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martes, 27 de julio de 2021

Las empresas de los bolichicos: Una red para negociaciones turbias (I)

   En esta primera entrega damos cuenta de las compañías a través de las cuales se expandieron por el mundo.

Por Maibort Petit 

   Quienes son conocidos como los “bolichicos”, así llamados por su vinculación con el gobierno chavista desde tiempos de Hugo Chávez cuando, sin experiencia alguna se hicieron de contratos milmillonarios otorgados por la administración oficialista para, supuestamente, resolver la crisis eléctrica resultando la negociación en uno de los mayores fraudes de que han sido objeto lar arcas venezolanas, pues a través de Derwick Associates, la empresa favorecida sólo vendió chatarra y sumió al país en la completa oscuridad, han expandido su imperio por el mundo, siempre con la sombra de lo irregular como sello.
  Empresarios jóvenes para la época —2009 a 2011—, Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro José Trebbau López, Francisco D'Agostino Casado, Edgar Romero Lazo, Francisco Antonio Convit Guruceaga, Eduardo Tobías Travieso, Domingo Xavier Guzmán López y Gonzalo Adolfo Guzmán López, amasaron una fortuna a expensas de los padecimientos de la población de Venezuela que continúa hoy día sufriendo por los cruentos apagones eléctricos a los que a diario es sometido.
  De este grupo Leopoldo Alejandro Betancourt, su primo Pedro Trebbau López y su amigo Francisco D'Agostino Casado, serían propietarios de siete empresas dedicadas al negocio inmobiliario en España. Compraron en 2011 El Castillo del Alamín, una lujosa finca por la que habrían pagado 22.790.000 euros, poco después de sus negociaciones eléctricas con el gobierno chavista.

   Pero aparte de Derwick Associates, la compañía de la que son cabeza Betancourt y Trebbau, los bolichicos son propietarios de una red de empresas en varios países a través de las cuales habrían llevado una serie de negociaciones que, no pocos, califican de irregulares. En España la primera empresa registrada fue Tenoni Inmobilian administrada por José Alfredo Blanco y con Betancourt López y su madre Lilia Cristina López como apoderados. Blanco figura al frente de las empresas de Betancourt que sumaron siete entre 2009 y 2012.
   Del sector eléctrico en Venezuela saltaron al petrolero y en 2015 Betancourt López compró la segunda compañía en el área en la nación neogranadina, Pacific Rubiales en negociaciones que para muchos resultaron turbias y de las cuales damos cuenta en esta entrega, la cual estará seguida de otra referente a las empresas con que los bolichicos han amasado su gran fortuna.

Gazprombank Latin America Ventures BV

   En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 420.880, de fecha 26 de mayo de 2015 que hace referencia a la conformación de la empresa mixta Petrozamora —cuyo paquete accionario está en un 60 por ciento en manos de la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. y de Gazprombak Latin America Ventures BV con el restante 40 por ciento— se informa que esta última, representada por Francisco Convit, en su carácter de director principal en representación del socio “B” es una empresa constituida, organizada y existente conforme a las leyes de los Países Bajos.

   Explica la publicación oficial que tal registro de Gazprombak Latin America Ventures BV ocurrió el 1º de abril de 2011, quedando identificado este con el número 52285421. Refiere que su domicilio es en Fred. Roeskestraat 123 1, 1076EE Ámsterdam”[1].

  El portal neerlandés Drimble, informa que la dirección de Gazprombank Latin America Ventures BV es Dijsselhofplantsoen 14, Hilton Area, Barrio Apollobuurt, Ámsterdam. Código postal 1077 BL. Teléfono: 020-5703200.

   Agrega que fue registrada el 16 de marzo de 2011bajo el número 52285421, número de ubicación 000022231773.

   Indica que Francisco Antonio Convit Guruceaga asumió el cargo de director el 17 de septiembre de 2012 y renuncia a esta posición el 4 de abril de 2016. En esta última fecha, asume como director Orlando José Alvarado Moreno[2].
  Entretanto, en Venezuela Política conocimos de acuerdo a información suministrada por nuestras fuentes y documentos a los que tuvimos acceso, que se trata de una empresa de mediano tamaño y relativamente nueva en el mercado. El sitio web Apollo informa que es una empresa de un solo empleado[3].

   En Caracas está desde 2012, donde opera como una empresas filial de Gazprombak o GPG. Petroguía indica que el número de Registro de Información Fiscal (RIF) es el J-29585450-1 y que Pavel Myasnikov es el CEO de la empresa. Como Gerente de Proyectos figura Pedro Grau. Teléfono: +58212 952.3430 y +58212) 952.34.30, ext. 123 (Pedro Grau). Correo electrónico: p.grau@gazprom-international.com[4].

  Gazprombank es el tercer mayor banco de la Federación Rusa, siendo sus principales áreas de negocio, la banca de corporativa, la banca minorista, la banca de inversión y los servicios depositarios. Además, se dedica a la negociación de acciones, operaciones de cambio extranjeras, operaciones con metales preciosos, operaciones de compensación y liquidación.

   Una información del portal Neftegaz.Ru. informó en el 25 de enero de 2019 que Gazprombank tiene una línea de crédito de USD 150 millones para Petrozamora y agrega que los suministros de petróleo garantizan dicha línea crediticia.

   La misma nota refiere que el Gazprombank, donde el productor de gas estatal Gazprom es accionista, afirmó que no tiene proyectos de inversión en Venezuela, por lo que los riesgos para su negocio eran insignificantes. Para esa fecha, se estimaba, según los expertos, que las inversiones rusas en Venezuela se ubicaban en USD 4,1 mil millones, específicamente en el desarrollo de los campos Lagunillas Tierra y Bachaquero Tierra[5].

Pacific Exploration and Production Corporation

  Anteriormente, se llamaba Pacific Rubiales Energy, una compañía exitosa que ante el anuncio en 2014 por parte de su asociada Ecopetrol de terminar la sociedad, comienza a verse afectada y en 2015 se encontraba en quiebra, con acciones por debajo de los 4 dólares. La caída de los precios petroleros terminó de dar la estocada a la empresa con USD 5.300 millones de deuda.

  Es entonces cuando un grupo internacional de inversionistas registrado en Panamá, denominado O’Hara Administration, adquirió gran parte de la firma.

    Este grupo, en mayo de 2015 con otras empresas que se declararon aliadas, a saber, IPC Investments Corp., Telmaven Overseas Inc., Volbor Trading Ltd., Agency Partner Corp., Fundación Nemone, Adar Marco Fund, se hicieron de 19,2 por ciento de las acciones de Pacific, con lo que pasaron a ser los accionistas mayoritarios unos 60 millones de acciones.

 ¿Quién estaba por detrás de esta operación? Pues, Leopoldo Alejandro Betancourt López y Orlando Alvarado, quienes constituyeron O’Hara en 2014. El primero ingresó a la junta directiva de la empresa en septiembre de 2015, donde sólo se mantuvo hasta abril de 2016.

  Los accionistas fundadores de Pacific decidieron poner en venta el resto de la compañía y en razón de esto aceptó la propuesta de compra de la empresa mexicana Alfa y la estadounidense Harbour Energy. Una operación que el grupo O’Hara se abocaron a bloquear dichas ofertas por lo que surgió una guerra entre unos y otros. Finalmente la negociación se vino abajo.
  Entonces, la junta directiva de Pacific solicitó ante el Tribunal Superior de Columbia Británica que se suspendiera el derecho al voto a la tercera parte del grupo O’Hara, alegando que las acciones habían sido adquiridas irregularmente, pues no era clara la procedencia del dinero de los compradores. De cualquier modo, entre los rumores de que perdería la votación, Alfa retiró su propuesta.

   La petrolera anunció en abril de 2016, cuando Leopoldo Betancourt salió de la directiva, dado que la quiebra amenazaba con fuerza, que llevaría a cabo una reestructuración con el grupo Catalyst.

   Los bolichicos, a través del grupo O’Hara ofertó en alianza con otros accionistas minoritarios y así bregaron para salvar su participación en Pacific Exploration and Production y sacar al fondo Catalyst Capital de la transacción. De este modo, en el último momento, presentaron una propuesta alternativa de reestructuración que implicaría una mayor inyección de dinero, pero se impuso Catalyst. La oferta superaba en USD 75 millones la presentada por Catalyst que era de USD 250 millones. Pacific argumentó que la propuesta no fue solicitada[6].

   Lo siguiente fue que Alfa y O’Hara se unieron demandaron a la junta directiva de Pacific, argumentando que no le dió a los accionistas la oportunidad de recapitalizarla.

  Betancourt y Alvarado fueron acusados de lavado de activos por Felipe Goyeneche, un accionista de Pacific. El argumento fue que buscaban legitimar su dinero malhabido.

  Finalmente, los venezolanos O’Hara y los mexicanos Alfa, con casi 40 por ciento de la empresa, perdieron su inversión y se quedaron fuera de la nueva compañía[7].

   Sin embargo, hay quienes piensan que no es casual que dos meses antes de que se produjera la oferta de Alfa, los bolichicos obtuvieron casi 20 por ciento de Pacific. Los responsabilizan de que las acciones de Pacific haya perdido valor gracias a una campaña y manejos irregulares[8].

  De acuerdo a la página de NrgEdge, una red para profesionales de la energía, el petróleo y el gas, Pacific Exploration & Production Corporation es la empresa que se encarga de explorar, desarrollar y producir petróleo crudo y gas natural en Colombia, Guyana, Perú, Guatemala, Brasil y Belice.

   Tiene participación en 47 bloques petroleros que comprenden 40 bloques en Colombia, 6 bloques en Perú y 1 bloque en Belice.

    Refiere el portal que al 31 de diciembre de 2016, la empresa tenía reservas totales netas probadas y probables de petróleo y gas de 170,7 millones de barriles de petróleo.

    Esta compañía que se conocía anteriormente como Pacific Rubiales Energy Corp. y cambió su nombre a Pacific Exploration & Production Corporation en agosto de 2015, el cual es una firma registrada en 1985 con sede en Toronto, Canadá[9].

    En junio de 2017, Pacific Exploration & Production Corporation anunció el cambió de su denominación corporativa y pasó a llamarse Frontera Energy Corporation, esto luego de culminar en 2016 un plan de reestructuración con el fondo de inversiones Catalyst Capital Group Inc. y algunos acreedores.

    El presidente ejecutivo de la empresa, Barry Larson, dijo que la “nueva identidad corporativa refleja la significativa transformación que la compañía ha tenido a raíz de su reestructuración (…) Para asegurar que la compañía pueda mantener una producción y crecimiento sostenibles, la junta directiva tomó las medidas necesarias para reducir el enfoque geográfico, la escala organizacional y los costos, al tiempo que se maximiza la eficiencia operativa y de costos”[10].

  En la nueva junta directiva de Frontera Energy no figuran los venezolanos.

O-Hara Administration Co. S.A.

  El grupo de inversores internacional O´Hara Administración es liderado por Leopoldo Betancourt López, mientras que Orlando Alvarado se encarga de la dirección y gerencia de la cartera de inversiones.

   Como ya se ha apuntado, este grupo que integraron O´Hara Administration Co., IPC Investments Corp., Telmaven Overseas Inc., Volbor Trading LTD., Memphis Investment Limited, Agency Partner Corp., Orlando Alvarado, Fundación Enmone y Adar Macro Fund., adquirió Pacific Exploration & Production Corporation.

   El plan de adquisición de Pacific Rubiales Energy Corp. fue explicado por O'Hara Administration Co., S.A. el 7 de mayo de 2015, en un informe que suscribe Orlando J. Alvarado. Allí se indica que la dirección de la empresa es Trump Ocean Club, Calle Punta Colón, BL 313, 3er piso, Punta Pacífica, Panamá. Teléfono +917 434 5615[11].

   De acuerdo a información suministrada por el portal Open Corporates, O´Hara Administration Co. S.A. fue registrada en Panamá el 15 de octubre de 2014, bajo el número 846615, encontrándose en la actualidad suspendida.

   Como directores figuraban Orlando José Alvarado Moreno como director y apoderado; Administration and Foundation Services S, suscriptor; SF Administration Company S.A., suscriptor. La representación legal de la empresa sería ejercida de manera indistinta por cualquiera de los dignatarios de la sociedad, con facultades de manejo de la sociedad y ejerciendo la representación legal de los asuntos ordinarios de la misma[12].

   En su cuenta en la red social Linkedin, Alejandro Betancourt López se presenta como directory parte controladora de O´Hara Administration Co. S.A. Refiere que es el accionista mayoritario del grupo de inversiones de capital privado principalmente enfocado en petróleo y gas, el sector bancario y empresas de Internet. Específica que Betancourt es responsable de las estrategias de inversión y de captación de fondos y como director del grupo, gestiona las co-inversiones con inversores institucionales y con bancos europeos[13].

   La página web de O´Hara Financial informa que el grupo comenzó como un fondo familiar de capital privado, “conformado inicialmente por la fortuna y los activos de una sola familia”, hasta convertirse en 2014 en un “fondo de inversión multidisciplinario cuya función principal es centralizar la administración de riquezas familiares; a fin de obtener mayor ganancia de capital a través de diversos tipos de inversión, dentro de los cuales se encuentran, la inversión en bienes raíces comerciales, patrocinio de fondos de cobertura, y la inversión en capital privado y capital de riesgo”[14].

CITAS 
[1] Panectas Digital. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 420.880. 26 de mayo de 2015. https://app.box.com/s/twlyu9cl5kca4xjbiscrmp8b3mb9j605




[5] Neftegaz.Ru. “Gazprombank has $150 million credit line for JV with Venezuela’s PDVSA”. 25 de enero de 2019. https://neftegazru.com/news/companies/406557-gazprombank-has-150-million-credit-line-for-jv-with-venezuelas-pdvsa/

[6] Semana. “Los 'bolichicos' pujan por Pacific para sacar a Catalyst del negocio”. 19 de agosto de 2016. https://www.semana.com/inversionistas/articulo/propuesta-de-ohara-en-reestructuracion-de-pacific-ep/230076/

[7] Rutas del conflicto. “La pugna por el control de la empresa tras la quiebra”. https://rutasdelconflicto.com/especiales/pacific/empresa/reestructuracion.html

[8] La República. “¿Quiénes son los ‘bolichicos’ y cuáles son sus tentáculos?”. 27 de abril de 2016. https://www.larepublica.co/empresas/quienes-son-los-bolichicos-y-cuales-son-sus-tentaculos-2373476

[9] NrgEdge. Pacific Exploration and Production Corporation (Colombia). https://www.nrgedge.net/company/pacific-exploration-and-production-corporation-colombia

[10] Latam Energy. “Colombia, Frontera Energy es el nuevo nombre de Pacific Exploration & Production Corporation”. 13 de junio de 2017. https://www.latam-energy.com/2017/06/13/colombia-frontera-energy-es-el-nuevo-nombre-de-pacific-exploration-production-corporation/


[11] Globel Newswire. “O'Hara Administration Co., S.A. anuncia la presentación de un informe de alerta temprana relacionado con Pacific Rubiales Energy Corp.” 7 de mayo de 2015. https://www.globenewswire.com/news-release/2015/05/08/1095235/0/en/O-Hara-Administration-Co-S-A-Announces-Filing-of-Early-Warning-Report-Relating-to-Pacific-Rubiales-Energy-Corp.html

[12] Open Corporates. O-Hara Administration Co. S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/846615



jueves, 22 de julio de 2021

CITGO demanda a Teknik Trading para evitar subasta de bienes congelados por sanciones a PDVSA

   La filial de la petrolera estatal venezolana en Estados Unidos quiere evitar que la demandada, una subsidiaria de Clover, subaste lo que considera como evidencia.

Por Maibort Petit

   Para evitar la subasta de bienes comprados por CITGO Petroleum Corporation, con un valor de USD 11 millones, los cuales se encuentran almacenados en depósitos de Teknik Trading Inc., la filial de Petróleos de Venezuela S.A. demandó a la segunda ante la Corte para el Distrito Sur de Texas-División Houston para frenar dicha venta. La mercancía, adquirida la petrolera estaba destinada a PDVSA, pero se encuentra congelada en los referidos almacenes en razón de las sanciones de que es objeto la estatal venezolana.

  La empresa demandante busca una orden de restricción temporal para preservar el status quo de la mercancía, dado que a criterio de CITGO es evidencia y, de ser vendida, se perdería su valor probatorio.

   La demanda fue presentada el 25 de junio de 2021 por Nicole M. Perry, de la firma Jones Day, en representación de CITGO Petroleum Corporation, contra Teknik — subsidiaria de Clover International— que es una corporación de Florida con su sede principal en Miami.

Los hechos y la situación planteada

   CITGO contrató con Teknik hace más de una década —el 5 de mayo de 2010— servicios logísticos. La demandada, según el contrato, debía adquirir bienes bajo la dirección de la demandante, realizar diversos servicios logísticos y entregar los bienes a PDVSA en puntos de entrega específicos. En el pie de página la demanda advierte sobre este punto que, si bien esto era la letra del acuerdo, CITGO fue la que pagó por los bienes adquiridos y no Teknik. Por estos servicios —compra, almacenaje y distribución— Teknik recibiría una comisión sobre el valor total de los bienes y el reembolso de los costos en que incurriere.


   Los términos del acuerdo establecían que Teknik garantizaría a CITGO cualquier solicitud de pago con la documentación adecuada; renunciar a cualquier derecho de retención de los bienes; y permitir auditorías por parte de la filial de PDVSA.

  Igualmente, el Acuerdo contempla que Teknik mantendrá la propiedad de los bienes hasta que sean entregados a PDVSA, cuando esta pasará a ser la dueña de los bienes. También que CITGO reembolsaría a Teknik ciertos costos en los que hubiera incurrido en la ejecución del trabajo y que sean razonables.

  Se estableció una comisión del 6 por ciento o tarifa de servicio basada en la cantidad que CITGO pagó por los bienes, que se pagaría a Teknik en el momento de la entrega.

  Para que los reembolsos procedieran, se requería que Teknik proporcionara un resumen detallado de sus costos y gastos junto con suficiente documentación de respaldo, como facturas, recibo de venta u otro recibo probatorio.

   Del mismo modo, el acuerdo establece que cada parte debe cumplir con las leyes aplicables, incluidas las de corrupción extranjeras, en el desempeño de sus derechos y obligaciones.

  El Acuerdo otorga a CITGO un derecho de auditoría amplio y sin reservas para garantizar que Teknik cumpla con los términos del Acuerdo. Específicamente, se estipulan en la sección 17, que "CITGO tendrá derecho a auditar los registros de Teknik y Clover para confirmar el cumplimiento" del Acuerdo.

   Quedó estipulado que cualquier incumplimiento del Acuerdo es motivo para que CITGO retenga el pago de Teknik. Allí se indica que "En el caso de que cualquiera de las partes incumpla cualquier disposición de este Acuerdo o Apéndice relacionado con el mismo, la parte infractora acepta (...) Eximir de responsabilidad a la otra parte de (...) cualquier costo incurrido por la parte no infractora".

   Para el momento en que la OFAC incluyó a PDVSA en su Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Específicamente Designadas (SDN), Teknik tenía en su poder más de USD 11 millones en bienes por los que CITGO ya había pagado. Estos bienes nunca llegaron a su destino en razón de que la medida gubernamental y como resultado, la propiedad y los intereses en la propiedad de PDVSA, incluidos los bienes en los depósitos de Teknik, fueron congelados.

   Para cumplir con la orden de bloqueo, CITGO instruyó a Teknik que cancelara cualquier orden de compra pendiente y la empresa demandada procedió a almacenar los productos ahora varados en dos almacenes en Houston y Miami.

   Narra la demanda que CITGO tuvo conocimiento de que un miembro de Clover, de la que es subsidiaria Teknik, se declaró culpable de esquemas de soborno relacionados con acuerdos de adquisición con PDVSA. Tal situación preocupó a CITGO y ha tratado de cumplir diligentemente con sus deberes contractuales al mismo tiempo que cumple con la orden de sanciones y se asegura de que no aumente la corrupción involuntariamente por parte de Teknik o su afiliada.

   En ese contexto, surge la disputa entre las partes, en el que CITGO advierte que, si mantiene alguna deuda con Teknik en razón del acuerdo, está dispuesta a pagarla, pero pone como condición que se realice una auditoría e inspección de los bienes. Tal pago se realizaría bajo la autorización que la OFAC ha dado para que CITGO pague algunos montos adeudados.

 Pero para CITGO la auditoría es fundamental para, primero, garantizar que Teknik haya cumplido tanto con el Acuerdo como con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes de corrupción pública; y segundo, determinar el valor actual de los bienes y la exactitud de la documentación de Teknik de sus costos. Esto permitiría determinar lo que CITGO le debe a Teknik por la adquisición y el almacenamiento de los bienes.

Conducta sospechosa

  CITGO en la demanda advierte lo que considera una conducta sospechosa y evasiva por parte de Teknik durante las negociaciones de inspección de las partes, lo cual ha aumentado las preocupaciones de la demandante acerca de lo que realmente está sucediendo.

   Refiere que Teknik ha frustrado repetidamente la solicitud de CITGO de llevar a cabo una inspección de las mercancías; presentó documentación incompleta e incorrecta sobre los montos que reclama como deuda de CITGO; y se negó a que la empresa demandante asumiera el almacenamiento de los bienes que pagó.

  Teknik planea subastar los bienes varados para compensar las cantidades que afirma que CITGO le debe, aunque las partes acordaron una suspensión temporal de la subasta.  

   CITGO estima que una subasta la perjudicaría irreparablemente al eliminar su capacidad de evaluar el valor, la condición y la cantidad de los bienes, cuestiones que son el núcleo de la reparación declarativa que formula ante la corte. Sostiene la demandante que, si los bienes se subastan, perderá permanentemente el derecho de inspeccionarlos para evaluar su valor en función de las condiciones de almacenamiento, un derecho que Teknik le otorgó expresamente precisamente para una situación como esta.

La solicitud de CITGO

   La demandante CITGO pide ante el Tribunal para el Distrito Sur de Texas-División Houston, una declaración de que no tiene deuda con la demandada, en razón de que esta última violó o no cumplido con el Acuerdo.

  En segundo lugar, asumiendo que exista alguna deuda, CITGO busca una declaración del monto que sea adecuado.

  Sobre esto último, CITGO se reserva el derecho de buscar ayuda de emergencia para detener la subasta de los bienes varados y exigir que Teknik le permita realizar una inspección comercialmente razonable de los bienes.

  La demanda argumenta que los bienes son evidencia crucial sobre los temas centrales del caso, como el determinar el monto de la deuda de CITGO respecto a Teknik por concepto de almacenamiento y comisiones. La demandada estima que son más de USD 5 millones, mientras la demandante considera que es menos de esa cantidad.

  En específico, Teknik afirma que CITGO le adeuda USD 3.528.426,42 desagregados así: inspecciones USD 8.130,40; tarifa/comisión de servicio USD 657,963.70; demora USD 81.460,00; flete USD 34.664,42; manipulación USD 460.558,37; seguro USD 3.006,21 dólares; y gastos financieros USD 266.227,44 dólares.

    En tercer lugar, CITGO busca una sentencia que establezca que el no permitir la inspección previa a la subasta por parte de Teknik, es un incumplimiento del contrato de las partes. De este modo, se solicita una orden judicial para que Teknik cumpla con el contrato y permita una inspección.

   CITGO propone que, para preservar el status quo, el tribunal emita (a) una orden de restricción temporal para detener la subasta y, después de una audiencia, emitir una orden judicial preliminar que requiera que Teknik permita una inspección comercialmente razonable, o (b) una prueba-orden de conservación que detenga la subasta y ordene directamente que se lleve a cabo una inspección comercialmente razonable.


 

lunes, 19 de julio de 2021

El Foro de Sao Paulo, según Hilda Molina: Se trata de una organización surgida a la medida de los intereses y objetivos de Fidel Castro y su proyecto expansionista

Por Maibort Petit

  El Foro de Sao Paulo es una organización regional creada a instancia de Fidel Castro, quien impulsó al expresidente de Brasil, Luz Inácio “Lula” Da Silva, —para ese entonces solamente líder del Partido de los Trabajadores y candidato presidencial— a promoverla y conformarla con el objetivo de servirle de plataforma a su proyecto expansionista, así como de fuente de financiamiento.
  Así lo refiere Hilda Molina, médica neurocirujana cubana que conformó el grupo de fundadores del Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) de Cuba y fue diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular de la isla que, en 1994, rompió con Fidel Castro y su movimiento. En la actualidad reside en Argentina.

  Molina subraya que Fidel Castro se planteó desde 1959, dos objetivos fundamentales, primero, someter al pueblo cubano; y segundo, colonizar a América Latina.

Castro se vale de Lula Da Silva

  Vislumbrando la caída de la Unión Soviética, desde 1988 o antes, Castro comenzó a visualizar la manera de financiar y darle sustento a su proyecto. Previendo la debacle que se avecinaba, en 1989 convenció a Lula Da Silva de conformar la organización.

  Molina explica que Fidel Castro para desarrollar su proyecto expansionista por toda Latinoamérica, primero buscó hacerlo por la vía armada, para lo cual la conformación de grupos guerrilleros era la estrategia. El fracaso de esta vía lo llevó a seguir la batalla de las ideas, y formó guerrilleros ideológicos que se encargan de llevar la revolución por el continente de manera silenciosa.

  Castro vio el Lula Da Silva el vehículo para cumplir sus objetivos, pues para ese entonces el brasileño aspiraba a la presidencia de su país y, aunque perdió dichos comicios, sí atendió el llamado del dictador cubano y en 1991 materializaron la idea.

  Indica Hilda Molina que en esa fecha se reunieron en Sao Paulo 68 organizaciones integradas por subversivos de los más variados perfiles de 22 países de América Latina y el Caribe. La denominación de Foro de Sao Paulo la recibió la organización en su segunda reunión llevada a cabo en 1991.

Objetivos del FSP

  Advierte Molina que detrás del Foro de Sao Paulo siempre ha estado la mano de Fidel Castro, el castrismo y sus intereses.

  A través de su integrante en el grupo, el Partido Comunista, Cuba era el único integrante de la organización que ostentaba el poder al momento de su conformación.

  Igualmente, destaca Hilda Molina, el estado mayor del FSP nació en Cuba dirigido por Fidel Castro y siempre ha estado radicado en Cuba.

  Indica que el plenario del Foro de Sao Paulo se reúne periódicamente para desarrollar agendas confeccionadas por el castrismo, las cuales son aprobadas casi literalmente. Estas decisiones y declaraciones deben ser cumplidas por los integrantes en el ámbito internacional y también en sus países respectivos de acuerdo a sus particularidades.

   Hace mención a los objetivos del FSP y Molina cita en primer lugar, realizar la revolución socialista en el continente, valiéndose, ya no de la lucha armada, sino de la vía electoral. “Llegar al poder por vías democráticas y después desmantelar las instituciones propias de la democracia”, es el fin.

  Tal objetivo expansionista, el FSP lo lleva a cabo mediante su brazo político, constituido este por los “guerrilleros ideológicos”, quienes han infiltrado e infiltran los ámbitos de la sociedad, “construyendo con su revolución silente, el poder político”, refiere Molina.

   Luego hace mención al segundo objetivo, el cual es la subversión social y política de la región. Para e lo, sostiene, el castrismo cuenta con su brazo armado conformado por las sucesivas generaciones de guerrilleros ideológicos que se han formado a instancias de la dictadura cubana. A ellos les corresponde protagonizar protestas violentas para vandalizar, desestabilizar y sembrar el terror.

   El tercer objetivo es económico, siendo el Foro de Sao Paulo una importante fuente de dinero ilícito para el régimen cubano, sobre todo cuando algunos de sus integrantes se encuentran en el poder.

  Como cuarto objetivo del FSP, Hilda Molina enumera el espionaje, alertando que el Foro ha resultado de gran valor para los eficaces servicios de inteligencia del castrismo.

  Hilda Molina recuerda que Venezuela con Hugo Chávez a la cabeza, fue en 1998 el segundo país del FSP en llegar al poder por la vía democrática. Es en esa etapa —dice— que “Fidel Castro y su castrismo mutan transformándose en la dictadura regional llamada Socialismo del Siglo 21, Castro-Chavismo, que hoy avanza en su objetivo de colonizar América Latina”. 


Conozca los detalles del proceso judicial de Jessica Oseguera, la hija del “Mencho”, condenada a 30 meses de prisión por su apoyo financiero al CJNG

  Cinco empresas de su propiedad brindaron apoyo a las actividades del grupo narcotraficante.

Por Maibort Petit

  A través de sus empresas brindó apoyo financiero al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), determinaron las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) y así lo comprobaron los fiscales hasta el punto de que, finalmente, Jessica Johanna Oseguera González se declaró culpable de los cinco cargos que se le imputaron en el Tribunal para el Distrito de Columbia.
   La hija de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el narcotraficante más buscado en la actualidad en Estados Unidos y México, jugaría un papel importante como cerebro financiero en la organización criminal.

   En esta entrega damos a conocer detalles del proceso judicial que derivó en una sentencia de 30 meses de prisión.

La acusación del Gran Jurado

   El 6 de diciembre de 2019, un Gran Jurado acusó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia a Jessica Johanna Oseguera González, también conocida como "Jessica Johanna Castillo" y “La Negra”, de cinco cargos que la señalaban de mantener tratos financieros con empresas identificadas como narcotraficantes.

   El primero de los cargos refería que, a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, tanto en los Estados Unidos, México y otros lugares, la acusada “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, J&P Advertising, SA de CV (también conocido como J and P Advertising, SA de CV), designado para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y/o siendo controlado o dirigido” por dicha organización. Esto en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 1904 y 1906).

   El segundo cargo señalaba que entre el 17 de septiembre de 2015 el 11 de febrero de 2016, en los Estados Unidos, México y otros lugares, Jessica Oseguera “participó en transacciones o tratos con propiedades o intereses en la propiedad de una persona extranjera, JJGON SPR de RL de CV, designada para asistir materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

   El tercer cargo refería que a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, la acusada, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Las Flores Cabañas (también conocida como Cabañas Las Flores), designada para asistir materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como la Cartel de Jalisco Nueva Generación”.

  El cuarto cargo contra Jessica Oseguera refería que a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Mizu Sushi Lounge y Operadora Los Famosos, SA de CV (también conocido como Kenzo Sushi y Operadora Los Famosos, SAPI de CV), designado para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

   El quinto cargo, señalaba que Jessica Oseguera, a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Onze Black (también conocida como Tequila Onze Black), designada para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

  Se le informó que, de ser declarada culpable, el gobierno de los Estados Unidos procedería a la confiscación de toda propiedad derivada de la actividad delictiva que se le imputa.

El arresto

   El 27 de febrero de 2020, Jessica Oseguera fue arrestada en Washington D.C. de acuerdo a información dada a conocer por Brian A. Benczkowski, secretario de justicia auxiliar de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y por el agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA) a cargo del caso, William Bodner, quien dijeron que la detención se produjo de conformidad con una orden judicial derivada de una acusación formal emitida el 13 de febrero de 2020.

  La investigación contra Oseguera González estuvo dirigida por la División de Campo de la DEA en Los Ángeles, la cual trabajó mancomunadamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC). El subjefe adjunto Anthony Nardozzi y los fiscales Brett Reynolds, Kaitlin Sahni y Cole Radovich de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la División de lo Penal están a cargo del proceso[1].

Fiscalía pide prisión sin fianza

   El 28 de febrero de 2020, la fiscalía presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, una moción para que Jessica Johanna Oseguera González fuera mantenida en prisión preventiva, sin derecho a fianza en razón de que no mantenía vínculos familiares o económicos con los Estados Unidos y, potencialmente, tenía acceso a cantidades sustanciales de ganancias de la droga en forma de dinero en efectivo imposible de rastrear.
   Manifestó el gobierno que Oseguera González tenía los recursos y las conexiones necesarias que le permitirían para huir de la jurisdicción si no era detenida y, en consecuencia, existía un grave riesgo de fuga que no puede ser mitigado por ninguna condición o combinación de condiciones.

  Los fiscales sostuvieron ante la Corte que Jessica Oseguera debía esperar el juicio en detención.

   El 26 de febrero de 2020 fue presentada por primera vez el juez G. Michael Harvey en la que el gobierno solicitó que la acusada fuera detenida en espera de juicio y el tribunal programó una audiencia de detención para el 2 de marzo de 2020.

Defensa exige pruebas

   El 1º de marzo de 2020, la defensa de Jessica Oseguera solicitó al Tribunal dictar una orden que obligara al gobierno a divulgar todo lo relativo a la presentación de ciertas pruebas y ciertos testigos en la audiencia de detención del 2 de marzo de 2020.

   Reclamaban los abogados de Jessica Oseguera que la fiscalía no había presentado las pruebas necesarias para que su representada abordara los argumentos del gobierno durante su audiencia de detención. Sostenían que la supresión de esta evidencia violaba los derechos al debido proceso de Oseguera. González bajo la Constitución de los Estados Unidos.

Defensa se opone a la prisión preventiva

  El 2 de marzo de 2020, la defensa de Jessica Oseguera González presentó ante la corte un recurso de oposición a la moción del gobierno de prisión preventiva.

   Argumentaron que su representada no estaba acusada bajo la Ley de Sustancias Controladas, sino por violaciones del Código de los Estados Unidos 21 U.S.C. §§ 1904 y 1906, los cuales no son delitos violentos y agregaron que la naturaleza y las circunstancias de los delitos imputados pesaban mucho a favor de la liberación.

   La defensa se manifestó convencida de que la acusada sería absuelta por el jurado y que, en caso de ser declarada culpable, sería impuesta de una sentencia menor al tiempo de que pasaría detenida en tanto concluyera el juicio.

  Sostuvo la defensa que el peso de las pruebas en contra de Jessica Oseguera favorecía su liberación previa al juicio, pues tales pruebas eran solamente eran “declaraciones huecas”.

   Los fiscales argumentaron que existía un significativo riesgo de fuga por parte de Jessica Oseguera. Refirieron que esta presunción se sustentaba en su relación familiar y financiera con organizaciones narcotraficantes, así como por el peso de la evidencia en su contra, su condición de ciudadana extranjera, su total falta de vínculos con el distrito de Columbia, los importantes recursos financieros a su disposición y su historial de intentos de obstruir la justicia. Sostuvieron que no existía ninguna condición o combinación de condiciones que asegurara la comparecencia de la acusada ante el tribunal.

  Agregó que Oseguera González había sido juzgada en México por delitos similares y la corte dictaminó después de recibir evidencia presentada, que no había cometido ningún delito.

  Aseguraron que la acusada no representaba un peligro para la comunidad ni tenía la intención de huir, por lo que debía ser liberada.

 Gobierno pide audiencia para denegar moción de detención

  En la misma fecha, 2 de marzo de 2020, la fiscalía solicitó al tribunal escuchar una apelación para revisar y anular la denegación del juez Meriweather de la moción del gobierno para la prisión preventiva de Jessica Oseguera.

   El juez de instrucción, denegó la solicitud del gobierno de detener al acusado en espera de juicio y ordenó que la acusada fuera puesta en libertad bajo condiciones de libertad.

   Estimó el gobierno respecto a la denegación del juez de instrucción, que el Tribunal del Distrito de Columbia podía, a su discreción, volver a escuchar la evidencia retirando a los testigos, revisando las transcripciones o procediendo a través de una oferta y un argumento.

   Los fiscales manifestaron que la Corte podía requerir evidencia adicional de nuevos testigos o considerar argumentos no presentados anteriormente.

  El gobierno reiteró que la acusada debía ser retenida en espera del juicio porque existía un grave riesgo de fuga y ninguna condición o combinación de condiciones aseguraría razonablemente su comparecencia ante el tribunal.

Instrucciones del proceso

  El 3 de marzo de 2020, el juez Beryl A Howel ordenó a las partes no comunicarse con las cámaras por teléfono, salvo en casos de emergencia cuando deberán hacerlo de manera conjunta para evitar comunicaciones ex parte.

  Igualmente, instruyó a las partes respecto a las conferencias de estado, las cuales deberías llevarse a cabo si ambas habían discutido la posibilidad de una pronta resolución del caso sin juicio; si debía ordenarse una demora excluible en virtud de la Ley de Juicio Rápido; para establecer un calendario con respecto a cualquier asunto en el caso que no sea el juicio; por la resolución de problemas de descubrimiento pendientes; en previsión de un juicio; por modificación del programa estándar; y cualquier otro asunto relevante para el progreso o resolución del caso.

   El juez ordenó a la defensa informar con cinco días de anticipación si la acusada o cualquier testigo requería servicios de interpretación; entregar copias de cualquier presentación sellada para evitar demoras; trabajar en los plazos establecidos por orden judicial y, por tanto, evitar la solicitud de prórrogas.

   Asimismo, estableció las normas respecto a las diferentes audiencias, declaraciones conjuntas, mociones in limine, grabaciones, procedimientos del juicio y audiencia de sentencia.

Declaración de culpabilidad

  A través de un comunicado de la DEA se conoció que el 12 de marzo de 2021, Jessica Oseguera se declaró culpable de los delitos que se le imputan.

   Bill Bodner, agente especial que llevó el caso dijo que la declaratoria "es el resultado de nuestro compromiso incansable de interrumpir y desmantelar todos los aspectos de la organización CJNG (…) Nuestros esfuerzos continuarán incluyendo un enfoque en aquellos que facilitan estas redes de drogas ilícitas. Junto con el Departamento de Justicia, utilizaremos todas las herramientas de investigación disponibles, incluidas las designaciones de la OFAC, para llevar ante la justicia a quienes se involucren en actividades ilegales que están alimentando la crisis de las drogas en todo el país”[2].

La sentencia

  Jessica Johanna Oseguera González fue sentenciada el 11 de junio a pagar 30 meses de prisión por participar intencionalmente en tratos financieros con empresas mexicanas identificados como narcotraficantes. Dichas empresas fueron especialmente designadas por la OFAC como tales en septiembre de 2015 y septiembre de 2017.

  El secretario de justicia auxiliar interino de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, Nicholas L. McQuaid, manifestó que "Esta sentencia muestra que la violación de las sanciones del Departamento del Tesoro a empresas y personas vinculadas a cárteles de la droga extranjeros no quedará impune", al tiempo que agregó que "La Ley Kingpin es una herramienta importante en los incansables esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para desmantelar los cárteles de la droga, y no dudaremos en enjuiciar a aquellos que apoyan a los principales narcotraficantes participando en conductas que violen las prohibiciones criminales de la ley".

   Por su parte, el agente Bodner, dijo que la sentencia “muestra nuestro compromiso inquebrantable de llevar ante la justicia a aquellos que ignoran la ley y amenazan la seguridad pública (…) Aquellos que se involucran en actividades de financiamiento ilícito para ayudar a los cárteles de la droga que llenan nuestras comunidades con drogas poderosas y adictivas no tienen por qué operar sin rendición de cuentas"[3].

REFERENCIAS

[1] Department of Justice. “Dual U.S.-Mexican Citizen Arrested For Violations Of The Kingpin Act”. 27 de febrero de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/dual-us-mexican-citizen-arrested-violations-kingpin-act






[2] Drug Enforcement Administration. “Daughter of Prolific Mexican Cartel Leader Pleads Guilty to Criminal Violation of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”. 12 de marzo de 2021. https://www.dea.gov/press-releases/2021/03/12/daughter-prolific-mexican-cartel-leader-pleads-guilty-criminal-violation



[3] Department of Justice. “Daughter of Notorious Mexican Cartel Leader Sentenced for Criminal Violation of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”. 11 de junio de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/daughter-notorious-mexican-cartel-leader-sentenced-criminal-violation-foreign-narcotics

jueves, 8 de julio de 2021

¿Cómo la OFAC designó a Samark López Bello como narcotraficante y agente de Tareck El Aissami?

  En esta entrega se hace un recuento del proceso que llevó a las autoridades del departamento del Tesoro a accionar en contra de quien considerado testaferro del alto funcionario gubernamental venezolano.

Por Maibort Petit

  Centro de múltiples señalamientos relacionados con corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, Samark López Bello —igualmente acusado de actuar como presuntamente como testaferro de Tareck El Aissami— demandó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, por haberlo designado como narcotraficante por la Ley Kingpin.

   Sostiene López Bello que es víctima de una campaña difamatoria que lo presenta como un capo junto al actual ministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami, dañando su reputación como empresario, al tiempo de afectarlo mediante el bloqueo y confiscación de sus propiedades en territorio estadounidense[1]. 

   Una investigación por parte de la Oficina de la Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en su despacho de Nueva York, condujo a la designación de Samark López Bello como narcotraficante, junto a Tareck El Aissami.

   La averiguación estuvo a cargo del Equipo de Trabajo contra Delitos Financieros El Dorado condujo en febrero de 2017,a que la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos los catalogara como narcotraficantes especialmente designados (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Cabecillas por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional.

   El Dorado es el equipo de trabajo investigativo y de control financiero responsable de detectar, desestabilizar y desarticular redes financieras criminales transnacionales en prevención a que puedan acceder a los sistemas financieros de Estados Unidos.

    Tanto El Aissami como López Bello fueron sancionados por el Departamento del Tesoro en 2017, al tiempo que contra ellos se presentaban cargos penales por la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York a principios de 2019.

  Las averiguaciones determinaron que López Bello, actuando como co-conspirador de Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien ha ocupado diversas posiciones en la administración pública venezolana desde 2008 cuando fue designado ministro del Interior, Justici y Paz. Desde entonces ha sido gobernador del estado Aragua (2012-2017), vicepresidente ejecutivo (2017-2018), ministro de Petróleo (2020),en entre otros. Al alto funcionario se lo señala de, presuntamente, haber facilitado cargamentos de narcóticos desde Venezuela que salían en aviones desde una base aérea y puertos en Venezuela. Según la investigación, El Aissami desde que ocupaba antiguas posiciones, habría supervisado o habría sido el propietario parcial de cargamentos de narcóticos de más de mil kilos desde Venezuela en múltiples ocasiones, con México y Estados Unidos como destinos finales.

   López Bello habría proporcionado apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de El Aissami. Los dos, por más de dos años, presuntamente defraudaron al gobierno de Estados Unidos al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas.

  La OFAC identificó trece empresas propiedad o controladas por López Bello, las cuales conforman una red internacional en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

   Del mismo modo, el Departamento del Tesoro estableció al momento de sancionar a López Bello, que este supuestamente supervisa una red internacional de petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y empresas de explotación de activos, a saber, Alfa One, C.A. (Venezuela), Grupo Sahect, C.A. (Venezuela), MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas), Corporación de beneficios, C.A. (Venezuela), Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela), SMT TECNOLOGIA, C.A. (Venezuela), y Yakima Trading Corporation (Panamá). En Reino Unido también funcionaría Yakima Oil Trading LLP, la cual es dirigida por Yakima Trading Corporation (Panamá)[2].

También en Barbados

  Una investigación periodística desarrollada por el portal Armando.info y suscrita por Roberto Deniz[3], revela —de acuerdo a documentos filtrados de los Paradise Papers— que los bienes de Samark López Bello superan los bloqueados por la administración estadounidense, pues la isla de Barbados habría servido para crear en ella un holding de empresas con el que el supuesto testaferro de El Aissami participado en el negocio petrolero y alimentario, entre otros, mediante contratos suscritos con el estado venezolano.

  La documentación a la que el periodista tuvo acceso mostrarían como el empresario, pese a la grave crisis económica que sacude a Venezuela, se expandía y, una forma de hacerlo, era con compañías conformadas en Barbados.

   Postar Intertrade Limited es una empresa registrada en principio en las Islas Vírgenes Británicas que luego, en 2016, fue domiciliada en Barbados y, por ejemplo, habría servido para negociar  alimentos para el programa alimentario gubernamental CLAP, pero también el despacho  de materiales de construcción más y árboles de navidad destinados a la administración de Nicolás Maduro.

  El reportaje indica que las 50 mil acciones de Postar Intertrade Limited es una empresa de nombre Investments Group Limited que está registrada en la Islas Vírgenes Británicas y está vinculada a Yakima Oil Trading LLP, compañía de López Bello registrada en el Reino Unido.

  A Postar Intertrade Limited se sumarían Profit C.A. Corp.,Food Trading Group Corp., October Ventures LTD., YPP Latam Holding Corp., YPP Offshore Holdings Corp., YPP US Holdings Corp., Yakima Trading Corp y 2000 Investment Group LTD (esta última en registrada en Nevis).

Se busca

   La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), incluyó el 14 de agosto de 2019 a Samark José López Bello en su listado de “Los más buscados”.

   El requerimiento en el que también se solicita información del paradero del exvicepresidente y actual ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, se formula por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional y lavado de activos[4].

   Posteriormente, en junio de 2020, se agregó a Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, por quien se ofrecieron USD 5 millones de recompensa. Se trataba del superintendente nacional de criptoactivos de Venezuela y ha sido acusado formalmente en el distrito sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por OFAC[5].

  El Departamento de Estado también con base a la designación como narcotraficantes de El Aissami y López Bello el 13 de febrero de 2017, por parte de la OFAC, así como en las investigaciones de seguridad de ICE Nacional (HSI), comenzó una averiguación del último por el lavado de dinero y la evasión de las sanciones en relación con la Ley de Kingpin. Del mismo modo, se sustentó en la acusación que contra los señalados cursa en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York el 1 de marzo de 2019.

   En razón de esto, el Departamento de Estado decidió ofrecer una recompensa de hasta USD 5 millones a quien ofrezca información que conduzca al arresto y/o convicción de Samark José López Bello por participar en el crimen organizado transnacional[6].

Las consecuencias de violar las sanciones

   La imposición de las sanciones supone que sobre los estadounidenses pesa la prohibición de negociar o proporcionar servicios a El Aissami y López Bello sin autorización de OFAC, tal prohibición fue violada cuando se le suministraron servicios de viajes, incluyendo jets privados fletados.

  Actuar de esta manera llevó a que Víctor Mones Coro fuera sentenciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a pagar 55 meses de prisión por  haber prestado servicios vuelos privados tipo chárter a Tareck El Aissami y a Samark López Bell. Además fue multado con USD 250.000 y tendrá dos años de libertad supervisada luego de salir de la cárcel.

"Víctor Mones Coro dirigió un plan de varios años concertado y sostenido para proporcionar millones de dólares de los servicios de vuelo ilícitos a los líderes venezolanos en la contravención directa del régimen de sanciones y la política exterior de nuestro país", dijo la fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss[7].

  Por este caso también fueron procesados Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero,señalados igualmente de facilitar vuelos charters Tareck El Aissami y a Samark López[8].

Agente de las FARC

  Pero, además, el nombre de Samark López Bello ha salido a relucir en otros procesos judiciales en los que sus accionistas buscan ser resarcidos económicamente en su condición de víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  Es el caso de Antonio Caballero, quien reclama una sentencia millonaria otorgada en una corte estadunidense y pide ser resarcido con los bienes congelados en EE. UU. de López Bello[9].

   Pero Caballero no es el único, pues otros dos casos que se ventilan en cortes de Florida y Washington buscan cobrarse con activos de López Bello sentencias a su favor. Uno de ellos es de los Pescatore, familia que interpuso en 2018 un recurso en la Corte del Distrito de Columbia contra los activos de Samark López Bello en razón de sus calificación por parte de la OFAC. En 1996, Frank Thomas Pescatore Jr. y un tribunal les otorgó una sentencia por daños que no han logrado cobrar.

  En la Florida, el caso Stancel ya había obtenido un fallo previo contra López y sus activos confiscados por el gobierno norteamericano. Dada la designación de la OFAC, en septiembre de 2019, ganaron una determinación judicial que señala que Samark López Bello “es un agente o un instrumento de las FARC y que es posible embargar sus activos”[10].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Samark López Bello pidió a la corte que se anule su designación como narcotraficante y testaferro de Tareck El Aissami hecha por la OFAC, tras lo cual le confiscaron activos por un valor de $160 millones”. 30 da junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/samark-lopez-bello-pidio-la-corte-que.html

[2] Department of Treasor y. “Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello”. 13 de febrero de 2017. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/as0005.aspx

[3] Armando.info. “La isla de Barbados esconde el tesoRo de Samark López”. 1 de julio de 2021. https://armando.info/la-isla-de-barbados-esconde-el-tesoro-de-samark-lopez/

[4] ICE. Los Más Buscados: Samark José López Bello. https://www.ice.gov/doclib/most-wanted/mwLopezBelloSamarkJose.pdf

[5] ICE. “HSI añade a funcionario venezolano a Lista de Los Más Buscados, se ofrece recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto, condena”. 1de junio de 2020. https://www.ice.gov/es/news/releases/hsi-anade-funcionario-venezolano-lista-de-los-mas-buscados-se-ofrece-recompensa-de-0

[6] Department of State. Samark Jose Lopez Bello. 8 de octubre de 2020. https://www.state.gov/samark-jose-lopez-bello/

[7] Department of Justice. “Man Sentenced to 55 Months in Prison for Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan-leaders

[8] Venezuela Política. “Tres acusados en el caso de Tareck El Aissami se declaran "no culpables" ante juez de Nueva York y deciden ir a juicio”. 1 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/tres-acusados-en-el-caso-de-tareck-el.html

[9] Venezuela Política. “Demandante estima inapropiado desestimar caso contra Samark López Bello en juicio que reclama activos de PDVSA para resarcir a víctima de las FARC”. 21 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/demandante-estima-inapropiado.html

[10] El Tiempo Latino. “Tribunal declara que Samark López ‘es un agente o un instrumento de las FARC’”. 8 de diciembre de 2019. https://eltiempolatino.com/news/2019/dec/08/tribunal-declara-que-samark-lopez-es-un-agente-o-u/