CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A., y cuya finanzas atraviesan problemas de liquidez, recibió una cantidad neta de aproximadamente USD 556 millones del Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un documento corporativo interno obtenido y verificado por el portal Zignox.
Zignox informó que CITGO recibió la devolución de impuestos, cuyo monto incluye intereses, el 27 de septiembre de 2021. Según los documentos revisados por el medio, CITGO había solicitado el reembolso en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, conocida como “Ley CARES”.
CITGO, que en el segundo trimestre reportó una utilidad neta de USD. 3 millones y un EBITDA de USD. 214 millones, posee y opera tres refinerías a gran escala, con una capacidad de crudo combinada de aproximadamente 769,000 barriles por día, ubicadas en Lake Charles, Luisiana. ; Lemont, III; Lemont, III.; y Corpus Christi, Texas, según un comunicado de prensa oficial publicado el 16 de agosto.
CITGO también tiene participación accionaria en 39 terminales activos de almacenamiento y transferencia de productos refinados, y tiene acceso a más de 120 terminales de terceros y partes relacionadas a través de acuerdos de intercambio, terminales y similares, según el sitio web de la empresa.
Los abogados del interinato no acudieron a los tribunales donde los activos venezolanos en el extranjero están en juego.
Por Maibort Petit
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó que debido a que los abogados que representan a la república —los que debía designar el gobierno interino de Juan Guaidó— no se presentaron al tribunal para defender la acción de ConocoPhillips- Petrozuata, que los demandados (Venezuela) quedaron en incumplimiento para hacer las diligencias pertinentes, la parte acusadora podrá gestionar actuaciones para poder cobrar el laudo arbitral por USD 8.500 millones, originado por la expropiación que sufriera el gigante petrolero de sus proyectos en territorio venezolano durante el gobierno de Hugo Chávez Frías.
El documento emanado del tribunal tiene fecha del 1 de octubre de 2021. En los récords se establece que por más de un año, los abogados del interino Guaidó no respondieron a los llamados de la corte.
El reclamo de ConocoPhillips data de 2007 cuando el fallecido mandatario nacionalizó los proyectos petroleros que la corporación estadounidense mantenía en Venezuela, a saber, Hamaca, Petrozuata y Corocoro y la petrolera internacional no aceptó los términos propuestos por la administración venezolana de aquel entonces.
El 8 marzo de 2019, el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) otorgó a ConocoPhillips más de USD 8,7 mil millones más intereses por la expropiación que calificó de ilícita por parte del gobierno venezolano de las tres citadas inversiones que la petrolera realizó a través de filiales holandesas de la empresa[2].
El régimen de Nicolás Maduro y el interinato de Juan Guaidó[3] impugnaron la decisión del CIADI.
El último fallo a favor de ConocoPhillips obedeció a que los abogados del interinato no cumplieron con la fecha límite "para alegar o defender esta acción, aunque debidamente notificada con una citación y copia de la denuncia" el 10 de marzo de 2020. La demandante alegó ante el tribunal que "Venezuela no ha comparecido en este caso y no ha solicitado ni recibido prórroga de tiempo para presentar alegatos".
La vía que los acreedores de Venezuela que reclaman el pago de sus deudas son los activos que la república posee en el extranjero, especialmente CITGO, un complejo de refinerías con sede en los Estados Unidos, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Guaidó ha recibido fuertes críticas dirigidas a señalar que no ha sabido defender los activos venezolanos que están bajo su tutela en razón de que el gobierno estadunidense lo reconoce sólo a él como el legítimo presidente de Venezuela y no a Maduro.
En tal sentido, CITGO se encuentra en la mira de los acreedores de Venezuela, entre quienes destacan ConocoPhillips, la minera canadiense Crystallex y los tenedores de bonos, sólo que tales activos han recibido la protección de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Una situación que pudiera cambiar de acuerdo a los resultados que arrojen las conversaciones que Maduro y la oposición mantienen en México.
Existe otro laudo arbitral por USD 2 mil millones que ConocoPhillips obtuvo en 2018, cuando un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sentenció a su favor una demanda separada relacionada con dos de los tres campos petroleros expropiados. Supuestamente el régimen de Nicolás Maduro pagó USD 753,9 millones entre 2018 y 2019 antes de que EE. UU. impusiera las sanciones que impiden la realización de dichos pagos.
REFERENCIAS
1) Decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.
[2] IISD. “Tribunal del CIADI otorga a ConocoPhillips USD 8,7 mil millones más intereses en controversia con Venezuela”. 23 de abril de 2019. https://www.iisd.org/itn/es/2019/04/23/icsid-tribunal-awards-conocophillips-usd-8-7-billion-plus-interest-dispute-venezuela-gregg-coughlin/
[3] HispanoPost. “Guaidó apelará decisión del Ciadi sobre Conoco Phillips”. 14 de marzo de 2019. https://hispanopost.com/guaido-apelara-decision-del-ciadi-sobre-conoco-phillips/
El juicio se llevará a cabo a mediados del próximo año 2022.
Por Maibort Petit
La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó el 24 de septiembre del presente años 2021, como la fecha límite para que PDV USA Inc. responda a la contrademanda que en su contra formuló la empresa del exparlamentario republicano David Rivera, Interamerican Consulting Inc.
El pasado 20 de agosto, el juez John G. Köelt estableció un cronograma en el que, además de la diligencia anteriormente mencionado, fijó el 21 de febrero de 2022 para presentar los alegatos enmendados, fecha que igualmente será el plazo límite otorgado por el tribunal para que las partes puedan reunirse.
Las declaraciones de expertos deben presentarse antes del 11 de abril de 2022; la etapa de descubrimiento de hechos, incluidas las declaraciones de los testigos de hechos tendrá como fecha tope el 21 de febrero de 2022; las mociones de sentencia sumaria vencen el 25 de mayo de 2022; la orden preliminar conjunta se estableció para el 17 de junio de 2022 o 21 días después de la decisión de cualquier moción dispositiva.
Asimismo, el juez Köeltl estipuló que las partes deberán estar listas para el juicio con 48 horas de notificación o 21 días después de la presentación de la orden preventiva conjunta.
Solicitud de plazo
El 1 de julio de 2021, Kathryn Lee Boyd, de la firma Hecht Partners LLP que representa legalmente a Interamerican Consulting Inc. en el proceso judicial que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde PDV USA Inc. la demandó por incumplimiento de contrato, remitió una comunicación al juez John G. Köeltl, para solicitar la extensión del plazo de que dispone para responder a la Demanda Enmendada, al tiempo que se excusó por no poder estar presente en la conferencia pautada para el 13 de julio de 2021.
Refirió que la razón por la cual no podría asistir se debía a que es, además, el abogado principal del juicio en Apple Inc. v. Corellium LLC, Nº 9-19cv-81160-RS, para la fecha de la comunicación pendiente ante el juez Rodney Smith en el Distrito Sur de Florida, quien había pautado ya anteriormente, una conferencia previa al juicio para el citado 13 de julio de 2021. Esta causa tenía pautado el inicio del juicio para el 19 de julio de 2021. Le recordó que el Tribunal había denegado la solicitud conjunta de las partes de aplazar la fecha del juicio para septiembre.
La comunicación al juez refería que, de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 6 (b), el Interamerican Consulting solicitaba que el Tribunal extendiera el tiempo para que el demandado pudiera responder a la Demanda Enmendada por 30 días, hasta el 5 de agosto de 2021. El Demandado también solicitó que el Tribunal suspendiera la conferencia a la primera semana de agosto, o la fecha más temprana a partir de entonces, que fuera conveniente para la Corte. Las partes solicitaron que la Corte reajustar el plazo para presentar el informe de la Regla 26 (f), en consecuencia. El juez otorgó la solicitud.
Cambio de abogados
El 2 de agosto de 2021, Kathryn Lee Boyd, de la firma Hecht Partners LLP, en representación de Interamerican Consulting Inc. solicitó al juez Kathryn Lee Boyd una prórroga para presentar la respuesta a la demanda enmendada en su contra.
Explicó Boyd al magistrado que tal pedido lo hacía en virtud de que había sido informado por su cliente de que tenía la intención de contratar nuevos abogados en este asunto y estos, probablemente tomarían una nueva dirección y estrategia en la defensa de el caso. Pidió plazo hasta el 19 de agosto de 2021, para que se finalizara la contratación de los abogados y estos presentaran la respuesta solicitada por el tribunal.
De hecho el 19 de agosto de 2021, el nuevo abogado de Interamerican Consulting Inc., Tucker H. Byrd, presentó la respuesta a la demanda enmendada y contra demandó a PDV USA Inc. como ya lo informamos en entrega anterior[1].
Lo que aparenta ser un reclamo por incumplimiento de contrato, simplemente sería el camuflaje a una serie de negociaciones irregulares cometidas en el seno del principal activo de Venezuela en el extranjero: CITGO.
Por Maibort Petit
La demanda entablada por PDV USA Inc. en contra de Interamerican Consulting Inc. propiedad del excongresista republicano, David Rivera, ha dejado al descubierto una serie de manejos irregulares que, presuntamente, operaban u operan en torno a la demandante y el demandado.
De hecho, en la contrademanda que recientemente presentó Interamerican contra PDV USA, refiere que, en ningún momento manifestó su inconformidad con el servicio de consultoría prestado y sólo comenzó mostrar cierta resistencia a seguir realizando los pagos que venía realizando, cuando Interamerican se negó a permitir que el acuerdo suscrito entre ambas empresas se asignara por PDV USA a su casa matriz PDVSA. Ante el planteamiento, Interamerican expuso su inconformidad, toda vez hacerlo socavaría la recomendación estratégica que la demandada y ahora contrademandante venía planteando, en el sentido de que CITGO enfatizara su identidad independiente de Petróleos de Venezuela S.A., cuya imagen y desempeño venía afectándola.
Ese, incluso, habría sido el objeto del contrato —al menos en el papel— pues CITGO procuraba asesoría para “desarrollar un plan estratégico para crear una identidad separada y distinta y desvincularse de su matriz final, Petróleos de Venezuela, SA”.
Por tal servicio de "asesoría" por parte de la empresa de David Rivera, la filial de PDVSA en Estados Unidos “ofreció pagar la suma de $ 50 millones”, reza la contrademanda en su exposición del caso, al tiempo que agrega que tal cantidad pareció razonable a la estatal venezolana, ante el riesgo que corría.
Y deja sentado Interamerican: “Teniendo en cuenta los miles de millones de dólares en juego con la estatura pública y empresarial de CITGO en peligro, CITGO obviamente consideró que la tarifa era razonable porque la tarifa propuesta se originó en CITGO sin que Interamerican lo solicitara o aportara” (subrayado nuestro).
Interamerican destaca que “PDV USA nunca notificó a Interamerican de ninguna supuesta insatisfacción, nunca declaró a Interamerican en default, y ni siquiera dio por terminado o revocó el acuerdo”.
¿El objeto del contrato?
Pero según fuentes internas de CITGO, tanto el objeto del contrato suscrito entre PDV USA Inc. e Interamerican Consulting Inc., como la razón de la demanda entablada, son otras nada regulares.
Así se nos refiere que detrás del aparente objeto de acusar el incumplimiento de contrato por parte de la empresa de David Rivera y reclamar el reintegro de los USD 15 millones pagados, la intención es justificarse ante el gobierno de los Estados Unidos, toda vez que se conoce que el Departamento de Justicia y otras instancias de la administración estadounidense investigan a CITGO.
De este modo, la demanda diseñada por el abogado Michael Gottlieb, a instancias de Luisa Palacios y Carlos Jordá, sólo tiene un objetivo, no la recuperación del dinero pagado a Interamerican, "sino desarrollar una estrategia del gobierno interino de Juan Guaidó para presentarse como en interesado en acabar con los manejos irregulares en CITGO", bajo su tutela desde que EE. UU. le reconoció como mandatario encargado de Venezuela y desconoció a Nicolás Maduro y su administración.
“La demanda es, pues, solamente una cortina de humo”, advierte fuentes vinculadas al caso, “una manera de lavarse la cara ante el gobierno de Estados Unidos, haciéndose ver como adalides de la lucha contra la corrupción”.
Y entonces advierte la fuente: “nada más lejos de la realidad”, pues esos que pretenden presentarse como agentes combativos de lo irregular, guardaron silencio sobre los casos de corrupción que tenían lugar en CITGO en las administraciones de Asdrúbal Chávez y de Nelson Martínez. De ello supieron en febrero de 2019, como también conocieron de una auditoría que revelaba todos los manejos oscuros, la cual fue realizada en 2017 ordenada por la PDVSA de Maduro y que Juan Guaidó se atribuyó y fechó en 2019.
"La junta directiva designada por Guaidó supo de los hechos de corrupción y no actuó en consecuencia", aseguró la fuente. "Luisa Palacios y el resto de la directiva no actuaron sino hasta mayo de 2020 en lo que puede denominarse como una operación de mampara", acota.
Igualmente, se nos advierte acerca de la naturaleza de PDV USA Inc., la cual sería únicamente realizar operaciones y negociaciones irregulares, no solamente con Interamerican Consulting Inc., sino también con otras compañías cuestionadas, entre ellas, las de José Manuel González Testino.
¿Incumplimiento de contrato?
Otra fuente nos apunta, que la demanda contra la compañía de Rivera persigue igualmente el objetivo de enmascarar las negociaciones irregulares llevadas a cabo a través de PDV USA y CITGO.
Por tanto, según la fuente, la acusación contra Interamerican sólo pretende hacer ver a PDV USA como una víctima, objetivo trazado por el abogado Gottlieb, cuando lo que se procuraba era evitar que las averiguaciones se profundizaran en los responsables de las transacciones fraudulentas que se hicieron con la empresa de Rivera, las cuales violan las leyes federales de EE. UU. Era necesario alejar el dedo de la justicia de los directivos de CITGO que participaron en las oscuras negociaciones que, más allá de lo que reza el texto de la demanda, tienen que ver en realidad, con presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO, alerta la fuente.
Puntualiza la fuente de Venezuela Política que, en 2017, José Pereira y Gina Coon, quien se mantiene como tesorera de CITGO, ejecutaron tres pagos vía transferencias bancarias por USD 5 millones cada uno, para un total de USD 15 millones, a la cuenta de David Rivera en el JP Morgan NY. Específicamente, mediante la cuenta identificada con el número de ruta 021000021 y el serial 633291682.
Estos pagos, por demás, no habrían cumplido con los requisitos exigidos por las leyes de los Estados Unidos, pues se habrían respaldado con recibos de cobro carentes de la rigurosidad exigida por la norma.
Una auditoría de CITGO identificó y describió el fraude y las violaciones de controles internos cometidas por José Pereira y Gina Coon, en colusión con personal de PDVSA y pudieron detener que se prosiguiera con los pagos irregulares a Rivera, es decir, los USD 35 millones de saldo del contrato que ahora reclama Interamerican en su contrademanda a PDV USA.
¿Otros fines?
Pero otros objetivos habrían justificado la suscripción del contrato, toda vez que cuando el asunto explotó en los tribunales, David Rivera aseveró que el dinero que había recibido como pago por los servicios de consultoría, en realidad estaba destinado a financiar a la oposición venezolana.
El excongresista sostuvo que había mantenido reuniones con Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado el dinero pagado por CITGO a Interamerican. En dichas reuniones, dijo, participó, supuestamente, Raúl Gorrín.
Sobre PDV USA Inc.
PDV USA es una corporación de Delaware que es propiedad total de PDV Holding INC., la cual a su vez es propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), razón por la cual la estatal petrolera venezolana viene a ser, indirectamente, dueña del 100 por ciento en PDV USA.
PDV USA Inc. es una entidad subsidiaria de PDVSA manejada por la gerencia de CITGO en Houston, Texas.
PDV Holding Inc. ostenta la propiedad total de CITGO Holding, Inc., que es propietaria total de CITGO Petroleum Corp.
En página web PDV Holding Inc. refiere que es una empresa filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. Se trata de una compañía matriz constituida en Delaware y con sede social en Texas. PDVH es la accionista indirecta de CITGO Petroleum Corporation, a través de la propiedad de 100 por ciento de las acciones de su filial CITGO Holding Inc., única accionista de CITGO Petroleum Corp[1].
Sin embargo, en ninguno de los sitios de la petrolera se hace mención directa a PDV USA Inc.
Según el portal Open Corporates, PDV USA Inc., es una corporación registrada el 20 de marzo de 1991 en Delaware bajo el número 2257786.
Como agente figura The Corporation Trust Company (incorporada el 10 de mayo de 2018) , cuyo domicilio es Corporation Trust Center 1209, Orange St, Wilmington, New Castle, DE, 19801[2].
Open Corporates también informa que PDV USA Inc. es una corporación comercial extranjera registrada el 31 de octubre de 1991 en Nueva York, bajo el número 1586368, cuyo estatus actual es activo. Esta empresa funge como sucursal de PDV USA Inc., registrada en Delaware.
Refiere que el domicilio es 29 Liberty St, Nueva York, 10005, Nueva York.
Guillermo Blanco figura como director ejecutivo, incorporado desde el 5 de diciembre de 2019, mientras que PDV USA Inc. como el agente[3].
Entretanto, Dun & Bradstreet refiere que PDV USA Inc. tiene su sede en Nueva York, cuyo objeto es la gestión de empresa e industrias. Informa que la firma cuenta con 4 empleados en total en todas sus ubicaciones. Este portal difiere en la dirección ofrecida por Open Corporates e indica como sede de la empresa el 65 E 55TH St FL 23B, New York, NY, 10022-3367. Teléfono (212) 339-7770. Agrega que al frente de la compañía está Carlos Jordá[4].
REFERENCIAS
[1] PDV Holding. https://pdvholding.com/ES/
[2] Open Corporates. PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_de/2257786
[3] Open Corporates, PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_ny/1586368
[4] Dun & Bradstreet. PDV USA Inc. https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.pdv_usa_inc.9e82f3aa31dcd7408513c7567b071572.html
Tanto José Manuel González Testino como su empresa evitaron a toda costa ser notificados de la demanda que la filial de PDVSA en Estados Unidos entabló contra ellos.
Por Maibort Petit
Múltiples han sido las diligencias llevadas a cabo por CITGO Petroleum Corporation para servir a José Manuel González Testino y a su empresa Petroleum Logistics Service Corp. y así dar curso al proceso judicial por incumplimiento de contrato presentó en la Corte del Distrito Sur de Texas.
Las evasivas de uno y otra, llevaron a los abogados de CITGO a pedir ante la secretaría del tribunal, se declare en rebeldía a los demandados.
El reclamo
El 2 de marzo de 2021, Jennifer Hardy de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de CITGO Petroleum Corporation, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas un Informe de Estado de su cliente en relación con la Moción de Incumplimiento respecto a los demandados, Petroleum Logistics Service Corp. y José Manuel González Testino, a objeto de actualizar al tribunal sobre sus esfuerzos con relación al caso.
Refiere, en primer lugar, que CITGO fue víctima de una conspiración de soborno perpetrada por los demandados, por lo que recurrió a al Corte demandando incumplimiento de contrato, fraude y reclamos civiles bajo la Ley de Organizaciones Influenciadas y Corruptas del Racketeer (RICO), con el objeto de recuperar los daños que sufrió como resultado de esa conspiración de soborno criminal.
Para satisfacer su carga de la prueba y obtener una sentencia en rebeldía, CITGO propone presentar una sola moción que aborde tanto los asuntos de responsabilidad como de daños y, además, en respaldo de dicha moción, también propone presentar un informe pericial sobre los daños.
Explica que el 5 de marzo de 2014, CITGO y PLS celebraron un Acuerdo de contrato de servicio en el que el demandado se comprometía a brindar servicios de adquisición y logística para facilitar la venta y el transporte de equipos, bienes y/o materiales a la empresa matriz de la demandante, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Entre los años 2014 y 2018, CITGO hizo cientos de transacciones para adquirir bienes y servicios en nombre de PDVSA a través de PLS como proveedor de adquisiciones y logística. Port ello pagó a PLS y sus afiliados, más de USD 20 millones. Debido a que cada transacción se facturó por separado, el proceso de recopilación, revisión y organización de las aproximadamente 1.000 facturas de PLS identificadas, ha requerido mucho tiempo.
Igualmente, CITGO informa que ha contratado un experto con más de tres décadas de experiencia en asesorar a clientes con problemas económicos, financieros y de valoración complejos, a objeto de que haga una evaluación de los daños. Se advirtió que la revisión y análisis de las aproximadamente 1.000 facturas, podría tomarle al perito hasta julio de 2021.
Al momento de la redacción del informe de estado (marzo de 2021), CITGO no preveía solicitar permiso al Tribunal para citar a terceros para que presentaran documentos adicionales. Sin embargo, alertó que en la medida que avanzara la evaluación de daños para determinar el monto a exigir a los demandados, era posible que requiriera el permiso de la corte para obtener dicha documentación adicional a través de citaciones de terceros.
Por último, CITGO consideraba que los asuntos de responsabilidad y daños pueden ser resumidos de manera efectiva en una sola moción, la cual incluiría documentación relevante como prueba, así como el informe pericial sobre daños. Asimismo, indicó que en la medida en que el Tribunal solicitara más información sobre las cuestiones de responsabilidad o daños, el demandante también podría presentar pruebas y hacer que su experto esté disponible en una audiencia probatoria.
CITGO informó a la Corte que estaría preparado para presentar una moción por incumplimiento en agosto de 2021 o alrededor de esa fecha.
CITGO puede declarar en rebeldía a los demandados
De acuerdo a lo establecido la Regla 55 (a) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, CITGO Petroleum Corporation solicitó al Secretario del Tribunal declarar en rebeldía a los demandados José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp.
Tal pedido se formuló en razón de que ni González Testino ni PLS han respondido a las notificaciones que la demandante procuró hacer, luego de haber entablado una demanda por incumplimiento de contrato contra ambos el 26 de mayo de 2020.
Dado que transcurrió el tiempo de ley y ninguno de los demandados ha presentado alegatos de respuesta, CITGO reclama la declaración de incumplimiento por parte de González Testino y PLS.
CITGO refiere que intentó servir a Petroleum Logistics Service Corp a través de su agente registrado en Estados Unidos, pero esta empresa incumplió esta obligación. Igualmente lo intentó hacer en persona mediante servidores de procesos en las oficinas que figuran en el sitio web corporativo de PLS, 1519 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126. Pero en dicha dirección funcionaba una empresa diferente y un empleado de la recepción indicó que no sabía que PLS tuviera oficinas allí.
Dada la inexistencia del agente registrado en Texas, el 4 de agosto de 2020, CITGO sirvió a PLS a través del Secretario de Estado de Texas, de acuerdo con la ley de esa entidad federal.
Específicamente, CITGO transmitió la Queja, la Citación, la Declaración de divulgación corporativa de la Regla 7.1 y el Certificado de partes interesadas al Secretario de Estado de Texas con instrucciones para enviar el Servicio de PLS a los siguientes tres nombres y direcciones:
A la sede corporativa internacional de PLS en Panamá según su sitio web y correspondencia con CITGO, ubicada en Petroleum Logistics Service Corp., Trump Office Tower, 2nd piso, Oficina 2 -06, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá con atención al Agente Gerente de PLS.
Al Agente de PLS en presentaciones corporativas en Panamá, Fábrega, Molino y Mulino, ubicado en BMW Plaza, 9th Floor, 50 St. P.O. Box: 0816-00744, Panamá, Rep. De Panamá.
Al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, quien fue identificada por el abogado de PLS USA como un punto de contacto apropiado para PLS en Panamá, en su domicilio según los registros corporativos de PLS ubicados en PH Riverside, Piso 23, Apto. 23A, Calle 5ta, Parque Lefevre y vía España, Parque Lefevre, Panamá.
El 14 de agosto de 2020, el Secretario de Estado certificó que recibió los Documentos de servicio de PLS el 4 de agosto de 2020 y, el 11 de agosto de 2020, los remitió por correo certificado con acuse de recibo solicitado a las tres direcciones proporcionadas.
El 15 de septiembre de 2020, el Secretario de Estado de Texas firmó tres certificados de servicio adicionales que certifican la respuesta que recibió de los correos a PLS. Por ejemplo, el 2 de septiembre de 2020, los correos del Secretario de Estado de Texas a las oficinas centrales de PLS y a Fabrega, Molino y Mulino fueron devueltos "Devolver notación de rumbo al remitente, no se puede reenviar". El 8 de septiembre de 2020, el correo del Secretario de Estado de Texas al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, fue devuelto con el mensaje "Devolución de notación al remitente, rechazada, incapaz de reenviar".
Debido a que, como se alega en la Demanda, PLS estaba bajo el control y propiedad indirecta de González Testino, CITGO también proporcionó de forma independiente los documentos de servicio de PLS a este el 1 de septiembre de 2020, a través del abogado registrado en su proceso penal relacionado.
El servicio a González Testino
Entretanto, luego de repetidos intentos, de entregar a González Testino en el apartamento donde se encontraba confinado bajo "encierro domiciliario de '24 horas al día'" por un caso criminal relacionado y de su abogado, el 21 de agosto de 2020 se presentó ante el tribunal una solicitud para hacer una notificación sustitutiva, la cual fue otorgada el 24 de agosto de 2020.
En ningún momento González ha respondido.
De conformidad con FRCP 55 (a), el secretario del tribunal debe declarar en incumplimiento contra una parte que no ha presentado un alegato en respuesta o defendido de otra manera una demanda.
Los intentos del juez por realizar conferencia inicial
El 4 de agosto de 2020, el juez de primera instancia de la Corte para el Distrito Sur de Texas, Andrew M. Edison, emitió una orden para llevar a cabo las conferencias de programación inicial que estaba programada en principio para el jueves 17 de septiembre de 2020, pero que debió suspenderse en razón de la pandemia, por lo que se llevarían a cabo por videoconferencia a través de la plataforma Zoom.
Igualmente, instó a las partes a preparar y presentar un plan de descubrimiento que, en primera instancia debía ocurrir antes del 10 de septiembre de 2020
Órdenes similares las emitió el juez Edison el 28 de septiembre de 2020 y el 23 de noviembre de 2020.
Las distintas diligencias de notificación
El 7 de octubre de 2020, Sarah M. Wastler, socia del despacho de abogados Willkie Farr & Gallagher LLP, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas una declaración en el que refirió que en razón de la orden de la corte del 24 de agosto de 2020 que otorgó la Moción de notificación sustitutiva de CITGO, ésta notificó de la misma al acusado José Manuel González Testino varios medios.
En primer término, el 1 de septiembre de 2020, mediante la contratación de un notificador de proceso que envió por correo copias de la demanda, la citación, la moción del demandante para la entrega legal sustitutiva al testimonio del demandado y la petición de prórroga para efectuar la notificación, orden de notificación, certificado de partes interesadas, al 200 Biscayne Boulevard Way, Unit 3903, Miami, Florida 33131, a través de U.S. Postal prepago y Servicio Postal de los Estados Unidos de primera clase, correo certificado, recibo de devolución solicitado.
El 10 de septiembre de 2020, el acuse de recibo relacionado con este envío certificado se devolvió al servidor de procesos, con la designación “Covid 19” completada en la línea de la firma.
En este sentido, Joseph Onega hizo una Declaración jurada de debida diligencia el 18 de agosto de 2020, en la que, bajo juramento, informó que después de una búsqueda debida, una investigación cuidadosa y un intento diligente, no pudo servir a Petroleum Logistics Service Corp. Precisó que el 14 de agosto de 2020 a las 2:13 p. m., intentó servir a PLS en 1519 NW 82nd Avenue, Miami, Florida 33126, encontrando que el negocio en la dirección era Meson Valves. En el lugar le manifestaron no conocer nada respecto a Petroleum Logistics Service Corp.
El 1 de septiembre de 2020, el notificador envió por correo copias de los documentos de notificación al abogado de González Testino en su proceso penal, Edward Shohat, Esq., en Jones Walker LLP, 201 South Biscayne Boulevard, 26th Floor, Miami, Florida 33131 a través del Servicio Postal de los Estados Unidos, correo certificado, acuse de recibo solicitado.
El 8 de septiembre de 2020, el acuse de recibo relacionado con este envío certificado fue devuelto al servidor de procesos, con las iniciales “LS” en la línea de la firma y “C19” en la línea “recibido por”.
El 1 de septiembre de 2020, el servidor de procesos envió por correo electrónico copias de los Documentos de servicio desde la dirección de correo electrónico de Rebecca E. Short (rshort@capitolprocess.com) a la dirección de correo electrónico indicada de Edward Shohat, Esq. (eshohat@joneswalker.com). Hasta la fecha, Short no ha recibido ninguna confirmación que acuse recibo del correo electrónico.
Finalmente, el 5 de septiembre de 2020, el notificador de proceso dejó una copia de los Documentos de Servicio en la puerta de 200 Biscayne Boulevard Way, Unidad 3903, Miami, Florida 33131.
Según el notificador del proceso, mientras dejaba una copia de los Documentos de Servicio en la dirección antes mencionada, un hombre que se identificó como “Kion” abrió la puerta e informó al notificador que se había mudado a la Unidad 3903 dos semanas antes y que González Testino ya no era residente en la dirección y que no tenía ninguna información de contacto de este. No se pudo determinar si esta declaración era veraz.
Abogados de CITGO informa al juez
El 5 de noviembre de 2020, Sarah M. Wastler, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de su cliente CITGO Petroleum Corporation le remitió una comunicación al juez Magistrado para el Distrito Sur de Texas, Andrew M. Edison, para informarle acerca de las distintas diligencias emprendidas por el demandante para servir a los demandados.
Le precisó Wastler que cumplir con la orden de programación emitida por el magistrado el 27 de agosto de 2020 en la cual se establecía una conferencia inicial previa al juicio y programación para el 12 de noviembre de 2020 y ordenó a las partes que se reunieran y conferenciaran antes de la audiencia y que presentaran un plan conjunto de descubrimiento/manejo del caso para este litigio, no había podido cumplirse.
Recordó que, como era de conocimiento del tribunal, CITGO procuró hacer la notificación a ambos demandados: el 21 de agosto de 2020, a Petroleum Logistics Service Corp. a través de notificación a la Secretaría de Estado de Texas.
Mientras que el 7 de octubre de 2020, CITGO presentó prueba de notificación a José Manuel González Testino de conformidad con la Orden del Tribunal de 24 de agosto de 2017 que otorga el servicio sustituto. Desde entonces, los demandados no han aparecido en este litigio ni han respondido a los muchos intentos de Willkie de contactar a los Demandados.
Dadas esta circunstancia y la imposibilidad de cumplir con la orden de la Corte, CITGO a través de sus abogados pidió al juez suspender la conferencia de programación mientras CITGO consideraba sus próximos pasos con respecto a cómo proceder en este asunto.
Pese a las múltiples denuncias e investigaciones por corrupción, la filial de PDVSA en EE. UU., como revelan reportes, mantiene a la comercializadora como su principal proveedor.
Por Maibort Petit
Sospechosa por las múltiples denuncias formuladas en su contra por la presunta comisión de hechos irregulares, negociaciones turbias, imposición de sobreprecios y demás, la multinacional de comercio de productos básicos Trafigura Group Pte. Ltd. se encuentra en la mira de muchas compañías, agentes y naciones que, previsivos, han decidido suspender o limitar las negociaciones con ella, en espera del resultado de las investigaciones de que es objeto. Muchas, pero no todas, porque empresas como CITGO Petroleum Corporation, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, continúa manteniéndola como su principal proveedor de crudo y productos derivados.
Lejos está de la intención real de la alta gerencia de CITGO, el tomar decisiones como la reciente implementada por Petróleos Mexicanos (Pemex), que prohibió temporalmente establecer nuevas contrataciones con Trafigura AG, hasta tanto no se aclaren los hechos y las averiguaciones que en torno a la comercializadora se llevan a cabo en varias los países, arrojen resultados. Esta es una revelación que hizo Reuters[1], que indicó que Pemex y otras petroleras estatales están ahora más cautelosas al momento de negociar firmas comerciantes como Trafigura y Vitol.
Pero en lo que respecta a Trafigura, los reportes revelan que las compras de Trafigura Canada GP aumentaron de forma significativa en 2019, como también indican que la empresa suiza se convirtió —después de PDVSA Petróleos que lideraba como suplidor antes de las sanciones de la OFAC— en el mayor proveedor de crudo en el área trading durante los períodos 2017 y 2018. Fuentes de Venezuela Política indican que los contratos trading con estas empresas, lejos de proscribirse, se incrementaron durante la gestión de la directiva designada por Juan Guaidó en la filial.
Empresas como Trafigura, Vitol, Glencore y Mercuria se incorporaron al registro mayor de proveedores y clientes de CITGO durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En la gestión de Gustavo Velásquez y Rick Esser las compañías de trading intermediarias adquirieron un gran protagonismo, un papel que no dejaron de tener, según todo deja ver, cuando la filial de PDVSA en EE. UU. pasó a estar bajo el control del 'gobierno' interino de Guaidó.
Ante estas denuncias, el CEO de CITGO, Carlos Jordá, habría ordenado algunas auditorías y había tratado de indagar y conocer los manejos del área de trading de la filial sin haber tenido éxito en este intento. Fuentes de la petrolera refirieron a Venezuela Política que, inexplicablemente, el área de auditoría de la empresa excluyó del plan anual de la compañía, todas las auditorías de esa dependencia de la filial.
Pero nuestras fuentes igualmente alertaron que las iniciativas de Carlos Jordá respecto al área de trading, las contrataciones con Trafigura y el resto de empresas cuestionadas, lejos está de responder al deseo transparentar las operaciones de CITGO, sino que simplemente es la consecuencia, su reacción, a las denuncias, tanto desde estas páginas formuladas, como por otras voces que acusan la conducta irregular de la comercializadora suiza.
No deja de tener peso tampoco, el ojo que, sobre la subsidiaria de PDVSA, tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de allí el aparente deseo de Jordá de investigar y aclarar la situación en el área de trading de CITGO.
Las alarmas acerca de Trafigura, llevaron a PMI Comercio International — filial de Petróleos Mexicanos— a suspender a principios de julio suspendió la suscripción de nuevos contratos con la comercializadora y sus subsidiarias, según documento al que tuvo acceso Reuters, aunque advierte que en el mismo no hay referencia alguna al motivo de la prohibición. Eso sí, la petrolera mexicana respetará los acuerdos vigentes.
La nota de la agencia de noticias indica que, aunque Pemex con estas decisiones busca no exponerse con estas empresas investigadas por corrupción, sus unidades en otros lugares, como la de Ginebra, por ejemplo, continúan negociando con Trafigura.
Entre quienes investigan a este comerciante global de materias primas por presuntos hechos de corrupción y manipulación del mercado petrolero, se encuentra el gobierno de los Estados Unidos, el cual a través de organismos como la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CFTC), la cual indaga sobre el alcance de las actividades de Trafigura, sobre todo en sus operaciones con América del Sur.
Se entiende que la investigación se relaciona con la división de comercio de petróleo de Trafigura, que tiene su sede en Singapur, pero también tiene oficinas en Londres y Ginebra[2].
Igualmente, en 2018, Vitol, Trafigura y Glencore fueron vinculadas con la corrupción de la brasileña Petrobras, al ser señaladas de pagar sobornos por el orden de USD 31 millones a funcionarios de la estatal, todo en el contexto de la operación Lava Jato[3].
REFERENCIAS
[1] Reuters. EXCLUSIVE Pemex's trading arm bans new business with Trafigura -sources. 15 de julio de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-pemexs-trading-arm-bans-new-business-with-trafigura-sources-2021-07-15/
[2] The Guardian. “Trafigura investigated for alleged corruption, market manipulation”. 31 de mayo de 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/may/31/trafigura-investigated-for-alleged-corruption-market-manipulation
[3] Expansión. “Vitol, Trafigura y Glencore, señaladas de presunta corrupción ligada a Petrobras”. 5 de diciembre de 2018. https://expansion.mx/empresas/2018/12/05/vitol-trafigura-y-glencore-senaladas-de-presunta-corrupcion-ligada-a-petrobras
Lograron deshacerse de cualquier obstáculo que se presentó para coronar sus planes.
Por Maibort Petit
El poder político y económico de los llamados bolichicos es tal, que lo utilizaron junto a sus socios rusos para influenciar la toma de decisiones en Petróleos de Venezuela S.A., sus filiales y las empresas mixtas. El grado de ascendencia permitió, al verse obstaculizados en el logro de sus objetivos, accionar sus fichas para deshacerse del estorbo que representaban los cuadros gerenciales en el área occidental de la empresa estatal, incluso, llegaron a descabezar al presidente de PDVSA y al ministro de Petróleo.
El medio para ello habría sido Petrozamora —compañía en la que PDVSA es propietaria de 60 por ciento del paquete accionario, mientras su socio, una empresa filial del banco ruso GazpromBank, denominada Gazprombak Latin America Ventures BV, es titular del restante 40 por ciento— la cual llevaba a cabo negociaciones mediante las cuales se entregaban contratos que favorecían a una compañía vinculada a los funcionarios negociantes y en las que también tendrían intereses los referidos bolichicos.
Venezuela Política logró determinar que la relación de los bolichicos con actores principales del régimen venezolano, comenzó a gestarse a través de la negociación con Derwick Associates por la compra de plantas eléctricas —la cual resultó en un gran desfalco para la nación— y de allí en adelante habrían continuado negociando con empresas estatales por interpuestas personas o empresas. La documentación establece que el poder económico y político alcanzado por los entonces jóvenes empresarios les habría permitido influenciar en las decisiones dirigidas a designar los cuadros gerenciales y de dirección de la industria petrolera y energética venezolana.
Convit y Gazprombak Latin America Ventures
De acuerdo a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 420.880, del 26 de mayo de 2015, Gazprombak Latin America Ventures BV estaba representada en el acto de constitución de Petrozamora por Francisco Convit, quien ejercía como director principal en representación del socio “B”[1].
En esa misma gaceta oficial se lee que Gazprombak Latin America Ventures BV es una “compañía constituida, organizada y existente conforme a las leyes de los Países Bajos, en fecha 1 de abril de 2011, bajo el número de Registro 52285421, con domicilio en Fred. Roeskestraat 123 1, 1076EE Ámsterdam”.
Pero el portal El Tiempo Latino[2], en cita que hace de Moodys Report, refiere que solamente el 50,6 por ciento de Gazprombak Latin America Ventures BV es propiedad de Gazprombank, aunque no ofrece detalles acerca de la propiedad del resto de las acciones. Una duda que aclara una investigación del sitio web Armando.info[3], que sostiene que tal paquete está en manos de Derwick Oil and Gas Corporation, registrada en Barbados, de la que son dueños Alejandro Betancourt, Pedro José Trebbau y Francisco Convit. Agrega que la jurisdicción fiscal de la empresa —Países Bajos como ya dijimos— les permite llegar a acuerdos con la Hacienda holandesa para bajar la carga tributaria cuando trabajan internacionalmente. Fue así como negociaron, primero concesiones petroleras en el Zulia y luego una serie de contratos que van desde los ya referenciados en el área eléctrica, como otros que mantendrían con PDVSA a través de terceras empresas.
Francisco Convit Guruceaga, junto a sus socios de Derwick, fue acusado en la Corte del Distrito Sur de la Florida de ser responsable de la crisis eléctrica venezolana y de, supuestamente, liderar una red que lavó USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA[4]. Entre las irregularidades cometidas se señala que Convit orquestó un préstamo simulado con el estado venezolano. La red que supuestamente lideraba, de acuerdo a una declaración jurada que figura en el proceso judicial, se habría de una empresa fantasma para prestar USD 42 millones en bolívares a PDVSA a finales de 2014, el cual fue reembolsado en euros a un tipo de cambio favorable para los prestamistas. La operación supuso un beneficio de USD 600 millones que fueron distribuidos entre Convit, otros miembros de la red, altos funcionarios de PDVSA y Alejandro Betancourt López, aunque este último no es identificado por su nombre en el documento, sino como un conspirador que recibió una gran suma de dinero[5].
Leopoldo Alejandro Betancourt López y Francisco Convit Guruceaga aparecen señalados en el enorme esquema de corrupción de Petrozamora.
El portal Armando.info igualmente da cuenta de los contactos que Alejandro Betancourt López mantiene con los rusos, los cuales datarían de 2007 cuando figuraba como representante de Gazprombak en Latinoamérica. De esta relación se habría valido el empresario para que la empresa estatal petrolera respondiera a sus intereses.
Del mismo modo, otra investigación periodística reveló que “Derwick canaliza gran parte de sus beneficios a través de bancos suizos mediante operaciones sospechosas de constituir delitos de blanqueo de capitales que están siendo investigadas en varios países, entre ellos, Estados Unidos, Suiza y Venezuela. Queda el rastro en los archivos del banco Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) del intercambio de transferencias con Gazprombank Latin America”[6].
El poder de los bolichicos se lo disputan desde los dos bandos políticos en Venezuela, pues en 2020, fue Jorge Rodríguez, para la fecha ministro de información del gobierno de Maduro, acusó que la oposición en manos de Juan Guaidó mantendría vínculos corruptos con Alejandro Betancourt. Específicamente denunció que los diputados Tamara Adrian y Voluntad Popular, ocultan a través de Betancourt López la fortuna que supuestamente es utilizada para atentar contra el régimen madurista.
Rodríguez dijo que una red de empresas de fachada registradas en Barbados, Panamá, España y Canadá, servirían a Guaidó, Voluntad Popular y a Betancourt, para financiar las accione desestabilizadoras[7].
Y es que todo indicaría que los bolichicos no discriminan a la hora de ejercer su poder, como tampoco lo desperdician todos los bandos. Y es que Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó, estaría conectado a Alejandro Betancourt y obtendría réditos a través de Petrozamora[8].
La expansión del modelo de 'negocio'
Informaciones de prensa recientes revelan que los bolichicos se encuentran en franca expansión, siendo Luxemburgo, de acuerdo a una nota de El Nuevo Herald[9], el lugar en el que controla un conjunto de empresas que, además del país referido, también comprenden España y Suiza.
Las investigaciones periodísticas han establecido que Betancourt figura como el “beneficiario real” en por lo menos cuatro empresas registradas en el paraíso fiscal europeo, a saber, Latin America Ventures Sarl, Gainsboro Developments, Ming International y O’Hara Financial, a través de las cuales habría canalizado cientos de millones de dólares destinados a negocios que abarcan desde el área petrolera, transporte, hasta la producción de lentes oscuros.
La nota cita al abogado venezolano Alejandro Rebolledo, declarando que Betancourt usa a Luxemburgo y otras jurisdicciones para mover fondos opacos a través de compañías fantasmas.
También los bolichicos estarían tras las acciones de la empresa de refinación sueca Nynas, en la que PDVSA perdió la participación del 35 por ciento que poseía[10].
La plataforma de empleo española Jobandtalent obtuvo un financiamiento para expandirse por varios millones de euros, el cual provendría una empresa con sede en Barbados ligada a Alejandro Betancourt. Se trata de una sociedad llamada Associated Ventures Corp[11].
Con Dios y con el diablo
Y corroborando lo que sostiene Jorge Rodríguez, la información indica que Betancourt López se mueve por ambos frentes —la nota dice que se alejó de Nicolás Maduro— y ha brindado apoyo financiero a la oposición.
Supuestamente Alejandro Betancourt López organizó en su residencia en España, una reunión entre Wilmer Guaidó y el abogado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, con el objetivo de que hiciera un lobby a su favor en el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo investiga. El argumento para la defensa sería su contribución para con la causa democrática en Venezuela.
Reuters dijo que la reunión habría dado frutos pues, supuestamente, Giuliani “instó a los fiscales del Departamento de Justicia a que actúen con calma en el caso de Betancourt”[12].
El bloqueo
Venezuela Política consultó una fuente que confirmó que la negociación citada al principio de esta nota, entre Petrozamora y la empresa IRM Global Supply LTD, vinculada a Derwick Associates, demuestra el grado de inversión de los bolichicos, quienes se asociaron con los rusos —con gran ascendencia en el gobierno venezolano— para así burlar una decisión adoptada durante la gestión de Eugenio De Pino en la presidencia de PDVSA, quien el 14 de agosto de 2017, ordenó el bloqueo de las contrataciones con diez empresas entre las cuales se encontraba Derwick.
La resolución de Del Pino establecía bloquear preventivamente inmediatamente a Nalco Venezuela S.C.A.; Constructora Urbano Fermín (Cuferca); Tradequip C.A.; Cooperativa Servicios Oriente R; Sumservi2021 C.A.; Derwick Associates de Venezuela S.; Servicios, Construcciones y Mantenimiento Romara; SDV Energía e Infraestructura S.L.; Metro Emergencias C.A.; Capriservis C.A., en todo tipo de operaciones en el maestro de proveedores, incluidas la colocación de pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".
Del Pino exigió que estas empresas no fueran consideradas al momento de convocar a procesos de licitación y celebración de negocios y contratos, hasta tanto culminara la investigación[13].
Venezuela Política pudo establecer que los anuncios de Del Pino sobre las revelaciones que arrojaría una auditoria forense por él ordenada[14], así como sus pretensiones de auditar la gestión de Asdrúbal Chávez, habrían acelerado su salida de la petrolera, primero, y del ministerio petrolero, después. Del Pino, según una fuente consultada, procuraba hacerle frente a la caída de los precios petroleros en un escenario en el que se planteó convocar un acuerdo en la OPEP al que se convocara a Rusia, país con el que estaba amarrada Venezuela al haber contraído una mil millonaria deuda contraída bajo la administración de Rafael Ramírez cuando los precios petrolero superaban los USD 100.
En Petrozamora, las irregularidades parecen haber estado entre sus principales características, por ejemplo, un informe confidencial de Auditoría Interna Corporativa EyP de PDVSA Occidente, reveló una serie de anomalías y debilidades de control interno, los cuales afectan los procesos desarrollados en las Plantas Compresoras de GAS.
Se estableció que el incumplimiento total de los requisitos establecidos en la normativa interna para formular propuestas de inversión de capital, falta de evaluaciones económicas lo cual genera pérdidas a la corporación, inoperatividad del comité evaluador de propuestas, falta de control y seguimiento de la gestión de proyectos, falta de documentación de soporte de los proyectos, falta de planificación y eficiencia de los proyectos, entre otras irregularidades[15].
Asimismo, el comisario principal de PDVSA, Silvestre Molero Torres, en el informe relativo al año 2017 se hace eco de la fiscalía al referir que recibió información del Ministerio Público sobre las investigaciones en PDVSA y sus filiales, conformadas por nueve casos principales que permitieron imputar y detener hasta el momento de elaboración del reporte, a 69 funcionarios de los niveles gerenciales medios y altos.
Estas detenciones eran sobre investigaciones en CITGO que resultaron en la acusación de 7 personas; en Petrozamora S.A. son 17 funcionarios; en Puerto Miranda, 15 funcionarios; en Producción Oriente, 10 detenciones; en Petropiar S.A. 5 funcionarios detenidos; en Bariven S.A. tres detenciones; PDVSA Corporativa con 5 funcionarios detenidos; el Caso de Vehículos, 6 detenciones; el caso PetroSaudí S.A., una detención[16].
Las consecuencias
El 24 de agosto de 2017, es decir diez días después de la decisión de bloqueo de las empresas por parte de Eulogio Del Pino, Nicolás Maduro anunció un enroque en el área petrolera, al designar a este último como nuevo ministro de Petróleo y a quien hasta ese momento ocupaba esa cartera, Nelson Martínez, en la presidencia de PDVSA. Martínez había sido nombrado cabeza del despacho petrolera el 4 de enero de 2017[17].
Los bolichicos, pues, habrían usado a sus socios rusos para deshacerse de los obstáculos en PDVSA.
Poco más de dos meses después, el 30 de noviembre de 2017, Tarek William Saab, fiscal general designado irregularmente por la asamblea nacional constituyente, anunció la detención de Del Pino y Martínez, por presuntos hechos de corrupción. Al primero, por irregularidades en Petrozamora donde, además, habría alterado las cifras de producción entre los años 2013 y 2014. A Martínez se le señalaba de, presuntamente, de gestionar el refinanciamiento de la de la deuda de CITGO sin contar con la aprobación del ejecutivo nacional[18].
Nelson Martínez murió el 13 de diciembre de 2018, mientras estaba detenido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar sin haber recibido condena, aunque Tarek Saab negó que hubiera fallecido en la cárcel pue, supuestamente, había recibido la atención médica y hospitalaria necesaria[19]. La familia del exfuncionario sostiene que no recibió servicios a tiempo, por lo que responsabiliza directamente al Estado venezolano por su fallecimiento.
Antes de esto, el 27 de noviembre PDVSA fue entregada a los militares cuando Nicolás Maduro designó general Manuel Quevedo como sustituto de Martínez y también le entregó la cartera ministerial petrolera[20].
Citando una información de El Pitazo que ya no es posible encontrar en la web, PanamPost refiere que fuentes informativas habrían asegurado que, supuestamente, la purga emprendida por el chavismo en PDVSA obedecería a una petición de Rusia y China.
“(…) por lo menos rusos, chinos e iraníes estarían interesados en participar en una reactivación de la estatal, pero pidieron limpiar a la compañía de la corrupción, antes de proceder, por ejemplo, a firmar un contrato de alquiler de instalaciones petroleras”, reza una de las citas de El Pitazo reproducidas por PanamPost.
Concretamente, los inversionistas rusos habrían exigido que, en Petrozamora, se capturara a los responsables de la corrupción que saboteaba la producción. El gobierno ruso, según la publicación, se hacía eco de los inversionistas de esa nación en Petrozamora y exigía la captura de los “responsables de actos de corrupción que sabotean la producción de petróleo”[21].
Se dice que el alto gobierno ruso, es decir, el propio Vladimir Putin, condicionó su respaldo al régimen de Maduro al exigir que ello pasaba por sacar a Juan Guaidó de la Asamblea Nacional, exigencia que impulsaría el golpe legislativo que culminó con la elección de un nuevo Poder Legislativo a la medida del chavismo que pusiera trabas a los negocios y concesiones otorgadas a Rusia[22]. De hecho, la administración de Putin fue una de las primeras en reconocer al parlamento presidido por Luis Parra[23].
Cambio de élites
La purga o razzia del fiscal Saab ya se había manifestado antes, en septiembre de 2017, cuando detuvo a Gustavo Malavé, director ejecutivo de Exploración y Producción de Occidente; Juan Barreto, gerente de Coordinación Operacional; Juan Romero, presidente de Petrozamora; Adolfo Torres, gerente de DSI Occidente; José Marín, gerente DSI Petrozamora; y Henry Sánchez, gerente DSI COL, a quienes acusó de sabotaje y corrupción en Petrozamora.
Según Saab, fueron aprehendidos por su presunta compra de los emulsionantes usados para separar el petróleo de otras sustancias como el agua salina, con un sobreprecio de 100 por ciento[24].
Casi un año después, los familiares de los detenidos denunciaron que los funcionarios fueron detenidos por acusaciones infundadas y aseguraron que estos fueron utilizados por el presidente de la empresa[25].
Las acciones de la justicia poco o nada hicieron para frenar la corrupción reinante en Petrozamora, pues también en agosto de 2018 se conoció que Gazprom y Derwick Associates —socios en la empresa mixta— entregaron a una empresa fantasma un contrato por de 9.6 millones de euros para la instalación de tuberías flexibles en el Lago de Maracaibo. Se trataba de una compañía constituida en Miami en 2015, a saber, Sermanezca, registrada el 9 de julio de 2015 bajo el número L15000118486 y el FEI/EIN # 38-3983181.
Como propietarios de Sermanezca figuraba un extrabajador de PDVSA, Gustavo Javier Castillo Saavedra y Zulma Liliana Nieto Alvarado. El primero es un hombre cercano de Gérard Christophe representante de Gazprom en Petrozamora y su socio de Derwick Associates, Orlando José Alvarado Moreno, según lo explicaron fuentes muy cercanas a los funcionarios mencionados[26].
Del mismo modo, ocho meses después de la orden de bloqueo de Derwick Associates emitida por Eulogio Del Pino, se da la negociación con IRM Global Supply LTD —ligada a los bolichicos— denunciada como un contrato con sobreprecio.
Es decir, la empresa petrolera en manos de los militares no cambió para nada situación irregular, la corrupción seguía campeando. Todo indica que solamente se estaba promoviendo el cambio de una élite por otra, al mejor estilo gatopardiano.
El contrato
En abril de 2018, la junta directiva de la empresa mixta Petrozamora otorgó dos contratos que totalizaban USD 14.084.771,34 a la empresa IRM Global Supply LTD, aun cuando esta había presentado la oferta más costosa. Tal adjudicación formaría parte del un esquema de corrupción mediante el cual se favorecía a compañías asociadas a los funcionarios de la estatal.
La negociación irregular se denunció a autoridades de PDVSA, propietaria mayoritaria del paquete accionario de la empresa mixta, sin que asumieran los correctivos frente a Gazprombank, cuya filial Gazprombak Latin America Ventures BV, era movida con los hilos de los bolichicos, específicamente a Francisco Convit Guruceaga, como ya apuntamos líneas arriba.
La asignación de los contratos con sobreprecio a la empresa vincula a Derwick Associates a través de a través de Convit Guruceaga, eran para la compra de tubería flexible con sus accesorios, destinados a los pozos en el Campo Bachaquero Lago y Ceutatreco EM Petrozamora S.A. Las tuberías en cuestión eran de la tecnología Flexsteel, la cual forma parte de la lista de proveedores de PDVSA Occidente por más de 15 años.
Una denuncia reveló que Juan Carlos Romero, expresidente de Petrozamora, trabajó con dos directivos de esa empresa mixta, Christophe Gerard (Gazprombank) y Orlando José Alvarado Moreno (accionista de Derwick Associates), para favorecer a Flexsteel. Se asegura que las negociaciones entre Romero, Alvarado y Gerard era favorecer a Flexsteel, cuya oferta tenía un precio superior a los competidores de USD 4.000.000. Se desechó la oferta más conveniente presentada por empresas chinas, bajo el alegato de que tenían problemas de forma.
Romero fue arrestado en 2018 por un presunto desvío multimillonario de crudo a través del uso de emulsionantes y agua. Investigaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), determinaron que Romero era responsable junto al gerente Juan Carrillo, subdirector de Producción Occidente; al gerente de Operación Integral de Plantas, Héctor Roque, con la complicidad de César Valera, gerente de Oportunidad de Negocios.
Un curioso préstamo
Autoridades financieras suizas establecieron una relación con Derwick Oil & Gas, cuando investigaron la existencia de un esquema de legitimación de capitales a partir de evidencias aparecidas en los Papeles de Panamá, que los llevaron a sancionar a Gazprombank por "serias deficiencias en los procesos contra el lavado de dinero". Una curiosa operación de préstamo por parte de Derwick a Gazprombank en 2013, por USD 35 millones, llamó la atención d e los suizos.
La nota de Armando.info citada con anterioridad hace referencia a este hecho y advierte que los préstamos entre empresas asociadas son comunes y suelen tener como objetivo la evasión de impuestos o el lavado de dinero, de acuerdo al experto en banca, David Zollinger, entrevistado para la nota, quien estas operaciones son “buscar algún tipo ventaja fiscal”.
La documentación el préstamo se dio mediante una “transferencia desde una cuenta en Bank Julius Baer de Zúrich a otra de Gazprombank en la misma ciudad suiza. El banco intermediario es JP Morgan Chase Bank de Nueva York. Firman Francisco Convit como representante de la sociedad acreedora y Boris Ivanov como director general de la prestataria”.
Lo llamativo para los analistas consultados es que “sea Derwick la acreedora, siendo ella accionista del prestatario. ‘Es francamente muy raro eso. ¿Para qué unos muchachos latinoamericanos le van a prestar 35 millones de dólares a uno de los bancos más grandes del mundo? Aquí debe haber algo más detrás’”, se lee en Armado.info.
Venezuela Política pudo confirmar que Francisco Convit Guruceaga fue designado director de Gazprombank Latin America Ventures BV el 17 de septiembre de 2012, a tan solo meses después de la firma del préstamo. Orlando José Alvarado Moreno sustituyó a Convit en abril de 2016.
Las averiguaciones establecieron que Derwick Oil & Gas habría pagado sobornos a Petrozamora mientras la empresa de Francisco Convit, Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau y Gazprombank conformaron en 2011 en Ámsterdam a Gazprombank Latin America Ventures BV. Entretanto, en Europa, el vicepresidente de Gazprombank, Boris Ivanov, firmaba un contrato con PDVSA para la conformación de Petrozamora. Se estaba conformando la red de corrupción.
Además, Gazprombank Latin America Ventures B.V. se encuentra sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de los Estados Unidos, OFAC, como también lo está su empresa matriz, Gazprombank, y su representante, Andrey Akimov. Esto significa en la práctica que también Boris Ivanov, Christophe Gerard, Orlando Alvarado y Francisco Convit —accionistas- directores en la primera— están bajo sanción del Departamento del Tesoro[27].
