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lunes, 4 de junio de 2018

Juez de Houston niega mociones solicitadas por la defensa de exfuncionario de Hugo Chávez juzgado por corrupción en Estados Unidos

Tras no haber llegado a un acuerdo con los fiscales, el acusado decidió ir a juicio rápido, el cual  fue fijado para el 23 de julio de 2018.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un juez federal del Distrito Sur de Texas negó todas las mociones propuestas por la defensa de Luis Carlos De León-Pérez, un exfuncionario de la empresa estatal Electricidad de Caracas durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, acusado de haber participado directamente en la entrega de contratos con sobreprecio a cambio del pago de sobornos por parte de las contratistas que participaban en el esquema de corrupción.

De León Pérez fue arrestado junto a Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España en octubre de 2017, luego de recibir una orden internacional de arresto dictada por el gobierno de los Estados Unidos. 

De León Pérez fue acusado de delitos de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1956 (h) (ii); conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en violación de 18 U.S.C. § 371 y cuatro cargos de lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. §§ 1956 (a) (1) (B) (i). 
De León Pérez es un hombre de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, quien es reclamado por las autoridades españolas por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Durante la gestión de Alvarado en la empresa eléctrica, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas del entonces presidente, a cambio del pago de sobornos. 

En abril de 2018, De León Pérez firmó una forma para un juicio rápido al que tienen derecho todos los acusados en los Estados Unidos. El juicio fue fijado para el 23 de julio de 2018.

Negadas las mociones

El magistrado, Kenneth M. Hoyt, negó todas las mociones  relacionadas con la petición para que el tribunal permitiera al acusado inspeccionar y copiar todo el material correspondiente a las evidencias del caso, apelando al Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT). 

De León Pérez argumentó que los materiales solicitados a través de la MLAT debían ser proporcionados "inmediatamente" para que el acusado pueda prepararse efectivamente para el juicio.

La defensa solicitó que la corte ordenase al gobierno que proporcionara las evidencias rápidamente o de manera alternativamente. Asimismo, pidió que se establezca una audiencia para determinar los problemas planteados en este caso.

La fiscalía de Houston negó todas las mociones argumentando que no se ajustaban a la norma y que los abogados defensores ya tenían parte de las evidencias que la ley establece para que sean entregadas a los acusados antes del juicio.

El juez Hoyt explicó en un documento que las mociones para la divulgación inmediata de la información de conformidad con Brady y Giglio y para petición para un Proyecto de Ley limitaciones sobre los cargos de  la acusación contra De León Pérez estaban negadas en su totalidad, puesto que las mismas son prematuras. 

Agregó que tanto las reglas locales como las Reglas Federales de Procedimiento Criminal establecen los deberes del gobierno con respecto a las divulgaciones requeridas. 

Afirmó que los cargos 1 y 2 acusan al demandado por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para utilizar el correo y otros medios, respectivamente, para llevar a cabo un supuesto plan para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Asimismo, los cargos 4 a 7 imputan actos sustantivos de lavado de dinero, ayuda y complicidad en violación de la ley federal.

Dijo el juez que el acusado recibe un nombre específico y la conducta alegada, y de llegar a demostrarse, constituye una violación de la ley federal. 

Comenta Hoyt que si el acusado es declarado culpable de algún delito por el jurado, los detalles de la presentación probatoria se pueden volver infundados y por ello no los aprueba. 

En magistrado acordó que la moción del acusado para la Ley de Limitaciones Particulares también debía ser negada, "ya que la Acusación de la fiscalía establece claramente los elementos de las ofensas pertenecientes al acusado y le informa suficientemente sobre los crímenes por el cual se le juzga".

Las solicitudes se niegan como prematuras y simuladas acotó el juez al final de su comunicación, concluyó el juez.
Brady v Estado de Maryland


Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963) es una de las sentencias más importantes dictadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El peticionario y su compañero (llamado Donald Boblit) fueron condenadas a muerte por cometer asesinato en primer grado. Aunque Brady admitió que estaba involucrado en el crimen, afirmó que el acto de matar hecho por Boblit. El consejo de Brady había solicitado acceso a todas las pruebas materiales, incluyendo las declaraciones de Boblit. Aunque se facilitó la mayoría de ellos, la acusación había alguna evidencia de que no se demostró que el abogado del peticionario. Ellos incluyen la declaración escrita de Boblit admitir que la matanza real hecho por sí mismo. El consejo de Brady apeló ante la Corte de Apelaciones de Maryland para el alivio posterior a la condena.


Durante los procedimientos posteriores a la condena, el abogado de Brady planteó la cuestión de la declaración escrita de Boblit que no fue revelada por la acusación durante el juicio. La corte de apelaciones sostuvo que la ocultación de pruebas por la acusación es violación de la cláusula del debido proceso. El tribunal ordenó un nuevo proceso para decidir la sentencia. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Maryland y dictaminó que la acción de la fiscalía violó los derechos al debido proceso de la peticionaria. Hoy en día, el fallo en el caso de Brady se aplica ampliamente; como de descargo a menudo se llama material de Brady.

viernes, 13 de abril de 2018

Luis Carlos De León Pérez deberá permanecer en prisión: Corte niega libertad bajo fianza

En un documento de la corte de Houston se informa que el dinero en efectivo era traficado en aviones privados y era entregado a los funcionarios corruptos de PDVSA y de la Electricidad de Caracas. La nueva defensa intentará en una nueva audiencia conseguir la libertad condicional para el acusado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas, el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, Francis H. Stacy, consideró que existe un alto riesgo de que el acusado huya del territorio estadunidense a Venezuela, país con el que no existe tratado de extradición, razón poa cual decidió que el demandado permanezca bajo la custodia de las autoridades federales en la ciudad de Houston.
De León Pérez fue arrestado junto a Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España en octubre de 2017, luego de recibir una orden internacional de arresto dictada por el gobierno de los Estados Unidos. De León Pérez es un hombre de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, quien es reclamado por las autoridades españolas por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Durante la gestión de Javier Alvarado en la empresa eléctrica, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas del entonces presidente, a cambio del pago de sobornos.
Debido a la historia criminal del acusado y al dinero que este posee y que le permitirían huir del país, el juez Stacy decidió en la audiencia del 10 de abril de 2018 que De León Pérez no era merecedor del beneficio de libertad bajo fianza.

El magistrado Stacy consideró creíble el testimonio y la información sometida a consideración de la corte por los fiscales del caso. De León Pérez está acusado de cometer crímenes relacionados con lavado de dinero, corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos.

En el documento del juez se señala que Luis Carlos De León Pérez y los cuatro coacusados en este caso, pagaron sobornos para obtener contratos con Petróleos de Venezuela, (PDVSA). De acuerdo al agente de caso —citato por el juez— De León y sus asociados desarrollaron un sofisticado y enorme esquema de corrupción off shore.

Citan una testificación del agente del caso donde este explica que De León Pérez y los otros acusados llevaban grandes cantidades de dinero en efectivo a bordo de aviones privados a Venezuela para pagar los sobornos a los funcionarios de las empresas estatales de petróleo y electricidad. Uno de los aviones usados fue el del contratista acusado en este caso, Roberto Rincón Fernández, quien se declaró culpable de los cargos y acordó colaborar con la justicia norteamericana.
El documento señala que Roberto Rincón tenía 30 empresas de petróleo y gas que hacían negocios con PDVSA. Los récords bancarios de Rincón, que fueron obtenidos por la fiscalía a través de una orden judicial, muestran que fueron transferidas grandes cantidades de dinero para ser enviados a los funcionarios del gobierno de Venezuela.

Asimismo señalan que los documentos de la aduanas muestran que los equipos enviados a Venezuela tenían un grosero sobreprecio que cubría el monto de las coimas pagadas a los funcionarios gubernamentales.
Dice que la investigación encubierta cubrió 630 cuentas bancarias. Desde 2009 hasta 2014, cerca de mil millones de dólares fueron parte de la conspiración. Existen grabaciones de reuniones entre los conspiradores, entre los cuales se encuentra De León Pérez. Un encuentro en el que De León figuró como anfitrión, se produjo en el apartamento del acusado en Caracas. El acusado empezó su conversación señalando que él podía pagar compañías para hacer trabajos que ya estaban hechos y prometía contratos futuros con un 10 por ciento de comisión.

Reseñan otro encuentro que tuvo lugar en Aruba y otro en España. Evidencias generadas desde la mensajería de Blackberry confirman una conversación entre De León Pérez y Abraham José Shiera Bastida. En uno de esos mensajes Shiera se quejaba que no le habían pagado y De León Pérez le aseguró que lo iba ayudar.
Otras grabaciones muestran a De León Pérez dando instrucciones para transferir dinero desde su propia cuenta off shore a una cuenta de un funcionario del gobierno de Venezuela.

En el documento se destaca que De León Pérez es ciudadano con nacionalidad americana-venezolana que su esposa es venezolana. El acusado tiene residencia en el estado de la Florida, en Venezuela y en España. Asegura que el acusado viajó 26 veces en aviones privados. Uno de los pilotos olvidó la lista de nombres de los pasajeros.

El juez dice que De León Pérez fue detenido en España y extraditado a los Estados Unidos, pero que no tiene ataduras a esta comunidad. Las evidencias de culpabilidad son muy fuertes y el riesgo de fuga es muy alto.

Acota que escapar de la jurisdicción es una motivación del acusado ya que tiene apartamento en Venezuela, un país con el cual los Estados Unidos no tiene tratado de extradición, por lo que sería imposible obtener su retorno si escapa de suelo estadounidense.

Igualmente el juez señala que De León Pérez tiene millones de dólares en sus cuentas bancarias que podrían pagar su estilo de vida fugitivo, por lo que el tribunal considera que es muy elevado el riesgo de huida del país del acusado, razón por la cual se niega la fianza.

En el expediente de de León Pérez aparece que su abogado George Vila debió renunciar al cargo por un conflicto de intereses advertido por la fiscalía, ya que Vila representan a otro coacusado en el caso.

De León Pérez también firmó una forma para un juicio rápido al que todos los acusados en los Estados Unidos. 10 de los involucrados en este caso de corrupción masiva y lavado de dinero se han declarado culpables, y han decidido colaborar con la justicia. 
La próxima audiencia de De León está prevista para el 15 de mayo de 2018. 
La nueva defensa intentará en la próxima cita convencer al juez Stacy de que el acusado no se fugará del país y que tiene todo el interés de hacer frente al proceso que enfrenta con la justicia norteamericana.

Negociación

Con su defensa, el demandado podrá negociar con los fiscales una sentencia menos severa y beneficios adicionales, que en ocasiones incluyen la protección para familiares cercanos, que si bien han cometido delitos y  han participado como terceros en la trama de corrupción y lavado de dinero, no son los responsables directos de los hechos imputados. 

La esposa de De León Pérez posee una fortuna inexplicable

Andreína Gámez Rodríguez nació en el Hatillo, estado Miranda, en noviembre de 1977. Es portadora de la cédula de identidad N° V-13.137.451. La mujer cotizó para el seguro social de Venezuela apenas Bs. 6.529,44. Trabajó para la empresa Luegar Ingeniería S.A, Número Patronal D-2832588, donde devengaba un salario de Bs. 268,33.

Los récords de propiedad en los Estados Unidos reflejan que Gamez Rodríguez, esposa de Luis Carlos De León Pérez, es propietaria de varios apartamentos de lujo en la Florida. Por ahora, la descripción de esas unidades no aparece públicamente en los bienes bajo custodia de las autoridades norteamericanas.
Uno de los apartamentos está ubicado en una de las zonas residenciales más costosas del condado de Miami Dade. De acuerdo al folio 12-2226-050-0080 del Registro de Propiedades de la Florida, Andreína Gámez Rodríguez es la dueña de un apartamento en el edificio Oceana Bal Harbour Condo, Unidad 150u, ubicado en 10203 Collins Avenue, Bal Harbour, FL. Gámez Rodríguez pagó siete millones 450 mil dólares (USD 7.450.000,00). La unidad fue adquirida por la mujer el 30 de noviembre de 2016.



Curiosamente la madre de Andreína Gámez Rodríguez, Darlly Rodríguez también posee un apartamento en el mismo edificio. Los récords de propiedad del estado de la Florida corroboran que la unidad 909 del edificio ubicado en 10203 COLLINS AVE 905 , BAL HARBOUR FL, 33154 es propiedad de Rodríguez. El condominio fue adquirido por 2.4 Millones de dólares.

Andreína Gámez Rodríguez tiene varias empresas, entre ellas unas en Madrid y  otra en Nevis, a saber:

1) En los récords aparece la empresa MAGNOLIA PRODUCTS LIMITED, ubicada en Dixcart House, Fort Charles, Charlestown, Nevis, St Kitts-Nevis constituida por De León Pérez y otros asociados el 17 de diciembre de 2012, según el registro de empresas de Nevis N-C41192. Esta empresa está reportada en el informe del gobierno de los Estados Unidos.

2) SANSOBINO 1977 SL constituida el 22 de octubre de 2010 y donde aparece como dueña única 22/10/2010 Ubicada en Del Mediterraneo, 12 1 D. 28007 MADRID. (MADRID).  

3) IBERMILENIUM SICAV SA registrada el 20 de noviembre de 2014, (Consejera). Ubicada en Cantabría s/n CIUDAD GRUPO SANTANDER. 28660 BOADILLA DEL MONTE. (MADRID).

4) IBERMILENIUM SICAV SA. Registrada el 20 de noviembre de 2014, donde figura como presidente. Ubicada en Cantabría s/n CIUDAD GRUPO SANTANDER. 28660 BOADILLA DEL MONTE. (MADRID)
5) BABY GAAM 10 SL. Esta empresa fue registrada el 16 de diciembre de 2010 y cerrada el 13 de julio de 2011. BERMEO, 31 28023 MADRID. (MADRID). 

Disclaimer 

Venezuela Política no pudo obtener una versión de los hechos por parte de las empresas mencionadas ni de su propietaria Andreína Gámez Rodríguez ni con Darlly Rodríguez. 

Asimismo, tratamos de comunicarnos vía telefónica con varios número de teléfonos, entre ellos el que se nos dijo era el celular personal del Gámez pero tampoco logramos comunicación. 


El blog Venezuela Política está abierto a que todas las personas, instituciones y empresas mencionadas en esta nota periodística puedan expresar libremente sus versiones de los hechos. Invitamos a todos mencionados que deseen aportar mayor información para esclarecer el tema, a comunicarse con nosotros a nuestro correo blogvenezuelapolitica@tuta.io. 

El derecho a réplica está garantizado.