organismo panameño advirtió el alto grado de debilidad en la viabilidad financiera y gestión corporativa de Allbank en razón de la falta de un plan de negocios viable para la sostenibilidad de las operaciones de la institución, así como por sus controles internos no adecuados y las condiciones de la cartera de crédito.

  Por todo ello, la Superintendencia de Bancos decidió tomar el control de Allbank Corp sobre la base de lo establecido en las causales 2 y 4 del artículo 132 de la Ley Bancaria, las cuales estipulan que el banco no puede proseguir operando sin que corran peligro los intereses de los depositantes y sobre el incumplimiento por parte de la institución bancaria de los requisitos exigidos por la SBP de acuerdo al artículo 130 de la misma Ley Bancaria.

La cartera de préstamo neta ascendía a USD 64.6 millones.

  Para el momento de redacción de su informe, los administradores interinos concluyeron que no habían logrado completar el análisis de valor de los activos porque no habían recibido los fondos de la mayoría de las entidades a las que se les había solicitado. Este incumplimiento impedía conocer en detalle los montos de las colocaciones de las realmente se disponía.

  Se desconocía igualmente en aquella fecha, la existencia y valor de cada uno de los títulos valores reportados en la cartera de inversión de aproximadamente USD 107.3 millones. “Se tenía un estimado de lo existente en el Banco del Orinoco y en el Plus Capital Market Inc., pero no había certeza de los títulos valores allí custodiados, lo que impedía conocer fidedignamente la situación financiera del Allbank Corp”.

REFERENCIAS

[1] El Capital Financiero. “La liquidación de AllBank en Panamá toca a la realeza española”. 13 de abril de 2021. https://elcapitalfinanciero.com/la-liquidacion-de-allbank-en-panama-toca-a-la-realeza-espanola/?doing_wp_cron=1618323601.8909530639648437500000


[2] Venezuela Política. “Conozca los detalles de la liquidación forzosa del Allbank Corp ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá”. 15 de diciembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/12/conozca-los-detalles-de-la-liquidacion.html




viernes, 2 de abril de 2021

Altana Credit Opportunities Fund SPC: Otro acreedor que se enfrenta a Venezuela en las cortes por incumplimiento en el pago de los Bonos.

    La República Bolivariana de Venezuela está 'acribillada' en los tribunales por quienes exigen el pago de obligaciones que la administración de Nicolás Maduro dejó dejó de cancelar.

Por Maibort Petit

   La actuación irresponsable de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha tenido consecuencias nefastas para la república, las cuales se manifiestan, principalmente, en las cortes de los Estados Unidos donde cursan múltiples demandas en reclamo del incumplimiento de pagos de sus obligaciones con tenedores de bonos o agentes expropiados de sus bienes en el país.
  Tal situación mantiene en vilo el destino de los activos venezolanos en el extranjero con los cuales los acreedores esperan hacerse de sus pagos.

   Uno de estos casos corresponde a Altana Credit Opportunities Fund SPC (ACOF SPC), una empresa constituida y domiciliada en las Islas Caimán; Altana Credit Opportunities Fund 1 SP (ACOF 1 SP), su cartera segregada; y Altana Funds Ltd. Cayman, asesora de inversiones y administradora de las dos primeras, las cuales reclaman en la Corte del Distrito Sur de Nueva York el pago del capital e intereses vencidos y no pagados de los Bonos a los que tienen derecho.
 
Los papeles en manos de Altana suman USD 108.675.500.

La demanda

   El 8 de octubre de 2020, Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, demandaron ante la Corte del distrito Sur de Nueva York a la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato.

   Tal incumplimiento tiene que ver con la falta de pago de capital, intereses, o ambos, por parte de Venezuela, de una serie de bonos en posesión de los demandantes —una compañía de inversión, su fondo, así como su asesor y administrador de inversiones— de acuerdo a como se muestra a continuación:

   Se explica en la demanda que Venezuela emitió los Bonos y los vendió a inversionistas en virtud de ciertos "acuerdos de agencia fiscal" (FAA) celebrados en 1997, 1998 y 2001. En las FAA y los propios bonos, Venezuela se comprometió incondicionalmente a realizar pagos de capital e intereses programados regularmente, compromiso que no cumplió pues no canceló sus obligaciones de pago.
  A saber, a partir de octubre de 2017, Venezuela dejó de pagar los pagos de intereses semestrales de los Bonos en la medida en que estos han ido venciendo. Tampoco ha pagado el capital de los Bonos que han vencido desde entonces.

   Considera Altana que tal como la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha concluido en otros casos en los que Venezuela ha incumplido sus obligaciones contractuales, en este se debe dictar sentencia a favor de los demandantes.

  Los demandantes piden a la corte declare que la FAA de 1997, la FAA de 1998, la FAA de 2001, así como cada Bono, son obligaciones exigibles, válidas e incondicionalmente contraídas por Venezuela; que se declare que el país ha violado los citados acuerdos de agencia fiscal y los términos de cada uno de los Bonos, al no pagar los pagos de intereses y el reembolso del capital requeridos contractualmente.
   Altana pide que el tribunal le otorgue daños y perjuicios en una cantidad por probar que en ningún caso inferior a los pagos de intereses y reembolso del capital exigidos contractualmente; los honorarios y costos, incluidos los honorarios de abogados, según lo permita la ley; los intereses previos y posteriores al juicio; y cualquier otro alivio adicional que considere justo y equitativo.

Jurisdicción de la Corte

   Estiman los demandantes que la Corte del distrito Sur de Nueva York tiene jurisdicción para cursar la demanda bajo 28 U.S.C. § 1330 y 28 U.S.C. § 1605, en razón de que se trata de una acción civil sin juramento contra un estado extranjero que no tiene derecho a inmunidad soberana.

   Esta última afirmación lo asegura Altana que Venezuela renunció explícita e incondicionalmente a la inmunidad soberana en las FAA y los Bonos por acciones derivadas de las FAA, los Bonos o cualquier cupón correspondiente. Agregan que tampoco tiene derecho a la inmunidad soberana porque su conducta relacionada con la fianza constituye una actividad comercial en los Estados Unidos dentro de la excepción expresa a la inmunidad para actividades comerciales bajo 28 U.S.C. Sección 1605 (a) (2). En tal sentido recuerda que Venezuela comercializó, ofreció, prometió hacer pagos sobre ellos y dirigió las acciones de sus agentes fiscales en Estados Unidos y no cumplió con el pago de capital e intereses en los Estados Unidos. Es decir, Venezuela participó en actividades comerciales en los Estados Unidos y otros lugares que causaron efectos directos en territorio estadunidense.

  Precisan que Venezuela designó a su Cónsul General o a cualquier funcionario del Consulado de Venezuela con oficinas en Nueva York como su agente autorizado para el servicio de proceso.

  Sostienen que Nueva York es el lugar es apropiado porque Venezuela consintió y renunció irrevocablemente a cualquier objeción al lugar y porque una parte sustancial de los eventos y omisiones que dieron lugar al reclamo surgieron en este Distrito.
Los alegatos

   Manifiesta la demanda que la FAA de 1997 es un contrato celebrado el 3 de septiembre de 1997 entre Venezuela —con el Banco Central de Venezuela actuando como agente financiero oficial— y el Chase Manhattan Bank como agente fiscal, la cual se rige por las leyes del Estado de Nueva York sin tener en cuenta los principios de conflictos de leyes.

   Igualmente, la FAA de 1998 es un contrato celebrado el 6 de agosto de 1998 entre Venezuela y el Chase Manhattan Bank como agente fiscal (también el BCV fue el agente financiero). El contrato fue enmendado el 14 de enero de 2004 y el 29 de septiembre de 2004. Esta FAA del mismo modo se rige por las leyes del Estado de Nueva York en los mismos términos que el anterior.

  Entretanto, la FAA de 2001 se celebró entre Venezuela —BCV como agente financiero oficial— y Deutsche Bank AG y Bankers Trust Company como agentes fiscales y principales agentes pagadores. El contrato se enmendó el 19 de septiembre de 2003, el 21 de marzo de 2005 y el 17 de diciembre de 2007. Esta FAA igualmente se rige por las leyes del Estado de Nueva York.

  Indican que el monto de capital, tasa de interés, vencimiento y otros términos se establecen en los Bonos; que ciertos términos también se resumen en sus documentos de oferta; que las respectivas FAA, Venezuela comprometió su plena fe y crédito por el debido y pago puntual de todos los Bonos emitidos en virtud de dichos contratos.

  Explica la demanda que, a partir de octubre de 2017, Venezuela no ha realizado ninguno de los pagos de intereses semestrales requeridos sobre los Bonos, ni tampoco ha pagado la totalidad del monto capital de los papeles vencidos.

  Subrayan que, según los términos de los Bonos, los intereses de los cupones continúan devengándose independientemente de que haya transcurrido o no su fecha de vencimiento.

  Destacan que al haber transcurrido más de 30 días desde que se produjo la falta pago, existe un evento de incumplimiento bajo los términos de los Bonos.

  En tal sentido, los demandantes notificaron por escrito a Venezuela el 8 de octubre de 2020, una demanda de pago de capital e intereses vencidos y no pagados antes.

  En la misma fecha, la demanda fue comunicada a Venezuela a través de su embajador.

  La demanda de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán contra Venezuela, comprende doce cargos por incumplimiento de contrato, el primero correspondiente a los Bonos 7,75% 2019; el segundo por los Bonos 6,00% 2020; el tercero, por los Bonos 12,75% 2022; el cuarto por los Bonos 9,00% 2023, el quinto por los Bonos 8,25% 2024; el sexto por los Bonos 7,65% 2025; el séptimo por los Bonos 11,75% 2026; el octavo por los Bonos 9,25% 2027; el noveno por los Bonos 9,25% 2028; el décimo por los Bonos 11,85% 2031; el undécimo por los Bonos 9,375% 2034; y el duodécimo por los Bonos 7,00% 2038.



martes, 30 de marzo de 2021

La justicia de Estados Unidos condenó a 12 años de prisión al ex-policía hondureño, Juan Manuel Ávila Meza, por delitos de narcotráfico.

Por Maibort Petit

  Juan Manuel Ávila Meza, ex miembro de la Policía Nacional de Honduras, fue sentenciado a 12 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Ávila Meza se declaró culpable anteriormente ante la jueza de distrito de los Estados Unidos Lorna G. Schofield en 2018.



   La agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Wendy C. Woolcock y la Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Audrey Strauss hicieron el anuncio en conjunto en Nueva York.

“Juan Manuel Ávila Meza aprovechó su posición en la aplicación de la ley y como abogado para intentar elevarse por encima de la ley, beneficiándose de las actividades criminales reprensibles que ayudó a facilitar”, dijo el agente especial a cargo Woolcock. 

Sostuvo la funcionaria que “La sentencia de hoy reafirma que Estados Unidos nunca dejará de controlar la corrupción en la aplicación de la ley. La Administración de Control de Drogas, junto con nuestros socios nacionales e internacionales, continuará trabajando incansablemente para llevar ante la justicia a todos aquellos que participan en el tráfico de drogas ”.

“Juan Manuel Ávila Meza conspiró para transportar grandes cargamentos de cocaína hacia, dentro y fuera de Honduras, incluidos envíos con destino a los Estados Unidos”, dijo el Fiscal Federal Strauss. 

“Brindó información confidencial sobre las fuerzas del orden a los miembros de Los Cachiros para permitirles sus operaciones de tráfico, y negoció reuniones con otros funcionarios corruptos para facilitar el lavado de dinero y el tráfico de cocaína. Juan Manuel Ávila Meza empañó la insignia que llevaba protegiendo a los narcotraficantes en lugar de a aquellos a quienes juró proteger y servir ”.

Según la acusación, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procesos judiciales, entre al menos aproximadamente 2004 y 2014, Ávila Meza trabajó con miembros de una organización de narcotráfico conocida como Los Cachiros, que era un sindicato criminal prolífico y violento que dependía de conexiones con políticos, personal militar y fuerzas del orden para transportar cocaína hacia, dentro y desde Honduras. Durante ese tiempo, y mientras Ávila Meza presuntamente hacía cumplir la ley como oficial de policía y, más tarde, como abogado, Ávila Meza participó en la empresa criminal de Los Cachiros al involucrarse en el tráfico de drogas, lavado de dinero, evasión de sanciones y cobro de deudas.

A partir de 2004, Ávila Meza proporcionó a los Cachiros información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar el transporte de cocaína. 

Ávila Meza también ayudó a los Cachiros con el lavado de dinero y la evasión de las sanciones estadounidenses. En mayo de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Identificó públicamente a Los Cachiros como un grupo importante de narcóticos extranjeros de conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros. 

A partir de agosto de 2013, el acusado, como miembro activo tanto de la Policía Nacional de Honduras como de los Cachiros, ayudó a los Cachiros con una transacción de lavado de dinero basada en activos relacionada con una gran propiedad inmobiliaria en San Pedro Sula, Honduras.

En febrero de 2014, Ávila Meza ayudó a organizar y asistió a una reunión entre uno de los líderes de Los Cachiros y Juan Antonio Hernández Alvarado, [también conocido como "Tony Hernández", otro importante narcotraficante condenado que es hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández], para discutir transacciones de lavado de dinero entre una empresa fachada de Cachiros y el gobierno hondureño.

 En junio de 2014, Ávila Meza se reunió con otros seis miembros de la Policía Nacional de Honduras, Fabio Lobo Sosa, el ahora condenado hijo de Porfirio Lobo Sosa, el presidente hondureño que precedió a Juan Orlando Hernández, y dos fuentes confidenciales de la DEA que supuestamente eran miembros de el Cartel de Sinaloa. Durante la reunión, Ávila Meza dirigió una discusión sobre la mejor manera de confiar en la Policía Nacional de Honduras para asegurar el paso seguro de un gran cargamento de cocaína.

Otros seis ex miembros de la Policía Nacional Hondureña, entre ellos, Víctor Oswaldo López Flores, Ludwig Criss Zelaya Romero, Carlos José Zavala Velásquez y Carlos Alberto Valladares García, fueron condenados en este caso por delitos de tráfico de armas y / o drogas por conspirando para importar cocaína a los Estados Unidos. Cada uno de esos individuos se ha declarado culpable en un tribunal federal, junto con el co-conspirador Fabio Lobo. El 5 de septiembre de 2017 Lobo fue condenado a 24 años de prisión; el 6 de febrero de 2018 Flores fue condenado a cinco años de prisión; el 27 de junio de 2018 Velásquez fue sentenciado a 12 años de prisión; y el 27 de septiembre de 2018 García fue condenado a 14 años de prisión. Zelaya Romero espera sentencia del juez Schofield.

 El 18 de octubre de 2019, Hernández Alvarado fue condenado en un juicio ante el juez P. Kevin Castel por delitos de importación de cocaína, armas y declaraciones falsas.

Además de la pena de prisión, Ávila Meza, de 50 años, fue condenado a cuatro años de r supervisado


lunes, 29 de marzo de 2021

CITGO sostiene que Corte del Distrito Sur de NY tiene jurisdicción para atender su demanda contra aseguradoras

   Pidieron y el tribunal aprobó la solicitud, autorización para presentar una demanda enmendada.

Por Maibort Petit

  Desde que el pasado 15 de enero de 2021, CITGO Petroleum Corporation demandó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York —por incumplimiento de contrato— a un conjunto de aseguradoras que se niegan a pagar por la pérdida de 939.000 barriles de crudo diluido y 22.000 barriles de crudo Pedernales de su propiedad cargados en el buque petrolero M/T Gerd Knutsen, el cual fue atacado el 9 de octubre de 2020 durante un movimiento insurreccional contra la presidencia interina de Venezuela, ejercida por Juan Guaidó, cada una de las partes ha llevado a cabo una serie de diligencias dirigidas a defender su posición en el caso.
  Entre estas acciones, CITGO, por ejemplo, solicitó al juez de la causa, Gregory H. Woods, su autorización para presentar una demanda enmendada, la cual resultó aprobada por el magistrado.

 Igualmente, CITGO reiteró que el tribunal neoyorquino tiene jurisdicción para atender la demanda bajo 28 U.S.C. § 1332 (a) (2) debido a que CITGO es una corporación registrada y con sede en Texas y Delaware, mientras que los demandados están registrados en el Reino Unido, además de que la cantidad en controversia excede los USD 75.000.
  Refieren que según la legislación citada, la Corte del Distrito Sur de Nueva York es el lugar apropiado para dirimir la controversia, porque las partes celebraron un contrato en el que consintieron el lugar y la jurisdicción personal de esta Corte.

La solicitud de permiso al juez

  El 5 de febrero de 2021, Mark J. Plumer, David F. Klein, Charrise L. Alexander y John Chamberlain, de la firma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, representantes de CITGO Petroleum Corporation (CITGO), solicitaron al juez del Distrito Sur de Nueva York, Gregory H. Woods, su autorización para enmendar la demanda emprendida contra las aseguradoras Ascot Underwriting Limited, Pioneer Underwriting, MS Amlin Underwriting Limited, Travelers Syndicate Management Limited, Brit Syndicates Limited, Sompo International Insurance, Chaucer Syndicates Limited, Markel Syndicate Management Limited, Neon Underwriting Limited y Starstone Insurance SE, con las cuales suscribió la Póliza de Reaseguro de Carga Marítima Nº B1263EG0466118 y ahora reclama incumplimiento de contrato.
   El pedido, que fue aprobado por el juez Woods, refiere que antes de iniciar este litigio, CITGO, se reunió a través de un abogado, con el abogado de los demandados, a quienes consultó y estos confirmaron la ciudadanía y el monto en controversia asociado con cada demandado.
   En vista de esto, CITGO cree que los alegatos alegan adecuadamente la diversidad completa de ciudadanía y considera que la Corte tiene jurisdicción en la materia sobre esta demanda.

  Refieren los abogados que en la medida en que el tribunal tenga preocupaciones pendientes sobre la forma del alegato jurisdiccional de CITGO, ésta solicita respetuosamente permiso para enmendar la demanda a fin de abordar cualquier deficiencia percibida.

 Refiere CITGO que las empresas demandadas son miembros de ciertos sindicatos no incorporados cuyo domicilio comercial principal se encuentra en Londres, Inglaterra. Cada uno de estos sindicatos consta de uno o más miembros, que se suscriben a la política en cuestión en este caso, que es el último demandado en este litigio, una corporación incorporada y con su sede principal de negocios en una jurisdicción completamente diferente a la del demandante.

   Seguidamente, los abogados hacen un recuento de estos miembros que forman parte de Lloyd's Syndicate, un mercado de seguros británico, los cuales son en casi todos los casos, corporaciones constituidas y existentes bajo las leyes del Reino Unido, con sede principal de negocios en Londres, Inglaterra.

  Bajo esta condición enumeran a: 1) El 1414, Ascot Corporate Name Limited; 2) el 2001, MS Amlin Corporate Member Limited; 3) el 5000, April Grange UK Ltd y F&G UK Underwriters Ltd; 4) el 2987, Brit UW Limited; 5) el 5151, Endurance Corporate Capital Limited; 6) el 1084, Chaucer Corporate Capital (No 3) Limited; 7) el 3000, Markel Capital Limited; 8) el 2468, Sampford Underwriting Limited, Lavenham Underwriting Limited y GAI Indemnity, Ltd; el Consorcio 9146, compuesto por Lloyd's Syndicate 1980 y Lloyd's Syndicate 2088. El único miembro de Lloyd's Syndicate 1980 es Liberty Corporate Capital Limited, mientras que el único miembro de Lloyd's Syndicate 2088 es China Re UK Limited. Liberty Corporate Capital Limited y China Re UK Limited son sociedades constituidas y existentes según las leyes del Reino Unido, con sede principal en Londres, Inglaterra.

  La demanda también alega que la parte de cada uno de los demandados aseguradores de Lloyd's en la pérdida de CITGO supera los USD 75.000.

   La excepción corresponde a Starstone Insurance SE, una corporación de Liechtensteiner con sede principal en Schaan, Liechtenstein. Esta aseguradora es responsable de una parte de la pérdida de CITGO que excede los USD 75.000.




viernes, 26 de marzo de 2021

Conozca las razones por las que la viuda de Fernando Albán acusa a Maduro y su empresa criminal del asesinato de su esposo

  ¿Qué alega Meudy Albán Osío para responsabilizar al dictador venezolano y socios, las FARC y el Cartel de los Soles de la muerte del concejal de Primero Justicia ocurrida bajo custodia del SEBIN?

Por Maibort Petit

   La viuda del concejal Fernando Albán, Meudy Albán Osío, demandó por daños y perjuicios a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La familia del dirigente de Primero Justicia responsabiliza al mandatario venezolano del asesinato de este cometido el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

   Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  En la demanda, los demandados recuerdan que Estados Unidos y el mundo han condenado al régimen de Nicolás Maduro por la tortura y asesinato de Fernando Albán y se cita, en primer lugar, a la portavoz de la Casa Blanca para la fecha de los hechos, Sarah Sanders, quien dijo: “Las autoridades venezolanas detuvieron a Albán el 5 de octubre, a su regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló al mundo sobre la importancia de devolver la democracia al pueblo de Venezuela. Murió tres días después mientras estaba bajo la custodia del servicio de inteligencia de Venezuela ".

  Asimismo, citan al portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, quien se hizo eco de los sentimientos de la Casa Blanca y afirmó que el asesinato de Fernando Albán "destaca un patrón continuo de abusos de derechos humanos en ese país, represión y uso excesivo de la fuerza".

  Del mismo modo hacen referencia a la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana y del secretario de la OEA, Luis Almagro,que responsabilizaron al régimen de Maduro de la muerte de Albán;  los representantes Carlos Curbelo (FL-26), Ileana Ros-Lehtinen (FL-27), Mario Díaz-Balart (FL-25) y Albio Sires (NJ-08), así como el senador Marco Rubio (FL), quienes exigieron una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de Fernando Albán y solicitaron sanciones contra los responsables.

El papel del cartel de los Soles

   Sostiene la demanda que un miembro del ejército venezolano, a través de sobornos, se involucró en el tráfico de drogas en la década de 1990, mientras que para 1992, Hugo Chávez formó integró el que para la fecha se denominaba "Cártel Bolivariano", nombre que cambió en 1993 a "Cártel de los Soles". Ya en la presidencia, Chávez hizo crecer el cártel, otorgando inmunidad a los funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas a cambio de su lealtad. En 2005, expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de Venezuela y el país se convirtió en una ruta más atractiva para el tráfico de drogas. El Cártel de los Soles comenzó a coordinarse con las FARC para traficar cocaína, mientras las bases de la fuerza aérea venezolana comenzaron a albergar aviones cargados de cocaína que llegaban de Colombia.

  Cuando Chávez murió en 2013, Nicolás Maduro se convirtió en uno de los líderes del Cártel en el que Néstor Reverol Torres y Vladimir Padrino López son figuras importantes. Entretanto, Tarek William Saab y Maikel José Moreno Pérez también apoyan las actividades del cartel.

Las FARC

  Igualmente, se hace mención en la demanda a las FARC como una organización armada y violenta con sede principalmente en Colombia, de la cual varios de sus integrantes, luego de que esta guerrilla depusiera sus armas, desde pues del acuerdo de paz de 2016, se instalaron en Venezuela con la anuencia y apoyo de Nicolás Maduro. Estos en alianza, procuran descarrilar el proceso de paz y desestabilizar todos los niveles del gobierno colombiano mediante la violencia, asesinatos y toma de rehenes, terrorismo.

   Las FARC han sido y siguen siendo fuertemente antiamericanas, considerando a los estadunidenses como "objetivos militares". Para este grupo el narcotráfico en un medio de sustento, particularmente en la frontera con Venezuela.

   Desde el 8 de octubre de 1997 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, considera a las FARC como organización terrorista extranjera designada.

La empresa criminal de Maduro

  En la demanda de los Albán se indica que la Empresa Criminal Maduro es una asociación que incluye, entre otros, al propio Nicolás Maduro, su régimen, el Cartel de los Soles, las FARC y los individuos demandados (Saab, Moreno, Reverol).

  Sostiene que los miembros de la Empresa Criminal Maduro han conspirado y acordado cometer una amplia variedad de delitos interrelacionados entre ellos (a) el tráfico de estupefacientes; (b) actos de terrorismo que incluyen pero de ninguna manera se limitan al narcoterrorismo; (c) violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros, torturas y asesinatos; (d) delitos de corrupción pública; y (e) blanqueo de capitales.

   Cada una de estas actividades delictivas es intrínseca y necesaria para la funcionalidad de la empresa criminal en general, siendo un objetivo central de la empresa y la conspiración, retener el control autoritario sobre Venezuela. Al garantizar que Maduro controle ilegalmente el estado venezolano, la Empresa Criminal Maduro asegura que puede continuar cometiendo delitos rentables, como el tráfico de narcóticos y el saqueo del tesoro venezolano, con impunidad y sin interferencia de la aplicación de la ley legítima.

  Agrega que, a través de actos de terrorismo y abusos a los derechos humanos, la Empresa Criminal Maduro reprime la oposición a su narcotráfico, la corrupción pública y el control autoritario sobre Venezuela.

Las líneas clave de la Empresa Criminal Maduro

   El narcotráfico y el narcoterrorismo son parte fundamental de la Empresa Criminal Maduro, habiendo sus miembros —durante al menos 20 años hasta el día de hoy— actuado junto a las FARC en una vasta conspiración de narcoterrorismo y, a través de ella, ha inundado intencionalmente a Estados Unidos con cocaína, no solo para enriquecer al propio Maduro junto con los demás miembros de su organización, sino también para dañar a EE. UU.

   Cita que el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia reveló las acusaciones que imputan una miríada de delitos contra Maduro, otros líderes venezolanos y sus co-conspiradores de las FARC, por narcotráfico y narcoterrorismo. Luego la demanda hace un recuento de todos los pronunciamientos formulados desde distintas instancias del gobierno estadunidense en los que se describe la conducta criminal de Maduro, su empresa criminal y de sus co-conspiradores en conjunto con el grupo terrorista colombiano. Se indica cómo estos aprovecharon su poder autoritario en Venezuela para apoyar la conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico.

  Del mismo modo se hace referencia al hecho de que un grupo disidente de unos 2.500 miembros de las FARC se ha apoderado de la frontera entre Venezuela y Colombia con apoyo del régimen de Maduro para sus actividades narcoterroristas, permitiéndoles usar el país como un refugio seguro desde el cual pueden continuar conduciendo su tráfico de cocaína y su insurgencia armada.

  Entre otros, la demanda cita el caso de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores, condenados a 18 años de prisión por conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos y usar parte de las ganancias en la campaña electoral para la Primera Dama de Venezuela. Los condenados idearon un plan para trabajar con las FARC para enviar literalmente toneladas de cocaína a Estados Unidos.

   Agrega la demanda que un rasgo definitorio de la Empresa Criminal Maduro es la relación simbiótica entre sus principales miembros y el Cartel de los Soles y las FARC, trabajando mano a mano para perpetrar una conspiración narcoterrorista masiva, continua y altamente rentable dirigida contra Estados Unidos.

  Venezuela también proporciona un refugio seguro para las FARC y estas han asumido funciones estatales en regiones del país, teniendo un gran interés en apoyar al régimen de Maduro. La expansión a Venezuela ha permitido a las FARC llevar a cabo ataques en Colombia y resistir los golpes de las fuerzas de seguridad colombianas. Del mismo modo, refiere la demanda, Maduro proporciona a las FARC armas y municiones militares de alta gama, como armas antitanques lanzadas desde el hombro. A cambio, las FARC capacitan a las milicias y colectivos que funcionan como una unidad de las fuerzas armadas del Cartel de los Soles.

Los DDHH y el papel del SEBIN

   La demanda suma a las líneas de acción de la Empresa Criminal Maduro, los abusos contra los derechos humanos del régimen, siendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), uno de los brazos ejecutores de estas prácticas. Esta fuerza policial política es conocida por el hostigamiento, arresto, tortura y asesinato de presos políticos en Venezuela.

   Precisa que el SEBIN tortura habitualmente a detenidos y presos en su sede, un edificio de oficinas de 16 pisos en la Plaza Venezuela de Caracas. Este edificio también incluye cinco pisos subterráneos, apodados "La Tumba" por los funcionarios venezolanos. Allí, los presos políticos se mantienen en condiciones inhumanas a temperaturas bajo cero y sin ventilación, saneamiento ni luz natural. Las celdas son de dos por tres metros, con una cama de cemento, cámaras de seguridad y puertas enrejadas, cada celda alineada una al lado de la otra para que no haya interacciones entre los presos. Estas condiciones han provocado que los presos enfermen gravemente, a pesar de lo cual se les niega el tratamiento médico. El SEBIN también detiene a presos políticos en un segundo edificio, conocido como El Helicoide. La demanda describe toda la actividad criminal del SEBIN.

Cleptocracia y corrupción

  La demanda además describe al régimen de Nicolás Maduro como una cleptocracia que ha saqueado sistemáticamente a Venezuela, según lo ha afirmado la Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan.

  La Empresa Criminal Maduro blanqueó el producto de sus actividades delictivas a través de los Estados Unidos, especialmente el sur de Florida, indica la demanda.

La Empresa Criminal Maduro contra Albán

  Ante las denuncias que Fernando Albán formuló contra el régimen criminal de Nicolás Maduro, incluso en la asamblea de la ONU, la familia comenzó a recibir amenazas de muerte que llevaron a que la esposa del concejal y sus hijos tuvieran que huir a los Estados Unidos donde pidieron y obtuvieron asilo en julio de 2018.

  Tales denuncias, sostienen los demandantes que a razón de la persecución que el régimen de Maduro emprendió contra Albán y la delegación de su partido político, Primero Justicia en Nueva York, decidió arremeter contra el dirigente, capturarlo y luego asesinarlo.

   Para ello, la Empresa Criminal Maduro secuestró, a través del SEBIN, a Fernando Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando regresó de Nueva York a Venezuela el 5 de octubre de 2018.

  La demanda describe todo lo que califica como un secuestro y cómo le fabricaron cargos para justificar su detención y cómo agentes del SEBIN lo trasladaron al Palacio de Justicia donde fue presentado a un tribunal que declinó competencia y lo remitió al Tribunal de Control de Terrorismo, una instancia judicial utilizada por el régimen de Maduro para atacar a los líderes de la oposición.

  Asegura la demanda que el régimen de Maduro torturó y asesinó a Fernando Albán.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN, luego de torturarlo y asesinarlo, arrojó el cadáver de Albán desde el décimo piso de su sede.

  El fiscal general, Tarek William Saab, anunció por teléfono durante una transmisión por la televisora estatal VTV, que Albán “se había suicidado”, una historia que no resistió el escrutinio por mucho tiempo porque los baños en desde los cuales se dijo que se había lanzado, no tienen ventanas.

  Más tarde, el ministro del Interior, Néstor Reverol, hizo una declaración diferente, según la cual, Albán se lanzó desde la sala de espera.

  La demanda describe todas las contradicciones en que el régimen incurrió al informar del caso.