Los contratos de PDVSA con KCT Cumaná Internacional III

   Una comunicación llegada a nuestras manos revela que PDVSA mantuvo o mantiene relaciones comerciales con el Consorcio Internacional Cielemca-Elencor, CICE, integrante del Consorcio KCT Cumaná Internacional III, vinculado a hechos de corrupción y lavado de dinero.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) contrató en 2016 con la empresa Consorcio Internacional Cielemca-Elencor, CICE, la ejecución del Proyecto de Autosuficiencia Eléctrica Occidente por USD 1.800 millones a pesar de que esta compañía formaba parte del Consorcio KCT Cumaná Internacional III, una contratista acusada de haber logrado contratos millonarios con el estado venezolano a cambio de sobornos y vinculada la firma Miami Equipment & Export Company a través de la cual Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz lavaron el dinero proveniente de negociaciones irregulares con la administración venezolana[1].

  El citado Consorcio KCT está conformado por las empresas Cielemca, Trimeca y KBT.

   Igualmente, Blas Herrera Pérez, quien suscribe el documento que a continuación presentamos y da cuenta de las negociaciones entre PDVSA y CICE, figura entre las personas que participaron en el esquema de corrupción y lavado de dinero por el cual fueron declarados culpables los Díaz en la Corte del Distrito Sur de Nueva York[2].

  KCT se valió de la empresa familiar perteneciente a los Díaz, la cual sirvió como puerta de entrada de los dineros habidos irregularmente al sistema financiero estadounidense, habiendo fungido Miami Equipment & Export Company como una institución bancaria a pesar de no estar legalmente facultada para ello. De este modo se blanquearon millones de dólares provenientes  de contratos fraudulentos del gobierno venezolano y de Cadivi.

  Incluso, los propios Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, pidieron a la corte del Distrito Sur de Nueva York acusar a los directivos del Consorcio KCT Cumaná Internacional III, clientes de Miami Equipment & Export Company, por cuanto estiman que ninguno de los directivos del consorcio ha sido acusado de ningún delito, aun cuando fueron ellos quienes iniciaron el ciclo de transferencias electrónicas a la empresa de los Díaz y obtuvieron amplios beneficios de las operaciones, además de haber sido ellos quienes prepararon la documentación falsa para sus propios fines en Venezuela[3].

  El consorcio KCT debe recordarse, además, por ser el responsable de vender cinco plantas eléctricas al estado venezolano por más de USD 305 millones.  

Sobre Blas Herrera

  Blas Antonio Pérez Herrera nació el 22 de noviembre de 1950, es titular de la Cédula de Identidad N° V-3.455.062 y se le ubica en la parroquia El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda[4].

  Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, indica que ingresó al sistema el 1° de agosto de 1973. Su estatus actual es activo, figurando inscrito por la empresa Cielemca C.A., bajo el número patronal D24038447. Su fecha de contingencia fue el 22 de noviembre de 2010. Cotizó 600 semanas y un total de salarios de Bs. 19.255,20[5].

   Blas Herrera ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Privada Colegio Madison, parroquia El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda.

Detalles del contrato con CICE

  En fecha 30 de mayo de 2016, Blas Herrera Pérez, representante común del Consorcio Internacional Cielemca-Elencor, CICE, desde la ciudad de Bridgetown, capital de Barbados, dirigió la comunicación identificada con el número 192-CICE-GPR-53, al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería para época, Eulogio Del Pino, con referencia al contrato N° 4620010547, relacionado con el Proyecto de Autosuficiencia Eléctrica Occidente, suscrito entre la filial PDVSA Petróleo S.A. y CICE el 12 de febrero de 2014, por un precio de USD 1.425.571.322,24 y Bs. 8,143.574.064,16, monto este último que a la tasa de cambio de Bs. 6,3 por dólar equivalía a USD 2.718.202.126,07, a ser ejecutado en un periodo de cinco años con financiamiento del Deutsche Bank.

  El Proyecto de Autosuficiencia Eléctrica fue presentado en 2014 por el director ejecutivo de Producción de PDVSA Occidente, José Luis Parada, como uno de los planes a ejecutar por la estatal petrolera entre los años 2014 y 2019 en el occidente del país[6].

  Blas Herrera presentaba a Del Pino informe de las gestiones adelantadas por la empresa a objeto de obtener financiamiento que hiciera posible su implantación en razón de que el Deutsche Bank había desistido de continuar con el financiamiento del citado Proyecto PAE-Occidente, supuestamente por razones internas de la compañía global de servicios bancarios y financieros alemana y a pesar de haber cumplido con el correspondiente due diligence en cada de una de las etapas evaluadas por la institución.

  Refiere Herrera que, en tal sentido, CICE comenzó gestiones para la obtención de nuevas fuentes de financiamiento y para ello recurrió a contratar los servicios de la empresa especializada Salient Finance, la cual diseñó una propuesta de financiamiento sustentada en el contrato de suministro entre PDVSA y Reliance Industries vigente para el momento de la comunicación. En este sentido, informó que tres firmas estaban potencialmente interesadas en financiar el proyecto, a saber Morgan Stanley, Credit Europe y Macquaire.

  Salient Finance Corp[7] es un banco de inversión canadiense que brinda servicios de asesoría de financiamiento corporativo y comercial. Así como servicios de adquisición de capital a pequeñas y medianas empresas establecidas con sede en Canadá. La oficina central de la firma se encuentra en Toronto, Ontario.

  Herrera Le recuerda al presidente de PDVSA que el 30 de diciembre de 2015 la petrolera canceló Bs. 138.926.445,13 correspondiente a la parte del anticipo relativa al componente nacional y estaba pendiente el pago del anticipo correspondiente al componente extranjero y que serviría para comenzar a ejecutar la denominada Fase Temprana del PAE a ser realizada en Bachaquero.

  Agregó que de acuerdo a la planificación actualizada del presupuesto global del proyecto y de las obras, el monto de la obra se distribuía de la siguiente manera:

   En la fase temprana, USD 111,98 millones correspondientes al componente extranjero y Bs. 6.688,75 millones del componente nacional, para un total calculado a tasa Dicom vigente al 16-5-2016, de USD 127,91 millones.

  En la fase I, USD 141,18 millones del componente extranjero y Bs. 10.193,68  millones del componente nacional, para un total de USD 165,69 millones.

  En la fase II, USD 263,69 millones del componente extranjero y Bs. 14.808,57 millones del componente nacional, para un total de USD 298,95 millones.

En la fase III, USD 327,47 millones para componente extranjero y Bs. 11.863,27 millones del componente nacional para un total de USD 355,72 millones.

En la fase IV, USD 339,14 millones para el componente extranjero y Bs. 13.495,42 del componente nacional para un total de USD 371,27 millones.

En la fase V, USD 439,61 para el componente extranjero y Bs. 17.161,36 millones del componente nacional para totalizar USD 480,47 millones.

  En total se ejecutarían en todas las fases para el componente extranjero USD 1.623,05 millones y Bs. 74.311,05 millones del componente nacional para un gran total de USD 1.800 millones.

   Blas Herrera informó que el monto actualizado del PAE-Occidente de acuerdo a las estimaciones de la firma Salient Finance era de USD 1.800 millones, de los cuales se contaba “con una estructura propuesta de financiamiento tipo revolving con un monto sugerido de la línea de crédito” de USD 140 millones “capaz de financiar” USD 1.200 millones, “que sumado a un aporte de capital por parte de PDVSA” USD 600 millones cubría la totalidad del proyecto.

  Agregó que dicho esquema de financiamiento requería de 25 MBD, equivalentes al 8 por ciento del total diario disponible en el contrato de Reliance durante los primeros 38 meses de ejecución de la totalidad de la contratación, o bien, 2 por ciento del total de barriles a ser comercializados por Reliance durante los próximos 13 años, lapso de vigencia restante de ese contrato.

  Explicó Blas Herrera que PDVSA  podía honrar su participación de capital a través del incremento de los citados 25 MBD a 36 MBD, equivalentes al 12 por ciento del total diario disponible en el contrato de Reliance durante los primeros 38 meses de ejecución de la totalidad de la contratación, o bien 3 por ciento del total de barriles a ser comercializados por la firma durante los próximos 13 años.

  Entretanto, indicó que Salient Finance podía incrementar la potencial línea de crédito hasta el monto total de USD 1.800 millones.

  Finalmente, Blas Herrera le refirió a Eulogio Del Pino que la liberación de barriles por parte de un Oil Trader de PDVSA, facilitaría el financiamiento del proyecto.

El informe de la AN

  El informe final de la Comisión Mixta que estudió la crisis eléctrica en el país respecto a los proyectos de generación eléctrica contratados por PDVSA refirió que —aparte de tener que encargarse de atender el suministro de un servicio que es responsabilidad legal de Corpoelec, la estatal petrolera también se ha abocado a desarrollar otros proyectos dirigidos a cubrir las  necesidades eléctrica propias, tal es el caso de los denominados proyectos de autosuficiencia eléctrica de la industria petrolera.

  En este sentido, de los cuarenta y dos proyectos de servicio público analizados en el informe que tienen que ver con proyectos contratados con empresas como KCT Cumana II, Ovarb, Tradequip e Inter Roues, entre otras, que han suministrado equipos de generación a PDVSA a través de la filial Bariven, encargada de las compras en la petrolera, PDVSA no ha hecho público en sus informes financieros los montos de inversión realizados en la adquisición de dichas centrales de generación.

  Haciendo referencia al caso de Roberto Rincón cuyas empresas vendieron equipos por un muy alto precio y habiendo éste admitido su culpabilidad ante la justicia de los Estados Unidos por haber pagado sobornos a representantes de PDVSA por contratos recibidos en el área de la energía, la comisión parlamentaria advirtió que “la opacidad de PDVSA en sus informes financieros hace presumir la existencia de contratos con sobreprecios. Con los elementos de convicción aquí presentados, esta comisión mixta recomienda que la Comisión Permanente de Contraloría inicie una investigación exhaustiva de los contratos suscritos entre PDVSA Bariven y todas las empresas que suministraron equipamiento eléctrico en el lapso 2009-2016”[8].

CITAS

 [1] Venezuela al día. “Conoce cómo hizo el Consorcio KCT  para lavar dinero a funcionarios chavistas”. 13 de noviembre de 2017. http://www.venezuelaaldia.com/2017/11/13/conoce-como-hizo-el-consorcio-kct-para-lavar-dinero-a-funcionarios-chavistas/

[2] Venezuela Política. “Jurado declaró culpable a dos empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami”. 16 de noviembre de 2017. https://maibortpetit.blogspot.com/2017/11/jurado-declaro-culpable-dos-empresarios.html

[3] Venezuela Política “Piden abrir cargos por lavado de dinero contra directivos del Consorcio venezolano KCT en un tribunal de Nueva York”. 31 de mayo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/2018/05/piden-abrir-cargos-contra-directivos.html

[4] Dateas. Herrera Perez Blas Antonio. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/herrera-perez-blas-antonio-10434356

[5] IVSS. Blas Antonio Herrera Pérez. Cuenta Individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[6] PDVSA. “PDVSA presentó oportunidades para aumentar la producción de crudo en occidente”. 2 de julio de 2014. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5991:pdvsa-presento-oportunidades-para-aumentar-la-produccion-de-crudo-en-occidente&catid=10&Itemid=589&lang=es

[7] Salient Finance Corp. http://www.salientfinance.com/

[8] Transparencia Venezuela. “Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el país. Informe final”. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

Piden abrir cargos por lavado de dinero contra directivos del Consorcio venezolano KCT en un tribunal de Nueva York

El juez Pauley III leerá la sentencia de los dos hombres el 8 de junio de 2018.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los dos hombres hallados culpables de lavar más de USD 100 millones a funcionarios y exfuncionarios del régimen venezolano, a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en el sur de la Florida, pidieron a la corte del Distrito Sur de Nueva York considerar acusar a los directivos principales del Consorcio KCT Cumaná Internacional III,  clientes de Miami Equipment & Export Company, la compañía usada por Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, para blanquear el dinero proveniente de contratos públicos del estado venezolano.

En un documento entregado por la defensa de los Díaz, dirigido al juez federal William H. Pauley III, donde se le exige al tribunal condenar a Luis Javier Díaz a libertad probatoria de por vida, se argumenta que la necesidad de evitar "disparidades injustificadas en la sentencia entre los acusados con registros similares que han sido declarados culpables de conducta similar". Los abogados sostienen que aunque no se ha condenado a otros acusados en este caso que les ocupa, la corte debería contemplar encauzar a quienes no están ante el tribunal: los principales directivos de KCT.

La acusación del gobierno de los Estados Unidos contra los Díaz, asegura que los dos hombres usaron la empresa Miami Equipment & Export como un banco sin licencia, violando las leyes federales que regulan los negocios de transferencia de dinero y, además, se les acusa de haber lavado cientos de millones de dólares cuyos beneficiarios eran funcionarios o empleados de entes gubernamentales de Venezuela (PDVSA y Cadafe).

Los abogados de los Díaz argumentaron que ninguno de los directivos de KCT ha sido acusado de un solo delito, a pesar de haber sido los dueños del mencionado consorcio venezolano quienes iniciaron las transferencias electrónicas a Miami Equipment & Export Company, se beneficiaron de las operaciones y los que prepararon la documentación falsa para sus propios fines en Venezuela.

Asegura la defensa que Luis Javier Díaz y su padre, Luis Díaz Jr. que sus clientes son dos hombres de negocios que trabajan duro para mantener su empresa y ahora tendrán que pagar todas las consecuencias de las transacciones que forman parte de la conspiración por la que fueron juzgados.

KCT, consorcio conformado por Cielemca, Trimeca y KBT, es una contratista del Estado venezolano que fue denunciada por haber logrado contratos millonarios del régimen del fallecido Hugo Chávez a cambio del pago de sobornos a funcionarios que —para esa época— ocupaban cargos claves en el gobierno venezolano.

En un documento de la defensa se señala que encarcelar al Luis Díaz o su hijo Luis Javier crearía una disparidad injustificada entre ellos y, por ejemplo, Blas Herrera, quien se presentó como el director principal del consorcio KCT. 

De acuerdo con una solicitud de orden de cateo del gobierno, Blas Herrera fue interrogado por agentes del gobierno norteamericano en noviembre de 2015, y al hablar con esos agentes "con la esperanza de recibir indulgencia", admitió que haber usado  Miami Equipment para mover ilícitamente dinero a los Estados Unidos. "Ni el Sr. Herrera ni ninguno de los otros directores de KCT ha sido procesados. Debido a que esos perpetradores viven en el extranjero, tampoco es probable que sean castigados", acotan.

Durante el juicio de los Díaz fueron mencionados los siguientes nombres del Consorcio KCT:

—Enrique Padrella (KCT)

—Antonio Padrin  (KCT)

—Blas Herrera (KCT)

—Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT)

—Ariano Martín (KCT)

—Elisbert Becerra Guzmán (secretaria de Blas Herrera)

—José Miguel García (KCT)

—César Cardozo (Cielemca CA)

—José Garantón (Cielemca CA)

—Rodolfo Somani (EMA CA)

La defensa sostiene que Luis Díaz no ha negado que sabía que las facturas enviadas por KCT eran falsas "Según lo que le contaron sus clientes, creía que se estaban realizando servicios como consultoría para sus empresas, pero que sus clientes necesitaban representar lo contrario, para poder enviar dólares estadounidenses a los Estados Unidos, a través de Miami Equipment, para pagar para esos servicios, dadas las restricciones de divisas en Venezuela".

Asegura que Luis Díaz Jr. creyó que en la palabra de Blas Herrera y sus otros clientes relacionados con KCT en lugar de sospechar que estaban cometiendo un delito, "no fue por mala intención, sino porque confió erróneamente en ellos y en su palabra".

Dice que si alguien cometió delito, esos fueron Blas Herrera y los demás interesados ​​en KCT, Antonio Padrín y Enrique Pradella, quienes conocían la ventaja de usar un negocio de "mamá y papá" como medio para realizar grandes transferencias electrónicas, y no un banco o agente de transferencia bancaria.

Comenta la defensa que el hermano de Herrera, Mario, y los demás, habían sido clientes de Miami Equipment durante casi dos décadas cuando presentaron a Luis Díaz a Blas Herrera y fue este último quien solicitó la ayuda de Díaz, incluso para pagar los pedidos de compra y las facturas en cuestión en este caso.

Aseveran que los tratos del Consorcio KCT en Venezuela, incluso con el gigante estatal de petróleo y gas PDVSA, también tuvieron un valor lo suficientemente grande como para que las cantidades que Herrera y sus empresas afirmaban que facturaban fueran creíbles.

Díaz estaba predispuesto, además, a ayudar a sus clientes (a quienes también consideraba amigos en ese momento), debido a la experiencia de su propia familia de haber confiscado todas sus propiedades en Cuba. Al ver a Venezuela convertirse en un régimen cada vez más autoritario, acelerando hacia la caída libre económica, Díaz simpatizó con lo que pensaba que eran los esfuerzos de sus clientes por retener y continuar utilizando el valor de sus fondos, en lugar de que esos fondos se vuelvan inútiles o inutilizables.

Aquellos que conocen tanto a Díaz como el negocio de exportar equipos a las mismas regiones atendidas por Miami Equipment, han intentado explicar cómo alguien de la integridad de Díaz podría haber incurrido en una conducta delictiva.

Con una serie de cartas de indulgencia escritas por amigos y familiares de Luis Díaz, la defensa destaca que las personas que lo conocen dan fe de que el demandado nunca rompería la ley o perjudicaría a su familia, y que Blas Herrera y sus asociados de KCT explotaron a Díaz.

Los abogados reconocieron que "Díaz cometió errores devastadores en el juicio, es indiscutible que desconocía la naturaleza ilegal o incluso ilícita de sus actos. Él no tenía la intención de dañar a nadie. Trágicamente, aceptó ayudar a clientes y amigos sin saber que no podía hacerlo, de conformidad con la ley".

La circunstancia de que fue el consorcio KCT, no Díaz, quien generó documentos falsos y creó y controló las compañías que solicitan las transferencias, también hace que sea inapropiado aplicar una condena por "medios sofisticados" de lavado de dinero, dicen los defensores.

Consorcio KCT

En los documentos dados a conocer por la fiscalía durante el juicio de Luis Díaz y Luis Javier Díaz se asegura que el 12 de julio de 2010, KCT compró una turbina (generador) para la Refinería Bajo Grande por USD 20.609.824,74. Para esa misma fecha, se denunció en Venezuela que KCT vendió a Bariven una unidad GE LMS 100 en USD 95,6 millones, cuando el precio referenciado es de USD 35,6 millones. De ser la misma pieza, se calcula un sobreprecio por el orden de 74 millones 990 mil 176 bolívares.

Según la defensa, la Oficina de Libertad Condicional, tras realizar entrevistas y diligencias recomendó una condena de cinco años de prisión para Luis Díaz Jr. de 76 años de edad. Sin embargo, la defensa considera que debido a que su cliente "no ha cometido ni cometerá ningún otro delito. De hecho, nunca habría cometido los crímenes de los que fue condenado, si hubiera tenido alguna idea de que estaba violando la ley o poniendo en peligro a su familia y debido a que el público no necesita estar protegido del Sr. Díaz, y sería un desperdicio de recursos para este hombre de 76 años ser encarcelado".

Afirman que el gobierno presentó pruebas documentales en el juicio de que Blas Herrera y el consorcio KCT controlado por él y sus asociados, entre ellas facturas a Díaz que representaban falsamente que se estaban realizando servicios para Miami Equipment o que representaban falsamente los servicios prestados.

Refieren que Díaz siempre sentirá dolor y pesar por no haber hecho más preguntas a sus antiguos clientes o por no haber buscado el consejo de abogados o contadores. Sin embargo, argumentan que ha aprendido la lección de la manera más difícil que se pueda imaginar, por lo que no haber actuado con más cuidado no debería ser el punto de inflexión para el encarcelamiento, por varias razones.

El otro acusado en este caso, Luis Javier Díaz pidió una sentencia probatoria de por vida al juez, alegando que el demandado no tiene récord criminal y una conducta incuestionable.

El juez Pauley III leerá la sentencia de los dos hombres el 8 de junio de 2018 a las 3:30 p m.

Juez de NY niega petición de nuevo juicio a los dos hombres culpables de blanquear más de US$100 millones a funcionarios chavistas

En este caso aparecen como beneficiarios del dinero transmitido por Miami Equipment los exfuncionarios del gobierno venezolano, Nervis Villalobos, Fidel Ramírez Carreño (hermano del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño) y Enrique Rafael Cid Montes asesor del exministro de Energía y Minas, Jesse Chacón, entre otros. El Consorcio KCT era el principal cliente de la empresa usada para efectuar el blanqueo.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Uno de los hombres que fueron hallados culpables por un jurado en Nueva York de haber usado una empresa de materiales de construcción en Miami para lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pidió a un juez que se realizara un nuevo juicio alegando que en el realizado el octubre de 2017 la fiscalía no logró demostrar su culpabilidad.  Luis Javier Díaz alegó que tiene derecho a ser absuelto, o a un nuevo juicio porque fue perjudicado por el interrogatorio incorrecto que el gobierno federal aplicó a su padre, Luis Díaz Jr.

Los abogados del acusado aseguraron que el jurado fue corrompido por una "exhibición incendiaria" que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó de elementos que implicaban a los dos acusados, Luis Javier Díaz (el hijo) y Luis Díaz Jr. (el padre) en la comisión de crímenes no relacionados con los cargos el caso.

La corte del Distrito Sur de Nueva York negó la petición y anunció que se siguen los procedimientos pertinentes para fijar nuevamente la fecha de la sentencia que estaba prevista para el 27 de abril de 2018 y que se prorrogó debido a la solicitud de mociones hechas por los equipos de defensa de los dos demandados.

La defensa alega, además, que al ser las ofensas de condena delitos de Clase C y D —violaciones de los que hallado culpable Luis Javier— lo hacen elegible legalmente para una sentencia de libertad condicional. "Luis Javier es un candidato particularmente bueno para tener éxito en libertad condicional, ya que no tiene antecedentes penales y cumplió con sus condiciones de fianza durante 17 meses, sin incidentes, lo que demuestra su voluntad y capacidad de seguir las reglas y restricciones de la Corte".

La Oficina de Libertad Condicional recomienda un rango de pautas de 151-188 meses. Luis Javier sostiene que el rango de las pautas no debería ser superior a 15-21 meses.

El caso

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a dos empresarios cubano-americanos que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron jugosos contratos de PDVSA y Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.

Los dos hombres fueron juzgados por los siguientes cargos:

1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión;

2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;

3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y

4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión.

El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50), fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel.

Objeciones presentadas por la defensa

En un documento presentado a la corte del Distrito Sur de Nueva York por la defensa de Luis Javier Díaz objetan los cálculos de las pautas recomendados por la Oficina de Libertad Condicional en el Informe de Presencia ("PSR"). Dicen que esta presentación también incorpora la solicitud de Luis Javier en una disminución de la pena de acuerdo lo establecido en las normas de los EE. UU. que establece que la conducta delictiva en este caso está "fuera del corazón" del lavado de dinero típico.

Entre las objetivaciones presentadas, los defensores destacan que en el informe del PSR establece un nivel de ofensa base de 30 al responsabilizar a Luis Javier por USD 100 millones como el "valor de los fondos".  Dicen los abogados que Luis Javier Díaz fue condenado por violar 18 U.S.C. §1956. PSR, ¶71 y el PSR aplica un aumento de dos niveles para el "lavado sofisticado", delito por el cual se recomienda una sentencia de entre 151 y 188 meses si el acusado tiene antecedentes penales.

La defensa alega que Luis Javier Díaz se ubica en el nivel de delito base de 30 por el "valor de los fondos" y la mejora de dos niveles por "lavado sofisticado", es por ello que piden al tribunal  un ajuste a la baja para mitigar el papel en la ofensa, de conformidad con lo establecido en la norma USSG §3B1.2.

Asimismo, los abogados objetan el valor de los fondos, señalando que el PSR recomienda que Luis Javier Díaz sea responsable de los aproximadamente USD 100 millones en transmisiones por cable que involucran al Consorcio KCT Cumaná Internacional III. Estas transacciones KCT fueron manejadas de manera independiente por su padre, Luis Díaz, Jr., razón por la cual la corte debería rechazar la recomendación del PSR y apoyar la objeción de Luis Javier Díaz.

Argumenta la defensa que Luis Javier Díaz fue absuelto de los cargos 1 y 3, expuestos en la conspiración. Por su veredicto, el jurado —necesariamente— encontró que Luis Javier no conspiró o acordó con su padre para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia o para cometer un lavado de dinero internacional.

"La única forma lógica de explicar los veredictos es que el jurado no estaba convencido de que Luis Javier participara conjuntamente con su padre en las transacciones de KCT", dice la defensa.

Señalan que las evidencias del juicio demostraron que Luis Díaz, Jr., manejó todas las transacciones que involucraban a KCT.  Aseguran que los correos electrónicos entre la empresa de los acusados y el Consorcio KCT fueron transferencias electrónicas dirigidas a Luis Díaz, Jr., quien coordinaría las transferencias electrónicas con el banco.

Aseguran los abogados que Luis Javier defendió el caso sobre la base de que no tenía nada que ver con las transacciones del Consorcio KCT. "Si el jurado hubiese encontrado más allá de toda duda razonable que las transacciones de KCT formaban parte de una "actividad delictiva conjunta" entre Luis Javier y Luis Díaz, Jr., el jurado indudablemente habría condenado a Luis Javier por la conspiración".

Entre los elementos que exponen ante el tribunal, afirman que la evidencia directa perteneciente a Luis Javier en el juicio, se refería a su participación (sin su padre) en Miami Equipment al recibir una transferencia bancaria de USD 69.975,00 el 30 de septiembre de 2013, de una cuenta bancaria a nombre de Taller e Importaciones en Venezuela. Dos días después, Luis Javier recibió un correo electrónico de un representante de Taller con instrucciones de enviar USD 67.875,75 a la cuenta de Taller en Mercantile Commerce Bank en Florida. Se preparó una factura de Miami Equipment por la diferencia, que establece lo siguiente: "recibió USD 2.099,25, tarifa de procesamiento, 3 por ciento de USD 69.975.". La transacción de Taller no estaba relacionada con KCT; de hecho, era la única transmisión por cable que involucraba directamente a Luis Javier por la cual se cobraba una tarifa. La transacción de Taller formó la base de las condenas de Luis Javier en los condes 2 y 4, los cargos sustantivos de violación de 18 U.S.C. §1960 y §1956 (a) (2) (A).

En consecuencia, Luis Javier sostiene que el valor de los fondos debería ser de USD 69.975; el aumento de 6 niveles da como resultado un nivel de ofensa base de 12, piden los abogados.

La pequeña "comisión" para las transacciones con tarjeta de crédito referenciadas por el gobierno en este caso, claramente no era una tarifa de transferencia bancaria; más bien, implicó el reembolso a Miami Equipment por la comisión deducida por la compañía de la tarjeta de crédito para procesar esas transacciones, acotaron.

Aunque Díaz Jr. y Javier Díaz llevan a cabo mociones distintas después del juicio, los argumentos se superponen y se tratan de manera coextensiva con el fin de resolver dichos movimientos.

La defensa plantea cuatro desafíos principales al veredicto del jurado:

1) En primer lugar, argumentan que el Distrito Sur de Nueva York no era el lugar apropiado para este enjuiciamiento porque Miami Equipment solo operaba el presunto negocio de transmisión de dinero sin licencia en Florida.

2) En segundo lugar, Javier Díaz sostiene que las pruebas aducidas en el juicio fueron insuficientes para respaldar una determinación de culpabilidad sobre los cargos sustanciales de transmisión de dinero y lavado de dinero internacional.

3) En tercer lugar, los demandados sostienen que el Tribunal denegó erróneamente la solicitud de los acusados y sostienen que dicho tribunal denegó erróneamente su solicitud de una instrucción que hace referencia a la excepción del corredor de bolsa a la definición de "transmisor de dinero" en el formulario de registro de la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN").

4) Finalmente, Javier Díaz afirma que fue injustamente perjudicado por el interrogatorio del gobierno a Díaz Jr.

La corte niega todas las mociones

En una orden del juez Pauley III sobre el caso firmado el 4 de mayo de 2018, el magistrado niega todas las mociones de los demandados para la absolución o un nuevo juicio.

Entre los argumentos presentados por los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr. para pedir un nuevo juicio estaba el supuesto hecho de que "las preguntas hechas por el Gobierno a Luis Díaz Jr. (padre de Luis Javier) causaron prejuicio y habrían tenido un efecto devastador en el jurado.

Sobre este aspecto, el juez señaló que cuando el acusado Díaz Jr. testificó en el estrado, dijo que Miami Equipment no era un negocio de transmisión de dinero, el gobierno introdujo registros de cuentas de Wells Fargo que enumeraban varios depósitos en efectivo en varios lugares, incluida Nueva York, por individuos a quienes Díaz Jr. profesaba no conocer. Además de plantear preguntas sobre por qué Díaz Jr. no se daba cuenta de los depósitos aleatorios de partes desconocidas en una cuenta bancaria que él controlaba. Con ello, el gobierno buscó conectar el uso de esa cuenta de Wells Fargo con las actividades de transmisión de dinero de Miami Equipment.

La defensa dijo que el gobierno tenía una base de buena fe para explorar la actividad en la cuenta de Wells Fargo. Más importante aún, en vista de otra evidencia que sugiere que los demandados habían estado operando un negocio de transmisión de dinero, la fiscalía no tenía una base para preguntarle a Diaz Jr. si se había pagado una comisión por esas transacciones de Wells Fargo, dijo Pauley.

Los demandados argumentan que las transacciones de la cuenta de Wells Fargo fueron diferentes a las transacciones por cable que Miami Equipment realizó en nombre de sus clientes. Pero la desautorización categórica de Díaz Jr. de la práctica de cobrar una tarifa, o de administrar un negocio de transmisión de dinero, abrió la puerta para que el gobierno explorara la actividad inusual que rodea una cuenta que él controlaba. El gobierno tenía derecho a explorar si estas transacciones particulares eran parte del negocio de transmisión de dinero de los demandados dijo el magistrado.

La corte también negó los desafíos de los acusados, señalando lo siguiente:

1) Nueva York es el lugar apropiado en cualquier distrito en el que se cometa un delito. Dijo que el locus de Nueva York de muchas cuentas bancarias en cuestión en este caso también establece, por una preponderancia de la evidencia, que el lugar en el Distrito Sur de Nueva York era apropiado para los cargos internacionales de lavado de dinero.

2) Las pruebas aducidas en el juicio si fueron suficientes para respaldar la determinación de culpabilidad sobre los cargos sustanciales de transmisión de dinero y lavado de dinero internacional. El delito de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia implica "transferir fondos en nombre del público por cualquier medio" sin una licencia.

El Gobierno presentó evidencia de que los demandados, por una tarifa, autorizaron la transferencia de millones de dólares de cuentas bancarias en Florida a cuentas bancarias en Nueva York en nombre de sus clientes.

3) El juez alegó que el tribunal no denegó erróneamente la solicitud de Luis Javier de exceptuar al corredor de bolsa de la definición de “transmisor de dinero” en el formulario de registro de la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN"), cuando dio las instrucciones a los miembros del jurado.

4) Javier Díaz no fue injustamente perjudicado por el interrogatorio que el gobierno hizo a su padre Díaz Jr.