EE. UU. exige decomisar $100 millones a la enfermera y guardaespaldas de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa, obtenidos de sus operaciones criminales

Por Maibort Petit

 Los abogados de la extesorera del régimen venezolano, Claudia Díaz Guillén y el exguardaespaldas de Hugo Chávez, Adrián Velázquez, pidieron al tribunal federal de Fort Lauderdale que niegue la solicitud hecha por la Fiscalía de los Estados Unidos para que el tribunal emita una sentencia de decomiso de $100 millones de dólares provenientes de sus actividades delictivas.

  Díaz Guillén y Velásquez Figueroa se opusieron conjuntamente a la moción del gobierno de una sentencia de decomiso de dinero por considerarla "injusta".

 La defensa pidió—basado en la Regla 32.2, permite que los demandados tengan una audiencia para discutir la confiscación de sus bienes en este caso—la denegación de la moción de los fiscales estadounidenses.

 El Tribunal determina el monto de la sentencia monetaria “basado en la evidencia que ya está en el expediente, incluido cualquier acuerdo de declaración de culpabilidad por escrito y cualquier evidencia o información presentada por las partes y aceptada por el tribunal como relevante y confiable."

Más de $139 millones de ganancias ilícitas

 Los Demandados participaron en una conspiración mediante la cual Díaz Guillén—como tesorero de Venezuela— aceptó más de $100 millones en sobornos a través de su esposo, Adrián Velázquez, para que ella "le proporcionara a los conspiradores accedieran a tipos de cambio de divisas favorables al permitirles comprar bonos del Reino Unido con fondos del erario público venezolano".

 Como establecieron los fiscales en el juicio de los dos venezolanos corruptos, y como acredita el veredicto de culpabilidad del jurado, "el caso se trató de una conspiración que involucró dinero en efectivo escondido en cajas de cartón, compañías ficticias en el extranjero, transferencias electrónicas internacionales, cuentas bancarias suizas, aviones privados, yates, e incluso una empresa de moda de alta gama".

  Los fiscales probaron ante el jurado que hubo una conspiración que tenía como objetivo el lavado de dinero promociona, "Díaz Guillén y Velásquez Figueroa obtuvieron al menos $136.752.007,46 en pagos de sobornos".

 

  Los fiscales calcularon el monto de la sentencia sumando los montos de las planillas “AV” enviadas por Raúl Gorrín ($79.824.051,46), las cantidades que Gorrín envió desde su empresa Andiron a Invesco Capital Fund ($21,422,956) y los montos que Gorrín pagó por aviones privados para los Demandados ($35,505,000).

 De hecho, los fiscales dicen que no sumaron para la totalización del monto de la sentencia de dinero, "todas las facturas", porque hubo dos cantidades que no se contabilizaron en las hojas de cálculo AV y no se presentaron al jurado.

 La acusación contra Díaz y Velázquez se basa en una trama de corrupción ejecutada por Raúl Gorrín y otros, que planearon (y lo hicieron) comprar bonos del Reino Unido desde Venezuela y explotar la diferencia entre el precio de los bonos y tipos de cambio no oficiales. "Para concretar las operaciones los coacusado necesitaban sobornar sus contactos dentro de la tesorería venezolana".

Para Gorrín y sus socios ese “contacto” era Claudia Díaz y su marido, Adrián Velásquez.

  Los fiscales pidieron al juez evaluar los anexos presentados que se usaron para calcular el fallo monetario contra los dos exfuncionarios corruptos.

  En la moción de los fiscales alega que durante los tiempos en los que se produjo la conspiración, Venezuela tenía dos tipos de cambio de dólares a bolívares: no era el tipo de cambio oficial venezolano, que durante el período relevante fue de 4,3 bolívares por dólares y el otro era un "no oficial", "mercado abierto" o tipo de cambio del “mercado negro”.

 El tipo de cambio del mercado negro era fluctuante; por ejemplo, entre junio de 2011 y junio de 2012, osciló entre 8,25 y 9,47 bolívares por por dólar. Los conspiradores compraron bonos del Reino Unido utilizando bolívares venezolanos al tipo de cambio fijo, [esencialmente intercambiando bolívares por libras esterlinas], que luego se convirtieron a dólares estadounidenses.

Luego, los conspiradores cambiarían los dólares a bolívares utilizando el mercado negro más alto.

 El tipo de cambio permitió a los conspiradores (a veces) duplicar su dinero, al comprar bonos a la tasa legal, convertirlos a dólares y venderlos a la tasa del mercado negro, podrían hacer “grandes ganancias”.

A modo de ejemplo:

• Los conspiradores compraron un bono de $ 1 millón, utilizando el cambio fijo de 4,3 bolívares por dólar estadounidense, es decir, $4, 30 millones.

• Los conspiradores vendieron los dólares utilizando el tipo de cambio del mercado negro de 9,39 por dólar estadounidense, recibiendo 9,39 millones de bolívares;

• Como resultado de las transacciones, los conspiradores obtuvieron una ganancia de 5,09 millones de bolívares. Y en la medida que aumentaron las cifras de "inversión" (por ejemplo, bonos de £160 millones).

•Para lograr la aprobación de los dólares preferenciales, los conspiradores pagaron sobornos a Claudia Díaz Guillén, que tenía la potestad de aprobar dichas transacciones.

• En un esfuerzo por ocultar los sobornos que estaba recibiendo, el esposo de Claudia Díaz, Adrián Velázquez, actuó como intermediario de su mujer, aceptando los sobornos en su nombre.

•La Participación de los dos convictos en el Esquema de Intercambio del Tesoro de Venezuela fue notable porque Claudia Díaz era la tesorera de Venezuela después de otro funcionario corrupto y convicto por corrupción y violación de la Ley de Prácticas corruptas en el extranjero, Alejandro Andrade (aunque no de manera consecutiva).

•Mientras Alejandro Andrade era tesorero aceptó mil millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín, un corrupto milloanrio venezolano y otros.

•Cuando Gorrín sobornó a Andrade, no transfirió todo el dinero del soborno a las cuentas del exfuncionario. Por el contrario, Gorrín se aferró a la ganancia.

• Claudia Díaz aceptó la oferta de Raúl Gorrín que incluyó la trama corrupta de la compra de un bono de £160 millones, estafando con ello las finanzas públicas de los venezolanos.

1. Esquema de corrupción usado por Raúl Gorrín

 Según la evidencia, Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, buscó aliados de la oficina de tesorería nacional, para ofréceles grandes ganancias, a cambio que hicieran las transferencias a Suiza para la custodia gratuita de instrumentos financieros.

  Una vez que su banco tuviese la custodia de estos instrumentos financieros, ordenaba a los funcionarios de su banco que los vendieran. Debían tener listos a dos propietarios de bancos venezolanos que permitieran la recepción de grandes cantidades de bolívares.

 Las venta de los instrumentos en dólares a los banqueros o empresarios venezolanos, se hacía a precio del dólar libre. El Tesoro Nacional tenía que pagar el bono asignado en bolívares, al tipo de cambio oficial.

 En las instrucciones dadas por Gorrín a los exfuncionarios corruptos, hacía hincapié en que no debían hacer caso "a los daños colaterales de la economía venezolana" con la venta de dólares al precio del mercado dólar.

 En las instrucciones — dadas a conocer en las evidencias presentadas por los fiscales al jurado— Gorrín establecía que "en la tarea de intentar ser el único proveedor de dólares en el mercado venezolano, debes actuar sin escrúpulos". es decir, no debes importarle si los precios de los alimentos, medicamentos, los bienes o servicios aumentaban o no. "Eso es un problema de mercado".

 Gorrín prometió conseguir aliados políticos para defender a Claudia Díaz y a Andrade. "Con las ganancias obtenidas, compré el canal de TV (Globovisión), aseguradoras, casas de bolsa y bancos", e incluso, trató de entrar en el mercado petrolero".

 Gorrín contabilizó los pagos de soborno de Alejandro Andrade y pagó sus facturas tal como éste lo pidió.

 Después que Andrade renunció a la Tesorería de Venezuela, Gorrín le pidió que lo acercarse a Díaz Guillén "para ver si continuaba haciendo con ella las mismas transacciones de cambio monetario que estaba haciendo con él", y en ese sentido, le preguntó si la exenfermera de Chávez aceptaría sobornos de parte de Gorrín para darle prioridad en la compra de bonos.

 En marzo de 2011, Claudia Díaz, Adrián Velázquez y Alejandro Andrade se conocieron en persona en Wellington Florida. El encuentro fue negociado por Gorrín, para asegurar que Díaz. Guillén se convirtiera en tesorera de Venezuela.

 Andrade le planteó el "negocio" a Díaz, quien estuvo de acuerdo y comenzó a hacer los intercambios con Gorrín.

 Después de la reunión en Florida, Velázquez le dijo al entonces amigo y socios de negocios ilícitos. Maximillian Camino Berán que "la reunión fue muy bien y que Díaz probablemente sería la próxima tesorera de Venezuela, lo cual resultó ser correcto".

 Bajo el acuerdo de soborno que Gorrín acordó con Claudia Díaz, el 50% de las ganancias del esquema cambiario eran para la corrupta tesorera, el 25% para Gorrín, y el 25% para Alejandro Andrade.

 Díaz finalmente aceptó pagos de soborno de Gorrín para adjudicar a Gorrín y sus empresas. el derecho a comprar bonos del Reino Unido del tesoro venezolano. Vale destacar que el fisco venezolano podía aceptar o rechazar ofertas de compra de bonos.

 Andrade ingresó al esquema con Díaz y Gorrín, mientras era tesorero, Díaz se reunía semanalmente con Gorrín y con Gustavo Perdomo —quien es cuñado y socio de Gorrín— y por su parte, Velázquez se reunía con Gorrín y Perdomo de dos a tres veces por semana.

 Además, había dos o tres encuentros por semana entre Velázquez y Moisés Ricardo Zapata Ruiz—guardaespaldas de Díaz—que era el encargado de recoger cajas que le enviaba Raúl Gorrín. En dos ocasiones, Zapata vio las cajas abiertas—una que abrió el propio Velázquez, y según su testimonio "estaban llenas de dinero en efectivo".

2. Lavado de dinero proveniente de los sobornos por parte de Díaz Guillén y Velázquez

 Después que Díaz se convirtió en tesorera de Venezuela, ella y su marido cambiaron su estilo de vida “de manera radical", volviéndose "exuberantes" con "muchas propiedades" y "muchos vehículos".

 El jurado también condenó a los demandados por conspiración para cometer lavado de dinero, proveniente de los sobornos que les pagó y les blanqueó Raúl Gorrín.

 Gorrín financió—entre otras compras y pagos a favor de Díaz y Velázquez— 3 jets privados, 2 yates (el Oro y Sean), la empresa de ropa de los demandados (Patric Love), bienes inmuebles, fincas y de10 a 14 vehículos.

 Gorrín hizo pagos a Díaz y Velázquez a través de una variedad de compañías de su propiedad, incluidas las siguientes:Andiron, IBCDB, Bell Site Overseas, Vineyard Ventures, Mahogany, Comercial y Cabo Occidental.

 Gorrín compró tres aviones privados para Díaz y Velázquez, dos de los aviones fueron costaron $5.7 millones y $23.4 millones.

 Otro pago hecho por Gorrín a Díaz se realizó bajo unos contratos identificados como FOREX, firmados por la extesorera. Velázquez ordenó a Unique Jet Aviation que facturara a Gorrín por la compra de un jet privado un total de $6,405,000.

 Los fiscales mostraron las facturas de los pagos de Gorrín a Patric Love, MJ Box Tool, usando las empresas como Interglobal Yacht Sales a Interglobal Yacht Sales y Unique Jet Aviation.

Una de las empresas a través de las cuales los Demandados recibieron los pagos de los sobornos fue Invesco. "Invesco fue sociedad constituida en Panamá por Maximilian Camino, con Velázquez como oficial y accionista".

 Invesco no brindó ningún servicio, no tenía empleados, y no producía ningún producto.

 Velázquez era un signatario autorizado en la cuenta bancaria de Invesco, donde se recibieron únicamente dinero de las coimas.

Velázquez también usó la cuenta de correo electrónico "InvescoCF@gmail.com" como su dirección de correo electrónico en la trama de corrupción.

 Velázquez dispuso que Gorrín pagara los sobornos a través de Invesco. "Para ocultar los sobornos, Maximilian Camino redactó un documento que decía que Velázquez recibió un ingreso anual de $12 millones a través de la firma Invesco".

"En realidad, Velázquez no hizo “nada” para ganar el supuesto salario de $12 millones", dijeron los fiscales.

 Aproximadamente, en octubre de 2012, Maximilian Camino transfirió todas las acciones de Invesco a Velázquez, y a su hermano, a pedido de Velázquez, "porque quería controlar su dinero".

 De manera similar, a petición de Velázquez, Maximilian Camino transfirió el control sobre la cuenta bancaria su socio corrupto.

 Otra empresa a través de la cual Claudia Díaz y su marido recibieron las ganancias de los sobornos fue MJ Box Tool. Velázquez compró MJ Box Tool, una pequeña empresa venezolana de servicios petroleros, en 2012 en para “canalizar el dinero de los sobornos”, de acuerdo a los fiscales.

 Velázquez abrió una cuenta a nombre de la firma MJ Box Tool en en el banco BSI de Suiza. En el tinglado de corrupción también usaron cuentas de Gorrín en Andiron Corp SA en Western Cape.

 En las transferencias había más de $50 millones en activos y esperaban recibir $95 millones en los primeros 12 a 18 meses de "la relación" bancaria.

Y al 31 de diciembre de 2012, MJ Box valía aproximadamente 98,8 millones de dólares.

Los acusados también crearon Patric Love, una empresa de ropa o “couture”, que sería manejada por Díaz después que salió de la oficina de la Tesorería.

 Para "lanzar" Patric Love, los acusados recibieron $4 millones de Gorrín a través de Andiron Corp SA.

 Para rastrear los pagos de sobornos y dar cuenta de los montos que debían a los Demandados (de la misma manera que hizo para Andrade), Gorrín creó hojas de cálculo, que enviaba periódicamente por correo electrónico a los acusados a través de Velázquez.

3. Los Demandados Recibieron al Menos $136,752,007. 46 en pagos de Sobornos

 El testimonio y las pruebas documentales en el juicio establecieron que los acusados recibieron al menos $136.752.007,46 en moneda estadounidense en pagos de sobornos basados en registros bancarios que documentan las transferencias.

 Mientras los Demandados trataban de disfrazar este pago de soborno como el pago de un préstamo, María Mercedes Matsuo testificó que nunca le dijeron que el pago se basaba en un préstamo o que tendría que devolverlo.

 La testigo, que era la encargada de la empresa de ropa de Díaz, aseguró que su firma fue tomada de su pasaporte para falsificar los documentos del préstamo.

 El jurado acreditó el testimonio de la Sra. Matsuo y no creyó que el pago de $4 millones fuera un pago de préstamo.

 Según las hojas de cálculo AV de Raúl Gorrín los demandados se hicieron acreedores de ($79.824.051,46), más ($35,505,000).

 En el juicio, la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Brittney Suárez testificó sobre los documentos bancarios recibidos de Suiza.

 Mirando la cuenta bancaria suiza de Invesco, la agente especial Suárez dijo que las siguientes transferencias electrónicas (por un total de $ 21,422,956) fueron hechas desde las empresas de Gorrin a la cuenta Invesco:

• El 18 de octubre de 2011, $4.134.806,00 de Vineyard Ventures a Invesco, y

• El 26 de enero de 2012, $17.288.150,00 de Bellsite Overseas a Invesco.

 Y finalmente, después de que se cerró la cuenta de Invesco, todos los montos en esta cuenta de Invesco se transfirieron a MJ Box Tool.

 Asimismo, Jailyne Padrón, una contadora forénse de Deloitte que trabaja para HSI, revisó las hojas de cálculo “AV” contenidas en los Anexos de la fiscalía y preparó un cuadro resumido de sobornos que Gorrín pagó a los Demandados, y que aparecen en su propia contabilidad.

 Además, la agente especial Suárez testificó sobre dos cables adicionales en la cuenta bancaria suiza: el 12 de octubre de 2011, $ 1,399,898.02 y el 16 de abril de 2012, $3.840.000,00.

 Si bien las transferencias contenían ganancias de sobornos, eran transferencias entre las cuentas de Invesco y no está claro si estas cantidades se contabilizaron en otra parte.

 Los fiscales no utilizaron estos últimos montos en el cálculo de la sentencia monetaria que pidieron al juez.

 Los fiscales mostraron unas piezas de evidencia que prueban que la cuenta bancaria de MJ Box Tool se cerró y todos los montos se transfirieron a una cuenta a nombre de Niham Corp. Aclararon que el anexo de esta transferencia no fue admitido en el juicio, pero aún puede ser considerado por el juez para revisar el monto de la sentencia.

 Gorrín compró tres aviones para los Demandados: números de matrículas: N90RZ, N64AV y N452AC. "Esos aviones, en total, cuestan $35,505,000". 

La compra de N90RZ fue por $6,405,000, el N64AV por $5,700,000 y la compra de N452AC por $23,400,000.

 En las hojas de cálculo de Gorrín, revisadas por los testigos de la fiscalía, no se contabilizaron la compra de los tres aviones (o yates que compró para su beneficio, incluidos los Oro o Sean).

 Con base en el registro de este caso, el valor total de las propiedades involucradas en los delitos de lavado de dinero de la conspiración de Díaz Guillén y Velázquez y que debe ser objeto de la condena monetaria es de $ 136,752,007.46.

 En el documento, los fiscales dicen que Estados Unidos no ha podido localizar todos los bienes directamente decomisables a Díaz y Velázquez.

 En el cálculo de la sentencia no se incluyen los dos yates (Oro y Sean) debido a la naturaleza poco clara de cómo los barcos fueron financiado. Por tanto, el cálculo del Gobierno es conservador ya que los bienes decomisables no pueden localizarse mediante el ejercicio de la debida diligencia, y hasta ahora no se ha podido determinar si los mismos fueron transferidos, vendidos o depositados con un tercero; o fueron colocados fuera de la jurisdicción de la Corte.

 E Los fiscales piden al juez que "la Corte debe dictar el proyecto de resolución adjunto, en el que se dispone al registro de una sentencia de decomiso de dinero contra los Demandados; la inclusión del decomiso como parte de la sentencia, la condena de los acusados en este caso; y el permiso para llevar a cabo el descubrimiento para localizar los bienes ordenados decomisados.

Díaz y Velázquez no quieren entregar el dinero ni las propiedades

 Los dos exfuncionarios corruptos exigen al juez negar la petición del gobierno de una sentencia de decomiso por más de cien millones de dólares, argumentando que dicha solicitud viola la cláusula de multas excesivas de la Octava Enmienda. (United States v. Seher).

 Alegan los abogados de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa que una jurisprudencia de la Corte Suprema en Honeycutt vs. United States, 137 S. Ct. 1626 (2017) prohíbe que el gobierno solicite la sentencia monetaria de más de cien millones de dólares y prohíbe que el gobierno atribuya esa misma cantidad a cada Demandado como responsable solidario.

 Igualmente, argumentan que una condena, por sí sola, no autoriza al gobierno a obtener una sentencia monetaria de más de cien millones de dólares. "Aquí, es responsabilidad del gobierno probar el monto del decomiso mediante una preponderancia de la evidencia", dice la defensa.

  

¿Por qué el tribunal de EE. UU. negó la petición de sentencia absolutoria o nuevo juicio a la enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa ?

   El juez William P. Dimitrouleas, del tribunal federal de Fort Lauderdale, confirmó que la sentencia de los dos exfuncionarios chavistas corruptos se leerá el 17 de abril de 2023.

Por Maibort Petit

   La corte federal de Florida negó hoy una petición hecha por la enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa, para obtener una sentencia absolutoria o un nuevo juicio. Ambos exfuncionarios del régimen venezolano fueron hallados culpables de delitos de lavado de dinero y recibimiento de sobornos de operadores chavistas como Raúl Gorrín y otros sujetos que también han sido acusados por el gobierno de Estados Unidos.

  La ex tesorera nacional de Venezuela y su esposo, quien fungió como exjefe de seguridad de Hugo Chávez, fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juicio en EEUU. Ambos serán sentenciados el próximo 17 de abril de 2023. Inicialmente, la lectura de la condena estaba pautada para el 21 de septiembre pero atrasó la fecha a petición de la abogada de la defensa.

  El 13 de diciembre de 2022, el jurado halló culpable a Díaz Guillén de dos de los tres cargos que se le imputaron y a Velázquez Figueroa culpable de los tres cargos.

  Los abogados de Guillén y Velázquez trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara el argumento de que el Gobierno estadounidense carecía de “jurisdicción extraterritorial” en este caso. 

  La acusación federal alega que Raúl Gorrín Belisario, prófugo de la justicia estadounidense, pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos —Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño, que también fue tesorero nacional— para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables y en detrimento del Estado venezolano. 

   Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente pagó gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.

  Alejandro Andrade Cedeño—que antes de ser tesorero nacional, fue guardaespaldas de Chávez y había fijado su residencia en EEUU después de su muerte— se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, que comenzó a cumplir en febrero de 2019, según lo acordado. Luego le rebajaron la condena y salió en libertad en febrero del 2022 y hasta ahora permanece en territorio norteamericano.

  Como parte del acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias

   Díaz Guillén y Velázquez Figueroa sometieron a consideración del tribunal una Solicitud Conjunta de Sentencia Absolutoria o Nuevo Juicio el  20 de enero de 2023 . 

  La Corte informó que para tomar la decisión negatoria contra los dos convictos, revisó cuidadosamente la respuesta del Gobierno del 10 de febrero de 2023 y la de los Demandados del 8 de marzo de 2023.

   La decisión del juez se basa en los siguientes puntos:

1. El 16 de agosto de 2018 fue imputado Raúl Gorrín Belisario quien hasta el momento sigue prófugo de la justicia. El 15 de diciembre de 2020, se dió a conocer una segunda Acusación contra Gorrín, que incluyó  a Díaz Guillén y  Velázquez Figueroa como conspiradores. 

 El juez William P. Dimitrouleas recordó que Díaz Guillén y Velázquez Figueroa fueron acusados de Conspiración para Cometer Lavado de Dinero y los Cargos (9 y 10): Lavado de Instrumentos Monetarios. 

 El delito de conspiración ocurrió entre 2008 y 2017. El cargo 9 ocurrió el 15 de marzo de 2013 y el cargo 10 ocurrió el 17 de mayo de 2013.

2. El 13 de mayo de 2022 compareció ante el tribunal Díaz Guillén, luego de haber sido extraditada desde España. 

3. El 12 de julio de 2022, el Tribunal denegó la Solicitud Conjunta de Desestimación de los Cargos 2, 9 y 10 de Díaz Guillén. 

4. El 3 de octubre de 2022, la fiscalía presentó una Notificación de presentación clasificada  y un aviso el 13 de octubre de 2022.  

  El Tribunal llevó a cabo una revisión a puerta cerrada con las partes y emitió una orden.

5. En documentos separados, el 14 de octubre de 2022 compareció ante el Tribunal, Adrián Velázquez Figueroa, luego de haber sido extraditado de España. 

6. El 18 de octubre de 2022, el Tribunal denegó una Moción para excluir a William Luther como testigo, una Moción para Desestimar el testimonio, una Moción para Desestimar el Cargo 9 y otra para Desestimar los Cargos 2, 9 y 10.

7. El 13 de diciembre de 2022, luego de un juicio de trece (13) días, ambos acusados fueron declarados culpables de los Cargos 2 y 10; Velázquez Figueroa fue solamente declarado culpable del Cargo Nueve. 

8. En petición de solicitud de sentencia absolutoria, Díaz Guillén y Velázquez Figueroa sostienen que:

A. No hubo pruebas suficientes para los Cargos 2, 9 y 10 porque Díaz Guillén nunca realizó un “acto oficial”1; su aprobación fue puramente ministerial, no similar a una demanda ni a la adjudicación de un contrato gubernamental. 

  En ese sentido, el Tribunal determinó que había suficiente evidencia circunstancial de que Díaz tenía la autoridad para aprobar la venta de bonos y utilizó esa autoridad para tal fin. "De hecho, el testimonio de Díaz apoyó esa conclusión. En consecuencia, no procede ningún desagravio", dice la orden del juez.

B. Fue un error instruir al Jurado en los Cargos 2, 9 y 10 de que las violaciones de la FCPA podrían ser una actividad ilegal específica porque Raúl Gorrín no era una preocupación doméstica; él era simplemente un dueño de propiedad residencial en la Florida y no un residente permanente. 

  Sobre este argumento, el Tribunal determinó que le correspondía al jurado decidir si el tiempo que Raúl Gorrín pasaba en la Florida, los viajes frecuentes a los Estados Unidos, el registro de empresas en Florida, etc. De hecho, la apertura de cuentas bancarias era suficiente para considerarlo residente. 

 Además, los Demandados sostienen que no había pruebas suficientes de que Raúl Gorrín participara de manera corrupta en la actividad necesaria mientras estaba en los Estados Unidos. Aquí, el Tribunal determina que hubo suficiente evidencia circunstancial de reuniones en los Estados Unidos y correos electrónicos de él mientras estuvo en suelo norteamericano.

  Además, —aclara el fallo del juez—no se requiere que Díaz Guillén o Velázquez Figueroa hayan estado físicamente presentes en los Estados Unidos para cometer el delito.

  Resalta el juez que varios testigos: Andrade, Matsuo, Brakha, Zingg y Camino testificaron ante el jurado que  las actividades del acusado mientras estuvo en los Estados Unidos. "En consecuencia, no procede ningún desagravio", advirtió.

C. La prueba del Cargo 10 fue insuficiente donde Díaz Guillén ya no era tesorero. El Tribunal fallará de manera consistente con las denegaciones previas de las mociones de la Regla 29, por lo tanto, ningún alivio es apropiado.

D. En el Cargo 2, no hubo evidencia suficiente de que ocurrió un acuerdo ilegal en los Estados Unidos. Aquí, la Corte encuentra que hubo suficiente evidencia circunstancial para sustentar la condena.

E. En cuanto a los Cargos 2, 9 y 10, no hubo pruebas de que los delitos de lavado de dinero fueran independientes de las actividades ilícitas especificadas contrarias a U.S. v. Christo, 129 F. 3d 578, 579 (11th Cir. 1997). El Tribunal considera que Christo es distinguible. En consecuencia, no procede ningún desagravio.

  En la decisión de la corte, se señala que "cuando Díaz Guillén decidió testificar, puso en duda su credibilidad". Es decir, el jurado tenía derecho a no creer en su testimonio cuando la acusada negó la criminalidad y, por ende, se considera como evidencia sustantiva.

¿Por qué se negó la solicitud de un nuevo juicio? 

Los Demandados se argumentan lo siguiente:

A. Correos electrónicos y resumen, que contiene rumores, se introdujeron incorrectamente como evidencia. 

  El Tribunal admitió debidamente la prueba y falló conforme a las sentencias en juicio; por lo cual, es denegado.

B. Fue un error que el tribunal no permitiera que el abogado defensor participara en el proceso de CIPA. 

   El Tribunal fallará de manera consistente con sus órdenes anteriores. Denegado.

C. Alejandro Andrade debió ser excluido como testigo. No se ha demostrado ningún abuso de discreción. Su credibilidad era para que el jurado decidiera.

D.  El testimonio de Maximilian Camino fue falso. 

 El Tribunal determina que le correspondía al jurado sopesar su testimonio. Denegado.

Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa, la enfermera y el escolta de Hugo Chávez, fueron declarados culpables por un jurado en EE. UU.

Por Maibort Petit 

  Un jurado federal de estado de la Florida emitió un veredicto de culpabilidad este martes, contra la enfermera y el escolta de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa. La pareja fue convicta por cargos de conspiración de lavado de dinero relacionados con un esquema ilegal de cambio de moneda extranjera que generó $ 100 millones en ganancias, que se usaron para comprar yates, aviones privados y otros lujos.

   Después de aproximadamente tres horas de deliberaciones, el jurado encontró a la extesorera de Venezuela, Díaz Guillén culpable de cargos de conspiración para lavado de dinero y un cargo de lavado de un instrumento monetario. La mujer fue declarada no culpable de un cargo de lavado de dinero relacionado con una transferencia bancaria en marzo de 2013 de más de $281,000 desde Suiza a una cuenta bancaria en el sur de la Florida. 

  El mismo jurado encontró a Adrián Velásquez Figueroa, culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y dos cargos de lavado de instrumentos monetarios.  

  La pareja enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión.

  Según los fiscales federales, Adrián Velásquez habría sido un intermediario para que su esposa y Raúl Gorrín Belisario recibiera alrededor de $100 millones en ganancias de la venta de bonos, mientras que Díaz fue tesorero de 2011 y 2013.

  Velásquez y Díaz fueron extraditados de España a EE. UU. en 2021, mientras que Gorrín, quien también está imputado en el caso, sigue prófugo. El juicio de los acusados comenzó el 28 de noviembre.

  Los fiscales dijeron que Díaz, la ex enfermera personal de Hugo Chávez, y Velásquez, un oficial de inteligencia militar en el destacamento de seguridad personal de Chávez, pasaron inmediatamente de ocupar puestos en el gobierno a vivir una vida de lujo como resultado de una conspiración urdida entre ellos, Gorrín y Alejandro Andrade. antecesor de Díaz.

      Díaz Guillén ejerció como Tesorera Nacional de Venezuela en sucesión a Alejandro Andrade, mientras que su esposo fue jefe de seguridad del finado mandatario. En el ejercicio de estas funciones, la acusada y su cónyuge habrían recibido unos USD 65 millones en sobornos por parte de Gorrín.

   Las defensas de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa pidieron al tribunal, en el marco del juicio que concluyó este martes, que se desestimara la acusación y que el juez declarara el juicio nulo. 

  El abogado de Velázquez Figueroa planteó que su cliente es rico, pero no de manera ilegal, que la fortuna es producto de una extensa red de negocios legalmente establecidos, y que los millones de dólares que, según los fiscales, viene de de la corrupción, realmente llegaron a sus arcas después que la acusada saliera de su cargo como tesorera de la nación. 

  El 'consorcio' de empresas de Adrían Velázquez incluye una panadería, una escuela de buceo y un contrato con una empresa de extracción de petróleo, entre otros.

    La argumentación del abogado Andrew S. Feldman del escritorio jurídico Feldman Firm PLLC dejó perplejos a los fiscales encargados de la investigación que ha durado años, y que contó con la testificación de uno de los principales actores del esquema de corrupción que se ejecutó para esquilmar más de 2.800 millones de dólares a las arcas del tesoro venezolano, Alejandro Andrade. 

   El juicio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa está en la etapa final, luego de dos semanas de audiencias con el jurado donde han testificados varios testigos de la fiscalía, incluyendo al extesorero corrupto, Alejandro Andrade Cedeño, quien fue condenado, y tras su colaboración con los fiscales, se convirtió en testigo estrella de este caso.

  Durante los argumentos finales, los fiscales detallaron lo que dijeron que era evidencia de una conspiración entre Díaz y Gorrín que le permitió continuar comprando bonos del Tesoro del Reino Unido a una tasa baja del Tesoro de Venezuela y revenderlos por dólares estadounidenses con una ganancia en el mercado abierto, lo que resultó en cajas llenas de dinero en efectivo y compras de artículos caros, según los fiscales.

  Díaz Guillén presuntamente recibió una parte del 50% de las ganancias, que según los fiscales eran esencialmente sobornos, mientras que Gorrín dividió su mitad con Andrade a cambio de negociar la reunión.

  Los fiscales presentaron pruebas de las transacciones bancarias y electrónicas, registros de la compañía y registros de vuelos y cruces fronterizos que muestran las llegadas de Díaz, Velásquez, Gorrín y otros compañeros. conspiradores al sur de Florida en marzo de 2011, todo lo cual, según el gobierno, demostró ser una conspiración para lavar dinero de sobornos.

  Además de violar la ley estadounidense, los fiscales dijeron que los acusados violaron la ley venezolana al aceptar "dinero indebido" con la intención de violar sus deberes oficiales.

Notas del juicio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa: Continúa el juicio por corrupción y lavado de dinero de los exfuncionarios chavistas (I)

  Luego que el panel escuchó los testigos y las evidencias de la fiscalía, y los de las defensa, le tocará deliberar sobre las evidencias y emitir un veredicto que marcará el destino de los acusados, y de sus socios. Existe una campaña de desprestigio en contra de los abogados del gobierno estadounidense por parte de Raúl Gorrín, uno de los acusados en esta trama de corrupción que se encuentra fugitivo de la justicia y de sus agentes mediáticos.

Por Maibort Petit

  Desde el pasado 28 de noviembre, el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Fort Lauderdale se desarrolló el juicio contra Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez” y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex-guardaespaldas del finado mandatario. Durante dos semanas, los fiscales expusieron ante el jurado más de un millar de pruebas, entre testimonios y documentos de diversa índole, con miras a demostrar a los 12 miembros del jurado que la pareja es culpable de los delitos de lavado de dinero, corrupción y violación de la Ley de Prácticas corruptas en el extranjero. 

  Una rocambolesca historia en la que soldados del ejército venezolano, pasaron de ser simples oficiales y allegados de confianza de Hugo Chávez, a miembros del alto gobierno que terminaron embolsillándose descomunales cantidades de dinero que, en unos casos sumaron los mil millones de dólares y en otros, como el de los acusados se refiere, supuestamente USD 65 millones.

 Acusados en 2020, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa presuntamente continuaron a cargo de una trama urdida por su antecesor en la tesorería venezolana, Alejandro Andrade, con un grupo de empresarios entre los que destaca Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, prófugo de la justicia de EE. UU.

  Gorrín pagó sobornos por el orden de los USD 4,2 millones en un esquema de corrupción donde sobresalió Claudia Díaz Guillén, y que según los fiscales los recibía a través de la intermediación de su marido. 

   Gorrín, quien se encuentra en estatus de fugitivo de la justicia de EE. UU. por este y otros casos de más de crímenes financieros, se valía de compañías fantasma bajo su control para realizar pagos a las cuentas en Miami que habrían servido para el enriquecimiento de los acusados.

  En la Corte, presidida por el juez federal, William P. Dimitrouleas, los fiscales acusaron a Díaz Guillén y a su marido Adrián Velázquez de delitos de corrupción y conspiración instrumentada para esquilmar dinero público, y lavarlo en el sistema financiero norteamericano. 

 La fiscalía estadounidense acusó a Díaz Guillén y a Velásquez Figueroa de quebrantar la ley cuando enviaron fondos irregulares a Estados Unidos y mediante transferencias bancarias que daban cuerpo a la trama de corrupción instrumentada por los acusados. Ambos violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero que otorga a EE. UU. jurisdicción para enjuiciar a funcionarios y sus agentes aliados que muevan recursos robados en el sistema financiero norteamericano.

 Los fiscales explicaron al jurado que Raúl Gorrín, entre 2011 y 2013, pagó sobornos a los demandados a cambio del otorgamiento de divisas a precio preferencial que después eran vendidas a precios de mercado negro reportando millonarias ganancias.

  En este caso testificó por la fiscalía, Alejandro Andrade Cedeño extesorero de Venezuela, el supervisor de la Patrulla Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos, Reynaldo García; la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Brittney Suárez; el abogado y director financiero de Insured Aircraft Title Service, con sede en Oklahoma, Greg Luster, entre otros, llamados a rendir testimonio que corrobore los cargos formulados contra los acusados.

  Reynaldo García contó al jurado que Claudia Díaz Guillén y Velázquez Figueroa, viajaron con los hijos de Gorrín a los Estados Unidos, según dan cuenta los registros de pasajeros. 

  Por su parte, Greg Luster explicó a los jurados cómo se hacen los procedimientos de transferencia de propiedad parcial de un avión comercial de acuerdo a las leyes vigentes en los Estados Unidos.

   Asimismo, la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Brittney Suárez testificó acerca de 180 páginas de correos electrónicos y otros documentos que conectan a Raúl Gorrín con una de las empresas involucradas en la venta de aeronaves.

  Una sorpresa se produjo en el juicio cuando Maximillian Camino Berán, un directivo de medios de comunicación venezolano, subió al estrado y dio cuenta de un supuesto soborno del que hasta ahora no se tenía noticia. La defensa objetó y pidió al juez no admitir este testimonio sobre supuestas coimas entregadas por él a Díaz Guillén cuando se desempeñó como tesorera.

El testigo estrella

  Alejandro Andrade,  quien fue compañero de armas de Hugo Chávez e integrante de su círculo íntimo, cuando era tesorero nacional de Venezuela aceptó más de $1.000 millones en sobornos que le pagó Raúl Gorrín para que aprobara millonarios negocios ilegales que en deterioro de las finanzas públicas de la República. El ahora convicto— luego de declararse culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero y de delatar a los otros miembros de la conspiración— se convirtió en testigo estrella de la fiscalía en el juicio de la “enfermera” y su marido.

 Su testimonio de Andrade Cedeño ante el jurado, fue usado por la fiscalía para contextualizar su acusación contra Díaz Guillén y Velásquez Figueroa. Además de los testimonios, los fiscales mostraron más de un millar de evidencias que buscan probar, más allá de la duda razonable, que los acusados son culpables de los delitos acusados y que merecen pagar por sus crímenes que causaron daño a millones de venezolanos y al sistema financiero de EE. UU.

  Cumpliendo fielmente con este papel, Andrade, en el estrado de la Corte de Fort Lauderdale, echó mano, primero, de la retórica chavista para advertir que le era “leal” a Hugo Chávez, habiendo ido en su contra al asumir la conducta corrupta que lo llevó a hacer operaciones de canje de divisas lucrativos con empresarios corruptos adinerados. 

 Andrade aceptó que fue él quien dio inició a la trama cuando ejerció como tesorero nacional de Venezuela, irregularidades que luego continuaron en manos de la acusada y su marido a quienes habría reclutado para que prosiguieran con el esquema corrupto que enriqueció a la élite cercana al poder chavista en Venezuela.

  Andrade narró cómo durante el tiempo de su gestión en la tesorería venezolana, aceptó millones de dólares en sobornos de parte de empresarios aliados del chavismo, a objeto de que les diera acceso a las divisas otorgadas a precio preferencial durante la vigencia del riguroso control de cambios impuesto en Venezuela en toda la gestión de Chávez y buena parte de la de su sucesor, Nicolás Maduro. 

 Explicó Andrade frente al jurado que el diferencial cambiario—  obtenido como ganancia irregular por la venta en el mercado negro de los dólares obtenidos del gobierno— les permitió amasar descomunales fortunas a los integrantes de esta trama de corrupción.

  Especificó que hizo tratos con tres empresarios a quienes permitió cambiar bolívares a dólares estadounidenses a una baja tasa para luego ser vendidos en el mercado negro. Las jugosas ganancias obtenidas con esta operación irregular, eran compartidas a partes iguales. Así ocurrió, incluso, cuando Chávez cerró las casas de cambio en Venezuela.

  Ante los doce miembros del jurado, el también conocido como “Tuerto Andrade” negó, al ser cuestionado por los abogados de la defensa, haber establecido un trato para abandonar Venezuela en razón de una supuesta traición al difunto Chávez.

 Andrade Cedeño contó que, además de tesorero nacional, desempeñó conjuntamente la presidencia de un banco estatal y cómo, desde estas altas posiciones, logró relacionarse con personas influyentes del mundo económico, entre los que señaló a Jean Paul Rivas, Leonardo González Dellán y Raúl Gorrín Belisario, quienes fueron los tres empresarios convertidos en sus socios en el corrupto negocio de la entrega de dólares preferenciales para llevar a cabo con ellos las operaciones de reventa en el mercado secundario.

  Refirió que, si bien continuó haciendo negocios con Gorrín Belisario aun después de dejar la tesorería, no fue así con González Dellán. Explicó que este último daba cuenta de los pagos de los sobornos que le realizaba en servilletas de bar. Eso sí, advirtió que en ellos nunca se usaba la palabra “soborno” sino “trabajo”. “Esa es una palabra que implica un delito y no se debe decir”.

  El ahora cooperante con la justicia, dijo que le había entregado al gobierno de EE. UU. USD 1.000 millones obtenidos con las corruptas operaciones, incluyendo USD 250 millones que fueron entregados en efectivo. Dijo que, lamentablemente, los restantes USD 750 millones aún están en manos de sus financistas y nunca podrán ser recuperados.

  Pero la cosa no se quedó únicamente en dinero, pues por sus labores de facilitación también recibió pago en especies, entre ellos tres aviones privados, una granja de caballos en Wellington, un criadero de perros, sobres llenos de dinero en efectivo y un yate.

El listado de pruebas

  Entre las últimas diligencias del proceso judicial, el 8 de diciembre de 2022, los abogados Marissel Descalzo y Andrew S. Feldman, presentaron de manera conjunta ante Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la tercera lista de pruebas de sus representados, Claudia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa.

  El listado enumera 80 documentos que la defensa presentó como evidencias que incluyen el resumen del trabajo militar de Adrián Velásquez, la sentencia modificada de Alejandro Andrade, el acta de entrega de Claudia Díaz, certificados bancarios, resoluciones de gobierno, fotografías, entre otros.

Juicio en Florida: Con más de un millar de evidencias EE. UU. buscará probar la corrupción de enfermera de Chávez y el escolta

   El testimonio de Alejandro Andrade dará contexto al amplio listado de evidencias.

Por Maibort Petit

  Al iniciarse este lunes 28 de noviembre las audiencias de juicio contra la extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la fiscalía homónima busca comprobar los delitos de lavado de dinero que se les imputa con un arsenal que incluye 1.171 evidencias, de acuerdo al listado difundido por el gobierno.

  Díaz Guillén y Velásquez Figueroa son señalados de integrar una trama de corrupción que permitió al supuesto cabecilla de la misma, a saber, Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, amasar una fortuna de miles de millones de dólares a la sombra del sistema de control de cambio imperante en Venezuela. Esto habría ocurrido, tanto en la administración del finado expresidente, Hugo Chávez, como de su sucesor, Nicolás Maduro, cuando de facto fue liberado en los últimos años de su gobierno. A través del diferencial cambiario el empresario se habría hecho de las millonarias ganancias que supuestamente fueron lavadas en el sistema financiero y el mercado inmobiliario de los Estados Unidos.

  Los acusados, señalados de recibir sobornos millonarias —calculadas en USD 65 millones— por parte de Gorrín, las cuales, igualmente, habrían sido lavados en el sistema financiero de EE. UU.

 En las 22 páginas del extenso listado de pruebas, se incluye el testimonio de expertos en economía, fotografías, facturas, correos electrónicos, comprobantes de depósito y transferencias bancarias, chats, leyes y resoluciones de gobierno venezolanas, el gobierno cree que hay suficientes elementos que les permitirán comprobar que Claudia Díaz Guillén continuaron la trama de corrupción que Gorrín presuntamente comenzó con su antecesor en el cargo, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable de la comisión de delitos de lavado de dinero que ahora colabora con la justicia.

  Y sería, precisamente, el testimonio de Andrade, convertido en testigo estrella de la fiscalía en este juicio, el que ayudará a darle contexto al voluminoso legajo de evidencias que se presentarán ante el juez de la causa y el jurado, aspirando con ello los fiscales que este último declare la culpabilidad de los acusados. 

  Cabe destacar los múltiples esfuerzos de Díaz y Velásquez para evitar que los fiscales suban al estrado a Alejandro Andrade, alegando para ello la violación de los procedimientos de ley y el debido proceso. Una argumentación que no fue aceptada por el Tribunal que declaró la inadmisibilidad de la moción presentada por la defensa para ello.

  Por su parte, como ya lo hemos señalado en entregas anteriores, la defensa presentará ante la Corte y el jurado 57 documentos que, de acuerdo a su visión de los hechos, comprobarían la inocencia de sus representados. 

¿Cómo la fiscalía de EE. UU. busca probar que Claudia Díaz Guillén y su esposo lavaron millones de dólares provenientes de sobornos pagados por Raúl Gorrín?

  En este proceso, Alejandro Andrade, extesorero de Venezuela, se perfila como el testigo estrella del gobierno.

Por Maibort Petit

  Tal como estaba previsto este lunes 21 de noviembre se dio inicio al enjuiciamiento de Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez”, así como de su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, acusados de formar parte de una trama de corrupción que, a la sazón del sistema de control de cambio imperante en Venezuela a lo largo de la gestión de gobierno de Hugo Chávez y liberada de facto únicamente en los últimos años del gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro, supuestamente permitió millonarias ganancias con el diferencial cambiario a Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión. 

        Imagen del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

  Será el próximo 28 de noviembre cuando tenga lugar la primera sesión del juicio con las declaraciones de apertura en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, constituyéndose en el primer proceso de los múltiples que involucran a acusados venezolanos en actividades de lavado de dinero, que se dilucide en las salas de la corte, pues la tendencia hasta ahora había sido la admisión de culpa por parte de los involucrados.

  Díaz Guillén ejerció como Tesorera Nacional de Venezuela en sucesión a Alejandro Andrade, mientras que su esposo fue jefe de seguridad del finado mandatario. En el ejercicio de estas funciones, la acusada y su cónyuge habrían recibido unos USD 65 millones en sobornos por parte de Gorrín, correspondiéndole a la fiscalía a partir del próximo lunes, probar estos hechos ante el jurado.

  El pasado 18 de octubre de este año 2022, el juez de la causa, William P. Dimitrouleas, le dio entrada al acta sin papel de los procedimientos llevados a cabo hasta la citada fecha, los cuales, a saber, sirvieron para considerar en conferencia de estado, una serie de mociones de la defensa dirigidas a solicitar la exclusión de evidencia y de testigo del gobierno, así como para desestimar los cargos 2, 9 y 10 de la acusación por estimarlos prescritos con retraso previo. Estas acciones de los abogados de Díaz Guillén se formularon por considerar que se violaron el debido proceso establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Luego de escuchadas las partes y sus alegatos, el magistrado negó las mismas. Igualmente, el juez Dimitrouleas ordenó la presentación de los listados de testigos y pruebas.

 Cabe destacar que la defensa ha tratado por todos los medios de impedir que en el juicio testifique Alejandro Andrade, quien como ya señalamos, antecedió a Claudia Díaz Guillén en la Tesorería y habría dado inicio a la trama de corrupción junto con Gorrín. Andrade se declaró culpable de de un cargo de conspiración de lavado de dinero por USD 1.2 mil millones y por ello recibió una sentencia de 10 años en noviembre de 2018 que logró rebajar gracias a su colaboración con la justicia.

  Dicha colaboración fue la que permitió ampliar la acusación de la fiscalía y así incluir a Claudia Díaz Guillén, a Adrián Velásquez Figueroa y a Raúl Gorrín, presunto cabecilla de la trama.

 Andrade, quien se convertiría en el testigo estrella de este proceso, habría aportado datos fundamentales que, junto a transferencias bancarias y correos electrónicos entre los involucrados, facilitaron a los fiscales la estructuración del caso cuyos hechos ahora esperan demostrar en la corte. Las evidencias del gobierno incluyen supuestas transferencias efectuadas por Raúl Gorrín a los acusados, desde Suiza a cuentas en Miami de los demandados.

  En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, los fiscales intentarán comprobar que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a los acusados, de manera de asegurarse la participación en las operaciones de cambio de moneda extranjera en Venezuela que generaron cientos de millones de dólares en ganancias irregulares que fueron lavados con inversiones inmobiliarias y en entidades bancarias de los Estados Unidos.

Orden de apertura limitada

  El 19 de octubre de 2022, William P. Dimitrouleas, Juez del Distrito Sur de Florida, luego de escuchar los alegatos en fecha previa, 18 de octubre de 2022 y luego de consultar con el juez Rosenberg, determinó que el citado magistrado debía emitir una orden de apertura limitada con respecto a la moción de la Regla 35 en 17-80242-CR y, en ausencia de preocupaciones de CIPA.

 Igualmente, ordenó que el juez Rosenberg ingrese una orden de apertura limitada con respecto a las transcripciones de la moción de la Regla 35 en el caso.

Los testigos de la lista conjunta

  Ante la Corte, los abogados Marissel Descalzo y Andrew Feldman, en representación de Claudia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, presentaron un listado preliminar de los testigos que tienen previsto llamar al estrado en la defensa conjunta que ejercerán de los demandados.

  Así, serán llamado a testificar los agentes especiales Gregg Mervis, Slade P. Searight, Mark Shelby, Daltrisha A. Jean y Sandalio González.

  Asimismo, atestiguarán Josmel Velasquez, Carlos Pérez, Anirays Camino y Angélica Barrios.

  Del mismo modo, los abogados advierten que interrogarán a cualquier testigo en la lista de del gobierno.

Las pruebas de la defensa

  El 28 de octubre de 2022, los abogados de la defensa presentaron un listado de pruebas conjuntas que presentaran en el desarrollo del juicio, reservándose, como advirtieron el derecho de modificar o complementar las dichas pruebas y utilizar cualquier otra de las presentadas por la fiscalía durante el proceso.

  Se trata de un total de 57 documentos de diversa índole, entre ellos, copia de los convenios cambiarios y otras leyes venezolanas, resoluciones gubernamentales, certificados de depósitos, entre otros.

 Respuesta del gobierno a pedido de excluir a Alejandro Andrade como testigo

  El gobierno, a través de Paul A. Hayden, de la Sección de Fraude, División Criminal Departamento de Justicia y Kurt K. Lunkenheimer, asistente del Fiscal para el Distrito Sur de Florida Juan Antonio González, respondieron en oposición a la la Moción Conjunta para Excluir al Testigo Alejandro Andrade presentada por los acusados.

  La fiscalía estima que la solicitud de Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa de excluir el testimonio de Andrade o que el Tribunal ordene al gobierno revelar información clasificada a la defensa de manera que puedan indagar sobre la misma en el contrainterrogatorio, debe ser denegada.

  Los acusados sostienen que el Tribunal no siguió los requisitos y procedimientos de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA); que la información retenida de los acusados ​​era Brady y Giglio, y; que CIPA no pesa más que las demandas de debido proceso constitucional de Brady. En ello se sustentan para pedir que la declaración del testigo cooperante, Alejandro Andrade, sea excluida.

  Para el gobierno, la argumentación de la defensa es solamente un intento de volver a litigar sobre una materia que ya fue negada por el tribunal el 18 de octubre de 2022 cuando el juez Dimitrouleas negó las mociones para excluir la evidencia y el testigo del gobierno, así como la moción para desestimar los cargos 1, 9 y 10 de la acusación.

  Advierten los fiscales que, incluso si la Corte considerara los argumentos de los demandados, igualmente fracasarían porque tanto el tribunal como el gobierno, se ciñeron a lo establecido en la CIPA.

   Cabe destacar que el pasado 13 de octubre de 2022, la fiscalía hizo una presentación clasificada de conformidad con CIPA y al día siguiente el Tribunal, efectuó una audiencia a puerta cerrada ex parte y el gobierno presentó información no clasificada a la defensa.

  Subrayó el gobierno que la CIPA no cambia las obligaciones de descubrimiento de la fiscalía y tampoco altera las reglas de la evidencia. Explicaron que esta norma exige una serie de procedimientos en las etapas previas al juicio, en el juicio y en la apelación, para proteger el derecho del acusado al debido proceso. Además, subrayaron que CIPA tiene como objetivo la protección y restricción del descubrimiento de información clasificada de tal manera que no perjudique el derecho del acusado a un juicio justo. Esta ley crea un procedimiento previo sobre la admisibilidad de la información clasificada.

  En razón de que la jurisprudencia ha determinado que los tribunales de distrito tienen la potestad de decidir si la información clasificada es “relevante para la determinación de la culpabilidad o inocencia del acusado []”, o “útil para la defensa” o “esencial para una determinación justa de la causa, ”está dentro de su autoridad retener la divulgación de la información”. En este contexto, sostiene el gobierno, se inscribió la decisión de la Corte de llevar a cabo una audiencia a puerta cerrada ex parte y luego de ello ordenó al gobierno presentar a la defensa información no clasificada. Es decir, se cumplieron las pautas de CIPA.

  El gobierno cree que las motivaciones esgrimidas por la defensa para buscar información adicional sobre Alejandro Andrade no procede y es infundado el argumento de que al haberse incumplido CIPA por parte del tribunal, el asunto se remedia con la exclusión del testigo.

Preocupación por interferencia de coacusado

  El gobierno manifestó su preocupación por el hecho de que un co-acusado en condición de fugitivo se habría puesto en contacto con con un testigo identificado, lo cual habría hecho a través de un tercero.

  Por lo conocido por la fiscalía el contacto se produjo para indagar si, efectivamente, el testigo estaba testificando y por qué razón, lo que que el testigo tomó como un acto intimidatorio.

  En razón de que el referido testigo sólo había sido identificado por el abogado de Díaz Guillén en cumplimiento de una orden judicial y nunca se había mencionado su nombre como posible testigo del gobierno, por lo que se tiene como información confidencial, la fiscalía estimó necesario que se convocara a una conferencia de estado para aclarar este contacto inapropiado.