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jueves, 1 de octubre de 2020

Continúan las audiencias en la corte del caso Rothwell vs. CITGO por incumplimiento de contrato

  La petrolera venezolana procuraba una orden de abatimiento en razón de las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro.

Por Maibort Petit

  Desde que el 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC introdujera una demanda civil contra CITGO Petroleum Corporation ante la Corte del Condado de Harris, Texas, se han producido una serie de atrasos y contratiempos que llegaron a su fin. Estas últimas semanas altos ejecutivos de CITGO prestaron declaraciones ante el juez, que había ordenado a la filial de PDVSA en Estados Unidos entregar la información requerida por el demandante y realizar las deposiciones de la tesorera, Gina Coon, el ahora consultor contratado, Glenn Hilman, entre otros. 

  Rothwell Energy Services es una empresa propiedad del sobrino del fallecido CEO de CITGO, Nelson Martínez que alega ante la Corte de Harris  que CITGO no concluyó con los pagos por sus servicios.

  Se trata de una disputa que involucra  una deuda que no fue pagada en base a un contrato que fue otorgado gracias a la complicidad de ejecutivos de CITGO a quienes se les ha vinculado a otras irregularidades internas de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  El tribunal fijó las fechas de las deposiciones de varios empleados de CITGO en un calendario de obligatorio cumplimiento. Entre los funcionarios, como anunciamos están Rick Esser, Jennifer Moos, Gina Coon, Alejandro Sabatino, Glenn Hilman, entre otros.

  CITGO alegó para evitar que se produjeran las declaraciones de los ejecutivos incursos en el contrato con Rothwell y en los pagos varios alegatos, entre ellos lo relativo a la pandemia del coronavirus.

  Tal como lo señalan los documentos, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos, dueños de empresas de maletín, y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros, tienen que ver con las irregularidades están involucrados en este caso que, igualmente, es investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  Los hechos objeto de la demanda tuvieron lugar durante la gestión como CEO de CITGO Petroleum Corporation, de Nelson Martínez, fallecido mientras se encontraba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro y tiene que ver con un proyecto de USD 100 millones que Rothwell Energy Services LLC cobraría por una unas plantas desalinizadoras que instalaría en varios estados de Venezuela. La citada empresa es propiedad de Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del finado Martínez.

 Funcionarios de CITGO, entre los cuales se citan José Luis Zambrano, Laymar Peña, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, todos con posiciones de control dentro de la petrolera, presuntamente habrían violado los controles internos relativos a la revisión de proveedores y habrían facilitado así la aprobación de los contratos y los pagos ilegales emanados de los mismos, que comenzaron en el 2017 y siguieron en el 2018. El régimen de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al régimen venezolano, impidió que pudieran seguir las operaciones.

CITGO niega los cargos

 La demanda presentada por Rothwell ante la corte muestran una comunicación enviada por CITGO como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones de la petición original de la demanda, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio objeto de la demanda, dado que al término de cada una de las plantas desalinizadoras de agua que debía construir Rothwell, debía presentarse una Factura de Venta y Cesión se ejecutará entre esta última y PDVSA.

  De acuerdo a la cisión de CITGO, esta no debe dinero a Rothwell, aunque admitió que si el tribunal determina alguna cantidad ésta no correspondería a una cuenta jurada. CITGO sostiene que la deuda que se quiere cobrar la demandante es ilegal y que cualquier pago que se le hiciera violaría la Orden Ejecutiva del gobierno de los EE. UU. 13808 y 13850. La petrolera se refiere a la designación de PDVSA por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a PDVSA, empresa matriz indirecta de CITGO, el 28 de enero de 2019, lo que significa que la propiedad de PDVSA y CITGO se encuentran bloqueadas.

  Es que al ser PDVSA el usuario y el beneficiario de los sistemas de agua que son objeto del contrato, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar en razón de las sanciones, puesto que la participación de PDVSA podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles según la ley de los Estados Unidos.

Defensa afirmativa del pago

  También CITGO cree que la disposición de fuerza mayor del contrato le impide adeudar o realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. se encuentren vigentes.

  Según las cuentas de la filial de PDVSA, ésta ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del Acuerdo. Del mismo modo refiere que Rothwell no ha entregado a CITGO ningún estado de cuenta que reflejen las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  CITGO asegura que Rothwell no cumplió con todas las exigencias para que se emitieran los pagos de los montos que solicita el demandante. Rothwell tampoco habría certificado el pago a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo.

  La petrolera venezolana exigió exige un juicio con jurado y pide que el tribunal dicte sentencia en favor de la demandada y que la demandante pague los costos judiciales y otorgue a CITGO todas las reparaciones a las que tiene derecho.

Declaración de experto

  Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior y Consultor Técnico de RECON Management Services Inc. — agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS— presentó una declaración jurada ante la corte en la que subraya que durante 30 años fue empleado de CITGO durante más de tres décadas.

  Ahora con RECON trabaja en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de Contrato de Servicio objeto de la demanda y refirió PDVSA tiene el interés final en las plantas.

  Dijo que para que CITGO pague una factura, deben cumplirse una serie de que permitan la emisión del pago, siendo él la persona que revisa técnicamente las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía para su pago. "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión del proceso

  El juez Roberto Schaffer, ordenó el 24 de mayo de 2019 la suspensión de la demanda hasta que se produzca el levantamiento de las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell reciba una licencia de la OFAC que dé luz verde al proceso judicial.

  Después, las partes, de manera conjunta, presentaron conjuntamente una moción acordada pidiendo la continuación del juicio.

 Rothwell pidió una moción para obtener el descubrimiento de CITGO. Manifestó que en seis meses hizo esfuerzos infructuosos para trabajar junto a CITGO de buena fe para comprometerse de hecho descubrimiento.

  Por eso acudió a la Corte, por estimar que es necesario para hacer avanzar en el litigio.

  El 14 de enero de 2020, Rothwell Energy Services LLC envió a CITGO una carta solicitando un registro de privilegios modificado y luego de esto, ha reiterado la petición el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

  Desde entonces, las partes han terciado por el asunto. Mientras la demandante exige detalles y documentos de las comunicaciones que involucró el acuerdo, CITGO aduce el privilegio abogado-cliente, el cual es inviolable.

Finalmente, el CITGO afirma la defensa afirmativa del pago.

Las deposiciones

  Otro asunto que ha ocupado a las partes, ha sido el desacuerdo respecto a la deposición, virtual o presencial, de los testigos ante el tribunal.

  En enero de 2020, Rothwell las fechas de deposición de Gina Coon (Tesorera) y Glenn Hilman (Consultor legal) y, finalmente, el 27 de febrero, CITGO respondió que la primera podía hacerlo el 9 de abril y el segundo el 16 de abril. 

  El 18 de marzo, Rothwell informó a CITGO que, en razón de la pandemia, podían seguir el proceso de manera virtual. CITGO respondió el 24 de marzo, que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  Finalmente, luego de una serie de evasivas, la Corte del Condado de Harris ordenó que la tesorera de CITGO, Gina Coon, presente su declaración sobre este caso. Su testimonio es vital, toda vez que ella ocupaba un puesto clave en el proceso de aprobación y pagos del contrato objeto de la demanda. Coon, finalmente se produjo en septiembre 2020.



 


 


 


 

martes, 29 de septiembre de 2020

Luisa Palacios anuncia que dejará la presidencia de la Junta Directiva de CITGO el 30 de octubre

 Por Maibort Petit

  La presidenta de la Junta Directiva de CITGO, Luisa Palacios anunció a través de una misiva que dejará su posición a partir del 30 de octubre pero que permanecerá como directora, y que dedicará más tiempo a la Fundación Simón Bolívar para apoyar "la aguda crisis humanitaria que vive Venezuela".

  Palacios envió la notificación hoy martes a las 5PM. No se indica en el anunció quién la reemplazará. 

  En los actuales momentos, CITGO es el centro de investigaciones por parte del Departamento de Justicia por haber violado las leyes federales de los Estados Unidos, en las últimas administraciones. A los problemas legales, se une el impacto del coronavirus en la industria petrolera y los resultados operacionales y financieros en los últimos tres meses, calificados de "desastrosos" por varias fuentes internas.

  En más de 30 años, en CITGO no se habían registrados resultados en rojo (déficit). Fuentes de la industria informaron a Venezuela Política que existen rumores del posible retiro del Vicepresidente de Finanzas y del contralor, "debido a los niveles de dificultades que los profesionales del área habían pronosticado".

    Durante la gestión de Luisa Palacios los empleados denunciaron acoso y persecución laboral por la filtración de información a la prensa de los hechos de corrupción denunciados que fueron amparados por la directiva designada por el presidente interino, Juan Guaidó desde febrero de 2019.

Ver detalles aquí.¿ Busca CITGO silenciar casos de corrupción para evitar conflictos mayores?

A continuación la misiva enviada por Luisa Palacios a los empleados de CITGO.

Carta de Luisa Palacios sobre la reorientación de las funciones de la junta


Estimada comunidad CITGO,

  Cuando acepté asumir el cargo de Presidenta de CITGO a principios de 2019, la situación nos obligó a centrar nuestra atención en tres objetivos fundamentales: dinamizar la gobernanza y la gestión de la empresa, fortalecer el balance y la resiliencia financiera, y ayudar a la empresa a avanzar. una serie de desafíos legales. Hemos logrado avances significativos en cada una de estas prioridades y, con la fase crucial de los procedimientos que involucran los activos de las entidades CITGO ahora concluida, este es un momento lógico para considerar una transición en mis funciones.

  He anunciado a la Junta Directiva de CITGO mi plan para dejar el cargo de Presidenta, a partir del 30 de octubre. Planeo permanecer en la Junta y continuaré comprometida con la compañía en ese rol. También tengo la intención de dedicar más tiempo a ayudar a la Fundación Simón Bolívar a aumentar su misión de apoyar la compleja crisis humanitaria de Venezuela.

  Liderar las entidades de CITGO durante los últimos 20 meses ha sido un verdadero honor, y agradezco al accionista y a los demás miembros de la junta por confiar en mí con tal responsabilidad. Soy consciente de que mi nombramiento tuvo un significado adicional a la luz de ser la primera mujer en ocupar este puesto en CITGO, y espero que a través de nuestras acciones haya estado a la altura de las expectativas que conlleva tal asignación.

  Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos y seguiré agradecido por todo lo que he aprendido de la comunidad CITGO.

 Sepan que siempre seré un firme defensor de la misión que comenzamos hace 20 meses para mejorar la estabilidad financiera y operativa de CITGO, proteger sus activos y fortalecer su gobierno corporativo. Mi puerta siempre está abierta para cualquiera que quiera contribuir a maximizar el valor de CITGO para todos sus grupos de interés, y eso incluye su impresionante y resistente fuerza laboral.

Luisa Palacios

lunes, 28 de septiembre de 2020

Piden a un juez de NY desestimar demanda de PDV USA (CITGO) contra consultora del excongresista David Rivera

Por Maibort Petit

   Los abogados de Interamerican Consulting, Inc., una empresa del ex-parlamentario republicano por el estado de la Florida, David Rivera solicitó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que desestime la demanda interpuesta en su contra por PDV USA alegando incumplimiento de un contrato de consultoría que buscaba supuestamente para mejorar la imagen de PDVSA y del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.

  En una carta enviada al juez John G. Koeltl por parte de la abogado de Interamerican Consulting Inc, Kathryn Lee Boyd, se solicita una conferencia previa a la moción para desestimar la demanda de PDV USA porque la misma "carece de legitimación y no presenta un reclamo por incumplimiento de contrato que sea plausible a primera vista".

   La demanda por incumplimiento de contrato  interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, el 13 de mayo de 2020 busca que una empresa de maletín propiedad del  cubano-americano, David Rivera devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por la firma registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  De acuerdo a los argumentos de los abogados de Rivera,  "PDV USA carece de legitimación para hacer cumplir el contrato".

  Sostiene que un "reclamo por incumplimiento de acuerdo requiere hechos suficientes para demostrar la existencia de un contrato; el desempeño del demandante; el incumplimiento por parte del acusado; y daños resultantes del incumplimiento". 

  Según los representantes legales de la empresa de Rivera, la Demanda no alega adecuadamente los referidos elementos y en su lugar recita sin rodeos, “declaraciones concluyentes de que el acusado violó un contrato” sin establecer obligaciones específicas acordadas o cualquier hecho que demuestre que esas obligaciones no se cumplieron. 

  En los alegatos se señala que "la denuncia no cumple los términos del acuerdo porque el demandante, PDV USA (CITGO) no proporcionó el Acuerdo, lo que en sí mismo fue motivo de despido dada la conclusión".

  Como mínimo, el demandante debe "establecer los términos del acuerdo sobre el cual se basa la responsabilidad", advierten los abogados.

   Sostiene que la demanda de PDV USA está desprovista de los términos obligatorios que definan qué “servicios" Interamerican acordó brindar a PDVSA. 

Este artículo te puede interesar: CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.

   La demanda dice que eran "servicios de consultoría estratégica", pero los abogados de Rivera dicen que no indica qué implicaron esos servicios. 

    También se refiere a la prestación de “apoyo en la planificación y ejecución de un plan estratégico” que Interamerican no proporcionó, sin ofrecer ninguna información sobre la naturaleza de dicho "apoyo" o cualquier "plan estratégico". 

     La defensa advirtió que a la fecha de vigencia de la cesión, [PDV USA] cede, vende, transfiere y entrega a [PDVSA] todos los derechos.  bajo el acuerdo." 

    Informan que van adjuntar en la moción el acuerdo para que el tribunal desestime la demanda porque podrán revisar los elementos del mismo, de tal manera que quede evidenciado las alegaciones inexactas establecidas en la Demanda.

          Sostienen que el contrato de consultoría tenía un plazo de 92 días, vigente a partir del 21 de marzo de 2017. El 5 de octubre de 2017, después de que finalizó el plazo del Acuerdo, PDV USA cedió, por escrito, todos sus derechos en el Contrato a Petróleos de Venezuela, S.A.

   En consecuencia, el PDV USA no puede presentar la demanda porque decidió los derechos a PDVSA.

   Entre otros aspectos se señala que la demanda no define ni “trabajo” o “significativo” bajo el Acuerdo. 

  La Demanda refiere que la empresa de Rivera debía “identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos”, sin especificar ninguna “oportunidad” ni quienes eran los“terceros claves, líderes de opinión y funcionarios públicos”.

    La representación legal de Rivera asegura que la demanda de PDV USA "está repleta de declaraciones erróneas de los términos reales del Acuerdo", llegando a establecer sin fundamento que el Demandante contrató a Interamerican para proporcionar servicios no en beneficio del firmante, el Demandante, sino de una entidad completamente diferente: PDVSA. 

 Alega falsamente que los supuestos “servicios” fueron “con el propósito de 'mejorar la reputación y el prestigio a largo plazo de PDVSA' en los Estados Unidos” y que “Se suponía que Interamerican debía desarrollar e implementar un plan estratégico para PDVSA”.  Los abogados de Interamerican sostiene que "el lenguaje sencillo del Acuerdo indica como partes únicamente PDV USA y la empresa. El Acuerdo no menciona a PDVSA".

  Advierten que PDVSA no es un beneficiario de ninguno de los servicios que proporcionará Interamerican. "El intento para referirse a material ajeno al Acuerdo para alegar derechos adeudados por Interamerican a PDVSA".

 La demanda que alega que Interamerican no cumplió con sus obligaciones contractuales no evidencia en qué falló la empresa, lo cual es fatal para una reclamación por incumplimiento de contrato, incluso si los otros elementos necesarios se alegan correctamente". 

 El demandante acordó pagar a Interamerican $ 50,000,000: un depósito inicial, cuotas y un pago final, sin embargo, los pagos vencieron durante la vigencia del Acuerdo. 

  El demandante no alega que hizo los pagos requeridos; sino todo lo contrario: que no pagó el dinero adeudado, es decir, el equivalente a “$ 35 millones que no se pagaron”. 

    La moción dice que la denuncia no alega ninguna infracción que pueda ser catalogada como un incumplimiento de contrato porque para ello se requiere "más que acusaciones genéricas de incumplimiento", como por ejemplo, no “entregar oportunamente los bienes necesarios de acuerdo con la calidad acordada”, no "compartir información relevante de inmediato o no “rendir cuentas adecuadamente” a un demandante. 

  La demanda no establece ningún hecho de que Interamerican no brindó “consultoría estratégica” o “asistencia en el desarrollo de estrategias para informar a los formuladores de políticas y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros del cliente”, acota la defensa.

 En la Demanda se alega que "Según el Acuerdo, Interamerican debía proporcionar informes detallados del trabajo que haría para promover los intereses de PDVSA en los Estados Unidos" pero los abogados dicen  que PDVSA es una entidad designada en la lista del gobierno de EE. UU. y que las entidades estatales sujetas a sanciones". 

   Las acusaciones falsas que vinculan a Interamerican con PDVSA son incendiarias y no tienen fundamento y son falsas.

 Sostiene que alegar cualquier hecho de que Interamerican no ayudó en la “planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas específicas”, otro término real del contrato. 

  La Demanda tampoco alega qué estrategias estaría desarrollando el “cliente” para las cuales Interamerican no ayudó. Además, la Demanda no alega la propia "planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas" por parte del Demandante (es decir, del cliente) para lo cual Interamerican no ayudó.

 El Demandante alega que Interamerican de hecho proporcionó tanto servicios como informes relacionados con esos servicios. 

  La Demanda hace declaraciones concluyentes de que los informes incluían terminología "genérica", no describían los componentes de un "plan" y no eran "significativos". Sin embargo, no existe ningún requisito en el Acuerdo de que los informes utilicen una terminología particular, incluyan un nivel específico de detalle, describan un “trabajo significativo” o incluso estén escritos. Tales alegaciones no constituyen plausiblemente ninguna infracción.

 El demandante alega que "nunca expresó satisfacción con los servicios de Interamerican" y "más de tres años después", no es que retuviera la satisfacción. La afirmación desnuda del demandante es concluyente, irrazonable y de mala fe.

La denuncia no alega daños

   Los daños en una acción por incumplimiento de contrato deben ser "atribuibles al incumplimiento" pero la Demanda carece de hechos que establezcan la naturaleza del daño o cómo fue supuestamente causado por Interamerican. 

  El demandante renunció a cualquier reclamo contractual “Cuando una de las partes cumple un contrato y la otra parte acepta ese desempeño, sin objeciones, se asume que el desempeño fue según lo contemplado por el acuerdo." 

  El demandante admite que recibió "servicios" y en ninguna parte se alega que estaba insatisfecho con el desempeño de Interamerican. Por lo tanto, renunció a cualquier reclamo de que Interamerican violó el Acuerdo al no cumplir bajo la ley de Nueva York  sin incumplimiento la parte puede optar por seguir cumpliendo el contrato. 

   El demandante también alega "indemnización", sin embargo, la supuesta cláusula de "indemnización" del Acuerdo no deja al Demandante indemne contra reclamos de terceros. En cambio, el lenguaje citado en la Demanda es una simple disposición de cambio de tarifas. 

  Un reclamo por los honorarios de los abogados no es una causa de acción separada en Nueva York.

Rivera dice que el dinero lo usó Leopoldo López

  Rivera aseguró que él nunca acordaría trabajar para Maduro y que cuando decidió hacer el acuerdo con PDV USA lo hizo con gente de la oposición controlada por Leopoldo López.  




lunes, 21 de septiembre de 2020

Se agota el tiempo para que David Rivera responda a demanda de PDV USA por incumplimiento de contrato de cabildeo a favor de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit

  El juez de Nueva York, John G. Köetl otorgó a los abogados del ex-congresista, David Rivera, hasta el 30 de septiembre de 2020 para que responda a la demanda incoada en contra de una empresa de maletín de su propiedad, Interamerican Consulting Inc, que pretende recuperar USD15 millones pagados por el servicio de un contrato fraudulento que entregó PDV USA a la firma para que realizara labores de cabildeo para el régimen de Nicolás Maduro, cuyo trabajo no realizó. 

  Rivera tardó meses en responder ante la corte, a la demanda que fue introducida el 13 de mayo de 2020 y que debía ser respondida antes del 5 de agosto (12 de agosto según los abogados). 

 Los presentantes de Rivera dijeron al juez que habían conversado con los abogados de CITGO, PDV USA y se llegó a un acuerdo para que la defensa pidiera un lapso hasta el 30 de septiembre para dar respuesta a la querella.

 La defensa de Interamerican Consulting Inc, está representada por Kathryn Lee Boyd de Hecht Partners LLC.

  La  demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP que representa a una de las empresas asociadas  PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc,  devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (actualmente bajo arresto en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

 CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.



miércoles, 29 de julio de 2020

Venezuela deberá argumentar sus razones para exigir publicar la identidad de experto presentado por los bonistas PDVSA 2020

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, exigió a MUFG Union Bank N.A. y GLAS Americas LLC, demandados en el caso de los bonos PDVSA 2020, por Petróleos de Venezuela S.A.; PDVSA Petróleo S.A.; y PDV Holding, INC., a presentar ante ese tribunal, para una revisión a puerta cerrada, una carta que proporcione detalles más específicos sobre sus preocupaciones y negativa a que se divulgue públicamente la identidad del experto en derecho extranjero por ellos presentado en el juicio, ante la presunción de que tal conocimiento pondría en peligro esta persona y a su familia.

   El pasado 10 de julio, el despacho jurídico Latham & Watkins LLP, en representación de los demandados, solicitó al tribunal desentender el pedido de los demandantes del 7 de julio de 2020 de dar a conocer en expediente público la identidad del experto en la ley venezolana.

  Tal pedido lo hicieron a la luz de la inestable situación política y de seguridad que padece Venezuela, por lo que el experto tiene preocupaciones razonables de que la divulgación de su nombre lo haría correr el riesgo de sufrir represalias junto a su familia. “No hay interés público en revelar la identidad del experto, cuando las opiniones completas del experto están disponibles en el expediente público del Tribunal y la identidad del experto no está en cuestión”.

  Sostienen que el gobierno interino de Juan Guaidó mantiene una disputa y una “retórica inflamatoria”, no solamente contra el régimen de Nicolás Maduro sino también contra figuras de prestigio que han criticado sus políticas o acciones de administración.

“Como esta Corte sabe, la administración de Guaidó ha acusado públicamente que cualquier erudito legal venezolano que testifique para los Demandados estaría actuando "en contra de lo que ordena la Constitución" y estaría ‘tratando de justificar las acciones del régimen de Maduro’ (…) La administración de Guaidó ha acusado falsa e infundadamente a los titulares de las Notas 2020 de conspirar con el régimen de Maduro para entregarles el control de CITGO, aunque, como la Corte sabe por las presentaciones de juicio sumario, esa acusación no está respaldada por una pizca de evidencia”, refieren los abogados de Latham & Watkins LLP en su carta.

  Ejemplifican su argumentación con el caso del economista Francisco Rodríguez, quien por haber catalogado de legal la emisión de los bonos PDVSA 2020, ha sido acusado por “individuos asociados con la administración de Guaidó” de "traición a la patria" y de "jugar para ambos equipos".

  También citan el caso de Alejandro Grisanti, quien renunció a la junta administradora ad hoc de PDVSA, por el “‘menosprecio constante tanto público como privado’ por parte del entonces Fiscal General Especial ‘contra todo lo que considera contrario a él mismo’. En esa carta, Grisanti declaró que había expresado su oposición a esta demanda y calificó la estrategia de los Demandantes como ‘equivocada’. Que el entonces Fiscal General Especial continuó participando en una conducta tan hostil hacia los opositores de este litigio después de las advertencias de este Tribunal hace que el sellar la identidad del experto de los Demandados sea aún más razonable”.

  Estiman como inadmisibles los argumentos de los abogados estadounidenses para quienes no es creíble que el experto estaría bajo amenaza, pues que este y su familia viven y trabajan en Venezuela. “Si bien el experto recientemente pudo abandonar Venezuela temporalmente para ir a un país de Europa, los miembros de la familia del experto y los estudiantes y colegas del experto permanecen allí. El experto tiene todos los motivos para preocuparse por posibles represalias (incluso de la administración de Guaidó, en caso de que llegue al poder) si la identidad del experto se divulgara públicamente. De hecho, en las conversaciones con el abogado de los Demandados, el abogado de los Demandantes inicialmente estuvo de acuerdo con la propuesta de los Demandados de eliminar el nombre de su experto de cualquier presentación pública, solo que ahora revierte el curso (sin justificación) y alega que dicha divulgación pública es imprescindible”.

  Luego de citar jurisprudencia que respalda su solicitud, Latham & Watkins LLP aseguran que la identidad del experto debe mantenerse en la reserva pues esta no es relevante para el curso del proceso judicial. “Además, el abogado de los demandantes conoce la identidad del experto y ha tenido la oportunidad de impugnar sus declaraciones y opiniones, incluso a través de informes de refutación y declaraciones juradas.  Y, en contra de la nueva afirmación de los Demandantes de que impedir el acceso público a la identidad del experto de los Demandados requeriría ‘medidas extraordinarias’ durante la audiencia de juicio sumario (…) hay varios remedios estrechamente adaptados y mínimamente gravosos que podrían llevarse a cabo, como un acuerdo de no usar el nombre del experto en un tribunal abierto o el cierre de la sala del tribunal únicamente durante los momentos en que la identidad del experto se revelaría”.





Carta del embajador Carlos Vecchio en el juicio de los Bonos PDVSA 2020 en NY será considerada como fuente de interpretación de la ley venezolana

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Aunque la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, consideró como inadecuada la carta presentada ante su tribunal por el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, en el caso de la demanda para que se declaren nulos los Bonos PDVSA 2020, estimó que la misma es fuente de interpretación de la legislación venezolana y concedió al representante diplomático la moción para presentar un escrito de oposición a las argumentaciones de los demandados.

       El gobierno interino de Juan Guaidó decidió en octubre de 2019, solicitar ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York la nulidad de los bonos PDVSA 2020, que están garantizados con el 50.1 % con las acciones de CITGO Petroleum Corporation, argumentando que la negociación que hizo el gobierno de Nicolás Maduro con esos instrumentos, y que representa una deuda por unos $1.68 millones  no fue aprobada por la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución venezolana.

   Para soportar la argumentación de la demanda, el embajador Carlos Vecchio presentó una carta que la defensa de los bonistas rechazó, pidiendo al tribunal que la excluyera del expediente. 

    La juez del caso, Polk Failla respondió a la moción de los demandados para desestimar la carta de Vecchio, programando una sesión informativa para que las partes expusieran sus posiciones. En ese sentido, los demandados, MUFG Union Bank N.A. y GLAS Americas LLC, representantes de los tenedores de los bonos, presentaron un escrito de oposición, mientras que el embajador pidió al tribunal una moción de permiso para presentar un escrito de oposición a la moción de los acusados. Vecchio expuso que su carta procedía de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 44.1, que rige qué materiales un tribunal puede considerar al determinar cuestiones de derecho extranjero.

   Luego de ello, el Tribunal consideró las presentaciones de las partes y estimó, por una parte, que efectivamente como lo expresaron los demandantes [Gobierno Interino], la carta fue presentada de una manera inadecuada, sin embargo, estimó que la comunicación expone puntos de vista o interpretaciones de la ley venezolana, por lo que cree que es apropiado tomar en consideración bajo la Regla 44.1. Dicho esto, la corte desestimó la Carta y la Ley de doctrina del Estado esgrimida por Venezuela sobre los diversos factores políticos en juego en el litigio.

  En contra de los argumentos presentados por los demandantes Petróleos de Venezuela S.A.; PDVSA Petróleo S.A.; y PDV Holding, INC., que defiende la tesis del acto de estado que se ha esgrimido desde el gobierno interino, quienes reclaman los pagos de los bonos,  refieren que en Venezuela la decisión final en materia de interpretación constitucional recae en la Sala Constitucional y no en la Asamblea Nacional, independientemente del reconocimiento que le otorgue a esta instancia del poder público venezolano el gobierno de los Estados Unidos. Los actos de la AN, sostienen, no superan la interpretación constitucional.

  Ahora bien, en favor de los demandantes operan los argumentos esgrimidos por los expertos por ellos presentados, en el sentido de que el contrato en cuestión se suscribió con "empresas no domiciliadas en Venezuela", lo cual es una declaración técnicamente correcta.

La carta de la discordia

  Convertida en elemento de discordia, el representante de la administración de Juan Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, remitió una comunicación a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, en la que expuso la posición de Venezuela con relación al esquema mediante el cual el régimen de Nicolás Maduro intercambió las Notas 2020 por unas anteriores que vencían en 2017, sin que para ello contara con la autorización de la Asamblea Nacional, requisito indispensable para conferirle la legalidad que requieren este tipo de instrumentos, según lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

  La misiva de Vecchio expuso cronológicamente los acontecimientos mediante los cuales es emitieron ilegalmente las notas, así como las irregularidades en que se incurrió al comprometer a CITGO sin el aval del Poder Legislativo venezolano.

  El embajador narró igualmente las acciones que el gobierno provisional ha adoptado para proteger a CITGO, entre ellas, la designación de la junta ad hoc de PDVSA y la remoción de los directores de Nicolás Maduro en PDV Holding, Inc., accionista de CITGO. 

   Vecchio también se refirió al Decreto Nº 3 que modificó la composición de la junta ad hoc y las Reglas de gobierno establecidas para reforzar la autonomía de PDVSA y PDV Holding, Inc. 

   Del mismo modo, Vecchio citó la autorización solicitada por la junta ad hoc de PDVSA a la Asamblea Nacional para pagar en abril los intereses de las notas con reserva de derechos.

   Igualmente, en dicha comunicación, refirió a la jueza que, desde abril de 2020, la administración de Juan Guaidó pidió revocar la Licencia General 5, puesto que ella podía desencadenar la ejecución hipotecaria de CITGO ante cualquier reclamo. Asimismo, requirió un "espacio de respiro" para enfrentar las demandas privadas contra Venezuela en un proceso ordenado y consensuado, para lo cual era necesario un alivio temporal, incluida la revocación de la referida Licencia general 5, lo cual, finalmente fue aprobado por la OFAC el 24 de octubre de 2019. 

   Vecchio recordó que se solicitó al Departamento de Estado y al Congreso de los Estados Unidos considerar los riesgos que los litigios que están en proceso en Delaware suponen para CITGO.

   El embajador venezolano pidió a la juez que los tribunales de los Estados Unidos otorguen respetuosa deferencia a los actos oficiales emanados de la Asamblea Nacional, única instancia legítima del poder público venezolano en la actualidad. 

  El diplomático advirtió a la magistrada, que las decisiones de los tribunales en el caso de las Notas PDVSA 2020 acarrearían consecuencias graves para el futuro de Venezuela si se hace cumplir el contrato y las notas porque derivaría en la pérdida de CITGO y de los esfuerzos legítimos del gobierno provisional venezolano apoyado por los Estados Unidos, para pacíficamente remover al ilegítimo régimen de Maduro del poder.

Posición de los demandados

   Ante la remisión de esta carta de Carlos Vecchio a la juez Katherine Polk Failla, la defensa de los tenedores de  los bonos, representados por Christopher J. Clark, pidió a la magistrada el 26 de junio de 2020, una moción en contra de esta comunicación por considerada irregular e inválida. 

  Estimó  Clark que la intervención del embajador venezolano no estaba autorizada y solicitó al tribunal negar cualquier pedido de permiso para presentar un escrito de amicus.

“La carta de Vecchio no contiene ningún razonamiento legal significativo y no cita las decisiones de control del más alto tribunal de Venezuela u otras decisiones clave sobre la definición de contratos de interés nacional. La Carta Vecchio es el resultado de la coordinación entre los Demandantes y la República, que tiene un interés económico y político significativo en el resultado de este litigio. La Corte ya cuenta con los materiales adecuados para interpretar la cuestión de derecho venezolano en cuestión, como las decisiones de la Cámara Constitucional de Venezuela, el máximo árbitro de la Constitución venezolana, en Andrés Velásquez y otros casos; Los escritos académicos del profesor Brewer más de una década antes de este caso; y opiniones de Hogan Lovells, cada una de las cuales concluye que los contratos de interés nacional se limitan a los contratos en los que la República es parte. El embajador Vecchio no tiene un papel o autoridad especial como intérprete de la ley venezolana. Finalmente, la Carta Vecchio es totalmente inconsistente con las posiciones y acciones pasadas de la Asamblea Nacional, la administración de Guaidó, el tribunal superior de Venezuela, los Demandantes y el experto en derecho venezolano de los Demandantes”.

Voces en contra

   Pero contra la estrategia del gobierno interino emprendida por el exprocurador especial, José Ignacio Hernández, de demandar a los tenedores de los bonos PDVSA 2020, se han levantado voces de la misma administración interina, como la del exdirector de la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y parte de la Comisión Presidencial Consultiva para la renegociación de la deuda, Alejandro Grisanti, quien considera un error la demanda y se ha pronunciado, por el contrario, por una solución negociada.

   Tal posición la dio a conocer el economista y director de la a través de una carta remitida al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, en la que rechazó la estrategia de Hernández, cuya actitud, sostiene, “no contribuye al proceso” que lidera Guaidó por “La constante descalificación, pública y privada, a la cual recurre Hernández contra todo el que piense distinto a él”.

  Grisanti recomendó Guaidó que “se opte por una solución negociada” con los tenedores de bonos y se frene la acción legal. “Las acreencias del bono Pdvsa 2020 representa tan solo 1% del total de las deudas que confronta el Estado venezolano. El obtener un resultado desfavorable en este juicio nos va a poner en una situación desventajosa en las negociaciones que vamos a tener que dar por el otro 99% de las acreencias”.

   Y es que para Alejandro Grisanti, la posibilidad de ganar el juicio de demanda es muy remota y agregó que, aún ganando el proceso, PDVSA deberá pagar a los acreedores lo que se denomina el “principio de la ganancia súbita (…) Si ganamos el juicio, no lo vamos a poder presentar como una victoria política dado que PDVSA va tener que resarcir a los acreedores por el capital invertido”.

  En la misma carta que dirigió a Guaidó, Grisanti le formuló una petición a Hernández: “le pedimos al procurador especial que se comporte a la altura del reto que enfrentamos; que sustente sus aseveraciones contra mi persona o de mi partido o, más bien, tenga la madurez de discutir con fundamentos y evaluar las decisiones que ha tomado que pueden estarnos llevando por el camino equivocado”[1].

  En una entrevista concedida al portal La Gran Aldea, Grisanti amplía su posición y explica que aunque en el gobierno interino ha tenido tratamiento acertado de la deuda venezolana al contar con la asesoría de quien estima es el mejor reestructurador de deuda de los últimos 40 años, a saber, Lee Buchheit, y  ha contratado al mejor escritorio legal de Nueva York para emprender la defensa y ser exitosos en los procesos judiciales, es necesario escuchar a los asesores y tomar en cuenta sus recomendaciones a la hora de tomar decisiones.

“Los procesos de reestructuración de deuda para que sean exitosos deben ser rápidos, amigables y tienen que contar con apoyo del mayor número de acreedores posible. En Venezuela nos ha afectado que hay incentivos para que una solución rápida y amigable no se dé, es decir, hay gente que cree que no pagar a los inversionistas, no resolver la parte de las acreencias o hacer política con la deuda es una buena estrategia, pero yo creo que son decisiones muy negativas y no las comparto (…) En algunos sectores hay una mayor inclinación hacia las querellas legales, ir a juicio y pelear en la corte algunos de los procesos que estamos sufriendo”.

  Se abstiene de dar mayores sobre su posición contraria a la de José Ignacio Hernández, quien ha argumentado al momento de sostener su tesis de demandar legalmente a los bonistas y ha sostenido que la posición de es “intransigente” y por eso la necesidad de ir a juicio.

“Es público que yo estuve en contra de que la República llevara a juicio a los acreedores del PDVSA 2020, pero desafortunadamente como el resultado de este proceso está por venir, no puedo dar mayores detalles, porque no quisiera que me culparan si se llega a perder. Sería inconveniente que en esta entrevista salgan argumentos que puedan ser utilizados por los bonistas en contra de Venezuela. Quiero dejar claro que espero estar equivocado y que tengan razón quienes entraron en ese litigio; sin embargo, soy muy negativo, creo que vamos a tener un fallo en contra, pero, como dije antes, no puedo dar mi análisis”.

  Negó tener alguna relación con los bonistas y actuar en favor de ellos. Eso sí, advirtió que los países América Latina, con excepción de Argentina, los tenedores de deuda son vistos como inversionistas. “Lamentablemente en el caso venezolano hay una nube negra sobre los mercados financieros, porque las emisiones nacieron de grandes actos de corrupción cuyos responsables son Nicolás Maduro, Hugo Chávez y sus ministros. Pero esa animadversión que justificadamente existe, hay que enfocarla hasta ahí y no más allá”.

  Se torna prudente respecto a la protección el gobierno estadounidense ha brindado a Venezuela en el litigio de los bonos PDVSA 2020. “En el caso del PDVSA 2020 esos acreedores obtuvieron una licencia del Departamento del Tesoro en el 2018 para poder actuar en el caso de que PDVSA no pagara, puesto que tenían una garantía con esos bonos, es el único acreedor o demandante contra la República que hasta ahora tiene esa posibilidad, por consiguiente, habrá que esperar y ver qué puede hacer el Gobierno americano. Hasta ahora lo que han hecho es suspender por periodos cortos la posibilidad de utilizar esa licencia”[2].

CITAS

[1] Tal Cual. “Alejandro Grisanti: Desde PJ consideramos un error demandar a tenedores de bonos 2020”. 20 de abril de 2020. https://talcualdigital.com/alejandro-grisanti-desde-pj-consideramos-un-error-demandar-a-tenedores-de-bonos-2020/



[2] La Gran Aldea. “Alejandro Grisanti: ‘El debate tiene que fijarse en la pandemia y en los mecanismos para la salida de Maduro’”. 16 de julio de 2020. https://lagranaldea.com/2020/07/16/creo-que-tendremos-un-fallo-en-contra-en-el-litigio-por-el-bono-pdvsa-2020/

Conoce los detalles del refinanciamiento de CITGO por USD 1.125 millones con Jefferies LLC y J. P. Morgan

   La banca de inversión exigió firmar una carta compromiso que obliga a mantener a esa entidad como ente encargado del refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un informe elaborado por la firma Jones Day a petición de CITGO Petroleum Corporation, estableció que la escogencia de las empresas Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC como prestadoras de los servicios de banca de inversión en el proceso de refinanciamiento de la deuda de la filial de la Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, era la única opción que esta tenía para reestructurar su deuda a corto plazo.
   El 9 de junio de 2020, el escritorio jurídico Jones Day remitió un memorando con carácter privilegiado y confidencial a CITGO Petroleum Corporation que contenía las recomendaciones con relación a las ofertas de deuda de alto rendimiento por parte de emisores corporativos en los Estados Unidos.

     Venezuela Política tuvo acceso al informe y a todos los anexos del mismo.

   Refiere que, en los Estados Unidos, generalmente, no se recurre al mecanismo de la licitación u otro proceso público, para considerar las ofertas de deuda de alto rendimiento por emisores corporativos. Esto se debe a la capacidad del emisor para controlar el tiempo y el proceso en torno a la oferta.
  Así ocurrió, por tanto, cuando recientemente CITGO Petroleum Corporation, bajo la Regla 144A emitió USD 1.125 millones de notas con garantías al 7.00 por ciento, con vencimiento en 2025.

   Explican los abogados que las leyes de mercado de capitales de los EE. UU. imponen limitaciones significativas a las empresas privadas sobre lo que pueden decir sobre una emisión o transacción en los mercados. En este contexto, los emisores que aspiran a un financiamiento, contactan a un pequeño grupo de bancos de inversión con los cuales mantienen una relación y que son capaces de ejecutar la transacción como resultado de la reputación y capacidades del mercado y la industria.
   Desde 2019, este tipo de operaciones se volvió más complicadas a raíz de las sanciones estadounidenses emitidas en enero de dicho año, a lo que se suma la situación política en Venezuela y los litigios que involucran a las entidades matrices de CITGO, así como por las incertidumbres sobre la propiedad y el control de la filial de PDVSA en los EE. UU. por parte de su junta directiva.

  Para dicha fecha, 2019, CITGO Petroleum Corporation y su matriz inmediata CITGO Holding, Inc., planeaban operaciones de su deuda a corto plazo.

   Observan los abogados de Jones Day que la gerencia de CITGO contactó a varias empresas de banca de inversión y otras instituciones financieras para evaluar el interés y su voluntad de involucrarse en estas transacciones de financiamiento, dadas las incertidumbres sobre la propiedad y el control de CITGO, así como los riesgos de hacer negocios con esta empresa.

   En medio de este panorama, Jefferies fue la única empresa de los Estados Unidos que estuvo dispuesta a realizar este refinanciamiento de CITGO.

Sobre el acuerdo con Jefferies

  Para aceptar actuar como la banca de inversión en marzo del 2019, Jefferies insistió en que se le emitiera una carta de compromiso. Esto por tratarse de un emisor de alto rendimiento con opciones de financiación limitadas.

  En razón a las pocas alternativas disponibles, CITGO firmó una carta de compromiso con Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, LLC.

  Representantes de CITGO informaron a los abogados de Jones Day que el acuerdo con Jefferies representaba la acción más prudente y la mejor oportunidad de llevar a cabo el financiamiento de las próximas deudas.

   El contrato suscrito entre Jefferies y CITGO estableció el compromiso de esta última de retener a la primera como banca para el refinanciamiento del préstamo B con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0 por ciento del monto total del capital de dicha deuda.

   Los abogados consideraron que la tarifa negociada del 1.0 por ciento estaba dentro del rango de razonabilidad para la suscripción de deuda o fees de colocación pagados por emisores estadounidenses cuya deuda tiene una calificación inferior al grado de inversión.

“Sin embargo, CITGO podría nombrar un banco co-líder si dicho banco fuera razonablemente aceptable para Jefferies y Jefferies se le asignaría no menos del 50 por ciento de los fees que CITGO le correspondía pagar por la transacción”.

  El acuerdo también incluyó una disposición de “cola” bajo la cual Jefferies tendría derecho a la tarifa del 1.0 por ciento si CITGO hiciera cualquiera de las “Transacciones” enumeradas para el 29 de julio de 2021 o antes, incluso si CITGO terminara el acuerdo.

   En julio de 2019, Jefferies fungió como el administrador para el refinanciamiento de las notas garantizadas por USD 1.870 mil millones al 10.75 por ciento con vencimiento en 2020 de CITGO Holding. Este refinanciamiento consistió en una oferta de USD 1.370 millones en notas garantizadas de 9.250 por ciento de CITGO Holding con vencimiento en 2024 más un nuevo préstamo B, de préstamo a plazo de USD 500 millones.

La selección de suscriptores para las notas CITGO 2020

  El informe de Jones Day refiere que la gerencia de CITGO exploraba opciones de liquidez en medio de la crisis del Covid 19, entre ellas, el refinanciamiento de la deuda con vencimiento en 2021 del plazo del préstamo B que se propuso a la junta directiva en mayo de 2020.

   La junta directiva aprobó la refinanciación del préstamo B de CITGO mediante la emisión de pagarés garantizados de CITGO por USD 1.125 mil millones, un incremento que le proporcionaría a la filial de PDVSA flexibilidad financiera en estas difíciles circunstancias.

   Para evitar pagar la tarifa del 1.0 por ciento que hubiera tenido que cancelar por rescindir el contrato con Jefferies y dadas las circunstancias imperantes, CITGO y en virtud de la ejecución exitosa de las transacciones de 2019 y la buena reputación de la empresa con la que ya mantenía un acuerdo, CITGO decidió proceder con Jefferies como el principal gestor de libros para la Notas de oferta.

  Sin embargo, como el acuerdo con Jefferies contemplaba la incorporación de un banco co-líder que fuera aceptable para Jefferies y esta recibiera al menos el 50 por ciento de las tarifas pagaderas por CITGO en la transacción, la filial de PDVSA en los Estados Unidos consideró involucrar a J. P. Morgan.

  El objetivo que perseguía CITGO con esta decisión era expandir las relaciones bancarias de la compañía para restablecer una línea de crédito rotativa para financiar las necesidades de liquidez de la compañía, en lugar de la dependencia continua de la deuda a plazo.

  J.P. Morgan finalmente acordó entrar en el acuerdo como banco adicional, posicionado a la derecha de Jefferies en el memorándum de oferta.

Las conclusiones de Jones Day

  El despacho de abogados estimó que la selección Jefferies y J.P.Morgan como suscriptores de la oferta de pagarés es consistente con los procesos empleados por emisores corporativos de alto rendimiento en los mercados de capitales de EE.UU.

  Según los abogados, el incremento del refinanciamiento de USD 750 millones a USD 1.125 millones en razón de una sobre demanda significativa, valida el proceso que siguió CITGO en la elección de los bancos para suscribir la oferta. Asimismo, validaron la tasa de interés de las notas emitidas por Citgo de 7.00 por ciento, por debajo del precio indicativo de 7.75 por ciento-8.25 por ciento e involucrando concesiones mínimas, por ser esta una nueva emisión en comparación con las tasas de rendimiento indicativas de la deuda pendiente de CITGO.

  Para Jones Day el proceso de venta de notas de CITGO a un grupo amplio y diverso de inversionistas, fue consistente con colocaciones de otros corporativos en Estados Unidos.

“La gerencia de CITGO señaló una preferencia por los inversionistas de más largo plazo sobre los fondos de corto plazo (hedge funds), al tiempo que afirmó que obtener el mejor precio para las notas era el objetivo principal de la compañía. Se nos informó que los bonos se asignaron a más de 150 inversionistas, que es una colocación amplia para una oferta de este tipo, y tanto las agencias de rating como el equipo de gestión de CITGO expresaron su satisfacción con la cartera de pedidos iniciales de la oferta”.

Nota confidencial del CITGO

  Una nota confidencial de CITGO detalla la relación contractual que ésta filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, mantiene con Jefferies Financial Group, la cual prestó servicios de banca de inversión en los procesos de refinanciamiento de su deuda en los años 2019 y 2020.

  El informe, con carácter privado y confidencial, dirigido al Luis A. Pacheco, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA explica el papel de Jefferies como agente de colocación de los bonos emitidos por CITGO Petroleum Corporation en las fechas indicadas anteriormente.

  Se refiere que, en marzo de 2019, CITGO emitió un préstamo a plazo fijo por USD 1.200 millones con el objetivo de reemplazar su línea de crédito rotativa y la línea de crédito con titularización de sus cuentas por cobrar, las cuales tenían vencimiento en mayo y junio del citado año 2019.

  Se advierte que los bancos se negaron a renovar dichas líneas en razón de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), así como la preocupación existente sobre la reputación de CITGO.

  Se informa que Houlihan Lokey actuó como coordinador de la transacción de préstamo a plazo fijo indicada, dado que esta empresa mantenía un contrato vigente con CITGO en el momento de la transición a la nueva administración.

  El reporte advierte que, en el desarrollo de la transacción, uno de los mayores desafíos de CITGO fue encontrar bancos que fungiesen como agentes que hicieran el fronting, es decir fueran facilitadores, distribuidores y en ocasiones financistas de la operación y, además, llevaran a cabo las funciones administrativas y actuaran como garantes colaterales. Se informa que “Decenas de bancos declinaron, citando limitaciones por las sanciones impuestas por la OFAC y/o riesgos de percepción que adversarían la imagen de sus instituciones”.

Agrega la nota confidencial que Houlihan confirmó que se acercaron a BNP Paribas, Credit Agricole, Natixis, Societè Generale, ABN Amro, Deutsche Bank, Sumitomo y Mizuho, entidades que habían participado en las facilidades crediticias emitidas por CITGO Petroleum Corporation, pero ninguno estaba dispuesto a servir como banco que hiciera el fronting.

  Otros intentos se hicieron con Credit Suisse, Bank of America, Citi, Mizuho, JPMorganChase, Macquarie, PNC, 5th Third, Scotia, RBC, DNB, Wells Fargo y Bank of NY, los cuales también declararon participar, según dijo Houlihan.

  Fue ante estas circunstancias que CITGO Petroleum Corporation decidió acudir a Jefferies para que esta actuara como fronting y como agente administrativo.

  Para aceptar, Jefferies puso algunas condiciones, entre ellas, una tarifa del 1 por ciento y la exclusividad para trabajar como banco líder principal en la futura refinanciación del préstamo CITGO 2021 y el refinanciamiento de las transacciones de CITGO Holding 2019. Se acota que el citado 1 por ciento sería compartido a partes iguales si se incorporara al proceso a un co-líder.

  Se advierte que CITGO Petroleum Corporation no tiene compromisos adicionales con Jefferies al finalizar la transacción de los bonos 2025.

  Para finalizar, la nota confidencial agregaba un resumen de procesos de refinanciamiento de años anteriores:

lunes, 20 de julio de 2020

La recuperación de los activos de Venezuela en el exterior corresponderá al gobierno de transición y no al gobierno interino

  Deben inventariarse los bienes de los que se conoce su ubicación y están a buen resguardo para evitar pagar comisiones por trámites que, en casos como este, no requerirían de esfuerzo alguno para recuperarlos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
   Con la previa advertencia de que el Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la tarea de recuperación de los activos de la nación corresponderá al gobierno de transición y no al actual gobierno interino, el jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio, Omar González, alertó que carece de sentido pagar la “prima de éxito” o “pago por resultados” a los despachos de abogados que se contraten para recuperar los activos de Venezuela en el extranjero, en los casos en que se conozca de antemano su ubicación, monto y se tenga la certeza de que se encuentran a buen resguardo, pues se trata de recursos que se deben aprovechar al máximo en el proceso de recuperación del país.

  El pasado 9 de julio, la Asamblea Nacional sancionó la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”, luego de una discusión en la que la fracción 16 de Julio salvó su voto.

  El diputado Omar González conversó con Venezuela Política para explicar las razones que los llevaron a asumir esta posición, tanto respecto a el referido instrumento legislativo, como de otras decisiones del poder legislativo nacional a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y su filial en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation.

  Le consultamos a González acerca de uno de los puntos de la ley que más genera polémica, qué es el relativo a la contratación de los equipos de abogados que van a liderar la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero.

¿Quiénes son, cuánto van a cobrar? Se advierte que muchos de los activos están ubicados, se sabe dónde están, pero esa ley aparentemente contempla pagar para que los ubiquen. ¿Qué sucedió con esa ley?

— Nosotros estuvimos en desacuerdo con la aprobación de esta “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”. En este caso, la Fracción 16 de Julio asumió una posición frontal, firme, de no aprobar esta ley. La razón, es que había elementos de forma y otros de fondo para oponernos a esta decisión. En primer lugar, quisieron hacer todo esto, es decir, el manejo de contrataciones para la recuperación de activos en el extranjero, que es lo que se conoce como caza rentas, que es un negocio muy lucrativo a nivel internacional, lícito y sumamente lucrativo, a través de un acuerdo parlamentario. Es decir, un instrumento sub-legal para algo tan delicado como es la recuperación de cientos de miles de millones de dólares que están regados por el mundo, producto del robo, del saqueo por parte del chavo-madurismo y sus testaferros. Entonces podría ser muy atractivo eso de recuperar el dinero que se robaron de Venezuela, pero esto tiene que tener un control. Sobre ese acuerdo, dijimos, que es una materia muy delicada que no puede ser despachada por un acuerdo parlamentario, sino que se necesitaba una ley bien estudiada y bien protegida. Por otro lado, hay una ley en Venezuela que es la ley del Estatuto de la Transición, que decía que esa recuperación de activos era una disposición para el gobierno de transición, no para el gobierno interino. Bueno, en todo caso, ese aspecto formal fue corregido, hicieron una ley y debatieron en primera y en segunda discusión este proyecto de ley. Nosotros estuvimos en desacuerdo, en primer lugar, porque en el acuerdo se planteaba el 15 por ciento del dinero que se recuperara para los bufetes. Eso lo rebajaron al 9 por ciento. Pero nosotros dijimos por qué se va a pagar 9 por ciento, por ejemplo, por la recuperación de dinero que está a buen resguardo en Estados Unidos, o en Portugal donde hay USD 2.000 millones que una corte decidió que no los podía manejar Maduro y su camarilla, sino la república de Venezuela cuando esté el gobierno de transición como dice la ley del estatuto. Así mismo sucede en Gran Bretaña donde una corte decidió que más de USD 2.000 millones no podían ser manejados por Nicolás Maduro. Así ocurre en Andorra, en Luxemburgo. Es decir, ese dinero está a buen resguardo. A ese dinero no le puede echar mano Maduro. Entonces, ¿por qué se le va a pagar hasta 9 por ciento a un bufete de abogados, por ejemplo, en el caso de Portugal serían USD 200 millones, cuando el dinero está resguardado? Eso es dinero que necesita Venezuela para su recuperación cuando esta tragedia pase. Como esas, hay muchas observaciones que le hicimos a esta iniciativa legislativa, pero lamentablemente no fueron oídas y la semana pasada fue aprobada en segunda discusión, es decir, esto ya está aprobado por el parlamento, con el voto salvado de la fracción 16 de julio.

¿Quién presentó ese proyecto?

— Primero fue un acuerdo que fue echado para atrás después de las razones que expusimos en las reuniones de jefes de fracción con la directiva de la Asamblea Nacional. Luego cambiaron a un proyecto de ley y teníamos como dos o tres meses haciéndole observaciones y se había detenido, no se habían atrevido a llevarlo a la plenaria. ¿Quiénes aprobaron? Bueno, los diputados del llamado G4, es decir, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un nuevo Tiempo.

  Recuerda que la presentación del proyecto finalmente estuvo en manos del subjefe de la Comisión Permanente de Finanzas, Luis Silva, diputado por el estado Bolívar, aunque no fue elaborado por él.

  Del mismo modo, González refiere que el proyecto recibió observaciones de carácter formal de parte del Contralor General y del Procurador General —el anterior y el actual— como también lo hicieron expertos, incluso del gobierno interino, quienes advirtieron acerca de lo riesgoso que resultaba aprobar y ejecutar esta ley “hasta para el propio objeto de la ley que es preservar los activos de la república que están en el extranjero”. Esto debido a que al pasar los activos a manos de la administración de la presidencia interina de Juan Guaidó, “los acreedores, que hay por montones, como en el caso de CITGO en que hay empresas como Rosneft o como Crystallex, etc., o como los bonistas, inmediatamente van a ir por esos depósitos, van a demandar el pago de sus acreencias, muchas de  las cuales han puesto como garantías los activos de Venezuela de manera irresponsable como lo hizo Hugo Chávez y como lo ha hecho Nicolás Maduro”.

  Recuerda, que muchos de estos activos se están bien resguardados por decisiones de tribunales de varios países en los que se encuentran, los cuales se han negado a entregarlos al gobierno de Nicolás Maduro, por considerarlo ilegítimo.  

  Omar González se remite, entonces, al caso del resto de los activos de Venezuela en el extranjero que es preciso ubicar y cuantificar. Tal es el caso y que se encuentran depositados en diversos países del mundo.  “Por lo menos, son 49 fondos”, advierte.

   Se trata de un dinero que, en muchos casos, ni el propio gobierno sabe dónde está y a cuánto asciende su monto. Para la ubicación de estos activos si considera pertinente contratar los servicios de los expertos en realizar estas pesquisas. “Si hay personas expertas en hacer pesquisas, no al dinero que está a buen resguardo y que se sabe dónde está y cuánto es, sino para ubicar esos fondos que están depositados en cualquier cantidad de bancos regados por el mundo, bueno, que se les pague, que haya una compensación por ese trabajo, pues está bien, es lícito. Pero agarrar lo que ya está ubicado, lo que ya se sabe dónde está, incluso que están a buen resguardo, eso es lo que está mal”.

Lo que dice la ley

  El artículo 17 de la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero” prevé la “contratación de servicios profesionales, legales o de inteligencia financiera, a los fines de adelantar actividades y gestiones encaminadas a la recuperación de activos de la República y sus entes descentralizados consistentes en depósitos bancarios, cuentas por cobrar y otros productos financieros similares, en el extranjero, bajo un esquema de pago con base en ‘primas a éxito’ o ‘pago por resultados obtenidos’, es decir mediante el pago de honorarios estipulado con base en el monto total de activos  efectivamente recuperados”.

   En su aparte “a”, el referido artículo establece que dicha “prima de éxito” o “pago por resultados” obtenidos “en ningún caso, podrá ser superior al 9% del total recuperado” y agrega que “El monto dependerá de la complejidad del caso, los costos y riesgos asociados a la recuperación y tomando como base el tabulador de primas elaborado por el Poder Ejecutivo”.

Inventariar los bienes

  En tal sentido, el jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio considera que lo prudente habría sido, primero, primero hacer un inventario de los fondos que ya están a buen resguardo en extranjero, de modo que no entrarán a formar parte del objetivo de la ley, lo cual habría permitido un gran ahorro para la nación.

“No se nos hizo caso y se aprobó”, por lo que los bufetes de abogados que se contraten, los que se dedican a este negocio de caza rentas, procederán en primer lugar a cobrar estos fondos de los que ya se conoce su ubicación y están a buen resguardo gracias a decisiones judiciales, para recuperarlo y cobrar las primas con tan sólo realizar un mínimo trámite y de poca monta, para cobrar la comisión de la factura. “Eso no está bien”.

  Por otra parte, Omar González estima que cuando se haya recuperado la institucionalidad en Venezuela y se restaure el estado de derecho e impere la separación de poderes, debe procederse a una investigación “donde la fiscalía actúe como debe ser y los tribunales actúen como les corresponde”, para determinar las responsabilidades en caso de que se haya cometido algún delito en lo que al establecimientos de estos fondos se refiere, así como al manejo de los activos venezolanos en el extranjero. “Para eso se necesita que Venezuela vuelva a tener soberanía, que no la tiene en este momento. Venezuela es un país invadido por fuerzas extranjeras, por crimen organizado, por organismos paramilitares que se están distribuyendo el territorio. Para ese entonces, los responsables de todas estas irregularidades que se cometieron en estos 21 años se van a conocer. Yo creo que todo se va a saber”, advierte.

La deuda de CITGO

   Entre otras materias, Omar González, también hizo referencia a un nuevo endeudamiento de CITGO Petroleum Corporation por USD 1.125 millones aprobado por la Asamblea Nacional con el voto salvado de la fracción parlamentaria 16 de Julio.

   Al tiempo de destacar la importancia de CITGO como el activo más importante de Venezuela en el extranjero, recordó que esta empresa, como el resto de las propiedades estatales, “ha sido saqueada en los últimos 21 años” con la consecuencia de un país que “está padeciendo hambre, donde hay muerte y buena parte de esta tragedia se debe a la corrupción, el venezolano en estos momentos exige una administración más transparente sin la opacidad que ha caracterizado la gestión de los activos de Venezuela en los últimos 20 años”.

  Recordó que durante una de las reuniones que semanales entre la junta directiva de la AN y los jefes de las fracciones parlamentarias, el jefe de la. Bancada de Acción Democrática, Piero Maroun, comentó que CITGO había emitido unos bonos de la deuda pública por USD 750 millones, “también comentó que conocía que se estaban dando ayudas para combatir el Covid 19, a fundaciones y a organismos no gubernamentales, las cuales desconocíamos, su monto y criterios de selección”, lo cual les pareció un hecho sumamente grave.

  “De inmediato comenzamos una investigación para saber si la información era cierta y, efectivamente, pudimos conocer de manera extraoficial —porque los directivos de CITGO y de PDVSA que es la empresa matriz, todavía no nos han respondido un cuestionario que les enviamos—, que se habían emitido bonos de deuda con garantías colaterales de tres refinerías del conjunto de activos de CITGO. Recordemos que CITGO llegó a tener hasta 8 refinerías, actualmente tiene 4 refinerías. Llegó a tener más de 50 terminales de embarque y de almacenamientos; tres fábricas de lubricantes, es decir, es una empresa de dimensiones colosales para la economía de Venezuela, que surte de combustible a buena parte de la costa este de los Estados Unidos. Entonces nos parecía insólito que los accionistas de esta empresa que a final de cuentas somos los ciudadanos venezolanos, no conociéramos de este empréstito. Posteriormente pudimos conocer que no fue por USD 750 millones, sino que al final fue por USD 1.125 millones”.

  Refiere que, ante este hecho, procedieron a solicitar a Luis Torrealba, presidente de PDVSA ad hoc, responder una serie de interrogantes, tales como el criterio utilizado para endeudar de nuevo a CITGO, “cuando ya bastante teníamos con los Bonos 2020, con la empresa rusa Rosneft, con la cual habían puesto a CITGO de garantía. Entonces, qué criterios usaron para emitir estos bonos; qué agente financiero colocó estos bonos. Todas estas preguntas fueron parte de las interrogantes que le hicimos al presidente de la junta directiva ad hoc de PDVSA”.

  A tal solicitud, Torrealba no contestó sino de manera indirecta, cuando, le envió una carta al presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Elías Mata, “pero no se dignó a respondernos a nosotros, violando expresos compromisos constitucionales que nos dan la atribución para investigar, para controlar, para solicitar información”.

  Hace mención a que, posteriormente, se produjeron una serie de renuncias que les llamaron poderosamente la atención. “Comenzaron a renunciar miembros de la junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. ad hoc, igualmente renunciaron directivos de CITGO. Así fuimos investigando qué era lo que estaba sucediendo. Incluso supimos que una agencia gubernamental del Departamento de Justicia de EE. UU. había abierto una investigación a CITGO. Entonces, todas estas cosas nos llaman poderosamente la atención y estamos en este momento en ese proceso de investigación en la Fracción 16 de julio. En todo caso, en la última sesión que tuvimos, incluso, en la sesión de la designación de los directivos de PDVSA nosotros salvamos el voto razonadamente. Por cierto, se nombró un directivo que renunció a la semana. Luego en CITGO, nombraron a tres miembros y a un nuevo presidente. Todo esto es señal de que algo está pasando”.

Cuando ustedes entendieron que algo extraño estaba pasando en CITGO y en PDVSA ad hoc, ¿tuvieron, por ejemplo, oportunidad de conversar con el diputado Elías Mata o con el mismo presidente Guaidó quien preside la Asamblea Nacional?

— Bueno, en la reunión de las fracciones parlamentarias nosotros hicimos estas preguntas verbalmente. Preguntamos el por qué de la emisión de nueva deuda, la ausencia de mecanismos de control, la opacidad con que se ha manejado todo. Él mismo [Juan Guaidó] sugirió que le escribiéramos al presidente de PDVSA, quien seguramente iba a responder. Así hicimos, pero el presidente de PDVSA no nos respondió. La semana pasada cuando nos preguntaban por qué íbamos a salvar el voto, que por qué estábamos en desacuerdo, yo les dije al presidente que ni ellos ni el presidente de PDVSA había respondido a nuestras preguntas. Nos respondieron indirectamente a través de una comunicación dirigida a otro dirigente importante que recibió las respuestas, bueno, no todas, porque no todas las interrogantes fueron respondidas. Sólo tuvimos una respuesta indirecta. Estamos preparando un documento para hacérselo llegar. Ese documento se sustenta en todos los artículos de la Constitución Nacional y de la Ley de Administración Pública de Venezuela, que nos dan las facultades para controlar, para supervisar y para pedir una rendición de cuentas frente a lo que está sucediendo.

   Requerimos a Omar González acerca de la posición de su fracción parlamentaria respecto a aspectos claves de este nuevo endeudamiento, tales como la escogencia de la empresa que emitió la nueva deuda y los criterios que imperaron para ello; sobre la falta de explicaciones de CITGO sobre sus manejos y el hecho de que, a pesar de estar en una nueva administración, persisten las irregularidades y vicios que dominaron la gestión chavista de esta empresa. Incluso, le comentamos que funcionarios ligados a los chavistas Asdrúbal Chávez y Nelson Martínez, se mantienen en funciones, sin que se haya explicado. Citamos el caso del nombramiento de Carlos Jordá en la junta directiva en sustitución de Rick Esser, quien se mantiene en la vicepresidencia.

— Informaciones como las que usted comenta, también ha llegado a oídos de los miembros de la Fracción parlamentaria 16 de Julio. Recordemos que, de los últimos presidentes de esta empresa, seis están presos por delitos de corrupción. Sabemos que CITGO tiene en la actualidad unos 4 mil empleados, muchos de los cuales permanecen en sus cargos directivos, al frente de gerencias claves, como la de distribución, integrando la plantilla de ejecutivos fundamentales de la administración del chavismo. Muchos de esos 4 mil empleados son ciudadanos estadounidenses, otros son venezolanos, son corresponsables, o por lo menos están enterados de esta situación irregular, contratos con sobreprecios. Conocimos, por ejemplo, el caso de una persona que tenía 200 empresas registradas, entonces se presentaban muchos presupuestos a CITGO, pero todos provenían de la misma persona. De manera que hay en CITGO cosas que no se han aclarado y es necesario aclarar. Opacidad en el manejo de la selección del agente financiero, si hubo una licitación para hacer esta colocación de deuda por USD 1.125 millones, las tasas de rendimiento, los cupones que generan este endeudamiento.

    Refiere que sobre el endeudamiento se les dijo que se trataba de un refinanciamiento de algunas deudas que dejó la administración anterior, “una deuda, primero, de USD 614 millones que vence en el año 2021, pero de USD 614 millones a USD 1.125 millones, hay una buena diferencia que es necesario aclarar para qué se va a usar. Al principio dijeron que eran USD 750 millones y que iban a dejar USD 100 millones para gastos operativos, pero como hubo ofertas por USD 1.125 millones, endeudaron a CITGO por esa cantidad. Eso no es usual, nadie se endeuda porque el banco quiera prestar mucho dinero, se endeuda por un proyecto en específico. Nosotros queremos saber para qué se va a usar ese dinero. Por qué se endeuda a CITGO por esa cantidad superior a los compromisos que dicen que tenía la empresa para el año 2021. Esas son las interrogantes sanas, correctas, que deben ser despejadas y no tratar de mantener en la opacidad una negociación de este calibre”.

   Apunta que estas designaciones se llevaron a cabo sin informar debidamente a los diputados de la AN quiénes eran los postulados, cuáles criterios se tomaron en cuenta para su escogencia y cuál era el currículo y experiencia de los candidatos. “A la plenaria de diputados solamente se le informó que se procedería a la designación de nuevos miembros de la junta directiva ad hoc, unos minutos antes de iniciar la sesión. Sin conocer la hoja de vida, la experiencia, sin conocer ni siquiera los nombres. Entonces frente a este irrespetuoso tratamiento, la fracción 16 de Julio negó el voto, porque no estamos para dar un cheque en blanco a nadie, eso no es correcto, eso no es decente, eso no es lógico, y en consecuencia nuestro desacuerdo lo expresamos por escrito en documentos que estoy seguro que cuando en Venezuela se revisen los hechos como debe ser, la gente comprenderá nuestro proceder”.

 — ¿Tiene usted alguna idea de quién seleccionó a estas personas, así como de los anteriores miembros de las juntas directivas de PDVSA y de CITGO, de los cuales algunos renunciaron y otros que, aunque permanecieron, no prestaron ningún tipo de colaboración a las autoridades que los designaron?

— En verdad no lo sé, pero uno intuye que allí hubo, suena un poco duro lo que voy a decir, una especie de repartición de cargos. Esa es la impresión que tenemos muchos en la Asamblea Nacional. Es decir, que algunas fracciones o partidos políticos son como cuotas de responsabilidad. Es como lo que se estaba haciendo para nombrar el Consejo Nacional Electoral, donde en noviembre del año pasado se nombró una comisión para analizar las postulaciones de quienes iban a ser los rectores. La Constitución es muy clara, tiene que ser gente con probada honestidad, experiencia, sin militancia política, una serie de característica que el baremo lo da la propia Constitución, nos invitaron a formar parte de esa comisión, pero cuando nos dimos cuenta que estaban incorporando a ex-diputados del PSUV, dijimos que no perteneceríamos a ella. Después esa misma comisión dijo que se estaban repartiendo los cargos, dos rectores para el gobierno, dos rectores para la oposición, un rector neutral. ¿Qué es eso? Eso es violar la Constitución, eso es una repartición burocrática de la que la gente ya está harta y no acepta que se siga administrando de esa manera. Mucho menos acepta que esto suceda en empresas tan importantes, como en este caso, PDVSA y CITGO. Eso no es lo correcto, Así fue que se destruyó la industria petrolera, por entregarla a gente sin experiencia, sin probidad.

   Se niega a hacer señalamientos específicos de personas, porque sería irresponsable hacerlo sin tener elementos probatorios de esas afirmaciones. “Reitero que es una percepción que uno tiene frente a votaciones en plenos, pero sería irresponsable de mi parte hacer señalamientos de alguna persona en particular. Lo que sí es cierto es que dejó mucho que pensar que el presidente de PDVSA haya declarado que lo que se maneja en CITGO es secreto, eso no puede ser. Su argumento para no revelar algunas informaciones que el pueblo venezolano, repito, exige y necesita, de que es información secreta, no creo que haya sido una respuesta adecuada. En todo caso, nosotros vamos a insistir en que se conozca la verdad de las cosas. Aquí ha habido sustituciones, no sabemos por qué renuncian, por qué se van, ni por qué entran. Como le digo, en PDVSA se rompió un récord, uno de los miembros de la junta directiva que se designó hace 15 días, un ingeniero de apellido Vílchez, apenas duró una semana en el cargo y a la siguiente semana, tampoco lo votamos, pero tuvieron que elegir a otro. Eso no puede ser, eso se tiene que acabar, la gente está exigiendo un cambio en la administración de las empresas del estado”.

Alerta sobre Fundación Simón Bolívar

  Finalmente, Omar González fue consultado con relación al manejo de la Fundación “Simón Bolívar” de CITGO, cuyos lineamientos fueron cambiados por el chavismo y actualmente opera sin control.

— Ahora nos han informado que a raíz de la pandemia del Covid 19 se ha entregado a varias ONG muchísimo dinero para atender a venezolanos de la diáspora, pero nadie sabe cómo se seleccionan esas ONG, cómo se entrega el dinero, cuáles son los programas y proyectos, etc.  Dicen que no hay transparencia en el manejo de estos recursos. ¿Cómo se le pone el cascabel al gato en este caso?

— Bueno, esa fue una de las preguntas que le hicimos a la junta directivas y que no nos contestó, porque también de manera extraoficial hemos conocido de donaciones a ONG que, por lo menos, el pleno de la Asamblea Nacional no conoce. Estamos solicitando este tipo de información, creo que es lo mas sano, porque, repito, la gente está demandando transparencia, pero no sabemos, ni cantidades, ni ninguna información al respecto. Es lo que puedo decir, porque no nos fueron respondidas las preguntas. Sabemos, por ejemplo, algunos diputados se han enterado, de pacientes que en clínicas del oriente del país han sido operados y las cuentas se le cargan a CITGO. No estamos en desacuerdo con las ayudas sociales que son importantes y a veces vitales, pero esto debe tener algún control. Incluso, hay bufetes de abogados que estuvieron relacionados con las administraciones de presidentes que se encuentran presos por corrupción y siguen operando y asesorando a CITGO. Estos mismos abogados han intervenido en casos como el de los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro. Esas son las versiones que nos llegan desde Estados Unidos. Ahora, ¿esto es cierto? No lo sé. Estas son respuestas que debe dar la junta directiva.