Mostrando entradas con la etiqueta Citgo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Citgo. Mostrar todas las entradas

miércoles, 24 de junio de 2020

Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado de la Florida, David Rivera, por incumplimiento de un contrato a través de su firma, Interamerican Consulting INC, sigue dando de qué hablar. A partir del conocimiento del caso civil, han surgido una serie de actores que han ampliado el radio de acción de la investigación federal que incluye a varios personajes del régimen de Nicolás Maduro. En esta historia les contamos algunos detalles de este escándalo.
   Cuando se conoció la demanda en mayo de 2020, se constató que la directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, asistidos por el abogado Michael Gottlieb, [quien ha representado a chavistas y opositores], presentaron la querella civil que busca rescatar los $15 millones de dólares que CITGO pagó a David Rivera en 2017, por sus servicios de cabildeo a favor de PDVSA, controlada en ese tiempo por Nicolás Maduro. 

   Según fuentes internas de CITGO, la demanda, más que tener la intención de recuperar los $15 millones [el costo de litigar en corte supera el monto del premio que se busca obtener] "es un mecanismo usado por la refinadora petrolera del estado venezolano, controlada por el gobierno interno de Juan Guaidó, [reconocido por el gobierno de Estados Unidos y más de 50 países], para cubrirse las espaldas, debido a que la investigación que se sigue el Departamento de Justicia norteamericano contra CITGO, que posiblemente concluya con severas penalidades a la empresa por no haber cumplido las leyes federales contra la corrupción y  el lavado de dinero".

   "La demanda sería una cortina de humo, para demostrar ante la justicia estadounidense que aunque tarde, actuaron contra los presuntos criminales que expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos", sostuvo la fuente consultada en calidad de anonimato. 

  En febrero de 2019, la junta directiva de Luisa Palacios tuvo conocimiento de primera mano de todos los casos de corrupción que se cometieron en CITGO durante las administraciones chavistas, incluyendo la del fallecido, Nelson Martínez  y la de Asdrúbal Chávez.

   "Se les informó sobre los ejecutivos que cometieron delito y las empresas que obtuvieron los contratos fraudulentos a lo largo de todos los años. Las auditorías internas y los reportes de empleados que denunciaron los hechos de corrupción y los intentos de sobornos que los contratistas ofrecieron para lograr expoliar el dinero de CITGO y PDVSA", dijo la fuente pero asegura "que no se tomaron acciones hasta finales de mayo de 2020".

     Cuando se interpuso la demanda en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el presidente interino, Juan Guaidó dijo que la demanda es posterior a una auditoría hecha por su equipo directivo de CITGO.  

   En un tweet del Centro de Comunicaciones del gobierno interino, con fecha 15 de mayo de 2020, se activierte que la demanda contra Rivera surgió luego de una auditoría realizada por CITGO, tras haber sido recuperada para los venezolanos por el Gobierno legítimo.

  Se señala que: "tras la investigación realizada, tenemos los suficientes elementos para afirmar que, pese a no haber realizado ninguna labor justificable, la PDVSA de 2017 controlada por Maduro canceló al Sr. Rivera $15 millones de dólares, de un contrato de 50 millones de dólares".

   Documentos en nuestro poder muestran que la auditoría a la que se hace referencia, no fue hecha en 2019, sino que se realizó en  mayo de 2017 por el departamento Interno de CITGO. Tal como apuntamos, Luisa Palacios y su equipo, tenían esa información desde febrero de 2019, y no fue sino hasta mayo de 2020 que decidieron interponer una acción contra David Rivera y contra otro contratista corrupto que ya está en custodia de las autoridades estadounidenses, José Manuel González Testino. 

   "La conveniencia de interponer la querella civil en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando recuperar los $15 millones no luce clara", dice la fuente interna de la corporación. 

  Un dato que llama la atención de Venezuela Política es el incremento significativo de gastos de asesoría legal de CITGO desde que se inició la gestión de la directiva designada por Juan Guaidó, llegando a superar los $102 millones de dólares

   Vale destacar que la cifra de $102 millones en gastos legales de CITGO, bajo la administración de Palacios, "se han usado para realizar investigaciones internas por más de un año, cuyos resultados aún están por verse", dijo la fuente consultada.

   Bajo el control de Guaidó, CITGO sigue usando abogados y los bufetes que usó la corporación cuando estaba bajo el control del régimen de Nicolás Maduro y que estuvieron al tanto de los fraudes y actos de corrupción y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.

   La fuente consultada sostiene que la mayoría de las firmas seleccionadas por la administración designada por Guaidó y que se mantienen en la nómina de CITGO "fueron coordinadas por la abogada de CITGO, Judith Colbert a pesar que hay información es pública y notoria, que los bufetes de abogados se han beneficiado al trabajar y defender al régimen de Maduro".

    La misma fuente sostiene que actualmente bufetes como Willkie Farr & Gallagher LLP Willkie y Sidley Austin LLP [Caso narcosobrinos] "siguen beneficiándose y llevando múltiples casos en CITGO bajo la administración de la junta directiva de Juan Guaidó".

  "Otras firmas como Hogan Lovells y Jones Day fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO", sostuvo la fuente. 

 Denuncia que "Cristina Rodríguez (Hogan Lovells) en combinación con Judith Colbert y Glenn Hilman unieron fuerzas para retaliar y amedrentar a empleados y directores que denunciaron casos de fraude en CITGO y fueron despedidos bajo la administración de Nelson Martínez y José Pereira". 

   Explica la fuente que hay un informe interno de CITGO, con las denuncias de la exgerente de Recursos Humanos, Marisol Gómez sobre los contratos de PDV USA y CITGO, ordenados por el fallecido, Nelson Martínez con compañías intermediarias como GFC Consultores y Yakima Trading de Samark López Bello, quien fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser uno de los testaferro del actual ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, quien pasó a ser uno de los hombres más buscados por la justicia de los Estados Unidos. 

  Señala la fuente que "durante la mediación legal del caso de Gómez, Judith Colbert, Glenn Hilman y Cristina Rodríguez defendieron la selección y los contratos de PDV USA/CITGO con GFC Consultores, Yakima y sus dueños y testaferros". 

  Agrega que "bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá sigue la convivencia con profesionales internos y externos que ayudaron al desfalco de CITGO y PDVSA". 

   Sostiene que "los empleados de CITGO han visto por años que los abogados contratados por el régimen se han enriquecidos a cosas de los casos de CITGO, cobrando horarios inflados, y sin importar que los casos sean ganados en las cortes o no".

   Reportes en nuestro poder muestran que CITGO pagó en servicios de consultoría y gastos de defensa en 2016 más de $ 68 millones; en 2017, los gastos llegaron casi $81 millones y en 2018, se gastaron alrededor de $64 millones. En este período, el régimen de Nicolás Maduro controlaba la filial de PDVSA en Estados Unidos. Pero en febrero de 2019, CITGO pasó al control de Juan Guaidó, y en ese año, los gastos por servicios legales subieron a casi $89  millones y hasta el presente van más de $102 millones.  Las firmas que cobran en CITGO durante la gestión de Palacios y Jordá además de las mencionadas anteriormente, está Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.


La acusación contra David Rivera

  Las fuentes insisten en que la acusación contra David Rivera responde a un interés político que busca desviar la atención, y se convierte "en una herramienta que convenientemente pretende dejar a PDV USA (CITGO) como una víctima". En este caso, las acciones del abogado Michael Gottlieb buscan evitar que se haga mención a la "responsabilidad individual" de los participantes que diseñaron y ejecutaron la transacción fraudulenta que la corporación hizo con el excongresista, y que violaron las leyes federales.

   La idea, dice la fuente, "es la intención de encajonar la demanda en un incumplimiento de contrato, cuando el caso envuelve una investigación más extensa de presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO".  

 Sostiene que "estos crímenes sólo fueron posibles con la participación de dos o más partes, PDVSA, PDV USA, CITGO y los empleados, directores, abogados y consultores que participaron en la transacción demandada y que tenían el deber y la obligación de salvaguardar a la empresa y controlar que ese tipo de fraudes no se hiciera en una empresa que se rige por leyes norteamericanas".

   Tal como hemos advertido, los casos de varios contratos fraudulentos de PDVSA, CITGO y PDV USA son investigados por el Departamento de Justicia desde el año 2017.  "Los elementos y la manera fraudulenta de cómo David Rivera y contratistas como José Manuel González Testino, Manuel Chinchilla y otros lograron obtener contratos de CITGO es un factor que penaliza a la corporación ante las autoridades judiciales estadounidenses", comenta la fuente.

Las repercusiones de la demanda contra David Rivera

    Como se señaló, el pliego de la demanda contra David Rivera no incluye todos los detalles de ese caso, sino la exposición de hechos selectivos que no permiten conocer la historia completa, que involucra a otros actores, que hasta ahora permanecen  ocultos.

   Cuando CITGO y PDV USA contrataron a David Rivera para cabildear a favor del régimen de Nicolás Maduro ante las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos, no se hizo la debida due diligence, no se cumplió con los requerimientos de ley y no revisaron las credenciales de la empresa Interamerican Consulting Inc, a la que pagaron $15 millones de dólares, en tres transacciones de $5 millones cada una a través de la cuenta bancaria Interamerican Consulting, Incorporated en el banco JPMorgan Chase Bank NA, Routing #: 021000021 Cuenta # 633291682 y que tiene como dirección,  270 Park Avenue, New York, 10017. 

   Una vez que se dio a conocer la demanda, hubo muchas interrogantes que apuntaban a David Rivera, quien es investigado por presunta violación de la Ley FARA. 

   Fue el senador Bob Menéndez (D-N.J.) quien pidió a funcionarios del Departamento de Justicia que investigaran sí el ex representante Rivera violó la ley al no haberse registrado como agente del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.


   En una carta enviada por Menéndez al Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John Demers, se señala que la demanda y los informes de prensa posteriores, mostraron que Rivera estaba trabajando en nombre de un agente extranjero, sin el debido registro bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

  "Por lo tanto, solicito que el Departamento de Justicia revise si Rivera cumplió con FARA, incluso si tiene la obligación de registrarse retroactivamente como agente extranjero que actúa en nombre del régimen de Maduro", escribió Menéndez, el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

  "Cuando los agentes extranjeros no se registran bajo FARA, sus actividades en nombre de las potencias extranjeras se ocultan a la vista del público, lo que oculta las posibles amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos", advirtió Menéndez (1).

Otros elementos que hablan de la corrupción en CITGO 

  Esta semana, la agencia Associated Press (AP) informó que el régimen venezolano intentó reclutar al ex-congresista Pete Sessions para negociar una reunión con el CEO de Exxon Mobil, al mismo tiempo que estaba pagando en secreto a  David Rivera $50 millones para evitar las sanciones de Estados Unidos.

   La nota de AP refiere que "un funcionario de PDVSA envió un correo electrónico a Sessions, el 8 de junio de 2017, en busca de su ayuda para organizar una reunión entre el ministro de petróleo de Venezuela y Darren Woods, entonces jefe de Exxon, con el propósito de atraer a la petrolera de regreso a Venezuela".

   AP dijo que había visto el correo electrónico, y que dicha evidencia estaba en manos de la policía federal de EE. UU. En  la misma nota, escrita por el periodista Joshua Goodman, se señala que se investiga al ex-congresista, David Rivera, "a la persona que supuestamente le dio instrucciones al funcionario de PDVSA para enviar el correo electrónico a Sessions".

     En la fecha que se alega que hubo un intento del régimen de Maduro de acercarse a Exxon, Rivera estaba trabajando para el chavismo, en base al contrato por $50 millones que se firmó entre PVD USA/CITGO con Interamerican Consulting Inc.  

      AP recalca que Sessions participó en esfuerzos de mediación en Venezuela durante los 15 meses siguientes. Viajó a Caracas en secreto en abril de 2018 para reunirse con Nicolás Maduro, en un viaje auspiciado por el ahora prófugo de la justicia de Estados Unidos por diversos crímenes financieros, corrupción masiva y lavado de dinero, Raúl Gorrín.

    Se confirma en la nota de AP que "David Rivera sirvió de traductor en la reunión de Sessions con Nicolás Maduro, a que asistió Gorrín". Meses más tarde, "Sessions habló con el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani para ayudarle hacer las gestiones para que se produjera la reunión de Maduro con el presidente de EE. UU.".

  Las evidencias sobre esas gestiones son objeto de investigación por parte de fiscales federales que buscan todas las pesquisas relacionadas con los servicios de consultoría que Rivera hacía a Maduro, y por los cuales CITGO pago $15 millones.

CITGO entra en acción

  La nota de AP se refiere a un aspecto que ya había sido mencionado en los medios. CITGO aportó $500.000 al comité inaugural de Trump. 

    Otra fuente en CITGO sostiene que la donación del medio millón de dólares a la campaña del presidente norteamericano "se mantuvo en secreto, no se habló de esta transacción hasta que la información salió publicada en la prensa". Muchos se sorprendieron, incluyendo Rafael Gómez que era el encargado de las relaciones con el gobierno. 

    La fuente dijo a Venezuela Política que "con la donación de los $500 mil, pudieron asistir a la inauguración del presidente Donald Trump, José Pereira y Gustavo Cárdenas (presos en Caracas acusados de delitos de corrupción), Rick Esser, ratificado en su cargo por la directiva designada por Juan Guaidó".

    AP menciona que CITGO pagaba $70 mil mensuales "durante mucho tiempo", a dos grupos de presión establecidos, Cornerstone Government Affairs y Vantage Knight, por supuestos "trabajos de regulación". 

    Una segunda fuente interna de CITGO, que habló en condición de anonimato,  sostiene que las facturas en la contabilidad que presentó David Rivera para cobrar los $50 millones, de los cuales sólo logró el pago de $15 millones, carecían de sustentación legal "fueron unos recibo de cobro sin rigurosidad, y la entrega del informe de servicios tampoco reunía los requisitos para ser aceptados por  el Departamento de Finanzas de CITGO para ser cancelados. Nada se correspondía al pago de $50 millones a una empresa de lobby".

  Hasta el momento, las fuentes consultadas no tienen conocimiento sobre las razones por las cuáles la directiva de Luisa Palacios no ha demandando también a las otras empresas que cometieron delitos similares. 

Los gastos de lobby de CITGO, PDVSA

   En 2017, fecha en la que Maduro, a través de Delcy Rodríguez, contrató a David Rivera para hacer lobby ante el gobierno de Estados Unidos, PDVSA y CITGO paraba miles de dólares a las siguientes empresas a empresas de cabildeo:
  En 2018, PDVSA y CITGO contraron las siguientes compañías lobistas.
  En 2019, cuando el control de CITGO fue entregado a Guaidó, y fue designada Luisa Palacios como presidenta de la Junta Directiva, estas fueron las empresas contratadas por la corporación.
   En el primer semestre de 2020, continuaron los contratos a las mismas empresas:


Los perversos personajes de la trama


   Cuando David Rivera supo que PDV USA/CITGO lo había demandado, aseguró que parte del dinero que recibió estaba destinado a la oposición de Venezuela y pidió que le preguntaran a los 6 de CITGO, refiriéndose a los seis ejecutivos presos en Caracas por su participación en casos de corrupción durante sus gestiones en CITGO, Houston. Rivera no ha ofrecido evidencia o explicación para respaldar esa afirmación.

    A raíz de las revelaciones de Rivera, quien aseguró además que se había entendido con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado parte del dinero, se supo que en el entramado denunciado por el demandado, habría participado también Raúl Gorrín, en prófugo de la justicia estadounidense que hizo una enorme fortuna por actividades fraudulentas que le permitieron robar miles de millones al erario público venezolano por su sociedad con el ex-tesorero Alejandro Andrade, Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen de Chávez y Maduro.

     Esta semana, Leopoldo López aseguró que iba a contrademandar a David Rivera por difamación. Hasta el cierre de esta nota no se había interpuesto ninguna querella contra el excongresista por parte del líder de Voluntad Popular y uno de los actores principales en el gobierno interino de Guaidó.  López continúa operando desde la residencia del embajador de España en Caracas, donde se encuentra en calidad de refugiado desde el 30 de abril de 2019.

  Gorrín participó junto a Rivera en la reunión con el excongresista Sessions en Caracas en 2018, y según la información dada a conocer por AP, pagó el viaje del congresista a Venezuela, aunque la misma agencia cita a una de las asistentes de Sessions que aseguró que era el parlamentario el que había pagado sus gastos. 

___


CITAS

1) https://thehill.com/homenews/senate/498502-top-senate-democrat-asks-doj-to-investigate-former-representatives-venezuela

2) https://apnews.com/15ea6f405e859acadf969696d286b94a

jueves, 11 de junio de 2020

Piden investigar al ex-representante David Rivera por posible violación de ley FARA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    El Centro Legal de Campaña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar al ex-representante de la Florida, David Rivera por una posible violación de la Ley de Registros de Agentes Extranjeros (FARA). Rivera, a través de su empresa Interamerican Consulting Inc, habría prestado servicios de cabildeo a la petrolera venezolana PDVSA, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, sin cumplir con el requerimiento de registrarse como agente para trabajar a favor de un gobierno foráneo.
   Rivera firmó un contrato por $50 millones para cabildear a favor de Petróleos de Venezuela, S.A, ante las instituciones del gobierno y del congreso estadounidense.

   Kedric L. Payne, Consejero General y Director Senior, Ética del Centro legal de Campaña envió una solicitud formal para la apertura de la investigación contra Rivera al Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional Departamento de Justicia, [División de Seguridad Nacional, Unidad FARA], John C. Demers. 

   En la misiva, Payne señala que hay una presunta violación por parte de Rivera "porque los servicios incluyeron informar a los responsables políticos y líderes de opinión con respecto a las iniciativas y logros de PDVSA”, acciones que corresponde a las empresas de lobby.

  Rivera se comprometió en el contrato a reforzar un mejor posicionamiento entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión con el objetivo de mejorar a largo plazo "la reputación" de PDVSA y su "prestigio" con los "interesados ​​directos".

  "El hecho de que el ex-representante Rivera no se registre, socava uno de los propósitos declarados por el Departamento de Justicia  en la ley FARA para "ayudar a proteger la integridad de la democracia estadounidense mediante la lucha encubierta influencia del gobierno extranjero en nuestro proceso político", dice la carta. 

  Recuerdan que la democracia de los Estados Unidos es más vulnerable a la interferencia extranjera si se permite a los ex funcionarios de los EE. UU. "presionar en secreto por entidades gubernamentales extranjeras, mientras que el público permanece en la oscuridad sobre cómo los gobiernos extranjeros y sus agentes intentan influir en los estadounidenses política y derecho". 

   El hecho de que el Representante Rivera no se registre amerita una investigación, ya que la Ley FARA requiere que las personas que acuerden actuar como agentes de directores extranjeros deben registrarse con el Departamento de Justicia.

   Agrega que una persona se convierte en un "agente de un director extranjero" si, bajo la dirección o control del principal extranjero, acuerdan participar en: 1) En actividades políticas para los intereses de dicho principal extranjero; 2) Para actuar como un abogado de relaciones públicas; 3) Consultor político para o en interés de dicho principal extranjero; 4) Representar los intereses de dicho principal extranjero ante cualquier agencia u oficial de el gobierno de los Estados Unidos.
 
 Destaca que la FARA define como "actividades políticas" cualquier acción que la persona que participa cree que hará con la intención de influir de alguna manera en cualquier agencia u oficial del Gobierno de los Estados Unidos o cualquier sección del público dentro de los Estados Unidos con referencia a la formulación, adopción o cambio de una política o relación con un gobierno extranjero.

Rivera como consultor

  Sostiene que el ex-representante Rivera acordó realizar "Servicios de consultoría estratégica" para la petrolera estatal de Venezuela. El 13 de mayo de 2020, PDVSA USA, la subsidiaria de propiedad total de PDVSA, presentó una demanda en una corte federal contra la firma consultora de  Rivera, Interamericana Consulting Inc. por incumplimiento de contrato.

 Según la demanda, el 21 de marzo de 2017, PDV USA (bajo la dirección de PDVSA)" firmó un contrato con Interamerican, para proporcionar "Servicios de consultoría estratégica para mejorar la reputación y la posición de PDVSA". 

 En el momento de la firma del contrato, PDVSA estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro. 

  Resulta llamativo que la empresa contratada por PDVSA sólo tiene dos empleados, Rivera y su hermana, Diana Rivera McKenzie. Adicionalmente, la dirección principal del negocio es la casa del representante.

  La comunicación sostiene que Rivera afirmó en informes contractualmente requeridos que los servicios prestados incluían contactos con "importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos, Funcionarios públicos clave, partes interesadas objetivo, y partes interesadas del sector público y sector privado", por lo cual Rivera probablemente violó a FARA al no registrarse como Agente extranjero en nombre de PDVSA.

  Asegura que Rivera debería haberse registrado como agente extranjero porque aceptó realizar actividades políticas, servir como asesor de relaciones públicas y actuar como político consultor para un director extranjero para PDVSA que es una empresa controlada por un gobierno.

   Aunque "Rivera fue pagado por la subsidiaria estadounidense de PDVSA, la evidencia sugiere que él entendió que estaba realizando sus servicios de consultoría para para un gobierno extranjero", acota. 

   El trabajo de consultoría estaba bajo la dirección o control de PDVSA, una empresa estatal venezolana y un director extranjero para fines de FARA.

   El trabajo de consultoría que, según la denuncia, el Representante Rivera acordó proporcionar abarca los tipos de actividades que requieren registro bajo FARA.

 El acuerdo de Rivera lo caracteriza como un "consultor político" al servicio de PDVSA para lo cual debía estar registrado de acuerdo a la ley FARA.







sábado, 6 de junio de 2020

CITGO anunció oferta privada de $ 1.125 mil millones de bonos senior garantizados

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  A través de un comunicado, CITGO Petroleum Corporation  anunció la oferta privada de bonos senior garantizados por un monto de $ 1.125 mil millones de capital agregado de 7.00% con vencimiento en 2025. Esta operación está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933. 
  "El monto principal de la oferta se incrementó al tamaño de oferta anunciado previamente que era de $ 750 millones", asegura la nota de prensa.

  CITGO informa que "se espera que el cierre de la oferta ocurra el 9 de junio de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales".

  CITGO tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los pagarés para pagar los $ 614 millones de deuda pendiente del préstamo a plazo B de la Compañía [con vencimiento en 2021]; los intereses acumulados y no pagados bajo el préstamo a plazo B [con vencimiento en 2021]; cancelar todos los honorarios y gastos relacionados con oferta, y una parte será usadas para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

  Advierten que el comunicado de prensa "no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los pagarés y aclaran que por esa vía no habrá venta de los pagarés en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal". 

   Señala que "la oferta y la venta de las notas no ha sido ni será registrada bajo el Ley de Valores, o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos en ausencia de registro y para exención de los requisitos de registro". 

  Los bonos sólo se ofrecen a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A bajo la Ley de Valores, y a personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales de conformidad con la Regulación Ley de Valores.


martes, 26 de mayo de 2020

CITGO demandó a José Manuel González Testino y a una de sus [muchas] empresas que recibió contratos fraudulentos de la filial de PDVSA en EE. UU.

   La querella por incumplimiento de contrato, fraude y demandas civiles en virtud de la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO)  surge de una conspiración de soborno ilegal y otros actos criminales perpetrados por González Testino, otras personas, PLS y otras entidades bajo el control y la propiedad indirecta del demandado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  CITGO informó que demandó al contratista José Manuel González Testino y a su empresa  Petroleum Logistic Services Corp, por haber obsequiado [sobornado] a los funcionarios de la filial de PDVSA en Estados Unidos con regalos, joyas, obras de arte, viajes y hasta un apartamento a cambio de recibir contratos fraudulentos con sobreprecios por más de $ 20 millones, en una trama de corrupción que ocurrió entre 2014 y 2018.
   CITGO emitió un comunicado este martes a las 8:20PM, firmado por el CEO de la corporación Carlos Jordá y la presidenta de la Junta Directiva, Luisa Palacios, en el cual informó que interpuso una demanda contra el contratista José Manuel González Testino, quien actualmente está siendo procesado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por otro caso de corrupción y lavado de dinero, y por el cual será sentenciado en agosto de 2020. Ver detalles aquí.
   Llama la atención que la demanda contra González Testino es sólamente contra la empresa Petroleum Logistics Services Corp.. Los récords internos muestran que el acusado consiguió contratos millonarios con otras de las empresas que tenían registradas en CITGO y por los cuales pagó sobornos a funcionarios de CITGO, algunos de los cuales aún permanecen trabajando en la corporación con sede en Houston, Texas.

  El comunicado de CITGO del 26 de mayo de 2020,  informa que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estado investigando a la filial de PDVSA en Estados Unidos por más de una década. 

  José Manuel González Testino ha recibido contratos en CITGO para varias de sus empresas, entre las que se destacan, [además de Petroleum Logistics Service USA, Inc.], Drill Corp, Stand Industries, Lexington Tech, EcoWire, Petequip y SGL Technic. 

  Documentos en poder de Venezuela Política reflejan que durante las gestiones de Glenn Hilman y José Luis Zambrano (bajo arresto en Caracas por cargos de corrupción) se le asignaron contratos corruptos a las empresas de José Manuel González Testino, principalmente las anteriormente mencionadas: Drill Corp, Stand Industries, Lexington Tech International, LLC, EcoWire, Petroleum Equipment Petequip, Corp. y SGL Technic por más de 70 millones de dólares. 

   En la demanda civil interpuesta por CITGO en Houston aparece involucrado un funcionario (E) que de acuerdo a la descripción fue un alto ejecutivo de CITGO entre los años que duró la conspiración y que era el encargado de velar por el cumplimiento de los procedimientos en la petrolera.  Según la querella, ese funcionario habría recibido los sobornos de José Manuel González Testino, entre los cuales se destacan obras de arte, viajes en avión privado, y hasta un inmueble en la ciudad de Houston. 

  Una fuente citada por AP dice que el funcionario sería José Pereira arrestado en Caracas desde 2017, por acusaciones relacionadas con otro caso de corrupción relacionado con un plan que no se ejecutó para lograr un refinanciamiento de CITGO por unos  $ 4 mil millones en bonos que ofrecían una participación del 50% en la compañía como garantía. Otra fuente consultada dijo que el funcionario que vivió en Galleria no era José Pereira sino Nelson Martínez aunque sostuvo que Pereira era una pieza clave de Martínez.

   Venezuela Política publicó en octubre de 2019 un informe que fue entregado a las autoridades de CITGO designadas por el presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó en que se describieron las prácticas corruptas de José Manuel González Testino para obtener contratos con sobreprecio en CITGO.

    La exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían, entre ellos un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, cuando este ocupó la presidencia de la empresa. 

   El 3 de mayo de 2019, Marisol Gómez de Vergara remitió un correo electrónico a Luisa Palacios, presidenta de la junta directiva de CITGO, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

    Marisol Gómez denunció a varias personas, entre quienes destaca,  John Pereira —hijo de José Pereira— quien fue trasladado desde PDVSA-Oriente a la Gerencia de adquisiciones de CITGO Aruba, sin que su hoja de vida exhibiera experiencia alguna ni conocimientos en materia de compras. De este modo, la alta gerencia ignoró a otros candidatos con vasta experiencia en el campo de adquisiciones. En tal sentido, Gómez expuso en su informe que por su objeción recibió varias acciones en represalia de parte de José Pereira.

    Rubén González —pariente de Nelson Martínez— también formó parte de la lista de ingresos irregulares a CITGO aupados desde la alta gerencia de la empresa. En este caso, el familiar de Martínez fue contratado sin que mediara para ello el proceso formal de reclutamiento y contratación. Esta persona, de acuerdo a la versión de Marisol Gómez, está involucrada en supuestos casos de corrupción y fraude liderados por su hermano José Manuel González Testino y Nelson Martínez en PDVAL, Corpoelec y otros entes del gobierno venezolano. El informe refiere que Rubén González influyó en las transacciones de adquisición de CITGO con ISG Global, Petroleum Logistics, Rexel y otras empresas fantasmas propiedad de Manuel González Testino y Tulio Farías.



   Las empresas de José Manuel González Testinos fueron bloqueadas en 2016 como resultado de una investigación en la que se determinó que los contratos habían sido entregados de manera fraudulenta. No obstante, después de Junio 2017, José Pereira, Jennifer Moos y otros funcionarios que formaban parte del entramado de corrupción, desbloqueron las entidades el acusado.

   Dos fuentes internas de CITGO dijeron a Venezuela Política, bajo compromiso de anonimato por temor a represalias, que en 2017 Glenn Hilman y José Luis Zambrano asignaron más de 70 millones en contratos adicionales a José Manuel González Testino.

    Como se informó más adelante, Luisa Palacios, Carlos Jordá y el resto de los nuevos directivos de CITGO conocían desde el inicio de su gestión[hace más de 15 meses] las irregularidades cometidas en la corporación con varios contratistas y funcionarios de la corporación. 

   La base a la demanda anunciada hoy por CITGO contra González Testino, junto a la realizó en contra del excongresista de la Florida, David Rivera, [y otras que no se han hecho], forma parte de las auditorías e investigaciones que se hicieron en CITGO desde el 2014 al 2017 y que fueron entregadas a la actual directiva a principios de 2019.

  De acuerdo a la normativa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando una empresa investigada por violación de la Ley de Prácticas Corruptas y otras leyes federales, realiza demandas de este tipo, en aras de mejorar su conducta, son consideradas por los jueces al momento de calcular las penalidades que se imponen a las corporaciones luego que concluyan las investigaciones federales y se determina la responsabilidad corporativa en casos relacionados con fraude, corrupción, etc.


Empresas que recibieron contratos con sobreprecios de CITGO

  Petroleum Logistics Service USA, Inc. es una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 20 de diciembre de 02016,  en la dirección 1519 NW 82ND Avenue, Doral, FL, 33126. Aparece como presidente y agente registrador, Javier Aurrecoechea.

  Lexington Tech International, LLC es una empresa activa registrada en Delaware el 16 de septiembre de 2013. En los récords aparece la siguiente dirección:3411 Silverside RD #104 Rodney Building, Wilmington, New Castle, DE, 19810. El agente registrador es otra empresa de nombre Corporate Creations Network Inc. Asimismo, Lexington Tech International, LLC está registrada en Houston,  el 8 de noviembre de 2013, con la dirección fiscal en 11530 Legend Manor Dr., Houston, Texas, 77082. La agente es Deborah Kwon.

   Petroleum Equipment Petequip, Corp.  es una empresa registrada en  Panamá el 8 de agosto de 2014, en el Distrito de Panamá. Las siguientes personas aparecen entre los directivos de la firma: Alba Daniza (tesorero); Gabriel Martínez (Presidente, Secretario y Suscriptor); Keila Castro(Suscriptor) y Xcynthian Alona Araya Tejada  (Apoderada). Escobar, Della, Togna, Icaza & Jurado es el agente registrador.

CITAS

1) http://eltiempolatino.com/news/2019/oct/29/informe-revela-presuntas-practicas-fraudulentas-y-/

2) https://apnews.com/bc0e245e0d74ff3ae90bf6f477491017

3) https://www.venezuelapolitica.info/tag/jose-manuel-gonzalez-testino/

4) https://www.maibortpetit.info/2019/10/informe-de-gerencia-revela-presuntas.html


lunes, 18 de mayo de 2020

Decisión del Supremo de EE. UU. acelera posible pérdida de CITGO, el activo más valioso de Venezuela en el exterior

 La Corte Suprema de los Estados Unidos negó la solicitud de Venezuela de reconsiderar una decisión de un tribunal inferior que permite a Crystallex subastar las acciones del refinador de PDVSA en Estados Unidos, CITGO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  Al negarse a discutir el recurso interpuesto por Venezuela, la Corte Suprema de los Estados Unidos  le da valor al fallo del Tercer circuito que permite que la trasnacional Crystallex pueda proceder con una orden otorgada por un juez de Delaware para proceder con una subasta pública de las acciones de CITGO Petroleum Corp. para saldar que por $1.4 millones que la República Bolivariana de Venezuela tiene pendiente la República Bolivariana de Venezuela. 
   Con esta actuación de la Corte Suprema de Justicia, se mantiene la decisión del tribunal de apelaciones de los Estados Unidos, que establece que cualquier acreedor que intentase confiscar los activos de Venezuela, incluyendo CITGO, va a requerir una aprobación específica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

  En noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. en Filadelfia confirmó una decisión que permitía a la canadiense Crystallex subastar acciones en CITGO para cobrar una sentencia de $ 1.4 mil millones generada por la confiscación de sus bienes en Venezuela.

El caso, junto con varios otros que se están abriendo camino a través de los tribunales estadounidenses, podría llevar a PDVSA a perder el control de CITGO.

 La administración de Donald Trump ha mostrado interés en salvaguardar a CITGO, tratando de bloquear la intención de los acreedores de Venezuela que buscan cobrar sus deudas, en buena medida para proteger a la administración interina de Juan Guaidó.


  En octubre de 2019, la Corte de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos dictaminó que  Crystallex International Corp podía avanzar con los esfuerzos para confiscar las acciones de la refinadora de petróleo CITGO.

  La canadiense Crystallex, desaparecida actualmente, había ganado una sentencia de $ 1.4 mil millones como premio por la expropiación de sus activos ejecutada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La minera también consiguió sentencias judiciales favorables en los Estados Unidos para subastar acciones de CITGO, propiedad del Estado Venezuela, para cobrar la deuda.

  La decisión del Supremo deja a Venezuela en un alto riesgo de perder CITGO. 

  Crystallex está buscando una compensación por la adquisición por parte de Venezuela en 2011 de las operaciones de extracción de oro de la compañía cerca de Las Cristinas. Crystallex ganó en el arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo. El minero de oro aún debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Antes de que las acciones puedan subastarse.

   Crystallex es el más avanzado de un grupo de acreedores, incluida la compañía petrolera ConocoPhillips, ha estado realizando acciones legales para que el tribunal permita la subasta de las acciones de PDV Holding Inc., la empresa matriz de CITGO, para cobrar las deudas

  La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordena levantar una decisión de un tribunal de segundo circuito que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO.

Un caso de larga data

  En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento ‘Las Cristinas’ lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

  El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

  El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia afirmó que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

  En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

  El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

  En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

  Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal.

   Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

  Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

  Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

  Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de CITGO se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

  PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

  Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante,  en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

  En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50  países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

  La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware.

  En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

  En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela.

  Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

  Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería «un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos».
De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

  El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

  En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO.  Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO.

  La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.

jueves, 23 de abril de 2020

La impunidad fue el arma usada por los contratistas para saquear a PDVSA y a CITGO

La corrupción e irregularidades cometidas en el seno de Petróleos de Venezuela son objeto de la investigación e instrucción de expedientes por parte del Comisión Principal de la estatal, sin que de estas averiguaciones poco o nada se sepa fuera de los muros de la principal empresa venezolana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Las cargos efectuados por Bariven, CITGO y las empresas mixtas de Petróleos de Venezuela por concepto de compra de insumos, materiales y equipos deben ser monitoreadas y evaluados para certificar que las cantidades y precios imputados por los contratistas se ajusten a los costos reales de operaciones e inversiones, ya que existen muchos casos de procesos de compra que han revelado sobreprecios y otras irregularidades, y donde ha permanecido la impunidad como regla. Tal conclusión se deriva de las opiniones expresadas por el Comisario Principal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Silvestre Molero Torres en el informe relativo al año 2017.
   El documentos de más de 600 páginas da cuenta de una serie de investigaciones llevadas a cabo por Molero Torres sobre irregularidades y casos de corrupción de las que la opinión pública tiene poco o nulo conocimiento. En esta primera entrega haremos referencia al endeudamiento de la filial de la corporación en los Estados Unidos, CITGO, la adulteración intencional de los resultados mostrados en los procesos de medición y fiscalización de hidrocarburos, los sobreprecios en la procura de Bariven y la detención de su presidente.

   Una copia del informe fue entregado al presidente de PDVSA, Manuel Quevedo el 7 de diciembre de 2018 para que el mismo fuera considerado por la alta gerencia en aras de tomar las decisiones pertinentes para corregir las irregularidad y seguir las recomendaciones realizadas por esa la referida Comisionaduría. 

   Explica el comisario en su informe que los casos de investigación de hechos irregulares, denuncias y situaciones de fraudes a los cuales les hace seguimiento su despacho, así como la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, la Consultoría Jurídica Corporativa, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna y la Contraloría Financiera reciben aportes de cada uno de estas dependencias para asegurarse de que se sigue el protocolo interno de acuerdo a las normas internacionales en el tratamiento de situaciones irregulares y fraudes. Tal verificación comprende la confirmación del evento de fraude y su modalidad operativa para establecer si las prácticas son sistémicas y continuadas o son eventos episódicos. De esto dependerá el diagnóstico adecuado y poder determinar el impacto financiero y la identificación de las áreas vulneradas en el control interno, hacer propuestas para remediar y mitigar las causas, identificar a los responsables y relaciones para asegurarse que no haya otras áreas contaminadas con las prácticas y protagonistas identificados. Igualmente, el comisario trabaja —según refiere su informe— en la preparación y judicialización del expediente del caso y emprende acciones de resarcimiento patrimonial.

   Silvestre Molero Torres refiere que recibió información del Ministerio Público sobre las investigaciones llevadas a cabo por esa instancia judicial en PDVSA y sus filiales durante el último trimestre del año 2017, conformadas por nueve casos principales que permitieron imputar y detener hasta el momento de elaboración del reporte, a 69 funcionarios de los niveles gerenciales medios y altos.
   Dichas detenciones tenían que ver sobre los casos de investigación de CITGO, donde los implicados son 7 personas; por Petrozamora S.A. son 17 funcionarios; por Puerto Miranda, 15 funcionarios; por el caso de Producción Oriente, 10 detenciones; Petropiar S.A. 5 funcionarios detenidos; por Bariven S.A. tres detenciones; PDVSA Corporativa arrojó 5 funcionarios detenidos; el Caso de Vehículos, 6 detenciones; el caso Petrosaudí S.A., una detención.

  Pero la Oficina de Apoyo al Comisario de PDVSA, además de los casos señalados, le hace seguimiento a otras situaciones en las cuales se trabaja para establecer su impacto material y así reconocer pérdidas y otros efectos contra los resultados financieros de la empresa estatal.

  Molero Torres pasa a enumerar dichos casos de investigación y refiere su estatus, las acciones pendientes por acometer de acuerdo con las normas internacionales para el tratamiento de situaciones irregulares y fraudes.

Operaciones de endeudamiento de CITGO

  En primer término, el comisario principal de PDVSA hace referencia al caso de investigación acerca de las operaciones de endeudamiento de la filial de la estatal en los Estados Unidos, CITGO, el cual es manejado por Ministerio Público a través de la Fiscalía Quincuagésima Quinta, identificado con el número MP-508382-2017 y que cursa en el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal de área Metropolitana del Distrito Capital, vertido en el Expediente N° 3C-18.500-2017.

   Imputados por los delitos de Peculado Doloso Propio, Concierto de Funcionario con Contratista, Legitimación de Capitales, y Asociación para Delinquir aparecen un exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA —Nelson Martínez, quien falleció el 12 de diciembre de 2018 mientras estaba en reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y desde donde fue trasladado al Hospital Militar—, así como seis trabajadores de la filial.

  El reporte indica que este caso versa sobre el hecho de que las autoridades de CITGO obviaron obtener la debida aprobación por parte de las autoridades de Petróleos de Venezuela, así como de la república, que le diera la autorización legal a los términos y condiciones de una relevante transacción de endeudamiento. Se explica que la operación financiera estaba en curso de negociación cuando se produjeron las detenciones, razón por la cual se imputa un delito en grado de frustración.

  El comisario Molero Torres formuló una serie de recomendaciones a través del memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018, las cuales surgieron de discusiones en mesas de trabajo, las cuales apuntan a la necesidad de que los directores, presidentes de empresas y gerentes, actúen con el “marco del rigor que imponen los niveles de autoridad, competencias, y delegaciones financieras establecidas por tipo de transacciones, esto es los actos administrativos deben cumplirse en el estricto marco del principio de legalidad”.

  Sostiene que en los procesos de financiamiento que comprometan tanto a PDVSA, sus filiales, y a la república en general, debe atenderse el protocolo de someter tales transacciones ante los niveles de autoridad, tanto corporativos, como de gobierno del país, conforme lo establecen las leyes, reglamentos y disposiciones que regulan las transacciones.

   Refiere el informe que al cierre de 2017, la Oficina de Apoyo al Comisario no había recibido información sobre la cuantificación de pérdidas materiales a la Corporación derivados del caso de endeudamiento de CITGO, agregando que el Comité de Auditoría de PDVSA se encargaría de analizar, deliberar y hacerle seguimiento. Precisó que la firma de auditores externos KPMG, emitió una opinión limpia sobre los Resultados Financieros Consolidados de la filial CITGO, al 31 de diciembre de 2017.

  Estima que el Comité de Auditoría y la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA deben impulsar una campaña de divulgación de los conceptos transaccionales y Niveles de Autoridad Administrativos y Financieros (NAAF) con énfasis en operaciones de alto riesgo y así familiarizar a los gerentes medios y altos sobre los imprescindibles protocolos, instancias de sometimiento, consideración y aprobación, a los fines de asegurar transacciones de conformidad con la ley y los procedimientos.

  Insta a hacer una revisión de las actuales normas y procedimientos de endeudamiento, recaudos y niveles de autoridad administrativos y financieros para actualizarlos con las instrucciones y precisiones necesarias e incorporando las instancias y niveles de aprobación, según sea el monto monetario de los endeudamientos en el ámbito nacional o internacional.

  Por último, Molero Torres llamó a determinar los efectos materiales con impacto patrimonial al cierre de 2017 para su correspondiente registro contra los resultados financieros del ejercicio en referencia.

Caso de adulteración de resultados

   Seguidamente el comisario principal de PDVSA se remite al caso de la adulteración intencional de los resultados mostrados en los procesos de medición y fiscalización de hidrocarburos, el cual fue investigado en los años 2016 y 2017 por los cuerpos de control de empresa.

Refiere que presentó varios puntos de cuenta ante el presidente de PDVSA en demanda de acciones para mejorar los procesos de Control Interno en torno a la producción de hidrocarburos, habiendo sido aprobados los puntos propuestos. En tal sentido, se creó el Comité para el Control de las Mediciones, Balance y Fiscalización de Hidrocarburos (COMBAF).

  Igualmente indica el reporte que en 2017, el Viceministerio de Hidrocarburos, en coordinación con la Oficina de Apoyo al Comisario, emitió cinco oficios dirigidos a regular el proceso de medición y fiscalización de hidrocarburos en PDVSA y sus filiales.

   El Comité COMBAF identificó ciertas irregularidades que propiciaron una investigación interna a cargo de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral descubriéndose la práctica de alteración de los datos relacionados con los niveles reales de producción, por lo que el expediente fue remitido inmediatamente a la Fiscalía General de la República.

   En opinión del comisario, para garantizar Control Interno en las mediciones de la producción de hidrocarburos, se debe mantener la independencia de la organización de coordinación operacional encargada de realizar las mediciones.

  Se debe asegurar —continúa alertando el informe— la plena automatización de las mediciones de la producción y la oportuna calibración de los equipos de mediciones. Se resolvió que la Vicepresidencia de Planificación Corporativa de PDVSA de las mediciones y fiscalizaciones de hidrocarburos. Sin amargo, advirtió que esta decisión de independencia, no se ha implantado en forma definitiva y aún se mantienen los niveles tradicionales de reporte.

   Específicamente, el informe del comisario refiere el caso de la alteración intencional de la variación de producción fiscalizada en la División Punta de Mata, por lo que la Consultoría Jurídica Corporativa informó que el caso se radicó en Caracas desde el 8 de enero de 2018, a saber, en la Fiscalía 73° Nacional Plena, MP-495137-2017, Tribunal Quinto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana-Distrito Capital. El número de expediente es 5C-18238-18. Los delitos que se imputan son Incumplimiento al Régimen Especial de las Zonas de Seguridad, Sabotaje o Daño a Sistemas, Peculado Doloso Propio y Asociación Para Delinquir. Se imputó al Superintendente de Tratamiento Químico, al Gerente de Coordinación Operacional Furrial, al Subgerente Operacional División Punta de Mata, a una Analista de Contabilidad de Crudo División Punta de Mata, a un Ingeniero de Proceso de Documentación y Estadísticas y Contabilización de Hidrocarburos, a una Analista de Contabilidad de Crudo, al Gerente General de Coordinación Operacional de Exploración y Producción Oriente, al Director Ejecutivo de Exploración y Producción, al Gerente de la División Punta de Mata y a un Gerente de Producción.

  El impacto de la acción de alterar la producción fue estimado por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral en USD 266,7 millones por regalía pagada en exceso. Se indica que al cierre de 2017, se gestionaba un Punto de Cuenta de la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA, solicitando al Ministerio del Poder Popular de Petróleo la aceptación de la factura correspondiente al citado concepto.

   Silvestre Molero Torres a través del memorando COM-2018-0022 fechado el 17 de abril de 2018, recomendó, en primer lugar, como acción complementaria a la actuación de la Dirección de Seguridad Integral, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna y la Oficina de Apoyo al Comisario, determinar el efecto financiero del forjamiento y alteración de la producción fiscalizada durante el período 2014-2017 y registrar los ajustes en los libros de reserva para sincerar los niveles reales de existencias de hidrocarburos en los yacimientos y campos.

  Del mismo modo recomienda que la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral presente ante el Comité de Auditoría el caso de la adulteración de la data de la producción real para así establecer sus efectos y definir los actos legales que autoricen a PDVSA Petróleo, S.A., a facturar ante el Ministerio del Petróleo, el resarcimiento compensatorio por la regalía e impuestos pagados en exceso. Se explica que las sobreestimaciones de la producción, incluían volúmenes provenientes de empresas mixtas por lo que hay que determinar los efectos financieros para proceder a los debidos recobros y su correspondiente registro en la contabilidad de la corporación.

  También, la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral coordinadamente con la Oficina de Apoyo al Comisario, preparó una presentación sobre la investigación realizada en relación a la producción intencionalmente alterada en el Distrito Punta de Mata que serviría de base para calcular y hacer los ajustes finales en el Libro de Reserva relativos a los barriles ficticios reportados como producidos y preparar el cálculo de las cuentas por cobrar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo por la regalía pagada en exceso.

   El comisario se pronunció por la necesidad de ejecutar un plan que contemple la revisión de la funcionalidad de los sistemas de medición fiscal de hidrocarburos en las instalaciones operativas de cada una de las direcciones ejecutivas de producción de PDVSA; evaluar la idoneidad de los niveles de automatización asociados a la medición y fiscalización de hidrocarburo; revisar la suficiencia y razonabilidad del alcance de la interconexión entre los sistemas automatizados de medición y fiscalización de hidrocarburos con los sistemas centinela y SAP; cumplir las instrucciones emanadas de la presidencia de PDVSA en los puntos de cuenta sometidos por la Oficina de Apoyo al Comisario, relacionados con el proceso de medición, balance y fiscalización de hidrocarburos.

Caso de sobreprecios en la procura internacional de materiales de Bariven

   Silvestre Molero Torres cita uno de los casos más relevantes y de más impacto financiero en 2017, relativo a la procura de insumos, materiales y equipos internacionales que fue acusado en diciembre de 2015 en la fiscalía del Distrito Sur de Texas, División Houston, en Estados Unidos de América, cuando se identificaron situaciones de violación de leyes anticorrupción y contra el lavado de dinero en contratos de procura internacional de bienes y servicios conexos, celebrados por la filial Bariven, S.A.

   Ante estos hechos, los auditores externos y el Comité de Auditoría de PDVSA propusieron contratar una firma experta en auditoría forense para evaluar el alcance de las irregularidades observadas, estableciendo esta que Bariven fue víctima de fraude en el proceso de procura internacional al haberse identificado las modalidades empleadas en la perpetración del fraude y las vulneraciones al control interno que permitieron que tales irregularidades pudieran tener lugar.

    Se pudo identificar a los funcionarios y terceros que serían responsables de los hechos y se determinó las transacciones afectadas, lo cual permitiría establecer si las compras bajo irregularidad, “no representaban una situación generalizada a través de prácticas sistémicas, recurrentes e inferibles a todo el universo de compras internacionales, dirigidas a la industria petrolera venezolana”.

  El comisario Silvestre Molero Torres estableció que la investigación determinó que, efectivamente, se produjo un fraude en las compras internacionales de PDVSA al concertarse proveedores y representantes de la gerencia de la filial PDVSA Services, Inc., en Houston Texas, la cual a su vez es filial de Bariven, S.A. y se encarga de las compras internacionales, transacciones estas en las cuales se observaron apreciables sobreprecios.

   Indica que el proceso judicial hasta el momento de emitirse el informe había permitido que ocho personas implicadas se declararan culpables ante un tribunal de primera instancia en el Distrito Sur de Texas, División Houston, en los Estados Unidos de América.

  Por su parte, el Comité de Auditoría de PDVSA instruyó la retención de los pagos pendientes a los proveedores involucrados con los responsables de las irregularidades detectadas, por aproximadamente USD 400 millones.

  PDVSA también identificó un conjunto de bienes, propiedad de personas relacionadas con los actos irregulares y se autorizó interponer acciones legales, tanto civiles como penales en la jurisdicción extranjera que corresponda. La estatal también formuló a los Estados Unidos una solicitud de restitución en su carácter de víctima para que el citado tribunal ordene a los acusados resarcir el daño patrimonial causado.

Informe de Auditoría Interna sobre el caso

   Relacionado con este caso, el 27 de noviembre de 2012, el Auditor General Corporativo consignó ante la presidencia de PDVSA el informe de auditoría interna con referencia AIC-2012-293 para reportar una situación irregular con la procura internacional de la filial Bariven, S.A., particularmente con la compra de vehículos que comportaban significativos sobreprecios. Este informe identificó a varios de los proveedores incursos en posteriores procesos irregulares de procura y se presentó ante el Comité de Auditoría y se discutió con el Viceministro de Hidrocarburos, con el Director de Enlace de Bariven, S.A. y con el Director de Finanzas de PDVSA.

  Pero los intentos de control fueron anulados —subraya el comisario— por la acción de los grupos de poder que facultaban a las autoridades de Bariven, S.A., quienes desde su posición de dominio, aminoraron el impulso procesal. Pero a pesar de esto, el informe  se incorporó a los expedientes consignados ante el Ministerio Público desde PDVSA.

  De acuerdo a Molero Torres, Venezuela es víctima de la acción de una poderosa organización internacional vinculada criminalmente con proveedores del mercado de los EE. UU. y la alta gerencia que manejó los procesos de procura internacional, quienes actuaron con impunidad

La Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera informó en el cierre contable del año 2016 se identificó una provisión por el orden de USD 218 millones por concepto de potenciales pérdidas con la procura internacional.

Auditorías internas a Bariven

  A principios del año 2015, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, promovió un análisis de riesgo sobre la procura internacional de Bariven, S.A. que identificó algunas situaciones de potencial riesgo de prácticas irregulares con las compras internacionales”, reza el informe del comisario principal de PDVSA.

  Agrega que en diciembre del citado año, la Fiscalía Federal de Houston detuvo a Roberto Rincón y a Abraham Shiera, a quienes acusó de corrupción en la obtención de contratos de procura de Bariven, S.A., entre los años 2009 al 2014.

   Entretanto, la investigación interna de PDVSA, confirmó que Rincón y Shiera, así como sus allegados y otros ex-proveedores relacionados, pagaron comisiones a exfuncionarios de Bariven, S.A. y PDVSA para obtener contratos de procura con la referida filial por más de USD 2.000 millones, al tiempo que le gestionaran pagos bajo dichos contratos y le concedieran otros beneficios.

   El comisario de PDVSA recomendó respecto a este caso a través del memorando COM-2018-0022, del 17 de abril de 2018, demostrar la cualidad de víctima de PDVSA y su filial Bariven, S.A. objeto de fortalecer la opción del resarcimiento patrimonial de recursos confiscados a los responsables de las irregularidades en referencia. Esta diligencia se hizo ante el tribunal del Distrito Sur de Houston, Texas. Asimismo instó que se desestimara el argumento político de escasa diligencia en la disuasión del fraude que pudiera esgrimirse para invalidar el derecho venezolano al  resarcimiento patrimonial.

   Llamó a que la Consultoría Jurídica de PDVSA y el Comité de Auditoría deben reforzar sus actuaciones en lo atinente a las situaciones de fraude con las compras internacionales de materiales y superar las debilidades de orden jurídico de las diligencias realizadas para que sea reconocida la cualidad de víctima a PDVSA ante la Fiscalía del Distrito Sur de Houston-Texas.

  Agrega que la gestión gerencial debe estar acompañada de la disminución del énfasis en el control interno, en función de superar la emergencia dada por la crisis en el cumplimiento de metas de producción. De este modo, “ante la baja volumétrica, como necesaria respuesta se pretende imprimir agilidad a la selección de contratistas y proveedores, en la búsqueda de viabilizar la obtención oportuna de los suministros, obras y servicios. Esta simplificación de procesos, si bien puede ayudar a la agilización de la operación, requiere que tales lineamientos estén impregnados de legalidad; a tal efecto, deben ser acompañados del soporte de una intencionalidad contralora, y de criterios rectores uniformes, que rijan las bases de actuación de los administradores, a quienes se les está facultando para la toma de decisiones sobre selección de proveedores, y niveles monetarios transaccionales, que usualmente han correspondido a Comisiones de Contratación, Comisiones de Compras, Comités de Operación, Comité de Planificación y Control, así como al Comités Ejecutivo, y Junta Directiva de PDVSA”.

  En este sentido advierte que la flexibilización administrativa no puede constituirse en caldo de cultivo para la proliferación de la corrupción.

  “El citado riesgo, debe ser mitigado a través de instrucciones precisas, que orienten la selección de contratistas y proveedores, con racionalidad y disciplina; lo cual incluye seleccionar empresas, con base en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Registro REPS de PDVSA y Maestro de Proveedores de Bariven, S.A.; advertir expresamente, que la Corporación ni el país tolerarán maletineros, sobreprecios, ni sub contrataciones; asimismo dejar constancia suficiente que los precios, en cada caso se acordarán con base razonable, previas consultas documentadas, y con fundamento en los términos, condiciones, cantidad, calidad y tiempo de entrega, ventajosos para la Industria; asegurarse que la rectitud en la actuación para seleccionar proveedores y contratistas, puede ser verificada a través de procesos posteriores de los Auditores Internos y de la Gerencia Corporativa de Control Interno, entes que deben reforzar el monitoreo y las revisiones de los procesos de Contrataciones y Compras. Igualmente, revisar por tipos de activos, los niveles monetarios a delegar, de manera que no obstante la flexibilidad operativa, se actúe en el marco de métodos de trabajo racionales, disciplinados, sistemáticos y uniformes, signados por la rectitud e integridad en la administración de recursos”.

Detención del presidente de Bariven

  El caso de la detención del presidente de Bariven derivó de una evaluación llevada a cabo por la organización de investigación adscrita a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral de PDVSA, cuyos resultados, se incluyeron en un expediente que se remitió al Ministerio Público.

   La Gerencia de Asuntos Penales, adscrita a la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, informó que tal como lo informara el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, el 2 de noviembre de 2017, el presidente de Bariven, S.A. había sido detenido por presuntas irregularidades en los procesos de procura de bienes, según se refirió en el caso anteriormente mostrado.

   Por estos hechos fueron aprehendidas otras dos personas a las ya referidas, por los delitos de asociación para delinquir y peculado doloso, a saber, el gerente de Servicios Técnicos y un analistas de compras.

   También se informó sobre la detección de “10 mil millones de bolívares y 119 millones en moneda extranjera” en irregularidades en procesos de compras de materiales y equipos.

  El comisario hace mención a las irregularidades cometidas identificadas, entre las cuales están, “la compra de tuberías a la empresa Liaoning, a saber: a) Orden de Compra 5100096822, con impacto económico por sobre precio estimado en USD 7.813.699,33 y b) Orden de Compra 5100097048, con impacto económico por efecto de sobre precio, estimado en USD 6.776.168,11, de conformidad con Informe elaborado por la gerencia de Ingeniería de Costos. Adicionalmente, existe una averiguación penal a través de la Fiscalía 63 N°MP-478147-2017 por el denominado caso Servicio de Ranurado a Tuberías Petroleras realizados por la empresa Ranurado de Tuberías Orinoco C.A., órdenes de compras 4800004828 y 480000482. Este caso al cierre del año 2017 se encontraba en fase intermedia y celebración de audiencia preliminar”.

   El comisario principal de PDVSA, Silvestre Molero Torres, instó a reforzar el monitoreo y las evaluaciones de los procesos de compras a cargo de Bariven S.A., de las empresas mixtas y de CITGO, cuando compra por cuenta de PDVSA y sus negocios.

  Igualmente, subrayó que los cargos efectuados por las empresas mixtas por concepto de insumos, materiales y equipos deben ser objeto de monitoreo, auditorías y evaluaciones, para certificar la idoneidad de las cantidades y precios imputados a procesos de costos de operaciones y/o inversiones.

  En posteriores entregas seguiremos dando a conocer los casos de investigación adelantados por el despacho del Comisario Principal de PDVSA y reseñados en su informe 2017.