Empresarios vinculados al chavismo y a Evo Morales se presentan como 'simpatizantes' de la oposición en Bolivia y Venezuela

    Ignacio Bedoya y Leonor Montiel, un matrimonio relacionado al empresario Carlos Gill, Evo Morales y el chavismo, ahora se desmarca del socialismo del siglo XXI y se presentan como opositores. La relación de la pareja con exmandatario boliviano, Gill y el chavismo está ampliamente documentada.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  En la trama de corrupción supuestamente encabezada por el venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, denunciada por el senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Óscar Ortiz Antelo, el nombre de Leonor Montiel Parra adquiere significación toda vez que formaría parte del grupo de personas que integran el círculo de acción del empresario, bien por sus vinculaciones económicas como políticas. Montiel Parra es esposa de Ricardo Ignacio Bedoya, expresidente del Banco Nacional de Bolivia (BNB), miembro del directorio de Ferroviaria Oriental y líder de dos proyectos inmobiliarios en los que participa el Grupo Carlos Gill Ramírez bajo la empresa OCM Trading tiene significativa participación.

  Relaciones y vinculaciones que en realidad, según arrojan averiguaciones del senador Óscar Ortiz, forman parte de un mecanismo —el de la subcontrataciones o las adjudicaciones directas— es utilizado para favorecer siempre a empresarios ligados al MAS y entre quienes destaca Gill Ramírez, quien representa a grandes compañías extranjeras  que suscriben los millonarios contratos con el estado boliviano, que luego retornan al señalado empresario cuando mediante las subcontrataciones se integran empresas nacionales en las que Gill Ramírez declara tener participación.

  Las vinculaciones de Gill Ramírez al MAS en Bolivia y al chavismo en Venezuela quedaron demostradas en la serie de notas que recientemente publicamos en estas páginas, a saber, “Denuncian en Bolivia contrataciones irregulares del empresario venezolano ligado al chavismo, Carlos Gill Ramírez”, “Piden auditar a Ministerios en Bolivia que otorgaron contratos a empresas de Carlos Gill Ramírez”, “El conglomerado de empresas de Carlos Gill Ramírez que desataron las acusaciones del senador boliviano Óscar Ortiz”, “Las empresas de Carlos Gill Ramírez en Bolivia: Las irregulares negociaciones de Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. (III)”, “Denuncia el senador de Bolivia, Óscar Ortíz: Marcelo Hurtado Sandoval sería el operador de Carlos Gill en sus empresas”, “Denuncian que en la embajada de Venezuela en Bolivia se mantienen operando personas ligadas a Evo Morales y la corrupción”.

   Pero la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia parece haber marcado el cambio que Bedoya y Montiel exhiben ahora, mostrándose el primero, en Bolivia, como partidario de Carlos Mesa y, en Venezuela, apoyando a Juan Guaidó.

Sobre Leonor Montiel

  Leonor Josefina Montiel Parra es una venezolana casada con Ricardo Ignacio Bedoya, un alto ejecutivo bancario.

  Una consulta realizada ante el registro de Comercio de Bolivia revela que Leonor Josefina Montiel Parra figura como socio capitalista —en sociedad con su esposo— de la empresa Bedmont Investment Funds S.R.L. y como representante legal de Constructora Gómez Núñez S.A.

  Por una modificación parcial de la escritura pública de constitución de la sociedad Bedmont Investment Funds S.R.L. de fecha 13 de junio de 2017, identificada como el Testimonio Instrumento Nº. 1712/2017, conocemos que esta empresa fue inscrita el 15 de abril de 2016 en el Registro de Comercio de Bolivia, mediante Instrumento Público Nº 614/2016 de Escritura de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada, protocolizada ante la Notaría de Fe Pública Nº 76, de Primera Clase, del Distrito Judicial de Santa Cruz a cargo de Elda A. Richter Colosetti y que también fue inscrita en el Registro de Comercio en FUNDEMPRESA bajo la matrícula Nº. 00348683 de fecha 10 de mayo de 2016 y que posee el número de NIT 313988029[1].

  En la página web de Bedmont Investment Funds S.R.L., Montiel Parra se presenta como “Abogada, Master en Leyes y Diplomacia de Fletcher School of Law and Diplomacy, Massachussets-USA. Más de 20 años en el sector petrolero. Ejerció como Asesora Legal y/o Gerente Legal PDVSA, SINCOR, PETROCEDEÑO, TOTAL E&P Sucursales Bolivia y Venezuela. A lo largo de su carrera ha acumulado más de USD 1.500 MM en emisiones de deuda para financiamiento de actividades petroleras”[2].

 Esta empresa boliviana que se define como especializada en la estructuración, ejecución y administración de proyectos de inversión fue inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 5 de mayo de 2017, tal como lo informa el portal Open Corporates que agrega que el número de registro es el 00348683[3].

  De acuerdo a las investigaciones del senador Oscar Ortiz, hasta el 21 de febrero de 2020, Montiel Parra también figura como representante legal de Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. y como directora titular de la Empresa Ferroviaria Andina. Igualmente, Montiel Parra representaba legalmente a PDVSA en Bolivia.

  El informe de fiscalización del senador[4] cita la página web de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), en la que se informa que Carlos Gill Ramírez fue nombrado presidente del directorio de Ferroviaria Andina el 8 de septiembre de 2015, mientras que como vicepresidente fungía Julio Montes Prado. A su vez, el síndico titular era el exministro de Defensa del expresidente, Evo Morales Ayma, y Walker San Miguel Rodríguez, ex-cónsul boliviano en Chile entre 2010 y 2011. En la nómina de directorios de la empresa para las gestiones 2017, 2018 y 2019 aparecen Carlos Enrique Gill Ramírez con su suplente César Rodríguez Gómez; Mauricio Etienne Solares y su suplente Carlos Jorge Gómez Nuñez; Leonor Montiel Parra; Enrique Abreu Anselmi y Mauricio Costa Du Rels como suplente de Dubraska Elena Inojosa Avellanada.

Las sociedades

  Aunque ya no está disponible la información en la página web, la Memoria y cuenta de Ferroviaria Oriental S.A. para año 2018, Ignacio Bedoya aparecía como director y miembro de la junta directiva. También Leonor Montie habría integrado la directiva de esta compañía en varias oportunidades.

  Sin embargo, la tarjeta de registro de Ferroviaria Oriental S.A. en la página de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), permite comprobar que en directorio figuran, tanto Carlos Gill como Ignacio Bedoya, el primero como director titular y presidente y el segundo como director titular y secretario[5].

  Igualmente, en la empresa Materiales Trading S.R.L. O.C.M. Trading S.R.L., también figuran como socios Carlos Gill y Ricardo Ignacio Bedoya, tal como lo revela una transferencia de cuotas de capital celebrada en diciembre de 2016[6].

  En una nota del portal Economy refiere que Carlos Gill es propietario de siete empresas en Bolivia, afirmación que viene de su propia boca cuando dijo que dichas compañías son Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon), además de un fondo de inversiones en el sector ganadero.

   La reseña indica que “Ignacio Bedoya, expresidente del Banco Nacional de Bolivia (BNB) y secretario del Directorio de Ferroviaria Oriental, es quien lidera en Bolivia dos proyectos inmobiliarios en los que participa el Grupo Carlos Gill Ramírez bajo la empresa OCM Trading. Bedoya dijo que se encarga de hacer la estructuración financiera y de conseguir los fondos a través de la banca nacional y de fondos internacionales que invierten en distintos tipos proyectos”[7].

  En un artículo de opinión titulado “Gill no es un gil”, publicado el 13 de enero de 2017, Lupe Cajías afirma que Leonor Montiel Parra de Bedoya es socia de Carlos Gill, al tiempo que hace mención a que esta es “esposa de un alto ejecutivo bancario y representante de Pdvsa (Etienne declaraba hace años que ese banco y el Banco de la Unión lo ayudan en sus millonarias exportaciones)”. Del mismo modo se dice en la nota que “Gill y Montiel Bedoya aparecen como socios de una empresa constructora paraguaya Gómez Núñez, contratada por Thales Air Systems para construir las torres para los radares que el Ministerio de Defensa compró a Francia en 2016”, haciendo mención al hecho de la empresa fue inscrita tan sólo cinco días antes de firmar un contrato por 23 millones de euros[8], operación que detallaremos más adelante.

El modus operandi

   La Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. fue subcontratada el 16 de noviembre de 2016 por la empresa Thales Air Systems encargada de la instalación de unos radares que el Ministerio de Defensa de Bolivia compró a Francia en el citado año. Thales pagó a la constructora USD 24.902.116 por los trabajos de obras civiles que esta última llevaría a cabo en el proceso de instalación.

   Hay que acotar que si bien en comprobable, como lo hemos visto hasta ahora, la vinculación de Leonor Montiel Parra y de su esposo Ignacio Bedoya con el chavismo en Venezuela y con Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, ahora Bedoya se exhibe en su cuenta en la red social Twitter[9] como simpatizante del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y de Carlos Mesa en Bolivia, lo que claramente revela un reacomodo de acuerdo a sus intereses.

El informe de Óscar Ortiz

   El informe del senador Ortiz Antelo precisa que el 20 de diciembre de 2016, la Constructora Gómez Núñez S.A. “firmó contrato con su filial en Bolivia, Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. y le autorizó subcontratar a la empresa Constructora Etienne S.A.-Cotienne S.A.

  La Empresa Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. se constituyó en Bolivia el 15 de agosto de 2016 —poco más de cuatro meses antes de la firma del contrato— cuando los miembros de la Sociedad Boliviana de Generación S.A. (BOGEN S.A.) suscribieron la modificación del testimonio de constitución de la empresa por cambio de denominación y objeto social. BOGEN se constituyó en 2009 con un capital de mil bolivianos para dedicarse a las operaciones de la industria eléctrica. Por la modificación, BOGEN S.A. pasó a llamarse Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. (CGN S.A.). Como socios de la empresa figuraban Mauricio Costa du Rels Flores, Karla Wurth Pino Ichazo y Carlos Jorge Gómez Núñez (paraguayo).

   Así tenemos, que la filial boliviana se inscribió 5 días antes de suscribir el millonario contrato, pese a ser una empresa con un capital de apenas mil bolivianos y que no llevó a cabo los trabajos encomendados, sino que subcontrató a Mauricio Etienne (Cottiene S.A.). Esto es, al parecer, una constante, de acuerdo a lo apuntado en el informe de fiscalización de Ortiz Antelo, quien subraya como llamativo que se haya subcontratado a una empresa paraguaya cuya filial boliviana se constituye poco tiempo antes de que el Estado Boliviano firmara contrato con la Empresa Thales Air System S.A.S. para la adquisición de los radares y ésta a la vez contrate a la Constructora Etienne S.A.

  Además, advierte que la adquisición de los radares de última generación de Thales Air Systems S.A.S. es parte de la constante de que un conjunto de empresas sea sucesivamente subcontratado hasta concluir beneficiando a la empresa Cotienne S.A.

   La negociación se concretó el 23 de agosto de 2016, cuando el representante legal de Thales Air System S.A.S., el uruguayo Rubén Rodríguez Lazo, suscribió el contrato para la adquisición de los 13 radares que formarían parte de un sistema integrado civil y militar destinado a la protección de la soberanía aérea y fortalecimiento de la lucha contra ilícitos como el narcotráfico y el contrabando.

  Pero en la visión e investigaciones del senador Ortiz, esta contratación en realidad era el mecanismo —el de la subcontrataciones o las adjudicaciones directas— que favorecen siempre a empresarios ligados al MAS y entre quienes destaca Carlos Gill Ramírez, quien representa a grandes compañías extranjeras  que suscriben los millonarios contratos con el estado boliviano y que luego retornan al señalado empresario  cuando mediante las subcontrataciones  se integran empresas nacionales en las que Gill Ramírez  declara tener participación.

Ferroviaria Andina

  Según a lo que informa la Bolsa de Boliviana de Valores (BBV)[10], al 30 de abril de 2020, la Empresa Ferroviaria Andina S.A., “tiene por objeto principal realizar por cuenta propia y/o asociada con terceros, la explotación, operación, administración, comercialización, organización y prestación de servicio público de transporte ferroviario, comprendiendo principalmente el transporte de pasajeros y carga, la compra, venta , mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, vinculadas con la actividad de transporte, la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría, asistencia técnica en materia de transporte, servicios intermodales y combinados, mediante las concesiones y licencias correspondientes, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades para la explotación de servicios relacionados con la red andina”.

  Como accionistas de la empresa figuran Inversiones Bolivian Railways S.A. con 50.0038 por ciento; AFP Futuro de Bolivia S.A., con 24.9644 por ciento; AFP Previsión BBVA S.A., con 24.9644 por ciento; Otros, con 0.0590 por ciento; Eduardo Mac Lean Abaroa, con 0.0038 por ciento; Víctor Ibáñez Oblitas, con 0.0015 por ciento; Jorge Ardaya Calderón, con 0.0008 por ciento; José Cáceres Choque, con 0.0008 por ciento; René Torrico Sempertegui, con 0.0005 por ciento; Augusto Oblitas García, con 0.0005 por ciento; y Anna Monje Estrada, con 0.0005 por ciento.

  El directorio de la compañía lo conforman como directores titulares, Rafael Enrique Abreu Anselmi, Jorge Alberto Ortiz Saucedo, Mauricio Etienne Solares, Carlos Enrique Gill Ramírez, Gerardo Roberto Velasco Téllez,  Jorge Mauricio Galindo Canedo y Leonor Montiel Parra.

  Son directores suplentes, José Gabriel Espinoza Yañez, César Eduardo Rodríguez Gómez, Eduardo Bedoya Corujo y Carlos Jorge Gómez Núñez.

  Como síndicos aparecen Raúl Villarpando Salamanca y Rodrigo Víctor Argote Pérez; Fernando Palacios es síndico suplente.

   La figuración de Leonor Montiel en el directorio de esta empresa sería en alternancia con la de su esposo, Ricardo Ignacio Bedoya.

    Venezuela Política solicitó una entrevista al empresario Carlos Gill pero respondió que no podía dar declaraciones hasta que no concluyan sus causas legales. Asimismo, intentamos comunicarnos con Leonor Montiel e Ignacio Bedoya, y hasta el cierre de esta nota no logramos establecer contacto ni recibir respuestas. Si algunas de las personas mencionadas en esta nota desea expresar su posición sobre los señalamientos hechos en esta página, les pedimos por favor enviarlos a nuestro correo electrónico con las evidencias si así lo considera conveniente. venezuelapoliticablog@gmail.com

CITA 

[1] Edictos. Testimonio Instrumento Nº 1712/2017. 13 de junio de 2017. https://www.edictos.bo/testimonio-instrumento-no-1712-2017/

[2] Bedmont Investment Funds. http://bif.com.bo/index.php/quienes-somos

[3] Open Corporates. Bedmont Investment Funds S.R.L. https://opencorporates.com/companies/bo/00348683

[4] Ortiz Antelo, Oscar. “Carlos Gill Ramírez: El empresario favorito del MAS”. Informe de fiscalización. http://oscarortiz.com.bo/wp-content/uploads/2019/10/Gill-el-Empresario-favorito-del-MAS-1.pdf

[5] ASFI. Ferroviaria Oriental S.A. Tarjeta de Registro. https://appweb.asfi.gob.bo/Reportes_asp/rmi/tarjeta.asp?c=51808&t=2

[6] Edictos. Testimonio. 28 de diciembre de 2016. https://www.edictos.bo/74587-2/

[7] Economy. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-%20uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-%20us-320-millones

[8] Los Tiempos. Cajías, Lupe, “Gill no es un gil”. 13 de octubre de 2017. https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171013/columna/gill-no-es-gil

[9] Twitter. Ignacio Bedoya. @BedoyaIgnacio. https://twitter.com/BedoyaIgnacio

[10] Bolsa Boliviana de Valores. Empresa Ferroviaria Andina S.A. https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/FCA_CAR.pdf

La trama de corrupción en las empresas mixtas de PDVSA: Rangel-Orsoni-Santilli el trío que desfalcó a Petrocedeño

   El sistema financiero y el mercado inmobiliario de la Florida fue utilizado para darle legitimidad a fondos provenientes de sobornos para obtener contratos en la petrolera venezolana.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  Investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinaron la existencia de una trama de corrupción dirigida a utilizar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU. para lavar dinero proveniente de sobornos pagados a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. y sus filiales —especialmente las empresas mixtas—por parte de empresarios, con el objetivo de lograr la adjudicación de contratos de adquisición con sobreprecios. 

  Esto ha derivado en una serie de demandas que cursan en la Corte del Distrito Sur de la Florida donde la fiscalía de dicha jurisdicción ha imputado a Lennys Rangel, exgerente de Procura de Petrocedeño; a Edoardo Orsoni, exconsultor jurídico de PDVSA y encargado de revisar y aprobar las contrataciones de la referida empresa mixta; y a Leonardo Santilli, un empresario italo-venezolano que supuestamente pagó millonarias coimas para lograr las negociaciones fraudulentas que significaron enormes pérdidas para el erario público venezolano.

 Tras verse descubierta por las autoridades de los Estados Unidos, Lennys Rangel acordó colaborar con la justicia en este caso, con lo cual aspira a lograr una sentencia menos severa.

La trama

  El esquema descrito en las acusaciones refiere que los exfuncionarios de PDVSA —Rangel y Orsoni— junto a Santilli describe la corrupción sistémica que opera en el régimen venezolano y, aunque la pandemia del coronavirus a ralentizado las acciones, el proceso judicial continúa dispuesto a descubrir todas las aristas del gobierno criminal de Nicolás Maduro.

  Rangel y Orsoni conspiraron, de acuerdo a lo refieren las acusaciones en su contra, para lavar millones de dólares de sobornos en EE. UU., tanto en las instituciones financieras, como mediante la compra de condominios en Miami. La exgerente de Procura de Petrocedeño presuntamente recibió más de USD 5 millones a cambio de otorgar los contratos, mientras el consultor jurídico habría recibido por lo menos USD 4.500.000 y dos condominios en Miami.

La demanda contra Rangel

  Ante la Corte del Distrito Sur de la Florida fue presentado el 4 de noviembre de 2019 el caso identificado con el número 19-20726 en el que la fiscal del referido distrito de los Estados Unidos, Ariana Fajardo Orshan, acusa a Lennys Rangel, quien ocupó varias posiciones dentro empresas subsidiarias de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), entre ellas, Petrocedeño S.A., una empresa mixta adscrita a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), cuya composición accionaria está integrada por PDVSA, con 60 por ciento de las acciones, la francesa Total Oil Gas con 30,3 por ciento y la noruega Statoil con 9,7 por ciento. En la citada empresa mixta, Rangel se desempeñó como gerente de Procura, posición por la cual se califica en la demanda como un "funcionario extranjero", de acuerdo a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Título 15, Código de Estados Unidos, Sección 78dd-2 (h) (2).

  La demanda involucra a Rangel, a PDVSA a través de su subsidiaria Petrocedeño S.A, y un tercero al que denomina “Contratista 1”, quien controlaba varias empresas en Estados Unidos, algunas de ellas registradas en el estado de la Florida, las cuales suministraban bienes o servicios a PDVSA y sus filiales. Este sería el contratista venezolano, Leonardo Santilli, quien “era un funcionario, director, empleado y agente de una ‘preocupación doméstica’, según los términos de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd- 2 (h) (1)”.

La conspiración para lavar dinero

  Refiere la demanda que, desde marzo de 2015, o en fecha aproximada, hasta al menos 2017, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, Lennys Rangel, conspiró con el Contratista 1, entre otros, para cometer delitos contra los Estados Unidos, a saber, una transacción financiera con el conocimiento que involucró el producto de una actividad ilegal. Procuraba mediante esta transacción para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de dicha actividad ilegal.

  Igualmente, Rangel conspiró para transportar, transmitir y transferir fondos desde EE. UU. a un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de actividades ilegales especificadas.

    Las actividades ilegales a las que se refiere la demanda, serían: (a) soborno de un funcionario extranjero; y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela.

  Se especifica en la acusación que Lennys Rangel y otros co-conspiradores, entre ellos el “Contratista 1”, llevaron a cabo transacciones financieras para ocultar, disfrazar y promover pagos de sobornos en beneficio de la demandada, con el objetivo de obtener una ventaja ilegal e inadecuada en la obtención y retención de contratos de adquisición con PDVSA y sus subsidiarias.

  Para lograr este objetivo, Lennys Rangel y sus co-conspiradores, recibieron instrucciones de altos funcionarios de PDVSA para ayudar y agilizar la adjudicación de contratos de Petrocedeño, lo que les produjo beneficios a dichos altos funcionarios, tanto de PDVSA como fuera de ella. 

  Rangel acordó recibir más de USD 5.000.000 en sobornos de contratistas conspiradores —incluido el Contratista 1— a cambio de su asistencia para obtener una ventaja inadecuada en relación con la adjudicación de los contratos de adquisición de Petrocedeño.

  Lennys Rangel y los contratistas del conspirador —entre ellos el Contratista 1—acordaron ocultar, como en efecto lo hicieron, la naturaleza, la fuente y la propiedad de los sobornos pagados a Rangel al ordenar que se hicieran a cuentas bancarias mantenidas a nombre de sus familiares y amigos.

  Del mismo modo, Rangel se valió de los ingresos de los sobornos para su beneficio personal, como la compra de bienes inmuebles en el sur de Florida.

  Tanto Lennys Rangel como sus co-conspiradores llevaron a cabo, o las provocaron, una serie de acciones en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares.

  Así tenemos que en, o alrededor de, 2015, durante una reunión en Venezuela en la casa de un contratista, Rangel fue instruida por parte de altos funcionarios de PDVSA, para otorgar a contratistas específicos, contratos de adquisición con Petrocedeño.

  Asimismo, el 24 de marzo de 2016, el Contratista 1 hizo que transfirió USD 50.000 a la cuenta bancaria de una compañía registrada en Florida, desde la cuenta de otra empresa registrada en dicha entidad estadounidense, los cuales estaban destinados a Lennys Rangel.

  El 1º de septiembre de 2016, un contratista conspirador, cuya identidad se conoce en los Estados Unidos, transfirió USD 1.034.546 desde una cuenta bancaria en el sur de Florida a una cuenta en Panamá controlada por un pariente de Lennys Rangel.

  También el 5 de diciembre de 2017, Rangel hizo que se realizara una transferencia bancaria de aproximadamente USD 75.500 de la cuenta de Panamá a una cuenta bancaria en Miami, Florida, los cuales estarían destinados a la compra de un apartamento en el área de Brickell.

  Todas estas acciones configuraron una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371.

Las consecuencias

  La demanda establece las consecuencias que las actuaciones de Lennys Rangel traerán de ser declarada culpable, entre ellas la confiscación en los Estados Unidos de todos los bienes —reales y personales— habidos con los ingresos atribuibles a sus delitos.

  Se especifica que la propiedad sujeta a decomiso incluye, aunque no se limita a: dinero por un monto de USD 5.000.000; unidad de condominio 2015 en 1001 S. Miami Avenue, Miami, Florida 33130; USD 134.955,50 en moneda estadounidense de la cuenta de Banesco Panamá identificada con el número 201801064092 a nombre de Oil & Gas Supply Services S.A.; los ingresos netos de la venta de bienes inmuebles ubicados en Caracas, Venezuela.

   Los bienes en Venezuela a que se hace referencia son dos parcelas de terreno en la urbanización Altamira, municipio Chacao, estado Miranda, así como la edificación allí levantada, distinguida con el número 32, antes conocida como quinta Cumaná, ubicada en la avenida San Juan Bosco; y la otra identificada con los números 3-717, ubicada en la calle Terepaima, urbanización el Morro, Tercera Etapa, Municipio Urbaneja, Estado Anzoátegui.

  Se advierte que si cualquiera de los bienes sujetos a decomiso, no puede ubicarse en el ejercicio de la debida diligencia; ha sido transferido o vendido o depositado con un tercero; ha sido colocado fuera de la jurisdicción de la corte; ha disminuido sustancialmente en valor; o ha sido mezclado con otras propiedades que no pueden dividirse sin dificultad, Estados Unidos tendrá derecho a la confiscación de bienes sustitutos.

La demanda contra Edoardo Orsoni

  El 1º noviembre de 2019, la fiscalía del Distrito Sur de la Florida acusó a Edoardo Orsoni ante la Corte de dicho distrito estadounidense y lo señaló de conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.

  En la exposición del caso, distinguido con el número 19-20725, se indica que el acusado es un ciudadano venezolano que residió en Venezuela hasta 2017 donde ocupó varios cargos en PDVSA y sus subsidiarias entre 2007 y el referido año 2017, incluido. Entre estas posiciones dentro de la petrolera estatal venezolana, se desempeñó como gerente legal de Petrocedeño, encargado de todas las operaciones de PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco y como consultor jurídico de PDVSA. Desde 2012, Orsoni formó parte de un comité que revisó y aprobó los contratos de Petrocedeño. De acuerdo a la FCPA, Edoardo Orsoni es un "funcionario extranjero".

La conspiración

  Expone la fiscalía que, en el Distrito Sur de la Florida, Edoardo Orsoni, entre 2012 y 2016, a sabiendas y con intención, conspiró y acordó con otras personas en los Estados Unidos, incluido el “Contratista 1”, para cometer delitos contra de EE. UU.

  Específicamente, se le señala conspirar para llevar a cabo una transacción financiera a sabiendas de que esta involucraba el producto de una actividad ilegal y conociendo que dicha transacción había sido diseñada para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de dicha actividad ilegal, violando lo establecido en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i).

  Igualmente, se acusa a Orsoni de conspirar, con conocimiento de ello, para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos a un lugar fuera del país, así como internamente, con la intención de promover la realización de actividades ilegales en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  “Se alega además que la actividad ilegal especificada es la siguiente: (a) soborno de un funcionario extranjero, una violación grave de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2, y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el soborno de un funcionario público, según lo dispuesto por el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv)”.

El propósito de la conspiración

  Se explica en la demanda que el propósito de la conspiración era que Edoardo Orsoni y otros contratistas conspiradores —incluido el Contratista 1— realizaran transacciones financieras que ocultaran, disfrazaran y promovieran los pagos de sobornos realizados en su beneficio (de Orsoni).

  Todas estas acciones estaban dirigidas al objetivo de que los conspiradores. —entre ellos el Contratista 1— obtuvieran los contratos de adquisición de PDVSA y sus subsidiarias.

   Edoardo Orsoni recibió instrucciones de altos funcionarios de PDVSA para garantizar que contratistas específicos recibieran contratos de Petrocedeño, lo que finalmente produjo beneficios para estos altos funcionarios de la estatal petrolera venezolana.

  Igualmente, Orsoni acordó recibir sobornos de contratistas co-conspiradores —incluido el Contratista 1— a cambio de facilitar que dichos contratistas obtuvieran contratos o recibieran pagos de Petrocedeño y otra filial de PDVSA.

  También, Edoardo Orsoni y los contratistas co-conspiradores acordaron ocultar, y de hecho ocultaron, la naturaleza, fuente y propiedad de los sobornos, al ordenar que los pagos de estos se hicieran a cuentas bancarias corporativas conectadas a Orsoni, pero no a su nombre.

  Orsoni y un co-conspirador cuya identidad es conocida en los Estados Unidos, utilizaron los ingresos de los sobornos enviados por los contratistas co-conspiradores, para realizar transacciones financieras personales, incluida la compra de bienes inmuebles en el sur de Florida.

Las actuaciones

  Se informa que el 28 de octubre de 2014, o en fecha aproximada, Edoardo Orsoni hizo que un contratista conspirador transfiriera aproximadamente USD 749.960 a una cuenta bancaria en Portugal para en su beneficio.

   Alrededor del 27 de enero de 2015, Orsoni hizo que el Contratista 1 transfiriera aproximadamente USD 201.180 desde una cuenta bancaria de Miami, perteneciente a una compañía registrada en Florida, a una cuenta bancaria en el Caribe para su beneficio.

  El 16 de diciembre de 2016, Edoardo Orsoni hizo que se ejecutaran las escrituras de dos propiedades ubicadas en 1080 Brickell Avenue en Miami compradas con el producto de los pagos de sobornos.

La exigencia

  De ser declarado culpable, Edoardo Orsoni perdería en Estados Unidos todos los bienes obtenidos de los ingresos atribuibles a dicho delito que le imputa.

  Entre estos bienes tenemos: dinero por un monto de al menos USD 4.500.000; bienes inmuebles ubicados en 1080 Brickell Avenue, la unidad 4100 y la unidad 4105, en Miami, Florida 33131.

  Si alguno de los bienes estuviera sujeto a decomiso, como resultado de cualquier acto u omisión del acusado, Estados Unidos tendrá derecho a la confiscación de bienes sustitutos.

La demanda contra Leonardo Santilli

   La cadena de acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida cierra con la más reciente de las demandas derivadas de la investigación a la que hemos venido haciendo referencia en esta entrega, con la acusación formulada en marzo de 2020, contra el empresario italo-venezolano, Leonardo Santilli, a quien imputó de lavado de dinero al haber supuestamente pagado sobornos a funcionarios de PDVSA, con el objetivo de obtener contratos con sobreprecio y ocultar las ganancias en Estados Unidos[1].

  Específicamente, a Santilli se le acusa de tres cargo, a saber, conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; instrumentos para lavado de dinero; y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

  La acusación deriva de una investigación desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional sobre las operaciones de corrupción que se han llevado a cabo en el seno de PDVSA y sus filiales y que utilizarían el sistema financiero y el mercado de bienes raíces de la Florida.

   De acuerdo a la demanda, Santilli habría recibido, entre 2014 y 2017, alrededor de USD 146,6 millones en contratos para suministro equipos, de empresas mixtas de Petróleos de Venezuela S.A. que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco.

    Según la fiscalía, por lo menos en tres casos, las empresas mixtas de PDVSA pagaron a Santilli sobreprecios de hasta 4 o 5 veces los precios del mercado, por los bienes que éste entregó a la petrolera venezolana.

   Leonardo Santilli, de acuerdo a lo que reza la acusación, controla en Venezuela la empresa Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. Entretanto, en Estados Unidos dirige SGO Group Corp y A&M Support Group Inc., la primera es una oficina virtual ubicada en Weston, Florida, mientras que la segunda, funciona en una dirección residencial del sur de Miami. Estas empresas tenían cuentas bancarias corporativas en varios bancos en el sur de Florida.

CITAS

[1] Venezuela Política. “Leonardo Santilli, el contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero en EE.UU.”. 30 de abril de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/04/leonardo-santilli-el-contratista-de.html