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martes, 13 de octubre de 2020

Conozca cuál fue el papel de los hermanos Martinelli Linares en la trama de corrupción de Odebrecht

   Supuestamente habrían actuado como intermediarios para que un alto funcionario de gobierno de Panamá entre 2009 y 2014 recibiera los sobornos de la empresa brasileña.

Por Maibort Petit

   La documentación presentada ante el Tribunal del Distrito este de Nueva York revela cómo habría sido la participación de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, en la trama de corrupción en la cual, supuestamente, la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a un alto funcionario de gobierno de Panamá para obtener millonarios. Contratos entre 2008 y 2014.


   El 27 de junio de 2020, el Agente Especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por las siglas en inglés de Federal Bureau of Investigation), quien se desempeña en la Unidad de Corrupción Internacional en la División de Nueva York, presentó ante el tribunal del Distrito Este de Nueva York, detalló en una declaración jurada los detalles de la presunta participación de los Martinelli Linares en el esquema corrupto.

  El agente especial del FBI declaró que, entre agosto de 2009 y enero de 2014, los acusados Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht al, entre otras cosas, actuando como intermediarios para el pago de sobornos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Entre otras cosas, Luis y Martinelli Linares establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore que les permitían recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá.

  En cumplimiento del esquema de soborno, aproximadamente entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, los imputados, junto con otros, abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras, que fueron utilizadas para recibir, transferir y entregar pagos de sobornos que Odebrecht hizo y provocó que se hicieran en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Específicamente, Luis Martinelli y Ricardo Martinelli establecieron sociedades pantalla en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y realizaron transferencias electrónicas a través de la estructura de las cuentas bancarias de la empresa fantasma para ocultar y gastar las ganancias del soborno.

   Entre 2009 y 2012, los demandados abrieron cuentas bancarias en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar pagos de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Esto ocurrió utilizando la Compañía Offshore A el Banco; la Compañía Offshore B el Banco 2; la Compañía Offshore C el Banco 3; la Compañía Offshore del Banco 4; y la Compañía Offshore E, la Compañía Offshore F, la Compañía Offshore G y la Compañía Offshore H, todas en Banco 5.

   Explicó Lewandowski que la apertura y operación de las Cuentas de Sociedades Offshore se hizo con el objetivo de promover, asistir, facilitar, encubrir y actuar como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Esto para que la citada Odebrecht obtuviera una ventaja comercial indebida para suscribir contratos en Panamá.

  Entre 2009 y 2012, las Cuentas de Sociedades Offshore recibieron aproximadamente USD 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Al menos USD 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales de EE. UU., entre ellos Banco 6 y el Banco 7 en Nueva York, Nueva York, a las cuentas de empresas offshore.

  El agente del FBI refirió que los registros financieros muestran que el 27 de julio de 2010, se hizo una transferencia bancaria de USD 350.000 dólares desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma en el extranjero controlada por Odebrecht y ubicada en Portugal, a la cuenta de la Compañía A en el Banco 1, a través de una cuenta en Bank 6 en Nueva York, Nueva York.

 Después, los acusados Luis Martinelli y Ricardo Martinelli, realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses, algunos Nueva York, que involucraron el producto de los pagos de sobornos de Odebrecht.

  El 11 de febrero de 2013, el demandado Luis Martinelli transfirió USD 346.500.00 de la cuenta de la Compañía Offshore I en el Banco 2, a través de una cuenta en el Banco 6 en Nueva York, a una cuenta en Nueva Jersey en el Banco 9. Los registros obtenidos de un corredor de yates en Nueva York muestran que esta transferencia fue un pago parcial por la compra de una embarcación.

  Entre estas operaciones irregulares, el agente del FBI menciona que el 12 de noviembre de 2013, los demandados transfirieron USD 899.978,32 de la cuenta de la Compañía Offshore A en el Banco 1, a la Compañía Offshore E cuenta en Bank 5, a través de una cuenta en el Banco Corresponsal 3 en Nueva York.

  El 10 de diciembre de 2013, los acusados transfirieron USD 30.887,21 de la cuenta de la Compañía Offshore A en el Banco 1 a la cuenta E de la Compañía Offshore en el Banco 5, a través de cuentas en el banco 8 en Nueva York.

  El 26 de agosto de 2015 Luis Martinelli transfirió USD 570.000 de la cuenta de la Compañía Offshore I en el Banco 2 a través de una cuenta en el Banco 6 en Nueva York, a una cuenta en el Banco 6 en Florida. Los registros muestran que esta transferencia fue un pago parcial por la compra de un condominio en Miami por una corporación de Florida a nombre de Luis Enrique Martinelli Linares.

  El agente especial del FBI solicitó a la corte que emitiera órdenes de aprehensión en contra de Luis Martinelli y Ricardo Martinelli.

Declaración del agente del FBI

  En esa misma fecha, en su declaración jurada ante el juez Robert M. Levi, titular del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Michael Lewandowski, pidió el sellado de los documentos de la investigación.

  El agente Lewandowski solicitó que se  sellaran todos documentos presentados en apoyo de su solicitud, incluida la denuncia y las órdenes de arresto relacionadas, dado que se corresponden a una investigación criminal en curso que no es pública ni conocida por todos los objetivos de la averiguación.

  Alertó al juez de que no todos los implicados serían arrestado en ese momento y subrayó que tanto Luis como Ricardo Martinelli Linares se encontraban en libertad, requiriéndose el sellado de los documentos para evitar que los imputados fueran detenidos y procesados.

  El gobierno señala como excepción limitada al sellado, compartir la denuncia y/o las órdenes de arresto relacionadas con otras agencias de aplicación de la ley.

Declaración de la Fiscal en apoyo a la extradición

  El 27 de julio de 2020, la Fiscal Federal Auxiliar del Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, declaró bajo juramento ante el Juez de primera instancia de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Robert M. Levy, en apoyo a la solicitud de extracción de Luis Enrique Martinelli Linares.

   Nestor trabajó en el caso contra Luis Enrique Martinelli Linares, titulado Estados Unidos contra Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, numerado 20-M- 498, surgido de una investigación a Odebrecht S.A., empresa brasileña que opera en 27 países y que promovió un esquema de soborno masivo y lavado de dinero en el que participaron los acusados.

Los cargos

  Refiere Julio Nestor que un Juez de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York firmado una demanda el 27 de junio de 2020 contra Luis Enrique Martinelli Linares, acusándolo de conspiración para cometer lavado de activos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 195 (h), 1956 (a) (I) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; y luego se emitió una orden de arresto en su contra, por parte de un Juez Magistrado del referido circuito judicial.

   Este juez magistrado acusó a Luis Enrique Martinelli Linares, el 20 de julio de 2020, de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

  Explica la fiscal que acumuló todas las diligencias judiciales practicadas contra Luis Martinelli como es la práctica frecuente en al Tribunal del distrito Este de Nueva York.

  La fiscal Nestor explica que según las leyes de Estados Unidos el delito de conspiración es simplemente un acuerdo para violar leyes penales, subrayando que el acto de combinar y acordar con una o más personas para violar la ley estadounidense es un crimen en sí mismo. Tal acuerdo no necesita ser formal y puede ser simplemente un entendimiento verbal.

  En este sentido, Julia Nestor refiere que la Demanda Enmendada acusa a Luis Enrique Martinelli Linares de conspiración para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h). Añade que respecto al cargo de conspiración para cometer lavado de activos se debe acreditar que el imputado celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos. La pena máxima de prisión por este delito es una pena de 20 años de prisión.

  La fiscal dice que respecto a los dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i) que también se le imputa a Luis Martinelli, se debe demostrar que este realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucraba bienes que constituían el producto de un delito de soborno a un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; que este sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que también sabía que la transacción fue diseñada total o parcialmente para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del producto de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá. La pena máxima de prisión por una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), según se imputa en la Demanda Enmendada, es una pena de 20 años de prisión.

  Igualmente, la Demanda Enmendada también acusa a Luis Martinelli Linares de dos delitos de gastos de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957, por lo que se debe demostrar  que participó o intentó participar a sabiendas en una transacción monetaria; que involucraba bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, de hecho, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en Estados Unidos. La pena máxima de prisión por una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957, según se imputa en la Demanda Enmendada, es una pena de 10 años de prisión.

  A Luis Enrique Martinelli Linares también se le señala de cometer dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero y dos delitos de lavado de dinero de gastos al ayudar e incitar a los delitos, según lo dispuesto en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2.

  Luego de otras consideraciones, Julia Nestor refirió al juez Levi que revisó a fondo el estatuto de limitaciones aplicable, comprobado que los cargos que se le imputan a Luis Martinelli se ajustan a la norma.

  Manifestó que Estados Unidos probará su caso contra Luis Enrique Martinelli Linares a través de varios tipos de evidencia, incluida información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de la corporación, correos electrónicos y otras pruebas.

Los hechos

  La investigación señala que entre 2001 y 2016, Odebrecht, a través de algunos de sus empleados y agentes, y junto con otros co-conspiradores, participaron en un esquema de soborno masivo en el que los conspiradores acordaron con otros pagar corruptamente más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios en varios países del mundo, incluidos los funcionarios públicos y los servidores públicos en Panamá.

  Odebrecht ocultó la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del producto de los beneficios del esquema de soborno al canalizar los ingresos del esquema a través de cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero a los beneficiarios finales de los sobornos.

 Se identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó pagos de sobornos de Odebrecht en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá”, un alto funcionario del gobierno de ese país, entre 2009 y 2014, que era un familiar cercano suyo.

  Entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht al, entre otras cosas, actuar como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Los acusados establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore para recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá.

  Desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales se utilizaron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del Funcionario de Gobierno de Panamá.

   Específicamente, los demandados establecieron sociedades fantasma en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y las transferencias electrónicas enviadas personalmente y provocadas a través de la estructura de las cuentas bancarias de la empresa fantasma para ocultar y gastar las ganancias del soborno.

 


 


 


 


 


miércoles, 6 de junio de 2018

Así engordaron sus cuentas altos chavistas con Odebrecht

Investigaciones de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Houston pusieron al descubierto un esquema de presunta corrupción vinculada al conglomerado brasileño Odebrecht, mediante contratos cuyos montos originales fueron inflados en convenios secretos con la aprobación y firma de Diosdado Cabello y otros altos líderes revolucionarios.

Casto Ocando | @cocando
Maibort Petit | @maibortpetit

Una serie de contratos complementarios suscritos entre el gobierno de Venezuela y la Constructora Norberto Odebrecht, de Brasil, cuyos detalles se mantuvieron secretos hasta ahora, fueron utilizados para incrementar en centenares de millones de dólares los costos  de las obras, dinero que habría sido desviado para el presunto pago de altas comisiones a funcionarios del gobierno venezolano.
De acuerdo a documentos de las contrataciones, actualmente bajo investigación de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Estados Unidos y vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht, el precio original estimado para las obras contratadas por el gobierno venezolano se infló a través de una serie de “documentos complementarios” firmados en fechas posteriores a la firma del contrato original, con cifras muy por encima de los costos reales.

Las indagaciones, coordinadas en Venezuela por el fiscal Pedro Lupera en el marco de la llamada Operación Lavajato, fueron incluidas en las investigaciones contra la corrupción del gigante brasileño por la fiscalía en Brasilia, y retomadas por la fiscalía de Houston, que también participó en la investigación internacional contra Odebrecht.

En uno de los casos más notables firmado por el Ministerio de Infraestructura y Finanzas de Venezuela, Odebrecht cotizó un precio inicial de USD 991.6 millones cuando ganó la licitación en 2006 para construir el tercer puente sobre el río Orinoco. Para 2014, el costo de la obra ya era el triple del precio original.
Los excesivos incrementos de los contratos se hicieron mediante una estrategia de añadir una serie de adenda, denominados “documentos complementarios”, presentados por Odebrecht de manera secreta, y aprobados por altos funcionarios en Venezuela.

En el caso del proyecto conocido como “Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco”, la corporación brasileña presentó cinco “documentos complementarios”, mediante los cuales los costos se incrementaron en más del doble en un período de 9 años. Pese a los incrementos, sin embargo, la obra no fue culminada.

El contrato original con fecha del 7 de junio de 2006, firmado por Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas, y por Ramón Carrizalez, ministro de Infraestructura, tuvo como contraparte por Odebrecht al gerente Euzenando Prazerez Azevedo, el jefe del conglomerado brasileño que terminó como testigo protegido de la Fiscalía de Brasil, y que reveló la extensa corrupción de sus operaciones en territorio venezolano, incluyendo una “donación” no declarada de USD 35 millones para Nicolás Maduro, supuestamente para financiar la campaña presidencial de 2014.

Dos de los documentos complementarios de este contrato fueron firmados por Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Viviendas, por un valor de USD 4.000 millones adicionales al contrato original de USD 991 millones.

El resto de los tres documentos complementarios fueron firmados por Rafael Isea (ministro de Finanzas), por USD 1.47 millardos; Juan García Toussaint (ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas), por USD 3.2 millardos; y por José Luis Bernardo Hurtado (también ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas), por USD 1.9 millardos.

En los documentos también aparecen firmando Jorge Giordani (ministro de Planificación y Finanzas); Alí Rodríguez Araque (ministro de Economía y Finanzas); Rafael Isea (ministro de Finanzas); e Isidro Ubaldo  Rondón (ministro Encargado de Infraestructura).

“Parte del dinero de los llamados documentos complementarios o adenda, que no eran más que mecanismos para ponerle sobreprecio a las obras, fueron desviados para pagos de comisiones de altos funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello”, dijo uno de los funcionarios venezolanos que participó en las investigaciones en Brasil y Estados Unidos.

La fuente dijo que la investigación está basada en el testimonio de Euzenando Prazerez Azevedo, que firmó no sólo el contrato original en 2006, sino todos los cinco documentos complementarios que triplicaron el precio de la obra.

Precios inflados

En la negociación inicial para la ejecución del “Proyecto de Ingeniería Básica” y construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco conformado por el puente ferroviario carretero entre Caicara, estado Bolívar, y Cabruta, estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, enlaces de conexión con la vialidad de las dos citadas ciudades y la carretera Cazorla-Cabruta en el estado Guárico, el contrato pasó de tener un precio inicial de Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15 sin incluir lo concerniente al IVA a Bs. 6.035.421.447,71 en su componente en moneda nacional y a USD 1.921.175.345 en el componente en moneda extranjera para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78 a tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar.

El modus operandi consistía en presentar una oferta inicial con un precio moderado en el proceso de licitación y luego de ser aprobado y suscrito el contrato, iba incrementándose el monto a través de la firma de adenda o acuerdos complementarios.

El contrato original

En fecha 7 de junio de 2006, la República Bolivariana de Venezuela por órgano de los ministerios de Infraestructura y Finanzas, representados por Ramón Alonzo Carrizales Rengifo y Nelson Merentes, respectivamente, por una parte, y Constructora Norberto Odebrecht, empresa brasileña con sucursal en Venezuela por la otra, a su vez representada por Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, ambos domiciliados en Caracas, suscribieron un contrato para llevar a cabo el “Proyecto de Ingeniería Básica, así como lo concerniente a la ingeniería de detalle y construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco, integrado por el puente ferroviario carretero entre las ciudades de Caicara, estado Bolívar, y Cabruta, estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, sus enlaces de conexión con la  vialidad de las poblaciones de Caicara y Cabruta y la carretera Cazorla-Cabruta en el estado Guárico”, de acuerdo a lo que establece la cláusula segunda del referido contrato.

En ese mismo aparte, la contratista se obligó a ejecutar para Venezuela, “por su exclusiva cuenta, y sin ningún costo para esta última, el referido proyecto cuyo monto alcanza los USD 5.588.000, teniendo lo anterior como el aporte necesario para el acuerdo con lo que se desprende del contenido del Convenio Básico de Cooperación Técnica” entre ambos países (Venezuela y Brasil).

Venezuela, de acuerdo a lo previsto en esa misma cláusula, pagaría a la contratista lo concerniente a la ingeniería de detalle y la construcción del referido sistema vial.

Las dos naciones establecieron el 20 de febrero de 1973 dicho convenio, el cual permitía a los dos gobiernos en las áreas que les permitieran sus legislaciones, hacer acuerdos complementarios, siendo que el primero se llevó a cabo el 4 de julio de 1995 para la recuperación de la región amazónica y orinoquense. Brasil aceptó el 6 de mayo de 2006 la propuesta venezolana de modificar dicho Acuerdo Complementario para proceder a la construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco.

Basados en el supuesto de que la Constructora Odebrecht ejecutaba para el momento las obras correspondientes al Sistema Vial Puente Mixto sobre el Río Orinoco, Venezuela estimó la conveniencia de que la experiencia, equipos y capacidad de la empresa que estaba establecida en el territorio del estado Bolívar, asumiera las nuevas obras.

Los trabajos a realizar

Se estableció que entre los alcances de los trabajos estaban los estudios de transporte, topográficos, batimétricos, geofísicos, hidráulicos, la ingeniería básica y de detalle requeridos para el puente ferroviario carretero y sus accesos estructurales, los enlaces viales con las poblaciones de Cabruta y Calzara y la carretera Cazorla-Cabruta.

Igualmente los trabajos de soporte, desvío provisional o reubicación definitiva de servicios públicos, la ingeniería de detalle, las obras relativas al desvío del tránsito vehicular y fluvial, la restauración de superficie de los servicios afectados, la construcción del puente ferroviario carretero entre Caicara y Cabruta, la construcción de los enlaces viales y de la carretera Cazorla.

Modalidad, vigencia y pecio del contrato

La modalidad del contrato eran los precios unitarios y la vigencia del mismo era de 48 meses contados a partir de la firma del acta de inicio luego de que Odebrecht recibiera el anticipo.

El monto de la obra era de Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15 sin incluir lo concerniente al IVA, los cuales serían cancelados de acuerdo a los mecanismos financieros y tiempos acordados por los ministerios de Finanzas e Infraestructura. Estos mecanismos a su vez debían a ser aprobados por el presidente de la república.


El cronograma de pagos estipulado fue: 1) El 15 por ciento de precio en calidad de anticipo; 2) el saldo del precio de la obra se pagaría contra la prestación de valuaciones efectuadas por el ingeniero inspector. Del monto bruto de cada valuación se deducirían los porcentajes correspondientes a la amortización del anticipo y a las retenciones previstas como garantía. Igualmente se deducirían las penalidades si estas existieran.

Se estableció un lapso de garantía una vez terminada la obra, de doce meses, a partir de la firma del acta de aceptación provisional de los trabajos. Una vez vencido ese lapso se suscribiría un acta de recepción definitiva dentro de los 30 días siguientes.

Variación del presupuesto

El contrato preveía que el presupuesto de la obra podía modificaciones como consecuencia de: a) variaciones en las cantidades de obra; b)  variaciones en la cota de referencia de las fundaciones según el proyecto básico; c) variaciones por aumentos salariales.

Respecto a las obras de vialidad el 25,05 por ciento de las partidas estaba transformado en dólares estadunidenses calculados a la tasa de cambio para la fecha de Bs. 2.150 por dólar que sumaban USD 31.417.013,55 y serían facturados en esa misma moneda.

El 74,95 por ciento del presupuesto de las obras de vialidad presentaban para época (diciembre de 2005) un monto estimado de Bs. 201.743.126.080,20, que serían facturados en bolívares.

En las obras de puente el 68,70 por ciento estaba transformado en dólares a la tasa de cambio de Bs. 2.150 por dólar que constituía la cantidad de USD 563.271.334,57 que debían facturarse de esa manera.

El 31,30 por ciento de las partidas de obra de puente representaban un monto estimado de Bs. 551.784.054.620,21 que serían facturados en bolívares.

Primer Addendum

El 30 de abril de 2008 el ministro encargado del Poder Popular para la Infraestructura, Isidro Ubaldo Rondón Torres, y el ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Eduardo Isea Romero, en representación de Venezuela, así como Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro en representación de Constructora Odebrecht S.A. firmaron un Addendum como Documento Complementario N° 1 del contrato suscrito el 7 de junio de 2006 en razón de que el monto acordado inicialmente correspondía a una ingeniería básica conceptual desarrollada entre 2004 y 2005 bajo informaciones de carácter provisional y cómputos métricos estimados; de que estudios posteriores más detallados y específicos proyectaron un aumento significativo respecto a la demanda en la utilización del sistema vial; de que la Fundación ProPatria notificó a la contratista alterar el proyecto original de la obra para añadir dos nuevos canales carreteros en el piso superior del puente; y de que el límite de contratación del 30 por ciento del precio de la obra fue modificado el 4 de diciembre de 2007, el valor de los trabajos se elevó a Bs. 2.770.815.678.835,55 equivalentes a USD 1.288.751.478,53 sin incluir el IVA.
El Documento Complementario N° 1 estableció un precio actualizado de la obra con un complementario de Bs. 399.659.910,86 equivalentes a USD 185.888.330,63 sin IVA que totalizan el monto del documento principal en Bs. 3.170.475.589,69 equivalentes a USD 1.474.639.809,16 sin IVA.
Este Addendum extendió la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2011.

Se previó un anticipo complementario de 15 por ciento del monto complementario de Bs. 59.948.986,63.

Segundo Addendum

El 4 de junio de 2009, la República Bolivariana de Venezuela representada por los ministros de Infraestructura, Diosdado Cabello Rondón, y de Economía Finanzas, Alí Rodríguez Araque, firmaron con Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., un segundo Addendum o Documento Complementario N° 2 que incrementó el precio básico de la obra en Bs. 1.008.463.382,86 equivalentes a USD 469.052.736,21 más IVA. De este modo, el nuevo Addendum elevó el precio de la obra a Bs. 4.178.938.970,91 equivalentes a USD 1.943.692.544,61 más IVA.
El anticipo complementario fue de 15 por ciento igual Bs. 151.269.507,43

Tercer Addendum

El 15 de junio de 2010, Diosdado Cabello Rondón, ministro del Poder Popular para la Infraestructura y Jorge Giordani, ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, en representación de Venezuela, por una parte y, por la otra, Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., suscribieron el tercer Addendum o Documento Complementario N° 3.
El precio de este Addendum estableció en el componente nacional un aumento del Bs. 2.406.686.910,26, mientras que el componente en moneda extranjera fue de USD 483.343.043,82 equivalentes a Bs. 1.256.691.913,93 que en conjunto a la tasa de cambio vigente para la fecha de Bs. 2,6 por dólar, sumaban USD 1.408.991.855,46 más IVA.
Con la firma del Documento Complementario N° 3 el precio de la obra queda integrado por un componente en moneda nacional igual Bs. 4.136.293.293,01 y otro en moneda extranjera que alcanzaba los USD 1.622.567.503,44 que en conjunto a la tasa de cambio de Bs. 2.6 por dólar totalizaban USD 2.584.496.176,23 más IVA.

Se extendió la vigencia del contrato hasta el 23 julio de 2013.

Cuarto Addendum

En fecha 27 de septiembre de 2012, Juan de Jesús García Toussaintt en representación del gobierno venezolano y Euzenando Prazeres de Azevedo y Estevão Timponi França, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., suscribieron el cuarto Addendum o Documento Complementario N° 4.
El precio del contrato se elevó en su componente nacional Bs. 1.685.274.078,34 y en moneda extranjera alcanzó la suma de USD 262.547.553,93 equivalentes a Bs. 1.128.954.481,90. El precio global de obra era entonces Bs. 2.814.228.560,24 que a tasa de 4,3 por dólar totalizaba USD 654.471.758,19 más IVA.
Con este nuevo Addendum el precio de la obra se estableció en su componente nacional en Bs. 5.821.567.371,35 y el componente en moneda extranjera se ubicó en USD 1.885.115.057,37 que a una tasa de cambio de Bs. 4,3 por dólar es igual a USD 3.238.967.934,91.
Quinto Addendum

Aun habría de firmarse un nuevo Addendum, cuando el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, José Luis Bernardo Hurtado, en representación del gobierno de Venezuela y por Constructora Odebrecht S.A., José Claudio de Cerqueira Daltro y Estevão Timponi França, estamparon la firma al Documento Complementario N° 5, lo cual ocurrió el 7 de septiembre de 2015.

Con este Addendum el precio de la obra quedó integrado por un componente en moneda nacional de Bs. 6.035.421.447,71 y el componente en moneda extranjera de USD 1.921.175.345,15 para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78 a tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar.
En este cuadro pueden observarse las cifras del contrato original y los cambios que sufrió en los montos presupuestados, así como también los funcionarios del chavismo responsables de las firmas de dichas contrataciones.