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martes, 8 de marzo de 2022

Venezuela y PDVSA entre la espada y la pared: Mientras un juez autorizó la venta de CITGO para pagar deuda impaga, el régimen de Maduro está más cerca de lograr un alivio a las sanciones

 Las decisiones enfrentadas adoptadas por el gobierno y los tribunales, podría generar un conflicto de poderes.

Por Maibort Petit

   Crystallex International Corporation no ha cesado en su esfuerzo por recuperar la sentencia a su favor por USD 1.200 millones por la expropiación que sufriera por parte del gobierno venezolano cuando Hugo Chávez decidió despojar a la minera canadiense de sus activos en Venezuela. Recientemente el juez Leonard Stark, titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware ordenó iniciar el proceso de venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation en manos de PDV Holding Inc., una decisión que se enfrenta a la disposición gubernamental que mantiene bloqueada la operación.

  Una situación que amenaza con crear un conflicto de poderes en los Estados Unidos, toda vez que la orden del juez Stark se produce apenas un mes después de que la administración de Joe Biden, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendiera por un año más el decreto de protección de la refinería venezolana.

  Pero mientras las presiones sobre Venezuela y su principal industria se acentúan, por un lado, por el otro el régimen de Nicolás Maduro logró, gracias a lobistas, que el gobierno de Joe Biden enviara a Caracas una comisión de Alto nivel para negociar con la dictadura negocios petroleros a cambio del posible levantamiento de las sanciones.

En esta entrega presentamos los detalles de lo acontecido.

EE. UU. extiende medida de protección a Citgo

   El pasado 20 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendió hasta el 20 de enero de 2023 —es decir una prórroga por un año más— el decreto de protección a CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, cuya administración en la actualidad se encuentra en manos del denominado gobierno interino que encabeza Juan Guaidó desde comienzos de 2019, luego de que entraran en vigencia las sanciones estadounidenses contra la corporación venezolana.

   La licencia de la OFAC prohíbe la venta o transferencia de las acciones de CITGO en relación con los Bonos PDVSA 2020 8,5 por ciento, a menos de que se cuente con l autorización de dicho despacho. Se quiere dar oportunidad a que se pueda llegar a un acuerdo sobre las propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del referido bono, por lo que se podrán aplicar requisitos de licencia adicionales. “La OFAC alentaría a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política de concesión de licencias favorable para dicho acuerdo”[1].

  Sobre el activo venezolano en EE. UU. se han volcado las apetencias de decenas de acreedores con los cuales el régimen de Nicolás Maduro mantiene mil millonarias deudas, referidas en buena parte por el impago de intereses y capital de bonos emitidos, bien sea por la república como por la propia estatal petrolera, así como de sentencias que obligan el pago por parte de Venezuela a empresas expropiadas, tal es el caso de la minera Crystallex.

  CITGO sirvió no en pocas oportunidades sirvió de garantía colateral de varios préstamos, así como activo designado para la compensación de impagos del gobierno venezolano que se dirimieron en tribunales internacionales y de Estados Unidos.

  La administración de Donald Trump entregó CITGO al gobierno interino de Guaidó, cuando la Asamblea Nacional y decenas de países desconocieron la reelección presidencial de Nicolás Maduro luego de una convocatoria irregular de comicios. Tal apoyo de EE. UU se ha mantenido en el gobierno de Joe Biden, quien decidió darle continuidad a la medida de protección de la empresa venezolana[2].

  Carlos Vecchio, representante de la administración de Juan Guaidó en Estados Unidos, manifestó su satisfacción con la medida que protege a la petrolera CITGO “frente a deuda irresponsable contraída por dictadura de Maduro”.

   Dijo que “esta es la mayor extensión de licencia otorgada hasta ahora para proteger y preservar CITGO para la futura recuperación de Venezuela”, por lo que agradeció la medida al gobierno de Joe Biden.

  En la página web de la Embajada de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio atribuye al gobierno interino la obtención de estas medidas protección “logradas por el embajador Vecchio y la Procuraduría Especial ante la OFAC y otras instancias [que] han evitado que activos como CITGO sean liquidados y que sigan siendo parte del patrimonio de Venezuela”[3].  

Tribunal de Apelaciones rechaza orden de Tribunal de Distrito

  El 9 de febrero de 2022, la secretaria del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos, Patricia S. Dodszuweit, certificó que en fecha 18 de enero de 2022, dicha instancia judicial ordenó y adjudicó que las apelaciones de la orden del Tribunal de Distrito de Delaware del 14 de enero de 2021, presentadas por Corporación Petrolera CITGO; PDV Holding Inc.; Petróleos de Venezuela S.A. y CITGO Petroleum Corporation sea rechazada por falta de competencia.

Orden de venta

  El 2 de marzo de 2022, el juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, Leonard P. Stark, dictaminó la anulación en parte de las objeciones de las partes a la Orden de Procedimientos de Venta de CITGO Propuesta por el Magistrado Especial.

   Asimismo, ordenó que Crystallex International Corporation y la República Bolivariana de Venezuela se reúnan y consulten con el Auxiliar Especial y, a más tardar el 9 de marzo de 2022, presenten un informe de situación conjunto.

  Este informe deberá contemplar: i) sus posiciones sobre si el Tribunal debe certificar una apelación interlocutoria y, de ser así, exactamente qué preguntas deben certificarse; ii. Sus propuestas para el momento en que las partes del Proceso de Ventas y el Auxiliar Especial determinarán si quedan objeciones maduras que requieran resolución judicial y en qué horario y con qué folios se formularán las restantes objeciones.

  Del mismo modo, el informe debe incluir una orden propuesta que la Corte puede firmar para seguir implementando sus decisiones y preparar el caso para procedimientos adicionales consistentes con lo que se propone en el próximo informe de estado conjunto; y cualquier otra cosa que las partes deseen incluir en el informe.

Presiones de Wall Street

  Entretanto en los tribunales estadounidenses se libran batallas en las que Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido usar como bastión el centro financiero para tratar de recuperar el acceso al crédito internacional y atraer la inversión internacional a un país que, pese a su inmensa riqueza petrolera, no puede disfrutar de los beneficios que brinda el incremento de los precios del crudo en razón de la guerra en Ucrania.

  Así lo refiere una nota de The Wall Street que señala que a través de los tenedores de bonos y otros inversores, Maduro está ejerciendo presión ante la administración de Joe Biden para que levante las sanciones que pesan sobre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  La inteligente jugada —aunque la cercanía del régimen de venezolano con Vladimir Putin crea resquemores— apunta a que el gobierno estadounidense y el hemisferio occidental en general recurran a que el que por años fue un operador petrolero confiable en la región pueda recuperar su capacidad de producción, de manera que se alivien así las presiones que la guerra genera sobre los precios del hidrocarburo.

  La oferta que el régimen de Maduro presenta a través de sus agentes, contempla la reestructuración de la deuda que supera los USD 60 mil millones en bonos, “concesiones de infraestructura, reservas de petróleo y gas y privatizaciones de activos a cambio de una reestructuración de la deuda que comenzó a caer en incumplimiento en 2017”, refiere la nota.

 De esta manera Maduro quiere convertir a quienes hasta ahora han sido la principal amenaza contra los activos venezolanos en el exterior, en cabilderos suyos ante el gobierno de los Estados Unidos: los bonistas.[4].

  El pasado fin de semana se concretó la primera acción de poderoso lobby financiero. Nicolás Maduro, que no es reconocido formalmente como presidente legítimo de Venezuela, y en una clara contradicción de intereses de la política exterior del atribulado presidente estadounidense, Joe Biden envió una comisión de Alto Nivel encabezada por el encargado de América Latina en la Casa Blanca, Juan González.

  La Administración Biden informó que entabló contacto con el régimen de Nicolás Maduro con el objetivo de aligerar sanciones e incrementar el flujo de petróleo en el mercado internacional para atemperar los efectos de un embargo al crudo ruso por la invasión de Ucrania, ya que el crudo venezolano está sujeto a sanciones de Estados Unidos (EEUU) desde 2019.

   La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en rueda de prensa este lunes 7 de marzo: "En lo que respecta a Venezuela, el propósito de ese viaje de funcionarios incluía varios asuntos, también la seguridad energética, y también averiguar sobre el bienestar de ciudadanos de EEUU" que se encuentran detenidos en el país.

 Psaki admitió que hubo "un diálogo con miembros de la administración los pasados días, y las negociaciones están abiertas". También negó la portavoz que haya ninguna decisión tomada sobre sanciones a Venezuela.

    Nicolás Maduro ratificó las conversaciones en un directo que realizó en horas de la noche del lunes 7 de marzo, advirtiendo que apoya al presidente de Rusia, Vladimir Putin pero que está abierto a las conversaciones respetuosas, y positivas con Estados Unidos, quien lo ha reconocido de manera informal, por ahora.




[1] Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. “595. What does Venezuela-related General License 5I authorize?”. 20 de enero de 2022. https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/595


[2] Swissinfo. “EEUU extiende protección para Citgo frente a acreedores de Venezuela”. 20 de enero de 2022. https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-extiende-protecci%C3%B3n-para-citgo-frente-a-acreedores-de-venezuela/47279938


[3] Embajada de la República Bolivariana de Venezuela/Estados Unidos. “Tesoro de Estados Unidos extiende por 1 año más protección”. 20 de enero de 2022. https://us.embajadavenezuela.org/noticias/tesoro-de-estados-unidos-extiende-por-1-ano-mas-proteccion-sobre-citgo/


[4] The Wall Street Journal. “Venezuela Asks Wall Street to Help Lift U.S. Sanctions So Oil Can Flow”. 3 de marzo de 2022. https://www.wsj.com/articles/venezuela-asks-wall-street-to-help-lift-u-s-sanctions-so-oil-can-flow-11646312401

miércoles, 10 de noviembre de 2021

Exgerente de CITGO vinculada a José Manuel González Testino fue sentenciada a 3 años de probación tras haber colaborado AMPLIAMENTE con la justicia de los EE. UU.

Por Maibort Petit

   El juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller sentenció este miércoles a la exgerente de Procura de CITGO, Laymar Peña Torrealba a tres años de probación y la confiscación del dinero recibido en calidad de sobornos por parte de contratistas que obtuvieron contratos a cambio del pago de sobornos a los funcionarios de la filial de estatal petrolera venezolana. Peña Torrealba se declaró culpable de delitos de corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas y colaboró ampliamente con la justicia norteamericana y por lo cual recibió una sentencia extremadamente leve. La mujer  fue parte del enorme esquema de corrupción encabezado por José Manuel González Testino y otros, e inclusive, sostuvo una relación  sentimental con el mencionado contratista que también será sentenciado a principios del 2022.

   La audiencia en la Corte Federal de Houston se inició a  las 10:35 am. El juez Gray Miller explicó, de manera detallada, lo establecido en las Guías Federales de Sentencia y otros factores que rigen el cálculo que hace el magistrado para tomar la decisión de la condena del acusado.

  El abogado de Peña Torrealba objetó un cargo relativo a la obstrucción de la justicia al inicio del caso, que el juez rechazó pero que los fiscales admitieron al destacar que "la acusada colaboró ampliamente con los investigadores del Departamento de Justicia norteamericano para avanzar en los casos relacionados con corrupción y lavado de dinero en la filial de PDVSA en EE. UU., CITGO".

   El juez Miller habló de una pena que iba entre 36 a 46 meses de cárcel y adicionalmente un sistema de probación de entre 1 a 3 años. No obstante, la Fiscalía intervino, nuevamente, para confirmar que Peña Torrealba colaboró amplia y sustancialmente con los fiscales de su caso y en otros relacionados con la corrupción en CITGO, y recomendó una reducción de un 40 por ciento de la condena que establece la guía federal de sentencias.

   La defensa de Peña Torrealba enumeró todos los elementos importantes del caso, y señaló que las acciones ilegales que había acometido su cliente, cuando ocupaba el cargo de gerente de Procura de CITGO, habían traído graves consecuencias a Peña, quien, incluso  sostuvo una relación extra-marital con José Manuel González Testino lo que ocasionó su divorcio. Peña tiene tres hijos de ese matrimonio.

 La fiscalía sostuvo que la convicta colaboró con los fiscales y compartió toda la información en emails de CITGO donde los ejecutivos daban las instrucciones que recibían directamente de    PDVSA, inclusive aquellos donde se les ordenaba a quien darles las órdenes y contratos de servicios que en su gran mayoría eran con sobreprecio y que muchos no llegaban a materializarse.

  El Juez Gray Miller le pidió a Laymar Peña Torrealba que hablara antes de dictar su sentencia.  La mujer lloró frente al juez asegurando que estaba arrepentida de su comportamiento como funcionaria en CITGO y haber violado la ley de los Estados Unidos.

  Peña Torrealba afirmó que "tiene mucho miedo" de las consecuencias que tendrá para ella y su familia su comportamiento.  Dijo que se arrepiente de todo lo que hizo.

  Peña Torrealba pidió perdón a sus padres, hermanos y toda a su familia. Era tanto el llanto de la mujer que el juez le pidió que tomara su tiempo para hablar. 

   Peña Torrealba aseguró que fue muy difícil explicarle a sus 3 hijos todo lo malo que ella hizo, incluyendo sus infidelidades con su ex-esposo. Pidió piedad y perdón por el error que cometió. "No hay nada que justifique este error.  Confío en la excelente investigación de los oficiales", afirmó.

    El juez Miller explicó que debido la circunstancia, a la petición de la fiscalía y estableciendo relaciones  con otras sentencias, ordenó  3 años de probación bajo supervisión.  Asimismo, el magistrado sentenció que todo el dinero que obtuvo Peña Torrealba por sus delitos será decomisado por el gobierno de los Estados Unidos.

lunes, 8 de marzo de 2021

¿Por qué la juez del caso Ali Sadr decidió publicar los documentos que dejaron mal parada a la justicia de EE. UU. ?

   La juez del caso ordenó divulgar las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes y los documentos de respaldo del caso.

Por Maibort Petit

  Una victoria para la libertad de expresión e información significó la decisión de la juez, Alison Nathan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York respecto al caso que en esa instancia judicial se dirime entre Estados Unidos y Ali Sadr Hashemi Nejad, toda vez que en uno de los apartes de su decisión del pasado 17 de febrero de 2021, concedió la solicitud de la prensa —a través de The Associated Press— de permitir la divulgación de los documentos que la fiscalía neoyorquina manipuló y pretendió ocultar durante el juicio del banquero iraní.

   En la citada corte, un jurado determinó que Sadr Hsheminejad era culpable de “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”, delitos por los que podía pasar varias décadas en la cárcel.

    Sin embargo, recientemente se conoció que los fiscales ocultaron de los abogados del imputado un documento que habría ayudado en la defensa de Sadr, a saber, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones. La extraña conducta de los fiscales llegó al extremo de, en lugar de enmendar su error, procedieron a “enterrar” el documento entre otra serie de papeles que remitieron a la defensa, creyendo que la irregularidad no iba a ser detectada.

  La prensa bregó ante el tribunal a objeto de que se permitiera la divulgación, tanto de la carta del Commerzbank, como de los correos electrónicos y mensajes de texto, entre otros, que se cruzaron los fiscales y que revelaban cómo su actuación permitió el desmoronamiento del caso contra Sadr cuando el juicio estaba a punto de completarse.

  Ocurrió que un registro bancario apareció a último momento cuando la fiscal federal adjunta, Jane Kim, lo quería presentar como prueba, pero se percató de que aún no lo había compartido con los abogados de Alí Sadr, algo que violaba las reglas del debido proceso. 

   Tales hechos llevaron a la juez Alison Nathan a anular el veredicto del jurado y a, en los últimos días, recomendar al Departamento de Justicia, investigar la probable conducta irregular de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, específicamente a la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales.

  En su decisión del 17 de febrero, la juez Nathan permitió el acceso público a las declaraciones de la fiscalía y a los documentos que esta aspiraba mantener bajo sello. Y si bien la magistrada accedió a sellar los expedientes que constituyen la base del dictamen que estableció que el público tiene derecho a saber cómo sucedieron los hechos.

   Recuerda la decisión que tanto la Constitución como las leyes y la tradición judicial reconocen el derecho de acceso público a los procedimientos judiciales y a los documentos judiciales. Subraya que las Enmiendas Primera y Sexta también protegen el derecho a iniciar un proceso judicial —la Sexta para los acusados y la Primera para el público y los miembros de la prensa— siendo condición que el documento solicitado sea un "documento judicial".

   Señala la jurisprudencia que la Corte debe considerar la “relevancia del contenido específico del documento para la naturaleza del procedimiento y el grado en que el acceso al documento ayudaría materialmente al público a comprender los asuntos ante la corte y a evaluar la imparcialidad e integridad de la resolución judicial". Agrega que el tribunal en el ejercicio de sus poderes de supervisión tiene poder para investigar las declaraciones falsas y sancionar la mala conducta de los abogados. 

  De este modo, las declaraciones del fiscal, los anexos y las cartas de las partes son importantes para que el público comprenda las cuestiones que tiene ante sí la Corte, refiere la decisión, incluida la desestimación de los cargos subyacentes contra Alí Sadr y la tergiversación de la fiscalía ante la Corte con respecto a la divulgación de pruebas exculpatorias. En tal sentido, el Tribunal mostró su desacuerdo con la posición de los fiscales de que los documentos están exentos de divulgación porque la presente investigación del es análoga a un procedimiento disciplinario. Contundentemente el tribunal estableció que el caso de Sadr no es un procedimiento disciplinario. 

  La Corte estimó que el derecho público de acceso a los documentos judiciales no se evapora cuando está involucrada la mala conducta de un abogado y, por el contrario, sostiene que es más importante "tener cierta responsabilidad y que el público tenga confianza en la administración de justicia". Así, el tribunal concluyó que las declaraciones del fiscal y las cartas de las partes son documentos judiciales.

  Igualmente, la Corte concluyó que tanto la Primera Enmienda como el derecho consuetudinario apoyan el acceso público a los documentos en el caso de Alí Sadr, una conclusión a la que llegó sobre la base de que las declaraciones en las que se basa un tribunal para llegar a una decisión judicial son documentos históricamente abiertos a la prensa y al público, el cual tiene un profundo interés en la conducta de los fiscales federales. 

  Precisa la juez Nathan que la información sobre la mala conducta de la fiscalía que dio pie a la anulación del veredicto del jurado y la desestimación de una acusación, es de gran valor para quienes supervisan los tribunales federales. El hecho de que se haya decidido no imponer más sanciones basándose únicamente en dichos documentos, sin una audiencia pública, pesa más a favor de la divulgación. 

   Refiere la decisión que las declaraciones del fiscal y sus anexos hacen referencia solo a un puñado de correos electrónicos con terceros, ninguno de los cuales incluye información privada o vergonzosa. Sostiene que los intereses de privacidad de los propios fiscales tampoco justifican la denegación del acceso público a los documentos, mientras que el interés del público precisamente en estos detalles pesa en contra del sellado.

  La juez Alison Nathan determinó que es apropiado revelar las identidades de los fiscales involucrados y concluyó que dicha información se puede verificar fácilmente a partir de documentos presentados públicamente y transcripciones del juicio. 

  Determinó la magistrada que el público tiene derecho a saber cómo ocurrieron los hechos extraordinarios de este caso en el cual el Gobierno terminó por solicitar y obtener la vacante del veredicto del jurado en razón de la responsabilidad de los funcionarios públicos y en la confianza del público en la administración de justicia. 

“Con la excepción de una clase limitada de materiales que tratan con información confidencial, la Corte no mantendrá en secreto las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes y los documentos de respaldo en este caso. La Corte espera que a medida que el Distrito Sur de Nueva York deje atrás este desafortunado capítulo, estos documentos proporcionarán a otros fiscales y miembros del público una idea de cómo el Gobierno llegó a manejar tan mal sus obligaciones éticas en este caso, algo de disuasión para conducta indebida en juicios futuros y cierta seguridad de que el poder judicial trata estos asuntos con la mayor seriedad”, concluye la decisión.

viernes, 22 de mayo de 2020

Venezuela a punto de perder su activo más valioso en el extranjero: Juez de Delaware autoriza continuar con la venta de las acciones de CITGO

   El fallo del juez ordena a Crystallex y los representantes legales de Venezuela buscar las vías más expedita para realizar la subasta de CITGO.

Por Maibort Petit
@maibort petit

 Luego que el día lunes, el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos se negara a discutir el recurso interpuesto por los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, este viernes, el magistrado Leonard P. Stark aprobó continuar con el procedimiento  establecido para la venta del principal activo de los venezolanos en exterior, CITGO para cobrarse una deuda que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la minera canadiense Crystallex.
  El juez estadounidense, de la Corte de Delaware, había ordenado en 2019 la venta de las acciones de CITGO y los representantes legales del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como legítimo, apeló la decisión. 

  En noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. en Filadelfia confirmó una decisión que permitía a la canadiense Crystallex subastar acciones en CITGO para cobrar una sentencia de $ 1.4 mil millones.

  El presidente de Donald Trump ha tomado varias acciones para  salvaguardar a CITGO, tratando de bloquear la intención de los acreedores de Venezuela que buscan cobrar sus deudas, en buena medida para proteger a la administración interina de Juan Guaidó.

   La protección de los activos que establece la orden del gobierno federal obliga a Crystallex a pedir una licencia ante el Departamento del Tesoro de los EE. UU. para proceder con la venta de CITGO.

  En octubre de 2019, la Corte de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos dictaminó que  Crystallex International Corp podía avanzar con los esfuerzos para confiscar las acciones de la refinadora de petróleo CITGO.

  La canadiense Crystallex, desaparecida actualmente, había ganado una sentencia de $ 1.4 mil millones como premio por la expropiación de sus activos ejecutada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La minera también consiguió sentencias judiciales favorables en los Estados Unidos para subastar acciones de CITGO, propiedad del Estado Venezuela, para cobrar la deuda.

  La orden del juez Stark es un elemento definitorio para que los venezolanos pierdan el activo más valioso en el extranjero, CITGO. 

  Crystallex está buscando una compensación por la adquisición por parte de Venezuela en 2011 de las operaciones de extracción de oro de la compañía cerca de Las Cristinas. Crystallex ganó en el arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo. El minero de oro aún debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Antes de que las acciones puedan subastarse.

   Crystallex es el más avanzado de un grupo de acreedores, incluida la compañía petrolera ConocoPhillips, ha estado realizando acciones legales para que el tribunal permita la subasta de las acciones de PDV Holding Inc., la empresa matriz de CITGO, para cobrar las deudas

  La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordena levantar una decisión de un tribunal de segundo circuito que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO.

Un caso de larga data

  En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento ‘Las Cristinas’ lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

  El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

  El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia afirmó que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

  En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

  El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

  En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

  Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal.

   Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

  Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

  Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

  Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de CITGO se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

  PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

  Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante,  en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

  En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50  países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

  La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware.

  En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

  En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela.

  Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

  Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería «un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos».
De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

  El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

  En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO.  Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO.

  La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.

miércoles, 4 de marzo de 2020

Juicio de Ali Sadr Hasheminejad aporta elementos para entender cómo Hugo Chávez contribuyó al envío de dinero a la República Islámica de Irán, violando las sanciones impuestas por EE.UU. contra ese país

   Aún no se ha explicado la razón por la cual el régimen de Hugo Chávez pagó millones de dólares a una empresa de Teherán para construir "una ciudad" en el estado Zulia, con "12 mil unidades habitacionales", como si en Venezuela no hubiese empresas constructoras con amplia experiencia. Lo que se si supo en el segundo día del juicio de Ali Sadr Hasheminejad, es que la empresa del padre del acusado tiene relaciones estrechas con el régimen de Irán, y que ha logrado contratos millonarios para construir la infraestructura de ese país, destruída durante la guerra. Uno de los testigos interrogado, confesó que las empresas que están bajo escrutinio de los fiscales de Nueva York, han recibido millonarios contratos del gobierno iraní. Aquí les cuento parte de esta historia.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  En la segunda audiencia del juicio de Ali Sadr Hasheminejad, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mostró un contrato que se firmó en el marco de los acuerdos bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán acordados en 2006, en el cual se incluyó un convenio para el Desarrollo Habitacional Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, ubicado en el municipio Lagunillas del estado Zulia. Hugo Chávez Frías y el presidente iraní para la época, Mahmoud Ahmadineyad, contrataron a la empresa Iranian International Housing Company (IIHC), propiedad del padre del acusado, Mohammad Sadr Hasheminejad, para ejecutar el contrato de US.475,734,000,00 que contemplaba la construcción de 12 mil unidades habitacionales. Uno de las cláusulas establecía que los pagos debían hacerse en dólares americanos "porque es una moneda fuerte que no pierde valor", cuestión que constituye un factor clave en el proceso criminal contra Ali Sadr a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. a la República Islámica de Irán.
   En sus argumentos de apertura del juicio, la fiscal Stephanie L. Lake sostuvo que "este es un caso que incluye un esquema de fraude sofisticado para el enriquecimiento de este hombre (señalando a Ali Sadr Hasheminejad) y de su familia, que involucra $115 millones manejado a través de una serie de empresas que le permitieron cometer fraude bancario e incumplir las sanciones estadounidenses contra Irán".

   La fiscal dijo que el acusado creó un esquema complejo, a través del cual canalizó millones de dólares del proyecto de viviendas del gobierno venezolano, a través del sistema financiero estadounidense,  en nombre de entidades iraníes, incluida la compañía de su familia [Stratus Holding Group], su filial en Turquía, cuentas de banco en Suiza y en otros países.

   Comentó que el acusado violó las sanciones impuestas [por razones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos] a Irán, y que prohíben a los ciudadanos de ese país hacer negocios con estadounidenses, y utilizar el sistema financiero norteamericano. "Dos empresas de su padre, quien es dueño de un emporio, fueron usadas en el esquema".

  En 2006, Iranian International Housing Co. (IIHC) firmó un acuerdo con el gobierno de Venezuela y el gobierno de la República Islámica de Irán, en el marco de un acuerdo entre las dos naciones por un monto de casi medio millón de millones de dólares, y a raíz de ese contrato con la empresa de su padre se creó y ejecutó un esquema para violar las sanciones estadounidenses.

  Sostuvo que Ali Sadr compró una nacionalidad de un país del Caribe para ocultar la iraní. "Con su nuevo pasaporte registró empresas con una dirección en Dubai, no en Irán, compró casas, abrió cuentas de banco para que las instituciones financieras no vieran la palabra Irán por ninguna parte, de tal manera que no se levantaran las alarmas por las sanciones contra el régimen persa".

  La fiscal sostuvo que  "Ali Sadr se movió por China, Venezuela, Turquía, movilizando el dinero para que finalmente fuera a parar a Irán, a las empresas de su padre".

  Entre 2011 y 2014, el gobierno de Venezuela pagó a las empresas de servicio de Irán, haciendo transferencias a las empresas de Ali Sadr y no a Irán para evitar las sanciones.

  "Sadr y su padre se unieron para ejecutar un esquema con el cual cometieron lavado de dinero, fraude bancario y violación de sanciones", acotó.

  Dijo que a lo largo del juicio la fiscalía presentará testigos y abundantes evidencias que le permitirán más allá de la duda razonable, que Ali Sadr es culpable de los seis cargos por los que se le acusa.

  Las evidencias muestran que las transacciones hechas por Sadr  y su familia y el esquema creado, le permitieron al acusado ganar mucho dinero.

  Aseguró que presentarán un contrato donde se removió el nombre de Irán y los proyectos de Venezuela para evitar las sanciones.

   Se mostró al jurado, conformado por 10 mujeres y 5 hombres, los pasaportes de Ali Sadr de San Cristóbal y Nieves, y el iraní, "llevaba consigo al menos cuatro pasaporte", dijo a funcionaria.

  Explicó que entre 2013 y 2015, Sadr Hasheminejad viajó más de 100 veces, incluidos múltiples viajes a Estambul, Zurich, Dubai, Londres, Malta y Teherán. En varias ocasiones desde 2010, Sadr Hasheminejad declaró que reside en Dubai, Bielorrusia, Suiza y los Estados Unidos.

  La fiscalía sostiene que Sadr Hasheminejad portaba hasta cinco pasaportes, cuatro de San Cristóbal y Nieves y uno de Irán, ninguno de los cuales ha expirado, después de haberlos usado indistintamente cuando viajaban. 

  Los documentos federales muestran que Sadr Hasheminejad obtuvo su ciudadanía de San Cristóbal y Nieves en 2009 a través del programa de ciudadanía por inversión por $ 250,000.

La defensa dice que su cliente es un hombre correcto y de familia.

  El abogado Reid H. Weingarden dijo a los jurados que su cliente es un hombre inteligente, educado, graduado de ingeniero, padre de familia, de 40 años que nació el Teherán y que debido a su posición política fue víctima de tortura, estuvo en prisión, al igual que su padre Mohammad Sadr Hasheminejad, quien también ha sido objeto de persecución por parte del régimen iraní.

  El defensor dijo que Ali Sadr se sitió responsable del enorme proyecto de casas en Venezuela, él era el responsable de la construcción de viviendas, estadios, escuelas, etc. 

   Comentó que su cliente tiene una familia enorme, muchos vivían en Irán,"su madre que tiene un PHD vive en Washington DC, su hermana arquitecto en Los Ángeles, California". Sostuvo que el padre de Ali  Sadr protestó contra el gobierno y fue encarcelado, él es un ingeniero brillante que fue traído para reconstruir el país luego de la guerra con Irak. 

  El abogado argumentó que las empresas del padre de Ali Sadr crecieron y se convirtieron en los primeros negocios de Irán, y que estaban a favor de la democracia, abrió un banco privado en su país, y logró tener una empresa con más de 10 mil empleados pero luego fue nuevamente a la cárcel, torturado otra vez por la revolución islámica.

  Destacó que Ali Sadr es un ingeniero y hombre de negocios que buscó oportunidades en el mundo, fue a Europa, Turquía para buscar opciones de inversión, en Suiza.

  Fue a Venezuela para construir una ciudad, luego que otras empresas habían fracasado con ese proyecto. "Él se encargó de ese trabajo interesante del cual se sentía orgulloso y quería ayudar a su padre", acotó. 

  Aseguró que las sanciones de Estados Unidos contra Irán hicieron daño a los ciudadanos, 40 años de sanciones sobre 80 millones de personas, más el embargo ha tenido efectos en la economía iraní. Ali Sadr entendió y tiene conocimiento de las sanciones, y de los riesgos para hacer negocios. Nunca se imaginó que iba a ser un target del gobierno de los Estados Unidos.

  El proyecto de Venezuela requería cuentas bancarias para recibir los pagos en dólares. para lo cual se registraron compañías en otros países, cuentas en un banco europeo, y el dinero se invirtió en Europa porque su padre y él sabían que si lo llevaban a Irán se lo iban a confiscar.

  El banco suizo fue parte de las transacciones entre Ali Sadr y Venezuela.

  Comentó que muchos iraníes quieren sacar el dinero de su país e invertirlo en otros lugares donde haya seguridad.

  Weingarten dijo que el padre de Sadr Hasheminejad quería ayudar a las personas en Venezuela "cuando otras seis empresas iraníes no pudieron idear una forma de construir un proyecto de vivienda para una ciudad destruida por una inundación". Agregó: “Mi cliente estaba totalmente comprometido en otra parte, quería ser banquero. Pero su padre le pidió ayuda en Venezuela. Mi cliente ama a su padre, quería devolverle el dinero. Ambos querían ayudar a la gente pobre de Venezuela. Ali estaba adentro. Quería que su padre se fuera de Irán".

   Weingarten dijo que los Hasheminejads temían que el dinero del proyecto de Venezuela fuera tomado por los ayatolás de Irán.

  Dijo al jurado: “A medida que vean la evidencia, verán que la empresa constructora enviaba una factura a Venezuela. Eventualmente pagarían, a bancos en Portugal y España, en Europa. Pero en la cuenta de Venezuela, utilizaron un banco estadounidense para liquidar las transacciones. Ambos tenían cuentas de compensación con JP Morgan. Eso es. Esa es la historia Esa es la presunta criminalidad ... Pero no hay intención criminal. Estados Unidos no puede probar eso. Ali pensó que estaba bien siempre que no fuera dinero a Irán ".


   Weingarten dijo al jurado que no quería que los bancos le negaran los negocios porque era iraní. “Incluso si encuentra una violación técnica de las sanciones, eso no es un delito si él tenía un corazón puro y estaba del lado correcto. Este caso no se trata de la sabiduría de las sanciones ... Mantenga una mente abierta. Ali Sadr quería ayudar a su padre. Ni por un nanosegundo quería violar la ley estadounidense. Al final, señores del jurado devolverán el único veredicto posible: no culpable ".

  Pidió al jurado usar su sentido común, ponerse en los zapatos de su cliente, tener la mente abierta y evaluar las piezas de evidencias para llegar a la conclusión de que Ali Sadr es un hombre de familia y no es culpable de lo que se acusa. 

Un testigo desmiente la defensa de Ali Sadr

  En la jornada fue interrogado Fashid Kazerani, un hombre que trabajó por más de dos décadas con el padre del acusado y vió de cerca cómo se desarrolló el proyecto Venezuela. El hombre, quien se mudó a los Estados Unidos en 2013, y testificó el farsi, dijo estar seguro que el régimen de la República Islámica de Irán nunca persiguió, acosó o sometió a tortura a Ali Sadr o a su padre Sayed Sadr, ni tampoco a sus empresas que, según el ex-empleado de Stratus Holding Group, recibieron contratos millonarios del gobierno iraní.

   Interrogado por el fiscal federal adjunto Michael K. Krouse,  Kazerani afirmó que viajó a Venezuela, trabajó en el proyecto que inicialmente contemplaba la construcción de 7 mil viviendas, pero que luego se añadieron 5 mil más para hacer un total de 12 mil. Explicó que conoce muy bien a la familia Sadr, desmontó la narrativa de la defensa, y sostuvo que el mismo presidente de Irán,  Mahmoud Ahmadineyad había servido de portavoz a los requerimientos de la empresa del padre Sard, y había llevado quejas a Hugo Chávez en varias de las visitas hechas por el mandatario iraní a Caracas, incluyendo una realizada en 2009, cuando Ahmadineyad abogó por los pagos pendientes con Chávez, según se mostró en una minuta del grupo Stratus que condujo a la pesquisa que los fiscales estadounidenses hicieron para llegar a la conclusión que el conglomerado de empresas de los Sard servía de puente para lavar millones de dólares para Irán, y como método para violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a país islámico. 


El Proyecto Nueva Ciudad Fabricio Ojeda

  El proyecto Nueva Ciudad Fabricio Ojeda fue ejecutado a través de la empresa estatal Ducolsa, como parte del convenio de cooperación firmado el 2 de julio de 2006 por la República Bolivariana de Venezuela, la República Islámica de Irán y la empresa IIHC.

  Hugo Chávez y su homólogo Ahmadineyad hicieron una cadena para hacer entrega de las primeras unidades que formaron parte del convenio, en el Desarrollo Habitacional Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, ubicado al este del municipio Lagunillas de la Costa Oriental del Lago.

  "El proyecto contemplaba la construcción 12 mil apartamentos para dignificar a 60 mil habitantes aproximadamente, señaló el director Ejecutivo de PDVSA Occidente", Ricardo Coronado.


  El coordinador regional de la Gran Misión Vivienda Venezuela para el estado Zulia era Francisco Arias Cárdenas. En las fotos mostradas al jurado aparece el ex-funcionario posando al lado de un grupo de iraníes que ejecutaba el proyecto.

  El desarrollo integral de viviendas comprendía 12 mil apartamentos en 755 bloques, destinado a cumplir con la reubicación de las familias que vivían en la zona de subsidencia de la Costa Oriental del Lago.

  Se construyó en un terreno de 318 hectáreas ubicado a 10 kilómetros al este de Ciudad Ojeda (Lagunillas). Para la primera fase construirán 438 edificios equivalentes a 7.008 apartamentos (178 hectáreas); y para la segunda 317 edificios integrados por 5.072 apartamentos.

   Contempló además la construcción de 10 escuelas para primaria y secundaria, cinco centros comunales, cinco zonas socioproductivas y 15 consultorios Barrio Adentro, entre otros espacios como estaciones de policía, bomberos, CDI, SRI y 20 centros simoncitos.

jueves, 30 de noviembre de 2017

Fábrica de fusiles Kaláshnikov en Venezuela: Una empresa que levanta suspicacias en el mundo entero

Por Maibort Petit
@maibort petit

El anuncio del gobierno venezolano sobre la puesta en funcionamiento en 2018 de la una fábrica de fusiles Kaláshnikov, ha encendido las alarmas tanto al interior del país como fuera de sus fronteras, dada la suspicacia que despierta el destino del armamento que allí se produzca y los objetivos de una administración altamente cuestionada que insiste en afirmar que mantiene una política pacifista que a pocos termina de convencer.

Recientemente el vicepresidente del Área Económica, Wilmar Castro Soteldo, informó que en 2018 Venezuela abrirá la primera fábrica de producción de fusiles Kaláshnikov, un anuncio que formuló luego de una reunión que sostuvo la comisión intergubernamental ruso-venezolana.

En tal sentido, catálogo este proyecto como uno de los principales que adelantados entre las dos naciones según reseñan varios medios venezolanos. De esta manera se concretaría una vieja aspiración que en su momento el fallecido expresidente, Hugo Chávez, perfiló al ampliar su política exterior en dirección al oriente mundial. De hecho, en 2006, un año antes de que muriera, el exmandatario le dispensó una visita al diseñador del citado fusil, Mijaíl Kaláshnikov.

Desde su llegada al poder, Chávez comenzó a profundizarse la relación bilateral con Rusia, la cual hasta ese entonces no había trascendido los tradicionales contactos diplomáticos entre naciones. En 1970 en el seno de la Organización de Naciones Unidas, ambos países intercambiaron comunicados en los que anunciaban el restablecimiento de dichas relaciones a nivel de las embajadas, pero el asunto no trascendió de las meras intenciones. Sin embargo era un primer paso dado luego de que en 1945 Venezuela reconociera a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, surgidas luego de la revolución bolchevique. Antes de eso había sido Francisco de Miranda quien había dado los primeros pasos en los años 1786 y 1787 cuando visitó Rusia y fue recibido con honores en la corte de Ekaterina II. Luego en 1856, el presidente para la época, José Tadeo Monagas en una carta al Emperador ruso Alejandro II, manifestó su interés por establecer relaciones amistosas con ese Imperio Ruso, una iniciativa que tuvo como respuesta que el 5 de febrero de 1857 — desde aquel lado del mundo — se reconociera a Venezuela como un país soberano e independiente.

Venía Chávez con un claro objetivo de virar las relaciones internacionales de Venezuela en un sentido que, hasta entonces, era impensable y entre sus primeras visitas como jefe de estado estuvo la que dispensó a Rusia en 2001, una ocasión que sirvió para firmar varios convenios de cooperación bilateral, así como un programa de intercambio cultural, educativo, científico y deportivo. También suscribió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, una declaración conjunta en la que manifestaron su disposición a reforzar la cooperación constructiva, profundizar la confianza política y el diálogo en la solución de los problemas internacionales y regionales. El acuerdo comprendía, además, coordinar actividades en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en procura de mantener la paz y la seguridad globales.

Para fines de ese año, viajó a Venezuela el Jefe de Gobierno de la Federación de Rusia, Mijail Kasiyanov, y suscribió el acta de creación de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN), de acción permanente entre Rusia y Venezuela, encargada de coordinar las consultas y la elaboración de planes integrales atinentes a la cooperación en materia política, económica, comercial, científica, cultural, académica y ambiental de ambos países. Este organismo comenzó a reunirse en 2004 y desde entonces lo hace ininterrumpidamente.

Chávez fue en dos ocasiones Rusia y, por primera vez, un presidente ruso, Dmitry Medvédev, visitó a Venezuela.

Había comenzado una nueva era en la que ambos países compartían la visión de instaurar un mundo multipolar, reformar la ONU y su Consejo de Seguridad. Venezuela se convirtió en socio y en lobista de los intereses latinoamericanos con Rusia.

Luego del golpe de estado de 2002–2003 la relación ruso- venezolana se afianzó cuando aprovechando el auge petrolero que tuvo lugar entre los años 2006 y 2010, se firmaron 21 acuerdos de cooperación en materia energética, tributaria, lucha contra el contrabando y otras formas de enriquecimiento ilícito. Entre PDVSA y Rosneft se profundizan las relaciones comerciales cuando Rusia ingresa en la Organización Mundial del Comercio.

Pero un aspecto que alcanzó especial realce en el contexto de las relaciones entre ambos países fue el relativo a la cooperación militar. De hecho, en 2008 tuvieron lugar las primeras maniobras militares entre los dos países cuando naves de la Armada Rusa llegaron a las costas venezolanas.

Por otra parte, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano comprador de armamento ruso. Un hecho que el fallecido Hugo Chávez destacó durante la presentación de la Memoria y Cuenta de la Asamblea Nacional en 2011, cuando afirmó que el país había alcanzado un gran poderío militar gracias a Rusia y a China.

Venezuela se apertrechó con una gran cantidad de aviones Su-30 y helicópteros y se crearon los centros de servicio postventa para equipos militares de Rusia.

A la muerte de Chávez, su sucesor, Nicolás Maduro, se impone una política desmedida de compra de armamento y equipos militares que los sectores críticos del país han catalogados de irregulares.

En varias oportunidades, el presidente Chávez anunció el proyecto de fabricación de fusiles Kaláshnikov Ak 101 hasta el 105, los cuales estarían adaptados a cartuchos de diversos calibres de acuerdo a los estándares de Rusia y la OTAN, pero el asunto no se concretó. Sin embargo, a través del acuerdo con Rosoboronexport e Izhmash, una de las principales fábricas de armas rusas, durante la administración del finado mandatario Venezuela recibió 100 mil rifles Kaláshnikov AK-103 a un costo de 5 mil millones de dólares. También adquirió armamento pesado por 2 mil 200 millones de dólares.

Así es el AK-47

El “Avtomat Kalashnikov”, modelo 1947, conocido simplemente como AK-47, es un fusil de asalto de fabricación soviética que debe su nombre al combatiente ruso de la II Guerra Mundial, Mijaíl Kaláshnikov.

Se constituyó esta arma, como el fusil oficial de la Unión Soviética entre los años 1951 y 1978, refiere Wikipedia, que añade que desde el año 2007 se le estima como el arma de fuego de mayor producción de la historia.

El AK-47 pesa 4.3 kilogramos, tiene una longitud de 870 milímetros, su cañón mide 415 mm, calibre de 7.62 mm. Su cadencia de tiro es de 600 disparos por minuto y tiene un cargador extraíble curvo con capacidad para 30 cartuchos.

Entre sus ventajas está el hecho de que se puede sumergir en el agua y en el barro sin que se afecte su seguridad y fiabilidad.

AK-47: La preferida de la guerrilla

Cabe destacar un dato que resulta altamente llamativo y es que el AK-47 se ha erigido como el arma favorita de los movimientos guerrilleros, terroristas, grupos insurgentes y narcotraficantes, dado que se trata de piezas de alta resistencia que, además, son fáciles de usar, reseña el portal Sipse.com en nota publicada el 24 de diciembre de 2013.

En una ocasión, Mijail Kalashnikov contó que durante la guerra de Vietnam, los soldados estadunidenses abandonaban sus fusiles M16 para tomar los AK-47 y las balas que los vietnamitas muertos dejaban.

Esta arma es conocida en México como Cuerno de Chivo, en razón de la forma curva de la parte delantera que sostiene el cargador.

“Su facilidad de uso en la selva o el desierto lo hicieron ideal para los insurgentes en países apoyados por la Unión Soviética, y Moscú no sólo lo distribuyó ampliamente sino que otorgó licencias para su fabricación a unos 30 países. El ‘Cuerno de chivo’ no es un fusil especialmente preciso, pero su resistencia y facilidad de uso son ejemplares: puede emplearse en la arena o la lluvia, mientras que armas más sofisticadas como el M16 estadunidense se atascan en esas condiciones”.

La figuración de esta arma se ha dejado sentir en eventos de ingrata recordación para la humanidad como los atentados terroristas de París en 2015.

Este hecho es corroborado también en una información del portal El Confidencia en una nota publicada el 25 de noviembre de 2015 en la que se subraya que el AK-47 es un arma de tal simplicidad que un niño puede ensamblarla sin inconvenientes y, por ello, es la que se entrega a los niños-soldados que recluta la insurgencia y los grupos guerrilleros y terroristas. “Es básicamente indestructible, el arma favorita de rebeldes, revolucionarios y asesinos, su forma característica es una declaración de intenciones y una amenaza; en sus vídeos, Osama Bin Laden siempre tenía uno en el encuadre. Vivimos en la era del AK-47, y padeceremos su existencia durante décadas, como desgraciadamente demuestran los atentados de París”.

Tal es su significación, refiere la página que su imagen aparecía en monedas de la URSS, así como en la bandera de Mozambique y se le ha entregado en versiones chapadas en oro a dictadores y narcotraficantes.

La nota destaca un parlamento del personaje Yuri Orlov interpretado por el actor Nicolás Cage en el película “El señor de la guerra” en la que este afirma: “De todas las armas del vasto arsenal soviético, nada más rentable que el Avtomat Kalashnikova modelo 1947, más conocido como AK-47 o kalashnikov. Es el fusil de asalto más popular del planeta, un arma que adoran todos los combatientes. Cuatro kilos de amalgama elegante y simple de acero forjado y madera que no se rompe, no se atasca ni se recalienta. Dispara cubierto de barro o lleno de arena. Es de manejo tan fácil que un niño puede usarlo, y lo hacen. Los soviets lo pusieron en una moneda, Mozambique lo puso en su bandera. Desde el fin de la Guerra Fría, el kalashnikov se ha convertido en la mayor exportación de Rusia, por delante del vodka, el caviar y los novelistas suicidas; lo que es seguro es que nadie hacía cola para comprar sus coches”.

Remata la información con la afirmación de que este fusil ha causado más muertes — 250 mil muertos al año — que las ocasionadas por la artillería, los ataques aéreos y los cohetes.

¿En manos de los colectivos?

Una información de “El Cooperante” de fecha 29 de noviembre de 2017 constituye una doble denuncia, al referir, por un lado, la desaparición desde hace 33 meses del dirigente de izquierda y funcionario de la Gobernación de Mérida, Alcedo Mora, de quien se desconoce su paradero luego de haber acusado graves hechos irregulares de “las mafias más corruptas del gobierno” en Petróleos de Venezuela. Y si bien las revelaciones de su hijo, Luis Mora, apuntan en primer término al expresidente de PDVSA y ahora ex-embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, igualmente señalan al entorno del vicepresidente ejecutivo de la república, Tareck El Aissami.

Sobre este último el hijo del dirigente izquierdista desaparecido dijo que cuando su padre formuló las denuncias de que a la llegada al país de varios fusiles AK-47, estos fueros recibidos por un primo de El Aissami, que para ese momento trabajaba en la Sala Situacional de la gobernación del estado Aragua, para ser distribuidas entre los grupos colectivos de esa entidad, el asunto disgustó a la alta dirigencia.

Las armas, según lo afirmado por Mora, iban a ser distribuidas entre los colectivos del estado Aragua para la época en que Tareck El Aissami era gobernador. “Cuando mi papá se enteró de eso se reunió con todo el mundo allá (en Aragua) y preguntó cómo era posible que se iban a entregar esas armas, que eso era masacrar pueblo contra pueblo”.

Luis Mora agrega que su padre, Alcedo Mora, divulgó estos hechos e, incluso, habló directamente con Tareck El Aissami, momento a partir del cual comenzaron los problemas pues comenzó a ser perseguido por una camioneta Hilux de color negro que luego descubrieron que la guardaban en la casa del papá del vicepresidente donde era custodiada por funcionarios del SEBIN. Cuando el hijo de Alcedo Mora le dio a conocer estas irregularidades a la fiscal que investigaba la desaparición de su padre, María Colombino, esta se negó a hacer las averiguaciones.

Venezuela compra más armas y levanta una ola de protestas

La información de Wilmar Castro Soteldo, sobre la construcción de la fábrica de producción de fusiles Kaláshnikov, vino acompañada por el anuncio de que el país había comprado un nuevo lote de este armamento, según reseñó El Nacional el 24 de noviembre de 2017.
“El país adquirió 100.000 nuevos fusiles AK-103 y suscribió un acuerdo con Rusia para la construcción de dos plantas para la fabricación de ese arma junto con su munición”, reza la nota.

Por el lado ruso la noticia ya había sido referida meses atrás por Anatoly Punchuk, subdirector del Servicio Federal para la Cooperación Militar y Técnica de Rusia, en reseña del portal Russian Construction citado por El Cooperante el 9 de abril de 2017.

En esa ocasión el funcionario ruso precisó que las empresas de su país “mantienen un ‘estrecho contacto’ con el Estado venezolano y se han ‘intensificado’ los esfuerzos para acelerar la construcción de estas plantas. Precisó que tanto constructoras rusas y venezolanas operan en el sitio”.

Tal noticias no fue bien recibida en el país que atraviesa una grave crisis humanitaria ante la escasez de alimentos y medicinas que han causado múltiples muertes por desnutrición en niños en los últimos meses, así como la reaparición de enfermedades endémicas que se daban por erradicadas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el exgobernador del Estado Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles, quien criticó que para el gobierno de Nicolás Maduro la prioridad ante la crisis que atraviesa el país, sea el producir fusiles. ‘’Venezuela sin alimentos y medicinas, millones de venezolanos pasando hambre y el Gobierno va a producir fusiles. Son ellos los que tienen que irse’’, se lee en información de El Nacional a la misma fecha del anuncio gubernamental.

El diputado a la Asamblea Nacional y secretario general del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup, deploró esta decisión del gobierno de Maduro pues, a su juicio, refleja la irresponsabilidad del Ejecutivo que prefiere invertir en armas y no en insumos médicos y medicinas. “Régimen anuncia inauguración de fábrica Kalashnikov mientras que cardiólogos denuncian que laboratorios de hemodinamia están inoperantes a excepción del Pérez Carreño. Solo 30% pueden hacer electrocardiogramas y 85% no pueden darle ni una aspirina a pacientes infartados”, expresó Ramos en publicación del El Nacional.

Otra que manifestó su protesta fue la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, quien catalogó de “absurda e irresponsable” la decisión gubernamental de inversión en armas cuando la prioridad debería ser la atención de la crisis humanitaria que padece Venezuela, refiere El Cooperante.

“La grave crisis que enfrenta nuestro país, obliga a destinar todos los recursos a la producción de alimentos y medicinas”, afirmó Ortega.

Exsenador ruso condenado

Mientras en Venezuela poca información se tiene de los detalles de esta negociación, en Rusia el Tribunal de Distrito de Lefortovsky de Moscú sentenció en febrero a un exsenador a siete años de cárcel por malversar más de 1 mil millones de rublos — 17,4 millones de dólares — destinados a la construcción de plantas de fabricación de fusiles de asalto Kalashnikov en Venezuela, anunció una nota de La Patilla que citaba información de agencias rusas.

La nota del 28 de febrero de 2017 refiere que el exsenador Sergey Popelnyukhov, había elaborado un plan criminal por robar dinero de los contratos en Venezuela. “De acuerdo con la Fiscalía General, Popelnyukhov malversó 1.100 millones de rublos (17,4 millones de dólares) que su empresa “Stroyinvestengineering Su-848” había recibido de Venezuela para construir plantas para la producción de fusiles de asalto Kalashnikov y municiones auxiliares. El acuerdo se hizo como parte del contrato marco con la empresa de comercio de armas Rosoboronexport”.

Al respecto, el diputado a la Asamblea Nacional, Antonio Barreto Sira, fustigó al gobierno de Nicolás Maduro por promover “una ‘alianza de la corrupción con rusos y chinos (…) Hoy Venezuela se ha convertido en el paraíso de los pillos y estafadores; el exsenador ruso SergeyPopelnyukhov, propietario de la empresa de Stroyinvestengineering Su-848, fabricante de los rifles Kalashnikov, fue señalado por la malversación de 17 millones de dólares”, dijo el parlamentario en reseña de La Patilla el 2 de marzo de 2017.

En aquel entonces, Barreto Sira manifestó que el escándalo del fabricante de Kalashnikov se sumaba a la crisis alrededor dela planta de producción de vehículos chinos en Valencia. “Por donde uno vea, observa corrupción, desfachatez e inmoralidad (…) La inmoralidad se extiende a todos los rincones dentro de Venezuela-continuó- y crea relaciones y negocios con otras naciones, es la internacionalización de la corrupción”.

Putin, el mayor líder mundial, según Maduro

Nicolás Maduro refirió el 23 de agosto de 2017 en declaraciones que recoge El Nacional el arribo al país “a tiempo” de material bélico ruso que, a su juicio, constituyen “los mejores sistemas de armas de Rusia, y ya nuestros soldados lo manejan”.

Aseguró que Venezuela cuenta con el absoluto apoyo de Rusia y anunció que el país continuaría profundizando estas relaciones con el presidente Vladimir Putin a quien no dudó de catalogar con el principal y más importante líder mundial por su promoción de la paz.

Preocupación por apertrechamiento bélico venezolano

Una carrera armamentista que no es vista con buenos ojos desde Estados Unidos, pues como reseña una información de Impacto CNA del 22 de mayo de 2017, el arsenal de misiles rusos en poder del gobierno venezolano es un asunto que causa preocupación en Washington.

La nota detalla que Venezuela posee 5 mil proyectiles de defensa aérea portátil tierra-aire Manpads SA-24, conocidos como Igla-S, de fabricación rusa, de acuerdo a documentos militares.

La información indica que “expertos en armas explicaron que desde hace tiempo se teme que los misiles puedan ser robados, vendidos o canalizados a manos equivocadas, preocupaciones exacerbadas por la actual ola de protestas contra el régimen de Maduro”.

Cita que el director de la CIA, Mike Pompeo, advirtió que los misiles de Venezuela representaban una amenaza de seguridad regional, una denuncia que se suma a la de políticos estadounidenses como el senador republicano Marco Rubio, quien acusó al gobierno de Nicolás Maduro “de colaborar con grupos terroristas, entre ellos la organización extremista libanesa Hezbollah y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Una preocupación que no puede ser tomada a la ligera por cuanto Venezuela acapara el 80 por ciento de los envíos de material bélico de Rusia a Latinoamérica, de acuerdo a un informe elaborado por Chatham House, un centro británico de análisis de asuntos internacionales, que señala que entre 2000 y 2016 los embarques rusos tuvieron como destino el país gobernado por Maduro, explica una nota Al Navío del 10 de mayo de 2017.

“Venezuela, que actualmente tiene el quinto mayor presupuesto de defensa en la región, adquirió en los últimos años una amplia gama de armas a Rusia, incluyendo vehículos blindados, sistemas de defensa aérea y helicópteros. Sin embargo, para Chatham House, la arraigada posición rusa en el mercado venezolano se enfrenta a dos amenazas: la creciente competencia que supone China y el incierto futuro que se cierne sobre el presupuesto militar de la nación latinoamericana (…) Venezuela está experimentando una severa recesión que probablemente restrinja la capacidad del Gobierno para seguir gastando en adquisiciones militares”, se lee en la nota.

La misma información da cuenta de que Rosoboronexport, ya reseñada en estas líneas, afirmó en abril que en “los últimos 15 años América Latina les compró material por un valor que supera 10.000 millones de dólares (aproximadamente 9.164 millones de euros). Y aunque esto apenas suponga un 4,6% del total de sus exportaciones a nivel mundial, desde la agencia afirman que ‘están preparados para luchar por su cliente’, refiriéndose a la región. Dicen también que no se dejarán amedrentar por la competencia que suponen Estados Unidos y Europa, según recoge la publicación Russia Beyond The Headlines”.

Pero para Rusia tales preocupaciones, tanto de Washington como de otras agencias internacionales, no son asunto que les quite el sueño y califican de conjeturas los temores sobre uso indebido del armamento por parte de Venezuela, recoge una información publicada por Mundo el 2 de junio de 2017.

“Los servicios de inteligencia de EE. UU. no hacen más que suposiciones cuando dicen que existe la posibilidad de que, dada la inestabilidad política, caigan armas rusas en manos equivocadas en Venezuela, dijo el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexandr Schetinin”, reza la nota.

El funcionario subrayó que la cooperación entre Rusia y Venezuela, “incluido en el ámbito técnico y militar, se desarrolla en una base legal clara y transparente”.

Queda sólo esperar por la puesta en funcionamiento de la citada fábrica de fusiles AK-47 para comprobar quién tiene la razón en esta polémica, si la administración de Maduro que asegura mantener una política pacifista “pero armada” como no se cansó de repetirlo el finado Hugo Chávez, o la las voces que tanto en la región, Estados Unidos y el mundo se han levantado para advertir el destino y objetivos que una empresa de estas características puede tener en manos de un gobierno tan cuestionado como el venezolano.