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miércoles, 30 de diciembre de 2020

Hasta por discriminación llueven demandas sobre CITGO

  Un ex-trabajador reclama una serie de compensaciones luego de haber sufrido un accidente en la refinería de Corpus Christi que lo discapacitó y en donde los responsables de atenderlo en el evento, actuaron con negligencia.

Por Maibort Petit

  El principal activo de Venezuela en el extranjero, CITGO, se ha convertido en los últimos años en blanco de demandas, bien por hechos de corrupción, como por la realización de contrataciones irregulares, reclamos por pagos, compensación por deudas de la república y hasta por discriminación laboral.

   Es el caso del ex-trabajador de CITGO Petroleum Corporation, Gabriel Alvarado — discapacitado a raíz de un accidente ocurrido el 19 de julio de 2009, durante sus labores en la refinería de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, ubicada en Corpus Christi, Texas— quien acusa a la empresa de discriminación por su condición, por lo que recurrió ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División Corpus Christi, para reclamar que se le repare por daños reales y se le reivindique, tanto devolviéndolo a su cargo, como pagándole salarios perdidos, bonos y otros beneficios que se establezcan en el proceso judicial.

    Exige la realización de un juicio por jurado y un fallo contra CITGO que se traduzca la cancelación por daños compensatorios por el monto máximo permitido por la ley; que la empresa tome otras acciones adicionales que sean necesarias para reparar la violación de los Derechos Civiles que se le violaron; el pago de intereses previos y posteriores al juicio en la cantidad máxima permitida por la ley; los costos de la demanda, incluidos los honorarios de peritos y abogados; y la concesión de cualquier otra reparación adicional que le corresponda.

   Sostiene que en su caso involucra discriminación por discapacidad y represalias en violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 42 USC Sec. 12101 y siguientes, así como de la Sección 21 del Código Laboral de Texas y siguientes; y represalias en violación de la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas, Código de Laboratorio de Texas, Sec. 451.001 y siguientes. Además, afirma una reclamación en virtud de la sección 504 de la Ley de rehabilitación relacionada con la discriminación por discapacidad y represalias.

  La historia de Gabriel Alvarado se remite al 19 de julio de 2009, cuando a consecuencia de una explosión química mientras trabajaba en la planta del Demandado en Corpus Christi, Condado de Nueces, Texas, sufrió lesiones graves que le provocaron discapacidad. El incidente fue cubierto por la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas.

   La demanda detalla lo ocurrido y cómo David Cave, el Jefe de Bomberos de CITGO a cargo de la situación, actuó negligentemente y no le brindó la ayuda que requería[1].

   Dicha negligencia lo obligó a esperar por una ambulancia que no llegó en el momento preciso, debiendo el demandante soportar un terrible dolor sin que se le brindara la atención médica y cuidados necesarios. Ese día, cuando por fin llegó la ambulancia, a Gabriel Alvarado le suministraron un medicamento que lo noqueó.

  El demandante se despertó 90 días después en el hospital y fue cuando constató que había sufrido quemaduras externas e internas en aproximadamente el 60 por ciento de su cuerpo, que perdió el antebrazo y la mano izquierda, de los graves daños que presentaba su lado derecho, así como también en el área de los ojos, las orejas y los labios, que tuvieron que rehacerse mediante injertos. Sus piernas también resultaron gravemente dañadas. Desde entonces ha tenido que someterse a más de 50 cirugías y, por el resto de su vida, deberá recibir terapias.

  Y aunque en su momento David Cave fue degradado/removido como Jefe de Bomberos después de la explosión química de 2009 y de que Gabriel Alvarado volvió a trabajar en enero de 2011, el causante en buena parte de su tragedia (David Cave) fue reinstalado como Jefe de Bomberos y gerente/supervisor en diciembre de 2018.

   Desde entonces, comenzó un patrón de discriminación, represalias y acoso contra Gabriel Alvarado sometiéndolo a una serie de condiciones laborales que le han ocasionado daños, incluso psicológicos.

El seguro social

  A raíz de las lesiones sufridas en julio de 2009, Gabriel Alvarado solicitó y recibió pagos mensuales subsidiados por discapacidad del Seguro Social para él y sus familiares.

 Para ello requería que CITGO llenara los "Formularios de Discapacidad del Seguro Social" requeridos para establecer que el demandante calificaría para dichos pagos de beneficios. Los papeles incluyen el formulario de cuestionario de actividad laboral, que es necesario para que el Seguro Social califique a Alvarado para los pagos subsidiados por discapacidad. Allí se estableció que el demandante solo podía realizar el diez por ciento de sus obligaciones laborales anteriores.

  En 2011, el Alvarado calificó para pagos subsidiados por discapacidad del Seguro Social que subsidiaban el otro noventa por ciento de las tareas laborales que no podía realizar. Por ello recibió aproximadamente USD 2.100 por mes en pagos por discapacidad, incluidos los pagos para miembros de la familia.

  Sin embargo, CITGO luego se negó a completar los referidos formularios y por esta razón, el seguro Social ahora le está demandando a Gabriel Alvarado el reembolso en efectivo de USD 60.000 lo descalificó a él y a los miembros de su familia de beneficios pasados y futuros.

Lo que pide Alvarado

   Gabriel Alvarado exige un juicio con jurado, que CITGO le pague los salarios caídos, pasados y futuros; daños compensatorios, que incluyen angustia mental, dolor emocional, sufrimiento, molestias, pérdida del disfrute de la vida sufridos en el pasado y que, con toda probabilidad razonable, se sufrirán en el futuro; pérdidas pecuniarias; daños liquidados y punitivos; honorarios de abogados, honorarios de expertos y costos razonables.

    Asimismo, el demandante exige que CITGO corra con los gastos legales que su actitud ha ocasionado, por cuanto ha tenido que contratar un abogado debido a la negligencia de la empresa.

Referencia

[1] Venezuela Política. “Ex trabajador discapacitado que demandó a CITGO exige juicio con jurado y daños compensatorios”. 21 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/ex-trabajador-discapacitado-que-demando.html


 

viernes, 20 de noviembre de 2020

Conozca por qué José Luis De Jongh-Atencio es procesado en la Corte del Distrito Sur de Texas (I)

  En enero de 2021 deberá, finalmente, someterse a juicio por, supuestamente, recibir sobornos a cambio de otorgar contratos de CITGO y PDVSA a José Manuel González Testino.

Por Maibort Petit

    Por recibir sobornos por un monto de USD 2,5 millones por parte de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías a cambio de la aprobación de contratos de CITGO Petroleum Corporation y de Petróleos de Venezuela S.A., José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de adquisiciones en el Grupo de Proyectos Especiales de la filial de PDVSA en Estados Unidos, se verá la cara con la justicia en enero de 2012.



   En esta primera entrega, damos a conocer la trama de corrupción que llevará a De Jongh-Atencio al banquillo de los acusados del Tribunal del distrito Sur de Texas-División Houston, por haber convertido al activo más valioso de Venezuela en el extranjero en un “instrumento” para violar la ley estadounidense, específicamente la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.

El esquema de corrupción

  En julio del presente año 2020, un Gran Jurado aprobó la acusación formulada por la Fiscalía, dando así inicio al proceso judicial.

  Refiere la acusación que, a partir de 2013, José Manuel González Testino, Tulio Aníbal Farías Pérez y otras personas ofrecieron, pagaron, prometieron y autorizaron el pago de sobornos a José Luis de Jongh, tanto en efectivo, como obsequios y otras cosas de valor, a cambio de que el acusado brindara ventajas indebidas para que González, Farías y sus empresas, obtuvieran contratos de CITGO, PDVSA e, incluso, con el grupo de Proyectos Especiales de CITGO.

   Para promover el esquema de soborno ilegal y ocultar su naturaleza, José Luis De Jongh ordenó e hizo que González, Farías y otros enviaran los pagos a cuentas a nombre de sus familiares y asociados, así como a cuentas en el extranjero, entre ellas cuentas a nombre de Shell Company A y Shell Company C. Para ello, el acusado y sus co-conspiradores crearon facturas falsas que justificaran estos pagos. Se especifica que al menos en una ocasión, De Jongh dirigió un pago a la Compañía de título A por una inversión inmobiliaria.

  Como parte del plan, el acusado blanqueó el producto del soborno haciendo que los fondos se enviaran de cuentas bancarias a nombre de una empresa fantasma a otra. Se explica que la Compañía Shell A envió los fondos a la Compañía Shell B, y luego a cuentas a nombre de sus asociados.

  Es el caso de que el acusado hizo que el producto del soborno se transfiriera a través de una serie de cuentas bancarias, incluida la Cuenta de Panamá 1, a nombre de la Compañía Shell A, a la Cuenta de Panamá 2, a nombre de la Compañía Shell B; de la Cuenta de Panamá 2 a la Cuenta de Texas 4 y de la Cuenta de Texas 4 a la Cuenta de Texas 1. Después de ser transferidos a través de dos cuentas panameñas y dos cuentas de Texas, estos sobornos se utilizaron finalmente para comprar bienes raíces residenciales a nombre de José Luis De John en el Distrito Sur de Texas.

  El acusado también lavó el producto del soborno enviado los fondos a la Cuenta Suiza de manera similar. Entre 2014 y 2019, De Jongh ordenó que se enviaran transferencias desde la cuenta suiza a la cuenta 1 de Texas, la cuenta 2 de Texas y la cuenta 3 de Texas, ninguna de las cuales estaba a su nombre. Las ganancias del soborno se utilizaron para comprar bienes raíces, se invirtieron o se lavaron a través de cuentas adicionales, como la Cuenta de Texas 2, antes de ser transferidas nuevamente a cuentas a nombre de José Luis De Jongh.

Compra de propiedad

  La acusación ilustra la compra de inmuebles con el producto de los sobornos.

 Se narra que el 22 de mayo de 2014, José Manuel González y Tulio Aníbal Farías hicieron que la Compañía B transfiriera USD 119.982,50 a la Cuenta 3 de Texas.

  En la misma fecha, José Luis De Jongh emitió un cheque de caja a nombre de la Compañía de título A, por USD 120.000 que se giró a la Cuenta de Texas 3 con el objetivo de comprar seis unidades de propiedad comercial en 440 Cobia Drive en Katy, Texas.

  Posteriormente, el 28 de julio de 2014, González Testino ordenó transferir USD 1.4 millones de una cuenta suiza bajo su control a una cuenta bajo su control en los Estados Unidos.

   Un día después, el 29 de julio de 2014, González Testino ordenó que de la cuenta en estados Unidos se transfirieran USD 1.386.964,40 a la Compañía de título A para completar la compra de los referidos inmuebles.

  En adelante, González Testino, Farías y el Empleado A hicieron que los pagos de sobornos destinados al acusado, se enviaran a la Cuenta 1 de Panamá.

Esta operación se llevó a cabo como lo ilustra el siguiente gráfico:

Entre el 7 y el 11 de mayo de 2015, José Luis De Jongh ordenó transferir USD 950.000 de la Cuenta de Panamá 1 a la Cuenta de Panamá 2.


Luego, el 1 de julio de 2015 ordenó transferir USD 949.500 desde la Cuenta de Panamá 2 a la Cuenta de Texas 4.


El 2 de julio de 2015 el acusado transfirió casi todos los fondos restantes, a saber, USD 4.890, de la Cuenta 1 de Panamá a la Cuenta 2 de Panamá. Ese mismo día, ordenó transferir USD 5.241 de la Cuenta de Panamá 2 a la Cuenta de Texas 4.

  Posteriormente, el 27 de diciembre de 2016, De Johgh ordenó transferir USD 903.000 de la Cuenta de Texas 4 a la Cuenta de Texas 1. El mismo día hizo que se girara un cheque de caja a la Compañía de título A por USD 899.625,13 a la Cuenta 1 de Texas para comprar una propiedad residencial.

La cuenta suiza y las transferencias

  Seguidamente, la acusación refiere que posteriormente José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías ordenaron que los sobornos para el acusado se enviaran a la Cuenta Suiza.

Esto ocurrió así:


.        El 10 de diciembre de 2014, De Jongh hizo que se transfirieran USD 130.083,28 de la Cuenta Suiza a la Cuenta 3 de Texas.

    El 15 de mayo de 2015 hizo que se transfirieran USD 563.088,19 de la Cuenta Suiza a la Cuenta 1 de Texas.

     El 24 de febrero de 2017, el acusado le envió a González Testino un correo electrónico con el asunto, traducido al inglés, “para factura (ADJUNTO EN EXCEL PARA QUE LA FACTURA SE PUEDA EDITAR)” y adjuntó un archivo de Excel que contenía una plantilla en blanco para una factura de Shell Company C e indicaba al destinatario de la factura que pagara la cuenta suiza.

   Después, el 27 de mayo de 2017, González Testino envió un correo electrónico a dos de sus socios comerciales ordenando transferir USD 200.000 a la Cuenta Suiza.

  El 13 de junio de 2017, una empresa bajo el control de González Testino transfirió USD 200.000 a la Cuenta Suiza.

  El 21 de junio de 2019, De Jongh hizo que se transfirieran USD 280.051,40 de la Cuenta Suiza a la Cuenta 2 de Texas.

  El 28 de junio de 2019 el acusado hizo que se transfirieran USD 280.000 de la Cuenta de Texas 2 a la Cuenta de Texas 1. El mismo día, hizo transferir USD 250.029 de la Cuenta 1 de Texas a una cuenta a su propio nombre en el Distrito Sur de Texas.

   El 5 de julio de 2019, el acusado hizo que se transfirieran USD 30.029 de la Cuenta 1 de Texas a la misma cuenta a su propio nombre.

Viajes y entretenimiento

   La acusación narra que, en octubre de 2014, Tulio Aníbal Farias acompañó a José Luis De Jongh a un juego de la Serie Mundial en San Francisco, California, y corrió con los gastos.

   Luego, el 1 de febrero de 2015, Farías acompañó al acusado al Super Bowl XLIX, en Glendale, Arizona, también pagando por todo.

  El 16 de mayo de 2017, González Testino le dio al acusado entradas para el concierto de U2 el 11 de junio de 2017 en Miami, Florida.

Los cargos

  Seis son los cargos que enfrenta José Luis De Jongh-Atencio, a saber, un cargo por Conspiración para lavar dinero, cinco cargos por Lavado de dinero.

   El sexto cargo, también es por Lavado de dinero, al estimar que el acusado ayudó, instigó y provocó que otras personas participaran en una transacción monetaria que afectara el comercio interestatal en propiedad derivada por un valor superior a USD 10.000, derivados de un soborno de un funcionario extranjero. 

domingo, 8 de noviembre de 2020

Juan Zsabo: Usar toda la infraestructura de pozos volvería muy onerosa la recuperación de la industria petrolera venezolana

   La estrategia propuesta en el Plan País contempla una inversión de USD 95 mil millones en 8 años que elevarían la producción a 2,9 millones de barriles diarios.

Por Maibort Petit

   Para el coordinador del Plan País en materia petrolera, la reactivación de la industria petrolera no puede llevarse a cabo sobre la base de la actual infraestructura de pozos, pues los mismos se encuentran casi agotados y su explotación resultaría muy onerosa para el país. Por el contrario, se pronuncia por la explotación inteligente de pozos en desarrollo que levanten la producción de barriles de crudo diarios.

  Así lo estimó durante el foro “Propuesta para recuperar la industria petrolera”, organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas dirigido por los diputados José Guerra y Ángel Alvarado y la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el cual tuvo lugar el 5 de noviembre de 2020, con la participación de los expertos Evanan Romero y Juan Zsabo. La actividad estuvo moderada por el diputado de la AN, Alfonso Marquina.

  Juan Zsabo, ingeniero petrolero, coordinador del Plan País en materia petrolera, expresidente de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), ex vicepresidente de exploración y producción de PDVSA, entre otros desempeños.

El diagnóstico

   Al hacer entonces el diagnóstico señala que, según datos obtenidos de fuentes de la OPEP, la producción petrolera mermó de 2015 cuando la se extraían en el país 2.500 barriles de crudo, el descenso ha ido en picada hasta llegar a menor de 500 barriles en septiembre de 2020.

   Pero él, recurre a sus propias fuentes de información que le señalan que la producción petrolera actual está por debajo de los 400 mil barriles diarios, incluso menor, pues hace pocos días se ubicó en 374 mil barriles diarios.

  Por parte, la exportación petrolera igualmente en franca caída, de 2.000 barriles vendidos en 2015 pasó a menos de 500 en septiembre de 2020.

  La utilización de las refinerías cayó de 60 por ciento en 2015 a mucho menos de 10 por ciento de la capacidad instalada, en mayo de 2020.

   En tanto que el flujo de caja, en razón de lo antes expuesto, el flujo de caja por concepto de ingresos de ventas experimentó un descenso progresivo de los ingresos.

   Ante tal panorama, destacó Romero que por datos que maneja, las exportaciones petroleras para el mes de octubre cayeron a 200 mil barriles diarios.

   Así como la paralización de las refinerías en todo el país, en las cuales el procesamiento del crudo es prácticamente nulo. Tal situación repercute en escasez de gasolina, estimándose que haya inventario de combustible para muy pocos días.

   Lo cual hace que los ingresos petroleros no cubran los costos de producción de la industria y no haya aporte a las arcas nacionales a través del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

   Zsabo, sin embargo, apunta que a esta producción petrolera de 374 mil barriles diarios hay que sumarle el alrededor de 250 mil barriles de producción cerrada por no existir suficiente capacidad de almacenaje por los recortes de exportación. Esto podría ubicar el nivel de producción inicial de 600 o 650 mil barriles diarios al momento de implementar un plan de recuperación de la industria.

   Juan Zsbao sostiene que el colapso del nivel de producción de PDVSA a menos de 500 mil barriles diarios, se traduce en la necesidad de importación de combustibles, situación esta que se ha convertido en un gran problema para el país en la actualidad.

  Señala que dada la insuficiencia de gas natural (asociado a la producción), se haya tenido que recurrir al reemplazo del mismo por líquidos.

    No hay importación de diluyentes, lo cual conlleva a la paralización de los mejoradores y a una insuficiente producción de crudo liviano.

   PDVSA debe recurrir a la quema y venteo del gas natural, dada la incapacidad de la industria para recolectarlo, inyectarlo y servirlo al mercado nacional. Esto, al mismo tiempo, supone un problema ecológico de gran envergadura.   

    Asimismo, apuntó que la poco confiable generación y distribución eléctrica existente en el país afecta la producción petrolera, la cual depende de la red nacional eléctrica.

El programa de recuperación

   Juan Zsabo propone un programa de recuperación de la industria petrolera venezolana que pasa por la implementación de un Plan Táctico de Emergencia, un Plan de Recuperación de la Industria de los Hidrocarburos y de un nuevo marco institucional, legal y fiscal que implica la reforma o redacción de una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos.

  Este programa significaría la recuperación de la industria en un periodo aproximando de entre 6 y 7 años.

   Señala el experto que el Plan Táctico de Emergencia debe tener por objeto darle continuidad operativa a la industria, lo cual es posible mediante la integración de equipos técnicos y operativos; que CITGO envíe gasolina y otros combustibles al país; que se lleven a cabo una serie de auditorías financieras, de seguridad y ambientales; y la recaudación de información técnica de la industria.

   Las estimaciones refieren que al iniciarse estas acciones con CITGO, en sólo 14 días podría haber gasolina y diésel para el consumo interno.

   El Plan de Recuperación de la Industria de los Hidrocarburos requiere de la incorporación de personal y entrenamiento del mismo, así como de su empoderamiento. El IESA se presenta como una institución que podría ayudar a la preparación del personal.

    Cree igualmente que es preciso empoderar las empresas mixtas para llevar a cabo los planes de recuperación.

    Es preciso, igualmente, proceder a la recuperación de la producción petrolera diferida y de la producción de gas libre; la reparación de los mejoradores; la reparación de las refinerías; y de perforación de pozos. Aclara que esto se refiere a unos 500 pozos que han sido perforados en los últimos dos años, los cuales no se han sido conectados a producción.

    Zsabo entra a considerar la que estima es la parte medular del plan de recuperación y que es la perforación de desarrollo, lo cual se lleva a cabo en los yacimientos atendiendo a su capacidad y la economía que su explotación implica. Este plan se basa en pozos en desarrollo y no en la recuperación de pozos inactivos.

   Paralelamente, es menester reparar los Mejoradores en un trabajo conjunto con las empresas de la Faja del Orinoco.

  A su vez, la Ley Orgánica de Hidrocarburos debe contemplar la regulación de todos los aspectos inherentes a la industria petrolera, en lo referente a la exploración, producción, refinación y procesamiento, mercado interno y exportación, tanto de petróleo convencional como de gas libre y gas asociado.


En este último aspecto se detiene y recuerda que existe un proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos en el seno de la Asamblea Nacional que contempla las reformas necesarias para incentivar la inversión.

  Apunta que, a diferencia de la opinión de algunos, cree que es necesario mantener en una misma ley lo relativo a la materia petrolera y la materia de gas y no separarlas como estiman algunas voces.

   Indica que la continuidad operativa del plan de recuperación implica el garantizar que los actuales niveles de producción de alrededor de 400 mil barriles diarios se mantengan.

   Para ello es pertinente aprovechar la infraestructura existente, la cual han jerarquizado de acuerdo a su capacidad y economía, de manera de poder generar flujo de caja de inmediato a la implementación del plan de recuperación.

   Cada uno de estos componentes agrega barriles que se suman a la producción total.

   Por área geográfica, occidente aporta unos 800 mil barriles diarios, oriente otros 800 mil barriles, mientras que la Faja Petrolífera del Orinoco un poco más de un millón.

   Esto sumado a los 600 mil barriles diarios actuales con los que se iniciaría en plan de recuperación de la industria, elevarían la producción a 2 millones y medio de barriles o más en unos 5 años.

    Juan Zsabo alerta que la planificación tiene que ser conjunta, pues la producción de gas está asociada a la del petróleo.

   Igualmente señala que existe un vínculo entre la recuperación eléctrica del país y la producción de gas y petróleo.

   Finalmente, entre otras consideraciones técnicas, Juan Zsabo las estimaciones que han hechos los llevan a establecer que el plan de recuperación de la industria petrolera venezolana, requiere de una inversión de USD 86 mil millones durante un periodo de 8 años, lo cual permitiría elevar la producción de crudo para ese entonces a unos 2,9 millones de barriles por día.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

domingo, 1 de noviembre de 2020

José Luis De Jongh Atencio, acusado de corrupción y lavado de dinero vinculado a CITGO, irá a un juicio sin jurado en enero 2021

Por Maibort Petit

   El magistrado de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller informó que el juicio del ex-funcionario corrupto de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio se celebrará en enero de 2021. El proceso se realizará sin jurado. En un Bench Trial o "juicio de banco o en el tribunal", el juez toma las mismas decisiones de procedimiento [que en uno con jurado], escucha las pruebas y decide si el acusado es culpable o inocente.

  De Jongh-Atencio es un ciudadano venezolano-estadounidense que fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber participado en un esquema de lavado de dinero, que involucra sobornos, para asegurar de manera corrupta, los contratos de CITGO y PDVSA a los demás conspiradores. Un gran jurado federal aprobó la acusación de seis cargos el 16 de julio de 2020.

   El 6 de agosto de 2020, durante la audiencia, los abogados de De Jongh Atencio sometieron a consideración del juez una una fianza por $2 millones para disfrutar de libertad bajo fianza. El 11 de agosto fue liberado con la prohibición de salir del país. 

Este artículo te puede interesar: La presunta conducta criminal de José Luis De Jongh-Atencio en CITGO: Una historia de larga data(Parte I)

    De Jongh trabajó en la subsidiaria del grupo de proyectos especiales de PDVSA con sede en Houston. La acusación federal señala que,  desde aproximadamente 2013 hasta al menos 2019, acordó aceptar más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos de los contratistas, José Manuel González Testino y Tulio Anibal Farías Pérez, y otros, en el marco de un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que incluyó la entrega de contratos con sobreprecios de CITGO y PDVSA con sobreprecio a las empresas de los conspiradores.

  González Testino y Farías Pérez se declararon culpables por presuntas violaciones de las leyes estadounidenses contra el soborno y otros cargos en relación con el caso.

  De Jongh Atencio ordenó que los pagos de sobornos de los contratistas González Testino y Farías, se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza y luego lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias de EE. UU. Y utilizó la mayor parte de los fondos para comprar bienes raíces en Texas, según informó el Departamento de Justicia.

  También supuestamente recibió obsequios como boletos para los principales eventos deportivos y conciertos de los empresarios.

   La acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el exfuncionario de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, no incluye a todos los asociados de la conspiración criminal ni a la totalidad de las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos  fraudulentamente en la filial de PDVSA en Estados Unidos. 

    De Jongh Atencio creó un emporio de riquezas, gracias a negocios ilícitos vinculados a CITGO durante las administraciones de Alejandro Granado y Nelson Martínez. En la estructura criminal hay más cómplices, muchos de los cuales se encuentran en Miami y Houston, que le habrían ayudado a comprar una serie de propiedades a través de compañías fantasmas.

  Fuentes internas de CITGO han revelado que De Jongh Atencio recibía órdenes principalmente del entonces CEO de CITGO,  Nelson Martínez y de José Luis Zambrano, actualmente arrestado en Caracas.  

  Dentro de la estructura criminal en la que participó De Jongh Atencio  participaron, además de González Testino y Farías Pérez, otros contratistas corruptos como Pietro Micale, Ernesto Luis Guevara Rodríguez, Manuel Chinchilla Da Silva, Ángel Rodríguez, entre otros. Dichos contratistas  usaron una serie de empresas de fachada, entre las que se destacan: Rothwell Energy, ICTS, Petroleum Logistics, DanelCorp., EcoWire, SPS, Stang Industrial Products, Ventex, Drill Corp y Lexington Tech.

   De acuerdo a un documento que fue publicado en este expediente, De Jongh Atencio aparece mencionado como receptor de sobornos en otros dos casos, que incluye el del contratista, Gonzalo Morales Divo, (caso sellado #19-cr 001148) y el caso de Laymar Peña Torrealba  (Caso No. 19-cr-186). Gonzalo Morales Divo se declaró culpable de conspirar con su asociado, José Manuel González  Testino, para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Se sabe que Morales colabora con la justicia de los Estados Unidos y su caso fue sellado desde el inicio del proceso por decisión del tribunal.  

   Peña, González Testino, Morales Divo y Farías Pérez están a la espera de sentencia.   González Testino, Farías Pérez y probablemente Peña podrían ser llamados como testigos en el caso de De Jongh, según el documento anexo.


    Hasta el momento, el caso de corrupción en CITGO-PDVSA, investigado por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, en Houston, incluye a los siguientes individuos: Roberto Enrique Rincón Fernandez, Moises Abraham Millán Escobar, Abraham José Shiera Bastidas, José Luis Ramos Castillo, Juan José Hernández-Comerma,  Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz,  Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias, Fernando Ardila-Rueda, César David Rincón-Godoy, Nervis Gerardo Villalobos-Cárdenas, Rafael Ernesto Reiter-Muñoz, Alejandro Isturiz-Chiesa, Juan Carlos Castillo, José Orlando Camacho,  Luis Carlos De León Pérez, Gonzalo Morales, entre otros.




viernes, 9 de octubre de 2020

OI European Group reclama acciones de CITGO para cobrar $500 millones de deuda

   Con acciones de la filial de PDVSA en territorio estadunidense la compañía quiere cobrarse la sentencia del laudo por USD 500 millones que la adeuda Venezuela por la expropiación de sus activos.

Por Maibort Petit

   Desde que Crystallex International Corp, con la bandera de la tesis del alter ego, logró que los tribunales de Estados Unidos reconocieran que es posible cobrarse acreencias de Venezuela con bienes de la petrolera, se ha desatado una ola de acciones legales encaminadas a conseguir el cobro de deudas transitando la misma vía. Es el caso de OI European Group B.V., filial holandesa de la Owens Illinois que, como otras, ha solicitado una orden de embargo contra las acciones de la corporación PDV Holding Inc., propiedad nominal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  La empresa estadounidense Owens-Illinois Inc. fue expropiada de sus activos en Venezuela por el gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, y desde esa fecha mantiene una batalla legal para lograr el resarcimiento de la inversión a consecuencia de la decisión del ejecutivo venezolano.

  El 25 de julio de 2019 la empresa le pidió a un juez del Distrito de Columbia que le permitiera cobrarse un laudo con que la favoreció el tribunal de arbitraje del CIADI por USD 400 millones, a través de los activos venezolanos. Previamente, el 21 de mayo, la jueza de distrito de Washington DC, Amy Berman Jackson, confirmó el laudo de unos USD 500 millones, sin considerar la solicitud de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, de retrasar el procedimiento por 120 días.

  Está es la opinión del exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández en #SinFiltros



  Fue también en 2019 cuando OI European Group B.V. presentó una moción que perseguía lograr el cobro de la sentencia del laudo con activos venezolanos en razón de la incapacidad para hacer que el gobierno de Venezuela cumpla con la decisión.

  Ante el Tribunal de Delaware, Owens-Illinois demandó el 11 de febrero de 2019 a cuatro empresas propiedad de Venezuela, entre ellas Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y CITGO, con el objetivo de cobrar el laudo.

El memorando suplementario

   En el Tribunal del Distrito de Delaware, OI European Group BV (OIEG) se presentó un Memorando suplementario en apoyo a su moción de reconsideración dirigida a modificar su orden anterior y así otorgar a la demandante un auto de embargo sobre acciones propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), pues sostiene que esta última es controlada por la República Bolivariana de Venezuela, su deudora, es decir, la primera es un alter ego de la segunda.

  El pedimento agrega que, en caso de que la moción no sea concedida como cuestión de derecho, la Corte debe programar una audiencia lo antes posible “para abordar la abrumadora evidencia que muestra que PDVSA sigue siendo un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela”.

La argumentación

  Sostiene OIEG que la República Bolivariana de Venezuela sigue manteniendo el control y dominio de PDVSA y se remite, en primer lugar, a lo expuesto en la decisión de la Corte del 9 de agosto de 2018 del caso Crystallex contra Venezuela, en la que citó que “en noviembre de 2017, PDVSA anunció: 'A partir de hoy, el mando de la industria petrolera pasa a manos del primer trabajador del país, Nicolás Maduro' (…). La Corte también señaló que uno de los objetivos declarados de PDVSA era 'garantizar el control del Estado sobre [PDVSA]' (…)”.

  Advierte que, para agosto de 2020, nada de esta situación ha cambiado y Nicolás Maduro continúa “comandando” PDVSA y controlando todos sus activos y operaciones, y desplegándolos con fines políticos, como activos del estado. “PDVSA, la entidad tal como existe y funciona hoy en día, continúa cediendo el control sobre sí misma al estado venezolano”.

  Refiere que la argumentación de Venezuela referente a que los hechos relevantes cambiaron después de 2018 porque en 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, así como el señalamiento de que el gobierno en el exilio de Guaidó pretendía nombrar nuevos directores de PDVSA, ratifica la doctrina del alter ego.

   OIEG se remite a la jurisprudencia que advierte que “los hechos son primordiales para determinar cuándo el control es tan extenso que la separación entre entidades se desvanece como una distinción legal”. En este sentido, indica que, aunque EE. UU. reconoció a Juan Guaidó como representante de Venezuela, otorgándole legitimación ante la Corte, los hechos demuestran que Guaidó no tiene poder real ni influencia sobre el estado venezolano o sus asuntos, como tampoco lo tiene el directorio nombrado por éste en PDVSA. Asegura que la petrolera estatal venezolana sigue sujeta a las sanciones de Estados Unidos y el régimen de Maduro manipula, domina y controla sus operaciones y activos no menos que en 2018. “PDVSA sigue siendo hoy lo que era entonces, un brazo del estado, totalmente bajo el control del estado”.

Continúa sujeción de PDVSA a las sanciones

  OI European Group BV refiere que, incluso, Estados Unidos reconoce que PDVSA es indistinguible de Venezuela BROV.

  Recuerda que desde 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro viene administrando sanciones contra Venezuela. Agrega que el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela no estuvo acompañado de una relajación de dichas sanciones y, de hecho, con dictamen Crystallex I emitido en agosto de 2018, se amplió el alcance de la propiedad bloqueada por el régimen de sanciones y se reconoció explícitamente la superposición entre Venezuela y PDVSA.

  OIEG se remite a la Orden Ejecutiva 13857, emitida el 25 de enero de 2019, en la cual se modifica la definición de “Gobierno de Venezuela” para incluir explícitamente a PDVSA, mientras que la Orden Ejecutiva 13884, del 5 de agosto de 2019, establece que la propiedad de Venezuela, incluida la propiedad de PDVSA, está "bloqueado y no puede ser transferida, pagada, exportada, retirada o negociada de otra manera" sin una licencia.

  El endurecimiento de las sanciones, por tanto, deja en claro que, aunque Estados Unidos reconozca a Guaidó como representante de Venezuela en los tribunales estadounidenses, PDVSA sigue bajo el control del estado venezolano.

Maduro al control de PDVSA

  El memorando de OIEG asegura que el régimen de Nicolás Maduro continúa controlando las operaciones y activos de PDVSA.

  En tal sentido cita lo expresado recientemente por un observador cercano de los hechos sobre el terreno en Venezuela, cuando manifestó que “la campaña para reemplazar al presidente Nicolás Maduro ha fracasado (...) Mientras Maduro y el líder de la oposición Juan Guaidó afirman ser presidente, Maduro mantiene el control de activos clave, incluidos los militares, los medios de comunicación, la policía y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA”.

   Tajantemente asevera que el reconocimiento de Guaidó por parte de Estados Unidos no ha cambiado nada en la relación entre Venezuela y PDVSA. “El régimen de Maduro nombra directores y funcionarios que realmente controlan las operaciones de PDVSA, y que lo hacen desde las oficinas, operaciones, sitio web y cuentas de Twitter de PDVSA. El régimen controla la imagen pública de PDVSA y sus representantes designados dominan las operaciones y los activos de PDVSA de manera tan completa que han transferido los activos de PDVSA a un tercero sin la autoridad, o incluso el conocimiento, del Directorio de Guaidó”.

   Como ejemplo de lo sostenido, hace mención al anuncio de PDVSA en su página web que expresó la intención de Maduro (en lugar de la Junta de Guaidó) de reestructurar la empresa para protegerla de los "ataques imperialistas". También el 27 de abril de 2020, Maduro instaló como presidente de PDVSA a Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez y nombró como nuevo ministro de Petróleo a Tareck El Aissami, a quien ordenó reestructurar PDVSA.

  También Maduro ejerce un control directo sobre la distribución del petróleo de PDVSA nacional e internacionalmente.

  Se remite al portal Crónica Uno que informó el 27 de junio de 2020 que PDVSA, actuando no bajo el control de la junta de Guaidó, sino según lo ordenado por El Aissami y Chávez, rescindió los acuerdos con varias personas y empresas venezolanas que licenciaban estaciones de servicio, confiscándolos para el estado.

  El Aissami y Chávez asistieron a reuniones virtuales de la OPEP en representación de Venezuela y PDVSA.

  Igualmente, al haberse quedado Venezuela sin gasolina al no poder refinar su petróleo por la falta de bienes y materiales importados a la luz de las sanciones de Estados Unidos, ha recurrido al suministro de Irán y, en tal sentido, ha celebrado el arribo de petroleros iraníes a aguas territoriales venezolanas.

  Todo evidencia, según OIEG, que Maduro controla las operaciones comerciales ordinarias de PDVSA.

Uso político de PDVSA

  El memorando de OIEG dice que Maduro usa su control sobre PDVSA para socavar políticamente a Juan Guaidó y usa la propiedad de PDVSA como si fuera propiedad de Venezuela.

   Maduro utiliza regularmente la propiedad de PDVSA para promover la política exterior de Venezuela.

Guaidó no controla PDVSA

  OI European Group BV en el memorado presentado ante el tribunal asegura sin ambages que el directorio de PDVSA designado por Juan Guaidó es impotente, puesto que no tiene control de las operaciones y activos de la petrolera.

  El referido directorio no tiene control ni acceso a ninguna oficina o instalación de PDVSA, ni a las plataformas de redes sociales, sitio web o anuncios públicos de PDVSA.

  En contraste, Maduro hace anuncios en las oficinas de PDVSA y los propios comunicados de prensa de PDVSA emiten la política de su régimen.

  Los miembros de la Junta Directiva de Guaidó siguen sujetos a un proceso penal venezolano iniciado en 2019 bajo los auspicios del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

  Como ejemplo de lo afirmado, el memorando refiere una transacción de mayo de 2020 que evidencia la absoluta irrelevancia del directorio de Guaidó para PDVSA, puesto que a través de su subsidiaria europea PDVSA Europa, la estatal vendió una participación significativa y valiosa en Nynas, una refinería de petróleo sueca. La junta de Guaidó se limitó a criticar la venta y admitió que "no se le informó de la venta de la empresa de una participación del 35% en la refinería sueca Nynas".

  Finaliza el memorado con la advertencia de que si existiera realmente un nuevo gobierno que realmente tuviera el control de Venezuela, el cambio de representante debería significar un viraje en los hechos que anteriormente respaldaban el alivio del alter ego, lo cual no es el caso. Subraya que Estados Unidos sabe que el “gobierno” por él reconocido no gobierna. Los hechos sobre el terreno muestran de manera abrumadora que PDVSA sigue estando dominada y controlada por el Estado venezolano.


  

martes, 6 de octubre de 2020

CITGO exige juicio con jurado y contrademanda a Rothwell

  La tesorera de la filial petrolera y un consultor técnico aseguraron la inexistencia de deuda por parte de la demandada.

Por Maibort Petit

   Ante el Tribunal 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, CITGO Petroleum Corporation exigió la celebración de un juicio con jurado en la causa que ella entabló Rothwell Energy Services LLC, una empresa de maletín propiedad Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del expresidente de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Nelson Martínez, quien murió mientras permanecía en custodia del estado venezolano en 2018.

  A la par de esta solicitud contenida en la segunda respuesta enmendada a su petición original como demandante, CITGO contrademandó a Rothwell y presentó la declaración jurada de la tesorera de la filial petrolera venezolana, Gina Coon, en la que esta asegura no existe deuda, pues a la demandante se le cancelaron USD 5.542.241,77, monto que sobrepasa lo exigido en la demanda y, por tanto, solicita la restitución del excedente.

Declaración de Gina Coon

  El pasado 28 de septiembre de 2020, rindió su declaración ante la Corte 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, Gina Coon, tesorera de CITGO Petroleum Corporation respecto al caso que contra esta última mantiene en esa instancia, la empresa Rothwell Energy Services LLC.

  Ante dicha corte, la funcionaria de la filial de PDVSA en EE. UU., además de sus datos personales, refirió que labora en CITGO desde 1992, ejerciendo el cargo de tesorera desde julio de 2018, posición a la que ascendió desde el puesto de tesorero adjunto que ocupó a partir de marzo de 2017. Antes de eso, trabajó como gerente de operaciones de efectivo.

 Respecto al caso que se ventila en el tribunal, Rothwell contra CITGO, dijo que la petrolera venezolana pagó a la demandante por el proyecto objeto de la demanda, un total de USD 5.542.241,77.

 Tal monto lo discriminó de la siguiente manera: USD 876.150 el 29 de junio de 2017; USD 2.044.350 al 31 de agosto de 2017; USD 778.000 el 15 de noviembre de 2017; USD 778.800 al 13 de abril de 2017; USD 515.216,73 al 15 de mayo de 2018; USD 499.205,04 al 18 de junio de 2018; y USD 50.520 el 3 de agosto de 2018.


CITGO pide juicio con jurado

  El 28 de septiembre de 2020, CITGO Petroleum Corporation presentó ante la Corte 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, la segunda respuesta enmendada a su petición original como demandante y las contrademandas originales, en la que solicitó que se lleve a cabo un juicio con jurado en la Causa Nº 2019-20949, en la que es demandada por Rothwell Energy Services LLC.

  En tal sentido, CITGO solicitó que la Corte desestime lo demandado por Rothwell y declare daños reales incurridos por ella en virtud del Acuerdo; exima de responsabilidad a CITGO y se ordene su indemnización; que se ordene el pago de intereses previos y posteriores al juicio a la tasa máxima permitida por la ley; que se ordene a Rothwell pagar los honorarios de abogados, las costas judiciales y cualquier otra compensación adicional, por contrato, por ley o en equidad, a la que CITGO tenga derecho justamente.

  En esta segunda respuesta enmendada CITGO reitera su negación de todas las acusaciones contenidas en la Petición Original del Demandante y exige una prueba estricta de las mismas por preponderancia de evidencia creíble.

  CITGO niega todas las partes de la demanda, especialmente, que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) tenga un interés en el contrato de servicio objeto de la demanda.

  Se asegura que CITGO no debe dinero al demandante y presenta la declaración jurada de Brian Boudreaux, en apoyo de la denegación del reclamo del demandante.

  CITGO afirma que cualquier pago al demandante sería ilegal en el sentido de que violaría las Órdenes Ejecutivas 13808, 13850 y 13884, que establecen sanciones contra Venezuela y PDVSA.

  Por otra parte, CITGO afirma la defensa afirmativa del pago, específicamente, refiere que ya pagó al demandante USD 5.542.241,77 de conformidad con el Acuerdo, que es más que la cantidad a la que el demandante tenía derecho legalmente, lo cual confirma la declaración de Gina Coon. Agrega que Rothwell no le ha proporcionado ningún estado de cuenta o indicación de que se hayan realizado todas las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  Igualmente, CITGO niega que Rothwell haya cumplido con todos los requisitos para que se emitiera el pago de los montos que solicita, tales como la certificación de que se haya pagado a todos los subcontratistas, personal, proveedores, vendedores, y que se hayan liberado todos los gravámenes. Tampoco el demandante ha indicado que se hayan cumplido todos los criterios de prueba de desempeño de los trabajos por los cuales reclama el pago, ni ha entregado la documentación de rotación y cierre del proyecto.

  Recuerda que el 7 de noviembre de 2018, CITGO terminó y detuvo todos los trabajos del Proyecto y para el 9 de noviembre del mismo año rescindió el contrato en razón de que para la primera de las fechas Rothwell solamente había transferido 2 de las 10 plantas de agua. El contrato concluía el 31 de diciembre de 2018, fecha para cual la contrademandada nunca habría cumplido con su obligación contractual de completar y transferir 10 plantas de agua.

  Igualmente, CITGO estima que tiene derecho al pago de Rothwell por la cantidad de todos los pagos en exceso realizados en relación con el proyecto.

Petición de compensación

  Del mismo modo, CITGO Petroleum Corporation reclama una compensación monetaria superior a USD 1.000.000.

  Subraya que los daños solicitados se encuentran dentro de los límites jurisdiccionales de la Corte.

La contrademanda

  CITGO alega, en primer término, incumplimiento de contrato pues Rothwell no entregó la cantidad acordada de plantas de agua en las fechas previstas, ni realizó correctamente su trabajo. Igualmente, acometió trabajos no autorizados en virtud del Acuerdo, ni completó la preparación del sitio, la instalación, la puesta en servicio y la puesta en marcha en todas las ubicaciones de plantas de agua seleccionadas.

  Tampoco Rothwell entregó un cronograma adecuado del proyecto adecuado, ni realizó su trabajo de manera expedita y eficiente; no informó del avance de la obra; no cumplió con los horarios de envío, instalación y puesta en marcha; no pagó oportunamente a sus contratistas, vendedores y proveedores por el trabajo realizado en el Proyecto; entre otras razones.

  Asimismo, CITGO contrademanda por incumplimiento de la garantía expresa de los servicios, en razón de que no realizó su trabajo de manera expedita y eficiente; no proporcionó una administración y supervisión empresarial eficiente en todo momento; no realizó trabajos libres de defectos de mano de obra; no entregó al personal las habilidades, la capacitación, los antecedentes, las licencias y el registro adecuados para realizar el trabajo de manera buena y profesional, en estricta conformidad con el Acuerdo, las buenas prácticas de ingeniería y todos los estándares industriales aplicables.

  En tercer lugar, CITGO contrademanda a Rothwell por Sentencia declaratoria y procura una declaración de que el Contrademandado ha violado las disposiciones de defensa, exención de responsabilidad e indemnización del Acuerdo.

  El cuarto cargo de la contrademanda es por enriquecimiento injusto pues, a su juicio, Rothwell ha retenido injustamente un beneficio en detrimento de CITGO dado el monto de los pagos en exceso que ha realizado.

  Por último, CITGO contrademanda a Rothwell por dinero recibido en forma de sobrepagos, que, en equidad y conciencia, pertenece a la contrademandante.

  CITGO considera que tiene derecho a los honorarios de abogados razonables y necesarios de conformidad con los términos del Acuerdo.

Declaración de Brian Bourdreaux

  En la misma fecha, 28 de septiembre de 2020, también rindió declaración ante el referido Tribunal de Harris, Brian Boudreaux, exgerente de proyectos/consultor técnico para refinación y generación de energía, inspecciones de turbinas de gas e instalaciones de tratamiento de agua para RECON Management Services Inc., empresa que se desempeñó como agente y consultor de CITGO Petroleum Corporation en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y sistemas de ósmosis inversa de agua salada. Anteriormente había sido empleado de CITGO durante más de 30 años, siendo su última posición en la petrolera, la de Gerente de Proyectos de Capital.

  Expuso ante la corte que estuvo muy involucrado con el proyecto de plantas de agua objeto de la demanda, “incluso en la negociación de ciertas secciones del Acuerdo de Contrato de Servicio entre CITGO y el Demandante. Estos incluían las secciones del Acuerdo relacionadas con el control de calidad y el pago”.

  Explicó que, según el Acuerdo, los servicios y equipos que proporcionó Rothwell y su trabajo en general, debían cumplir con ciertos criterios antes de que CITGO emitiera el pago. Habiendo tenido a su cargo la revisión técnica de primera línea de la documentación facturada y de respaldo que el demandante presentó a CITGO, le correspondió ayudar a determinar qué pagos vencían y si las cantidades que el demandante buscaba eran justas y verdaderas.

  Brian Boudreaux le manifestó a la corte que luego de haber revisado la petición original del demandante y los anexos adjuntos, determinó que, a su criterio, lo sostenido por Rothwell no es justo y verdadero, pues lo reclamado por la demandante, a saber, USD 2.383.008,70, no se adeuda actualmente.

“Esto se debe a la emisión de una factura del Demandante a CITGO, los estándares de desempeño descritos en el Acuerdo y sus anexos, que todos los subcontratistas fueron pagados de acuerdo con los términos del Acuerdo, que todos los gravámenes fueron liberados y que la rotación del proyecto y la documentación de cierre se había presentado o estaba lista para su ejecución”.

  Agregó Boudreaux que su opinión sirvió para respaldar los pagos que la tesorera de CITGO, Gina Coon, alega que fueron cancelados a Rothwell por el orden de USD 5.542.241,77.

  Sostuvo que el demandante no le ha proporcionado a CITGO ninguna indicación de que la cantidad que solicita en la demanda tenga en cuenta estas compensaciones, pagos y créditos justos y legales. “También he revisado la segunda respuesta enmendada de CITGO y las contrademandas originales, y los hechos expuestos en la segunda respuesta enmendada son verdaderos y correctos”.



CITGO paga la tarifa del jurado

  El 30 de septiembre de 2020, Rey Flores, de la firma Ahmad Zavitsanos Anaipakos Alavi Mensing (AZA), que lleva la defensa de CITGO, remitió Marilyn Burgess, Secretaria de Distrito del Condado de Harris, para informar del pago de la Tarifa de Jurado en la Causa Nº 2019-20949, Rothwell Energy Services LLC contra CITGO Petroleum Corporation que se dirime en la Corte 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas.








lunes, 5 de octubre de 2020

Ley Antibloqueo faculta al jefe de Estado para actuar sin control

Se supeditan el resto de los poderes públicos al gobierno nacional.

Por Maibort Petit

   Lejos está de ser un compendio de retórica antimperialista y, por el contrario, la Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los Derechos Humanos que se propone aprobar la Asamblea Nacional Constituyente, persigue dotar al presidente de la república de una serie de facultades que le permitirían hacerse de ingresos sin que para ello deba contar con el aval y control del resto de los poderes públicos.


   Este instrumento crea el contexto en el cual el mandatario puede tomar medidas económicas extraordinarias, tales como modificar la propiedad de las empresas mixtas o de las filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Lo peor, es que la ley crea un régimen transitorio en el que todas estas operaciones y negociaciones se podrán realizar en secreto y reserva, es decir, a espaldas del pueblo venezolano.

  Incluso, tal como ya ocurrió cuando se puso la mitad de CITGO como garantía de los bonos 2020, el ejecutivo nacional estará facultado para garantizar las operaciones o negociaciones que lleve a cabo, con aval de los activos de la república.

  La apertura al sector privado nacional o extranjero, le permitiría, por ejemplo, al presidente, entregar a estos el comercio de la gasolina.

  Es de hacer notar, que la ley elimina el control legislativo, siendo la medida de control, la referida al control posterior, la cual estará en manos de la Contraloría General de la república.

  Los primeros quince artículos de la ley contemplan aspectos relativos a las disposiciones generales de la Ley Antibloqueo, las cuales contemplan el objeto, ámbito de aplicación, finalidad, definiciones, los sujetos y bienes jurídicos objeto de protección de la ley, control, responsabilidades, entre otros.

El objeto de la ley

  El objeto de la Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los Derechos Humanos se establece en el primer artículo del instrumento legislativo que indica que la misma dicta el “marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por  otro  Estado  o grupo de Estados, o por actos u omisiones derivadas de estos, por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos, que afectan los derechos humanos del pueblo venezolano, implican atentados contra el Derecho Internacional y, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad”.

  En pocas palabras, se libra al gobierno nacional de todo control legislativo al otorgarle absolutas potestades para decidir materias de fundamental importancia para el país.

 Calificada como Ley Constitucional, una figura que no está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el artículo 2 su ámbito de aplicación el cual. Abarcará a todas las ramas del Poder Público nacional, estadal y municipal.

Fines de la ley

  El instrumento legislativo estipula en su artículo 3 la finalidad de la ley, indicando en primer término, el garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, frente a las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país o sus nacionales, cuyo impacto sobre la población constituye crímenes de lesa humanidad.

  Segundo, favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, en los términos previstos en la Constitución.

  Tercero, asegurar la plena realización del derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, incluyendo su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales, de conformidad con lo previsto en la Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo y otras normas internacionales sobre la materia vigentes y aprobadas por la República.

Sujetos y bienes jurídicos de protección

  Asimismo, el artículo 5 indica que la ley se orienta a proteger los derechos humanos del pueblo venezolano y sus garantías; los derechos, intereses y patrimonio de la República; los derechos de terceros, incluidos otros Estados, inversores y otras personas naturales o jurídicas que se relacionan con la República o con entidades donde esta tiene intereses patrimoniales; los principios y valores constitucionales y de Derecho Internacional Público.

Aspectos generales

  La ley se aplicará en conjunto con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional contempladas en las leyes de emergencia económica (artículo 6) y contextualiza la aplicación del artículo 152 de la Constitución que se refiere a las relaciones internacionales de la república, las cuales responden a los principios de soberanía y de los intereses del pueblo. En este sentido, el artículo 7 subraya que será el Poder Ejecutivo Nacional el órgano que “fijará en todo momento su posición inequívoca de repudio y condena a toda medida coercitiva unilateral y cualquier medida restrictiva o punitiva emitida como forma de coerción económica, política o social, que procure afectar los derechos de los pueblos libres y soberanos del mundo y retrasar o frustrar su desarrollo económico y social equitativo, constituyendo un grave atentado contra la paz y estabilidad internacional”.

  Es decir, limita todo pronunciamiento del resto de los poderes públicos, respecto a las sanciones.

  Es más, el artículo 10 supedita al resto de los poderes públicos al ejecutivo al establecer que estos “colaborarán activamente en la consecución de los fines de esta Ley Constitucional, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta su estrecha vinculación con la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. Todos los órganos y entes de la Administración Pública deberán cooperar con las comisiones técnicas, debiendo suministrar la información y colaboración institucional que le sea requerida a los fines del cumplimiento de la presente Ley Constitucional”.

   No se contempla el control legislativo y se deposita únicamente en la Contraloría General de la República el control posterior de los actos dictados en aplicación de la ley (artículo 12). Se advierte de la responsabilidad individual derivada de los actos públicos (artículo 13), y se crea la figura del Observatorio Nacional sobre medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas (artículo 14).

 Medidas de equilibrio macroeconómico: Los grandes poderes del Ejecutivo

  Se indica que las medidas en el orden económico nacional derivadas de la ley atenderán a las particularidades del funcionamiento de la economía venezolana en el ámbito nacional e internacional, así como sus relaciones comerciales, financieras y con inversores extranjeros, bajo la influencia directa e indirecta de las sanciones (artículo 15).

  Los ingresos adicionales que se generen con ocasión de la ley se registrarán separadamente del tesoro nacional y se destinarán a la satisfacción de las derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano.

   Los recursos se orientarán a desarrollar sistemas compensatorios del salario o del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras; financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos; recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad; impulsar la capacidad productiva nacional, sobretodo de las industrias estratégicas y la sustitución selectiva de importaciones; recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública (artículo 16).

  El presidente podrá autorizar la desaplicación de normas legales cuando lo considere necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que causen las sanciones a la actividad administrativa, o cuando ello contribuya a la protección del patrimonio del Estado venezolano frente a cualquier acto de despojo o inmovilización (artículo 17).

  Para lo anterior deberá presentarse un informe técnico previamente por parte de los ministerios competentes, bajo la coordinación de la Vicepresidencia Sectorial de Economía y expondrá, además, cómo las sanciones imposibilitan el accionar administrativo ordinario para el caso específico (artículo 18).

  El artículo 19 advierte que solamente el presidente podrá aplicar la desaplicación de normas en la implementación de las medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones y advierte que nunca podrán desaplicarse normas relativas al ejercicio de derechos humanos.

 Igualmente, se le otorga al poder ejecutivo nacional la potestad de crear e implementar mecanismos financieros a gran escala para restituir progresivamente el valor de las prestaciones sociales, beneficios acumulados y ahorros obtenidos por los trabajadores del país, vulnerados por las sanciones (artículo 20).

  El artículo 21 establece que el poder ejecutivo nacional podrá crear o autorizar nuevos mecanismos o fuentes de financiamiento en cualquiera de sus formas cuya vigencia estará sujeta a la vigencia de la ley. Esto con el objetivo de atender planes, programas y proyectos sociales.

Sobre el artículo 303 constitucional y la ley antibloqueo

  El artículo 303 de la Constitución establece que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A., o el ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela S.A.”.

  En tal sentido, el artículo 22 de la Ley Antibloqueo establece que para revertir o impedir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República o de sus entes, por efecto de la aplicación de las sanciones se autoriza la celebración de todos los actos o negocios jurídicos necesarios para su protección, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución.

  El Poder Ejecutivo Nacional podrá organizar y reorganizar “los entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país, en procura de su modernización y adaptación a los mecanismos propios de la práctica mercantil del Derecho Internacional Privado adecuados al objeto y fin del respectivo ente, mejorando su funcionamiento, relaciones comerciales, financieras o la inversión del Estado venezolano. La organización o reorganización debe garantizar primordialmente la salvaguarda del patrimonio de la República y sus entes” (artículo 23).

  También el presidente tendrá el poder absoluto para modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución (artículo 24).

  El artículo 25 da potestad para elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos y de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales, con el objetivo de proteger los intereses de la República, incrementar el flujo de divisas hacia la economía, aumentar la rentabilidad de los activos, satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo.

  Para contrarrestar el impacto de las sanciones, el presidente diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios destinados a: 1) satisfacer los derechos fundamentales a la vida, la salud y la alimentación; 2) generar ingresos, conseguir divisas y la movilizar internacionalmente las mismas; 3) gestionar las entidades objeto de las sanciones; sustituir selectivamente las importaciones (artículo 26).

Búsqueda de inversiones privadas

  En el presidente se deposita también la responsabilidad de autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (artículo 27).

  La ley autoriza el presidente, en el artículo 28, para levantar restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional, esto con el objeto de proteger sectores estratégicos.

  El presidente podrá autorizar la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero que permita mitigar los efectos de las sanciones, de manera de proteger las transacciones que involucren activos financieros de la República y sus entidades, incluidos los criptoactivos (artículo 29).

  Entretanto, el artículo 30 le encomienda al presidente crear e implementar programas que permitan y aseguren la inversión por parte de los profesionales, técnicos, científicos, académicos, empresarios y grupos u organizaciones de trabajadores del sector público y privado, en proyectos o alianzas en sectores estratégicos.

   El artículo 31 abre la puerta para que la República y sus entes puedan acordar con sus socios e inversionistas cláusulas de protección de su inversión para generar confianza y estabilidad.

  Las medidas a que se refiere esta ley requieren de la aprobación previa del Ministerio con competencia en materia de economía y finanzas. En algunos casos, se deberá consultar también Ministerio de planificación. El procurador deberá revisión y aprobación de los documentos de negocios (artículo 32).

El secretismo de la ley

  El capítulo III de la ley antibloqueo se refiere a las medidas de protección ante las sanciones.

  De este modo, el artículo 33 crea el Sistema de Asistencia y Protección Legal ante las sanciones, el cual persigue asistir, orientar y proteger, nacional o internacionalmente, a las víctimas de dichas sanciones, sean estas personas naturales o jurídica. D este sistema se encargará la Procuraduría General de la República y contará con los recursos para su funcionamiento, según la provisión que sea aprobada por el Ejecutivo Nacional.

  El artículo 34 crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto para proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas en el marco de la protección del Estado contra las sanciones.

  El acceso a los archivos y registros administrativos no deberá afectar la eficacia de las medidas para contrarrestar los efectos de las sanciones, ni el funcionamiento de los servicios públicos ni la satisfacción de las necesidades de la población por la interrupción de procesos administrativos destinados a ello.

  Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de la ley.

  Esta calificación se hará por acto debidamente motivado, por tiempo determinado y con el fin último de garantizar la efectividad de las medidas destinadas a contrarrestar los efectos adversos de las sanciones.

  La documentación confidencial será archivada en cuerpos separados y con mecanismos que aseguren su seguridad.


   El artículo 35 prohíbe el acceso a documentación confidenciales o reservados. No podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma.

  Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas establecidas en capítulo segundo de la ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal, hasta 90 días posteriores al cese de sanciones que han propiciado la situación.