Mostrando entradas con la etiqueta Claudia Patricia Díaz Guillén. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Claudia Patricia Díaz Guillén. Mostrar todas las entradas

lunes, 16 de mayo de 2022

Claudia Díaz Guillén propone una fianza de $1 millón ante un tribunal de Florida, aspira lograr de inmediato su libertad

   En el tribunal se discutirá si la mujer acusada por delitos de corrupción y cobro de sobornos permanecerá en arresto domiciliario, con un monitor y junto a su familia. El juez tiene la última palabra.

Por Maibort Petit 

  La defensa de la ex-enfermera de Hugo Chávez y ex-tesorera nacional, Claudia Díaz Guillén planteó ante la Corte Federal de West Palm Beach, en la Florida que la acusada merece que se ordene su libertad en la espera del juicio en las condiciones razones porque la mujer no representa un riesgo de fuga.

  En la moción para oponerse a la oposición del gobierno de que el tribunal acepte una fianza a favor de Guillén Díaz, la defensa pone como ejemplo a los ex-contratistas de CITGO y PDVSA, Roberto Rincón y Abraham Shiera, acusados de liderar un esquema que pagó, al menos, mil millones de dólares en sobornos, y que han disfrutado de libertad a lo largo de todo el proceso que se inició con su arresto en diciembre de 2015.

   Por orden del juez William Matthewman la audiencia de fianza de Díaz Guillén será para el 31 de mayo. Estaba fijada para el 17 de mayo de 2022.

  En la comparecencia inicial de Díaz Guillén, el gobierno anunció que estaba solicitando la prisión preventiva únicamente porque el gobierno cree que la acusada está en riesgo de fuga de conformidad con 18 U.S.C. Sección 3142(f)(2)(a). 

  Los fiscales enfatizaron que la falta de contactos de Díaz Guillén en el sur de la Florida, su decisión de “luchar contra la extradición” y el dinero supuestamente involucrado en la supuesta conspiración eran razones suficientes para que el tribunal le niegue la fianza. No obstante, la defensa considera que la ex-enfermera de Hugo Chávez no presenta ningún riesgo de fuga.

  Según la defensa, Díaz Guillén es ciudadana española, y vive a la vista del gobierno de los Estados Unidos en Madrid desde 2016. "La Sra. Díaz Guillén es madre de dos niños de 3 y 13 años, esposa, mujer de fe y persona responsable". 

  En la moción se señala que Díaz Guillén tiene vínculos con la comunidad del Sur de la Florida "con al menos un familiar y varios amigos" en el estado. 

   Argumentan que la acusada "no tiene antecedentes penales en ninguna parte del mundo y los cargos que se le imputan son todos de naturaleza no violenta y no hay alegaciones de daño económico a ningún individuo específico". 

  En segundo lugar, "ni la Sra. Díaz ni su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa (ambos están en la lista de la OFAC) poseen suficientes activos dentro o fuera de los Estados Unidos para huir de los Estados Unidos y no pueden (y no quieren) regresar a Venezuela", sostiene la defensa. 

  Aclara que "fugarse equivaldría a poner en peligro sus propias vidas dado que, como se describe en este documento, fueron expulsados ​​​​forzosamente de Venezuela por la policía secreta en 2013". 

  En tercer lugar, la conducta de Díaz Guillén al comparecer ante los tribunales españoles en su anterior proceso de extradición, con estrictas restricciones de fianza durante varios años demuestra más que ampliamente que no representa ningún riesgo de fuga. 

  En cuarto lugar, hay numerosos tribunales de distrito, incluido este Distrito, que han permitido la liberación previa al juicio de acusados ​​de manera similar con mayor acceso a fondos y que presentan riesgos de fuga mucho más graves que los de Díaz-Guillén en el presente caso. 

 Finalmente, la defensa dice que incluso si esta "Honorable Corte concluyera, en general, que Díaz Guillén presenta un riesgo de fuga, dicha determinación es insuficiente para detenerla de pleno derecho cuando, como aquí, existe una combinación razonable de condiciones que puede asegurar su aparición en procedimientos futuros en este caso, incluyendo:

• $1,000,000.00 Fianza Personal firmada por Díaz Guillén y co-firmado por su suegra y amiga de la familia;

• Ejecución de la renuncia a la extradición;

• Confinamiento domiciliario con seguimiento electrónico.

   La abogada de Díaz Guillén dijo que su cliente está dispuesta a aceptar cualquier otra condición que el Tribunal crea necesaria. Como tal, la liberación previa al juicio está garantizada en este caso.

    En la moción se señala que la suegra de Díaz Guillén "está en España ayudando a cuidar a sus hijos pequeños, pero accedió a actuar como codeudora y traer a los niños al sur de la Florida si Díaz Guillén es liberada". 

   La suegra de Díaz Guillén ha firmado documentos de fianza de forma remota.

   El nombre de la suegra ha sido retenido de esta presentación pública debido al escrutinio de este caso por parte de la prensa. 

  El abogado estará preparado para revelar el nombre en la audiencia de detención.

    Según los abogados. la suegra de Díaz Guillén vive en Key Biscayne y está preparada para traer a los hijos de la acusada de España, para que puedan reunirse con su madre. "Díaz Guillén también tiene una amiga en el área del sur de la Florida que está preparada para actuar como codeudora del bono y darle la bienvenida a su hogar".

  Agrega que "No hay país al que pueda huir la señora Díaz Guillén"

  Sostiene que "el gobierno no ha articulado ni puede articular ningún país al cual la señora Díaz-Guillén podría huir. Esto se debe a que no existe ningún país al que hipotéticamente pueda huir la acusada. Para entender esto, es importante resaltar cómo la señora Díaz llegó por primera vez a España, país desde el cual fue extraditada".

  "Díaz Guillén vivía en Madrid, España, con sus dos hijos (de 3 y 13 años) y su esposo cuando fue extraditada a los Estados Unidos. La señora Díaz-Guillén se convirtió en ciudadana española no por elección y sólo después de que ella y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueran expulsados ​​de Venezuela". 

  En la moción se destaca que Díaz Guillén trabajó bajo la presidencia de Hugo Chávez como directora de la Oficina del Tesoro Nacional y su esposo trabajaban en el palacio presidencial en el Departamento de Seguridad. Sin embargo, en 2013, una vez que el presidente Nicolás Maduro asumió el control de la presidencia de Venezuela, la señora Díaz Guillén y su familia fueron expulsados ​​de Venezuela. 

 En efecto, la policía secreta venezolana le dijo al Sr. Velázquez Figueroa que tenía una semana para salir de Venezuela.

  En consecuencia, las circunstancias anteriores muestran que no existe riesgo de que  Díaz Guillén huya a Venezuela y se arriesgue a una mayor persecución política y ponga en peligro su propia vida. 

  Asimismo, la defensa sostiene que pone a prueba la credulidad creer que Díaz Guillén huiría arbitrariamente a algún país al azar lejos de su familia cuando, como se explica más adelante, la acusada carece de los recursos financieros para hacerlo y permanece en la lista de la OFAC. 

  Advierten que en cambio, "como madre y esposa, de hecho es mucho mas probable que sí la Sra. Díaz-Guillén huyera, huyera a España para estar con su familia, una familia que está dispuesta a venir aquí. Pero España ya ha demostrado su compromiso de extraditar a la Sra. Díaz-Guillén de conformidad con sus obligaciones en virtud del Tratado y seguramente lo haría de nuevo si buscara puerto seguro allí. Por lo tanto, la premisa de que la Sra. Díaz Guillén podría huir a España para regresar con su familia que está dispuesta a trasladarse y apoyarla aquí desafía la lógica y el sentido común".

 Sin dinero para huir

  La defensa de Díaz Guillén sostiene que no tiene dinero para huir, primero, porque en Venezuela, el gobierno luego (sin el debido proceso ni ningún procedimiento judicial) confiscó los bienes de la señora Díaz Guillén (viviendas, cuentas bancarias, vehículos).

  En segundo lugar, desde ese momento, todos los bienes de la Sra. Díaz Guillén fuera de Venezuela fueron confiscados, congelados y/o son inaccesibles. Esto se debe en gran parte a que, a principios de 2018, la Sra. Díaz Guillén y su esposo fueron incluidos en la lista de sanciones de la OFAC como ciudadanos específicamente designados . 

  Además, debido a que Díaz Guillén ocupó un cargo como funcionaria pública en Venezuela entre 2011 y 2013, los departamentos de riesgo y cumplimiento de los bancos de todo el mundo la identifican a ella (y a su esposo) como Persona Políticamente Expuesta (“PEP”), lo que hace que prácticamente imposible para la acusada o su esposo abrir una cuenta bancaria en cualquier parte del mundo.

  Finalmente, dado que el gobierno de los Estados Unidos ha estado investigando este caso durante al menos 8 años, seguramente tienen suficiente información relacionada con la situación financiera de la Sra. Díaz Guillén y saben que ella está en la indigencia financiera y depende de la caridad de sus amigos y familiares.

  La defensa asegura que Díaz Guillén está comprometida con cada una de las condiciones de fianza ordenadas por dos tribunales españoles diferentes durante su proceso de extradición en España respalda la liberación previa al juicio.

  Agregan: "Contrariamente a las afirmaciones del gobierno de que es probable que la Sra. Díaz Guillén huya porque impugnó las solicitudes de extradición venezolanas y estadounidenses, la conducta de Díaz Guillén al impugnar esas dos solicitudes de extradición separadas en España (una de las cuales ganó) demuestra que la libertad previa al juicio está justificada". 

  Además, "la Sra. Díaz Guillén tenía derecho a impugnar la extradición y su impugnación de la solicitud estadounidense se basó en una creencia bien fundada de que el estatuto de limitaciones prohibía a los Estados Unidos presentar una acusación de reemplazo (SSI) en su contra casi 8 años después el último hecho alegado en el SSI (mayo de 2013). También se basó en su meritorio argumento de que la Sra. Díaz Guillén pretende plantear que el gobierno de Estados Unidos carece de jurisdicción sobre la Sra. Díaz Guillén. 

  Finalmente, asegura, "se basó en un precedente español bien establecido que prohíbe la extradición mientras esté pendiente una investigación en el Estado requerido (es decir, España). 

viernes, 13 de mayo de 2022

En un tribunal de WPB: Claudia Díaz Guillén, "la enfermera de Hugo Chávez" se enfrenta a la justicia norteamericana

   Claudia Díaz Guillén, exenfermera y extesorera venezolana aceptó sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit

    Este viernes 13 de mayo, un juez de Distrito del estado de la Florida leyó los cargos por corrupción a Claudia Patricia Díaz Guillén, una mujer que pasó de ser una enfermera del exmandatario Hugo Chávez, a Tesorera de Venezuela y posteriormente, una potentada millonaria que vivía entre lujos y caprichos con su marido, Adrián José Velázquez Figueroa quien también es acusado por el gobierno de Estados Unidos por haber cometidos delitos que violan las leyes federales estadounidenses. 

  Díaz Guillén fue extraditada desde Madrid, España el 12 de mayo de 2022, luego de un proceso que buscaba, por medio de acciones legales,  paralizar su entrega [por parte del Reino de España] a las autoridades de los Estados Unidos.  

   En la audiencia de arraigo, el juez auxiliar William Matthewman leyó los cargos por los cuales es acusada Díaz Guillén.  El magistrado se comunicó con la acusada a través de su abogada provisional, Marissel Descalzo. 

  La defensa solicitó una nueva audiencia para presentar todos los recaudos de una fianza. El magistrado Matthewman fijó la cita para el martes 17 de mayo. Este proceso se realiza en la Corte del Distrito de West Palm Beach, tribunal que juzgó a uno de los co-acusados, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable y fue sentenciado. Gracias a su colaboración con la justicia y buen comportamiento, la condena de Andrade se redujo en mas de un 60 %. El exfuncionario corrupto está en libertad desde febrero 2022.

Los cargos 

  Díaz  Guillén es señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al ser acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación firmada por la exfiscal del Distrito, Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Según varios medios de comunicación, Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

    Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

Doble apelación

  Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, apelaron ante la Audiencia Nacional de España la solicitud de extradición que Venezuela hizo por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1]. Asimismo, Díaz y Velásquez apelaron la petición de extradición que hizo el gobierno de los Estados Unidos a España y que se concretó primeramente con la ex-enfermera de Hugo Chávez.

  En una entrevista concedida a BBC Mundo en 2018, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: “Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado”, criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. “El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos”[2].

La acusación

  El 30 de octubre del 2020, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

 El gobierno de Estados Unidos precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.

[1] Tal Cual. “AP: Ex-enfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/

[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037

viernes, 18 de diciembre de 2020

Por delitos de lavado de dinero Corte de la Florida acusa a Raúl Gorrín, a Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa

  La acción legal contempla la confiscación 18 bienes inmuebles ubicados en la Florida y Nueva York.

Por Maibort Petit

   Ante la Corte del Distrito Sur de Florida la fiscal, Adriana Fajardo Orshan, presentó acusación contra Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, 9 cargos de Blanqueo de instrumentos monetarios y Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

La trama

  Refiere la acusación que desde 2008 hasta alrededor de 2017, Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, así como sus co-conspiradores constituyeron una trama de corrupción sustentada en los cambios de moneda extranjera realizados para el gobierno venezolano. Gorrín habría pagado cientos de millones de dólares en sobornos para asegurar su participación en negociaciones cambiarias que superaban los USD 1.000 millones que le rindieron ganancias de cientos de millones de dólares.

  Gorrín Belisario y otros, “ofrecieron, prometieron, autorizaron y realizaron pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos Tesoreros Nacionales consecutivos en Venezuela”, a saber, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén. El empresario utilizó para ello, tanto cuentas bancarias personales como a nombre de empresas de las que era propietario y controlaba.

  En primer término, Gorrín Belisario, a partir de 2008, ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a Alejandro Andrade Cedeño con el fin de que le permitiera realizar cambios de divisas, asegurándose una ventaja indebida derivada del control de cambios imperante en Venezuela.

   En 2010, Raúl Gorrín se asoció con Gabriel Arturo Jiménez Aray con objetivo de comprar el Banco Peravia y así ayudar en el lavado de sobornos pagados a funcionarios venezolanos y el producto de este y otros esquemas.

  En 2011, cuando Claudia Patricia Díaz Guillén fue designada Tesorera Nacional, Alejandro Andrade Cedeño le presentó —a ella y a su cónyuge Adrián José Velázquez Figueroa— a Raúl Gorrín y, a partir de entonces, el empresario igualmente le ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la funcionaria, de manera de poder mantener con ella las negociaciones cambiarias que llevaba a cabo con su antecesor.

  Para encubrir los pagos, Raúl Gorrín Belisario y otros, se valió de cuentas bancarias a nombre de tres empresas fantasmas y disfrazó los sobornos realizados en favor de Claudia Díaz Guillén a través de su esposo.

  De este modo, entre 2011 y 2013, Raúl Gorrín pagó alrededor de USD 65 millones en sobornos a Claudia Díaz Guillén. Por ejemplo, entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, Gorrín transfirió USD 8,6 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida a beneficio de Díaz Guillén y Velázquez Figueroa.

  Igualmente, mientras Claudia Díaz fue tesorera nacional, Gorrín Belisario pagó sobornos por USD 94 millones a beneficio de Alejandro Andrade Cedeño, con el propósito de completar los pagos que le adeudaba cuando estaba al frente de la Tesorería y para para evitar que interfiriera o impidiera el esquema en curso con Díaz Guillén y su esposo. También buscaba premiar a Alejandro Andrade Cedeño por presentarle a su sucesora en el cargo.

   Entre diciembre de 2012 y junio de 2013, Raúl Gorrín transfirió USD 1,78 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en Estados Unidos, incluyendo cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida, a beneficio de Alejandro Andrade Cedeño.

   Además de los sobornos pagados en beneficio de Andrade Cedeño, Díaz Guillén y Velázquez Figueroa, el empresario compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda de diseño en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas a beneficio de estos.

  Gorrín Belisario recibió facturas y mantuvo correspondencia vía correo electrónico con los proveedores de Alejandro Andrade Cedeño, Claudia Díaz y Adrián Velázquez que el empresario hizo que se pagaran mediante transferencias bancarias desde cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.

  Raúl Gorrín instruyó a sus empleados para que mantuvieran una hoja de cálculo con el propósito de rastrear algunos de los pagos de sobornos hechos a Alejandro Andrade y a Claudia Díaz, incluidos los pagos realizados a través de su esposo Adrián Velázquez.

  Señala la acusación que Raúl Gorrín continuó entregando dinero y otras cosas de valor a Claudia Díaz y a Adrián Velázquez, aun después de dejar la Tesorería, con el objeto de que le brindara su asistencia en la obtención de ventajas comerciales.

Las operaciones y correos

   El 25 de octubre de 2012, Raúl envió un correo electrónico con el asunto "485.000" a uno de sus empleados y socios comerciales, instruyéndolos acerca de una operación próxima a realizar con una empresa de yates y diciendo: "Por favor, haga la transferencia y cárguela a AV''. Posteriormente, el 29 de octubre de 2012 ordenó transferir USD 485.000 desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de una compañía de yates ubicada en el Distrito Sur de Florida, en beneficio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa.

   El 13 de noviembre de 2012, Gorrín ordenó transferir USD 4,35 millones desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de la misma compañía de yates en el Distrito Sur de Florida, esto con relación a la compra de un yate para Claudia Díaz y Adrián Velázquez.

  El 11 de diciembre de 2012, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios y las instrucciones para realizar el pago.

  El 12 de diciembre de 2012, Raúl Gorrín transfirió USD 15.000 desde una cuenta en Suiza a una cuenta ubicada en el Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos.

   El 29 de enero de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un sistema de seguridad por USD 1.103.371 para la casa de Alejandro Andrade Cedeño en Caracas, Raúl envió por correo electrónico la propuesta de la compra dirigiéndose a Andrade como “Jefe”, solicitándole su aprobación. El 30 de enero de 2013 Gorrín ordenó transferir USD 1.103.371 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza, a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida para la compra del citado sistema de seguridad.

   El 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos. El 7 de febrero de 2013, el empresario ordenó transferir USD 174.800 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a una cuenta bancaria en Nueva York para la empresa de transporte de caballos.

   El 15 de febrero de 2013, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín con la identificación de la persona a quien se le debía pagar por los gastos relacionados con sus caballos. El 25 de febrero de 2013, el empresario ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida a beneficio de dicha persona.

   El 4 de marzo de 2013, Andrade Cedeño le envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de las instrucciones de transferencia para una empresa de transporte de caballos. El 7 de marzo de 2013, Gorrín Belisario, mientras se encontraba en el Distrito Sur de Florida, ordenó transferir USD 228.768 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a una cuenta bancaria en Nueva York para la empresa de transporte de caballos.

  El 15 de marzo de 2013, el empresario ordenó transferir USD 281.051 desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de una compañía de yates en el Distrito Sur de Florida, para la compra de un yate para Claudia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velázquez Figueroa.

   El 17 de mayo de 2013, Raúl Gorrín ordenó transferir USD 4 millones desde la cuenta bancaria de la Compañía 2 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida mantenida por una compañía de moda propiedad de Claudia Díaz y su esposo.

  El 29 de mayo de 2013, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 117.062,15 por obras de mejoramiento para su casa. El 6 de junio de 2013, el empresario ordenó transferir USD 117.087,15 desde la cuenta bancaria de la Compañía 2 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida para la empresa de mejoras para el hogar.

Confiscación de bienes

   La acusación contempla la confiscación de los siguientes bienes de los imputados:  1) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143; (2) 144 lsla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 3) 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny lsles Beach, Florida 33160; 4) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180; 5) 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146; 6) 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146; 7) 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146; 8) 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146; 9) 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146; 10) 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146; 11) 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146; 12) 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146; 13) 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146; 14) 20 W. 53 rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019; 15) 310 E. 53th Street, Apt 24C, Nueva York, Nueva York 10022; 16) 330 E. 57th Street, Apt 12, Nueva York, Nueva York 10022; 17) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y 18) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.




 

miércoles, 4 de noviembre de 2020

Claudia Díaz Guillén, Adrián José Velázquez y Raúl Gorrín, el trío que participó en el gran saqueo del tesoro venezolano

   El pasado 30 de octubre la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó cargos contra Claudia Díaz Guillén y su esposo, señalados de recibir sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit


Señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la extesorera nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez”, fue acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación de la fiscal Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Hace pocos días, circuló una información que asegura que Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

   Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

   En la actualidad, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, esperan la decisión de la Audiencia Nacional de España respecto a la solicitud de extradición que Venezuela ha formulado por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1].

  En una entrevista concedida a BBC Mundo, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: "Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado", criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. "El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos"[2].

La acusación

  El pasado 30 de octubre del corriente, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  La fiscalía precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.


 


 


 


 




[1] Tal Cual. “AP: Exenfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/


 


[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037