Trabajadores de Corpoelec denuncian agresión verbal y física por parte de gerente estadal de comercialización del estado Miranda

  La situación llegó al extremo de los golpes.

 Por Maibort Petit

  Solidarios con los principios de justicia y solidaridad, Venezuela Política cede sus páginas a los trabajadores del Centro de Servicio El Barbecho de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quienes denuncian agresión verbal, moral y física por parte de Gabrielina Hernández, gerente general de comercialización de la empresa en el estado Miranda, quien habría llegado al extremo de golpear a la analista de la unidad de Gestión de Energía, Sorangel González.

 El hecho ocurrió el pasado 5 de octubre en las instalaciones de dicha unidad en la ciudad de Los Teques, capital del estado Miranda.

Denuncia ante Corpoelec

  El 5 de octubre de 2022, Sorangel Lisseth González Ávila, remitió una comunicación a Corpoelec y al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), para denunciar que en fecha 3 de octubre del referido año 2022, fue agredida “verbal, moral y físicamente” por la gerente estadal de Comercialización del estado Miranda, Gabrielina Hernández, hecho que habría ocurrido en el Centro de Servicio Barbecho, ubicado en la ciudad de Los Teques, específico.

  Narra González Ávila que en esa ocasión reclamó a Hernández, la manera cómo dictó una serie de órdenes al personal adscrito a las unidades de Instalaciones y Gestión de Energía, durante una reunión convocada con todo el personal adscrito a dichas dependencias. Refirió que la respuesta de Hernández a su reclamo fue el uso de palabras soeces y la advertencia de que ella (González Ávila) “tenía que ejecutar el trabajo que ella quisiera y cuando ella quisiera”, así como llamarla “sucia” y advertir al personal que “tengo órdenes de mis generales de botar a quien yo quiera y cuando yo quiera; es más, chica, estás botada, vete”, lo cual hizo “con gritos y manoteos”.

 Refiere que González Ávila que cuando decidió retirarse del lugar y para ello se dio vuelta, fue tomada por el pelo por Gabrielina Hernández y le propinó un “golpe en el rostro y varias patadas en el cuerpo”. Los trabajadores allí presentes debieron intervenir para separar a Hernández y evitar que prosiguiera en su acción violenta.

  Sorangel Lisseth González Ávila indica en la carta que la denuncia por agresión y lesiones la presentó ante la Fiscalía del Ministerio Público en su sede de Los Teques, estando identificada ésta con el serial PG-SIP-1510-10051-2022.

  González Ávila pidió a las autoridades de Corpoelec y el MPEE que se apliquen sanciones administrativas a Gabrielina Hernández en razón de que sus acciones no solamente física y moralmente, sino que también se constituyen como un “mensaje de autoritarismo y abuso de poder en contra de los trabajadores”.

  Recordó la denunciante que goza de estabilidad laboral de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de del estatuto de la Función Pública, el cual establece que “Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos”. Precisó que ingresó a la Corpoelec en 2011, por lo que ya cuenta con 11 años de servicios.

  Asimismo, citó el artículo 79 del citado instrumento legislativo, que estipula que “Los funcionarios y funcionarias públicos responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones”.

Acta

  Un acta levantada el 3 de octubre de 2022 recoge lo ocurrido en las instalaciones del comedor del Centro de Servicio El Barbecho, donde tuvo lugar una reunión extraordinaria convocada sin agenda prevista por la gerente general, Gabrielina Hernández, y en la que participaron trabajadores de varias unidades de la parte comercial de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC).

  Indican los firmantes que al llegar a la reunión ya esta había comenzado y Hernández se encontraba “vejando y acusando de ladrones a dos (2) trabajadores de la unidad de Corte y Reconexión. Como sustento de sus afirmaciones, Hernández habría dicho que les “habían echado paja”, al tiempo que describió lo hechos” con “palabras no adecuadas” para una funcionaria de su rango. Denuncian que las acusaciones las formula Hernández sin derecho a la defensa por parte de los denunciados.

  En respuesta a las acusaciones de Hernández, intervienen varios trabajadores para manifestar su desacuerdo con el comentario de esta y para quejarse de las condiciones en que deben laborar, lo cual molestó a la gerente.

  Entonces que el acta hace mención a la intervención de Sorangel González, a quien de manera despectiva Gabrielina Hernández le pide identificarse, por lo que la primera informó que era analista de la unidad de Gestión de Energía.

  A partir de este punto citamos textualmente lo que se expresa en el acta:

“(…) ‘ah tú eres la que no quiere trabajar’, y ella [Sorangel González] responde que no se está negando a realizar su labor diaria, sino que hay procedimientos y normas para realizar cualquier tipo de cálculo, explica que los usuarios están siendo estimados más de lo que consumen mensualmente en cuanto a la energía eléctrica y así el ajuste no procede…”.

 La respuesta de la Gabriela Hernández fue: “las normas y procedimientos me los paso por el culo”.

 González le pidió a Hernández que le remitiera un correo electrónico con sus instrucciones para realizar los ajustes y la respuesta de la gerente fue “botarla”, pues no tenían nada más que hablar.

 En el acta, los trabajadores corroboran lo expuesto por González en la carta a Corpoelec que reseñamos líneas arriba y describen tanto el tono como el nivel de la agresión física proferida por Hernández a González.

  De allí en adelante, los trabajadores destacan que el haberle solicitado por escrito a Hernández las instrucciones de sus labores, se convirtió en la motivación de la agresión.

  Los trabajadores del Centro de Servicio El Barbecho de Corpoelec manifestaron su categórico rechazo a las agresiones verbales y físicas de la gerente general, Gabrielina Hernández, para con Sorangel González y exigieron erradicar la violencia laboral del seno de Corpoelec.

Pedido de examen médico legal

  El 3 de octubre de 2022, David Andrade, detective jefe director del Servicio de Investigación Penal del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Guaicaipuro adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, envió una comunicación al director de Medicatura Forense (SENAMECF) de Los Teques, para solicitar que se le practicara un Examen Médico Legal (Físico) a Sorangel Lisseth González Ávila, quien figura como víctima de acuerdo a la actas procesales iniciadas por su despacho

No se activó el esquema de protecciones que habrían evitado el mega apagón en 15 estados del Venezuela

Por Maibort Petit

   Queda evidenciado el deterioro del SEN este fin de semana cuando se produjo el desprendimiento del conductor asociado a la Línea a 230kV Santa Teresa-El Sitio entre el interruptor M705 y el Seccionador M703 Fase  C.

   El descanso dominical se vio interrumpido este 13 de junio cuando a las 19.10 hora local (23.10 GMT), gran parte de Caracas sufrió un fallo eléctrico que se extendió en principio a, por lo menos, dos estados, Miranda entre ellos, cercanos a la capital venezolana, también reportaban los efectos del evento y el fluido eléctrico se interrumpió de este a oeste. La Guaria también sufrió los embates del fuerte bajón.

  Los reportes vecinales referían que algunos sectores de zonas del este caraqueño, como Santa Eduvigis, Chacao, Baruta, Petare, El Márquez, Chuao, Horizonte y La Trinidad se quedaron sin luz y poco a poco fueron recuperando el servicio[1].

   Desde la cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela en la red social Twitter se dijo que, "tras un evento ocurrido" en el sistema eléctrico, "resultó afectada la carga suministrada" por una subestación, la de Santa Teresa del Tuy, municipio ubicado en Miranda.

  El despacho oficial aseguró que trabajaban en "maniobras para restablecer el servicio en Miranda, Caracas y La Guaira”, localidad que aloja el principal aeropuerto del país.

   Pero los efectos no se habían sentido únicamente en la capital y sus alrededores, pues desde el estado Trujillo, Carabobo, Zulia, Táchira, Anzoátegui, Guárico y Portuguesa se daban informes de la irregularidad eléctrica sin que la oficialidad de cada entidad se pronunciara al respecto[2]. Otras notas informativas sumaron a Barinas, Mérida, Falcón, Aragua y Lara[3].

La razón

   Fuentes ligadas al sector eléctrico informaron que la falla del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tuvo lugar cuando se disparó la unidad 1 con 95 MW y 2 con 133 MW de San Agatón; la unidad 2 con 200 MW de Fabricio Ojeda; las unidades 1 con 35 MW y 2 con 40 MW de Peña Larga; la unidad 1 con 100 MW de Termobarrancas; las unidades 1 con 90 MW y 3 con 70 MW de Josefa Camejo; la unidad 4 con 150 MW de TZCC2; unidades 1 con 125 MW y 2 con 125 MW de Sucre; la unidad 1 con 180 MW de Juan Valdez; las unidades 10 con 85 MW, 11 con 85 MW y 13 con 85 MW de J.M.E.; la unidad 6 con 65 MW de La Raisa; la unidad 1 con 80 MW de Bahía Tacoa 2; la unidad 17 de Guri por causa que se encuentra en investigación.

   Igualmente, se nos dio a conocer que se dispararon la Línea N° 1 a 230 kV Santa Teresa-El Sitio; la Línea N° 1 a 230 kV Santa Teresa-Papelón; la Línea N° 1 a 400 kV San Gerónimo-Santa Teresa; la Línea N° 2 a 400 kV San Gerónimo-Santa Teresa; la Línea N° 1 a 400 kV Yaracuy-Tablazo II; la Línea N° 3 a 400 kV Yaracuy-Tablazo II; la Línea N° 2 a 230 kV Planta Centro-Isiro; la Línea N° 1 a 230 kV Santa Teresa-Diego Losada; la Línea N° 2 a 230 kV Santa Teresa-Diego Losada; el Autotransformador N° 2 400/230 kV de la S/E Santa Teresa; el Autotransformador N° 3 400/230 kV de la S/E Santa Teresa; el Autotransformador N° 1 400/230 kV de la S/E Diego Losada; la Línea N° 1 a 400 kV Santa Teresa-Diego Losada; la Línea N° 1 a 230 kV Santa Teresa- Aragua; la Línea N° 1 a 230 kV Santa Teresa-Río Chico II; la Línea N° 2 a 230 kV Santa Teresa-Río Chico II; el Compensador Estático de la S/E La Horqueta; la Línea N° 1 a 230 kV Diego Losada-Tiara y Banco de Condensadores Shunt N°1 de la S/E Morochas.

   La causa de toda esta situación habría sido el producto del desprendimiento de conductor asociado a la Línea a 230kV Santa Teresa-El Sitio entre el interruptor M705 y el Seccionador M703 Fase *C*.

   A juicio de nuestras fuentes, el hecho de que el desprendimiento de un conductor asociado a la línea de 230 kV Santa Teres-El sitio haya provocado la salida de tantos generadores del sistema, no es más que el reflejo de la mala coordinación existente en las protecciones desde la época en que Hipólito Izquierdo estaba al frente a Corpoelec.

   Concluye la fuente que el deterioro del SEN se transparenta en la falla del esquema de protecciones que debió solamente despejar las tres fases asociadas a esa línea, sin perjudicar el resto del sistema.

[1] El Pitazo. “Fotogalería | Zonas de Caracas recuperan la electricidad luego del apagón de este #13Jun”. 13 de junio de 2021. https://epthelinkdos.tk/gran-caracas/fotogaleria-zonas-de-caracas-recuperan-la-electricidad-luego-del-apagon-de-este-13jun/

[2] SWI. “Un fallo eléctrico deja sin luz gran parte de Caracas y varios estados más”. 14 de junio de 2021. https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-crisis_un-fallo-el%C3%A9ctrico-deja-sin-luz-gran-parte-de-caracas-y-varios-estados-m%C3%A1s/46703108

[3] La Nación Web. “Se registró apagón en varios estados del país”. 13 de junio de 2021. https://lanacionweb.com/nacional/se-registro-apagon-en-varios-estados-del-pais/

Conozca cómo el régimen de Nicolás Maduro convierte la ineficiencia y destrucción del sistema eléctrico nacional en un acto de sabotaje político

    Dos funcionarios medios de Corpoelec se convirtieron en los chivos expiatorios sobre los cuales pretendieron achacar la responsabilidad de unos hechos que sólo son la demostración de la ruina en que está sumida Venezuela.

Por Maibort Petit

    Algunos medios de prensa reportaron el 8 de marzo de 2021, el acto de reapertura —ocurrido el día previo— del Oncológico “Dr. Humberto Fernández Morán” que funciona en el Hospital General del Sur de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia[1]. Tal evento, así como la rehabilitación de los quirófanos del Hospital Oncológico de San Cristóbal, estado Táchira, debía darse a conocer durante una transmisión de la jornada de trabajo de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 que se llevó a cabo el domingo 7 de marzo del presente año. El gobernador de la entidad, Omar Prieto, se enlazó a través de una transmisión televisiva con el presidente de la república, Nicolás Maduro, para informar al país de los esfuerzos que hace el gobierno revolucionario en pro de la salud de los venezolanos, a pesar de las sanciones y el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos.

   Sin embargo, la transmisión no se llevó a cabo según los planes debido a una falla eléctrica ocurrida al momento en que Nicolás Maduro se dirigía a la colectividad, lo cual impidió que hiciera alarde de su gestión en favor del sector salud. Del apagón no hay reseña en los medios locales y el mandatario regional se mostró en cuenta en la red social Twitter sólo una parte del evento[2].

  Donde sí quedó registrado el hecho como un recuerdo imborrable e en el haber de dos funcionarios medios de Corpoelec, quienes se convirtieron, por obra y gracia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en artífices de un supuesto acto de sabotaje por el cual los mantuvieron secuestrados hasta la tarde del 8 de marzo cuando tuvieron que ser liberados sin cargos.

  ¿La razón? El apagón no se debió a ningún acto de sabotaje, sino a una falla interna en una tanquilla del Hospital General del Sur, como lo corroboraron los técnicos que a la mañana siguiente hicieron un recorrido por el circuito donde está ubicado el centro médico asistencial. Con todo y esa información, a los funcionarios de Corpoelec los mantuvieron retenidos, incomunicados y sometidos a una fuerte presión psicológica hasta el final de la tarde del lunes, según fuentes internas de Corpoelec Caracas.

  No se molestaron ni el SEBIN ni el DGCIM en revisar el largo historial de fallas eléctricas que exhibe el HGS, una de ellas ocurrida poco menos de un mes antes de la reinauguración del oncológico, a saber, el 19 de febrero de 2021, cuando desde las 2 de madrugada se quedó a oscuras afectando la atención de los pacientes[3].

Los hechos

  La falla eléctrica ocurrió a las 6:21 p. m. del domingo 7 de marzo de 2021, cuando tenía lugar el enlace televisivo entre Mauro y Prieto.

  Desde ese momento se encendieron las alarmas en Corpoelec, más que por la afectación de la comunidad marabina del sector y de los pacientes, por la repercusión política que tenía el hecho de que la ineficiencia e ineficacia del gobierno del presidente Maduro quedara en evidencia respecto a lo que ha sido la gestión eléctrica. La movilización de los técnicos fue total, dirigiéndose todas las miradas hacia el operador de despacho, que es quien se mantiene vigilante del sistema, correspondiéndole, por potestad que la empresa le confiere a su cargo, el poder abrir o cerrar el interruptor de alguna subestación, de algún circuito y suspender o recuperar el servicio eléctrico, si así hiciera falta. En este caso eso no ocurrió porque el circuito falló.

  Otro funcionario a quien apuntaron, fue el encargado de la administración de cargas quien es, en pocas palabras, quien se encarga del racionamiento eléctrico, sostiene la misma fuente interna de Caraca.

   Esta tarea se lleva a cabo, según conocimos, en conjunto entre el despacho nacional y el despacho regional, informando el primero al supervisor de transmisión, en este caso del Zulia, quien es la persona que está a cargo y vigilante del sistema en lo que a transmisión respecta, vigilando las líneas, los flujos de carga que proceden del Guri y los locales.

  Cuando el supervisor de transmisión regional recibe la información, gira la instrucción al operador del despacho de distribución.

   Durante el apagón del 7 de marzo, el referido operador del despacho de distribución se comunicó con el administrador de cargas para informarle que había sacar determinada cantidad de megavatios y el segundo procede a revisar cuáles son de los circuitos de que disponía, pues ya están preestablecidos por bloques. Por vía telefónica le indicó los circuitos y procedió a ejecutar las órdenes que el despacho nacional le había dado.

  Y fue en ese momento que ocurrió el percance que trastocó todo, pues no se pudieron abrir los circuitos indicados por el administrador de cargas, toda vez que la subestación Arriaga que alimenta el circuito del Hospital General del Sur, se encuentra sin remota desde hace varios meses. Cabe explicar que la remota es un sistema que permite operar a distancia las subestaciones desde el centro de operaciones Caujarito.

  El administrador de cargas se limita a la referida labor de monitoreo y a registrar en una tabla Excel los tiempos de racionamiento en los circuitos, de manera que no sobrepasen las cuatro horas, tiempo máximo que se supone deben durar las restricciones eléctricas en cada circuito. Este funcionario no interactúa con el sistema, bajo ninguna circunstancia.

   El circuito del HGS alimentado por la subestación Arriaga falló a las 6:21 p. m. del 7 de marzo de 2021, como referimos al principio, y el administrador de cargas se comunicó con su superior para reportar la novedad y este último le manifestó que no había habido ningún error, voluntario ni involuntario, y que se había actuado según el protocolo.

  Cabe destacar que cuando se está en presencia de un evento de esta naturaleza y, como en este caso, la remota de la subestación no funciona, se debe proceder a “abrir las cuchillas” en el respectivo circuito, correspondiéndole al del Hospital general del Sur se atendidos por la central del municipio San Francisco, quienes debían operar para transferirle la carga.

  Cuando el personal de la central de San Francisco llegó al lugar, ocurrió otro percance que impidió la correcta actuación de los técnicos: no disponían la pértiga, una herramienta que permite manipular las cuchillas desde el suelo, por lo que debían esperar ser auxiliados.

  Cuando ocurren este tipo de contratiempos se tiene establecido la implementación de un plan de contingencia que contempla que un inspector, supervisor o una unidad con equipo de apoyo, acuda en auxilio para que se produzca la recuperación del servicio. Tal circunstancia es la causa de las demoras, siendo esto lo que ocurrió en el caso del HGS.

Las investigaciones y el secuestro

  Al Centro de Operaciones Caujarito se dieron cita, alrededor de las 8 de la noche, funcionarios del SEBIN, los cuales procedieron a interrogar al administrador de cargas, aunque este les advirtió que no era el funcionario responsable, pero estos insistieron y el funcionario suministró la información de que hemos dado cuenta en líneas precedentes.

  El administrador de cargas le hizo saber al SEBIN que desde tempranas horas había recibido instrucciones de que debían producirse racionamientos en el circuito del hospital debido al acto político de reapertura que tendrá lugar en horas de la tarde. Luego procedieron a interrogar al operador de distribución y una vez terminada la entrevista se fueron del lugar.

  Posteriormente, unas dos horas después, llegó al Centro de Operaciones Caujarito, una comisión del DGCIM que solicitó al administrador de cargas, quien, ante un nuevo interrogatorio, repitió la historia de que ya hemos dado cuenta. Luego hicieron lo mismo con el operador de distribución quien, incluso, llevó a cabo delante de ellos una simulación, es decir, una maniobra que demuestra que la subestación Arriaga carecía de remota, lo cual dio pie a los eventos en cuestión.

  Ante los funcionarios del DGCIM quedó perfectamente establecido que cuando se manipulan los sistemas queda registrada la identidad del autor, por lo que ello era demostrativo de la falta de responsabilidad de estos funcionarios de Corpoelec en las fallas eléctricas del HGS.

  A pesar de esto, el DGCIM procedió a llevarse con ellos al administrador de cargas y al operador de distribución, convertidos a estas horas en los chivos expiatorios que debían pagar por los acontecimientos que dejaron en evidencia a Nicolás Maduro y a Omar Prieto.

  Desde entonces, se acentuó la presión sobre los funcionarios de Corpoelec a quienes a las 4 de la madrugada del 8 de marzo los reseñaron y les hicieron firmar la admisión de los hechos.

  Estaban siendo señalados desde ese momento, como los saboteadores del acto político de Nicolás Maduro y Omar Prieto. De nada valieron las explicaciones que una y otra vez repitieron los funcionarios de Corpoelec, El dedo acusador del régimen los apuntaba.

  A las 9 de la mañana los llevaron esposados al Hospital Militar para una revisión médica que nunca se llevó a cabo y que sólo sirvió para someter al escarnio público a los funcionarios de Corpoelec.

  De regreso a la sede del DGCIM debieron seguir encerrados e incomunicados hasta las 3 de la tarde cuando fueron fotografiados para instrumentarles un expediente.

 Dos comisarios de apellidos Álvarez y Sánchez, los mismos que durante toda la jornada los interrogaron, presionaron y coaccionaron, se presentaron casi a las 5 de la tarde y les informaron que el caso había sido dimitido y que podían irse a sus casas. Formularon la inadmisible excusa de que solamente cumplían con su trabajo y obedecían órdenes.

  Quedaba en evidencia, una vez más, el modus operandi de un régimen violador de los derechos humanos, la constitución y las leyes.

 

[1] Diario República. “Gobernador Prieto entregó totalmente rehabilitado el Oncológico ‘Dr. Humberto Fernández Morán’”. 8 de marzo de 2021. https://www.diariorepublica.com/regionales/gobernador-prieto-entrego-totalmente-rehabilitado-el-oncologico-dr-humberto-fernandez-moran

[2] Twitter. Omar Prieto, Gobernador! @OmarPrietoGob. https://twitter.com/OmarPrietoGob/status/1368712715221561350

[3] A Punto en Línea. “Reportan falla eléctrica en el Hospital General del Sur”. 19 de febrero de 2021. https://apuntoenlinea.net/2021/02/19/reportan-falla-electrica-en-el-hospital-general-del-sur/?doing_wp_cron=1616188101.6153900623321533203125  

 

 

Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo fueron designados públicamente ​​por EE. UU. por su participación en un esquema de soborno en Corpoelec

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   El gobierno de los Estados Unidos designó públicamente al ex Ministro de Energía Eléctrica de Venezuela y Presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el ex Viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas de Venezuela para el Ministerio de Energía Eléctrica y Director de Adquisiciones de la empresa estatal, Eustiquio José Lugo Gómez por aceptar beneficios monetarios, incluidos sobornos y pagos irregulares, a cambio de adjudicar lucrativos contratos para el suministro de equipos a Corpoelec, y por la apropiación indebida de fondos púbicos para su enriquecimiento personal.

   En junio de 2019, el Departamento del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, sancionó a Lugo y a Motta por acciones en desmedro de la democracia en Venezuela, aplicando las facultades de la Orden Ejecutiva 13692.
  
  En un comunicado oficial, el Secretario de Estado Mike Pompeo informó que las designaciones anunciadas este martes se hicieron bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, P.L. 116-94).

  Según la Sección 7031 (c), una vez que el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su participación, directa o indirecta, en una corrupción significativa, esas personas no son elegibles indefinidamente para ingresar a los Estados Unidos. Además de Lugo y Motta, el Departamento designa públicamente a los siguientes miembros de la familia de la familia inmediata de Lugo: Karina Isabel Carpio Bejarano, Luis Alfredo Motto Carpio y Nakary Marialy Motto Carpio; y los siguientes miembros de la familia inmediata de Motta: Yomaira Isabela Lugo de Lugo, Virginia Del Valle Lugo Lugo, Víctor Jesús Lugo Lugo y José Lugo Lugo.

   Pompeo dijo en un comunicado que "esta designación reafirma el compromiso de EE. UU. de combatir la corrupción en Venezuela. Estados Unidos continúa apoyando al presidente interino, Juan Guaido, la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia y la estabilidad económica".  

  Advirtió que "el Departamento continuará utilizando estas autoridades para promover la responsabilidad de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo". 

El caso de Motta Domínguez y Eustiquio Lugo

  El ex-presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el director de adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo Gómez, fueron acusados en 2019 de haber participado en un esquema de corrupción y lavado de dinero que involucra contratos con la estatal de energía de Venezuela y empresas registradas en el Sur de la Florida. 

    El ex ministro  venezolano y el ex funcionario de la compañía de electricidad estatal fueron acusados de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Los dos exfuncionarios del régimen chavista habrían recibido sobornos a cambio de entregar contratos de Corpoelec a empresas con sede en los Estados Unidos. 

  La acusación contra Motta Domínguez y Eustiquio Lugo, se produjo luego que los dos contratistas que recibieron los contratos se declararon culpables, por conspirar para violar la FCPA en relación con el esquema de pago corrupto en Corpoelec.

  La acusación alega que a partir de enero de 2016 y alrededor de diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron con otros para lavar el dinero proveniente de un esquema de soborno ilegal hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida. 

   Los fiscales federales alegan que Motta y Lugo otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de $ 60 millones en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio del pago de sobornos.

   La acusación sostiene además que la actividad ilegal y que el esquema de soborno violó la FCPA e implicó delitos de coimas contra Venezuela. 

  Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de EE. UU., utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.

Los dos contratistas se declaran culpables

   El 24 de junio de 2019, Jesús Ramón Veroes, de 69 años, de Venezuela, y Luis Alberto Chacín Haddad, de 54 años, de Miami, Florida, se declararon culpables ante la juez federal de distrito  dur de la Florida, Cecilia M. Altonaga, de un cargo de conspiración para violar varias disposiciones de la FCPA. 

   Veroes y Chacín serán por la juez Altonaga el 4 de septiembre de 2020.

  Según lo confesado en sus declaraciones de culpabilidad, Veroes y Chacín acordaron entre sí y con otros co-conspiradores realizar pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Corpoelec a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas con sede en Florida. 

  Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, se requerirá que Veroes y Chacín pierdan al menos $ 5.5 millones en ganancias de los contratos obtenidos de forma corrupta, así como de bienes inmuebles en el área de Miami.

  Este caso fue investigado por DEA Miami con asistencia de la Oficina de Investigaciones Criminales del IRS de Miami y la Oficina de Campo del Miami del FBI. 

  El fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del distrito sur de Florida, el abogado litigante John-Alex Romano de la sección de fraude de la división criminal y el abogado litigante Joseph Palazzo de la sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división criminal están procesando el caso.

  La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Inserven, la empresa beneficiada por Luis Motta Domínguez con un largo historial de irregularidades

Incumplimientos con los trabajadores y con las empresas contratantes son la constante en de esta compañía que a pesar de sus antecedentes, continúa suscribiendo negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Al parecer la experiencia vale poco —sobre todo la que revela incumplimientos— para la Corporación Eléctrica Nacional, a la hora de suscribir nuevos contratos o establecer relaciones con empresas señaladas de poseer un historial de irregularidades. Tal es el caso de Instalaciones y Servicios de Venezuela C.A. (Inserven), una compañía supuestamente vinculada al expresidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, la cual exhibe un largo expediente de faltas que no fueron óbice para ser nuevamente contratada en 2018, según se desprende de un reporte en nuestro poder.

Fuentes de información señalan que Inserven fue altamente beneficiada por el exministro de energía eléctrica y expresidente de la corporación eléctrica, a quien la Asamblea Nacional le emitió un voto de censura por considerarlo responsable de la crisis eléctrica que padece Venezuela y su profundización. Dicho voto de censura fue emitido el 15 de febrero de 2017[1]. Algunas fuentes consultadas para la elaboración de esta nota informaron, bajo condición de anonimato, que la empresa está vinculada a Motta y a otros militares cercanos al exjefe de Corpoelec.

La propuesta de Inserven

El 13 de diciembre de 2018, el director de Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven), Roberto Pérez, remitió a la gerencia de generación de Corpoelec, una propuesta comercial para el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de generación TZ02, TZ03, TZ07 y TZ09:

La propuesta planteaba lo siguiente:

En primer lugar, por concepto de actividades asociadas a la rehabilitación de la unidad de generación TZ02 de la planta Termozulia se solicitaron Bs. 95.851.200,00.

Por concepto de servicios técnicos se solicitaron USD 391.111,00.

En segundo término, respecto a actividades asociadas a la rehabilitación de la unidad de generación TZ03 de la planta Termozulia se solicitaron Bs. 87.248.000,00.

Por concepto de servicios técnicos y repuestos se contemplaron USD 1.388.800,00.

En tercer lugar, se solicitaron Bs. 167.200.000,00 para actividades relacionadas al mantenimiento de la unidad de generación TZ07.

Por concepto de servicios técnicos y repuestos, se solicitaron USD 3.305.485,00.

En cuarto lugar, por actividades asociadas al mantenimiento de la unidad TZ08 de la Planta Termozulia se solicitaron Bs. 106.400.000,00.

Por concepto de servicio técnico y repuestos, se presupuestó la cantidad de USD 3.398.533,00.

En quinto lugar, por actividades relacionadas a la rehabilitación de la planta de agua y pozos de la planta Termozulia, se solicitaron Bs. 37.392.000,00.

Por concepto de servicios técnicos y repuestos se contemplaron USD 895.200,00.

Finalmente, la propuesta comercial estableció un total en moneda nacional de Bs. 494.091.200,00, mientras que el componente en moneda extranjera era de USD 9.379.018,00.

Estos precios no contemplaban el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La propuesta presentada por Inserven a Corpoelec contemplaba un plazo de ejecución de los trabajos de 90 días para la entrega de la unidad de generación TZ02; de 110 días para la unidad de generación TZ03; de 75 días para la unidad de generación TZ07; también de 75 días para la unidad de generación TZ08; mientras que para la planta de agua y pozos de la planta Termozulia, el plazo era de 775 días.

Al describir los trabajos a realizar, Inserven detalló que para la rehabilitación de la unidad de generación TZ02 de la planta Termozulia, según se describe en el siguiente cuadro:

Del mismo modo, en lo atinente a la rehabilitación de la unidad de generación TZ03 de la planta Termozulia se contempló llevar a cabo las siguientes actividades:

Para los trabajos de mantenimiento de las partes calientes de la unidad de generación TZ07, Inserven contemplaba realizar estos trabajos:

Entretanto, para el mantenimiento de las partes calientes de la unidad de generación TZ08 de la planta Termozulia, se preveían las siguientes tareas:

En lo que respecta a la planta de agua y los pozos de la planta Termozulia, se contemplaron estas actividades:

Las condiciones de pago

La propuesta comercial que Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. planteó a la Corporación Eléctrica Nacional que el componente en moneda nacional se llevara a cabo, primero, cancelando un anticipo de 70 por ciento y el 30 por ciento restante al finalizar los trabajos.

En lo que respecta al componente en moneda extranjera, Corpoelec debía cancelar a Inserven un anticipo del 70 por ciento y el restante 30 por ciento a la entrega de los trabajos que tenían que ver con los servicios técnicos.

En materia de repuestos, se contempló un 50 por ciento de anticipo y un 50 por ciento previo al embarque e inspección por parte de Corpoelec en el país de origen.

Los plazos referidos en el aparte anterior, comenzarían a correr a partir del pago de los anticipos.

Igualmente los repuestos se entregarían en la planta Termozulia, debiendo correr todos los costos de nacionalización por parte de la Corporación Eléctrica Nacional.

La oferta comercial de Inserven tenía una validez de 90 días.

La empresa

En su página web, Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven) se define como una “empresa fundada en el año 1975, especializada en el área de generación eléctrica. Les ofrecemos a nuestros clientes servicios de la más alta calidad en forma eficiente y confiable. Poseemos una amplia trayectoria en instalaciones, mantenimientos, operación y suministro de repuestos a plantas de generación de electricidad. Para ello contamos con equipos y herramientas propias, así como con un grupo de técnicos especialistas con amplia experiencia y trayectoria en el sector”[2].

Agrega que en lo que respecta a pro llave en mano, Inserven los ejecuta en el sector eléctrico incluyendo ingeniería, procura y construcción; los trabajos de operación tienen que ver con la elaboración y ejecución de planes de mantenimiento a plantas eléctricas.

Sobre montajes electromecánicos, Inserven se dedica a la “ejecución de proyectos de montajes electromecánicos en general. Entre los que podemos mencionar: construcción de plantas eléctricas, sub-estaciones eléctricas, transformadores, sistemas de iluminación, acometidas eléctricas, entre otros”.

En materia de mantenimiento, la empresa es especialista en mantenimientos mayores y menores a turbogeneradores incluyendo el suministro de repuestos.

En lo atinente a esto último, Inserven suministra “repuestos para repuestos para turbinas, reparación y mantenimiento de generadores, estatores y rotores, tales como: alabes, toberas, partes calientes, partes de combustión, cojinetes, bobinas de alta tensión para estatores hasta 23 Kv., cuñas, piezas polares, rellenos, kits de aislamiento y materiales de montaje, entre otros”.

La empresa también se dedica a la adecuación de los sistemas de control con tecnología de punta, lo cual contempla la modernización y automatización de controles de Turbinas.

Por último, Inserven ofrece “servicios de asesoría durante la instalación de turbogeneradores, mantenimientos y arranques de plantas”.

Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven) se encuentra ubicada en la avenida Libertador, Edificio Exa, PH 14 y 23, El Rosal, municipio Chacao, Estado Miranda. Venezuela.

El Registro de Información Fiscal (RIF) es J-00105511-8.

Por una sentencia del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Falcón (Extensión Punto Fijo), de fecha 21 de Enero de 2010, conocemos que el representante legal de Inserven es (o era) Julio César Camejo Briceño, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V-9.985.606[3].

Otra sentencia emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia emitida el 9 de febrero de 2015, nos informa que Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven) está inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 28 de febrero de 1975, bajo el Nº 23, Tomo 8-A[4].

Historial de incumplimientos

El 24 de octubre de 2012, Argenis Chávez, en representación de Corpoelec, y Juan Roberto Pérez Hernández, por el consorcio Inserven-Distaca-CEP conformado por Consultores e Inversiones CEP C.A. de Venezuela, la sociedad mercantil colombiana Distaca S.A. E.S.P. e Instalaciones y Servicios Venezuela C.A. suscribieron un contrato para la ingeniería, procura y construcción (IPC) para la instalación y puesta en marcha de dos unidades de generación eléctrica con capacidad para 45 MW para Planta III, estado Lara. Los trabajos que inicialmente tuvieron un costo de Bs. 251.484.000 (Bs. 92.009.111 en moneda nacional y USD 39.380.000 del componente en moneda extranjera. La obra no se concluyó en 2014 como estaba previsto y se firmó un addendum o contrato complementario para extender la fecha de terminación de los trabajos[5].

En mayo de 2014, los trabajadores que se desempeñaban en las obras de cierre del Ciclo Combinado de Termozulia III, en la termoeléctrica Termozulia ubicada en La Cañada de Urdaneta, estado Zulia, paralizaron sus labores en protesta por las deudas que la Instalaciones y Servicios de Venezuela (Inserven), contratada por Corpoelec les mantenía en la ejecución del referido proyecto.

Los trabajadores —más de 150— denunciaron la falta de pago y el incumplimiento por parte de la contratista en lo atinente a los compromisos adquiridos con el personal, tales como sobretiempo, fines de semana y bonos por trabajos en las alturas y espacios confinados.

La paralización de los trabajadores afectó la ejecución del cierre del Ciclo Combinado de Termozulia III, conformada por dos turbinas que funcionan con combustible, cada una con una capacidad instalada de 150 megavatios (MW), para un total de 300 (MW)[6].

En 2016, el líder opositor Henrique Capriles denunció que el gobierno venezolano despilfarró USD 60.000 millones en plantas de generación eléctrica fallidas durante 17 años de gestión chavista. "¿Dónde está todo ese dinero que aparece en los registros como inversión del Estado?", se preguntó el exgobernador del estado Miranda y fundador de Primero Justicia.

Capriles hizo especial mención a la denuncia del sector sindical eléctrico que refirió que entre 2008 y 2015 el gobierno invirtió USD 32.800 millones en contratos que supuestamente generarían 16.354 megavatios, habiéndose incorporado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tan solo 3.044 megavatios. Indicó que Corpoelec y PDVSA contrataron obras de generación eléctrica financiadas con fondos internacionales como el Fondo Chino, la Corporación Andina de Fomento y al Banco Interamericano de Desarrollo y recursos propios.

Señaló que entre las empresas involucradas en la contratación de obras figuran la brasileña Odebrecht, Waller Marine, el Convenio Alba-Cuba y la cubana Alba Energía Solar, junto a numerosas otras empresas extranjeras, mientras que entre las contratistas venezolanas se encontraban G.T.M.E, Inserven, Mantesa, Pacific RIM, Pro Energy Services, Profit Corporation, Derwick Associates y Wellintong Turbines LLCSurandem[7].

Inserven fue subcontratista de GTMW y Vepica con Le Electricidad de Caracas en negociación suscrita el 1° de junio de 2008 para llevar a cabo trabajos en la Central ubicada en La Raisa, Valles del Tuy, estado Miranda, para la colocación de dos turbinas.

La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que emitió su informe final en enero de 2017 refirió que el precio del contrato fue de USD 199.54 millones.

El análisis técnico y económico llevado a cabo por el parlamento indicó respecto a la valoración de los activos contratados, que “El costo total del contrato (IPC y equipos mayores) a precios de 2005 es de USD 174 millones de acuerdo con el PDSEN 2005-2014 y el PMSPRSEN 2010-2030, el costo estimado de instalar 170 MW ISO en un sistema de generación USD 80,75 millones (USD 475/kWe, 2005). Se observa una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial del orden de USD 94 millones a precios de 2005 (116 por ciento) que debe ser justificado”[8].

Igualmente, Ineserven participó como subcontratista de Derwick Associates contratada por La Electricidad de Caracas el 29 de mayo de 2009 para trabajos en el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, ubicado en el sector Picure, Tacoa, estado Varga, cuyo precio fue de USD 110,9 millones, la Asamblea Nacional determinó que una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado. En este proyecto se realizaron siete desembolsos, cuyo componente en dólares sobrepasaba el monto del contrato en 7 por ciento. Subrayaron los parlamentarios que el monto del contrato fue superado desde el tercer desembolso.

Inserven también fue subcontratista de Derwick Associates y Elencor en contrato suscrito el 2 de octubre de 2010 con La Electricidad de Caracas para la instalación de cuatro turbogeneradores en Charallave, estado Miranda.

La AN determinó que el costo total del contrato a precios de 2005 era de USD 222.3 millones. Se indica que de acuerdo con PDSEN 2005-2024 y el PMSPRSEN 2010-2030, el costo estimado a instalar 136 MW en un sistema de generación a ciclo abierto era de USD 64,60 millones (USD 475/kWe, precios de 2005), observándose por tanto una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado debidamente.

En contrato suscrito el 11 de agosto de 2008, Inserven participó como como contratista junto a GTME y Derwick Associates para realizar trabajos en la Planta Juan Bautista Arismendi, TermoIsla 2, ubicada en Guamache, Nueva Esparta. GTME subcontrató a Inserven en 2011 para instalar y poner en funcionamiento las turbinas y el balance BOP, adaptándolas gas como combustible principal.

El costo del proyecto era de USD 337 millones y la AN recomendó la revisión del mismo en razón de la diferencia entre los costos anunciados y los costos referenciales.

El 14 de noviembre de 2011, para trabajos en Planta II, Barquisimeto, estado Lara, se contrató a Energing Gas y Electricidad-Consorcio IDC conformado por Inserven, Distaca y CEP, para la instalación de turbinas a gas. Ante la AN el representante de Energing dijo en 2016 que el contrato no incluía el suministro de los equipos mayores.

El costo total del contrato sin equipos mayores era de USD 79.57 millones. Sobre el contrato inicial se suscribieron tres adenda o contratos complementarios.

La AN observó una diferencia de USD 41.6 millones entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado debidamente.

Inserven participó en obras de Termobarrancas, estado Barinas, cuyo contrato fue de USD 95 millones de acuerdo a precios de 2005, pero la AN determinó una diferencia de USD 15 millones entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado debidamente.

Citas usadas en esta nota

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[1] El Estímulo. “Asamblea Nacional aprueba votar censura al ministro Motta Domínguez”. 15 de febrero de 2018. http://elestimulo.com/elinteres/asamblea-nacional-aprueba-voto-de-censura-al-ministro-motta-dominguez/

[2] Inserven. http://www.inserven.com/

[3] V Lex Venezuela. Decisión nº PJ0032010000005 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 21 de Enero de 2010. https://vlexvenezuela.com/vid/demndante-demandadada-instalaciones-inserven-301207514

[4] TSJ. Sentencia N° 2014-011. http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2015/FEBRERO/1643-9-VP01-L-2013-001751-2014-011.HTML

[5] Venezuela Política. “Las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez al frente de Corpoelec (Parte II)”. 11 de julio de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/07/las-turbias-negociaciones-del-hermano.html

[6] La Verdad. “Trabajadores paralizan construcción de Termozulia III por falta de pago”. 21 de Mayo de 2014. http://www.laverdad.com/economia/52682-trabajadores-paralizan-construccion-de-termozulia-iii-por-falta-de-pago.html

[7] Economía sin secretos. “ABC: Venezuela despilfarró 53.000 millones de euros en plantas eléctricas fallidas”. http://www.economiasinsecretos.com/noticias/abc-venezuela-despilfarro-53000-millones-de-euros-en-plantas-electricas-fallidas/

[8] Transparencia. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf