Los expertos aseguran que "a pesar de las sanciones económicas de los Estados Unidos, la creciente condena internacional y la falta de legitimidad política, el régimen de Maduro no ha colapsado y no lo hará por un largo período de tiempo".
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Un informe presentado por el experto Douglas Farah y Caitlyn Yates de IBI Consultants, LLC y National Defense University (INSS) presenta una visión profunda sobre los alcances logrados por la llamada alianza de los estados bolivarianos creada por Hugo Chávez y mantenida por Nicolás Maduro, quienes junto con las FARC se ha fusionado en lo que los investigadores han denominado como la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana – o un consorcio de estados criminales y actores no estatales que trabajan en concierto con objetivos compartidos.
El reporte que resume 5 años de trabajo, señala que la "empresa criminal conjunta, no sólo ha tomado billones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región".
Farah sostiene que la cartera criminal usada por la organización se ha diversificado. Explica que cuando los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se estancó, tales condiciones obligaron a "Nicolás Maduro a dedicarse cada vez más a actividades más diversas como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro" y gracias a esas actividades y a pesar de la declinación de PDVSA, el régimen continúa funcionando como una operación delictiva.
La investigación ofrece un panorama de una de las facetas de esta empresa que se define como una entidad compleja, global y frecuentemente patrocinada por el Estado.
Tras cinco años de investigación de campo y recolección de documentos en 11 países y el análisis de fuentes abiertas, la investigación afirma que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana debería ser entendida como una red de redes – y no actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina.
El informe identifica en total a 181 individuos y 176 compañías que operan en al menos 26 países. La suma financiera de estos hechos criminales no se conoce con exactidud, pero una investigación reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió US$ 28 billones de PDVSA. Farah sostiene que sus averiguaciones le han permitido localizar al menos US$ 10 billones en fondos vinculados a Venezuela que se mueven entre 2007 y 2018.
En el informe se argumenta que el desafío más difícil para el desmantelamiento de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es abordar la cartera criminal diversificada y el alcance global de la red.
Entre otros aspectos, el informe examina "cinco de las numerosas tipologías criminales bajo las cuales trabaja el grupo, incluyendo ventas y préstamos de petróleo falsos; la compra de activos físicos; megaproyectos de infraestructura; minería de oro ilegal; y transferencias entre bancos".
Los expertos aseguran que "a pesar de las sanciones económicas de los Estados Unidos, la creciente condena internacional y la falta de legitimidad política, el régimen de Maduro no ha colapsado y no lo hará por un largo período de tiempo". Sostiene que "medidas como designar a PDVSA y sus líderes como criminales son significativas. No obstante, la capacidad de la red para adaptar y diversificar su cartera criminal significa que el dinero continúa fluyendo dentro de las arcas del régimen".
He aquí el informe sobre la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana
En 1998, el pueblo de Venezuela eligió a Hugo Chávez, dando inicio a un movimiento regional conocido como la Revolución Bolivariana. En un intento de aislar a los Estados Unidos y promover su proyecto político del “Socialismo para el Siglo XXI”, Chávez sistemáticamente consolidó el poder del brazo ejecutivo. En su momento transformó PDVSA –la empresa nacional de petróleos de Venezuela–en una empresa regional y multi billonaria, que operaba en conjunto con líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales. Mientras Chávez dirigía el proyecto fue apoyado por el liderazgo político de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador. Durante los últimos veinte años esta red criminal creció hasta abarcar varias docenas de individuos y cientos de empresas de fachada. Nicolás Maduro dio una calurosa bienvenida a la herencia de este régimen criminal en 2013, después de la muerte de Chávez. Veinte años después de la fase de inicio de este proyecto político, esa red extiende a un nivel global, desde El Salvador hasta los Estados Unidos, desde Rusia hasta Hong Kong y a lo largo de varios paraísos fiscales financieros.
Incluso después de que Estados Unidos sancionó a cientos de individuos y entidades por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, Maduro continúa siendo el líder de facto de Venezuela. Los resultados de este régimen criminal culminaron en una economía venezolana que se contrajo en más de un 50% mientras que al menos el 10.5% de la población venezolana vive como refugiada. Esta crisis cada vez más visible impone costos enormes en los vecinos regionales. Mientras tanto, el lavado ilícito de fondos socava el estado de derecho y la democracia, destruye las economías legales, fortalece los regímenes autocráticos corruptos y crea espacios donde prosperan las redes criminales transnacionales organizadas. Mientras las dinámicas de las actividades criminales en Venezuela continúan sin cambios, Maduro siente cada vez más la presión internacional e interna para un cambio en el régimen.
Este informe demuestra la magnitud de lo que nosotros llamamos Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Aquí nosotros subrayamos algunas de las tipologías criminales usadas por la red y exploramos el amplio impacto de esas acciones criminales. Este informe recopila el trabajo de campo realizado durante cinco años en 11 países y aumenta este análisis cualitativo con el análisis de fuentes públicas y datos abiertos. Últimamente afirmamos que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo. A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, esta alianza sobrevivirá y se transformará en una operación más dispersa y sofisticada.
Introducción
El 26 de julio de 2018, 12 individuos vinculados con PDVSA fueron acusados en el Distrito Sur de Florida por conspiración de lavar US$ 1.2 billones, desde la compañía hacia bancos, casas de bolsa y compañías de inversión en bienes raíces en los Estado Unidos.1 La denuncia criminal detalló al menos una tipología de las múltiples que utiliza el gobierno venezolano para mover sumas significativas de dinero a puerto seguro durante la última década. Mientras la denuncia (y sus condenas consecuentes) son importantes, este caso representa sólo una faceta del modo en que los fondos han sido movidos ilícitamente por las estructuras del Estado, desde que la Revolución Bolivariana fue lanzada tras la elección de Hugo Chávez.
Con la orientación de Fidel Castro, Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela en 1998 como un héroe nacional, tras el fallido golpe de estado de 1992. El proyecto bolivariano de Chávez fue, desde su inicio, un esfuerzo para crear un nuevo modelo económico y político para América Latina, mientras simultáneamente se comprometía en una lucha política y económica contra la influencia de Estados Unidos. La idea era crear el “Socialismo del Siglo XXI”, logrando, al menos espiritualmente, una unión política entre Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Diseñó una plataforma popular, anticorrupción y populista y visualizó la vasta riqueza petrolera de Venezuela como la forma financiera para este anticipado final político.
Con los precios del petróleo altos y una gran desilusión con la élite histórica de la región, Chávez alcanzó el momento para lanzar su movimiento populista en la región. Para ello, entre 2005 y 2010 logró exitosamente a apoyar en financiar las campañas presidenciales de los candidatos con mentalidad radical, populista y autoritaria. Esos líderes incluyeron a Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Mel Zelaya (Honduras), Daniel Ortega (Nicaragua), Mauricio Funes -financiado por José Luis Merino6(El Salvador), y Desi Bouterse (Surinam). Chávez también mantuvo fuertes relaciones con el gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y con el gobierno populista radical de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.
No es coincidencia que la mayoría de los líderes de países bolivarianos, compartan historias de lucha en apoyo de las viejas fuerzas armadas guerrilleras de izquierda. Mientras la Revolución Bolivariana institucionalmente comenzó en 1998, las raíces del movimiento comenzaban décadas atrás, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua (FSLN), el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador (FMLN), la Revolución Cubana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)7. Décadas más tarde, los recuerdos y lazos desarrollados durante los conflictos civiles creó un vínculo de confianza entre los nuevos líderes empoderados. La estatura de Chávez en el grupo bolivariano derivó, en parte, de su experiencia militar y de su ideología militarista, pero más que nada de su complacencia en gastar billones de los fondos de PDVSA en el hemisferio.
La alianza de los estados bolivarianos junto con las FARC se ha fusionado en lo que nosotros definimos como la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana – o un consorcio de estados criminales y actores no estatales que trabajan en concierto con objetivos compartidos. Esta empresa criminal conjunta, no sólo ha tomado billones de dólares de las arcas del estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región. La cartera criminal usada por aquellos en ese movimiento ha continuado diversificándose, como cuando los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se estancó. Tales condiciones forzaron al nuevo presidente Nicolás Maduro a dedicarse cada vez más a actividades más diversas como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro, pero incluso con la declinación de PDVSA, el régimen continúa funcionando como una operación delictiva.
Este informe ofrece un panorama de una de las facetas de esta empresa que se define como una entidad compleja, global y frecuentemente patrocinada por el Estado. Basamos nuestros hallazgos en cinco años de investigación de campo y recolección de documentos en 11 países, como también en el análisis de fuentes abiertas. Afirmamos que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana debería ser entendida como una red de redes – no actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina. En total identificamos 181 individuos y 176 compañías operando en al menos 26 países. La suma financiera de estos hechos criminales no se conoce con exactidud, pero una investigación reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió US$ 28 billones de PDVSA10 Nosotros hemos localizado por lo menos US$ 10 billones en fondos vinculados a Venezuela que se mueven entre 2007 y 2018.
En última instancia, argumentamos que el desafío más difícil para el desmantelamiento de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es abordar la cartera criminal diversificada y el alcance global de la red. Examinamos sólo cinco de las numerosas tipologías criminales bajo las cuales trabaja el grupo, incluyendo ventas y préstamos de petróleo falsos; la compra de activos físicos; megaproyectos de infraestructura; minería de oro ilegal; y transferencias entre bancos. También aseguramos que a pesar de las sanciones económicas de los Estados Unidos, la creciente condena internacional y la falta de legitimidad política, el régimen de Maduro no ha colapsado y no lo hará por un largo período de tiempo. Medidas como designar a PDVSA y sus líderes como criminales son significativos. No obstante, la capacidad de la red para adaptar y diversificar su cartera criminal significa que el dinero continúa fluyendo dentro de las arcas del régimen.
Ventas Falsificadas de Petróleo
Los esquemas de venta falsa de petróleo son la base sobre la cual comenzó a funcionar la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. PDVSA es la accionista mayoritaria en varias subsidiarias petroleras de la región, a través de su sucursal PDV Caribe. Esta posee el 60% de Petróleos Alba en El Salvador y el 51% de Albanisa en Nicaragua.11 El control de PDVSA sobre cada compañía involucrada en el consorcio del ALBA, permite mover fondos a través de la compañía venezolana hacia sus subsidiarias centroamericanas con facilidad. Más aún, las sumas de dinero que se mueven a través de PDV Caribe son importantes.
Las entrevistas del autor con individuos cercanos a Petróleos ALBA revelaron que la subsidiaria casi no recibió petróleo de PDVSA entre 2010 y 2017, si bien la subsidiaria salvadoreña registró ingresos de aproximadamente US$ 200 millones por año -totalizando unos US$ 1.2 billones durante la década examinada. En Nicaragua, Albanisa obtuvo más petróleo de PDVSA, pero la subsidiaria nicaragüense recibió fondos que superaban con creces las importaciones. En el caso de Albanisa, el dinero provisto totalizó entre US$ 400 millones a US$ 600 millones o US$ 4 a US$ 6 billones de fondos ilícitos durante la última década.12 Estos fondos fueron manejados por un pequeño número de elites políticas aun cuando cada año los fondos representaban entre el 16% y el 20% del presupuesto nacional en Nicaragua y el 15% de El Salvador.
A pesar de todo, los fondos jamás pasaron por un proceso de aprobación del Congreso o por ningún mecanismo contable.13 Para crear un rastro de papel correspondiente, tanto Alba Petróleos como Albanisa establecieron docenas de compañías y empresas de fachada donde invertían fuerte, al menos en el papel – en producción de alimentos, instituciones financieras, aerolíneas, centros de estudio, proyectos de energía alternativa, adquisición de tierras, gasolineras y otras actividades. Todas esas compañías que se informó operaban bajo la bandera de ALBA incluyeron juntas directivas corporativas interconectadas y rara vez cumplieron con los requisitos legales en cuanto a la presentación de informes financieros. En ambos casos entrelazando redes de incondicionales del partido político, funcionarios superiores del gobierno y funcionarios de PDVSA dirigen las agencias subsidiarias.14 Aunque la más notable dinámica es que la mayoría de los proyectos que las compañías petroleras afirman financiar, no existen físicamente ni producen bienes o servicios.
En el caso de Alba Petróleos, José Luis Merino (Viceministro de El Salvador de Asuntos Extranjeros para Inversión y Desarrollo Financiero y ex comandante del FMLN) y otros reputados testaferros, crearon una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá. Desde allí, Alba Petróleos y sus compañías vinculadas, les prestaron a ocho compañías panameñas bajo su control al menos US$ 1.1 billones entre 2007 y 2017. Esas compañías en su momento movieron el dinero a paraísos fiscales en el Caribe y Europa, incluyendo las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia. Finalmente declararon que la mayor parte de la deuda era incobrable.
En el caso de Nicaragua, los fondos de Albanisa no están tan bien trazados porque el régimen de Ortega se negó sistemáticamente a completar la información requerida y permitió sólo a una poca gente de confianza el acceso a los informes financieros. No obstante, el sitio web de investigación Confidential,16 y otros investigadores, documentaron partes de la estructura. La cual usó métodos similares para crear docenas de compañías de fachada, incluyendo un banco (el cual será analizado más adelante en el informe), por parte de Albanisa, para guardar los fondos hasta tanto el dinero era movido al exterior.
Compras Sistemáticas de Activos
El 16 de agosto de 2018, Raúl Gorrín, venezolano, propietario de una red de noticias fue acusado de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, de conspiración para cometer lavado de dinero y por lavado de dinero.18 Gorrín se declaró culpable de todos los cargos. Este caso sirvió como ejemplo de cómo este esquema de activos fijos sirve para lavar fondos estatales venezolanos fuera del país y en paraísos fiscales o en otros países que resulten atractivos. En la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, el destino final de estos activos fijos es a menudo Estados Unidos.
En total, fueron mencionados 12 conspiradores en el caso del esquema para cambio de moneda extranjera donde el bolívar venezolano era negociado por un dólar fijo, cuyo precio era significativamente más alto que la tasa de cambio oficial. Se estima que este esquema habría lavado entre 1.2 y 2.4 billones de dólares, utilizando el sistema financiero de Estados Unidos, a lo largo de cuatro años. La participación de Gorrín en este esquema totalizó aproximadamente US$ 159 millones.20 Si bien, este esquema comenzó en 2014, el involucramiento de Gorrín puede rastrearse hasta el año 2008 cuando él comenzó a pagar sobornos para retener contratos comerciales.21 Así se convirtió en un socio confiable para los funcionarios venezolanos corruptos, Gorrín pagó sobornos y lavó fondos durante toda la década pasada por medio de las cuentas del banco de PDVSA, que podían operar en dólares sin estar sujetas a controles de cambio o restricciones bancarias.
La tipología de manipulación de cambio dio a los miembros del régimen, acceso a los escasos dólares existentes a una tasa preferencial más alta. Los involucrados recibían luego instrucciones para sacar los dólares de Venezuela, frecuentemente disimulados como fondos para el pago de importaciones o bien como ganancias provenientes de exportaciones. Los controles de cambio para el ciudadano común se convirtieron en una necesidad dado que una inflación sin precedentes hacía que la moneda local, el bolívar, valiera menos cada día y el régimen se desesperaba por recolectar tantos dólares como fuera posible (o cualquier moneda menos bolívares).
La mayoría de este dinero era movido a través de los Estados Unidos hasta Suiza y de allí regresaba a los Estados Unidos. Para ocultar el origen de los fondos, Gorrín movía el dinero por intermedio de compañías de fachada, lo que incluyó adquirir el banco dominicano Peravia para ocultar el origen de los fondos. De allí, Gorrín ocultaba los fondos lavados a través de la inversión en bienes raíces o en la compra de otros valores. La investigación criminal encontró que entre las compras que Gorrín realizó, había comprado tres aviones jets, un yate, múltiples caballos premiados y numerosos relojes de primeras marcas. Como los fondos no estaban más en efectivo o en alguna forma en que se pudieran rastrear, el esquema de lavado resultaba más difícil de detectar que si el dinero hubiera continuado moviéndose por intermedio de bancos o transacciones financieras rastreables.
Como resultado de su declaración de culpabilidad, en noviembre de 2018, al menos 24 de las propiedades de Gorrín (ubicados en los estados de Nueva York y Florida), fueron incautados. Sólo los siete condominios en Nueva York, tienen un valor estimado de US$ 40 millones. Las autoridades también incautaron 17 caballos de raza y varios vehículos de lujo. En este caso, como en la mayoría de los ejemplos de esta tipología criminal, Gorrín fue uno de los múltiples participantes, donde cada uno sacaba una parte del total. Esto continúa sirviendo como una tipología criminal común en varios países integrantes de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.
Minería Ilegal
En los últimos años, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana ha diversificado sus operaciones dentro de la minería del oro ilícita como forma de obtener ganancias y como forma de lavar los ingresos de múltiples delitos a través de una industria poco regulada. Es decir que la decisión de la Empresa de dedicarse al oro se debe, al menos en parte, a los altos precios del oro en el mercado internacional, la facilidad con la cual el oro puede ser movido y convertido en efectivo y el bajo riesgo de detección de las transacciones ilegales. El ejemplo más claro del esquema ilícito del movimiento de oro en relación con esta empresa criminal, es Kaloti Suriname Mint House (KSMH) que opera cerca de Paramaribo, Surinam. Inaugurada en 2015, la compañía mantiene una sociedad entre Surinam y Kaloti Precious Metals de los Emiratos Árabes Unidos. KSMH opera bajo la protección del presidente Desi Bouterse, quien es: condenado del narcotráfico, proveedor de armas para las FARC y un individuo que fue elegido con apoyo financiero de Chávez.
KSMH es un proyecto totalmente irracional y ficticio, que en los papeles costó US$ 20 millones y está ubicado en el país más aislado del hemisferio. No hay una ventaja competitiva entre los distribuidores de oro de los países productores de oro, quienes envían su oro a Miami o Europa en viajes comerciales diarios directos. Mientras que Surinam produce unas 28 toneladas de oro al año, la instalación tiene capacidad para refinar 60 toneladas de oro. Varias visitas de campo en junio de 2016 a KSMH, en la ciudad de Wit Santi que está ubicada cerca del aeropuerto internacional del país, arrojaron que la refinería no existe. De hecho, el edificio que alberga el proyecto no muestra actividad comercial ninguna. Entrevistas con comerciantes de oro en Surinam, confirmaron la inexistencia de la refinería.
Lo que hace tan valiosa a KSMH, es la facilidad con la cual la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, puede exportar su oro como originario de Surinam, disfrazando el verdadero origen del metal y evitando el escrutinio y las sanciones. El oro que se mueve a través de KSMH es probablemente producido legalmente en otros países de América Latina y es ideal para ubicar los flujos de recursos ilícitos y el lavado que lo acompaña. Además, el trabajo de campo realizado por IBI Consultants encontró que KSMH, ahora también certifica las exportaciones de oro de Surinam, así como también exporta oro que no existe, certificando exportaciones sin mover ningún oro. En la práctica entonces, uno puede obtener un certificado de exportación de oro de Surinam sin tener que exportar ningún oro, creando un mecanismo para justificar depósitos en efectivo que de otro modo serían sospechosos.
Como el movimiento de fondos bolivarianos están bajo escrutinio, para el régimen de Maduro es una forma menos regulada para conseguir efectivo que de otro modo sería bloqueado por las sanciones financieras. Solo en 2018, el estado venezolano vendió 73.2 toneladas de oro en Turquía y Emiratos Árabes Unidos, parte del mismo terminó bastante lejos, en Uganda. Dado que las reservas de oro del Banco Central Venezolano crecieron en 11 toneladas en 2018, a pesar de la venta masiva en curso, todo hace suponer que una importante cantidad de mercadería era obtenida ilegalmente por los grupos disidentes de la FARC y el ELN. La venta de oro ilegal, diamantes, coltán y otros bienes de fácil distribución que son además difíciles de rastrear, son una cada vez más creciente tipología criminal para la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.
Proyectos de Infraestructura Falsos
La transferencia de grandes sumas de dinero del Estado a través de proyectos de infraestructura inexistentes es una metodología importante usada por los estados criminales para lavar fondos. El hecho de que los Estados colocan los fondos a través de esos proyectos y controla los organismos que investigan esas operaciones, la supervisión y auditoría estatal no existe. Ni PDVSA ni sus subsidiarias centroamericanas, podrían ser investigadas por auditores de impuestos, las fuerzas de la ley o entidades de control financiero porque todos estaban bajo el control del Estado, cuyos líderes permitían que las operaciones avanzaran y se beneficiaban ellos mismos de esas actividades. Como esta tipología criminal ha sido perfeccionada a lo largo del tiempo, ahora es una de las más efectivas estrategias y con metodologías menos riesgosas que utiliza la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.
Uno de los más grandes de estos casos, fue la firma de un programa anunciado entre Albanisa y PDVSA en Nicaragua. En 2007, los presidentes Chávez y Ortega colocaron la piedra angular donde Nicaragua iba a construir una enorme refinería para refinar el petróleo pesado de PDVSA. Los presidentes anunciaron que el proyecto costaría un estimado de US$ 6.6 billones, una suma de dinero absurda y económicamente irracional para un proyecto como tal, que además llevaría el grandioso nombre de “El Supremo Sueño de Bolívar”. La refinería en los papeles recibió un aporte inicial de US$ 32 millones en 2008 y un adicional de US$ 60 millones a lo largo de los tres años siguientes. En 2012 y 2013 el programa recibió un adicional de US$ 341.2 millones. Desde 2013 las sumas dedicadas a este proyecto no son bien conocidas, pero los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aportaron varias decenas de millones a lo largo de 2015. Llegados a este punto, las huellas en papel del financiamiento se pierden.
Sin embargo, casi un medio billón de dólares habría pasado por este proyecto y dejaron muy pocos resultados visibles. Múltiples visitas al sitio de la construcción entre 2014 y 2016 sólo revelaron un campo vacío con algunos tanques de almacenamiento y una cerca de madera, sin ningún otro signo de construcción de una refinería, excepto los mencionados tanques. En realidad, la cadena delictiva financiera lo que ejecutó es un movimiento de fondos de PDVSA a través de su subsidiaria Albanisa y luego los redistribuyó como pagos por trabajos nunca realizados y materiales inexistentes a compañías contratistas vinculadas a los gobiernos de Ortega y Chávez. Estas compañías fantasmas movían el dinero, ahora “limpio” de regreso bajo control de las estructuras delictivas de Nicaragua y Venezuela.
Si bien la refinería fue uno de los más grandes proyectos ficticios de infraestructura que descubrimos en nuestras investigaciones de campo, fue sólo una de las docenas de empresas similares que lavaron cientos de millones de dólares con el apoyo de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Otros proyectos que nunca se ejecutaron incluían contratos para la exploración petrolera, que nunca se realizó, la construcción de una planta para la producción de vacunas que jamás produjo una vacuna, una planta productora de paneles solares que no produjo paneles, una compañía embotelladora de agua que no generó agua embotellada alguna y docenas de otras empresas fantasmas en toda la región. Esto continúa hoy siendo uno de los más frecuentes tipos de actividades delictivas utilizadas por de la Empresa.
Transferencias Banco a Banco
La última tipología financiera delictiva explorada en este informe se basa en la transferencia banco a banco. La abundancia de recursos pasando por PDVSA y ALBA forzó a la Empresa a adoptar soluciones sólo disponibles para Estados involucrados en actividades delictivas. En un caso, Nicaragua creó su propio banco bajo la protección del Estado nicaragüense. Este banco estaba directamente controlado por el presidente Ortega y un grupo de sus más cercanos cómplices en los negocios financieros, los que ya controlaban el consorcio Albanisa.
En octubre de 2014, las autoridades de Nicaragua oficialmente registraron el Banco Corporativo (Bancorp) como una entidad financiera y le dieron como domicilio la misma oficina que utilizaba Albanisa. La presentación formal del banco decía que la institución se especializaría en el manejo de inversiones, y las noticias locales informaron que Albanisa resultaba la propietaria. Sin embargo el banco llevaba adelante muy pocas operaciones regulares, optando por no ofrecer cuentas corrientes, préstamos, hipotecas y todas ellas actividades comunes entre los bancos.
Sin embargo, Bancorp funcionó como un depositario de un fondo de US$ 1.5 billones de dólares por parte de Albanisa y sus compañías relacionadas y más de US$ 1 billón en “otros fondos.” Las actividades de la nueva institución bancaria, aparecieron como tan inusuales que los líderes del sector bancario de Nicaragua se reunieron con oficiales de la Embajada de los Estados Unidos en el país para dejar en claro que no tenían relación alguna con este Banco. La preocupación aumentó cuando Bancorp recibió un depósito de US$ 16 millones en efectivo tan solo en el mes de diciembre de 2016. Las alarmas sonaron aún más cuando el banco declaró que sus depósitos aumentaron a US$ 340 millones en 2017, un aumento del 237 por ciento respecto del año anterior, y esto a pesar de la falta de clientes o de una actividad comercial clara.
Una de las anomalías más significativas de Bancorp fue la ausencia de “bancos corresponsales” con entidades bancarias que tuvieran acceso al sistema financiero de los Estados Unidos que realmente impide al banco llevar adelante negocios en el mundo exterior. A través de la investigación de campo determinó que Bancorp, para encontrar una forma de mover dinero afuera de Nicaragua, había abierto una cuenta en la sucursal panameña de un banco asiático con sucursales en Hong Kong, Corea del Sur y Panamá. Así fondos de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana eran entonces transferidos desde Nicaragua a la cuenta de Bancorp con el banco asiático en Panamá, para finalizar su recorrido en la filial de Hong Kong. Allí los fondos eran blanqueados y colocados en diferentes cuentas controladas por Ortega y sus aliados, así luego el dinero podía fácilmente ser movido desde Hong Kong y transferido electrónicamente a cualquier parte del mundo, incluidos los Estados Unidos.
Este mecanismo de transferencias banco a banco, cambió en enero de 2019 cuando los Estados Unidos sancionaron a Bancorp. En respuesta, el Presidente Ortega optó por una opción audaz. El impulsó una propuesta legislativa, por intermedio de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido de Ortega, por la cual, el Estado nicaragüense compraba Bancorp en aproximadamente US$ 23 millones y lo convertía en el Banco Nacional de Nicaragua. La movida sucedió y así amalgamó los fondos de Bancorp haciendo mucho más difícil discriminar e identificar los fondos ilícitos que se mueven en el sistema bancario Nicaragüense.
Impacto Humano y Económico
El costo de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana resultó brutal, pero al menos, hasta cierto punto medible. En 2018 el índice de inflación de Venezuela sobrepasó un millón por ciento y el FMI estimó que este índice sobrepasaría 10 millón por ciento para finales de 2019.43 Además un estudio realizado en Venezuela en el 2017 estimaba que el venezolano promedio había perdido unos 11 kg al año dado la escasez de alimentos en el país. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimó que tan solo el 20% de los medicamentos necesarios resultaba accesible para los venezolanos en el año 2018.45 Las carencias sistemáticas de comida y medicamentos son solo dos tipos de abusos de los derechos humanos cometidos por el régimen de Maduro.
El aumento en intensidad y cantidad de las sanciones aplicadas por los Estados Unidos sobre las compañías estatales venezolanas y los individuos asociados a ellos han sido culpados por algunos por esta crisis humanitaria. Sin embargo, los efectos de estas acciones sobre el venezolano promedio han sido más bien marginales. Existen pocas estimaciones del daño que las sanciones habrían causado en la población venezolana, pero una estimación determinó que entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 las sanciones aplicadas por los Estados Unidos resultaron en aproximadamente U$S6 billones de dólares en pérdidas para Venezuela. Los efectos se aceleraron desde enero de 2019, cuando Estados Unidos anunció sanciones contra PDVSA. Sin embargo, S&P Global estimó que estas sanciones recortaron la producción de crudo venezolano en más del 50% en febrero, una pérdida de aproximadamente U$S6 millones de dólares en ganancias por día. Son significativas, pero estas pérdidas resultan marginales cuando se comparan con los costos del régimen. Además, esas ganancias hubieran sido distribuidas entre la élite política cuyo apoyo es vital, pero no entre el pueblo venezolano. Dicho eso el robo y el desmanejo realizado por el régimen puso a la economía de rodillas, independientemente de las sanciones económicas.
Una forma posible de medir esta crisis es a través del éxodo de refugiados y los costos que implican esta migración forzada. Comenzando en 2014, poco después de la elección de Maduro, comenzó un éxodo de refugiados que dejaban Venezuela y se dirigía principalmente a los vecinos regionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estimó que para enero de 2019, al menos 3.4 millones refugiados venezolanos, o si se quiere el 10.5% de la población total del país (de acuerdo con las cifras de población de 2014), vivían fuera del país. Esto convirtió a la crisis de los refugiados venezolanos en la más grande migración masiva forzada en la historia de América Latina y a la par o excediendo la crisis de los refugiados sirios. Colombia es en números el país más afectado por la crisis. La ACNUR estimó que antes del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela en febrero de 2019, unos 5.000 venezolanos entraban a Colombia cada día.51 Otros países muy afectados por el flujo de refugiados son Perú y Ecuador.
Si bien, los vecinos situados al oeste de Venezuela son los que más refugiados reciben hablando en términos de números, algunos países pequeños del hemisferio soportan una proporción mayor comparado con su población. Curazao alberga 16.147 (por cada cien mil) refugiados venezolanos, lo que es aproximadamente 8 veces mayor que Colombia. Aruba le sigue de cerca con 15.200 y el tercer país proporcionalmente más afectado es Guyana. La crisis de los refugiados venezolanos afecta al hemisferio entero y esto debe ser considerado cuando se analiza globalmente el costo de esta crisis. El ACNUR está requiriendo US$ 201.000 en costos de reasentamiento. Y las Naciones Unidas requerirán un adicional de US$ 738.000 en ayuda humanitaria para el año 2019. Es razonable asumir que esta ayuda humanitaria y los costos de reasentamiento asociados con la crisis venezolana serán al menos de US$ 1.5 billones.
Otro paquete de costos asociados con esta crisis es la deuda externa de Venezuela hacia países extranjeros y organizaciones internacionales, los cuales deberán ser pagados con intereses. Ya a principios de 2019, Venezuela debía a China casi US$ 20 billones. Ellos debían a la compañía petrolera perteneciente al estado ruso, Rosneft, aproximadamente US$ 2.3 billones. Otras estimaciones sugieren que la deuda externa total de Venezuela es de alrededor U$S 100 billones. Como resultado, estimamos que la deuda de Venezuela totaliza entre 22.3 billones y 100 billones de dólares. Una tercera categoría de costos estima, los fondos lavados por la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana por un monto de US$ 10 billones entre los años 2007 y 2018. Esta es una cifra baja comparada con el informe reciente que la estimaba en US$ 28 billones. Una persona entrevistada para este informe, quien estaba directamente involucrada en el movimiento de fondos de PDVSA, estimó que la cifra es cercana a los U$S 43 billones. Nosotros estimamos entre U$S 10 y U$S 43 billones los fondos del Estado que fueron enviados fuera de Venezuela.
Finalmente, de acuerdo con la Asamblea Nacional de Venezuela (que se encuentra en manos de la oposición) la economía del país se redujo en un 53% entre 2013 y 2019. Si bien es muy posible que el reporte de estas pérdidas sea algo impreciso, podemos aproximarnos a las
pérdidas económicas sufridas por Venezuela, basándonos en el PBI. En 2013, la economía venezolana arrojó un producto bruto interno de US$ 381 billones. Asumiendo que la declinación del PBI desde 2013 ha sido de entre un 8 y un 8.5% por año, Venezuela perdió entre 411 y 434 billones de dólares en su PBI desde 2013 hasta 2018. Esta estimación favorece claramente la postura de la oposición venezolana, pero sirve como una aproximación a las pérdidas sufridas atento a la falta de información oficial.
La suma de los costos incurridos por la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana con su consiguiente declinación económica arroja cifras que van entre los 473 y los 633 billones de dólares desde que Maduro se hizo cargo del gobierno en 2013. Como resultado, las acciones de la elite política venezolana generaron una espiral con efectos secundarios y terciarios sobre la población venezolana. Las estimaciones sobre la crisis venezolana son simultáneamente incompletas e imprecisas, pero demuestran la magnitud de la situación. Además, muchas de las acciones y sus resultados subsecuentes no hubieran sido posible sin la asistencia de una verdadera red de actores ilícitos operando por todo el mundo.
Conclusiones
Este informe subraya la interconectividad de los diferentes actores y mecanismos económicos que facilitan la pervivencia de esta Empresa, si bien es actualmente algo debilitada. La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es una estructura única, construida con la participación directa del Estado, actuando en forma criminal y operando a través de múltiples esferas económicas y jurisdicciones policiales. Esta acción criminal cuenta con apoyo de entidades estatales, negocios ilícitos y grupos criminales organizados. El resultado es una compleja operación criminal que socava el estado de derecho, la gobernanza democrática y las alianzas de los Estados Unidos en el hemisferio occidental.
La estructura bolivariana ha probado ser resistente y adaptable con múltiples capacidades redundantes. Operacionalmente, cuando una faceta de esta red criminal es presionada, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana mueve sus operaciones a una nueva área o encuentra nuevos aliados – frecuentemente con diferentes fortalezas y conexiones – pero compartiendo la historia y objetivos comunes de la Empresa. Recientemente, el gobierno estadounidense ha tomado un enfoque más integral frente a estos actores criminales, y esto le está dando resultados significativos. Los esfuerzos para canalizar fondos provenientes de PDVSA y de la estructura bancaria bolivariana hacia el gobierno legítimo de Guaidó y fuera del alcance del régimen de Maduro son tan innovadores como necesarios. Pero como el ex Comandante del Comando Sur, James Stavridis, señaló “se necesita una red para combatir una red”.
Nosotros pensamos que la clave para combatir esta red está en la integración de las autoridades y capacidades de todo el gobierno de los Estados Unidos y en la colaboración de nuestros socios más confiables, como, por ejemplo, Colombia, para posibilitar cortar el alcance de la red bolivariana. Esta aproximación incluye combinar los recursos y la autoridad del Departamento del Tesoro, Departamento de Estado, Departamento de Justicia, Departamento de Homeland Security y de Defensa, en colaboración con la comunidad de inteligencia para enfrentar los múltiples nodos de la Empresa. Sin embargo, enfrentar a la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, también requiere acciones más allá de Venezuela y a la vez un compromiso más robusto y a largo plazo con las naciones políticamente aliadas en el Hemisferio Occidental. En tanto que los pilares ideológicos de la Revolución Bolivariana han sido ampliamente desacreditados, se presenta una oportunidad para los Estados Unidos acercarse a la región y encarar la complejidad que esta Empresa criminal plantea.
