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martes, 23 de febrero de 2021

Juez ordena que Emma Coronel Aispuro, acusada de delitos de narcotráfico, permanezca en la cárcel durante el proceso judicial

   La acusada enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua si es hallada culpable de los delitos por los cuales será procesada. También tendría que pagar una multa de $10.000.000. al gobierno de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

  Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, fue presentada este martes ante un tribunal del Distrito de Columbia. Luego de la lectura de cargos, la corte ordenó que la acusada de traficar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a sabiendas que serían enviadas a los Estados Unidos, permanezca bajo custodia de las autoridades durante su proceso judicial. No se fijó la fecha de la próxima audiencia.

   Coronel también es acusada de ayudar e incitar a otros a cometer delitos vinculados a la fuga de su esposo, Joaquín Guzmán Loera de la cárcel del Altiplano en México. Guzmán  fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de diez cargos graves de narcotráfico por un jurado en Nueva York en 2019.

  Emma Coronel Aispuro fue arrestada el 22 de febrero en el aeropuerto de Dulles, Virginia, Estados Unidos y permanece bajo custodia en el centro de detención federal en Alexandria.

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   Coronel Aispuro juró con su mano levantada que contestaría con la verdad todas las preguntas hechas por la juez, Robin Mariweather. La acusada estuvo asistida por una intérprete en español. Se le preguntó si estaba de acuerdo con que la audiencia se realizara por videoconferencia debido a la pandemia, a lo que Coronel respondió que aceptaba.

  Seguidamente, la juez Mariweather leyó los cargos contra Coronel Aispuro  que violan el Código de Estados Unidos, títulos 21 y 18. 

 Se le advirtió que de llegarse a encontrar culpables de los delitos enfrenta una condena mínima de 10 años y un máximo de cadena perpetua y una multa de $10. 000. 000.  

  La juez también leyó los derechos a permanecer en silencio, a una defensa imparcial, a  juicio sin demora, y que no puede ser obligada a declarar en su contra. Por tener doble nacionalidad también puede contactar a los representantes de los diplomáticos de su país, México.

  Los abogados Lichtman y Colón Miró informaron al tribunal que habían sido contratados privadamente por la acusada y que las solicitudes ante el tribunal para la representación ya habían sido ingresadas. La admisión de Colón está en proceso de admisión en el colegio de abogados.

   La juez admitió a ambos abogados para que representen a la acusada, al igual que informó a los fiscales y a la defensa para producir las evidencias. De no hacerse puede conllevar a un desacato y a que el caso se desestime.

  Lichtman pidió que se entregue los antecedentes del caso basado en las reglas federales. 

   La Fiscalía estadounidense señaló que Coronel trabajó estrechamente con el cártel de Sinaloa, y en particular con Joaquín el Chapo Guzmán, quien fue procesado y condenado en Estados Unidos.  

 La fiscalía sostuvo que Coronel confabuló para que el cártel de Sinaloa traficar  grandes cantidades de drogas a EE. UU. y tenía acceso a los bienes y dinero  de la organización criminal que dirigió su marido. Debido al manejo de enormes recursos tiene un gran riesgo de fuga. "Razón por la cual se justifica su detención hasta que se produzca el juicio", advirtió.

  De acuerdo a la queja criminal, dada a conocer por el Departamento de Justicia, Emma Coronel fue detenida en Virginia "por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional”.

  Según los papeles del caso, Coronel fue acusada en una denuncia penal por conspiración para distribuir “un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos”. También se le relaciona con la planificación de otra fuga de prisión con otros cómplices cuando Guzmán Loera  estaba arrestado en la prisión del Altiplano en  México en 2016, un año antes de ser extraditado a los Estados Unidos en enero de 2017.

  

lunes, 22 de febrero de 2021

Serie: Los papeles secretos de la Electricidad de Caracas (Parte II)

  Bajo administración de Javier Alvarado, la Electricidad de Caracas otorgó a Derwick Associates S.A y Duro Felguera contratos que superan los US$ 1637 millones de dólares.

Por Maibort Petit

  Entre septiembre de 2008 y junio de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas otorgó al menos USD 1.637.179.180,80 en contratos a un grupo de empresas altamente cuestionadas, resultando las más favorecidas Derwick Associates S.A y Duro Felguera. Unas negociaciones que significaron un desfalco al erario público venezolano, máxime porque dichas contrataciones no remediaron el problema que se suponía iban a solucionar: la crisis eléctrica.    Contratos otorgados a dedo sin que se hayan realizado procesos licitatorios como exige la ley, significaron que el estado venezolano entregó a empresas altamente cuestionadas al menos USD 1.637.179.180,80 —de algunos no disponemos la cifra— en menos de un año al amparo de la emergencia decretada por el gobierno. Así lo revelan una serie de documentos, actas y contratos de C.A. Electricidad de Caracas que están en nuestras manos.

  En esta segunda entrega de la serie en la que estamos dando a conocer la documentación que prueba las contrataciones que la C.A. Electricidad de Caracas llevó a cabo durante la gestión de Javier Alvarado como presidente de la empresa estatal y en los que se puede apreciar como las cuestionadas Derwick Associates S.A. y la española Duro Felguera figuran entre las compañías favoritas con que negoció para atender la crisis eléctrica que ha padecido Venezuela en los últimos años y que, lejos de solucionarse, se ha agravado.

  Ambas empresas han sido seriamente cuestionadas al relacionárseles con hechos de corrupción derivados de su gestión en el contexto de la referida crisis eléctrica. La primera ha sido señalada de supuestamente vender equipos chatarra con sobreprecio. A la segunda se le acusa de presuntamente haber estafado a Venezuela con la construcción de una central eléctrica inservible, con problemas operativos y de diseño, así como con un 400 por ciento de incremento de su valor real.

  Además, la Asamblea Nacional determinó que la EDC pagó un gran anticipo a Duro Felguera por los trabajos y esta solamente entregó un 10 por ciento de la obra. “El gobierno venezolano pagó un adelanto a Duro Felguera para la construcción de la planta eléctrica y la compañía apenas entregó el 10%. El pago de comisiones y mordidas fue en detrimento del diseño y la calidad de la obra. Hubo graves problemas con la tubería de enfriamiento, que estaba a cargo de Protesa, empresa asociada a Duro Felguera”, aseguró el diputado opositor Julio Montoya, quien dirigió las investigaciones llevadas a cabo en el seno del parlamento venezolano y que presentó una denuncia en contra de la empresa española ante la Fiscalía Anticorrupción de esa nación en declaraciones que recoge el portal Aserne y en el cual también puede leerse que “La empresa española no cumplió ni los plazos de entrega ni la calidad prometidas en su proyecto, según concluyen los informes parlamentarios que también han sido trasladados a la fiscalía venezolana”.

  Según su página web, Duro Felguera es una “compañía especializada en la ejecución de proyectos ‘llave en mano’ para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas; la prestación de servicios especializados para la industria y la fabricación de bienes de equipo. Con más de 150 años de experiencia en las actividades industriales, actualmente DF desarrolla proyectos integrales para la construcción de todo tipo de centrales de generación eléctrica, instalaciones para el tratamiento de minerales y el manejo de graneles, plantas para almacenamiento de combustibles y otras instalaciones en el sector de Oil & Gas. La compañía lleva a cabo todo el proceso de los proyectos: ingeniería, suministros, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento”.

   De esto dimos un adelanto en la primera entrega, pues en dicha nota vimos cómo comenzó a prepararse el terreno para las acciones ulteriores de la directiva de EDC que derivaron en los hechos de corrupción de que ha dado cuenta abundantemente la prensa internacional, en mayor medida y, la prensa venezolana en la posibilidad de que han logrado sortear la censura impuesta por los dos últimos gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  En estos hechos tiene un especial protagonismo Javier Alvarado, quien se convirtió en presidente de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas en 2007 cuando el para entonces vicepresidente ejecutivo de la república, Jorge Rodríguez, lo juramentó, junto al resto de los integrantes de dicho cuerpo rector. Quedó integrada dicha directiva —además de Alvarado— por quienes cumplían funciones como directores principales, Antonio Simancas, Alejandro Borjas, Jesús Rangel, Alberto Urdaneta, mientras que como suplentes fungían Nicolás Veracierta, Darío Merchan, Carlos Luengo y Genel Severeyn.

  En los resúmenes de las actas que de reunión de la junta directiva de la EDC que presentamos a continuación y en las próximas entregas, veremos cómo fueron configurándose los hechos acusados en las primeras líneas por parte de la directiva de la C.A. Electricidad de Caracas en conjunción con las empresas señaladas.

  Igualmente, podremos observar cómo Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, gerente funcional de asuntos legales de la empresa, quien en la actualidad es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas, pasó de ser un “invitado permanente” a las reuniones de junta directiva de la empresa estatal, a convertirse en directivo de la misma.

  De este personaje ya hemos referido en el reporte anterior, que llegó a alcanzar un poder inexplicable dentro de la Electricidad de Caracas con atribuciones y facultades más allá de las que su cargo le permitía.

Comienzan a concretarse las contrataciones

  El 5 de septiembre de 2008 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas constituida por Javier Alvarado en su carácter de presidente, Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con la presencia del invitado permanente Luis Carlos De León Pérez (gerente funcional de asuntos legales) e Iliany Mata, como secretaria, aprobó el plan especial de contrataciones en el área de distribución; asimismo la contratación de las obras de movimiento de tierra para la Planta Termoeléctrica Termocentro y la Subestación El Castaño; se aprobó la contratación por vía de excepción lo relativo a la recuperación del alumbrado público y sistemas de distribución de algunos sectores del casco central de Caracas; se analizó la oferta de equipos complementarios de tres unidades modulares de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, el estado Vargas y Nueva Esparta.

  Igualmente se discutió el incremento de la capacidad de generación de 500 MW a 1.610 MW del Complejo Generador Termocentro.

  También se estudió la solicitud de autorización para ejecutar la contratación de GTME de Venezuela S.A. para el servicio de contratación de obras eléctricas y de acometida de distribución para la Zona Metropolitana, regiones Centro, Este y Oeste y la región Vargas de la C.A. Electricidad de Caracas.

  Se delegó en el director de operaciones y/o el gerente operativo de producción, la suscripción de documentación del proceso, incluida el acta de inicio, el otorgamiento de las adjudicaciones y la firma de los contratos respectivos.

  Javier Alvarado pidió analizar la oferta de equipos complementarios de tres unidades modulares de generación como parte del proceso del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, el estado Vargas y Nueva Esparta. Sobre esto el gerente funcional de ingeniería y proyectos, José Romero, recomendó la compra del Generador Diesel para Black Star, equipos de tratamiento y suministro de agua, equipos de filtrado y suministro de diésel, equipos de tratamiento y compresión de gas, así como repuestos para garantizar el funcionamiento de las unidades de generación.

  La junta directiva resolvió autorizar la compra con la empresa Wellington Turbines LLC de los equipos complementarios y repuestos para la unidades de generación Pratt & Wittney de 60 MW, tipo FT8 Swiftpac cuya compra se aprobó por la directiva el 20 de agosto de 2008, por USD 17.327.907 para asegurar la puesta en marcha de las unidades en el Proyecto de Generación de Respuesta Rápida en los terrenos de La Raisa en el contexto del Complejo Generador Termocentro.

  La directiva también autorizo a la gerencia funcional de ingeniería y proyectos para solicitar ofertas técnico-económicas a las empresa Duro Felguera S.A. para las obras y servicios de la ejecución preliminar y del IPC de la Planta Termoeléctrica Termocentro; y a Turbocare C.A. para servicios de rehabilitación de dos turbogrupos W501DS, suministro de equipos y repuestos, instalación, puesta en marcha y asesoría técnica en el proyecto Planta de Generación La Raisa.

  Alvarado igualmente pidió autorización para contratar a la empresa GTME de Venezuela S.A. para el servicio de construcción de obras eléctricas y acometida de distribución para la Zona Metropolitana, regiones Centro, Este y Oeste y la región Vargas de la C.A. Electricidad de Caracas

  Se incrementa el presupuesto 2008 y uso del Fondo Chino

   El 24 de septiembre de 2008 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, discutió el proyecto de presupuesto de la empresa para 2009 y el proyecto modificado del presupuesto 2008; al estrategia de contratación del Proyecto de Ampliación de Generación en el Conjunto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, Planta Picure y Generación de Respuesta Rápida (GRR); la autorización para delegar en el director de finanzas la facultad de aprobar operaciones de colocaciones por montos superiores a 2 millones de unidades tributarias.

  Javier Alvarado intervino para solicitar la aprobación de la contratación con recursos del Fondo Conjunto China Venezuela (FCCV) para procura de unidades modulares de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, Vargas y Nueva Esparta.

   Lo anterior contemplaba la ampliación de la subestación Tacoa 230 KV; la nueva subestación y sistema de transmisión asociada al CC 540 MW; desmantelamiento y construcción de almacenes;: desmantelamiento y construcción del campamento de contratistas; adecuación de la estación de gas existente; adecuación de líneas de transmisión de interconexiones existentes; demolición y disposición de componentes de la Planta Arrecife para futuros proyectos; reubicación de helipuerto; estudio de operación y mantenimiento.

  Alvarado explicó que la distribución de los recursos del FCCV sería: USD 195 millones asignados al Proyecto Complejo Termoeléctrico Termocentro; y USD 115 millones asignados al Proyecto de Ampliación de Generación en la Isla de Margarita.

  La idea era dotar a la región central de autonomía dada su excesiva dependencia de la generación de las centrales hidroeléctricas de Guayana y la transmisión asociada que se manifestó en la falla eléctrica del 29 de abril de 2008. En este sentido, la junta directiva de Corpoelec aprobó la fusión en un megaproyecto de la Planta La Raisa y el Complejo Generador Termocentro.

   Asimismo, la falla eléctrica del 1° de septiembre de 2008 llevó a decidir la ampliación del Proyecto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas y de la Planta La Raisa.

  Las decisiones fueron: aprobar la ampliación del Proyecto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas; ampliar el Proyecto La Raisa como parte del Complejo Generador Termocentro para instalar 200 MW adicionales a los 330 MW de Generación de Respuesta Rápida que, sumados a los 1.080 MW de la Planta El Sitio suman 1.610 MW para el Complejo Generador Termocentro.

   Se decidió ajustar el presupuesto 2008 a USD 116 millones que debían ser reasignados al proyecto de ampliación de generación Margarita y cargados el proyecto del Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas reasignado para los proyecto a ejecutar en 2008.

  Se resolvió ampliar la facultad del director de finanzas para aprobar operaciones de colocaciones por montos superiores a 2 millones de unidades tributarias con una vigencia comprendida entre el 1° de octubre de 2008 y el 31 de marzo de 2009.

Entran Derwick y Duro Felguera en escena

   En reunión de junta directiva de la que no podemos precisar fecha al no contar con esa parte del documento, pero que estimamos ronde entre los meses de septiembre y diciembre de 2009, Javier Alvarado solicitó aprobar la oferta de dos unidades de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, Vargas y Nueva Esparta.

   En virtud de que el 20 de agosto de 2008 la directiva aprobó la compra de equipos modulares de generación por ser la mejor opción para la fase inicial del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida por su flexibilidad, tiempo de entrega, instalación, transporte y operación con gas y diésel y en razón de que Derwick Associates S.A. presentó el 7 de noviembre de 2008 una oferta de dos equipos de generación de 22 MW, marca General Electric, tipo LM2500 PC Turbines para ser entregadas, una unidad en diciembre de 2008 y otra en enero de 2009, se expuso la conveniencia de aprobar la contratación, como en efecto se resolvió por USD 31.300.000.

  También se aprobó, deducimos que en la misma fecha, contratar a la empresa Duro Felguera S.A. para las obras y servicios de la ejecución preliminar de la Planta Termocentro por USD 215.000.000. Se aprobó que el director de integración de procesos suscribiría el contrato con la empresa española.

Nuevo contrato a Derwick y se amplía vigencia del de Duro Felguera

   El 27 de marzo de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, se presentó la propuesta de estrategia de contratación y, en tal sentido, se pidió a la directiva autorizar la solicitud de oferta a Derwick Associates S.A., representante en Venezuela de ProEnergy Services lo que resultó aprobado basado en el numeral 1 del artículo 76 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente para la fecha y que estaba referido a los supuestos que permitían la contratación directa independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justificara adecuadamente su procedencia. Se le solicitaría la actualización de la contratación de IPC para la instalación de equipos modulares de generación (3 x 60 MW Pratt & Witney) para la Planta de Generación.

La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro

   Alvarado también pidió a la junta directiva aprobar la extensión de la contratación de la empresa Duro Felguera S.A. para obras y servicios preliminares de la Planta de Generación Termocentro el cual se suscribió el 3 de diciembre de 2008 con vigencia hasta el 31 de marzo de 2009, mientras se acordaban los términos de la oferta definitiva. En razón de que la oferta presentada por la empresa el 4 de febrero aún estaba en estudio, se solicitó aprobar un Addendum del citado contrato de diciembre de 2008. Se aprobó la extensión hasta el 30 de abril de 2009.Otros contratos, otras empresas

   En fecha no determinada, pues no figura en la parte de los papeles que están en nuestro poder, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas resolvió con base a las recomendaciones de la Comisión de Contrataciones N° 2, adjudicar los lotes 1 y 2 a la empresa China Profit Co. LTD por USD 72.200.000, equivalentes a Bs 155.230.000 (precio FOB). Los gastos de importación e impuestos serían asumidos por la EDC. Se acordó un anticipo del 30 por ciento y el 70 por ciento restante mediante Carta de Crédito Confirmada.

 Como segunda opción se aprobó adjudicar los lotes 1 y 2 a la empresa World Business en caso de que la otra empresa no mantuviera la oferta no suministrara las garantías debidas o le fuera anulada la adjudicación por haber suministrado información falsa.

  También se aprobó adjudicar como primera opción el lote 3 a la empresa World Business S.A. por USD 19.800.000 equivalentes a Bs. 42.570.000 (precio FOB). La C.A. Electricidad de Caracas asumió los gastos de importación e impuestos. Se dará un anticipo de 20 por ciento y el restante 80 por ciento mediante Carta de Crédito Confirmada. La segunda opción era para China Profit Co. LTD.

Nuevo contrato a Derwick

  El 29 de abril de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas presidida por Javier Alvarado (presidente), con la participación de los directores Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Iliany Mata, como secretaria, a solicitud de la presidencia se analizó y se resolvió aprobar la contratación de la empresa Derwick Associates S.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación LM2500 y dos unidades de generación LM6000 en el Proyecto de Ampliación de Generación en el Complejo Generador Planta Josefa Joaquina Sánchez Bastidas por USD 50.814.011 (componente en dólares y Bs. 29.679.6955,20.

También Duro Felguera se hace de otro contrato

  El 27 de mayo de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta, Carlos Luengo y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, analizó la solicitud de autorización para declarar desierto y dar por terminados los concursos internos de oferta de las gerencias operativas de generación y transmisión previstos en el plan excepcional de contrataciones y resolvió aprobar, de acuerdo al numeral 1 del artículo 76 de la Ley de la Ley de Contrataciones Públicas, la contratación de la empresa Duro Felguera S.A. para los servicios de Ingeniería, procura y construcción (IPC) de la Planta de Generación Termocentro asociado al Complejo Generador Termocentro.

  El costo del contrato fue de € 510.241.202, USD 911.973.314 y Bs. 1.239.791.128.

Luis Carlos De León Pérez se integra a la directiva de la EDC

   El 10 de junio de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado en su carácter de presidente), los directores Genel Severeyn, Alberto Urdaneta. Se incorporó ahora también como directivo de la empresa estatal, Luis Carlos De León Pérez (no disponemos del acta de la junta directiva en la que se le incorporó como integrante, pero obviamente fue un hecho ocurrido entre los últimos días de mayo y los primeros días de junio del citado año 2009) y fungiendo Iliany Mata como secretaria, autorizó la solicitud de oferta técnico-económica de las empresas:

   GTME de Venezuela S.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación (85 MW 700IEA General Electric) en la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

  Derwick Associates S.A. para la adquisición de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

   Derwick Associates Corporation para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

  La Gerencia Funcional de Ingeniería y Proyectos debía hacer la evaluación de las ofertas y presentarla a la consideración de la junta directiva para su aprobación.

   Se aprobó la contratación de la empresa Inversora Cerro Azul C.A. para servicios de ingeniería, procura y construcción del gasoducto asociado al Complejo Generador Termocentro por USD 9.063.928,80 y Bs. 91.589.071,48 incluyendo IVA, con una anticipo de 50 por ciento de la porción en dólares y de 30 por ciento para la porción en bolívares del contrato.

   En la próxima entrega continuaremos dando a conocer a nuestros amables lectores, los procesos de contratación de la C.A. Electricidad de Caracas durante la gestión de Javier Alvarado, negociaciones que construyeron un fraude al estado venezolano pero que enriquecieron a un grupo de personas de los cuales algunos enfrentan a la justicia en la actualidad.

viernes, 19 de febrero de 2021

El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes

  El chavismo trastocó la vida venezolana y la convirtió en un escenario donde conviven las organizaciones criminales y le dan sustento al gobierno de Maduro.

Por Maibort Petit

  “El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes. Es un ensamblaje reticular y dinámico que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de mando”.

  Así lo establece el informe “Esto es venezuela. Entre la estabilización y la amenaza de un estado en disolución” elaborado por “The Risk Awareness Council” (TRAC), organización no gubernamental dedicada al estudio de los riesgos políticos y de seguridad surgidos de la complejidad del mundo globalizado.

   Refiere el estudio fechado en enero de 2021, que régimen se vale de la actividad criminal para sostener el poder, al tiempo en que está influenciado por los modelos de conflicto desiguales en el poder de fuego o asimétricos.

  Sostiene que los recursos que administra la red están destinados a mantener el poder, para lo que han fraccionado el territorio para entregarlo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinérgica con la tiranía.

  Se trata, pues, de un esquema cooperativo que destaca el valor que tienen la ocupación y control territorial para los emprendimientos político-criminales, pues generan un ecosistema autosustentable para todas las partes.

  Refieren que esta tiranía criminal convirtió a Venezuela una nación inviable para satisfacer las mínimas condiciones de seguridad humana de sus habitantes, pues en el país no es posible desarrollar políticas públicas sustentables, en razón de la destrucción institucional del Estado y el abandono de su infraestructura. Por ello, es un espacio donde convergen organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas cuyas operaciones se han integrado al mando político-militar del régimen, convirtiéndolos en socios para el delito internacional.

  El informe de TRAC estima que los intentos para resolver la crisis venezolana, tanto domésticos como internacionales, se han visto entorpecidos, primero, por la compartimentación del poder dentro del propio régimen, y segundo, por la falta de claridad estratégica de la oposición y sus aliados en el mundo.

  Se indica que el estado al que ha llegado Venezuela, obliga a establecer como prioridad detener el sufrimiento de la población, para lo cual hay que remover de raíz la estructura criminal que detenta el poder. Se alerta que no será posible un cambio positivo si se mantienen las actuales condiciones de vida de los habitantes y si permanecen en el mando algunos de los liderazgos de estas redes. De no atender esta advertencia, se corre el riesgo de que el régimen, contrario a lo esperado, se estabilice y se expanda aún más.

  Igualmente, el informe es enfático al señalar que el dilema para la comunidad internacional no se circunscribe a si se requiere o no su participación activa y decidida en el abordaje de la crisis, sino de establecer “qué tipo de resolución tendrá que ocurrir para detener el drama humanitario, la violencia interna y la amenaza regional que representa la tiranía criminal venezolana”.

El panorama

  A la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, se propuso establecer una revolución transregional financiada con las riquezas venezolanas aun en detrimento de la población del país. El carácter internacional se lo otorga la participación de Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba.

  El proyecto revolucionario se aceleró con la entrada al escenario de Nicolás Maduro, quien estableció alianzas y conformó redes con organizaciones criminales con el objetivo de sostenerse en el poder.

  En la actualidad, las fuerzas armadas que anteriormente eran factor preponderante, han sido desplazadas por “redes ilícitas, junto con los actores externos estatales y no estatales, [que son] el nuevo centro de gravedad del poder y quienes mantienen al régimen de Maduro al mando”.

  Es así como el poder en Venezuela está compartimentado en una compleja red militar, política y criminal dirigida a impedir el cambio de régimen, una tarea que se ha hecho más cuesta arriba, por la utilización de premisas incorrectas al momento de diseñar las estrategias para sacarlos del poder.

  Considerar a las fuerzas armadas como una institución institucional y jerárquica subordinada al poder civil del gobierno interino, es uno de esos errores. De allí que el sector castrense no sea un socio confiable para procurar el fin de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.

  Paralelamente, el régimen ha fortalecido el aparato coercitivo a la par de que el país se ha empobrecido.

  El estado venezolano se ha hecho inviable mientras el crimen organizado, las redes terroristas globales y otras amenazas transregionales convergen en el país, convirtiéndolo en centro de operaciones logísticas para su beneficio.

  En este panorama, los recursos provenientes de economías criminales, tales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, “facilitan el uso de herramientas de conflictos asimétricos que tienen como objetivo expandir su área de influencia y asegurar la permanencia de la tiranía en el poder”.

  En el plano internacional ha habido un desgaste de la política de los EE. UU. que brindó su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. También se discute la efectividad de las sanciones impuestas al régimen. El régimen de Maduro las denuncia como causa del deterioro de la calidad de vida de la población. Sin embargo, son muchas las evidencias que apuntalan su pertinencia.

  Venezuela se ha convertido en un eje importante del narcotráfico, las empresas estatales en instrumentos para la legitimación de capitales y el régimen y sus socios internacionales trabajan sistemáticamente para desestabilizar políticamente el continente.

La pandemia como instrumento de control

  El informe asegura que el régimen de Nicolás Maduro convirtió la pandemia del Covid-19 en estrategia para el control de la población. Es así como, fingiendo un máximo control de la situación, han restringido la movilidad de las personas, con lo cual han podido paliar la crisis por la escasez de gasolina.

  Hay un férreo control de la información sobre los casos y muertes que indican un subregistro de las cifras.

El posible conflicto interno

  El estudio refiere que el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU evidenció la violación sistemática y continuada del debido proceso, la tortura física y psicológica y la comisión de delitos ordenados desde la cúpula del poder en contra de la población civil.

  Apunta la existencia de un clima de conflictividad del país que se manifiesta a diario en decenas de protestas por múltiples causas. También se indica que en Venezuela hay 359 presos políticos y en los últimos 6 años, más de 15 mil personas han sido procesados por protestar. Se alerta que de no cambiar esta dinámica de la violencia es predecible que en poco tiempo el caos se apodere del país.

  Además, la población podría quedar en el medio del fuego cruzado que se podría generar por la debilidad del estado y la fragmentación del territorio para entregarlo a los grupos criminales que pudieran llegar a enfrentarse.

El futuro

  El régimen intenta construir la percepción de que la llegada de nuevo gobierno a la Casa Blanca, podría favorecer su estabilización en el poder.

  Su objetivo es sobrevivir en el poder a cualquier costo, puesto que esa es la única manera que posee para desarrollar su política. Depredar el orden productivo es su modus operandi y por ellos requiere expandirse y tomar el control de nuevos territorios, lo cual es una grave amenaza para la región.

  La confrontación convertida en política y estrategia ya trasciende el escenario nacional, habiendo instaurado el régimen el modelo Modelo de Guerra Popular Prolongada (GPP). No se descarta, advierte el informe, que la confrontación vaya más allá de la narrativa política.

  Entretanto, Estados Unidos y el resto de los países han construido un dique de contención del régimen que entorpece la expansión de la revolución mediante acciones como las investigaciones por violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, las sanciones económicas y la operación antinarcóticos desplegada en el Mar Caribe desde abril de 2020.

  El enfrentamiento de estas fuerzas podría derivar en una desescalada a través de una negociación de salida de los jerarcas del régimen para dar paso a la transición democrática; o en la ascensión a un estadio final y resolutivo mediante “una operación multidimensional orientada a salvaguardar los intereses de los estados que podrían ser agredidos por la revolución bolivariana y/o sus aliados transnacionales, proteger la población y estabilizar el territorio”. 

lunes, 8 de febrero de 2021

Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones

  Desde que en noviembre la corte decidiera designarle un abogado público, el denominado piloto de Tareck El-Aissami es defendido por Kelley J. Sharkey.

Por Maibort Petit

   Ser propietario[1] de la empresa My Jet Sarver LLC[2], no ha sido óbice para que Alejandro Javier Marín recibiera el beneficio de la defensa pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es procesado por mentirle al gobierno de los Estados Unidos en el contexto de un programa de cooperación en el que agentes federales recibían información con relación a un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Tareck El-Aissami.

   Marín enfrenta tres cargos por hacer una declaración falsa a un agente federal, a saber, una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) respecto a la retención de un dinero durante una operación encubierta en la que participaba como informante. Uno de estos interrogatorios se produjo el 18 de agosto de 2020 y los otros dos el 28 de agosto del mismo año.

   En enero de 2018, Alejandro Marín había firmado un acuerdo para actuar como fuente confidencial de HSI y se comprometió a cooperar en una investigación relacionada con transacciones irregulares e ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero. En ese contexto, en junio de 2018 participó en una operación de la investigación y debía transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado. Marín debía recoger el dinero de las ganancias ilícitas y llevar el avión a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

   El imputado ocultó el destino de parte del dinero[3]. Cuando se le consultó si había recibido alguna vez una suma de USD 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos, Marín dijo que no, cuando en realidad sí lo había recibido. En pocas palabras, el imputado sustrajo la cantidad de los paquetes que debía transportar en la operación[4].

  Alejandro Javier Marín se acogió a la defensa pública pero la fiscalía cuestionó tal prerrogativa y la jueza de la causa, Debra Freeman ordenó establecer cuál es la realidad financiera del acusado quien insiste en afirmar que, pese a ser un empresario, los ingresos que percibe se destinan casi en su totalidad al pago de un préstamo de USD 1,4 millones.

  Pero ese no ha sido el único beneficio recibido por Marín durante el tiempo en que ha estado procesado por la justicia estadounidense, pues igualmente recibió un préstamo de USD 400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del expresidente, Donald Trump, destinado a ayudar a las empresas durante la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19[5].

Designación del abogado público

  El 18 de noviembre de 2020, la juez de primera instancia de los Estados Unidos, Debra Freeman, ordenó continuar que Alejandro Marín continúa disfrutando el beneficio de designación de un abogado en tanto se determine con certeza si el acusado está en capacidad o no de pagar defensa privada.

  Se advierte que, en una etapa posterior de estos procedimientos, el gobierno podría solicitar el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de la Ley de Justicia Penal.

  La corte también ordenó que la abogada designada para la defensa de Marín informe cualquier cambio en las circunstancias financieras de imputado durante el curso de su enjuiciamiento.

  Refiere la orden que el 13 de noviembre de 2020, fue presentado ante el referido tribunal, el imputado Alejandro Javier Marín, acusado de hacer una declaración falsa a un agente federal y se procedió a designarle temporalmente como abogado a Kelley J. Sharkey. Pero se advirtió, con base en la información financiera de la declaración jurada financiera de Marín y las hechas por el gobierno —opuesto al nombramiento de abogado— no estaba claro si el imputado era elegible para ello. Por tal razón, la corte ordenó a Sharkey informar si el nombramiento temporal debería continuar.

  La abogada designada había remitido al tribunal una correspondencia el 12 de noviembre de 2020, en la que esa instancia judicial encontró que, si bien Alejandro Marín parecía tener activos sustanciales, igualmente parecía estar significativamente endeudado y con poca liquidez en sus activos y sin efectivo disponible. Se indica que antes de su arresto, Marín presuntamente obtenía ingresos como piloto, luego de haber ordenado la prisión preventiva del acusado se desconoce si los ingresos continuarán. En este sentido, si bien el gobierno ha argumentado que podría obtener fondos de su negocio familiar aún en funcionamiento —recientemente obtuvo un préstamo PPE Pandemic de USD 400.000— el abogado Sharkey manifestó que, según su cliente, cualquier ganancia de la empresa se utiliza para pagar una deuda de USD 1.4 millones.

   Según la jurisprudencia no se necesita estar totalmente sin medios para calificar para el nombramiento de abogado, sino que el tribunal considere "las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de la defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia".

  Que se tenga conocimiento público, hasta la fecha Kelley J. Sharkey no ha informado a la corte de ningún cambio en la situación financiera de Marín que motive el retiro de la defensa pública.

  Sin embargo, como ya lo hemos dado a conocer anteriormente, Venezuela Política determinó que Alejandro Javier Marín es dueño de inmuebles en Brickell, Florida, posee autos lujosos y es titular de instrumentos financieros. Asimismo, la flota de aviones de su empresa, My Jet Saber, incluye aeronaves de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes casos de corrupción. Así, por ejemplo, dos de los aviones son propiedad de José Manuel González Testino; uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde, Álex Saab, señalado de ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara, deportado o expulsado de los Estados Unidos en octubre de 2020; entre otros[6].

REFERENCIAS

[1] Sunbiz. My Jet Sarver LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0701%5C00156932.Tif&documentNumber=L12000114362

[2] My Jet Sarver. http://www.myjetsaver.com/


 


[3] Venezuela Política. “Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.”. 7 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/juez-de-florida-ordena-traslado-nueva.html


[4] Venezuela Política. “Arrestan al piloto venezolano, Alejandro Javier Marín por mentir al gobierno de EE. UU. en el marco de su colaboración en un caso de unos asociados a Tareck El Aissami”. 26 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/arrestan-al-piloto-venezolano-alejandro.html


 


[5] Venezuela Política. “Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.”. 19 de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/aunque-esta-preso-por-mentirle-los.html


 


[6] Venezuela Política. “Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.”. 7 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/estas-es-la-flota-de-aviones-de-my-jet.html


 


 

viernes, 22 de enero de 2021

Defensa insiste en que la Corte de Estados Unidos carece de jurisdicción para juzgar a Álex Saab

  Una serie de credenciales probarían que el empresario colombiano está investido de inmunidad diplomática y, por tanto, escapa no puede ser procesado.

Por Maibort Petit

   Firmes en su estrategia de presentar al empresario colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, como un 'agente diplomático' del régimen venezolano, la defensa presentó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, una serie de cartas y credenciales que, supuestamente, probarían tal carácter y, por tanto, le atribuirían la inmunidad que impediría su extradición desde Cabo Verde donde está detenido, a territorio de los Estados Unidos donde es solicitado por estar, presuntamente, incurso en el delito de lavado de dinero.

   Entre los documentos que los abogados de la firma Baker & Hostetler LLP entregaron al tribunal, se encuentra la credencial emitida por la cancillería venezolana en la se le designa como Enviado Especial, una carta que Nicolás Maduro le remitió al Ayatola Ali Jamenei, líder supremo de Irán, comunicaciones dirigidas por altos funcionarios del gobierno de Maduro dirigidos a funcionarios iraníes, comunicaciones en las que se le encomendaba a Saab la gestión de ayuda humanitaria, medicinas y gasolina, entre otros insumos, así como su nombramiento como Representante Permanente Alterno de Venezuela ante la Unión Africana.

  Documentación esta que supuestamente portaría el empresario al momento de su arresto por parte de las autoridades caboverdianas el 12 de junio de 2020.

  Estos papeles acompañaron una moción que los abogados de Saab presentaron ante la corte para desestimar los cargos por los que Estados Unidos lo acusa, bajo el argumento de que el acusado está investido de inmunidad diplomática y, por tanto, no puede ser procesado judicialmente.

  Cabe destacar que la referida credencial que acreditaría a Saab como Enviado Especial del régimen de Nicolás Maduro, data de abril de 2018.

  La moción para que la corte solicita que se anule la orden que le confiere a Álex Saab la condición de prófugo de la justicia de los EE. UU. y/o para que se le conceda una comparecencia especial para impugnar la acusación en razón de su inmunidad diplomática.

  Refiere la defensa que cuando el 26 de agosto de 2019, la corte le confirió a Saab la condición de fugitivo, por no haber comparecido, no consideró que este no había escapado, no es un evadido, pues no tenía ninguna razón para asistir dado que es un Enviado Especial del gobierno de Venezuela y, por tanto, está investido de inmunidad diplomática, de acuerdo a la Convención de Viena.

 Por lo tanto, a criterio de los abogados, el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia sobre esta acción y el arresto de Saab es ilegal.

  Subrayan que Álex Saab por su condición diplomática le debe lealtad a Venezuela y su adhesión a ella no puede considerarse un desafío de mala fe a la jurisdicción de la corte.

La credencial de Saab

  El 9 de abril de 2018, Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del régimen de Nicolás Maduro, otorgó a Álex Naim Saab Morán una credencial que lo acreditaba como Enviado Especial del gobierno venezolano.

  Con la designación se le encomendaba a Saab gestionar “la procura comercial y humanitaria de bienes y servicios de primera necesidad, destinados a los programas sociales de asistencia del Ejecutivo Nacional, especialmente alimentos; insumos, maquinaria y equipos para la producción y procesamiento de alimentos; medicinas, materiales, insumos y equipos médicos, quedando autorizado para sostener conversaciones con autoridades gubernamentales, representantes de instituciones y empresas de propiedad pública o privada, en la búsqueda de soluciones prácticas a las complejas situaciones que afectan a la República Bolivariana de Venezuela como consecuencia del bloqueo comercial y financiero a que ha sido sometida desde el año 2015”.

El pedido de Arreaza a Saab

  El 1º de abril de 2020, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, remitió la comunicación signada con el número 319, a Álex Saab, para solicitarle en su carácter de Enviado Especial, gestiones orientadas a la obtención de ayuda humanitaria, consistente en insumos para tratar la pandemia del Covid-19.

  También Arreaza pidió a Saab que, adicional a las habituales gestiones para la procura de alimentos y medicinas, esta vez negociara con las organizaciones de Irán, “con cuyas autoridades se han sostenidos esperanzadoras conversaciones en este sentido”.

Las cartas de Delcy Rodríguez

   El 1º de junio de 2020, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Maduro, remitió una comunicación a Sadegh Kharazi, asesor del gobierno iraní, para expresar el agradecimiento del gobierno venezolano por su apoyo y, al mismo tiempo invitarlo al país para consolidar las relaciones de cooperación y amistad.

  En la misma fecha, Rodríguez dirigió otra comunicación a Kazam Khavazi, ministro de agricultura iraní, para invitarlo a Venezuela.

Irán confirma agenda de visita de Saab

  El 8 de junio de 2020, la Embajada de la República Islámica de Irán en Caracas, emitió la Nota Verbal signada con el número 610/458732, dirigida al Viceministerio para Asia, medio Oriente y Oceanía de la cancillería venezolana en manos de Jorge Arreaza, para tratar lo concerniente a la “visita oficial” del enviado del gobierno de Nicolás Maduro, Álex Naim Saab Morán, a esa nación para tratar “el tema de la importación de alimentos”.

  Se informa al referido viceministerio que la empresa Irán Garment expresó su conformidad con la visita, la cual pautó para que se llevara a cabo entre los días 13 y 16 de junio de 2029.

  La comunicación, igualmente hace mención al requerimiento venezolano de envío urgente de medicamentos según lista remitida previamente, había sido revisada por los laboratorios iraníes, los cuales fueron instruidos para que brindaran el mayor apoyo posible, agendándose una reunión con Saab para el día 15 de junio de 2020. Se pidió en esta nota verbal que Venezuela enviara la segunda lista de medicinas en la que se detallara la cantidad trimestral de los mismos, a objeto de evaluarla con los laboratorios.

La carta de Maduro a Jamenei

   El 11 de junio de 2020, Nicolás Maduro remitió una comunicación al Ayatola Ali Jamenei, líder supremo de la revolución islámica de Irán, para solicitarle su intervención de manera que se garantizara el envío urgente de cinco millones de barriles de gasolina para ese mismo mes.

   Igualmente, Maduro pidió a Jamenei que estos envíos de combustible se llevaran a cabo mensualmente por un año.

La carta de Arreaza a Saab

  El 1º de julio de 2020, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, remitió una carta a través del embajador de Venezuela en Cabo Verde, Alejandro Correa —catalogada como privada confidencial y diplomática—, dirigida Álex Naim Saab Morán, “Enviado Especial a la República de Irán”, con el objeto de expresarle su solidaridad.

   Alertaba Arreaza en la misiva que sabía que la lucha contra el poder que ejercería el gobierno del para entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el la República de Cabo Verde para que fuera aprobada la solicitud de extradición del empresario que habían presentado, sería dura, pero “el Presidente de la República [Nicolás Maduro] confía en que usted prevalecerá”-

  En la comunicación, el canciller de Maduro le refiere a Saab que, dada su condición de Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela y en consideración de que la política exterior del país forma parte de los planes integrales en materia de seguridad y defensa, le recordaba al empresario que la información que este poseía es considerada “clasificada” por la ley.

  Tal observación obedecía a que el régimen de Maduro tenía “razones bien fundadas para estimar que, en caso de ser extraditado a los Estados Unidos, usted será presionado por cualquier método, legítimo o no, para la revelación de dicha información, lo que supondría un gran riesgo para nuestro país”.

 Conminó Arrea a Saab en la misiva a mantener el secreto, confidencialidad y lealtad de la información que posee por estar obligado en su carácter de “Enviado Especial”, por lo que cualquier violación a estos, lo harían objeto de sanciones y de la posibilidad de enfrentarse a un proceso legal.

  Remató Jorge Arreaza con la advertencia de Nicolás Maduro de que si Álex Saab aceptaba ser extraditado voluntariamente a los EE. UU., tal hecho suponía la vulneración de la seguridad y defensa de Venezuela.


Nombramiento de Saab como representante de AU

  El 24 de diciembre de 2020, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, emitió la Resolución identificada con el número DM Nº 380, en la que designó a instancias de Nicolás Maduro, a Álex Saab Morán, como Representante Permanente Alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Africana (AU).



Defensa de Álex Saab recurre a todo tipo de acciones para detener la extradición del empresario a Estados Unidos

   Por todos los frentes atacan los abogados de quien es calificado como testaferro de Nicolás Maduro, para evitar que su cliente sea llevado ante la justicia estadunidense.

Por Maibort Petit

   Todo un epistolario en procura de detener el proceso de extradición del empresario colombiano, Álex Saab, a los Estados Unidos, ha instrumentado su defensa en los últimos días. Cartas suscritas por los abogados y el propio acusado, se han remitido a las cortes, a representantes del gobierno de Cabo Verde y hasta al recién juramentado presidente de los EE. UU., Joe Biden, en lo que parecen ser recursos desesperados por evitar que su representado enfrente los cargos de lavado de dinero de que se la acusa en la corte del Distrito Sur de la Florida.

La carta de Saab a Biden

  Desde su celda en una prisión de Cabo Verde, Álex Saab dirigió una carta al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que descalifica al saliente mandatario, Donald Trump, e insta al recién juramentado, a cambiar las “políticas corrosivas” de su antecesor.

 En la misiva, Saab manifiesta que “Trump creció odiando el socialismo, a los latinos, a los afroamericanos, a los musulmanes y casi todo lo que tiene vida, excepto a sí mismo” y agrega al momento de defender al régimen de Nicolás Maduro: “Entonces, ¿por qué nos odia? Porque si los pobres progresan, no puede explotarlos tanto. Su actitud no es nada más que básicamente la idea capitalista de explotar a los trabajadores”.

  Le refiere a Biden que la filosofía de Trump “es la del matón callejero: grita lo suficientemente alto sobre la libertad de pensamiento, pero los que piensen de forma diferente a mí morirán”.

  También hace mención a las sanciones emitidas por la administración de Trump en su contra, sus hijos y hermanos en clara alusión a la especie que ha circulado sobre la posibilidad de que Estados amplíe las investigaciones que le sigue, a sus familia y allegados.

  Igualmente, Álex Saab insiste ante Joe Biden en sus acusaciones de que, presuntamente, se violan sus derechos humanos con las condiciones de su reclusión: “En el transcurso de los últimos siete meses de detención ilegal en Cabo Verde, he tenido mucho tiempo (pero no mucha luz) para ponerme al día con mi lectura. Paso 22 horas al día sin electricidad y, aparte de 20 minutos por la mañana y otra vez por la tarde de lunes a viernes, que se me permite una consulta con mi abogado local, no se me permite hablar con nadie. Estoy detenido en condiciones que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha descrito como que ponen en riesgo la vida”[1].

La carta a Rui Figueredo

  José Pinto Monteiro, uno de los abogados de Saab, igualmente escribió al nuevo ministro de Negocios Extranjeros de Cabo Verde, Rui Figueiredo, para solicitarle hacer cumplir la sentencia del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en la que se ordenó suspender la extradición.

“Consideramos que no se opondría a recibir información sobre una cuestión pendiente relacionada con la Cedeao, que creemos que es el resultado de información incompleta y de los meandros del derecho de los tratados que, a veces, se pueden escapar incluso a los ojos de los mayores especialistas en Derecho Internacional Público. Nos referimos a la Sentencia del 2 de diciembre de 2020 del Tribunal de Justicia de la Cedeao, que ordenó la suspensión del proceso de extradición contra el embajador Alex Saab”, reza la carta[2].

La carta del activista de DDHH

  El activista de derechos humanos y abogado nigeriano, Femi Falana, remitió una carta el pasado 7 de enero al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, en la que pidió la liberación inmediata del empresario colombiano, Álex Saab, solicitado por la justicia de los Estados Unidos por cargo de lavado de dinero y señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

  Falana, quien forma parte del equipo que asesora a Saab, le manifestó al mandatario caboverdiano que su nación está siguiendo un "camino perjudicial" en asociación con Estados Unidos que ha alentado a los países a atentar contra el estado de derecho. La misiva también la suscriben J. P. Monteiro, Rutsel S. J Martha y Baltasar R. Garzón.

  El gobierno venezolano alegó que Álex Saab —arrestado el 12 de junio de 2020 en el país insular africano— cumplía funciones como enviado especial de esa administración de Maduro en misión humanitaria rumbo a Irán y, por tanto, tiene estatus diplomático pues, además fue nombrado embajador ante la Unión Africana.

 Con sustento estos alegatos, Falana solicitó al tribunal de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), detener la extradición, petición que atendió y ordenó la liberación inmediata de Saab.

  En la carta, los abogados aseguran que Cabo Verde está violando el derecho internacional al negar la jurisdicción del tribunal de la CEDEAO y desobedecer su mandato. "Alex Saab tenía entonces, y tiene derecho ahora, a la protección de siglos de derecho internacional que regulan la conducta de la diplomacia y la libertad de los diplomáticos para desempeñar sus funciones libres de arresto o detención", refiere la carta.

  Agregaron que el argumento de Cabo Verde de que no ha ratificado el Protocolo Suplementario es falso e impropio de un estado respetuoso de la ley.

  Catalogan a Cabo Verde como un estado fallido al irrespetar el estado de derecho y desobedecer la orden del Tribunal de Justicia de la CEDEAO y, en tal sentido, instan al presidente Fonseca “a que considere debidamente las consecuencias del desafío continuo de Cabo Verde a la Unión Africana y la CEDEAO. La detención de Alex Saab es ilegal y debe ser puesto en libertad de inmediato para que reanude sus funciones diplomáticas. Por el bien de la justicia, los instamos una vez más a liberar a Alex Saab"[3].

Defensa apela sentencia que aprobó la extradición

  El Tribunal de Apelaciones de Barlovento en Cabo Verde aprobó el 15 de diciembre de 2020, la extradición hacia Estados Unidos de Álex Saab, por lo cual la defensa del empresario colombiano recurrió al Tribunal Supremo para apelar la referida decisión y se ordene el arresto domiciliario de su cliente.

  Los abogados de Saab consideran que el fallo del Tribunal de Apelaciones desafía la orden del Tribunal de la CEDEAO. "La corte regional estableció en su auto del 2 de diciembre de 2020, en el que aprobaba las medidas cautelares solicitadas por el equipo de defensa, que los tribunales de Cabo Verde debían conceder el arresto domiciliario y atención médica por parte de un doctor especializado a elección de Alex Saab de inmediato".

  Recordaron que ante la orden de la Corte de la CEDEAO lo prudente era suspender la extradición hasta que tuviera lugar la vista principal.

  La defensa de Saab le manifestó al Tribunal Supremo de Cabo Verde que existe peligro de fuga de su representado, al tiempo que subrayaron la supuesta “inmunidad e inviolabilidad” de que goza por sus cargos diplomáticos, tanto el de enviado especial que tenía cuando fue detenido, "como por su reciente nombramiento como embajador representante permanente alterno" de Venezuela ante la Unión Africana.

  Además, los abogados de Álex Saab presentaron al Supremo dos informes de juristas "con reconocido prestigio internacional”, uno de ellos Jorge Miranda, experto en derecho constitucional, "quien establece que, de acuerdo con la Constitución de Cabo Verde (...) se deduce, 'sin duda alguna, la naturaleza supranacional de la Cedeao y la vinculación de la República de Cabo Verde a los actos que emanan de ella'".

  El otro escrito es de Rutsel Silvestre Martha y "también incide en la naturaleza de la Cedeao como organización internacional supranacional y en que sus reglamentos, acuerdos y tratados son válidos en Cabo Verde y, por lo que" las decisiones de ese tribunal "son vinculantes para Cabo Verde"[4].

[1] El Nacional. “La desafiante carta de Alex Saab a Estados Unidos ante el cambio de gobierno”. 20 de enero de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/la-desafiante-carta-de-alex-saab-a-estados-unidos-ante-el-cambio-de-gobierno/

[2] El Nacional. “Defensa de Alex Saab solicitó a Cabo Verde cumplir con la sentencia que ordenó suspender la extradición”. 19 de enero de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/defensa-de-alex-saab-solicito-a-cabo-verde-cumplir-con-la-sentencia-que-ordeno-suspender-la-extradicion/

[3] The Cable. “‘It’s illegal’—Falana writes Cape Verde president over detained Venezuelan envoy”. 15 de enero de 2021. https://www.thecable.ng/its-illegal-falana-writes-cape-verde-president-over-detained-venezuelan-envoy

[4] SWI. Swissinfo. “Apelan al Supremo caboverdiano para que Alex Saab pase a arresto domiciliario”. 12 de enero de 2021.  https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-cabo-verde_apelan-al-supremo-caboverdiano-para-que-alex-saab-pase-a-arresto-domiciliario/46280156


 


 

martes, 19 de enero de 2021

EE. UU. acusan a un politólogo de actuar como agente no registrado del régimen iraní

   El acusado presionó a funcionarios estadounidenses con libros y artículos publicados que promovían los puntos de vista iraníes mientras estaba empleado [en secreto] por la misión iraní ante las Naciones Unidas.

Por Maibort Petit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó ante la Corte del Distrito Este de Nueva York al politólogo, Kaveh Lotfolah Afrasiabi, de actuar y conspirar como agente no registrado del Gobierno de la República Islámica del Irán en EE. UU., en violación del Registro de Agentes Extranjeros. Actuar (FARA). Afrasiabi fue arrestado en su casa en Watertown, Massachusetts el lunes 18 de enero. 

Kaveh Lotfolah Afrasiabi fue presentado este martes en el tribunal federal en Boston, Massachusetts, ante la jueza Jennifer C. Boal.

   El Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John C. Demers hizo el anuncio junto a otros funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Durante más de una década, Kaveh Afrasiabi se presentó ante el Congreso, periodistas y el público estadounidense como un experto neutral y objetivo sobre Irán”, dijo Demers, “Sin embargo, todo el tiempo, Afrasiabi era en realidad un empleado secreto del Gobierno de Irán y la de Misión Permanente de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas (IMUN).

 Demers aseguró que la Misión iraní de la ONU le pagaba para que  difundiera su propaganda. "Al hacerlo, evitó intencionalmente registrarse en el Departamento de Justicia como lo requiere la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Asimismo, eludió su obligación de revelar quién patrocinaba sus puntos de vista. Ahora comenzamos a responsabilizarlo por esos hechos".

Por su parte, el fiscal federal interino Seth D. DuCharme sostuvo que "Afrasiabi supuestamente trató de influir en el público estadounidense y en los políticos estadounidenses en beneficio de su empleador, el gobierno iraní, al disfrazar la propaganda como un análisis y una experiencia política objetivos". 

DuCharme aseguró que el “Departamento de Justicia está comprometido con la aplicación rigurosa de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que proporciona al pueblo estadounidense las herramientas que necesita para evaluar opiniones y argumentos en el mercado de ideas al exigir a los agentes extranjeros que declaren sus pagadores".  

  DuCharme dijo que el acusado ocultó todo el alcance de su trabajo para un gobierno extranjero, tal como lo requiere la ley, por lo cual deberá enfrentar  las consecuencias de sus acciones ".

  William F. Sweeney, subdirector a cargo del FBI comentó que “Cualquiera que trabaje para promover la agenda de un gobierno extranjero dentro de los Estados Unidos está obligado por ley a registrarse como agente de ese país”.

 Sweeney sostuvo que Afrasiabi nunca reveló a los congresistas, periodistas u otras personas "que tienen roles de influencia en nuestro país, que el gobierno iraní le estaba pagando para pintar una imagen falsamente positiva de la nación". 

  El funcionario del FBI dijo que las leyes de Estados Unidos están diseñadas para crear transparencia en las relaciones exteriores y "no son arbitrarias ni maleables". Como demuestra la acción de hoy, las haremos cumplir plenamente para proteger nuestra seguridad nacional".

“El Kaveh Afrasiabi deja en claro que Estados Unidos no permitirá que agentes no declarados de Irán operen en nuestro país sin control", acotó. 

  Según la demanda, Afrasiabi es ciudadano de la República Islámica de Irán y residente permanente legal de los Estados Unidos. 

 El acusado tiene un doctorado y publica con frecuencia libros y artículos, y aparece en programas de televisión en inglés que discuten asuntos de relaciones exteriores, particularmente las relaciones de Irán con Estados Unidos. 

  La demanda dice que Afrasiabi se ha identificado o se ha presentado a sí mismo como "un politólogo, un ex profesor de ciencias políticas o un experto en asuntos exteriores".

  Desde al menos 2007 hasta el presente, Afrasiabi ha sido empleado [en secreto] del gobierno iraní y pagado por diplomáticos iraníes asignados a la Misión Permanente de la ONU, (IMUN). 

  Según los fiscales federales, Afrasiabi ha recibido aproximadamente $ 265,000 en cheques girados en las cuentas bancarias oficiales de IMUN desde 2007, y ha recibido seguro médico a través de los planes de beneficios de salud para empleados de IMUN desde al menos 2011.

  En el curso de su empleo  como agente del gobierno iraní, Afrasiabi ha presionado a un congresista estadounidense y al Departamento de Estado de los EE. UU. para que defiendan políticas favorables a Irán, asesoró a los diplomáticos iraníes sobre la política exterior de EE. UU., hizo apariciones en televisión para defender las opiniones del gobierno iraní sobre eventos mundiales, y escribió ensayos y artículos de opinión que defienden la posición del gobierno iraní en varios asuntos de política exterior. 

  Asimismo, Afrasiabi sabe, desde hace mucho tiempo, que FARA requiere que los agentes de gobiernos extranjeros se registren en el Departamento de Justicia de EE. UU. 

  En la demanda se señala que Afrasiabi ha discutido la información obtenida de las divulgaciones de FARA con otros de sus colegas. Sin embargo, "no se registró como agente del Gobierno de Irán".

  Por ejemplo, en enero de 2020, Afrasiabi envió un correo electrónico al Ministro de Relaciones Exteriores y al Representante Permanente de Irán ante las Naciones Unidas con un consejo de "represalia" por el ataque aéreo militar estadounidense que mató al general de división Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds, el brazo de operaciones externas de la El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del gobierno iraní, proponiendo que el gobierno iraní "ponga fin a todas las inspecciones y ponga fin a toda la información sobre las actividades nucleares de Irán en espera de una condena [del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas] del crimen ilegal [de los Estados Unidos]". 

  Afrasiabi afirmó que tal movimiento, entre otras cosas, "infundiría miedo en el corazón [del] enemigo".

  Afrasiabi ha admitido en sus propias comunicaciones que su extenso cuerpo de trabajos publicados y apariciones en televisión, en los que ha defendido constantemente perspectivas y posiciones políticas favorecidas por el gobierno iraní, se ha atribuido a la financiación que recibe del gobierno iraní. 

  En la demanda se hace referencia a un correo electrónico del 28 de julio de 2020 que Afrasiabi envió al Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, donde el acusado incluyó "enlaces a muchos de [sus] trabajos, incluidos libros, cientos de artículos en periódicos internacionales y revistas académicas", y le dijo al Ministro de Relaciones Exteriores de Irán: "Sin apoyo ¡nada de esto hubiera sido posible! Esta ha sido una relación muy productiva que ha durado décadas y que no debería interrumpirse ”.

 Si es declarado culpable de ambos delitos acusados, Afrasiabi enfrenta una sentencia máxima de 10 años de prisión.

  Este caso criminal está a cargo de la Sección de Seguridad Nacional y Ciberdelincuencia de la Oficina. 

  Los fiscales federales adjuntos Ian C. Richardson y Michael T. Keilty están a cargo de la acusación, con la asistencia del abogado litigante David C. Recker de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional.