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lunes, 11 de abril de 2022

Corrupción PDVSA: Tribunal confiscó mansión de Gustavo Adolfo Hernández Frieri en Miami

 La que fue residencia de Hernández Frieri y su familia tiene un valor que se estableció en USD 4.163.457,29.

Por Maibort Petit

    El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida decomisó la mansión que servía de residencia a Gustavo Adolfo Hernández Frieri y su familia en Miami, Florida, cuyo valor se estableció en USD 4.163.457,29.

   Hernández Frieri fue sentenciado el 4 de mayo de 2021 en el citado tribunal a pagar 46 meses de prisión por haber participado en un esquema de lavado de dinero de millones de dólares en sobornos pagados a funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). También se le condenó a pagar USD 50.000 en multas penales. Este hombre de nacionalidad colombiana y estadounidense, quien se desempeñaba como asesor de inversiones en Miami, se declaró culpable en noviembre de 2019, cuando admitió un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero como parte de un acuerdo de culpabilidad alcanzado con los fiscales federales.

La Orden Final de Decomiso

   El 28 de marzo de 2022, Kathleen M. Williams, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, dictó una Orden Final de Decomiso sobre un conjunto de bienes propiedad de Gustavo Adolfo Hernandez Frieri.

   Refirió la orden que el 28 de septiembre de 2020, de conformidad con 21 U.S.C. § 853(p), la Corte dictó una Segunda Orden Preliminar de Decomiso en la que confiscó —sujeto a intereses de terceros— bienes en Estados Unidos que en la orden se identifican como “597 Hibiscus”.

    Se trata de bienes inmuebles ubicados en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137, incluidos todos los edificios, accesorios, accesorios, mejoras, archivos adjuntos y servidumbres que se encuentran allí o sobre ellos, también conocido como: Lote 5, Bloque 9, de Bay Point, según el plano del mismo según consta en el Libro de planos 40, Página 63, Registros públicos del condado de Miami-Dade, Florida; Nº de identificación de parcela 01-3219-008-1390.

  Indicó la orden que la notificación del decomiso penal se publicó en un sitio oficial de Internet del gobierno por un período de 30 días y se envió una notificación directa a cualquier persona que razonablemente parecía ser un reclamante potencial con legitimación para impugnar la confiscación, o dicha persona estaba en la notificación real de la confiscación.

  En la referida notificación —explica la orden— se informaba que cualquier persona distinta a Gustavo Adolfo Hernández Frieri, que alegue un interés legal en los bienes solicitados para el decomiso definitivo podía solicitar al Tribunal una audiencia para adjudicar la validez del supuesto interés de esa persona, dentro de los 60 días del primer día de publicación o dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación, lo que ocurra primero.

  Se hace mención a que, además, el 7 de octubre de 2020, los agentes del orden público colocaron el aviso en el bien inmueble solicitado para el decomiso definitivo de manera abierta y notoria.

  En este sentido, la orden citó que el 18 de noviembre de 2020, los terceros peticionarios Olympia De Castro y 597 Hibiscus Lane Revocable Trust presentaron Peticiones reclamando 597 Hibiscus. Estas peticiones fueron desestimadas el 4 de febrero de 2022 atendiendo una recomendación emitida el 7 de marzo de 2021 por el Juez Magistrado, Edwin G. Torres.

  Explica la Orden Final de Decomiso que el 29 de septiembre de 2021, los Estados Unidos y los terceros peticionarios Olympia De Castro y 597 Hibiscus Lane Revocable estipularon una venta interlocutoria del inmueble, que la Corte aprobó el 5 de octubre de 2021.

  La venta interlocutoria de 597 Hibiscus se cerró el 26 de diciembre de 2021 y las ganancias netas de la misma fueron de aproximadamente USD 4.163.457,29 en moneda estadounidense, los cuales fueron restituidos en lugar de 597 Hibiscus para el decomiso final.

   Por lo que habiendo vencido el plazo para interponer una petición de interés sobre los bienes que se pretenden para el decomiso definitivo y no habiéndose presentado ninguna otra petición o reclamación, de conformidad con 21U.S.C § 853(n)(7), “Estados Unidos tendrá un título claro de propiedad que es el objeto de la orden de decomiso y puede garantizar el buen título a cualquier comprador o cesionario posterior”.

  La Orden Final de Decomiso establece que, de acuerdo a la norma, todos los derechos, títulos e intereses sobre los ingresos de la venta de 597 Hibiscus, por un monto de USD 4.163.457,29 en moneda estadounidense, quedan finalmente confiscados y conferidos a los Estados Unidos de América.

  El Tribunal conservará la competencia en este asunto a los efectos de hacer cumplir la Orden.

Petición de prórroga para responder

  El 5 de abril de 2022, Howard Srebnick, abogado de Gustavo Adolfo Hernández Frieri, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, una moción sin oposición solicitando una prórroga adicional para responder a los Estados Unidos la petición de confiscación de fianza.

  Ya previamente el tribunal había concedido una extensión de tiempo sin oposición hasta el mismo 5 de febrero de 2022, para que Hernández Frieri respondiera al gobierno su moción de confiscar la fianza del demandado.


    Luego de que los abogados llegaron a un acuerdo sobre los temas de la fianza, la defensa envió por correo electrónico a Hernández Frieri la Estipulación y Orden final propuesta que las partes tienen la intención de presentar ante el Tribunal.

  Se explica debido a que el Hernández está bajo custodia, los correos electrónicos que se le envíen deben pasar por el sistema de correo electrónico de la BOP, se informó a la defensa que contaban con un tiempo de respuesta de al menos seis horas para que su representado recibiera el correo electrónico y lo respondiera. De allí la solicitud de prórroga solicitada para darle que Hernández pudiera recibir y revisar el correo electrónico con la propuesta de Estipulación y Orden.


jueves, 7 de abril de 2022

Samark López y el cantante mexicano Julio César Álvarez bregan en los tribunales de EE. UU. para librarse del fallo que los califica como agentes de las FARC

  Los bienes de López, Álvarez, así como los de PDVSA en EE. UU. podrían ser susceptibles de embargo si una compleja interpretación de una víctima de las FARC es tenida como válida por los tribunales.

Por Maibort Petit

   Tras una curiosa y enrevesada interpretación, Antonio Caballero[1], hijo de un ex-diplomático colombiano asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1999, quien a raíz del hecho demandó al grupo terrorista y ganó el pleito legal millonario, está procurando cobrar la sentencia compensatoria desde hace más de una década— buscando activos en todas las instancias, incluyendo los fondos confiscados por EE.UU. a los designados por la justicia norteamericana como agentes o instrumentalidades de las FARC. 

    La sentencia favorable, obtenida por Caballero, comprende USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses, que puede cobrar aquellas personas u empresas que hayan sido designadas por los tribunales estadounidenses como agentes de las FARC.

     En criterio de Caballero, Petróleos de Venezuela y por ende CITGO Petroleum Corporation[2], representan una de estas instrumentalidades, como también lo serían Samark López Bello —considerado testaferro de Tareck El Aissami— y el cantante mexicano Julio César Álvarez Montelogo, quienes fueron designados por la justicia de EE. UU.  como agentes de las FARC.

   Tanto López como Álvarez han accionado legalmente quienes llevan a cabo todo tipo de acciones para deslastrarse de tal calificación y, por ende, salvar sus bienes en territorio estadounidense.

  Álvarez ha logrado retrasar las acciones que se siguen en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York mientras que una corte de California decide un asunto relacionado con el mismo caso. Por su parte, Samark López Bello maniobra para que sus activos, depositados en el JPMorgan Chase Bank, N.A., no pasen a los bolsillos de Caballero.

Informe de estado y orden judicial

 El 29 de marzo de 2022, Joseph I. Zumpano, en representación del demandante Antonio Caballero, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, un informe de estado en conjunto con Julio César Álvarez Montelongo, quien funge como parte interesada —al igual que Samark López Bello— de acuerdo a una resolución previa de la Corte emitida el 25 de enero de 2022.

  En dicho informe, se recuerda al tribunal que se encuentra pendiente una acción que involucra tanto a Caballero como a Álvarez en el Tribunal de Distrito Central de California, donde las partes deben proceder a decidir cuestiones idénticas o similares entre ellas pendientes ante este Tribunal y otros dos Tribunales de Distrito de los Estados Unidos.

   Por encontrarse dicha acción aún en curso [para el 12 de septiembre de 2022 está programada una audiencia probatoria sobre el estado de Álvarez como agencia o instrumento de las FARC], las partes solicitaron al tribunal neoyorquino que continúe su paralización y que el próximo informe de estado sea pospuesto hasta después de la audiencia probatoria en California.

La juez, Alison J. Nathan aprobó la solicitud de las partes.


Otras acciones previas de Caballero

  El 9 de septiembre de 2021, León N. Patricios, en representación de Antonio Caballero, había solicitado también a la juez Alison J. Nathan la cancelación de una conferencia de estado que estaba programada para el 10 de septiembre de 2021. Tal pedido lo formuló en conjunto con el JPMorgan Chase Bank, N.A. en razón de la tramitación de otros procedimientos que involucraban a las mismas partes.  

   Refirieron que el 18 de mayo de 2021, el tribunal había requerido a las partes presentar una propuesta de plan de gestión de casos civiles, una orden de programación y una carta conjunta de información mientras que el 17 de junio de 2021, Antonio Caballero y Julio César Álvarez Montelongo habían celebrado una estipulación de suspensión del proceso respecto del segundo, la cual solicitaron fuera aprobada por la corte, lo cual fue aprobado el 29 de julio de 2021.

 Asimismo, recordaron que el 2 de septiembre de 2021, la Corte, a solicitud de Álvarez, aclaró que “por haberse suspendido el caso al señor Álvarez, el señor Álvarez no está obligado a participar en ningún plazo de programación o conferencias”.

   El 2 de septiembre de 2021, Antonio Caballero y el Interesado José Samark López Bello celebraron una estipulación de suspensión del proceso respecto de López, la cual solicitaron la aprobación de este Tribunal lo cual fue aprobado el 8 de septiembre de 2021. El Tribunal ordenó además que “las partes restantes deben presentar su carta conjunta y el plan de gestión de casos propuesto antes del 9 de septiembre de 2021 antes de la conferencia del 10 de septiembre de 2021 o indicar si solicitan una suspensión”.

  Aparte de Álvarez y Bello (quienes ya no estaban obligados a participar en la carta conjunta o el plan de manejo de casos propuesto requerido), y los Demandados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel del Norte del Valle (ninguno de los cuales había comparecido en la acción hasta la fecha de esta decisión), el informe del expediente señalaba que comparecían el demandante Caballero y el embargado JPMC.

   Antonio Caballero cree que JPMC tiene activos a nombre putativo de Samark López (incluido, entre otros, el número de cuenta xxxxxx036) y Álvarez (incluido, entre otros, el número de cuenta xxxxxx498). Caballero obtuvo una orden de ejecución dirigida a JPMC, relacionada con los activos bloqueados de Samark López. 

  Refirieron que los procedimientos relacionados con ese escrito avanzarían ante la jueza en el caso de Caballero y que  antes de la destitución por parte de Álvarez, el Juez Richard G. Latin de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, emitió una Orden para demostrar causa para un Auto de ejecución el 26 de febrero de 2021, con respecto a la activos mantenidos en JPMC relacionados con Álvarez. Este último había presentado su Aviso de Remoción ante el tribunal en la Acción de la Corte del Estado del Estado de Nueva York pero tal proceso no procedió en esa acción. 

  Sobre esto último, Caballero manifestó su intención de perseguir la emisión de una orden judicial dirigida a JPMC relacionada con Álvarez si el asunto se devuelve al levantar la suspensión. Dado que ni el Tribunal federal ni estatal (del que se eliminó este caso) emitieron ningún escrito en relación con López o Álvarez, por lo que JPMC no había recibido ningún documento relacionado con estos o alguien más.

   Indicaron que el 29 de abril de 2021, el abogado de JPMC compareció, en nombre de su cliente, en su calidad de parte potencialmente interesada. Según la información y las creencias, tal aparición hizo que JPMC se reflejara como parte (específicamente, como un "Embargado") en el informe del expediente del caso. 

   Aunque JPMC niega ser una “parte” en este caso, por precaución y en cumplimiento de la Orden de este Tribunal se unió a Caballero para solicitar al tribunal la suspensión del caso, así como la cancelación de la conferencia de estado programada para el 10 de septiembre de 2021. Caballero solicitó además que dicha suspensión no afectara de ninguna manera los procedimientos relacionados en cualquiera de los casos en la corte distrital de Nueva York.

REFERNCIAS 

[1] Venezuela Política. “Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol”. 12 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/victima-de-las-farc-quiere-cobrar.html

[2] Venezuela Política. “Enrevesadas interpretaciones convierten a activos venezolanos en el extranjero en objeto de demandas de resarcimiento económico para víctimas de las FARC”. 25 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/enrevesadas-interpretaciones-convierten.html

[3] Venezuela Política. “Cantante mexicano busca suspender un proceso en EE. UU. en el que se le señala como agente de las FARC en juicio que reclama activos de PDVSA”. 5 de julio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/07/corte-niega-mocion-del-cantante.html


lunes, 28 de marzo de 2022

CITGO y PDV Holding objetan honorarios del Magistrado Especial que dirige el proceso de venta de sus acciones

 El auxiliar judicial presentó una factura por USD 3,2 millones como pago por sus servicios.

Por Maibort Petit

  El proceso de venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation en poder de PDV Holding Inc.(PDVH) que recientemente ordenó  Leonard Stark, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware de manera que Crystallex International Corporation pueda cobrar la sentencia por USD 1.200 millones dictada a su favor como indemnización por el despojo que sufrió cuando sus activos en Venezuela fueron expropiados por Hugo Chávez, atraviesa por múltiples procesos. Uno de ellos son las objeciones presentadas por las empresas venezolanas —CITGO y PDVH— a los honorarios que pretende cobrar el Magistrado Especial designado por la corte para diseñar, supervisar y ejecutar el proceso de venta.

  Queja por honorarios del Magistrado Especial

  El 28 de enero de 2022, Kenneth J. Nachbar, de la firma Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP, remitió una comunicación al juez, Leonard P. Stark, titular del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware para en representación CITGO Petroleum Corporation y PDV Holding Inc. (PDV-H) expresar su objeción a los honorarios del Magistrado Especial y sus Asesores de diciembre de 2021.

   Refirieron que continuaban objetando la magnitud de los honorarios del Maestro Especial y recordaron que CITGO y PDV-H acordaron un tope de USD 2 millones para el mismo, tal como se establece en la Orden del Tribunal del 27 de mayo de 2021.

  CITGO y PDV-H informaron al juez Nachbar que el Auxiliar Judicial ahora se encuentra cobrando USD 3.2 millones en honorarios y, como ya lo habían referido en ocasiones anteriores, ni el Magistrado Especial, ni sus asesores, han justificado suficientemente los gastos.

 Los abogados manifestaron al a la Corte de Delaware que, en la actualidad, CITGO y PDVH no solicitan más información sobre las solicitudes de tarifas pendientes, pero se reservan todos los derechos con respecto a dichas tarifas. Agradecieron la atención del tribunal a este asunto y expresaron la necesidad de dejar en claro sus posiciones con respecto a cada una de las presentaciones de honorarios del Maestro Especial.

El informe del Magistrado Especial

  El 26 de enero de 2022 en versión que se hizo pública el 2 de febrero de 2022, Robert B. Pincus, en su calidad de Magistrado Especial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, dirigió una comunicación al juez Leonard P. Stark, titular de la citada corte, para presentar el Informe Mensual correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2021 respecto a su gestión como del caso que en esa instancia judicial dirimieron Crystallex International Corporation y la República Bolivariana de Venezuela.

   Picus fue designado el 13 de abril de 2021 por el juez Stark para que diseñara, supervisara e implementara la venta de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) de PDV Holding Inc.

  Refirió en el informe a la corte que el 27 de mayo de 2021, el juez Stark emitió la Orden sobre Maestro Especial que establecía, entre otras cosas, varias obligaciones y deberes aplicables al Auxiliar Judicial, las Partes y ConocoPhillips, entre ellas su obligación de proporcionar al Tribunal un informe mensual sobre su progreso y esfuerzos.

  Indicó en este sentido, que su último informe correspondió al período terminado el 30 de noviembre de 2021 y que en esta nueva ocasión estaba procediendo a la entrega del Informe de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021.

  Precisó que, en ese periodo, junto a sus asesores, revisó y analizó el informe complementario relacionado con la OFAC presentado por las Partes del proceso de venta; revisó y analizó las declaraciones informativas entregadas por Rosneft Trading S.A. y PDVSA en virtud de la Orden de Consentimiento sobre Divulgación de Rosneft Trading S.A. y Petróleos de Venezuela, S.A. sobre CITGO Holding Pledge;  revisó y analizó la Respuesta de las partes de Venezuela a la Tercera Orden de Procedimientos de Venta Propuesta Revisada por él; y elaboró y archivó el Informe de Noviembre.

   Robert B. Pincus le manifestó al juez Stark que durante el período del 1 al 31 de diciembre de 2021, incurrió en un total de honorarios y gastos en relación con el desempeño de mis funciones como Auxiliar Especial por una cantidad que se omite en la versión que se dio a conocer, pero que advierte incluye los honorarios y gastos mensuales de los abogados en relación con los asuntos descritos anteriormente. En anexo desglosó dichos honorarios y gastos.

  Solicitó al juez que determinara si dichos honorarios y gastos eran regulares y razonables.


 


Venezuela condenada a pagar más de USD 981.641.531,24 a sus antiguos socios Koch Minerals y Koch Nitrogen: CITGO en la mira

 Las arbitrarias políticas expropiatorias aplicadas por el finado expresidente, Hugo Chávez, continúan teniendo consecuencias nefastas para la república.

Por Maibort Petit

     El 10 de octubre de 2010, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tomó el control de FertiNitro, una empresa en la que Koch Minerals y Koch Nitrogen tenían intereses financieros  Específicamente, se expropió la participación accionaria del 25 por ciento de Koch Mineral tenía en la compañía venezolana e interfirió con un contrato existente entre esta y Koch Nitrogen, sin que recibieran compensación por la acción de la administración chavista sobre los activos de FertiNitro. Demandada ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), Venezuela perdió el litigio y fue obligada a cancelar la indemnización respectiva a los afectados, posteriormente se enfrentó nuevamente a sus antiguos socios en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en el reclamo del pago de dicha sentencia, que ahora ordenó el pago de más de USD 981.641.531,24 más intereses a favor de los demandantes que los afectados esperan cobrar en el único activo que la nación tiene en territorio estadounidense: CITGO.

  A continuación, presentamos las principales acciones de este caso a lo largo del proceso judicial.

Conferencia de estado

  El 25 de septiembre de 2020, los abogados Alejandro A. Yanos y Carlos Ramos-Mrosovsky del despacho Alston & Bird LLP, en representación de Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, una Moción sin oposición para la conferencia de estado.

 Los demandantes solicitaron que se convocara dicha conferencia con el objetivo de abordar cómo se encontraba el procedimiento para el momento que ocurrían ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware y la reasignación que había sufrido el caso. Informaron que la República Bolivariana de Venezuela no tenía objeción con el pedido, sin perjuicio, sin embargo, de su posición sobre la remisión de este asunto a un Juez Magistrado.

   En apoyo a la moción los demandantes alegaron que interpusieron la acción para se reconociera y dictara sentencia sobre un laudo arbitral dictado contra Venezuela en noviembre de 2017 de conformidad con el Convenio CIADI. En razón de que Venezuela no compareció ni respondió oportunamente a la demanda modificada, Koch solicitó una sentencia en rebeldía el 16 de mayo de 2019. Sólo fue en agosto de 2019 cuando Venezuela compareció y presentó una Moción para anular el incumplimiento, así como una Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. Desde entonces, los demandantes han respondido a la moción de Venezuela y el argumento oral se escuchó ante el Juez Magistrado el 10 de diciembre de 2019. Las partes presentaron memorandos complementarios para la consideración de la Corte el 20 de diciembre de 2019, estando para la fecha, el caso ahora completamente informado.

  Indicaron que, si bien procuraban hacer cumplir su laudo arbitral contra Venezuela ante este Tribunal, varios acreedores judiciales de Venezuela y/o Petróleos de Venezuela (PDVSA) habían comparecido ante el Tribunal de Delaware buscando subastar los únicos activos comerciales de Venezuela en los EE. UU. de los cuales es probable que se pueda recuperar cualquier fallo a favor del demandante.

   Refirieron que el 9 de junio de 2017, el Tribunal para el Distrito de Columbia autorizó a la empresa minera canadiense Crystallex a registrar su sentencia que confirma un arbitraje inversor-Estado de USD 1.200 millones contra Venezuela en esa entidad. Posteriormente, se dictaminó que PDVSA era el alter ego de Venezuela y que Crystallex podía solicitar una orden judicial de embargo contra las acciones propiedad de esta en PDV Holding Inc. (PDVH), a fin de satisfacer la sentencia.

  Precisaron que tras la denegación de certiorari del Tribunal Supremo del 18 de mayo de 2020, el Tribunal de Distrito de Delaware levantó la suspensión del procedimiento y ordenó a Crystallex y a Venezuela —así como a los terceros intervinientes— establecer la mecánica de cómo se pueden vender las acciones ordinarias de PDV-H contra las cuales el Demandante tiene la intención de ejecutar su sentencia. Desde entonces, Crystallex solicitó una Orden para ello, mientras que Venezuela buscó alivio del fallo final del Tribunal de Delaware y PDV-H actuó para anular la orden de embargo. El de Delaware celebró una audiencia para determinar los procedimientos para una posible venta de los activos de Venezuela el 17 de septiembre de 2020.

  Subrayaron que no sólo Crystallex busca hacer cumplir una sentencia contra las acciones de PDV-H ante el tribunal, sino que también están ConocoPhillips y O.I. European Group BV (OIEG), entre otros.

   Expusieron que en razón de que los activos venezolanos en EE. UU. son limitados para el pago de estos laudos y dado el estado avanzado de los procedimientos ante el tribunal de Delaware y el tamaño de las otras sentencias que otros acreedores de Venezuela y PDVSA buscan cumplir contra esos activos, Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl advierten que si el Tribunal no actúa a tiempo para que los Demandantes registren una posible sentencia contra Venezuela en Delaware, perderían oportunidad de participar en el proceso de subasta contemplado.

Informe conjunto

  El 6 de noviembre de 2020, los abogados Alexander A. Yanos y Carlos Ramos-Mrosovsky de la firma Alston & Bird LLP, en representación de Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl; así como Joseph D. Pizzurro y Kevin A. Meehan, pertenecientes a Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, a nombre de la República Bolivariana de Venezuela; presentaron conjuntamente ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, un Informe de estado conjunto en el que abordaron el estado que para dicha fecha tenían los procedimientos de anulación relacionados con el laudo arbitral subyacente a estos procedimientos en el Caso CIADI Nº ARB/11/19.

     En primer lugar, Koch expuso que el procedimiento de anulación se encontraba pendiente ante un comité ad hoc de tres miembros constituido por el Secretario General del CIADI del Banco Mundial. Refirieron que dicho Comité levantó la suspensión de la ejecución del Laudo el 1 de abril de 2019 y, posteriormente, el 7 de julio de 2020, ordenó la tramitación del procedimiento de anulación. Indicaron que el Memorial de apoyo a la anulación de Venezuela vencía el 9 de noviembre de 2020, pero pidieron una prórroga de ese plazo hasta el 9 de diciembre de 2020, solicitud a la que se opuso Koch.

  Estaba prevista una audiencia sobre la solicitud de anulación de Venezuela para el 17 y 18 de julio de 2021.

   Por su parte, el gobierno del presidente interino, Juan Guaidó —único gobierno de Venezuela reconocido por los EE. UU.— advirtió que no tenía conocimiento de los procedimientos de anulación en el Caso CIADI Nº ARB/11/19 y que no reconocía ninguna acción tomada por el régimen de Nicolás Maduro en nombre de Venezuela.

Orden

   El 23 de diciembre de 2020, la Juez Magistrado de los Estados Unidos,  Zia M. Faruqui, de acuerdo a lo expresado en el Memorando de Opinión respectivo, negó la Moción de los demandantes para que se dictara Sentencia por Incumplimiento.

  Igualmente, la juez Faruqui negó una petición de desestimación presentada por Venezuela; y concedió la petición de esta para anular la declaración de incumplimiento.

  Por otra parte, el tribunal ordenó a las partes presentar un programa conjunto para regir cualquier otro procedimiento antes del 5 de enero de 2021. La magistrada refirió que el programa conjunto propuesto debía abordar (a) si se necesitaba algún descubrimiento y (b) un programa informativo acelerado para regir la presentación.

Memorando de opinión

   El 23 de diciembre de 2020, Zia M. Faruqui, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitió el Memorándum de opinión que sustentaba la decisión anteriormente descrita.

    Se refiere que Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl demandó a Venezuela en procura del reconocimiento y sentencia sobre el laudo arbitral del CIADI y luego el secretario del tribunal entró en mora porque la demandada no compareció durante mas de un año después de recibir la notificación. Ante esta situación los demandantes solicitaron una sentencia en rebeldía, mienras que meses después, Venezuela hizo su primera aparición, presentando una Moción para dejar sin efecto la declaración de incumplimiento y para desestimar. En esta decisión a que se hace referencia en el Memorando de Opinión, la Corte concedió la solicitud de Venezuela para anular el incumplimiento, pero negó su pedido de desestimación. Se indica que, habiendo dejado de lado el incumplimiento, el tribunal también negó la Moción de los Demandantes para emisión de una Sentencia por Incumplimiento por estimarla como discutible.

  El CIADI determinó que Venezuela era responsable y otorgó a Koch Minerals USD 140,25 millones y a Koch Nitrogen USD 184,8 millones, por lo que las estos últimos presentaron esta demanda en procura de hacer cumplir el laudo que, de resultar a favor de los demandantes los llevaría a reclamar el pago en los únicos activos significativos que Venezuela ha dejado en los Estados Unidos, a saber, acciones en poder de PDVSA sobre una sociedad de cartera de Delaware, PDV Holding Inc. (PDV-H) propietaria de CITGO Petroleum Corporation. Esos activos son objeto de un litigio en curso en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware en la causa de Crystallex International Corp. contra PDV Holding Inc., así como por parte de otros acreedores venezolanos. Estos activos también son objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro.

Las objeciones de Venezuela

  El 6 de enero de 2021, el abogado José D. Pizzurro, de la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP en representación de Venezuela, presentó ante el tribunal para el distrito de Columbia, las objeciones a las conclusiones y recomendaciones propuestas por el juez de primera instancia emitidas indebidamente como un memorando de opinión, por lo que solicitó desestimar el caso por falta de jurisdicción personal y notificación insuficiente del proceso bajo la FSIA.


   Venezuela advierte que desde el primer momento que compareció, lo hizo “a los efectos limitados” de pasar a sobreseer por falta de jurisdicción personal e insuficiente notificación la causa en su contra.

   Venezuela se reservó expresamente “todos los derechos y defensas” en su notificación de moción y, en buena medida, también en su escrito de apertura, al tiempo que incluyó una orden propuesta para ser firmada por el “Excmo. Ketanji Brown Jackson, juez de distrito de los Estados Unidos”. Advirtió que en ningún momento Venezuela consintió en la jurisdicción de un juez de instrucción, ni pretendió manifestar tal consentimiento a través de su apariencia limitada, que pretendía tener el efecto contrario, es decir, oponerse a la Jurisdicción de la Corte para tomar cualquier acción.

  Refirió que en el primer informe de estado conjunto presentado bajo la dirección de la jueza magistrada, Deborah A. Robinson, antes de que se llevaran a cabo las audiencias, las partes estipularon que Venezuela no consintió en la jurisdicción de un juez magistrado y, a riesgo de ser redundante, declaró por separado que las “mociones de las partes deben ser decididas por el juez del tribunal de distrito”, una posición que ha reiterado a lo largo del proceso, incluso después de la asignación del caso a la juez, Zia M. Faruqui. Sobre esta última, se sostiene que esta jueza de instrucción creyó erróneamente  que podía ejercer jurisdicción bajo la sección 636(c) —sin el consentimiento afirmativo de Venezuela y sobre su reserva de derechos y objeciones persistentes— debido a su determinación de que había sido debidamente notificada y que, con ello había consentido implícitamente en la jurisdicción de un juez de instrucción al no comparecer y objetar de manera oportuna. El juez de instrucción se equivocó en ambos cargos, aseguró la demandada.

  Venezuela aseguró que un juez magistrado no puede inferir el consentimiento cuando, como es el caso, una parte hace una aparición limitada y se reserva todos sus derechos. Reiteró que no había sido notificada del proceso y, por lo tanto, el tribunal carecía de jurisdicción en virtud de la FSIA

  Manifestó que desde enero de 2019, Venezuela atraviesa una transición política trascendental en medio de una emergencia humanitaria sin precedentes que fue aprovechada por los demandantes Koch Minerals SÀRL y Koch Nitrogen International SÀRL para solicitar y obtener una declaración judicial en rebeldía sobre la declaración de que se había notificado a la República de conformidad con el Convenio sobre la Notificación en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial. Advierten que los documentos del expendiente demuestran que, a lo sumo, Koch solamente envió dos solicitudes de servicio por correo privado a la autoridad central designada de Venezuela en virtud de la Convención de La Haya, la Oficina de Asuntos Consulares del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, que es responsable para la tramitación de solicitudes de servicios y que permanece bajo el control exclusivo del régimen de Nicolás Maduro.

  Acota que Koch reconoce que no recibió el certificado de entrega requerido emitido por la autoridad de Venezuela.

Orden

  La juez Zia M. Faruqui, titular del Tribunal para el Distrito de Columbia consideró la apelación que Venezuela hizo del Memorándum de Opinión de la Corte del 23 de diciembre de 2020 basado en su “expectativa de que un juez del Artículo III decidiría” su moción anterior de desestimación.

    Se advierte que en la decisión que la objeción de Venezuela se basa en su creencia errónea de que el juez del Tribunal de Distrito, Ketanji Brown Jackson, todavía preside la causa, aun cuando este magistrado no ha presidido este asunto desde el 31 de mayo de 2019.

 Se indica que Venezuela no ha presentado ningún mecanismo procesal que pueda llevar el caso nuevamente ante el juez Jackson. Por tanto, el caso permanece en manos de Zia M. Faruqui.

  La Corte negó la apelación de Venezuela la cual interpreta como una Moción de Reconsideración.

  Finalmente, la magistrada advirtió que si Venezuela apelara oportunamente las órdenes de la Corte, entonces ésta suspendería el procedimiento pendiente de apelación. De lo contrario, dado que ambas partes acuerdan que no se justifica más descubrimiento, el Tribunal estableció un calendario de sesiones informativas: Solicitud de sentencia sumaria de los demandantes hasta el 22 de marzo de 2021; la Oposición del Demandado para el 5 de abril de 2021; y la Respuesta de los Demandantes vencía el 12 de abril de 2021.

La sentencia

  El 22 de febrero de 2022, la Juez Magistrado de los Estados Unidos, Zia M. Faruqui, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitió Sentencia.

  En dicha sentencia determinó que a Koch Minerals le corresponde recibir como monto principal la cantidad de USD 140.250.000 más USD 28.419.011,14 por concepto de interés previo a la adjudicación del 11 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2017, calculado en la tasa Libor a 6 meses en US$ más 2%, capitalizable semestralmente; así como los intereses posteriores al laudo desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la entrada de la causa al referido Juzgado por ella presidido, los cuales deben ser calculados a una tasa de US$ Libor a 6 meses más 2%, compuesto cada seis meses.

  La juez estableció que, por su parte, Koch Nitrogen debe recibir como monto principal la cantidad de USD 166.700.000 más intereses previos al laudo desde el 11 de octubre de 2010 hasta el 30 de octubre de 2017, calculados a la tasa Libor a 6 meses en US$ más 2%, capitalizable semestralmente, lo cual suma USD 33.778.603,62; y los intereses posteriores al laudo desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la emisión de la sentencia a una tasa de US$ Libor a 6 meses más 2%, capitalizable cada seis meses.

   Asimismo, los demandantes conjuntamente, deben recibir por costas judiciales, la cantidad de USD 17.436.085,10 y por costos de arbitraje, USD 628.836.435; más los intereses posteriores al laudo sobre los costos legales y de arbitraje anteriores desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la sentencia a una tasa de US$ Libor a 6 meses más 2 %, capitalizados cada seis meses; y el interés posterior al fallo sobre el monto total del laudo, calculado a la tasa establecida en 28 U.S.C. § 1961, desde la fecha de la sentencia hasta el pago total.





martes, 8 de marzo de 2022

Venezuela y PDVSA entre la espada y la pared: Mientras un juez autorizó la venta de CITGO para pagar deuda impaga, el régimen de Maduro está más cerca de lograr un alivio a las sanciones

 Las decisiones enfrentadas adoptadas por el gobierno y los tribunales, podría generar un conflicto de poderes.

Por Maibort Petit

   Crystallex International Corporation no ha cesado en su esfuerzo por recuperar la sentencia a su favor por USD 1.200 millones por la expropiación que sufriera por parte del gobierno venezolano cuando Hugo Chávez decidió despojar a la minera canadiense de sus activos en Venezuela. Recientemente el juez Leonard Stark, titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware ordenó iniciar el proceso de venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation en manos de PDV Holding Inc., una decisión que se enfrenta a la disposición gubernamental que mantiene bloqueada la operación.

  Una situación que amenaza con crear un conflicto de poderes en los Estados Unidos, toda vez que la orden del juez Stark se produce apenas un mes después de que la administración de Joe Biden, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendiera por un año más el decreto de protección de la refinería venezolana.

  Pero mientras las presiones sobre Venezuela y su principal industria se acentúan, por un lado, por el otro el régimen de Nicolás Maduro logró, gracias a lobistas, que el gobierno de Joe Biden enviara a Caracas una comisión de Alto nivel para negociar con la dictadura negocios petroleros a cambio del posible levantamiento de las sanciones.

En esta entrega presentamos los detalles de lo acontecido.

EE. UU. extiende medida de protección a Citgo

   El pasado 20 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendió hasta el 20 de enero de 2023 —es decir una prórroga por un año más— el decreto de protección a CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, cuya administración en la actualidad se encuentra en manos del denominado gobierno interino que encabeza Juan Guaidó desde comienzos de 2019, luego de que entraran en vigencia las sanciones estadounidenses contra la corporación venezolana.

   La licencia de la OFAC prohíbe la venta o transferencia de las acciones de CITGO en relación con los Bonos PDVSA 2020 8,5 por ciento, a menos de que se cuente con l autorización de dicho despacho. Se quiere dar oportunidad a que se pueda llegar a un acuerdo sobre las propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del referido bono, por lo que se podrán aplicar requisitos de licencia adicionales. “La OFAC alentaría a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política de concesión de licencias favorable para dicho acuerdo”[1].

  Sobre el activo venezolano en EE. UU. se han volcado las apetencias de decenas de acreedores con los cuales el régimen de Nicolás Maduro mantiene mil millonarias deudas, referidas en buena parte por el impago de intereses y capital de bonos emitidos, bien sea por la república como por la propia estatal petrolera, así como de sentencias que obligan el pago por parte de Venezuela a empresas expropiadas, tal es el caso de la minera Crystallex.

  CITGO sirvió no en pocas oportunidades sirvió de garantía colateral de varios préstamos, así como activo designado para la compensación de impagos del gobierno venezolano que se dirimieron en tribunales internacionales y de Estados Unidos.

  La administración de Donald Trump entregó CITGO al gobierno interino de Guaidó, cuando la Asamblea Nacional y decenas de países desconocieron la reelección presidencial de Nicolás Maduro luego de una convocatoria irregular de comicios. Tal apoyo de EE. UU se ha mantenido en el gobierno de Joe Biden, quien decidió darle continuidad a la medida de protección de la empresa venezolana[2].

  Carlos Vecchio, representante de la administración de Juan Guaidó en Estados Unidos, manifestó su satisfacción con la medida que protege a la petrolera CITGO “frente a deuda irresponsable contraída por dictadura de Maduro”.

   Dijo que “esta es la mayor extensión de licencia otorgada hasta ahora para proteger y preservar CITGO para la futura recuperación de Venezuela”, por lo que agradeció la medida al gobierno de Joe Biden.

  En la página web de la Embajada de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio atribuye al gobierno interino la obtención de estas medidas protección “logradas por el embajador Vecchio y la Procuraduría Especial ante la OFAC y otras instancias [que] han evitado que activos como CITGO sean liquidados y que sigan siendo parte del patrimonio de Venezuela”[3].  

Tribunal de Apelaciones rechaza orden de Tribunal de Distrito

  El 9 de febrero de 2022, la secretaria del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos, Patricia S. Dodszuweit, certificó que en fecha 18 de enero de 2022, dicha instancia judicial ordenó y adjudicó que las apelaciones de la orden del Tribunal de Distrito de Delaware del 14 de enero de 2021, presentadas por Corporación Petrolera CITGO; PDV Holding Inc.; Petróleos de Venezuela S.A. y CITGO Petroleum Corporation sea rechazada por falta de competencia.

Orden de venta

  El 2 de marzo de 2022, el juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, Leonard P. Stark, dictaminó la anulación en parte de las objeciones de las partes a la Orden de Procedimientos de Venta de CITGO Propuesta por el Magistrado Especial.

   Asimismo, ordenó que Crystallex International Corporation y la República Bolivariana de Venezuela se reúnan y consulten con el Auxiliar Especial y, a más tardar el 9 de marzo de 2022, presenten un informe de situación conjunto.

  Este informe deberá contemplar: i) sus posiciones sobre si el Tribunal debe certificar una apelación interlocutoria y, de ser así, exactamente qué preguntas deben certificarse; ii. Sus propuestas para el momento en que las partes del Proceso de Ventas y el Auxiliar Especial determinarán si quedan objeciones maduras que requieran resolución judicial y en qué horario y con qué folios se formularán las restantes objeciones.

  Del mismo modo, el informe debe incluir una orden propuesta que la Corte puede firmar para seguir implementando sus decisiones y preparar el caso para procedimientos adicionales consistentes con lo que se propone en el próximo informe de estado conjunto; y cualquier otra cosa que las partes deseen incluir en el informe.

Presiones de Wall Street

  Entretanto en los tribunales estadounidenses se libran batallas en las que Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido usar como bastión el centro financiero para tratar de recuperar el acceso al crédito internacional y atraer la inversión internacional a un país que, pese a su inmensa riqueza petrolera, no puede disfrutar de los beneficios que brinda el incremento de los precios del crudo en razón de la guerra en Ucrania.

  Así lo refiere una nota de The Wall Street que señala que a través de los tenedores de bonos y otros inversores, Maduro está ejerciendo presión ante la administración de Joe Biden para que levante las sanciones que pesan sobre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  La inteligente jugada —aunque la cercanía del régimen de venezolano con Vladimir Putin crea resquemores— apunta a que el gobierno estadounidense y el hemisferio occidental en general recurran a que el que por años fue un operador petrolero confiable en la región pueda recuperar su capacidad de producción, de manera que se alivien así las presiones que la guerra genera sobre los precios del hidrocarburo.

  La oferta que el régimen de Maduro presenta a través de sus agentes, contempla la reestructuración de la deuda que supera los USD 60 mil millones en bonos, “concesiones de infraestructura, reservas de petróleo y gas y privatizaciones de activos a cambio de una reestructuración de la deuda que comenzó a caer en incumplimiento en 2017”, refiere la nota.

 De esta manera Maduro quiere convertir a quienes hasta ahora han sido la principal amenaza contra los activos venezolanos en el exterior, en cabilderos suyos ante el gobierno de los Estados Unidos: los bonistas.[4].

  El pasado fin de semana se concretó la primera acción de poderoso lobby financiero. Nicolás Maduro, que no es reconocido formalmente como presidente legítimo de Venezuela, y en una clara contradicción de intereses de la política exterior del atribulado presidente estadounidense, Joe Biden envió una comisión de Alto Nivel encabezada por el encargado de América Latina en la Casa Blanca, Juan González.

  La Administración Biden informó que entabló contacto con el régimen de Nicolás Maduro con el objetivo de aligerar sanciones e incrementar el flujo de petróleo en el mercado internacional para atemperar los efectos de un embargo al crudo ruso por la invasión de Ucrania, ya que el crudo venezolano está sujeto a sanciones de Estados Unidos (EEUU) desde 2019.

   La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en rueda de prensa este lunes 7 de marzo: "En lo que respecta a Venezuela, el propósito de ese viaje de funcionarios incluía varios asuntos, también la seguridad energética, y también averiguar sobre el bienestar de ciudadanos de EEUU" que se encuentran detenidos en el país.

 Psaki admitió que hubo "un diálogo con miembros de la administración los pasados días, y las negociaciones están abiertas". También negó la portavoz que haya ninguna decisión tomada sobre sanciones a Venezuela.

    Nicolás Maduro ratificó las conversaciones en un directo que realizó en horas de la noche del lunes 7 de marzo, advirtiendo que apoya al presidente de Rusia, Vladimir Putin pero que está abierto a las conversaciones respetuosas, y positivas con Estados Unidos, quien lo ha reconocido de manera informal, por ahora.




[1] Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. “595. What does Venezuela-related General License 5I authorize?”. 20 de enero de 2022. https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/595


[2] Swissinfo. “EEUU extiende protección para Citgo frente a acreedores de Venezuela”. 20 de enero de 2022. https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-extiende-protecci%C3%B3n-para-citgo-frente-a-acreedores-de-venezuela/47279938


[3] Embajada de la República Bolivariana de Venezuela/Estados Unidos. “Tesoro de Estados Unidos extiende por 1 año más protección”. 20 de enero de 2022. https://us.embajadavenezuela.org/noticias/tesoro-de-estados-unidos-extiende-por-1-ano-mas-proteccion-sobre-citgo/


[4] The Wall Street Journal. “Venezuela Asks Wall Street to Help Lift U.S. Sanctions So Oil Can Flow”. 3 de marzo de 2022. https://www.wsj.com/articles/venezuela-asks-wall-street-to-help-lift-u-s-sanctions-so-oil-can-flow-11646312401

lunes, 24 de enero de 2022

Juicio de empresa de David Rivera revela trama corrupta de políticos venezolanos en Miami

  Una trama que ha generado muchas suspicacias y que, se estima, arrojará luces de los ocultos esquemas de corrupción que existen entre la clase política en Miami relacionada con Venezuela.

 Por Maibort Petit

     En  un juicio que se realizará este verano en Nueva York se podrá esclarecer a dónde fueron a parar los fondos pagados por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), empresa estatal controlada por el régimen de Nicolás Maduro  a la consultora Interamerican Consulting Inc, propiedad del excongresista cubanoamericano, David Rivera. En los  cuestionarios enviados por la demandante PDV USA, a la parte acusada  se han mencionado los nombre del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, del prófugo de la justicia de Estados Unidos, Raúl Gorrín y de otras personas ligadas a la oposición y al chavismo en el estado de la Florida.  
    El asunto radica en una demanda, de carácter civil, que entablaron los abogados de PDV USA/CITGO (controlada por el gobierno interino presidido por Juan Guaidó), en mayo 2020 por el incumplimiento de un contrato por USD 50 millones que otorgó Petróleos de Venezuela (bajo el mando del régimen Nicolás Maduro) en 2017 a la empresa del excongresista, David Rivera (Interamerican Consulting Inc.) para cabildear en favor de PDVSA ante las autoridades estadounidenses en Washington DC. y mejorar la imagen de la estatal petrolera ante el gobierno federal del entonces presidente Donald Trump.

   La primera parte del pago del contrato, equivalente a USD 15 millones, (tres transferencias de USD 5 millones cada una) fue pagado por CITGO Petroleum Corp. sustentándose en un reporte de acciones realizadas por Interamerican ante diversos entes oficiales en la capital de EE. UU. Luego surgieron dudas ante la advertencia que los servicios de cabildeo presuntamente no fueron realizados (según la demanda). Tras una alerta de  los auditores, CITGO no pagó el resto del contrato, es decir, USD 35 millones.


    Rivera presionó a CITGO para que le pagara el remanente, pero la filial de PDVSA en Estados Unidos decidió no continuar los pagos, debido a la falta de claridad de los servicios prestados. A mediados de 2020, los abogados de la corporación ligada a CITGO, PDV-USA que pasó a manos del gobierno interino en abril de 2019 decidieron demandar a Interamerican ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando que David Rivera le devuelva a CITGO los USD 15 millones recibidos por los servicios del contrato incumplido. 

   El excongresista respondió a la demanda PDV USA (CITGO) con una solicitud de cobro del remanente de USD 35 millones y con señalamientos que involucran a varios políticos y personas vinculadas a la oposición y al régimen de Maduro.




   Los 6 de CITGO es el nombre por el que se conoce a un grupo de seis altos directivos de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, quienes fueron detenidos el 21 de noviembre de 2017, acusados de firmar un acuerdo que era desfavorable para CITGO. Los seis hombres permanecen tras las rejas en Caracas.


    Otros nombres que surgieron en la cobertura periodística de este caso en Miami, incluye a uno de los prófugos de la justicia estadounidense, Raúl Gorrín, acusado de varios delitos financieros en EE. UU.; la pareja sentimental de Rivera, dueña de una empresa de cabildeo, Esther Nuhfer; y a Hugo Perera.

     Para la fecha en que fue entregado el contrato de PDVSA (marzo 2017), los siguientes funcionarios aparecían ocupando puestos claves en la estatal petrolera: Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa y César Triana.

   En las respuestas dadas por Interamerican en el cuestionario enviado por la parte acusadora, Rivera menciona a varios (ex) ejecutivos y (ex) empleados de CITGO en la casa matriz de Houston, Texas, así como a otros con conocimiento directo de la razón de la demanda y que pueden ser testigos por manejar  información relevante sobre el objeto de la querella, a saber: Arnaldo Arcay, José Luis De Jongh-Atencio, Dustin Rozeboom, Judith Colbert, Rafael Gómez, Edoardo Orsoni, Guillermo Blanco,  Pio González, José Ángel Pereira, Gustavo Cárdenas,  Alejandro Escarrá, Elio Tortolero, Raúl Gorrín, Hugo Perera, Esther Nuhfer,  Bertica Cabrera, Pete Sessions y el mismo David Rivera.


    En las preguntas, aparecen mencionadas dos empresas que presuntamente habrían recibido parte de los fondos provenientes de PDV USA a través de los tres pagos del contrato no cumplido.

1) Detalles de los USD 625.000 que Interamerican transfirió a Krome Argonomics LLC el 27 de marzo de 2017.

Krome Argonomics LLC es una entidad creada en el estado de la Florida por Hugo Perera el 21 de julio de 2008, ubicada en 141 Sevilla Ave Miami, FL 33134 y que, hasta la fecha, se encuentra activa.

2) Detalles de USD 3.750.000 que Interamerican transfirió a Interglobal Yacht Management LLC entre el 31 de marzo de 2017 y el 24 de abril de 2017.

Interglobal Yacht Management LLC es una empresa registrada en la Florida, el 9 de enero de 2017 por Joel Brakal y Daniel Marinucci en 2665 South Bay Shore Dr. Suite 600, Miami, Florida, 33133.


Las mociones de Interamerican Consulting Inc. a los cuestionarios de PDV USA

  El excongresista cubanoamericano, David Rivera, a través de su empresa, Interamerican Consulting Inc., se refugió en la Regla 33.3 para no dar respuesta inmediata a las preguntas formuladas por los abogados de Petróleos de Venezuela USA (PDV-USA) (CITGO) en relación a la demanda por incumplimiento de un contrato de USD 50 millones (firmado en 2017, para realizar gestiones de cabildeo ante el gobierno Federal y el Congreso de los Estados Unidos con miras a mejorar la imagen de PDVSA ante las autoridades en Washington DC). La empresa demandada recibió un primer pago de USD 15 millones por un trabajo que no ejecutó, según los documentos de la demanda.

  Los abogados de David Rivera entregaron a la corte una serie de objeciones a varios cuestionarios enviado por los demandantes, PDV USA (CITGO) para darle claridad a los hechos señalados.

 Interamerican Consulting Inc. se opuso a cada uno de los Interrogatorios de PDV USA por considerarlos inadmisibles en la medida en que son incompatibles con la Regla Local 33.3.

  La empresa de Rivera alega que la parte acusadora busca la producción de materiales o la divulgación de información protegida del descubrimiento por el privilegio abogado-cliente, la doctrina del producto del trabajo o cualquier otra protección aplicable.

   En las mociones, Interamerican sostiene que las respuestas se realizan únicamente a los efectos de esta acción.

   Advierte que cada respuesta está sujeta "a todas las objeciones en cuanto a competencia, relevancia, materialidad y admisibilidad, y a todas y cada una de las demás objeciones y motivos cuyas objeciones requerirían la exclusión de cualquier escrito presentado en el presente en el juicio, todas las cuales objeciones y motivos están reservados y pueden interponerse en el momento del juicio".

No está preparado para el juicio

  Interamerican advierte que no ha completado su investigación y descubrimiento en la acción y no ha completado su preparación para que el juicio pueda celebrarse. "Cualquier respuesta en este documento se basa en la información actualmente conocida por el Demandado".

Preguntas y respuestas

1. Describir en detalle el desempeño de Interamerican en virtud del Acuerdo, incluido, entre otros, el establecimiento de detalles adecuados y completos de todos y cada uno de los servicios prestados.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

2. Identifique a las siguientes personas y/o entidades a las que se refirió Interamerican en el Informe Final y describa en detalle cualquier reunión, discusión o comunicación con ellas, incluyendo, pero sin limitarse a aquellas a las que se hace referencia en el 18 de abril, 16 de mayo de Secciones del 30 de mayo y 13 de junio del Informe final: “formuladores de políticas”, “líderes de opinión”, “actores del sector público”, “partes interesadas del sector público”, “actores del sector privado”, “entidades del sector privado”, “organizaciones del sector privado”, “interlocutores importantes asociados con las organizaciones objetivo del sector privado”, “interlocutores”, “partes interesadas objetivo”, “partes interesadas importantes” y “funcionarios públicos clave”.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud por estar fuera del alcance de la Regla Local 33.3. Sujeto a las Objeciones Generales del Demandado y en la medida en que esta solicitud busca nombres de testigos con conocimiento de información relevante al objeto de la acción, Interamerican proporciona lo siguiente:

A Arnaldo Arcay

B. José Luis De Jongh-Atencio

C. Dustin Roze Boom

D. Judith Colbert

E. Rafael Gómez

F. Edoardo Orsoni

G. Guillermo Blanco

H. Pío González

I. José Ángel Pereira

J. Gustavo Cárdenas

K. Alejandro Escarrá

L. Elio Tortolero

M. Raúl Gorrín

N. Hugo Perera

O. Esther Nuhfer

P. Bertica Cabrera

Q. Sesiones de Pete

R. David Rivera

3. Describa en detalle todas y cada una de las reuniones, discusiones y comunicaciones que Usted ha tenido con cualquier empleado, agente, director, funcionario o representante de PDV USA, PDVSA, CITGO Petroleum Corporation y/o cualquier persona asociada con el Gobierno de Venezuela, incluidos, entre otros, Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa y César Triana, en relación con el Acuerdo.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

4. Describa en detalle cualquier reunión, discusión o comunicación que haya tenido con “la oposición a las protestas anti-Maduro”, Leopoldo López, Raúl Gorrín, Esther Nuhfer, Hugo Perera, o cualquier oposición venezolana o líderes, organizaciones anti-Maduro, entidades, partidos, fuerzas o facciones, o cualquier representante de cualquiera de los individuos, grupos o entidades mencionados en este interrogatorio, en relación con el Acuerdo o en relación con PDV-USA, PDVSA y/o CITGO Petroleum Corporation.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

5. Describa en detalle los hechos que subyacen a las declaraciones atribuidas a David Rivera en el artículo de CE Noticias Financieras (inglés) del 13 de mayo de 2020 titulado “PDVSA denuncia a excongresista de EE. UU. por el pago de USD 15M” y en el artículo del Miami Herald del 14 de mayo de 2020 escrito por Jay Weaver y Antonio María Delgado, titulado “Rivera no se registró como agente extranjero en contrato de $50 millones con petrolera venezolana”, incluyendo las siguientes declaraciones: “pregúntenle a los muchachos de los 6 de CITGO”; “Manejaron toda esa operación, incluyendo todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana… Eso es todo lo que sé"; y “Todos esos fondos se destinaron a la oposición para las protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi ni un centavo de eso”.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

6. Describa en detalle a quién, cómo, cuándo y por qué Interamerican ó David Rivera desembolsaron los fondos recibidos de PDV USA o PDVSA, incluida, entre otras, la descripción detallada de los USD 625.000 que Interamerican transfirió a Krome Argonomics LLC el 27 de marzo de 2017 y los USD 3.750.000 que Interamerican transfirió a Interglobal Yacht Management LLC entre el 31 de marzo de 2017 y el 24 de abril de 2017. Incluya en su descripción de cada pago o transferencia, la identidad del destinatario inmediato, cualquier destinatario final previsto, el propósito del pago, si el pago se realizó en relación con el Acuerdo y quién aprobó el pago.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.


7. Identifique todas las cuentas bancarias utilizadas por Interamerican o David Rivera.

RESPUESTA: Sujeto a las objeciones generales del demandado y de acuerdo con Fed. R. Civ. P. 33(d), Interamerican producirá los registros de cuentas bancarias pertinentes que estén en su posesión, custodia o control.
 
8. Describa en detalle la “serie de medidas proactivas [propuestas por Interamerican] a seguir en nombre del Cliente (PDVSA) que abarcarían áreas de interés mutuo entre el Cliente y los Estados Unidos”, a las que se refiere la entrada del 4 de abril de la Resolución Final de Informe entregado por David Rivera to Mr. Pio González en Diciembre 31, 2017.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

9. Describa en detalle a qué estrategias se refirió Interamerican en la parte de la sección “Recomendaciones provisionales” del Informe final que establece que “el éxito estará determinado por la determinación del Cliente de dar seguimiento a las estrategias que se han implementado durante los últimos varias semanas."

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

10. Describa en detalle “los objetivos y propósitos declarados de la propuesta del Consultor” a los que se hace referencia en la sección “Recomendaciones provisionales” del Informe final de David Rivera para Pio González en Diciembre 31, 2017.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible. según la Regla Local 33.3.

11. Describa en detalle las "opciones y pasos importantes" a los que se hace referencia en la parte de la sección del 30 de mayo del Informe Final que dice: "El Consultor proporcionó al Cliente varias opciones y pasos importantes que serían necesarios para perseguir las metas y objetivos originales frente a los actores del sector público en los Estados Unidos”.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

12. Describa en detalle cómo el “Consultor ha facilitado el desarrollo de elementos clave que acelerarían esa relación positiva con las partes interesadas en los Estados Unidos”, incluida la identificación de las “partes interesadas en los Estados Unidos” a las que se refiere esto, como se indica en la sección del 13 de junio del Informe Final.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

13. Describa en detalle el "marco para un plan de acción estratégica que se puede utilizar como vehículo para monitorear la capacidad de respuesta de las partes interesadas al Cliente, así como para canalizar las discusiones y el diálogo hacia el logro de las metas y objetivos generales del Cliente" que, según a la sección del 21 de junio del Informe Final, Interamerican proporcionó al “Cliente”, incluyendo a quién se proporcionó el “marco” y cuándo.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

 14. Describa en detalle el “plan estratégico” al que se hace referencia en la sección del 21 de junio del Informe Final, incluidos los “esfuerzos multifacéticos tanto hacia los funcionarios del sector público y los líderes de opinión como hacia las partes interesadas específicas del sector privado”, el “plan para apoyar los esfuerzos para mejorar la reputación y la posición a largo plazo del Cliente”, y cómo Interamerican “desarrolló e implementó” dicho plan.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

15. Describa en detalle las “comunicaciones comerciales críticas” a las que se hace referencia en el párrafo 14 de la Reconvención de Interamerican.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

16. Describa la manera y el plazo en el que ha conservado los Documentos o Comunicaciones, incluida la información almacenada electrónicamente, que pueden ser relevantes para esta Acción.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

17. Identificar todos los dispositivos de almacenamiento electrónicos y no electrónicos, incluidas cuentas de correo electrónico, discos duros, discos compartidos, servidores, teléfonos inteligentes, todos los demás tipos de almacenamiento electrónico, archivadores, cajas y todos los demás tipos de almacenamiento no electrónico, en los que Los Documentos o Comunicaciones relacionados con cualquiera de los reclamos o defensas de las partes en esta Acción pueden ahora, o pueden haber sido, localizados o encontrados en el pasado.

RESPUESTA: Sujeto a las Objeciones Generales del Demandado, el Demandado declara que los siguientes dispositivos de almacenamiento electrónicos y no electrónicos contienen documentos o comunicaciones relacionados con las reclamaciones o defensas de las partes en esta Acción:

A. Email de cuenta de David Rivera: rivera2002@comcast.net

B. Computadora personal de David Rivera

C. Cuenta de WhatsApp de David Rivera

Demandante se queja ante la falta de respuestas de David Rivera

  Los abogados de PDV-USA CITGO se quejaron ante el tribunal por la falta de respuestas al cuestionario enviado a Interamerican Consulting, señalando que "las respuestas de Interamerican son totalmente inadecuadas y no cumplen con la Regla Federal Civ. Pág. 33 o Regla Local 33.3".

  Los abogados del interinato se quejan que David Rivera se haya opuesto a cada uno de los interrogatorios declarando como “como inadmisibles según la Regla Local 33.3”.

   Señalan que el demandado se dedicó a proporcionar una lista que no responde de "testigos con conocimiento de información relevante para el tema de la acción", acordar producir registros de cuentas bancarias relevantes y proporcionar una lista de dispositivos de almacenamiento que “contengan documentos o comunicaciones relacionados con los reclamos o las defensas de las partes en esta Acción”.

  De conformidad con la Regla Local 33.3(b), los interrogatorios pueden entregarse “si son un método más práctico para obtener la información solicitada que una solicitud de producción o una declaración”.

   La parte acusadora destaca que "los interrogatorios son el método más práctico para obtener esta información. El Demandante necesita la información solicitada ahora para que pueda realizar un descubrimiento de seguimiento con respecto a los esfuerzos que Interamerican supuestamente realizó durante su compromiso de tres meses con el Demandante".

   Si Interamerican efectivamente prestó servicios reales a cambio de los USD 15 millones en pagos que recibió del Demandante y los USD 30 millones adicionales que ahora solicita, estos servicios deberían ser fáciles de identificar. No se debe obligar al demandante a esperar las deposiciones o la producción de documentos y su invocación de la Regla Local 33.3 sin ninguna explicación que justifique la objeción no es una respuesta válida a estos interrogatorios.

   En todo caso, la continua evasión de Interamerican a dar respuesta simplemente sirve para confirmar que no se prestaron servicios de conformidad con el acuerdo.

   Según los abogados de PDV USA Inc. Interamerican Consulting Inc. se ha opuesto a responder los 17 interrogatorios enviados sobre la base de que son prematuros o inadecuados según la Regla Local 33.3(b).

   Argumentan que los interrogatorios en disputa hacen preguntas básicas y específicas sobre los servicios de consultoría supuestamente proporcionados por Interamerican como parte del contrato que es el centro de la querella legal, como con quién se reunió Interamerican y qué hizo.

  Aclara que "en ausencia de respuestas sustantivas a los interrogatorios impugnados, PDV USA no tiene forma de saber dónde enfocar el descubrimiento a medida que avanza este caso, un problema que se vuelve aún más apremiante por las principales deficiencias hasta la fecha.

  Sostiene que Interamerican ha presentado apenas 129 documentos y ni siquiera ha comenzado a realizar una búsqueda forense de los archivos de su único custodio, David Rivera.

  Agregan que PDV USA no se está moviendo, en este momento, para obligar con respecto a la producción de documentos de Interamerican porque se comprometió a someterse a una recopilación de documentos con solidez forense, supervisada por un abogado, con un proveedor de documentos. También se ha comprometido a reproducir los documentos ya producidos para PDV USA utilizando archivos de carga estándar con los metadatos correspondientes.

    Los abogados de PDV-USA reafirman que debido a que Rivera no ha dado respuestas por los servicios prestados a PDVSA a cambio de USD 50 millones durante tres meses, los demandantes llegaron a la conclusión de que Interamerican no prestó servicios de consultoría de ningún tipo en virtud del Acuerdo.

   Interamerican proporcionó solo dos informes breves —aun cuando el compromiso era proporcionar al menos siete— que se referían genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones” y “recomendaciones”, pero no describían un solo elemento del presunto plan, identificaron a los participantes de la reunión o discusiones de reuniones, o especificar qué recomendaciones se hicieron o a quién.

   En consecuencia, es fundamental que PDV USA pueda descubrir con quién se reunió Interamerican y, exactamente, qué servicios (si los hubiere) supuestamente proporcionó en virtud del Acuerdo.

   Con ese fin, el 1 de octubre de 2021, PDV USA cumplimentó diecisiete interrogatorios, cuyas respuestas debieron ser claras, pero el acusado respondió el 1 de noviembre de dicho año, sólo uno de los estos interrogatorios y objetando el resto.

   Posteriormente, las partes intercambiaron correspondencia escrita en un esfuerzo por resolver la disputa. La única objeción de Interamerican sigue siendo su afirmación concluyente.

Fechas claves del juicio

   Ya existe un calendario aprobado por las partes en el juicio de PDV Holding-CITGO contra Interamerican Consulting Inc.

  De acuerdo a la programación, las partes acordaron que el plazo máximo para el descubrimiento, la deposición y los alegatos de los hechos vencen el 23 de marzo de 2022. Las deposiciones de los expertos vencen el 11 de mayo de 2022, mientras que las mociones serán para el 24 de junio de 2022.

   El Juez John G. Köeltl firmó la orden conjunta previa al juicio para el 18 de julio 2022. Asimismo, la corte asignó a un juez para las acciones generales antes del juicio —lo cual incluye programación, descubrimiento, mociones previas al juicio no dispositivas y conciliación— al magistrado, Robert W. Lehrbürger.

Referencias 

1)https://account.miamiherald.com/paywall/subscriber-only?resume=242707216&intcid=ab_archive
2) https://www.diariolasamericas.com/america-latina/leopoldo-lopez-demandara-legalmente-david-rivera-difamacion-n4201307
3) https://www.youtube.com/watch?v=KhldfuzulS4