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viernes, 1 de febrero de 2019

El Esequibo: Territorio en reclamación que Venezuela podría perder por las erráticas políticas del chavismo

Una amplísima zona rica en recursos naturales estaría en peligroso de perderse definitivamente por culpa de la negligencia con que se ha manejado el diferendo que mantiene Venezuela con su vecina Guyana, lo que vendría a consolidar la política de despojos de que ha sido víctima históricamente el país más septentrional de la América del Sur.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El centenario reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo ubicado en su margen oriental estaría corriendo el riesgo de perderse definitivamente, dada las erráticas políticas implementadas por el chavismo en los últimos veinte años. Tanto Hugo Chávez como su sucesor en la presidencia de la república, Nicolás Maduro —a la sazón excanciller—, serían responsables de que el país pierda unas tierras ricas en recursos naturales y agua que podrían ser determinantes para la recuperación económica ocasionada por las administraciones de estos líderes socialistas.
Identificada en los mapas de Venezuela como una porción del territorio al este del país, cruzado con líneas perpendiculares, la Guayana Esequiba o Territorio Esequibo o Región del Esequibo, se ha conocido a lo largo de los años como la “zona en reclamación”. Así lo han declarado durante décadas los textos escolares y todas las cartas territoriales de Venezuela en despachos públicos. Se trata de una extensión de 159.542 km² que Guyana administra como propio, pero del que Venezuela reclama su soberanía, tal cual lo reza el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Desde tiempos coloniales, Venezuela ha sido víctima de constantes despojos territoriales que han ido cercenándolo, siendo el de la frontera oriental perpetrado por Gran Bretaña, uno de los que más más tierra le ha restado a su superficie.

Decisiones que desmembraron el territorio que pertenecía desde 1777 a la Capitanía General de Venezuela creada por el rey español Carlos III, quien estableció como frontera entre España y Holanda, el río Esequibo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano Atlántico.

Así tenemos que el Esequibo ha sido una zona que ha sido controlada por tres imperios, el español, el holandés y el británico, siendo este último con el que en 1897 se estableció el compromiso de resolver la disputa en tribunales internacionales.

Los reclamos por parte de Venezuela comenzaron por el propio Simón Bolívar, quien en 1822 ordenó al ministro venezolano en Londres, José Rafael Revenga, denunciar oficialmente que los colonos de Demerara y Berbice usurpaban tierras que de acuerdo a los tratados entre España y Holanda, pertenecían a Venezuela del lado del río Esequibo. Al constituirse la Guayana Británica en 1831 se hizo sistémica la ocupación del territorio venezolano por parte de sus colonos. El precario estado que una Venezuela desbastada por una cruel y larga guerra de independencia, impidió el reclamo oportuno y contundente de tales acciones. La naciente y pobre república venezolana carecía de la fuerza necesaria para enfrentar la hegemonía mundial que para la época ejercía la Gran Bretaña de mediados del siglo XIX.

Ante esta situación Venezuela recurrió a los Estados Unidos para solicitar su auxilio y para que sustentado en la Doctrina Monroe obligara a los ingleses a negociar una solución al conflicto. Fue así como en 1897, los estadounidenses asumieron la representación del país en la negociación de los límites territoriales con Guyana sin que en las conversaciones Venezuela tuviera participación directa. El tercero “independiente”, fue el ruso, Friedrich Martens, quien asumió las funciones de presidente del tribunal, pero cedió a los intereses de los ingleses quienes terminaron favorecidos con el 90 por ciento del territorio usurpado. Venezuela apenas logró evitar que se le despojara del control de las bocas del Orinoco.

El empobrecido y debilitado estado venezolano de entonces, que ni siquiera tuvo la oportunidad de representarse a sí mismo en el laudo arbitral celebrado en una corte de París, se vio forzado a firmar la decisión que adjudicó la zona del Esequibo a la Gran Bretaña.

El Acuerdo de Ginebra

Habrían de transcurrir 63 años, para que una Venezuela más fuerte se presentara ante las Naciones Unidas para entablar una demanda en la que alegó que el referido laudo se resolvió de manera fraudulenta y denunciando que hubo complicidad entre los delegados británicos y el juez ruso que emitió el fallo. Esto en virtud de que en los años ‘50 salieron a la luz evidencias que daban cuenta de dicha complicidad entre los delegados británicos y el magistrado. Estos elementos fueron los que le permitieron a Venezuela levantar su voz ante el concierto de las naciones para denunciar el laudo como "nulo e írrito", por lo que reactivó su reclamo sobre el territorio en la Organización de Naciones Unidas (ONU), instancia en la tuvo lugar el Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero del año 1966 en la ciudad de Ginebra, Suiza.

El Acuerdo de Ginebra estableció los pasos que debían seguirse para solucionar el conflicto fronterizo luego de la denuncia de nulidad entablada por Venezuela respecto al Laudo Arbitral de París 1899 que cedió a Gran Bretaña 159.500 km² de su territorio al oeste del río Esequibo.
Aunque al momento de firmarse se pensó que el acuerdo sería transitorio y permitiría resolver el diferendo en cuatro años, esto no ocurrió pero las pautas del mismo siguen vigentes.

Se trataba, en pocas palabras, de un acuerdo para llegar a un acuerdo con el que se invalidó el laudo de 1899, aunque mantiene lo que en él se estableció, es decir, el territorio en reclamación continuaba bajo la egida de Guyana hasta tanto se llegara a una solución diferente a la del tratado.

El mismo pautó que el Gobierno de Venezuela y el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el Gobierno de Guayana Británica —teniendo en cuenta la próxima independencia a celebrarse de esta última para la época—, conscientes de que cualquier controversia entre las partes debía resolverse de manera amistosa para no perjudicar la “estrecha colaboración” que debía regir entre las naciones y, de tal manera, que resultara aceptable para todos.

En su artículo I, el acuerdo estableció una “Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito”[1].

Asimismo, en el artículo V se estipuló en su aparte 1, que “Con el fin de facilitar la mayor medida posible de cooperación y mutuo entendimiento, nada de lo contenido en este Acuerdo será interpretado como una renuncia o disminución per parte de Venezuela, el Reino Unido o la Guayana Británica de cualesquiera bases de reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o Guayana Británica o de cualesquiera derechos que se hubiesen hecho valer previamente, o de reclamaciones de tal soberanía territorial o como prejuzgando su posición con respecte a su reconocimiento o no reconocimiento de un derecho a, reclame o base de reclamo por cualquiera de ellos sobre tal soberanía territorial”.

Asimismo, el aparte 2 del referido artículo, advirtió que “Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos Territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana. Ninguna nueva reclamación o ampliación de una reclamación existente a soberanía territorial en dichos Territorios será hecha valer mientras este Acuerdo esté en vigencia, ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras tal Comisión exista”.

Firmó por el gobierno de Venezuela, Ignacio Iribarren Borges, ministro de Relaciones Exteriores; mientras que por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte lo hizo Michael Stewart, secretario de estado de Relaciones Exteriores. Por la Guayana Británica suscribió el acuerdo, Forbes Burham, primer ministro.

El Acuerdo de Ginebra significó la culminación del tiempo de usurpación territorial y del desconocimiento de las auténticas fronteras venezolanas en su margen oriental.  

Culminó una etapa en esta historia de usurpación territorial que se inició en 1839 cuando el naturalista prusiano Robert Schomburgk, desconociendo la frontera entre Venezuela y Guayana Británica en el río Esequibo, presentó su línea que abarcó 142.000 kms2 al occidente de esta arteria fluvial, en suelo venezolano de la provincia de Guayana.

Guyana y el acuerdo de Ginebra

La posición de Guyana siempre ha sido que “el objetivo del Acuerdo de Ginebra no era otro que el de establecer la validez de la contención venezolana de que el Laudo de 1899 era nulo e írrito, negándose a discutir seriamente las posibles soluciones, e incluso los caminos que pudieran conducir al entendimiento entre los dos países”, advierte Manuel Donís Ríos, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas e Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia[2].

Sostiene el historiador que Guyana neutralizó los efectos del Acuerdo y apuntó en todo momento a mantener las negociaciones en un punto muerto en el que no fuera posible “alcanzar un avenimiento en una comisión diplomática, paritaria y negociadora”.

Entretanto —destaca Donís Ríos— Venezuela persistió en el objetivo de concretar un arreglo práctico del diferendo que se tradujera en una decisión satisfactoria y aceptable para ambas partes. “No se explicaría, arguyó, que si la controversia se limitaba a demostrar la validez o nulidad del Laudo, por qué razones Guyana aceptó firmar el documento ¿Qué sentido tenía proponer una solución práctica y mutuamente satisfactoria a una controversia estrictamente jurídica como alegaba Guyana?”.

El Acuerdo de Ginebra sigue siendo Ley de la República, subraya el catedrático, y por tanto Venezuela está obligada a cumplirlo. “Al firmar el documento, Guyana reconoció la existencia de una Controversia con Venezuela. Está obligada a negociar; y la solución se inscribe en el ámbito político y no estrictamente jurídico”.

Para Venezuela es determinante que Guyana se mantenga en la mesa de negociación sin la intervención de terceros. “Politizar e internacionalizar el asunto pudiera ser un error. Debemos insistir con Guyana y hacerle comprender la conveniencia que tiene para su futuro económico llegar a un arreglo práctico con Venezuela. Guyana necesita desarrollar sus recursos naturales pero para ello debe llegar a un acuerdo definitivo con Venezuela en la Zona en Reclamación, entendida como espacio terrestre y su proyección marítima, puntualiza.

Los siguientes pasos

Dado que los cuatros años pautados inicialmente como el tiempo para llegar a un resolución del conflicto se cumplieron en 1970 sin que las partes efectivamente acordaran una solución, se procedió a firmar el Protocolo de Puerto España entre Guyana, Reino Unido y Venezuela, para congelar por doce años el Acuerdo de Ginebra. Se indicó que si para el año 1982 Venezuela decidía no ratificar dicho protocolo, se volvía a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra.

Transcurrido este tiempo Venezuela propuso ir a una negociación bilateral directa mientras que Guyana sostiene su deseo de ir a un arreglo judicial. Las partes recurren al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, quien aboga por la solución pacífica y el organismo termina, en 1987, poniendo sobre la mesa la figura del Buen Oficiante, lo cual comenzó a regir a partir de 1989. La tarea del Buen Oficiante era acercar a los dos países en procura de un acuerdo común tal y como lo establece el Acuerdo de Ginebra. Esto no arrojó resultados concretos y tras 27 años que incluyeron tres de estos “buenos oficiantes”, el mecanismo mostró su aparente inutilidad.

Al inicio del gobierno de Hugo Chávez, en 1999, las conversaciones entre Venezuela y Guyana se metieron en el congelador y así se mantuvieron hasta 2013, esto en razón de las “buenas relaciones” del difunto mandatario con la administración de Georgetown.

Chavismo entrega el Esequibo

Pero más que buenas relaciones, el chavismo sólo sirvió en bandeja de plata a Guyana el territorio que por más de un siglo Venezuela ha reclamado como suyo con base a sólidas evidencias que así lo comprueban.

El despojo, pues, se habría materializado gracias a la acción ¿o inacción? De los gobiernos de las dos últimas décadas.

Chávez cambió los intereses de Venezuela por los suyos en particular, pues en su afán por conquistar apoyos e incrementar su influencia en el Caribe, el mandatario suscribió convenios y tratados de intercambio comercial, siendo Petrocaribe el más significativo de estos.

Guyana forma parte de esta alianza a través de la cual los países de la Comunidad del Caribe, (Caricom) reciben petróleo venezolano a precios preferenciales y con holgadas condiciones de pago.

La posición con respecto a Guyana daba con Chávez un viraje absoluto. Tanto es así que el finado mandatario durante una visita que realizó a Georgetown el 20 de febrero de 2004, dio a conocer los lineamientos de su política exterior con relación al diferendo territorial por el Esequibo.

“Me he comprometido con el presidente Bharrat Jagdeo a que el Gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio de sus habitantes, en beneficio directo como me decía el presidente, proyectos de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas, y segundo, que ante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible, inmediatamente nos activamos ambos para revisarlo, en la comisión binacional de alto nivel y buscarle salidas”, dijo el mandatario en Guyana y así lo recoge una nota del diario del 2001[3].

La reseña agrega que la oposición venezolana se pronunció en contra de estas declaraciones e, incluso, Hermann Escarrá, para ese entonces convertido en adversario político de Chávez, interpuso un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia para que revertir la postura adoptada por el gobierno nacional al sostener que el presidente lesionaba “una política de Estado que Venezuela invariablemente venía manteniendo en lo que respecta a la reclamación de la Guayana Esequiba".

“El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países”, llegó a afirmar el difunto, recoge una información del diario Tal Cual que indicaba que la razón del cambio de postura “tendría una raíz ideológica y habría estado tutelada por Cuba, que desde 1981 reconoce como guyanés todo el territorio Esequibo”[4].

La nota también reseñaba que en 2007, “Guyana asumió la nueva postura de Venezuela. Mientras Chávez decía en Caracas que el país ‘inició la reclamación del Esequibo por presiones de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Chaddy Jagan’, el embajador guyanés en la capital venezolana, Odeen Ishmael, declaró que ‘la confraternidad entre dos países socialistas implica abandonar el contencioso fronterizo, dado que los hermanos están llamados a vivir en paz’. Ese año, el canciller Elías Jaua también se trasladó a Guyana para ‘disculparse’ por la incursión de soldados venezolanos en el territorio en reclamación”.

Los errores de Chávez

En opinión del exsecretario ejecutivo de la comisión presidencial para asuntos fronterizos y exdirector de cooperación con el Caribe y Centroamérica en la cancillería venezolana, Alfredo Michelena, los errores del chavismo han significado el triunfo de la estrategia de Guyana de llevar a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia. Estima el experto que cada vez son menos las posibilidades de reivindicar el despojo territorial de que fue víctima el país, refiere el experto en un artículo publicado en la Revista Zeta[5].

Esta consecuencia deriva de la posición chavista que cambió el panorama en materia de la reclamación del Esequibo.

Al secundar Hugo Chávez la tesis guyanesa y de Fidel Castro de que el reclamo territorial respondía a una posición imperialista para evitar que un gobierno socialista se instalara en Guyana, debilitó por completo la estrategia de reivindicación que Venezuela había asumido en la era democrática.

Sostiene Michelena que Chávez negoció con el Caricom no insistir en la reclamación territorial del Esequibo a cambio de apoyo internacional en su intento de llegar al Consejo de Seguridad el cual resultó fallido y de controlar la Organización de Estados Americanos (OEA).

El camino de la corte

El fracaso de la política del buen oficiante a la que contribuyó grandemente la posición esgrimida por el gobierno de Hugo Chávez y luego el de su sucesor, Nicolás Maduro, sirvió para que Guyana impusiera su estrategia y convenciera al, para la época, secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, del agotamiento de las negociaciones y este se tranzara por la tesis guyanesa y de sus aliados de acudir a la Corte Internacional de Justicia.

Ya en este extremo, de nada valieron los tardíos esfuerzos del negociador venezolano, Roy Chaderton, ni del embajador en la ONU, Rafael Ramírez, así como tampoco de los cancilleres, Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza, de persuadir al organismo de no ir a los tribunales internacionales.

Finalmente, António Guterres, posicionado como nuevo secretario general de la Naciones Unidas, el 30 de enero de 2018 manifestó que “cumpliendo con la responsabilidad que le ha correspondido dentro del marco establecido por su predecesor en diciembre de 2016, y ha escogido a la Corte Internacional de Justicia como el medio a ser utilizado para la resolución de la controversia”.

Fue así como transcurridos poco menos de dos meses, el 28 de marzo de 2018, Guyana pidió a la CIJ “que confirme la validez legal y el carácter vinculante del Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Guyana y Venezuela”. 

El 18 de junio de 2018, la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el canciller, Jorge Arreaza, asistieron a una reunión convocada por el presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, para tratar la demanda unilateral presentada por la República Cooperativa de Guyana contra la República Bolivariana de Venezuela respecto a la Guayana Esequiba y entregaron una carta de Nicolás Maduro en la que le comunicaba “su decisión soberana de no participar en el procedimiento que pretende incoar Guyana, por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino, que no cuenta con el consentimiento de Venezuela”.

Maduro insiste en la política errática sobre el Esequibo

El periodista y diplomático, Julio César Pineda, refiere que hasta la fecha ninguno de los gobiernos venezolanos ha hecho nada que pueda considerarse definitivo para tomar posesión del territorio, permitiéndose que Guyana continúe con la posesión de facto. Así tenemos que mientras en mero derecho de este lado de la frontera se sigue discutiendo acerca de a quién corresponde la soberanía sobre el Esequibo, al otro lado el gobierno guyanés continúa otorgando concesiones petroleras, mineras, forestales o de explotación de recursos naturales, en su conjunto.
La recomendación fundamental que Pineda hace al gobierno es que desde la presidencia de la república se convoque a los internacionalistas, diplomáticos y excancilleres para la conformación de un frente de defensa del Esequibo, independientemente de las posiciones políticas que cada quien sostenga.

“Hay un pecado terrible del presidente Chávez. Con motivo de la circunstancia de obtener el voto favorable de los países del Caribe, no quiso levantar el tema de Guyana. Inclusive, en una visión equivocada de lo que es la solidaridad internacional habló de que Guyana podía desarrollar sus recursos al margen de la contienda por la reclamación del Esequibo. Eso creo que se trata de un error que el presidente Maduro ha podido corregir; ahora cuando proclaman que el sol nace en el Esequibo. Es una especie de llamado a revisar lo que el presidente Chávez decía; de que era necesario afincar el desarrollo de Guyana, y él no hizo mayores exigencias a ese país; con lo cual Guyana se sintió en lo que llaman en el derecho internacional, con la autoridad de seguir adelante”.

Precisa que la situación es sumamente grave por cuanto Guyana como territorio independiente y soberano insiste en llevar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia y allí se defina el destino del territorio en reclamación con base a que se establezca si es válido o no lo decidido por el Laudo Arbitral de 1899.

Subraya los errores venezolanos de la administración chavista en el Caricom, a cuyos países miembros se les ayuda económica y financieramente, mientras ellos apoyan a Guyana y dejan sola a Venezuela, como también lo han hecho los países de la Commonwealth de Gran Bretaña, que son 53, quienes con su posición están aislando al país con respecto a la reclamación frente al Esequibo.

Destaca el abandono venezolano a las fronteras de los estados Bolívar y Delta Amacuro, colindantes con territorio del Esequibo.

— No hemos hecho absolutamente nada, y Guyana sigue avanzando en sus desarrollos económicos, repito, otorgando concesiones a otros grupos extranjeros, y lo más grave, para Venezuela, es que, no solamente podemos perder los 150 mil kilómetros de ese territorio con Guyana; sino, además, la franja, que es muy larga, de frontera con el Atlántico; que es nuestra salida a ese océano; de modo que esa frontera con otros países se puede cerrar.

Venezuela debe mantenerse firme en su posición de discutir bilateralmente la materia, apunta Pineda.

Julio César Pineda reclama la unidad entre gobierno y oposición en el tema de la Guayana Esequiba e insta a no aceptar llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues es falso lo que sostiene Guyana de que Venezuela perderá el territorio si no acude al tribunal. “Es falso. Ellos citan el artículo 59 de dicha Corte: no es aplicable tomando en cuenta, que en el caso venezolano, nosotros nunca hemos aceptado la competencia de esa instancia. No estamos obligados a ir; como sí fue el caso de otros países”[6].

El peligro de perder el Esequibo

El exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas para la aplicación del acuerdo de Ginebra, Emilio Figueredo Planchart, el actual estado de cosas podría derivar en que el país pierda definitivamente el territorio en reclamación en razón de la negligente actitud de las administraciones chavistas.
“El estatus actual ‘ha sido producto de la negligencia, inexperiencia y desconocimiento de la mecánica del derecho internacional’ por parte del Gobierno de Venezuela, afirmó. ‘Ellos lograron este resultado por esa mezcla de factores y desconocimiento en la aplicación del derecho internacional en este conflicto territorial’”, se lee en una nota de Venezuela Analítica.

Figueredo destacó que la excanciller Delcy Rodríguez “cometió el gravísimo error de insistir en los buenos oficios” ante el secretario general de la ONU con el interés de lograr la prórroga de un año, lo cual no fue más que “un disparate”, en razón de que en la Corte Internacional de Justicia Guyana está blindada, “tiene preparado su expediente desde hace años, y EE. UU. respalda totalmente la acción guyanesa”[7].

No se puede ir a la CIJ

Pero estas no son la únicas voces que se levantan en contra de que Venezuela dirima el conflicto territorial del Esequibo en la Corte Internacional de Justicia, dos de ellas son las del almirante retirado, Elías Daniels, y la de la internacionalista, Mirna Yonis, quienes sostienen que el secretario general de la ONU no puede tomarse la atribución de enviar la controversia a ese tribunal sin el consentimiento de las partes, una potestad que pretende atribuirse Antonio Guterres basado en el artículo IV del Acuerdo de Ginebra.

Respecto a esto último, Daniels advierte que para que se cumpla esa premisa ambas partes deben estar de acuerdo y ese no es el caso, pues Venezuela se niega a ello.

Entretanto, la profesora de la Universidad Central de Venezuela, Mirna Yonis, alerta que la ONU no puede elevar de manera “automática” la controversia a la CIJ, por cuanto Venezuela no es firmante de todos los acuerdos para resolver todo tipo de controversia. “El secretario general de Naciones Unidas, debe servir como facilitador para la resolución del conflicto, pero deben ser las partes quienes se pongan de acuerdo sobre el medio por el cual van a resolver el diferendo, tal y como está establecido en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas”.

A saber el citado artículo reza: “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.

Del mismo modo, el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), estima que el mecanismo de los buenos oficios “no se encuentra agotado, sino que Georgetown se ha negado sistemáticamente a negociar desde el principio, bloqueando así la efectividad de este medio de solución pacífica de controversia”[8].

Los errores de Maduro

El exembajador de Venezuela en Guyana entre el periodo comprendido de 2007 a 2012, Darío Morandy Figuera, refiere que la cancillería venezolana ha errado afectando la negociación bilateral que durante años fue la posición nacional desde tiempos en que Nicolás Maduro ocupó el ministerio de relaciones exteriores, pues en dos ocasiones se negó a recibir al buen oficiante de la ONU cuando este visitó Caracas “y que se cansó de enviar documentos sobre la reclamación del Esequibo, que se quedaron sin respuesta”[9].

Morandy recuerda que en septiembre del año 2011 Guyana concretó una solicitud de extensión de su plataforma marítima ante la Comisión de Límites de la ONU, una solicitud que afectaba directamente los intereses venezolanos, pues ello significaba el cierre de la fachada atlántica de Venezuela al plantear como propia la proyección marítima del estado Delta Amacuro.

Precisó que aquel momento, Nicolás Maduro protestó a Georgetown que Venezuela no había sido informada de la solicitud guyanesa, siendo que realmente sí lo había sido en 2009 a través de la embajada venezolana, desde donde inmediatamente se puso en conocimiento del asunto al entonces canciller por vía escrita, lo cual fue reseñado por el diario El Universal y “sería uno de los 15 documentos que el entonces ministro de Exteriores venezolano quizás ni se tomó la molestia de leer” y en donde se advertía que Guyana estaba accediendo a organismos internacionales en procura de ampliar la plataforma marina afectando enormemente a Venezuela.

“Se lo enviamos al presidente (el entonces canciller Maduro) y le enviamos la versión original en inglés que me había consignado la canciller guyanesa (Carolyn Rodrigues-Birkett). No hubo respuesta, pero cuando se consolidó la solicitud de Guyana ante la Comisión de Límites de Naciones Unidas, entonces hubo un revuelo y Maduro le responde a la canciller de Guyana que había actuado de mala fe porque no le participó. La canciller guyanesa me llama a mí, yo venía llegando de Venezuela a Guyana y del aeropuerto me voy directamente a su despacho y me dice: ‘Cómo es que yo no le participé a usted, si conversamos, si usted me pidió el documento, más completo que tuviéramos con los detalles’. Le dije, ‘eso es correcto y yo lo consigné a través de un oficio’. Por un lado, le agradecí a El Universal que salvó mi actitud y mi compromiso con el país, pero al mismo tiempo me hizo un terrible daño en mis relaciones con la Cancillería guyanesa, porque yo digo —en el informe— que hay que frenar el avance de la diplomacia guyanesa, porque hay intenciones de usurpar nuestro territorio”.

Darío Morandy Figuera advierte que la propia cancillería venezolana destruyó el cuadro diplomático del país, pues no existe una agenda bilateral con Guyana, habiendo sido él quien se dedicó a establecerlos y así consta en la memoria y cuenta que entregó en 2012 cuando entregó el cargo. “En esos temas estaba el del Esequibo como prioritario, estaba el acuerdo de suministro de arroz y el de Petrocaribe, que fue rescindido unilateralmente por el presidente Maduro, lo cual constituyó un error grave, y estaba la construcción de la carretera desde el municipio Sifontes del estado Bolívar a Guyana. Era el escudo que unificaría a Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela y nos permitiría un modelo de integración de 4 idiomas: Portugués, español, inglés y el holandés nativo de Surinam”.

El exembajador, sin embargo, defiende la política de Hugo Chávez y llega asegurar que era el único que tenía una posición clara respecto al Esequibo. Es así que respecto a lo expresado por el finado exmandatario en Georgetown en 2004, aseguró que el “planteamiento de Chávez en ese momento fue mal interpretado y mal utilizado. El planteamiento de Chávez de fondo, que se recogió por parte de nuestra misión diplomática en Guyana, es que Venezuela y Guyana no podían convertirse en países que estuvieran peleando y que una disputa territorial impedía el desarrollo económico y político de Guyana. Chávez lo decía porque el Esequibo no era solo un pedazo de tierra, donde había 250 mil habitantes, además hay mineros que es una población itinerante y eso necesita de una atención estratégica en el concepto moderno de la integración, tal como se consideró para la construcción de Unasur y la Celac. La frontera no puede convertirse en un obstáculo, sino en un instrumento que coadyuve al desarrollo y ese era el planteamiento de fondo, porque la visión era integral”.

En este sentido, Morandy indica que “Chávez privilegiaba la relación entre los pueblos. Chávez lo planteó así y generó toda una controversia, que terminó interpretando que se había congelado cualquier reclamo que Venezuela había pretendido históricamente, y fue lo que interpretaron muchos medios. El embajador Odeen Ishmael al hacer pública esa información trata de aprovecharse del calor político y la incertidumbre ante algunas definiciones políticas que el presidente Chávez no acababa de esbozar, pero nadie dijo que Chávez fue el único que se atrevió a paralizar la base espacial que se pretendía lanzar desde el Esequibo, nadie dijo que a través del canciller [José Vicente] Rangel se frenaron las pretensiones de la Exxon de apropiarse de parte de nuestro territorio Esequibo y que proyectaba una ocupación progresiva de nuestra única salida al Atlántico”.

Considera como un error garrafal el que Venezuela hubiera aceptado la resolución de la ONU del 16 de diciembre de 2016 que advertía que si en un año el mecanismo de los buenos oficios no se resolvía la situación del Esequibo, el caso sería enviado a la Corte Internacional de Justicia. “Eso no ha debido ser aceptado nunca. Lo que es peor: Nuestra canciller de ese momento, la señorita Delcy Rodríguez, no dijo absolutamente nada y no estableció absolutamente nada que frenara esa decisión. Había que decir que no se aceptaba, porque en un año no se iba a recomponer una disputa que ya tenía carácter centenario. Era como celebrar que nos pusieran entre la espada y la pared”.

Y agrega: “El presidente de la República, que estuvo casi 6 años como canciller, no dijo nada, así como no dijimos nada cuando Guyana sacó sus nuevos límites. No hemos dicho nada porque no se ha convocado a la gente que conoce el tema a fondo. Aquí hay especialistas que se formaron con este tema, tenemos argumentos geográficos, cartográficos e históricos con alto contenido social”.

Morandy es de los que estiman que el camino de los buenos oficios no está agotado, pero debe replantearse.

Sin ambages asegura que la gestión de gobierno venezolana actual ha sido la única responsable del destino de que tuvo el camino del buen oficiante. En “los 5 años que correspondieron al presidente Maduro hubo una ignorancia absoluta del trasfondo, una especie de dejadez, y se entendió como que nombraron a un señor allí que hay que darle unos viáticos para que revise los archivos”.

Se pronuncia por convocar una reunión extraordinaria de la Comisión Binacional de Alto Nivel, para lo cual la cancillería venezolana debe trabajar arduamente para convencer a los guyaneses de ello.

El gran botín

Pero detrás de toda esta disputa se esconden —tal vez ya están demasiado a la vista— intereses económicos muy alejados del afán nacionalista y patriota que pueden motivar la lucha de Venezuela y Guyana por ejercer la soberanía sobre el territorio.

El Esequibo es un cofre que guarda grandes riquezas naturales, agua abundante para generación eléctrica, así como minerales: petróleo, cobre, níquel, hierro, oro y coltán.

Y sobre uno de estos tesoros, el petróleo, los ojos de interesados de la ExxonMobil se han posado, constituyéndose en la chispa que puede encender el fuego en cualquier momento.

Contrariando lo que las normas dictan en estos casos, el gobierno guyanés otorgó una concesión a cambio de USD 200 millones a la citada ExxonMobil para la exploración y explotación del bloque Stabroek de 26.000 km² en el océano Atlántico, lo que prendió las alarmas en Caracas acompañada del reclamo correspondiente. Las primeras investigaciones señalan que la zona en cuestión en el Atlántico alberga reservas de petróleo por el orden de los 700 millones de barriles. El valor de dicha reserva según los primeros cálculos podría alcanzar los USD 40 mil millones[10].

El hallazgo petrolero se ubica en la “cuenca Guyana-Surinam (de 459.450 kilómetros cuadrados, casi 10 veces más grande que la Faja Petrolífera del Orinoco) es uno de los depósitos inexplorados de hidrocarburos más importantes del mundo, certificado por el Servicio Geológico de EE. UU. Se calcula que pueda tener unos 12.800 millones de barriles de petróleo (10% de la región), estimaciones equivalentes a 5,44% del existente en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyas reservas certificadas son de 235.000 millones de barriles. Muy probablemente, el área es una extensión de la Faja”[11].

Y mientras Guyana sostiene que el bloque Stabroek se encuentra en su jurisdicción, Venezuela reclama que se trata de aguas en litigio y que la administración guyanesa no puede autorizar exploraciones y explotaciones económicas en esa zona ni en el Esequibo, por tratarse de una zona en reclamación territorial.

Pero el trato con la Exxon no es el único, aunque sí tal vez el más notable, pues el gobierno guyanés ha otorgado con concesiones ilícitas  a empresas de Estados Unidos, China, Canadá, Australia, la India y Malasia.

El diferendo territorial parece, entonces, haber iniciado una cuenta regresiva que podría traer terribles consecuencias para Venezuela, pues estaría consolidando la política de despojos de que ha sido víctima a lo largo de su historia.

Notas

[1] Consulado de Venezuela en Vigo. Acuerdo de Ginebra. http://www.consulvenevigo.es/subido/ACUERDO%20GINEBRA%20ONU%201966.pdf

[2] Academia Nacional de la Historia de Venezuela. “El Acuerdo de Ginebra cumple 50 años”. http://www.anhvenezuela.org.ve/sites/default/files/1/Acuerdo%20de%20Ginebra.pdf

[3] 2001. “Chávez cambió postura venezolana ante el diferendo del Esequibo”. Sin fecha. http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/103497/chavez-cambio-postura-venezolana-ante-el-diferendo-del-esequibo.html

[4] Tal Cual. “El chavismo cambió fidelidad por Esequibo”. 31 de enero de 2018. http://talcualdigital.com/index.php/2018/01/31/el-chavismo-cambio-fidelidad-por-esequibo/

[5] Revista Zeta. “De cómo el chavismo entregó el Esequibo”. 21 de junio de 2018. http://revistazeta.net/2018/06/21/de-como-el-chavismo-entrego-el-esequibo/

[6] Mundo Oriental. “Julio César Pineda: Estamos a punto de perder el Esequibo por la negligencia venezolana”. 3 de agosto de 2018. http://www.mundo-oriental.com.ve/det.aspx?id=84240

[7] Venezuela Analítica. “Venezuela perdería el Esequibo por negligencia del Gobierno”. 1° de febrero de 2018. https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/venezuela-perderia-el-esequibo-por-negligencia-del-gobierno/

[8] Venepress. “Diferendo territorial entre Venezuela y Guyana no se puede resolver en la Corte”. Sin fecha. https://www.venepress.com/article/Diferendo_territorial_ente_Venezuela_y_Guyana_no_se_puede_resolver_en_la_Corte1517502024513

[9] El Estímulo. “La Cancillería de Maduro desestimó el reclamo venezolano sobre el Esequibo”. 12 de abril de 2018. http://elestimulo.com/climax/de-como-maduro-desestimo-mas-de-15-informes-sobre-el-esequibo/

[10] La Nación. “Venezuela y Guyana se pelean cofre de riquezas en Esequibo”. 2 de agosto de 2015. https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/venezuela-y-guyana-se-pelean-cofre-de-riquezas-en-esequibo/M32YTH6ML5H2FKS5DPFNESZL6A/story/

[11] Contrapunto. “Infografía | Tres momentos difíciles en la disputa territorial por el Esequibo”. 20 de Julio de 2015. http://contrapunto.com/noticia/infografia-las-5-cosas-que-debes-conocer-sobre-la-disputa-territorial-del-esequibo/

miércoles, 4 de octubre de 2017

Cubanos al mando de Venezuela, una invasión silenciosa

Comparto con ustedes un reportaje que fue publicado originalmente en 2011 y que su contenido sigue vigente.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Desde comienzos de la Administración de Hugo Chávez Frías se viene hablando de que existe presencia militar cubana en Venezuela, una situación que era un secreto a voces y que hoy día se evidencia con testimonios y documentos. Los alcances de lo que es un secreto a voces en Venezuela parecen irse revelando y poniendo en claro hasta dónde llega la penetración militar cubana en ese país.

Durante diez años se intentó mantener en secreto el asunto, pero ahora comienzan a conocerse cómo la red de tentáculos cubanos toca los nervios más sensibles del aparato militar y de seguridad del Estado venezolano. Una injerencia que sobrepasa cualquier límite que de situación similar se tuviera en el pasado.

Por vía de militares activos y retirados, como a través de documentos, estudios y por académicos y expertos en materia militar se sabe ahora que oficiales cubanos tienen puestos claves en la Fuerza Armada y poseen amplia capacidad de influir en la toma de decisiones militares, así como en comandos estratégicos, guarniciones, bases aéreas, puestos fronterizos, estaciones de rastreo satelital, e incluso, instalaciones petroleras a lo largo del país.

La situación ha llegado a tal extremo que ha causado inquietud y crítica dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN).

De hecho, se han producido renuncias de altos funcionarios y expresiones de rebeldía en cuarteles militares, donde suelen circular panfletos y grafitis con mensajes críticos a la presencia cubana.

“La presencia de militares cubanos está en contra de los principios institucionales de soberanía e independencia de Venezuela. Y en ese sentido, todos los militares venezolanos deben estar en contra de esa situación”, aseguró Antonio Rivero, general de Brigada del Ejército que renunció a su cargo el pasado 7 de abril, en desacuerdo con la cubanización del sector militar venezolano.

“Existe el riesgo de que información considerada de seguridad nacional como ubicación de armamento y de cómo organizar los sistemas de comunicación de los diversos componentes de la FAN, pueden caer en manos de los cubanos”, añadió Rivero.

Y aunque las altas autoridades del gobierno venezolano no niegan la presencia militar cubana, sí han aclarado que esta presencia tiene lugar en el marco de acuerdos de cooperación previamente existentes, y que no hay riesgos de “cubanización” de la FAN.

“Como un mecanismo de cooperación militar” entre Venezuela y Cuba, cataloga la situación el presidente Hugo Chávez quien defiende la actuación de los oficiales castristas.

“Aquí los cubanos nos están ayudando (...) Nos han dicho cómo almacenar las brújulas, cómo reparar los radios de los tanques y cómo se debe almacenar la munición”, refirió el presidente Chávez en una rueda de prensa a mediados del año pasado.

El mandatario también sugirió que los cubanos cooperan con Venezuela en operaciones secretas. “Cuba nos ayuda modestamente en algunas cosas que no te voy a detallar”, le dijo a un periodista el año pasado en Caracas.

Pero mientras el presidente de la República Bolivariana de Venezuela dice esto, el ministro de la Defensa, Carlos Mata Figueroa, niega enfáticamente que los cubanos ejerzan funciones de control militar. “Los agoreros hablan de que hay cubanización, bielorrusiación, iranización, rusianización, cuando no hay nada de eso”.

Sin embargo, una creciente y detallada evidencia describe el amplio alcance que ya tiene el activismo militar cubano dentro del estamento militar venezolano.

Un caso que vale la pena señalar, pues se constituye en ejemplo fehaciente de la penetración militar castrista es el del general de brigada cubano Frank Yánez, jefe del Grupo de Coordinación y Enlace de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en Venezuela, quien dirige una misión militar de 20 altos oficiales acantonados en Fuerte Tiuna, la guarnición militar más grande de esa nación suramericana.

Carlos Romero, analista militar, académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sostiene que el general Yánez ocupa un piso en el edificio que sirve de sede al Ministerio de la Defensa, y desde allí desarrolla una importante capacidad de mando sobre las operaciones de la FAN venezolana.

Desde la plataforma opositora también se escuchan protestas contra esta situación. “Nunca antes habíamos permitido que ciudadanos de otro país asumieran puestos claves asociados con la seguridad nacional”, refirió Julio Borges, presidente del partido opositor Primero Justicia y actual diputado a la Asamblea Nacional.

Estima Borges que colocar a cubanos en posiciones claves dentro de la FAN podría comprometer la soberanía nacional y violar leyes venezolanas.

“Los cubanos no pierden el tiempo en lo que no les da de comer. Están concentrados en los sitios más vitales del país: en comandos militares estratégicos, en la Milicia Bolivariana y en instalaciones estratégicas de la industria petrolera”, dijo entretanto Rocío San Miguel, quien es experta en temas militares y además es presidenta de Control Ciudadano, una asociación civil cuya función es monitorear la actividad militar en Venezuela.

En la opinión de San Miguel, quien ha desarrollado sobre el tema, los cubanos se encuentran activos como asesores militares en las seis divisiones de infantería del ejército venezolano, donde se concentra el mayor poder de fuego de la FAN, ubicadas en las ciudades de Maracaibo, Caracas, San Cristóbal, Maracay, San Fernando de Apure y Ciudad Bolívar. “En todas las divisiones del Ejército hay cubanos, y se apoyan en las instalaciones que tienen en todo el país para moverse”.

Y hace su advertencia más dramática: “Es en la industria petrolera y en la Milicia donde los cubanos tienen la presencia más seria”.

En el comando central de la milicia, ubicado en el Museo Histórico Militar, en el oeste de Caracas, los oficiales cubanos juegan un papel central que abarca desde organización jerárquica hasta entrenamiento de los milicianos, siguiendo el modelo de defensa cubano, indicó San Miguel.

“Allí los cubanos tienen una interacción importante con los colectivos sociales, los Comités de Defensa de la Revolución bolivariana, los círculos bolivarianos. Están encargados de proteger el perímetro de Miraflores (sede presidencial) y controlan la presencia de la milicia en la industria petrolera nacional”.

También el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, quien fue Canciller y ministro de Relaciones Interiores y Justicia del gobierno de Chávez entre los años 2000 y el 2002, asegura que unos 60,000 cubanos controlan “actividades sensibles para la soberanía de Venezuela”, entre ellas funciones dentro del alto mando militar.

“Están en todos los lugares donde se toman las más altas decisiones estratégicas”, aseguró Dávila. 
Reportaje especial de Analítica.com publicado el 20 de marzo de 2011 en La Prensa de Nicaragua. 

viernes, 29 de septiembre de 2017

Los casos de narcotráfico en Venezuela que prendieron las alarmas de las autoridades antinarcóticos internacionales

Por Maibort Petit
@maibortpetit


En la medida en que se ha venido conociendo los vínculos de funcionarios civiles y militares de los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y al terrorismo internacional, ha venido creciendo la certeza que en Venezuela funciona un narcoestado con características únicas. Varias investigaciones en curso buscan la ruta para establecer este escenario que traerá consecuencias negativas para la nación suramericana sumergida en una aguda crisis política, económica y social.

Los expertos tradicionales hablan de un narcoestado como un área donde el gobierno, el crimen organizado y las autoridades se han fusionado. En el concepto clásico de narcoestado los cárteles de las drogas se mueven con absoluta impunidad, puesto que las agencias que aplican la ley no actúan en su contra, ya sea por un compromiso adquirido entre las cúpulas de poder o por el pago de sobornos o la cohabitación acordada por los sectores que manejan la autoridad y esas organizaciones. 

En un narcoestado, la estructura estatal es usada para facilitar el negocio de las drogas, incluyendo el uso del sistema para el blanqueo de capitales provenientes de la industria criminal. El dinero de la droga también influye en la toma de decisiones políticas, paga campañas electorales de los políticos conectados con los carteles e inclusive, se usa para pagar a los votantes, en su mayoría pobres y acostumbrados a la práctica populista del clientelismo político.

En un narcoestado existe una violencia no controlada, desapariciones y muertes, alcaldes y gobernadores con conducta delincuencial, partidos encubridores y miembros de la sociedad que en ocasiones participan en el sistema por necesidad económica, lo cual conlleva a altos niveles de impunidad. En un sistema de este tipo, la presidencia de la República se convierte en cómplice por omisión o en algunos casos por su participación directa en el esquema criminal. 
Desde el inicio del milenio se habían presentado algunos síntomas de las vinculaciones entre el gobierno de Hugo Chávez y el narcotráfico. Buena parte de esas sospechas se confirmaron gracias a los datos encontrados en las computadoras del guerrillero Raúl Reyes y -luego- en los equipos incautados el 23 de septiembre de 2010 por la Policía y Fuerzas Militares de Colombia durante la Operación Sodoma en la que murió alias 'Mono Jojoy' jefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En menos de dos décadas se produjo una descomposición de una parte de la clase política venezolana y se observó un incremento desmesurado de la corrupción que se han enquistado en los más altos niveles del gobierno y de algunos grupos de la oposición. Con los años también se han incrementado las acusaciones contra funcionarios del gobierno, familiares y adeptos de tener vínculos con el crimen organizado, incurrir en actos de corrupción, crear y encubrir redes delincuenciales, hacer negocios ilícitos, desviar recursos y recibir dinero para sus campañas proveniente de distintas organizaciones criminales.
En un narcoestado el crimen organizado tiene influencia en el gobierno y controla algunas áreas del territorio. Sus conexiones políticas permiten que los carteles actúen libremente, inclusive cuando hacen uso de la estructura del Estado.  En muchos casos que ejemplifican el funcionamiento de los narcoestados, las autoridades se involucran con grupos criminales y logran una cohabitación. 

En algunos modelos de narcoestado las fuerzas armadas juegan un rol fundamental. Los carteles compran las voluntades de los oficiales de todos los niveles con enormes cantidades de dinero para que permitan que las actividades propias de estos carteles puedan realizarse sin ningún inconveniente, incluyendo las tareas de distribución y venta de drogas, al igual que el negocio del secuestro, extorsión, tráfico de personas y de armas.

En los modelos de narcoestado que se conocen hasta ahora  una parte de la sociedad también participa de manera directa o indirectamente. Algunos sectores sociales pasan a ser cómplices  directos y forman parte de las redes criminales en diversos roles. Estas relaciones se gestan en base a la necesidad económica o simpatías políticas con los agentes del poder. Otros sectores de la población suelen colaboran con los carteles a la fuerza o por interés de lograr fácil fortuna o posicionamiento político. En otros modelos conocidos, la sociedad se activa contra las organizaciones criminales y las combate a través de una serie de mecanismo que -en mucho casos- ha resultado eficiente en la lucha contra los cárteles.


En el caso de Venezuela, por ejemplo, existen evidencias que dejan claras las vinculaciones entre funcionarios públicos de alto nivel con organizaciones criminales internacionales, e inclusive hasta con grupos terroristas tales como Hamas o Hezbollah.  

Algunos casos referenciales


La gestión de Nicolás Maduro frente a la jefatura del Estado venezolano ha estado caracterizada no solamente por una aguda crisis económica, la violación de los derechos humanos, la persecución al pensamiento disidente y el recrudecimiento del sistema autoritario del que dan cuenta diversos informes que catalogan esta administración como una dictadura, sino también, por las vinculaciones que sus principales funcionarios y entorno, mantienen con el narcotráfico.

A continuación presentamos algunos casos emblemáticos de narcotráfico que han tenido lugar en los últimos años y que han encendido las alarmas de las agencias antinarcóticos de varios países del mundo.


Walid Makled alias "El Turco" o "El Árabe"


Nacido en la población de Tinaco, Estado Cojedes, 6 de junio de 1969, Walid Makled ejerció una  amplia actividad empresarial en el centro del país, pero es raíz de la compra en el año 2008 de la aerolínea Aeropostal, cuando adquiere especial figuración.
Bajo su égida la que había sido la línea aérea más antigua de Venezuela pasó a denominarse Corporación Alas de Venezuela Aeropostal.

El presidente de la Inversiones Makled, C.A., era igualmente propietario junto a su clan familiar de Almacenadora Conacentro, Fundación Makled C. A, Transporte Makled, Tiendas Makled, finca Sabana del miedo, Centro Comercial Libertador, Centro Comercial Guataparo, Residencias Makled, Centro Comercial MM, dos terrenos de 3 mil metros y mil metros ubicados en Tocuyito (Carabobo), una aeronave, embarcaciones y vehículos.

Todas estas propiedades fueron incautadas por las autoridades venezolanas.

Previo a su detención en el año 2010, Walid Makled, comenzó a ser investigado desde año 2004 por la Comisión Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, que inició la fiscalización de Inversiones Makled, C.A.

En el año 2005, el Ministerio Público venezolano ordenó su investigación por narcotráfico a cuyas averiguaciones se sumaron, en 2008, las relacionadas con legitimación de capitales.

En el contexto de estas investigaciones, el Comando Antidrogas de la GNB y la Dirección de Inteligencia Militar,DIM, incautan 392 kilogramos de cocaína en la Agropecuaria “El Rosario”.


A partir de este evento huye a Colombia y el gobierno venezolano solicita su introducción en lista roja de Interpol.

A Walid Makled también se le involucra en el asesinato del periodista, Orel Zambrano, y del veterinario, Francisco Larrazábal.'


Cuando el 18 de agosto de 2010 las autoridades colombianas proceden a su detención atendiendo una solicitud formulada por gobierno de Estados Unidos que acusa por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, Makled procede a hacer una serie de revelaciones que comprometen al gobierno y a funcionarios de la administración pública venezolana.
Makled confesó haber obtenido la concesión del puerto de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, a través de sobornos a funcionarios de gubernamentales, entre ellos, el exgobernador de la citada entidad federal para la fecha, Luis Felipe Acosta Carlez.

Desde su sitio de reclusión en Colombia, Walid Makled concedió una entrevista a la televisora estadounidense Univisión, en la que involucró a militares venezolanos en sus negocios de narcotráfico y lavado de dinero, quienes habrían contribuido a que amasara una fortuna superior a los 1.200 millones de dólares.

Makled acusó a Venezuela de ser un “narcoestado” y señaló que desde San Fernando de Apure salían a diario 5 o 6 aviones con cocaína hacia Hondura que luego era llevada a México y de allí a Estados Unidos.
Acusó al exgobernador del estado Aragua —actual vicepresidente ejecutivo de Venezuela—, Tareck El Aissami, así como al hermano de este, Feras El Aissami, de llevar a cabo actividades de narcotráfico.
Venezuela disputó la extradición Estados Unidos pues en un tribunal federal de Manhattan es acusado de traficar toneladas de cocaína desde Venezuela, vía América Central y México, para finalmente ingresarla a territorio norteamericano.

Finalmente, en el año 2012, Walid Makled es extraditado a Venezuela al privilegiar el gobierno de Juan Manuel Santos la solicitud de su par, Hugo Chávez, por encima de la formulada por EE. UU. A su traslado es recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En febrero de 2015 fue condenado por el juez 20º de juicio de Caracas, Alí Paredes, a 14 años y 6 meses de prisión por delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Hermágoras González Polanco, alias “el Gordito” o “Armando González Apushana”


Aunque se sabe que Hermágoras González Polanco nació en la ciudad de Maicao en Departamento de La Guajira, Colombia, el 19 de octubre, no se tiene exactitud respecto al año, estimándose que ocurrió entre 1959 y 1962.
También Se le conoce con los alias de "Armando Gonzalez Apushana" y "Gordito González".

También posee la nacionalidad venezolana.

González Polanco es solicitado por la DEA y la orden de captura publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos refiere que manejó su propia organización narcotraficante, a la que se le conoce como el Cartel Guajira.

Desde 1998 hasta la fecha, Hermágoras González Polanco y su socio, Salomón Camacho Mora, enviaban toneladas de cocaína a Estados Unidos, incluyendo 9 toneladas métricas sólo entre 1999 y 2000.

Los informes señalan que González Polanco y Camacho mantienen fuertes lazos con las organizaciones dominicanas de narcotráfico, las cuales cancelan los narcóticos suministrados por estos hombres a través de una elaborada operación de lavado de dinero.

Entre las principales características y modus operandi del Cartel de la Guajira está la violencia, la intimidación, la extorsión y el asesinato, de los cuales se vale para cumplir sus cometidos.

Se conoce que Hermágoras González Polanco también habría integrado las Autodefensas de Campesinos de La Guajira (AUC), a las cuales proveyó de armamento desde Europa a través de la frontera con Venezuela.

González Polanco fue capturado el 9 de marzo de 2008 en la población de Caja Seca, localidad del Estado Zulia en los límites con el estado Mérida.

El Ministerio Público venezolano le confiscó seis fincas de su propiedad ubicadas en la Costa Sur del Lago de Maracaibo, 4.200 reses, bienes valorados a la fecha en 55 millones de bolívares (revaloradas a su condena en 250 millones de bolívares.

Los reportes revelan que durante años actuó impunemente en Venezuela portando armamento con permisos expedidos por la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas.

Poseía credenciales como comisario de la Disip y de la Guardia Nacional firmados por el exdirector de la DISIP, Coronel Miguel Rodríguez Torres y el General de Brigada, Alexis Maneiro Gómez.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló que los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores (Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas) procesado y condenados por un jurado en la Corte del referido distrito, negociaban su liberación.

Hermágoras González Polanco es señalado por el Departamento del Tesoro de recibir cargamentos de droga del vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, investigado por narcotráfico en EE. UU.

Igualmente, González Polanco se mantiene prófugo de la justicia colombiana por un asesinato  cometido en 2002.

Ese mismo año —2002— fue procesado en el Distrito de Nueva Jersey por delitos de lavado de dinero.

En el año 2004 fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico.

En 2005 se emitió una acusación en su contra, así como contra sus socios, por los cargos iniciales de lavado de dinero, conspiración para distribuir cocaína.
En 2013 fue condenado a 15 años y 6 meses de prisión por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas de guerra.

Se encuentra recluido en la cárcel de El Rodeo II, ubicada en el estado Miranda.


Vasily Kotosky Villarroel Ramírez alias “El Potro”


Sin que se tengan mayor información acerca de sus datos biográficos, se conoce que Vasily Kotosky Villarroel Ramírez, también conocido con el alias de “El Potro”, nació el 27 de marzo de 1972.
Este excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quien adquirió fama por haber mantenido una relación amorosa con vedette venezolana, Diosa Canales, era conocido en el oriental estado venezolano de Anzoátegui como un acaudalado empresario, próspero y de fuertes influencias. Residía en la urbanización “La Villas” de Lecherías, Municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja.

Villarroel Ramírez era propietario de yates, lanchas, motos y un avión personal. Asimismo, era una persona conocida por su pasión por los automóviles, los cuales coleccionaba. Todos estos bienes fueron retenidos por las autoridades luego de su detención.

Los informes emanados sobre su actividad delictiva, refieren que Vasily Kotosky Villarroel Ramírez lideraba el cártel de los 40 y era financista y legitimador de los capitales ilícitos del cartel mexicano de Sinaloa.

Se le vincula con el ex-narcotraficante, Frank Tello, apresado en EE. UU., con quien transportaría cocaína desde Colombia a México para luego ingresarla a territorio norteamericano.

A Vasily Kotosky Villarroel Ramírez igualmente se le señalan nexos con los narcos Daniel el ‘Loco’ Barrera y los hermanos Calle Serna, conocidos como ‘los Comba’ (presos en EE. UU).

Este hombre era capitán de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y formaba parte de un cartel integrado por militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB.

Del mismo modo, se sabe que Villarroel Ramírez coordinaba la salida de cargamentos de cocaína por la frontera colombo-venezolana con rumbo a Centroamérica y finalmente a Estados Unidos o Europa.

Se maneja que sería poseedor de amplia información que compromete a altos oficiales militares venezolanos con actividades de narcotráfico.

Villarroel Ramírez tenía órdenes de captura de la oficina de la Interpol en Venezuela (difusión roja) y Estados Unidos (color verde).

El 16 de octubre de 2008 se incautaron en el fundo “La Chinita” ubicado en El Tigre, Estado Anzoátegui, 30 panelas de cocaína las cuales traficaría.

En el año 2011 fue inculpado por estos hechos en una corte de Nueva York bajo los cargos de tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de dinero los años 2004, 2008 y 2009.

En 2013 fue sancionado por los EE. UU. por sus vínculos con los carteles de la droga en Colombia y México.

El Departamento del Tesoro lo calificó como un capo de la droga con nexos internacionales conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

El 20 de julio de 2015 fue arrestado en el contexto de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que lleva a cabo el gobierno venezolano. La captura tuvo lugar en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho a la altura de Guarenas, estado Miranda, por cometer y favorecer presuntos delitos de narcotráfico mientras ejercía como oficial.

Juan Carlos Araujo Durán


Nacido el 7 de marzo de 1970, Juan Carlos Araujo Durán, es ampliamente conocido en Venezuela por sus actividades como empresario de espectáculos musicales y deportivos.

Araujo Durán es director de la compañía Producciones Solid Show 2050 fundada en 1996, dedicada a eventos musicales, marketing corporativo y mercadeo promocional.

De dicha empresa posee el 50 por ciento de las acciones, junto a su socio, Luis Hurtado Arévalo, propietario del restante 50 por ciento.

Con Hurtado también es dueño de Promociones BTL (publicidad y promoción de marcas y eventos), de El Mundo del Entretenimiento L. J. (espectáculos musicales, culturales y deportivos).

Solid Show junto a Main Eventos organizó los partidos locales de la selección venezolana de fútbol durante las eliminatorias de cara al Mundial de Fútbol Brasil en 2014.

Solid Show ha sido acusada y demandada en varias oportunidades por cobro de comisiones y algunos artistas han manifestado públicamente su descontento con la empresa.

El 30 de marzo de 2015 fue detenido por su presunta relación con el tráfico de 450 panelas de cocaína de Venezuela a República Dominicana.

En el operativo de captura se le incautaron cuatro vehículos, un escopetín y un revólver.

La fiscalía acusó a Araujo de lavar dinero proveniente, presuntamente, del narcotráfico, una actividad ilícita para la cual se habría servido de su empresa Solid Show.

Igualmente, el Ministerio Público señaló que las investigaciones indican que Juan Carlos Araujo usaba los espectáculos para distribuir y vender droga a los asistentes a dichos eventos artísticos.

También Solid Show habría sido empleada para solicitar dólares preferenciales fraudulentamente al estado venezolano, el cual mantiene un férreo control de cambio desde hace casi dos décadas.

Araujo contaba con el apoyo del abogado Mariano Díaz, sobrino del juez Cristóbal Ramírez, una relación que le habría servido para extorsionar. Sus clientes suelen ser los conocidos funcionarios gubernamentales conocidos popularmente como “enchufados chavistas”.

Yazenky Antonio Lamas Rondón alias "El Piloto del Cártel de los Soles"


El 31 de octubre de 1979 nació Yazenky Antonio Lamas Rondón, quien posee cédula de identidad venezolana número V-14.072.289.
Se trata de un hombre de origen humilde que ingresó a las Fuerzas Armadas, donde alcanzó el grado de capitán de la Guardia Nacional y se convirtió en servidor de confianza de la familia presidencial venezolana.

Tiene varias propiedades en los estados Miranda y Vargas.

En 2008 Lamas Rondón abandonó la carrera militar cuando se relacionó con el cartel de los Soles.

El 6 de junio de 2016 fue arrestado el en el Aeropuerto “El Dorado” de Bogotá, Colombia, por solicitud de la agencia antidroga estadounidense, DEA.

Lamas Rondón mantenía un alerta roja de Interpol que atendía a una orden de captura dictada en su contra por la Corte del Distrito de Columbia.

A su captura por la policía colombiana, Lamas Rondón, conocido como el “Piloto del Cartel de los Soles”, dijo que poseía una empresa que vendía mascotas de pedigrí en varios países.

El presidente Nicolás Maduro habría solicitado a su homólogo, Juan Manuel Santos, que aprobara la extradición de Lamas Rondón a Venezuela, pero luego de permanecer 386 días arrestado en la cárcel de la Picota en Bogotá, Yazenky Antonio Lamas Rondón fue extraditado a los Estados Unidos el 24 de junio de 2017.

Ya en territorio norteamericano, Lamas Rondón acordó colaborar con las autoridades federales de EE. UU. y suministrar toda la información relacionada con el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales a las que está vinculado.

Se le señala de coordinar los vuelos de aeronaves cargadas de cocaína desde Venezuela a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, de donde era llevada a los Estados Unidos, Europa y países africanos.

Yazenky Antonio Lamas Rondón es responsable de comprar y obtener códigos aeronáuticos que le permitían hacer planes de vuelo con apariencia legal que en realidad transportaban drogas.

Con esta modalidad de operaciones, Lamas Rondón habría enviado un centenar de vuelos repletos de drogas desde el estado Apure en Venezuela y desde el Departamento de Santander en Colombia, hacia los EE. UU.

Igualmente, por informes se conoció que Yazenky Antonio Lamas Rondón reclutó pilotos que volaron otros 200 aviones pertenecientes a los cárteles colombianos y venezolanos.

Lamas Rondón era el enlace entre el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales, como el Cártel del Atlántico, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Edgar José Maestre Martínez alias “El Profe Maestre”


En fecha 9 de agosto de 1977 nació Edgar José Maestre Martínez, quien posee identificación venezolana bajo el número V-12.597.566, sobre quien pesaba una orden de captura en su contra emitida por la Fiscalía General de Colombia el 20 de agosto de 2013.

Su captura se produjo el 15 de octubre de 2013 en Cúcuta, en la vía pública (Calle 11 N° 2 este-75 Barrios Caobos).


La Corte Suprema de Justicia de la nación neogranadina aprobó su extradición por solicitud de la Embajada de Estados Unidos fechada el 8 de agosto de 2013, la cual se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2014.

Una investigación periodística presentada en este mismo blog demostró que Edgar José Maestre Martínez, conocidos con el alias de “El Profe Maestre”, a pesar de haber sido apresado en 2013, continuaba como trabajador activo en la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación y en el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales, IVSS, en el que cotiza desde el año 2002.

De hecho, los registros en su cuenta individual en el IVSS reflejan que en 2014 cotizó en salarios Bs.47.903, 69; en 2015, Bs.84.547, 77 y en el 2016, Bs.103.398, 75 en salarios.

Edgar José Maestre Martínez enfrenta cargos por traficar cocaína desde Venezuela a los EEUU, vía Honduras, ante la Corte del Distrito Sur de Virginia.

Tres co-conspiradores le acompañan: Juan Diego Zapata-Arcila “Lucas El Paisa”, Edwin Franco-Arias, alias “Camilo”, “Chorizo” y “Ladrillos del Caribe” y, finalmente, Reinel Antonio Benitez Nuñez, alias “Cajuche” y “Cajuche Pobre”, quienes se declararon culpables y cooperarán con las autoridades norteamericanas.

De los cargos que se le imputan, Edgar José Maestre Martínez se declaró no culpable.

Entretanto, fiscales federales bregan para que él y sus abogados acepten su culpabilidad y lleguen a un acuerdo de cooperación.

Las reseñas judiciales de Edgar José Maestre Martínez establecen que la conspiración de la que se le acusa habría tenido lugar desde el 4 de mayo de 20012 hasta 13 de junio de 2012.

Específicamente, la acusación contra Maestre Martínez es por violar el título 21 Código de los Estados Unidos, a saber:

-Numeral 960, 963 que establece como ilegal la conspiración para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína.

-Numerales 959(b), 960, 963: Poseer cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos con intento de distribución.

El modus operandi bajo el cual este individuo habría llevado a cabo su actividad delictiva fue mediante el uso de aviones privados, camiones y barcos, en los cuales hacía los envíos de droga desde Colombia y Venezuela con destino a pistas clandestinas en selvas de Honduras.

Una vez la droga arribaba a territorio hondureño, era trasladada en vehículos especiales a través de la selva a los puertos marítimos costeros de esa nación centroamericana para su exportación a Estados Unidos a través de México.

Documentos revelados por la fiscalía de Virginia señalan que Edgar Maestre es miembro del Servicio de Inteligencia del régimen venezolano y que su actuación como agente le permitió realizar sus labores en el narcotráfico de una manera más segura.

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas alias “Los narcosobrinos”


El 10 de noviembre de 2015 fueron arrestados los sobrinos e hijos de crianza de la pareja presidencial venezolana integrada por Nicolás Maduro y Cilia Flores y a quienes se identificó como Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas.

La detención de los familiares del mandatario venezolano tuvo lugar en el restaurante del hotel Servotel, ubicado en las cercanías del principal aeropuerto de Puerto Príncipe, Haití.

El arresto estuvo a cargo de la policía haitiana a pedido de la DEA.

Quienes desde ese momento se dieron a conocer popularmente como los “narcosobrinos”, eran investigados desde mediados de 2015 por la agencia antidroga de Estados Unidos a través de informantes y testigos cooperantes.

Efraín Antonio Campo Flores contaba 30 años de edad al momento del arresto, es abogado y está casado con Jessair Rodríguez Camacho con quien tiene dos hijos.

Según los informes, Campo Flores  es propietario de Transportes Herfra S.A en Panamá (taxis); trabajó en la enfermería de la Asamblea Nacional; fue trabajador del Parlamento Latinoamericano entre 2008 y 2011; posee un Ferrari, motos de alta cilindrada, una camioneta Land Rover, un apartamento en La Castellana y otros inmuebles en Caracas. Asimismo es dueño de una finca en Higuerote, Estado Miranda.

A este sobrino de Cilia Flores se le considera como el jefe de la organización criminal dedicada al narcotráfico con la cual llevó a cabo la operación de narcotráfico que propició su investigación y posterior detención y enjuiciamiento.

Entretanto, Franqui Francisco Flores de Freitas tenía 31 años de edad a la fecha del arresto. Estudió hasta 4° año de bachillerato. Es divorciado de Yessika Flores con quien tuvo un hijo y en la actualidad mantiene una relación sentimental con Laury Uzcátegui.

Flores de Freitas trabajaba en la empresa Digital desde 2011.

También figura como propietario de  una camioneta Toyota 4Runner y una moto.

La acusación formulada en su contra en los Estados Unidos es por conspiración para importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero; y también por conspiración para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína conociendo y con la intención de que sería importada a los Estados Unidos.

Para llevar a cabo esta operación, Campo Flores y Flores de Freitas tenía como modus operandi el transporte de la droga desde Venezuela en vuelos legales salidos de la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, vía Honduras y México, hasta Estados Unidos.

Durante el juicio y a confesión de los acusados se estableció que los proveedores de la droga que negociaban los familiares de Nicolás Maduro y Cilia Flores provenía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

El 18 de noviembre de 2016 fueron declarados culpables por un jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que preside el juez Paul Crotty.

Ambos permanecen presos en el Metropolitan Correctional Center, MCC, de Manhattan, en espera de que les dicte sentencia.


El vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami


El 12 de noviembre de 1974 nació en la ciudad de El Vigía, estado Mérida, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien es abogado, criminólogo egresado de la Universidad de Los Andes, ULA. Está casado con Riada Rudy Aamer de El Aissami con quien tiene dos hijos.

La hoja de su carrera política revela que en el año 2003 fue designado Jefe de la Misión Identidad.

En el año 2006 fue electo diputado de la República por el estado Mérida, cargo que ejerció sólo hasta 2007 cuando fue designado Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, una posición que ocupó hasta 2008.

Entre 2008 y 2012 estuvo al frente del Ministerio para Relaciones Interiores y Justicia, de donde salió para lanzarse como candidato a la gobernación del estado Aragua, ejerciendo la magistratura regional de 2012 a 2017, cuando Nicolás Maduro lo nombra el 3 de enero Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela.

Tareck El Aissami fue señalado en 2015 por medios de comunicación e informes internacionales por sus vínculos con el extremismo islámico y narcotráfico.

El ex-subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Roger Noriega, lo acusa junto a Diosdado Cabello, de participar en el tráfico de drogas.

Un reportaje de The Wall Street Journal lo vinculó con operaciones que, según el rotativo, habrían convertido al país en "un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero".

Por su parte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el FBI investigan su relación con el el grupo terrorista Hezbollah.

También el Departamento del Tesoro asegura El Aissami facilitó embarques de más de 1.000 kilos de drogas desde Venezuela a Estados Unidos y México.

El 13 de febrero de 2017 fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en lavado de dinero y por narcotráfico. Dichas Sanciones implican la anulación de su visa y la confiscación de sus propiedades (directamente o a través de testaferros) en EE. UU.

También por estas sanciones encuentra impedido de realizar transacciones financieras o comerciales con entes norteamericanos.

24 de mayo de 2017 agentes federales de EE. UU. en un informe de investigación realizado entre 2009 y 2015 lo vincularon junto al asesor de las Farc y narcotraficante salvadoreño, José Luis Merino, de mantener una estructura para lavar dinero, para el contrabando de oro y de combustible.

Igualmente, Tareck El Aissami contribuiría con el lavado de dinero de organizaciones criminales como Las Maras de Centroamérica, carteles de la droga sudamericanos, incluyendo el cártel de los Soles.

Se le señala por el uso ilícito de recursos civiles y militares del Estado venezolano.


Diosdado Cabello, supuesto jefe del Cártel de los Soles


Quien es tenido como el segundo al mando en Venezuela, Diosdado Cabello, nació en El Furrial, estado Monagas, el 15 de abril de 1963.
Está casado con Marleny Contreras, quien también ha ocupado varios cargos públicos. Con ella tiene 4 hijos.
Cabello es egresado de la Academia Militar de Venezuela y en el ejército alcanzó el grado de teniente coronel.
Participó del golpe de estado que el 4 de febrero de 1992 encabezó Hugo Chávez contra el presidente constitucional, Carlos Andrés Pérez.
En diciembre de 2013, Nicolás Maduro lo ascendió a capitán del Ejército.
Su trayectoria en el acontecer político venezolano revela que entre 2000 y 2001 ejerció como  Vicepresidente ejecutivo de Venezuela bajo el mandato del extinto presidente, Hugo Chávez.
Los días 13 y 14 de abril de 2002 le correspondió cumplir funciones como Presidente interino de Venezuela cuando Hugo Chávez fue depuesto del poder.
Posteriormente, en 2002 ejerció como ministro de la Secretaria de la Presidencia; de 2002 a 2003 como Ministro de Interior y Justicia; de 2003 a 2004 fue Ministro de Infraestructura.
Este último cargo lo dejó para lanzarse como candidato a la gobernación del estado Miranda, cargo para el que resultó electo y gobernó entre los años 2004 y 2008. Perdió la reelección frente a Henrique Capriles, candidato de la oposición. De 2009 a 2010 actuó como Ministro de Obras Públicas y Vivienda.
Se lanzó como candidato a diputado de la Asamblea Nacional y presentó al estado Monagas de 2011 a 2015, llegando a ser presidente del Poder Legislativo Nacional. Fue reelecto en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015 en el que la oposición venezolana alcanzó la mayoría calificada.
En julio de 2017 se convirtió en miembro de la Asamblea Nacional Constituyente instituida irregularmente por el gobierno de Nicolás Maduro.
Diosdado Cabello fue acusado el 28 de marzo de 2014 por Thor Halvorssen Mendoza, presidente de Human Rights Foundation (HRF), de recibir 50 millones de dólares de soborno de parte de la empresa Derwick.
En enero de 2015 el Diario ABC de España publica una denuncia del capitán de corbeta, Leamsy Salazar, exjefe de Seguridad de Hugo Chávez y del propio Diosdado Cabello, que lo señala de liderar el Cartel de los Soles.
El 29 de abril de 2015 el exsubsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Roger Noriega, lo vinculó junto a otros altos funcionarios —entre ellos Tareck El Aissami—, con el narcotráfico.
Un reportaje de The Wall Street Journal publicado el 18 de mayo de 2015 señaló que la DEA investiga a Cabello por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. En tal sentido, anunció acciones legales contra los medios de comunicación de España y EE. UU. que lo vinculan de tales actividades.
En esa misma tónica, en agosto de 2016, Cabello demandó en Venezuela a los diarios El Nacional, Tal Cual y La Patilla, por replicar información del ABC de España.
En el año 2016, durante el juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a los sobrinos de Cilia Flores se hizo referencia a Diosdado Cabello como líder del Cartel de los Soles.
El 8 de febrero de 2017 anunció la demanda al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por usurpar funciones de otros poderes públicos y por traición a la patria.

El 23 de agosto de 2017 la Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, durante una cumbre de fiscales en Mercosur en Brasil, lo relacionó con el caso Odebrecht y aseguró que esta empresa depositó 100 millones de dólares a la empresa TSE Arietis propiedad de su familia.


Hugo Armando Carvajal Barrios alias “El Pollo”


El 1 de abril de 1960 nació en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Hugo Armando Carvajal Barrios, quien hizo carrera militar en Venezuela alcanzando el grado de Mayor general, hoy en situación de retiro.

Este oficial de la Fuerza Armada venezolana vinculado al chavismo ha ejercido diversas posiciones en la administración pública, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad del estado.

Así, entre los años 2000 y 2003 se desempeñó como Director de Investigaciones de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (luego DGIM). En ese mismo organismo es elevado a la posición de subdirector, posición que ocupa entre 2003 y 2004, cuando pasa a ocupar la dirección, cargo que ostenta de 2004 a 2011.

Entre 2012 y 2013 es designado Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal.

En esos mismo años funda y dirige la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).

De 2013 a 2014 lo ponen a la cabeza de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM.

En 2014 es nombrado Cónsul General de Venezuela en Aruba.

En 2015 ejerce la presidencia de la Fundación Don Epifanio Peck.

En la actualidad, Hugo Carvajal es diputado a la Asamblea Nacional 2016-2021.

Este polémico hombre ha sido protagonista de varios incidentes y acusaciones que lo han ubicado en la picota pública por la magnitud de los hechos en los que se le vincula.

En 2007 la revista Semana (Colombia) refiere que la prensa de EE. UU. señaló a Carvajal como uno de los mayores exportadores de coca hacia Norteamérica y Europa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en 2008 junto con Henry Rangel Silva (gobernador de Trujillo) y Ramón Rodríguez Chacín (gobernador de Guárico), por su presunta colaboración con las actividades de narcotráfico de las FARC.

En el año 2009, Carvajal Barrios se vio involucrado en un caso de pago de sobornos en la Aduana de Miami.

En 18 de mayo de 2014 The Wall Street Journal lo incluye en una lista de funcionarios y exfuncionarios venezolanos investigados por la DEA por presuntamente convertir a Venezuela en centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero.

También en 2014, específicamente el 23 de julio, fue detenido en Aruba por una solicitud de extradición de Estados Unidos, pero quedó en libertad al tercer día cuando el Reino de los Países Bajos reconoció su inmunidad diplomática que, anteriormente, un tribunal de Aruba había desconocido.

El 23 de febrero de 2017 en su cuenta Twitter se mostró dispuesto a ir a Estados Unidos para declarar, siempre y cuando se levante previamente la orden de detención emitida en su contra.

Durante los últimos meses, a Hugo Carvajal se le han observado posiciones políticas encontradas con la línea del oficialismo, como su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y el reconocimiento del plebiscito de la oposición realizado en el mes de julio, aunque advirtió que esto no significa que haya “saltado la talanquera”, forma coloquial venezolana de referirse al cambio de posición política en favor de la que anteriormente era adversa.

Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol

El actual Ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Néstor Reverol fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de estar vinculado a varios cárteles internacionales. Su activación en el narcotráfico ocurrió cuando ejercía como director de la Agencia Nacional Antidrogas de Venezuela (ONA).

De acuerdo a las acusaciones presentados en la Corte Federal de Nueva York, Reverol cobró grandes sumas de dinero a cambio de brindar protección a envíos regulares de cientos de kilos de cocaína hacia México, Centroamérica y Estados Unidos.

Reverol es acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York de haberse convertido en uno de los principales actores del narcotráfico en esa nación cuando encabezaba la agencia antidroga (ONA).

La acusación dice que específicamente, a cambio de pagos de narcotraficantes Reverol y sus cómplices, entre otras cosas, alertaron a traficantes sobre futuras redadas o las ubicaciones de las actividades antinarcóticos para que los narcotraficantes pudieran cambiar los puntos de almacenamiento de droga o alterar las rutas o los tiempos de traslado y de esa manera evitar ser detectados”, señala la acusación que había permanecido sellada por casi dos años.

La acusación también nombra como cómplice a Edylberto José Molina Molina, quien se desempeñaba como subdirector de la ONA. Reverol fue nombrado jefe de esa agencia en el 2009 antes de ser designado como ministro de Relaciones Interiores en el 2012 por el entonces presidente Hugo Chávez.


Ex-magistrada Miriam Morandy


El 27 de octubre de 1961 nació en Maturín, estado Monagas, Miriam del Valle Morandy Mijares, quien posee la Cédula de Identidad V-6.363.852, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

Morandi Mijares es abogada egresada de la Universidad Santa María en 1988 con postgrado en Criminalística, mención cum laude, en el Instituto Universitario de Policía Científica; postgrado en Argumentación Jurídica (mención Técnicas de Sentencia) en la Universidad de Alicante, España; posgrado en teoría del delito en la Universidad José María Vargas.

Miriam Morandi, paralelo a su proceso de formación jurídica, ingresó en 1981, como sumariador en el extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) que luego pasó a ser el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC.

Entre 2006 y 2010 ejerció como magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Junto a su hermana, la jueza Reina Morandy, se la considera como incondicional de la primera dama, Cilia Flores.

Miriam Morandi actuó contra los comisarios Henry Vivas, Iván Simonovis, Lázaro Forero y ocho policías metropolitanos en los sucesos violentos del 11 de abril de 2002.

El 24 de mayo de 2015 cuando se disponía a viajar a Portugal, protagonizó un incidente en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, al descubrirse que estaba acompañada por el presunto narcotraficante, Richard José Cammarano Jaimes.

A Morandy también la acompañaba su asistente Tibisay Pacheco.

Se rumoró entonces que intentaba salir del país con el narco que poseía información sobre el Cartel de los Soles, pero la huida se vio frustrada por la supuesta intervención de Diosdado Cabello.

El hombre estaba solicitado por los tribunales 12 y 22 de control Área Metropolitana de Caracas por tráfico internacional de drogas.

Cammarano Jaimes también figura en un expediente elaborado por el Ministerio Público en 2010 relativo al presunto lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra.

En una residencia ubicada en Prados del este propiedad de Cammarano Jaimes se incautaron 1.200 kilos de cocaína el 10 de diciembre del 2010.

En 2011 a Cammarano Jaimes se le relacionó con la incautación de 478 kilos de droga decomisados en un barco de bandera extranjera que cargaba material ferroso, de Ferrominera del Orinoco, hecho ocurrido el 10 de noviembre del citado año.

En 2008 a este hombre además se le vinculó con el sicariato de su esposa, Bety Araujo, ocurrido en la avenida Victoria.

El nombre de Miriam Morandi se barajó en 2014 como posible sustituta de Luisa Ortega Díaz en la Fiscalía General de la República.


Germán Arturo Rodríguez Ataya alias “El Piloto de las FARC”


En diciembre de 2014 fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, el colombiano de 50 años de edad, Germán Arturo Rodríguez Ataya, a quien mejor se le conoce como “El Piloto de las FARC”.

Rodríguez Ataya tenía una notificación roja de la Interpol interpuesta por el Gobierno de Colombia desde el 14 de junio de 2014.

Este hombre, nacionalizado venezolano, estaba señalado de pilotear aviones con droga desde Colombia.

La detención tuvo lugar durante un allanamiento efectuado en una finca del municipio Rómulo Gallegos, estado de Apure, en la que este individuo se escondía.

La finca San Rafael supuestamente era utilizada para ocultar y trasladar drogas hacia el exterior.

Este sitio también habría servido para el alojamiento de Germán Suárez Briceño “Grannobles”, comandante de varios frentes de las Farc, supuestamente fusilado por órdenes del Secretariado de ese grupo guerrillero por desacato.

Seis meses después de su detención, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó su “libertad sin restricciones”, pues el gobierno colombiano nunca envió los documentos que soportaban la solicitud pendiente.

En 2005, Germán Arturo Rodríguez Ataya fue acusado de transportar guerrilleros y drogas del clan de los hermanos Ríos. Luego de esto en Colombia le revocaron su licencia de aviador civil.


Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”


El 21 de junio de 1990 nació Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Maduro Guerra estudia Economía de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (Unefa).

Entre los años 1998 y 2004 se desempeñó como flautista del Sistema de Orquestas de Venezuela.

En el año 2014 fue designado por su padre como Coordinador del proyecto de la Escuela Nacional de Cine inaugurada en septiembre de 2015.

El 25 de enero de 2017, el presidente Maduro lo nombró director general de Delegaciones Presidenciales de la Vicepresidencia de la República.
Anteriormente había ejercido como inspector de la gestión de gobierno.

En 2017 el capitán de la Guardia Nacional venezolana, Sunny Balza Dugarte, aseguró en entrevista concedida a NTN24 en agosto, que "Nicolasito", como popularmente se le conoce, transportó "bultos desconocidos" por el aeropuerto de isla de Margarita.

Igualmente, Balza Dugarte aseguró que en la terminal aérea personas "cercanas" al gobierno de Venezuela mantuvieron encuentros con el narcotraficante mexicano, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El militar desertor, quien solicitó asilo político en Estados Unidos, dijo que "las cargas se efectuaban durante horas nocturnas por parte de camionetas pick up que ingresaban directamente a rampas con bultos desconocidos".

Específicamente, esta operación, tenía lugar en la rampa militar del Aeropuerto Internacional del Caribe “Santiago Mariño” sin "ningún tipo de control aeroportuario ni de narcóticos".

El exmilitar no descarta que los bultos sean sustancias ilícitas "por el tipo de embalaje y de unidad que se ingresaba a las aeronaves propiedad de la estatal petrolera Pdvsa".

Balza Dugarte también señaló a los hijos de Cilia Flores y al vicepresidente, Tareck El Aissami, de utilizar ese puerto aéreo para transportar "paquetes desconocidos".

Sobre Nicolás Maduro Guerra, alias "Nicolasito", Sunny Balza Dugarte dijo que participó en "orgías con decenas de mujeres", junto a "sus asesores, los encargados de efectuar los enlaces con el componente Guardia Nacional, personalidades de la gerencia de Pdvsa y del alto mando militar".


Hugo Rafael Chávez Colmenares, “La oveja negra”, “Huguito”


Son pocos los datos biográficos y relacionados con su vida privada y desempeño profesional que se tienen de Hugo Rafael Chávez Colmenares, el tercer hijo del difunto expresidente, Hugo Chávez, nacido de la unión del mandatario con su primera esposa, Nancy Colmenares.

Se trata de un personaje que se ha mantenido alejado de la política, pero no de las actividades delictivas cometidas al amparo del poder, según han dejado ver algunas versiones e informes.

Este joven problemático sin figuración pública se limitó a disfrutar de las mieles y beneficios del poder, como el uso arbitrario de los recursos del estado para sus fiestas y francachelas.

El periodista del diario español ABC, Emil J. Blasco, reseñó que supuestamente “Huguito”, como también se le conoce, habría usado aviones de Petróleos de Venezuela, PDVSA, para transportar droga.

Tal afirmación deriva de informaciones suministradas al comunicador por Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello.
Blasco dijo al canal colombiano NTN24 que el hijo del fallecido presidente venezolano habría utilizado aviones del Estado para transportar droga.

Serían acciones que el hijo del mandatario llevó a cabo junto al hijo del embajador de Cuba en Venezuela para la época (2009), Germán Sánchez Otero.


El juez Benny Palmeri Bacchi


El 18 de julio de 2014 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, Benny Palmeri Bacchi, juez venezolano vinculado al narcotráfico.

La detención tuvo lugar cuando el juez se disponía a viajar con su familia a Disney World.

Palmeri está relacionado con el exdirector de Interpol en Venezuela, Rodolfo McTurk, con quien conspiró para distribuir cocaína en los Estados Unidos en connivencia con el narco, Jaime Alberto Marín Zamora, alias “Beto Marín”, hecho que se produjo en 2009.

El juez venezolano se declaró culpable en febrero de 2015 ante la justicia estadounidense por los delitos de obstrucción a la justicia, lavado de dinero y extorsión.
Debido a su colaboración, la Fiscalía del distrito sur de Florida solicitó rebajar su condena.

Benny Palmeri Bacchi, gracias a cooperación, pudo librarse del cargo de asociación ilícita para la distribución de cocaína.


Las maletas de cocaína en el vuelo de Air France


El 20 de septiembre de 2013 un avión de la aerolínea Air France aterrizó en la capital francesa proveniente de Caracas con un singular equipaje: 31 maletas cargadas de 1.382 kilos de cocaína, valorados en 270 millones de dólares.

Un hecho que reveló la manera como se violan en Venezuela los controles de seguridad de la Unidad Especializada de Policía Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar”, instancia que de haber cumplido con sus funciones habría detectado el referido cargamento.

Por el hecho, se produjeron 22 detenciones que incluían al teniente coronel, Ernesto Mora Carvajal; al teniente, Adanay Parra Sánchez; al teniente, José González Ruiz; así como a cinco sargentos.

Ernesto Mora Carvajal es familiar de Hugo Carvajal “El Pollo”, también vinculado con el narcotráfico.

El 16 de agosto de 2016 fueron condenadas diez personas por este hecho, entre ellos, tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que no ostentan altos cargos en ese componente militar.