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jueves, 15 de abril de 2021

Hombre que demandó a CITGO por negligencia pidió traslado de su causa a Tribunal de Distrito de Massachusetts

  Exige una indemnización de USD 326.000 por daños que estima sufrió, al caerse en las instalaciones de la filial de PDVSA, como consecuencia de la falta de mantenimiento de la edificación.

Por Maibort Petit

  Un hombre que en septiembre de 2017 sufrió una caída de las instalaciones de CITGO Petroleum Corporation y demandó por negligencia a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, exigiendo por ello una indemnización de USD 326.000 más intereses y gastos, pidió al trasladar su causa al Tribunal del Distrito de Massachusetts.
  Por ante la secretaría del Tribunal del Distrito de Massachusetts, Luis Rivera, el demandante, por intermedio de la firma de abogados Manatt, Phelps & Phillips LLP, solicitó el traslado a esa instancia judicial de la causa que mantiene contra CITGO Petroleum Corporation en el Tribunal Superior de Massachusetts, Condado de Norfolk.

  Rivera presentó su queja contra la filial de PDVSA en Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2020, ante la Oficina del secretario de la referida instancia en el Condado de Norfolk, Massachusetts.

  Posteriormente, el 7 de diciembre de 2020, Rivera notificó del reclamo a CITGO por medio de sus abogados, presentando citación, demanda y otros documentos, a saber, la primera serie de interrogatorios del demandante al demandado, CITGO Petroleum Corporation; la primera solicitud de presentación de documentos del demandante al demandado; el aviso del demandante de tomar declaración al demandado, y la portada de la acción civil.

  Se le refería que, de acuerdo a las disposiciones generales de las leyes de Massachusetts, esta correspondencia se consideraba como suficiente medio de notificación y se otorgaban 20 días para responder.

 Todas estas notificaciones a CITGO, igualmente se adjuntaron al aviso de remoción que se presenta ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, de conformidad con 28 U.S.C. § 1446 (b), puesto que fue presentada dentro de los 30 días posteriores a la notificación del proceso a CITGO, y dentro de un año del comienzo de la acción.

  Se refiere que el pedido de remoción está sujeta a lo establecido en 28 U.S.C. § 1441 ya que existe jurisdicción sobre diversidad de conformidad con 28 U.S.C. § 1332, que establece la jurisdicción original en el Tribunal de Distrito de todas las acciones civiles entre ciudadanos de diferentes Estados donde el asunto en controversia exceda la suma o valor de USD 75.000, sin incluir intereses y costos.

  Del mismo modo, se apela a la jurisprudencia, Grupo Dataflux v. Atlas Global Group LP, para dirimir lo relativo a la diversidad de ciudadanía y se deja sentado que el demandante era en el momento en que se presentó su acción —y sigue siendo— un ciudadano de la mancomunidad de Massachusetts. En este sentido se apunta que en la primera oración de la Demanda se hace mención a Luis Rivera como "una persona que reside en 142 Sarah Sherman Road, Rochester, Condado de Plymouth, Massachusetts".

  Entretanto, CITGO solicitó a la Corte tomar conocimiento judicial del informe de búsqueda de nombre comercial de la Secretaría de Estado de Massachusetts presentado con el Aviso de remoción el cual refiere que para el momento de la acción del demandante, era y sigue siendo, una corporación extranjera; así como también el informe de Detalles de la Entidad de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Delaware presentado con este Aviso de Remoción, en el que se indica que para el momento de presentarse la acción del demandante —y todavía es— una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Delaware.

  Esto último también puede certificarse mediante la Declaración de Holly Chastain Nini ("Declaración de Nini"), Consejera Administrativa de CITGO, presentada con este Aviso de Remoción como Anexo D, confirma que CITGO era en el momento en que se presentó la acción del demandante, y todavía es, una corporación organizada bajo las leyes del estado de Delaware.

  La Declaración Nini confirma que CITGO Petroleum Corporation estaba en el momento en que se presentó la acción del demandante, y aún está, incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware con sede principal en Houston, Texas.

  Luis Rivera sostiene que mientras se encontraba en las instalaciones de CITGO, “se le hizo caer al suelo” por lo que “sufrió graves lesiones personales, entre ellas, dolores y sufrimientos; que ha incurrido y continúa incurriendo en gastos por su atención y tratamiento médico, que ha sufrido —y sigue sufriendo— una pérdida de ingresos y/o capacidad de ingresos; y que ha sufrido —y sigue sufriendo— un deterioro de su capacidad para disfrutar de la vida y realizar sus actividades habituales”.

  La demanda de Rivera contra CITGO alega negligencia en el mantenimiento de las instalaciones de la empresa, lo cual ocasionó que el 24 de septiembre de 2017, el demandante sufriera una caída que le ocasionó severas lesiones personales.

  Luis Rivera exige ante el tribunal ser resarcido por los daños, monto al que deben sumarse intereses, costas y honorarios razonables de abogados.

  La portada de la demanda civil presentada en los informes de acción de la corte estatal alega daños detallados por un monto de USD 326.000.

 

Juez del caso Crystallex designó a un maestro especial para proceder con la venta de acciones de CITGO

Por Maibort Petit 

   El juez de distrito de Delaware, Leonard Stark, quien está al frente del pleito legal entre Crystallex y la República Bolivariana de Venezuela, designó a un abogado Roberto Pincus como maestro especial para que se encargue del proceso de venta de las acciones de CITGO para que la minera canadiense pueda cobrar la deuda de $1.200 millones de dólares más intereses por concepto de la expropiación de sus activos por parte del fallecido presidente, Hugo Chávez. 

  Pincus trabajó para el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y fue el custodio de TransPerfect Global Inc. El experimentando abogado será el encargado de vender las acciones que PDVSA tiene en PDV Holdings Inc. para satisfacer la deuda de Crystallex que fue aprobada por el Tribunal Internacional de Arreglos y Controversias en un fallo de 2016.

  La Corte de Delaware, donde se dirime este caso, consideró que PDVSA es el alter ego de Venezuela y por tanto de PDV Holdings.

 El juez Stark cumplió con una solicitud que Crystallex hizo en septiembre de 2020 y aprobó la venta de acciones de PDV Holdings justo antes de mediados de enero de 2021. PDV Holdings es la empresa matriz de la refinería CITGO Petroleum Corp., propiedad de Venezuela.

  Con la acción del juez Stark, Crystallex quiere hacer cumplir un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares contra Venezuela, luego de una disputa de una década sobre la nacionalización de Venezuela en 2008 de su mina de oro en el estado suroriental de Bolívar. El monto se compone de $ 1.2 mil millones, más $ 200 millones de intereses otorgados por un tribunal de arbitraje del CIADI en 2016.

  En su decisión, Stark nombró a Pincus como maestro especial para supervisar la venta, incluidos los requisitos mínimos de publicidad, exigiendo depósitos sustanciales de buena fe de los postores y solo vendiendo tantas acciones como sea necesario para satisfacer los juicios.

  El juez también rechazó una propuesta de que solo la petrolera nacional venezolana PDV podría administrar la venta, y consideró que cualquier conocimiento único pertinente a la venta debe obtenerse y utilizarse independientemente de la administración de PDV.

"Habiendo hecho que Crystallex emprenda una década de esfuerzos extensos y costosos para cobrar su fallo, el tribunal no permitirá que un deudor del fallo sumamente recalcitrante lleve a cabo su propio proceso de venta sobre la objeción de su acreedor fallido repetidamente victorioso", Stark escribió en su decisión.

  A pesar de fallar a favor de Crystallex, Stark reconoció que las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro actualmente bloquean la ejecución de la venta y que la decisión final está en manos del poder ejecutivo a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Todas las partes están de acuerdo en que, según la ley y la política actuales, una venta de acciones de PDV Holding no se puede completar sin una licencia específica Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, escribió el juez. "Pero todos los pasos preparatorios que se pueden tomar sin dicha licencia pueden y deben tomarse".

  En una decisión anterior, Stark dijo que había considerado las sanciones que EE. UU. impuso contra PDVSA, y lo que representan en lo que respecta a la política venezolana. 

   En particular, afirmó que evaluó una carta que fue enviada por Elliott Abrams, el entonces representante especial de Estados Unidos en Venezuela, al Fiscal General y al Departamento de Justicia. En la misiva, Abrams declaró que Crystallex no puede vender las acciones sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. Y que aprobar la venta de acciones dañaría la política exterior de EE. UU. Y los intereses de seguridad nacional en Venezuela y dañaría el apoyo diplomático otorgado por la administración del expresidente Donald Trump  al gobierno interino venezolano liderado por el líder opositor Juan Guaidó.


martes, 13 de abril de 2021

Experto: Con el gobierno interino se mantiene el carácter de alter ego de PDVSA respecto a Venezuela

  La llegada de Guaidó al escenario político en 2019 y su lucha contra el régimen de Maduro por el control de PDVSA, no solo mantuvo su condición de alter ego frente a Venezuela, sino que la profundizó aún más, sostiene.

Por Maibort Petit

   No ha habido variación alguna en el carácter de “alter ego” que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mantiene con respecto a Venezuela con el gobierno interino en manos del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, argumento que podría ayudar a reforzar la venta de las acciones de los activos de la república para dar cumplimiento a las obligaciones que no se han pagado.

  El 19 de febrero de 2021, Manuel A. Gómez, profesor de Derecho y Decano Asociado de Estudios de Posgrado y Compromiso Global en la Universidad Internacional de Florida con experiencia en la resolución de disputas transnacionales de derecho internacional y comparado, declaró bajo pena de perjurio ante el Tribunal del Distrito de Delaware, en apoyo a la Moción de reparación presentada por Northrop Grumman Ship Systems Inc. en contra del Ministerio de Defensa de Venezuela.

   Refiere Gómez en su declaración que contratado por el abogado de Northrop Grumman Ship Systems Inc., antes conocida como Ingalls Shipbuilding Incorporated y ahora conocido como Huntington Ingalls Incorporated, con el objetivo de analizar ciertos asuntos relacionados con Venezuela en apoyo de una orden judicial de apego fieri facias relacionada con las acciones de PDV Holding Inc. (PDVH), una corporación de Delaware propiedad en su totalidad de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), petrolera estatal y alter ego deudor de Venezuela.

  Explica que se trata de su opinión profesional basada en su conocimiento y familiaridad con el sistema legal venezolano y su realidad política actual; el análisis de los hechos y circunstancias del caso con base en la revisión de una serie de documentos; y en su análisis de las leyes y otras regulaciones, informes gubernamentales, decisiones judiciales, artículos de noticias y publicaciones académicas.

  Seguidamente cita las dos preguntas que le solicitaron responder y que, a saber, son:

a) Si PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela —como determinó esta Corte en agosto de 2018— de manera que los activos de PDVSA en Estados Unidos aún están sujetos al control generalizado de Venezuela.

b) Si las circunstancias del análisis alter ego de la Corte con respecto a PDVSA han cambiado desde la decisión de Estados Unidos en enero de 2019 de trasladar su reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela que encabeza Juan Guaidó en lugar de Nicolás Maduro.

  Aclara que su opinión no está sujeta a ninguna influencia externa, presión o interés en el resultado de ninguna disputa, potencial o presente, entre cualquiera y todas las partes involucradas en el caso. Las consideraciones y conclusiones expresadas en este informe plasman mi opinión profesional sobre materias específicas a las que se refieren.

  En tal sentido refiere, en primer lugar que de acuerdo a su criterio profesional, primero, PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela y sus activos e intereses en los Estados Unidos todavía están sujetos al control generalizado de los líderes políticos de Venezuela; y segundo, las circunstancias consideradas por la Corte para considerar a PDVSA como el alter ego de Venezuela se han acentuado en relación con el amplio control que ejercen los líderes políticos del país desde que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019.

Venezuela y PDVSA como una sola durante las últimas dos décadas

  Recuerda que PDVSA fue creada originalmente en 1975 como un holding estatal para llevar a cabo las políticas gubernamentales en materia de distribución y comercialización de hidrocarburos en Venezuela. Sin embargo, advierte que, a pesar de haber sido constituida como corporación comercial privada sujeta a las leyes y regulaciones aplicables a todas las firmas comerciales, la petrolera está bajo el control y fiscalización del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minería.

   Subrayó que la forma corporativa le dio a PDVSA cierto grado de flexibilidad e independencia operativa, mientras que Venezuela, como único accionista, mantuvo cierto nivel de supervisión. 

  Agregó que siendo los hidrocarburos el principal pilar de la economía venezolana, PDVSA siempre ha tenido una importancia estratégica para el gobierno. Advirtió que, al menos hasta principios de la década de 2000, el nivel de intervención gubernamental en las operaciones de PDVSA se limitó a lo requerido por los diferentes estatutos y regulaciones gubernamentales, siendo mínima la interferencia política en las entidades controladoras.

  En su declaración a la Corte de Delaware, Manuel A. Gómez precisa que 2003 fue el año que se constituyó como el punto de ruptura en la relación entre Venezuela y PDVSA, dando comienzo a una nueva relación entre los dos, caracterizada por la erosión que el primero comenzó a ocasionar en la independencia de PDVSA. Tras una huelga petrolera nacional que paralizó la industria y la economía del país en febrero de dicho año, el gobierno de Hugo Chávez tomó la dramática decisión de despedir sumariamente a unos 18.000 empleados que constituían el 40 por ciento de la fuerza laboral de la empresa.

  Desde entonces, refiere Gómez, PDVSA se convirtió cada vez más en un instrumento político del gobierno chavista y las vacantes dejadas por los despidos fueron llenadas con simpatizantes políticos del partido de Chávez.

  Sostiene que, en términos económicos, PDVSA se convirtió en el principal financiador de programas y actividades gubernamentales que, incluso, en muchos casos son ajenos al negocio de comercialización de hidrocarburos.

   Del mismo modo, indicó que, tal como se reveló más tarde, PDVSA se convirtió en un fondo de sobornos del gobierno chavista para financiar campañas políticas, comprar votos y lograr prominencia geopolítica en todo el mundo a través de una serie de programas sociales denominados Misiones Bolivarianas

  Gómez advierte que el cambio de amplio control gubernamental no se limitó a PDVSA y sus afiliadas, sino a todos los activos, independientemente de si estaban ubicados en el país o en el extranjero.

  Sostiene que la administración de Nicolás Maduro ha seguido tratando abiertamente a PDVSA y sus afiliadas como un apéndice del gobierno venezolano.

  Recuerda que el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, presidente del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, prestó juramento como presidente interino del país ante la crisis constitucional generada por la negativa del presidente Maduro a dimitir a pesar de la expiración de su mandato. Un nombramiento sustentado en una interpretación del artículo 233 de la Constitución. Esto en razón de que las elecciones de 2018 fueron ilegítimas en parte porque los partidos de la oposición fueron descalificados para participar. Estados Unidos fue la primera nación en reconocer a Guaidó como presidente interino y ha prometido apoyar sus esfuerzos para presionar a Maduro para que renuncie, para que se puedan celebrar elecciones libres y justas y el país pueda recuperar su estabilidad institucional.

   Pero a pesar del repudio por parte de muchos gobiernos extranjeros y organizaciones multilaterales, Maduro y sus funcionarios permanecen en el cargo y en control efectivo del gobierno y el territorio. Guaidó, por su parte, ha hecho designaciones claves —la mayoría de personas que se encuentran fuera de Venezuela— que trabajan ad honorem en áreas críticas como relaciones exteriores, desarrollo económico, reestructuración de deuda, recuperación de activos, representación legal, así como en la gestión de entidades estatales como PDVSA y afiliadas.

  Acota que, durante más de un año, la tensión entre Guaidó y Maduro ha creado un tira y afloja institucional sin precedentes, con dos presidencias, dos legislaturas y dos Cortes Supremas. Ambos han utilizado su influencia política para mantener un amplio control sobre todos los activos extranjeros en poder de las entidades de propiedad de Venezuela, especialmente PDVSA y sus afiliadas y no han tenido reparos en tratar esos activos como propiedad directa de Venezuela.

Se intensifica control político de Venezuela sobre PDVSA

   De acuerdo a Manuel A. Gómez, apunta que uno de los primeros actos oficiales de la Asamblea Nacional, luego de la toma de posesión de Juan Guaidó como presidente interino, fue la emisión de un acto de emergencia, el 5 de febrero de 2019, denominado “Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, conocido como Estatuto de Transición que, en su artículo 34, anuló expresamente el régimen societario ordinario de PDVSA al facultar al presidente interino para designar una Junta Directiva especial que ejerza  sus derechos como accionista de PDV Holding, incluida la selección de los miembros de su junta directiva, de CITGO y otras afiliadas. Este estatuto fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro.

   El desafío legal continuó con una acción presentada en el Tribunal de Cancillería de Delaware por seis exfuncionarios corporativos de PDVSA y entidades relacionadas contra los designados por Guaidó de conformidad con el estatuto de Transición. La Corte tomó como válida la reconstitución del directorio de PDVSA resultante de la decisión de Guaidó y el estatuto.

  Refiere Gómez que en virtud del régimen legal excepcional creado por la Asamblea Nacional a través del estatuto de Transición y otros actos formales, cuya legitimidad ha sido reafirmada ante tribunales extranjeros, el presidente interino Guaidó ha otorgado a sus designados, facultades ilimitadas para ejercer un control considerable sobre PDVSA, PDV Holding y CITGO.

  De hecho, sostiene que Guaidó solo ha podido ejercer su poder y tomar decisiones sobre los activos ubicados en el exterior.

  Cita que el 2 de abril de 2019, la Asamblea Nacional emitió un “Acuerdo para ampliar los poderes conferidos y el número de miembros ad-hoc de PDVSA” que amplió aún más el control de Guaidó sobre PDVSA al permitirle emitir un decreto para ampliar la autoridad del directorio de PDVSA, cualquiera mediante la suspensión de todos los derechos y facultades conferidos a la Asamblea de Accionistas, el directorio y la presidencia de PDVSA y sus afiliadas.

  Estima el experto que el sometimiento de los activos propios de PDVSA al control extraordinario del gobierno interino de Juan Guaidó y su tratamiento como propiedad del Estado venezolano, también se refleja en la limitación impuesta por el artículo 36 del Estatuto de Transición que excluye el uso de cualquier fondo perteneciente a PDVSA o cualquier otra entidad estatal hasta después de que el régimen de Nicolás Maduro ceda el poder.

   Pero además de los actos jurídicos antes mencionados, el gobierno interino de Juan Guaidó ha emitido reiteradas declaraciones públicas en las que asegura que los activos de PDVSA, PDV Holding y CITGO son propiedad de Venezuela y del pueblo venezolano, y que la designación de los miembros del directorio especial de PDVSA y entidades relacionadas y otras medidas tomadas son parte de la estrategia para preservar la propiedad de todos los venezolanos.

  Es así como con base a lo expuesto, Manuel A. Gómez considera que es claro que PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela, de manera que los activos de la estatal petrolera en los Estados Unidos están aún sujetos al control generalizado de Venezuela. Un control que se ha intensificado desde la decisión de los Estados Unidos de reconocer como gobierno legítimo de Venezuela, al que encabeza Juan Guaidó y no el de Nicolás Maduro.

lunes, 5 de abril de 2021

Falta de respuesta de Venezuela acrecienta las exigencias de los tenedores de bonos en los tribunales de Estados Unidos

 Dos demandas enmendadas han sido presentadas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por Altana Credit Opportunities Fund SPC, exigiendo un juicio sumario, pago de capital, intereses y daños y perjuicios.

Por Maibort Petit

   Los bonos emitidos por Venezuela siguen generando controversias que se dirimen en las cortes internacionales, principalmente, las de Estados Unidos. La administración de Nicolás Maduro pareciera haber instrumentado como estrategia la falta de respuestas a estas acciones judiciales y, entretanto, las condiciones y exigencias de los acreedores se hacen más leoninas.

  Es el caso de la demanda interpuesta por de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato[1] y que el gobierno venezolano pretende ignorar[2].

  En esta nueva entrega damos a conocer como Altana ha incrementado sus exigencias en dos demandas enmendadas que a presentado ante el tribunal en exigencia del pago, tanto del capital, como de los intereses de los intereses vencidos que están en sus manos, además de daños y perjuicios.

La demanda enmendada

  El 5 de noviembre de 2020, los abogados de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, presentaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York la Demanda Enmendada contra la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato surgido de la falta de pago de capital, intereses o ambos por parte de la demandada de una serie de bonos adquiridos por los demandantes.

  En esta ocasión, los demandantes acotaron que Venezuela desde octubre de 2017 no realizó los pagos de intereses a que estaba obligada semestralmente en la medida en que se cumplía su vencimiento, incluso a través de la aceleración.

  Igualmente, apuntaron que la corte en razón de esto, tal como ha procedido en casos relacionados, debe denegar la moción de suspensión de Venezuela y conceder la moción de los demandantes de juicio sumario sobre reclamos por incumplimiento de contrato.

  Esta demanda enmendada agrega que el 6 de diciembre de 2018, un grupo de acreedores que posee un 25 por ciento o más en el monto capital pendiente agregado de los bonos 9.375% 2034 aceleró a esos bonos, lo que representa la cantidad inmediata y pagadera la cantidad total de todo el capital no remunerado y interesar. Según los términos de los bonos, el interés del cupón continúa acumulando si ha pasado o no su fecha de vencimiento.

  La querella enmendada sostiene que el incumplimiento de pago de Venezuela del capital, el interés, o ambos, actualmente debido a los bonos ha continuado durante más de 30 días. Como resultado, existe un evento de predeterminado bajo los términos de los bonos.

  Se indicaba que el 8 de octubre, 2020, según lo modificado el 5 de noviembre de 2020, los demandantes enviaron a Venezuela, a través de avisos escritos a los respectivos agentes fiscales identificados en los bonos, una demanda de pago de la parte vencida y el capital impago y los intereses.

  En esa misma fecha, igualmente según lo modificado el 5 de noviembre de 2020, los demandantes también remitieron a Venezuela la misma demanda, a los representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó.

  Advertía la demanda enmendada que los demandantes habían cumplido todas sus obligaciones en virtud de las FAAS o los bonos emitidos de él y señalaron que, como los beneficiarios de un interés en cada uno de los bonos, reclamaban pago por daños que, en ningún caso, podían ser menores que los pagos de intereses y reembolso de capital.

 En razón de que Venezuela continuaba dejando de pagar semestralmente los intereses o el capital de los bonos después de la presentación de esta queja, el reclamo de los demandantes por daños también incluía los pagos perdidos.

  Exigieron que Venezuela pagara todos los gastos razonables y documentados de los demandantes, incluidos los honorarios de abogados y costos judiciales, incurridos en cualquier "investigación razonable de cualquier Evento de Incumplimiento o la ejecución de los Valores”, por lo que, además de los daños anteriores, Venezuela adeuda los costos y honorarios de abogados para preparar y entablar la acción.

La segunda demanda enmendada

  Del 12 de enero de 2021, los abogados de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, presentaron al tribunal la Segunda Demanda Enmendada.

  Refiere Altana en esta segunda demanda enmendada que el 6 de diciembre de 2018, un grupo de acreedores que poseían el 25% del monto total de capital pendiente de los Bonos 2034 al 9.375%, aceleró dichos bonos, una situación que dio vencimiento inmediato y pagadero al monto total de todo el capital impago e intereses.

   Precisa que, de acuerdo a los términos de los Bonos, los intereses de los cupones continúan devengándose independientemente de que haya transcurrido, o no, su fecha de vencimiento.

   Señalan que la falta de pago de capital, intereses, o ambos, por parte de Venezuela ha continuado durante más de 30 días, por lo que claramente existe un evento de incumplimiento bajo los términos pactados.

  Reseña que el 8 de octubre de 2020, según la demanda enmendada del 5 de noviembre de 2020 y el 12 de enero de 2021, Altana envió a Venezuela a través de una notificación escrita dirigida a los respectivos agentes fiscales identificados en los Bonos, una demanda de pago del capital vencido y no pagado, así como de sus intereses.

  En la misma fecha, 8 de octubre de 2020, según la demanda enmendada el 5 de noviembre de 2020 y el 12 de enero de 2021, Altana también envió a Venezuela la misma demanda, tanto a representantes de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó.

  Señalan que Altana ha cumplido con todas las obligaciones que pudieran tener bajo las FAA o cualquier Bono emitido en virtud de las mismas y que como beneficiarios finales de una participación en el capital de cada uno de los Bonos, tienen reclamaciones por daños y perjuicios que, en ningún caso podrán ser inferiores a los pagos de intereses y el reembolso del capital exigidos contractualmente.

  Advierten que en el caso de Venezuela continúe sin realizar los pagos de intereses semestrales requeridos o los pagos de capital después de la presentación de esta demanda, las reclamaciones por daños también abarcarán los pagos atrasados.

  Para los demandantes, es fundamental que Venezuela pague todos los gastos exigidos por Altana, incluidos los honorarios razonables de abogados y costos judiciales, incurridos aquellos relacionados con cualquier "investigación razonable de cualquier Evento de Incumplimiento o la ejecución de los Valores", por lo que, en consecuencia, además de los daños anteriores, Venezuela adeuda los costos y honorarios de abogados para preparar y entablar esta acción.


[1] Venezuela Política. “Altana Credit Opportunities Fund SPC: Otro acreedor que se enfrenta a Venezuela en las cortes por incumplimiento en el pago de los Bonos”. 2 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/altana-credit-opportunities-fund-spc.html


[2] Venezuela Política. “Venezuela insiste en no darse por aludida ante la demanda de Altana por impago de Bonos en Nueva York”. 5 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/venezuela-insiste-en-no-darse-por.html


viernes, 2 de abril de 2021

Altana Credit Opportunities Fund SPC: Otro acreedor que se enfrenta a Venezuela en las cortes por incumplimenito en el pago de los Bonos.

    La República Bolivariana de Venezuela está 'acribillada' en los tribunales por quienes exigen el pago de obligaciones que la administración de Nicolás Maduro dejó dejó de cancelar.

Por Maibort Petit

   La actuación irresponsable de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha tenido consecuencias nefastas para la república, las cuales se manifiestan, principalmente, en las cortes de los Estados Unidos donde cursan múltiples demandas en reclamo del incumplimiento de pagos de sus obligaciones con tenedores de bonos o agentes expropiados de sus bienes en el país.
  Tal situación mantiene en vilo el destino de los activos venezolanos en el extranjero con los cuales los acreedores esperan hacerse de sus pagos.

   Uno de estos casos corresponde a Altana Credit Opportunities Fund SPC (ACOF SPC), una empresa constituida y domiciliada en las Islas Caimán; Altana Credit Opportunities Fund 1 SP (ACOF 1 SP), su cartera segregada; y Altana Funds Ltd. Cayman, asesora de inversiones y administradora de las dos primeras, las cuales reclaman en la Corte del Distrito Sur de Nueva York el pago del capital e intereses vencidos y no pagados de los Bonos a los que tienen derecho.
 
Los papeles en manos de Altana suman USD 108.675.500.

La demanda

   El 8 de octubre de 2020, Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, demandaron ante la Corte del distrito Sur de Nueva York a la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato.

   Tal incumplimiento tiene que ver con la falta de pago de capital, intereses, o ambos, por parte de Venezuela, de una serie de bonos en posesión de los demandantes —una compañía de inversión, su fondo, así como su asesor y administrador de inversiones— de acuerdo a como se muestra a continuación:

   Se explica en la demanda que Venezuela emitió los Bonos y los vendió a inversionistas en virtud de ciertos "acuerdos de agencia fiscal" (FAA) celebrados en 1997, 1998 y 2001. En las FAA y los propios bonos, Venezuela se comprometió incondicionalmente a realizar pagos de capital e intereses programados regularmente, compromiso que no cumplió pues no canceló sus obligaciones de pago.
  A saber, a partir de octubre de 2017, Venezuela dejó de pagar los pagos de intereses semestrales de los Bonos en la medida en que estos han ido venciendo. Tampoco ha pagado el capital de los Bonos que han vencido desde entonces.

   Considera Altana que tal como la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha concluido en otros casos en los que Venezuela ha incumplido sus obligaciones contractuales, en este se debe dictar sentencia a favor de los demandantes.

  Los demandantes piden a la corte declare que la FAA de 1997, la FAA de 1998, la FAA de 2001, así como cada Bono, son obligaciones exigibles, válidas e incondicionalmente contraídas por Venezuela; que se declare que el país ha violado los citados acuerdos de agencia fiscal y los términos de cada uno de los Bonos, al no pagar los pagos de intereses y el reembolso del capital requeridos contractualmente.
   Altana pide que el tribunal le otorgue daños y perjuicios en una cantidad por probar que en ningún caso inferior a los pagos de intereses y reembolso del capital exigidos contractualmente; los honorarios y costos, incluidos los honorarios de abogados, según lo permita la ley; los intereses previos y posteriores al juicio; y cualquier otro alivio adicional que considere justo y equitativo.

Jurisdicción de la Corte

   Estiman los demandantes que la Corte del distrito Sur de Nueva York tiene jurisdicción para cursar la demanda bajo 28 U.S.C. § 1330 y 28 U.S.C. § 1605, en razón de que se trata de una acción civil sin juramento contra un estado extranjero que no tiene derecho a inmunidad soberana.

   Esta última afirmación lo asegura Altana que Venezuela renunció explícita e incondicionalmente a la inmunidad soberana en las FAA y los Bonos por acciones derivadas de las FAA, los Bonos o cualquier cupón correspondiente. Agregan que tampoco tiene derecho a la inmunidad soberana porque su conducta relacionada con la fianza constituye una actividad comercial en los Estados Unidos dentro de la excepción expresa a la inmunidad para actividades comerciales bajo 28 U.S.C. Sección 1605 (a) (2). En tal sentido recuerda que Venezuela comercializó, ofreció, prometió hacer pagos sobre ellos y dirigió las acciones de sus agentes fiscales en Estados Unidos y no cumplió con el pago de capital e intereses en los Estados Unidos. Es decir, Venezuela participó en actividades comerciales en los Estados Unidos y otros lugares que causaron efectos directos en territorio estadunidense.

  Precisan que Venezuela designó a su Cónsul General o a cualquier funcionario del Consulado de Venezuela con oficinas en Nueva York como su agente autorizado para el servicio de proceso.

  Sostienen que Nueva York es el lugar es apropiado porque Venezuela consintió y renunció irrevocablemente a cualquier objeción al lugar y porque una parte sustancial de los eventos y omisiones que dieron lugar al reclamo surgieron en este Distrito.
Los alegatos

   Manifiesta la demanda que la FAA de 1997 es un contrato celebrado el 3 de septiembre de 1997 entre Venezuela —con el Banco Central de Venezuela actuando como agente financiero oficial— y el Chase Manhattan Bank como agente fiscal, la cual se rige por las leyes del Estado de Nueva York sin tener en cuenta los principios de conflictos de leyes.

   Igualmente, la FAA de 1998 es un contrato celebrado el 6 de agosto de 1998 entre Venezuela y el Chase Manhattan Bank como agente fiscal (también el BCV fue el agente financiero). El contrato fue enmendado el 14 de enero de 2004 y el 29 de septiembre de 2004. Esta FAA del mismo modo se rige por las leyes del Estado de Nueva York en los mismos términos que el anterior.

  Entretanto, la FAA de 2001 se celebró entre Venezuela —BCV como agente financiero oficial— y Deutsche Bank AG y Bankers Trust Company como agentes fiscales y principales agentes pagadores. El contrato se enmendó el 19 de septiembre de 2003, el 21 de marzo de 2005 y el 17 de diciembre de 2007. Esta FAA igualmente se rige por las leyes del Estado de Nueva York.

  Indican que el monto de capital, tasa de interés, vencimiento y otros términos se establecen en los Bonos; que ciertos términos también se resumen en sus documentos de oferta; que las respectivas FAA, Venezuela comprometió su plena fe y crédito por el debido y pago puntual de todos los Bonos emitidos en virtud de dichos contratos.

  Explica la demanda que, a partir de octubre de 2017, Venezuela no ha realizado ninguno de los pagos de intereses semestrales requeridos sobre los Bonos, ni tampoco ha pagado la totalidad del monto capital de los papeles vencidos.

  Subrayan que, según los términos de los Bonos, los intereses de los cupones continúan devengándose independientemente de que haya transcurrido o no su fecha de vencimiento.

  Destacan que al haber transcurrido más de 30 días desde que se produjo la falta pago, existe un evento de incumplimiento bajo los términos de los Bonos.

  En tal sentido, los demandantes notificaron por escrito a Venezuela el 8 de octubre de 2020, una demanda de pago de capital e intereses vencidos y no pagados antes.

  En la misma fecha, la demanda fue comunicada a Venezuela a través de su embajador.

  La demanda de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán contra Venezuela, comprende doce cargos por incumplimiento de contrato, el primero correspondiente a los Bonos 7,75% 2019; el segundo por los Bonos 6,00% 2020; el tercero, por los Bonos 12,75% 2022; el cuarto por los Bonos 9,00% 2023, el quinto por los Bonos 8,25% 2024; el sexto por los Bonos 7,65% 2025; el séptimo por los Bonos 11,75% 2026; el octavo por los Bonos 9,25% 2027; el noveno por los Bonos 9,25% 2028; el décimo por los Bonos 11,85% 2031; el undécimo por los Bonos 9,375% 2034; y el duodécimo por los Bonos 7,00% 2038.



lunes, 29 de marzo de 2021

CITGO sostiene que Corte del Distrito Sur de NY tiene jurisdicción para atender su demanda contra aseguradoras

   Pidieron y el tribunal aprobó la solicitud, autorización para presentar una demanda enmendada.

Por Maibort Petit

  Desde que el pasado 15 de enero de 2021, CITGO Petroleum Corporation demandó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York —por incumplimiento de contrato— a un conjunto de aseguradoras que se niegan a pagar por la pérdida de 939.000 barriles de crudo diluido y 22.000 barriles de crudo Pedernales de su propiedad cargados en el buque petrolero M/T Gerd Knutsen, el cual fue atacado el 9 de octubre de 2020 durante un movimiento insurreccional contra la presidencia interina de Venezuela, ejercida por Juan Guaidó, cada una de las partes ha llevado a cabo una serie de diligencias dirigidas a defender su posición en el caso.
  Entre estas acciones, CITGO, por ejemplo, solicitó al juez de la causa, Gregory H. Woods, su autorización para presentar una demanda enmendada, la cual resultó aprobada por el magistrado.

 Igualmente, CITGO reiteró que el tribunal neoyorquino tiene jurisdicción para atender la demanda bajo 28 U.S.C. § 1332 (a) (2) debido a que CITGO es una corporación registrada y con sede en Texas y Delaware, mientras que los demandados están registrados en el Reino Unido, además de que la cantidad en controversia excede los USD 75.000.
  Refieren que según la legislación citada, la Corte del Distrito Sur de Nueva York es el lugar apropiado para dirimir la controversia, porque las partes celebraron un contrato en el que consintieron el lugar y la jurisdicción personal de esta Corte.

La solicitud de permiso al juez

  El 5 de febrero de 2021, Mark J. Plumer, David F. Klein, Charrise L. Alexander y John Chamberlain, de la firma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, representantes de CITGO Petroleum Corporation (CITGO), solicitaron al juez del Distrito Sur de Nueva York, Gregory H. Woods, su autorización para enmendar la demanda emprendida contra las aseguradoras Ascot Underwriting Limited, Pioneer Underwriting, MS Amlin Underwriting Limited, Travelers Syndicate Management Limited, Brit Syndicates Limited, Sompo International Insurance, Chaucer Syndicates Limited, Markel Syndicate Management Limited, Neon Underwriting Limited y Starstone Insurance SE, con las cuales suscribió la Póliza de Reaseguro de Carga Marítima Nº B1263EG0466118 y ahora reclama incumplimiento de contrato.
   El pedido, que fue aprobado por el juez Woods, refiere que antes de iniciar este litigio, CITGO, se reunió a través de un abogado, con el abogado de los demandados, a quienes consultó y estos confirmaron la ciudadanía y el monto en controversia asociado con cada demandado.
   En vista de esto, CITGO cree que los alegatos alegan adecuadamente la diversidad completa de ciudadanía y considera que la Corte tiene jurisdicción en la materia sobre esta demanda.

  Refieren los abogados que en la medida en que el tribunal tenga preocupaciones pendientes sobre la forma del alegato jurisdiccional de CITGO, ésta solicita respetuosamente permiso para enmendar la demanda a fin de abordar cualquier deficiencia percibida.

 Refiere CITGO que las empresas demandadas son miembros de ciertos sindicatos no incorporados cuyo domicilio comercial principal se encuentra en Londres, Inglaterra. Cada uno de estos sindicatos consta de uno o más miembros, que se suscriben a la política en cuestión en este caso, que es el último demandado en este litigio, una corporación incorporada y con su sede principal de negocios en una jurisdicción completamente diferente a la del demandante.

   Seguidamente, los abogados hacen un recuento de estos miembros que forman parte de Lloyd's Syndicate, un mercado de seguros británico, los cuales son en casi todos los casos, corporaciones constituidas y existentes bajo las leyes del Reino Unido, con sede principal de negocios en Londres, Inglaterra.

  Bajo esta condición enumeran a: 1) El 1414, Ascot Corporate Name Limited; 2) el 2001, MS Amlin Corporate Member Limited; 3) el 5000, April Grange UK Ltd y F&G UK Underwriters Ltd; 4) el 2987, Brit UW Limited; 5) el 5151, Endurance Corporate Capital Limited; 6) el 1084, Chaucer Corporate Capital (No 3) Limited; 7) el 3000, Markel Capital Limited; 8) el 2468, Sampford Underwriting Limited, Lavenham Underwriting Limited y GAI Indemnity, Ltd; el Consorcio 9146, compuesto por Lloyd's Syndicate 1980 y Lloyd's Syndicate 2088. El único miembro de Lloyd's Syndicate 1980 es Liberty Corporate Capital Limited, mientras que el único miembro de Lloyd's Syndicate 2088 es China Re UK Limited. Liberty Corporate Capital Limited y China Re UK Limited son sociedades constituidas y existentes según las leyes del Reino Unido, con sede principal en Londres, Inglaterra.

  La demanda también alega que la parte de cada uno de los demandados aseguradores de Lloyd's en la pérdida de CITGO supera los USD 75.000.

   La excepción corresponde a Starstone Insurance SE, una corporación de Liechtensteiner con sede principal en Schaan, Liechtenstein. Esta aseguradora es responsable de una parte de la pérdida de CITGO que excede los USD 75.000.




lunes, 22 de marzo de 2021

Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.

Por Maibort Petit

   El ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de CITGO Petroleum Corporation,  José Luis De Jongh Atencio se declaró culpable por haber participado en un esquema internacional de lavado de millones de dólares en sobornos y la provisión de ventajas comerciales de manera corrupta.

  CITGO es una subsidiaria con sede en Houston de la compañía energética estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), explica el comunicado del Departamento de Justicia.

  José Luis De Jongh Atencio, de 48 años, era el ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO. 

  Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos a cambio de ayudar a empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con CITGO. De Jongh también les proporcionó otras ventajas comerciales.

 Dos incluían a José Manuel González Testino, ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Ánibal Farías Pérez, ciudadano venezolano y residente de Houston.

   De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza. En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. 

  De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston, explica el comunicado.

  Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2.

  González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.

  De Jongh se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El juez federal de distrito Gray H. Miller aceptó la declaración y fijó la sentencia para el 19 de agosto. En ese momento, De Jongh enfrenta hasta 20 años de prisión.

  Como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó perder más de $ 3 millones incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.

  Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso sobre el soborno en PDVSA.

   Los fiscales federales adjuntos (AUSA) Robert S. Johnson y John P. Pearson están procesando el caso junto con la abogada litigante Sarah E. Edwards y la jefa adjunta Sonali D. Patel de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. AUSA Kristine E. Rollinson está manejando los aspectos de decomiso del caso.

  También prestaron asistencia la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Fiscalía General de Panamá.

Exgerente de compras de CITGO se declara culpable de delitos de corrupción en EE. UU.

  Su participación en la trama de corrupción ocurrió de la mano de Glenn Hilman y José Luis Zambrano, según explican las fuentes. Peña se declaró culpable y ahora está a la espera de sentencia.

Por Maibort Petit

   Ubicada en el eslabón más bajo del esquema de corrupción encabezado por José Manuel González Testino, a la exgerente de compras de proyectos especiales de CITGO, Laymar Peña, se declaró culpable de delitos de corrupción ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División en Houston. El Departamento de Justicia hizo público el caso de esta nueva integrante del enorme red de crimen organizado que se ha beneficiado de contratos fraudulentos de la filial de PDVSA en EE. UU. 
    El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público este lunes el expediente de Peña, quien de acuerdo al expediente se declaró culpable de haber participado en un esquema de corrupción y lavado de dinero internacional en marzo de 2019. Fue hoy 22 de marzo de 2021 que se publicó.

  De acuerdo a los documentos en poder de Venezuela Política, el ingreso de Laymar Peña al área de Proyectos Especiales de CITGO se produjo bajo la administración de Ramiro Rodríguez, exgerente de compras de la filial de PDVSA en Estados Unidos entre 2014 y 2016, uno de los cómplices de Nelson Martínez, José Manuel González Testino, Tulio Farías, Manuel Chinchilla, Ernesto Guevara, entre otros. Rodríguez fue arrestado el 6 de abril de 2017 en Venezuela cuando retornó al ser llamado por la directiva de la estatal petrolera.
  Fue entonces cuando, promovida por Glenn Hilman y José Luis Zambrano, Laymar Peña pasó del cargo de asistente a ocupar la gerencia de Compras de Proyectos Especiales que antes ocupaba Rodríguez.

  Esto ocurrió pese a las objeciones de varios directores, pero se impuso el criterio de Hilman y Zambrano en cuyos planes figuraba la participación de Peña en el proyecto de las plantas de agua que significó el otorgamiento de contratos por más de USD 100 millones a compañías intermediarias como Danel, Eco Wire, y Rothwell. Dichas operaciones se caracterizaron por sobreprecios y por el lavado de dinero desde CITGO en Houston a bancos en Suiza y otros países, por orden de Gina Coon.

  El caso de Laymar Peña, identificado con el número 19-cr-186 guarda relación con la causa del exfuncionario de Proyectos especiales de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, quien habría recibido sobornos de contratistas a cambio de la aprobación de millonarios contratos en violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero[1].

  El nombre de Laymar Peña salió a relucir igualmente la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció la supuesta comisión de prácticas fraudulentas y corruptas cometidas durante la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A.

   El informe y documentación presentada por Gómez de Vergara indica que Nelson Martínez incorporó a la lista maestra de proveedores de CITGO a 700 entidades de ciudadanos venezolanos vinculados a PDVSA y funcionarios del gobierno venezolano que esquilmaron los recursos de la empresa.

  En la aprobación de las compras y transacciones-contratos irregulares a las empresas proveedoras registradas ilegalmente y obviando los controles reglamentarios de la referida lista con sobreprecios de entre el 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA, habría participado Laymar Peña en colusión con Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, entre otros agentes[2].

  En la demanda que el 22 de marzo de 2019 introdujo Rothwell Energy Services LLC contra CITGO por incumplimiento de pago por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela, igualmente se vió involucrada Laymar Peña, al figurar como una de los agentes armar y manipular los paneles de licitación en favor de empresas fantasmas, entre las cuales estaba la compañía demandante[3].

  Laymar Peña, junto a José Luis Zambrano, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, habrían violado los controles internos de CITGO para la revisión de proveedores. Buscaban facilitar la aprobación y los pagos ilegales de la contratación que iniciaron en 2017, se extendieron hasta 2018 y terminaron cuando el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones al régimen venezolano.

  Una de las últimas acciones de Rothwell ante la corte de Texas, fue la presentación de una serie de documentos, entre ellos correos electrónicos de los funcionarios de la filial de PDVSA, entre ellos Peña, que probarían el incumplimiento de CITGO[4].


















[1] El tiempo latino. “Acusado de corrupción y lavado de dinero vinculado a CITGO irá a un juicio en enero”. 2 de noviembre de 2020. http://eltiempolatino.com/news/2020/nov/02/acusado-de-corrupcion-y-lavado-de-dinero-vinculado/


[2] Venezuela Política. “Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO”. 10 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/informe-revela-presuntas-practicas.html

[3] Venezuela Política. “Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos”. 21 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/caso-rothwell-energy-services-llc.html

[4] Venezuela Política. “Rothwell Energy Services presiona a CITGO para que pague deudas pendiente [por contratos corruptos]”. 11 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/rothwell-energy-services-presiona-citgo.html

 


sábado, 27 de febrero de 2021

¿Por qué David Rivera sostiene que PDVSA no puede demandarlo ni la corte de Nueva York tiene jurisdicción para llevar el caso?

Por Maibort Petit 

  A través de un Memorando de respuesta, la empresa del excongresista de los Estados Unidos David Rivera, Interamerican Consulting, Inc. respalda sus mociones para desestimar la queja enmendada en su contra y reitera que la Corte del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción para llevar el caso y sostiene que PDV USA Inc. no tiene nada que reclamarle.

  Asegura Interamerican que PDV USA cedió sus derechos de ejecución a su matriz, la estatal petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual es la “verdadera” beneficiaria y parte del contrato, a pesar de que no era signatario ni mencionado en el acuerdo del 21 de marzo de 2017.

  PDV USA, refiere la demandada, no ha presentado nada que cambie ese hecho ni tampoco aborda el problema obvio de la situación y se limita a decir que la cesión de obligaciones requiere un acuerdo expreso.

  Agrega que PDV USA asignó sus derechos —incluido el derecho a hacer cumplir el contrato— y no sus obligaciones, pues si esa hubiera sido la intención —ceder derechos y obligaciones— la Cesión habría sido una "novación".

  En tal sentido, a criterio de Interamerican Consulting, el demandante sigue estando obligado a cumplir con el Acuerdo, pero no tiene derecho a hacerlo cumplir. Subraya que PDV USA tampoco tenía ese derecho cuando comenzó la demanda.

  Precisa que las afirmaciones post hoc de PDV USA de que no hubo cesión operativa, quedan desmentidas por la conducta de las partes, pues después de la Cesión, PDVSA hizo un pago no solicitado de USD 5.000.000 a Interamerican el 27 de octubre de 2017, en razón del acuerdo, lo que demuestra que la cesión tuvo lugar.

  Además, tres semanas antes de su Oposición — años después de la vigencia del Acuerdo— PDV USA se registró bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) señalando que en 2017 “devolvió a PDVSA” USD 35 millones (el monto exacto adeudado a Interamerican).

   Igualmente sostiene que este registro demuestra que fue PDV USA con quien David Rivera contrató y que el pago restante devuelto a PDVSA también demuestra el reconocimiento de la Cesión por parte del demandante y PDVSA.

PDV USA se equivoca

  A juicio de Interamerican Consulting, la regla 17 no rescata la falta de legitimación del demandante y, por tanto, PDV USA se equivoca en su interpretación de la ley.

  Refiere que PDV USA al manifestar que "[la cesión] puede afectar a quién posee el derecho a entablar una demanda" hace un mal enfoque de la ley, pues no tener derecho a presentar una demanda es un problema y la Regla 17 no proporciona remedio a esta situación porque requiere que al menos algunos demandantes tengan algún valor del Artículo III al comienzo de una demanda y si esto no ocurre la Regla 17 no puede aplicarse.

  También, agrega, malinterpreta la jurisprudencia que utiliza en sus alegatos.

Presidente ad hoc de PDVSA actuó sin autoridad

  Asegura Interamerican Consulting que PDV USA afirma falsamente que la demandada "no impugna la validez de la Rescisión", cuando, por el contrario, señaló que PDVSA es signatario de dicha Rescisión.

   Asevera que Luis A. Pacheco, quien firmó como presidente “ad hoc” de PDVSA, actuó sin autoridad, pues el estatuto venezolano que crea la junta ad hoc de PDVSA, promulgada por la legislatura de Juan Guaidó, reconocida por Estados Unidos, no otorga autoridad para rescindir la Cesión y solamente otorga a la junta el poder de ejercer derechos como accionista de CITGO y no actúa en esa capacidad frente a la Rescisión.

Las sanciones impiden la adjudicación

  Manifiesta la demandada que la citación del demandante a las directrices de la OFAC es inadecuada y confirma que elude directamente las sanciones OFAC FAQ 808 referidas al inicio de una demanda por una entidad no bloqueada contra entidades bloqueadas o activos bloqueados.

  Interamerican sostiene que eso es lo contrario de este caso que comenzó por una subsidiaria de una entidad sujeta a sanciones contra una entidad estadounidense no sancionada.

Lo político

   Refiere la demandada que el demandante intenta agitar la doctrina de la cuestión política reiterando su interpretación errónea del régimen de sanciones.

  Apunta que la decisión del Poder Ejecutivo de impedir que PDVSA reciba algún beneficio monetario de una entidad estadounidense ha sido tomada y el tribunal no puede cuestionarla.

Alegatos insuficientes

  A criterio de Interamerican Consulting, el demandante no alega incumplimiento de contrato y no alegar insatisfacción implica que PDV USA no niega que no notó oportunamente su supuesta insatisfacción, pero en cambio, afirma que la responsabilidad de satisfacer al demandante recaía en Interamerican, lo cual es absurdo.

 Estima contradictorio que, por un lado PDV USA alegue incumplimiento por parte de Interamerican y, al mismo tiempo, declare que la demandada sí entregó unos informes.

  Del mismo modo, Interamerican refiere que el demandante no defiende su cumplimiento, pues afirma que dejó de hacer pagos debido al supuesto desempeño inadecuado de la demandada, pero no alega causalidad entre informes supuestamente "perdidos" y la falta de pago.

  Igualmente, PDV USA omite la referencia al pago no solicitado de USD 5 millones de PDVSA después de la Cesión, del cual nunca informó al tribunal.

  Interamerican Consulting destaca que PDV USA no alega daños y reconoce el incumplimiento de las condiciones precedentes. El demandante admite tácitamente que no alegó el cumplimiento de las condiciones precedentes. Tampoco PDV USA no alega la indemnización y se limita a manifestar su disposición a buscar daños y perjuicios que no están disponibles bajo una teoría de incumplimiento del contrato, a saber, 'gastos, costas judiciales y honorarios de abogados'”.

  Remata Interamerican diciendo que PDV USA no alega enriquecimiento injusto ni un reclamo de sentencia declaratoria.

   Por todo esto, Interamerican Consulting considera que sus mociones para desestimar la denuncia deben aceptarse.

miércoles, 24 de febrero de 2021

David Rivera asegura que Corte de Nueva York carece de jurisdicción para atender demanda contra su empresa interpuesta por PDV USA

Sostiene que PDV USA no tiene nada qué reclamar.

Por Maibort Petit

   David Rivera presentó una declaración jurada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York acompañada de documentación que él considera, comprueba la falta de jurisdicción del citado tribunal para dirimir la demanda que, contra su empresa, de Interamerican Consulting Inc., presentó PDV USA Inc. por incumplimiento de contrato y en reclamo de la devolución de los pagos realizados.

  Ante la citada corte, PDV USA reclama a Interamerican Consulting el reintegro de USD 15 millones que la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) pagó a la demandada de un total de USD 50 millones, correspondientes a un contrato por servicios de cabildeo que, la demandante, sostiene que nunca se cumplieron.

   Interamerican, propiedad del excongresista de los Estados Unidos, es calificada por fuentes ligadas al caso, como una empresa de maletín o fachada, la cual fue registrada en el estado de la Florida en 2017.

  Rivera y su empresa sostienen que PDV USA cedió los derechos del contrato a PDVSA y, por ello, la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde se dirime el caso, carece de jurisdicción para ello.

  En la misma fecha, 18 de febrero de 2021, presentó un memorando en apoyo a sus mociones para desestimar la demanda, argumentando que PDV USA cometió varios errores y omisiones “que son fatales para la Demanda Enmendada por motivos jurisdiccionales y de alegato”.

  Insiste en el alegato de que PDV USA cedió sus derechos a PDVSA y no ha presentado nada que lo desmienta.

La declaración de Rivera

  El 18 de febrero de 2021, David Rivera, declaró bajo pena de perjurio ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que es presidente de Interamerican Consulting Inc., empresa demandada por PDV USA Inc. en la referida instancia judicial —caso Nº 20-cv-3699-JGK—, en apoyo de las mociones de rechazo interpuestas por la compañía que representa.

   Aclaró, en primer término, que los hechos por él narrados se basan en su propio conocimiento personal, al tiempo que agregó que, en caso de ser llamado como testigo, testificaría.

  Informó que la Asamblea Nacional de Venezuela nombró la junta administrativa ad hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) el 13 de febrero de 2019, la cual se presenta como Anexo A su declaración con traducción certificada.

   En dicha resolución del Poder Legislativo venezolano, se establece que, la referida junta directiva ad hoc de PDVSA deberá asumir las funciones de la asamblea de accionista y junta directiva de la empresa estatal para actuar en su nombre y como única accionista de PDV Holding Inc. y proceder a designar a su junta directiva y, en consecuencia, nombrar el directorio de CITGO Holding Inc. y de CITGO Petroleum Corporation.

  Allí se autorizó a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para hacer el nombramiento y, en tal sentido, este designó a Simón Antunes, Gustavo J. Velásquez, Carlos José Balza, Ricardo Alfredo Prada y David Smolansky como integrantes de la junta directiva ad hoc de PDVSA.

   La junta directiva de PDV Holding Inc. quedó integrada por Luisa Palacios, Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolero y Andrés Padilla.

  La junta directiva de Citgo Holding Inc. la conformaron Luisa Palacios, Edgar Rincón, Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez; Javier Troconis y Rick Esser.

  A su vez, la junta directiva de Citgo Petroleum Corporation estaba formada por Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmetta, Andrés Padilla y Rick Esser.

  Igualmente, David Rivera acompañó su declaración jurada por el Anexo B, copia fiel y correcta del estado de cuenta bancaria de Interamerican Consulting Inc, del 31 de octubre de 2017.


  En dicho estado de cuenta, se observa un pago de USD 5.000.000 realizado por PDVSA el 27 de octubre de 2017.

  Del mismo modo, Rivera adjuntó el Anexo C, copia fiel y correcta del formulario de registro presentado por PDV USA Inc. bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

  En dicho documento se explica que la República Bolivariana de Venezuela es la única propietaria de Petróleos de Venezuela y el gobierno venezolano, a través del Ministerio de Energía y Petróleo, establece las políticas petroleras nacionales y también regula y supervisa las operaciones de PDVSA. Asimismo, refiere que el presidente de Venezuela nombra la junta directiva de PDVSA por decreto ejecutivo, habiendo sido modificados estos procedimientos por estatuto promulgado por la Asamblea Nacional a partir de febrero de 2019. Del mismo modo se indica que la Asamblea de Accionistas, máximo órgano de gobierno de PDVSA, cuyas decisiones son vinculantes dentro de los límites de sus competencias. Se indica que. como único propietario de PDVSA, Venezuela puede haber subsidiado o financiado componentes de las operaciones o negocios de PDVSA.

   El formulario de registro fue presentado el 31 de diciembre de 2020 por Elio Tortolero, integrante de la junta directiva de PDV Holding Inc.

   Allí también se explicaba que la relación entre PDV USA y PDVSA se deriva de sus estructuras corporativas, siendo la primera una subsidiaria de propiedad total de PDV Holdings (PDV H) que, a su vez, es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA.

  Igualmente se informa que, hasta enero de 2019, PDV USA brindó servicios a los accionistas a PDVSA, incluida la participación de proveedores en nombre de PDVSA. Desde 2015 hasta 2018, PDV USA contrató a tres proveedores para realizar actividades registrables en FARA. Estos compromisos, que son objeto de este registro, se realizaron en nombre y bajo la dirección de PDVSA”.

  Agrega que entre 2015 y 2017, PDV USA contrató al proveedor Caribbean Style Inc., para comprar cuatro anuncios para colocarlos en periódicos nacionales relativos al régimen de sanciones impuesto a la petrolera cuyo contenido sugiere que tenían la intención de influir en la perspectiva del gobierno de los EE. UU. o del público estadounidense.

   Refiere que, en 2017, PDV USA contrató al proveedor Interamerican Consulting Inc., para apoyar una estrategia relacionada con la "posición de PDVSA entre los funcionarios públicos importantes" y brindar consultoría y asistencia "para informar a los formuladores de políticas" sobre PDVSA.

  Del mismo modo se informó que de 2017 a 2018, PDV USA contrató a Wiss & Partners LLP para prestar servicios legales a “PDVSA y sus subsidiarias". Se aclara que, “si bien el alcance del trabajo realizado parece haber incluido cierta asesoría legal, PDV USA no puede determinar si el alcance del trabajo realizado involucra actividades políticas como se define en FARA”.

La relación con Caribbean

  Los servicios contratados entre PDV USA y Caribbean Style Inc se extendieron entre el 17 de marzo de 2015 y el 12 de octubre de 2018 y comprendió, como se dijo anteriormente, facilitó la colocación de cuatro anuncios en periódicos relacionados con Venezuela.

  El primero de ellos fue el 17 de marzo de 2015 y consistió en un anuncio de una página completa en el New York Times titulado "Venezuela no es una amenaza" a un costo de USD 175.000. Se trató de una carta al pueblo de los Estados Unidos y firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

  El segundo anuncio fue el 9 de septiembre de 2015, igualmente por USD 175.000, por una página completa en el New York Times, titulado “La verdad sobre la situación fronteriza entre Venezuela y Colombia”.

  El tercer aviso fue el 26 de mayo de 2016 en el Washington Post titulado "Comunicado especial sobre Venezuela", por un costo de USD 100.000. Era una declaración de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) para expresar "solidaridad sincera con el presidente Nicolás Maduro y su pueblo".

  El 22 de febrero de 2017 se contrató por USD 175.000, otro anuncio de una página completa en el New York Times, titulado "Carta pública al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América". Allí, el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami le escribió al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en respuesta a la decisión de la administración estadounidense de sancionarlo por tráfico de drogas.

La relación con Interamerican Consulting

  La empresa del excongresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting, Inc., prestó servicios a PDV USA entre el 21 de marzo y mayo de 2017. El precio de la relación contractual fue de USD 50 millones por servicios de “consultoría estratégica de servicios”.  En pocas palabras, eran servicios de lobby ante funcionarios públicos y líderes de opinión en favor de PDVSA.

  Rivera presentó solo dos informes carentes de detalles, uno de dos páginas y otro de cuatro páginas. PDV USA no tiene conocimiento de ninguna evidencia de que Interamerican haya realizado el trabajo real contemplado en el Acuerdo.

  PDV USA sólo realizó tres pagos por USD 5.000.000 cada uno los días 24 de marzo de 2017, 10 de abril de 2017 y 19 de abril de 2017.

La relación con Wiss & Partners

  El despacho de abogados con sede en Washington, Wiss & Partners LLP mantuvo una relación contractual con PDVSA que se extendió desde el 14 de marzo de 2017 hasta el 15 de marzo de 2018. El precio del contrato fue de USD 6 millones.

  Mediante una carta de compromiso firmada el 23 de mayo de 2017, se modificó la duración de los pagos de anticipo mensuales y se indicó que los servicios se prestarían a "PDV USA y sus subsidiarias".

  Los servicios prestados por la firma de abogados comprendieron casos de disputas que involucran a PDVSA y sus subsidiarias. sobre temas de seguros, criptomonedas, empleo e inmigración. Sin embargo, PDV USA desconoce el alcance total del trabajo legal que Wiss pudo haber estado realizando bajo el anticipo, incluyendo si se proporcionaron servicios a PDVSA (u otros) que no fueron revelados a PDV USA.

  PDV USA hizo su pago final a Wiss el 15 de marzo de 2018 y, a partir de abril de 2018, se le indicó a Wiss que dirigiera sus facturas a PDVSA. PDV USA interrumpió su relación con Wiss en octubre de 2018.