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viernes, 23 de julio de 2021

Conozca los detalles del caso EE. UU. vs. CITGO por daños a recursos naturales en Luisiana

  Un derrame petrolero desde su refinería en Lake Charles es la causa de la acción legal que culminó con la imposición de una multa de más de USD 19 millones.

Por Maibort Petit

   Entre el cúmulo de demandas que ya acumula la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en los Estados Unidos, una entablada conjuntamente por el gobierno federal y estado de Luisiana, castiga la negligencia de CITGO en el manejo de los residuos petroleros a raíz de un derrame ocurrido en 2006, con una multa que sobrepasa los USD 19 millones y que se suma a la amenaza que cierne sobre el principal activo de Venezuela fuera de sus fronteras, al enfrentar  múltiples reclamos de resarcimiento que ponen en riesgo la existencia misma de la estatal.

  Ante el Tribunal para el Distrito Oeste de Luisiana, los Estados Unidos y el estado de Luisiana presentaron una demanda en contra de CITGO Petroleum Corporation por daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de los recursos naturales a consecuencia de la descarga de petróleo de su refinería en Lake Charles, en dicha entidad federal, ocurrida el 18 y 19 de junio de 2006. Los demandantes piden compensación y restauración, así como también recuperar los costos no reembolsados de evaluar dichos daños.

  El 16 de junio de 2021, el Departamento de Justicia presentó una propuesta Decreto de consentimiento con el Tribunal para Distrito Oeste de Louisiana en la demanda que conjuntamente entablaron contra CITGO Petroleum Corp. en la acción civil identificada con el número 2: 21-cv-1705.

  La aprobación del Decreto de Consentimiento por el Tribunal, significó la sentencia final del caso entre las partes.

    El Decreto de Consentimiento constituye el acuerdo final, completo y exclusivo de entendimiento entre las partes y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos anteriores, ya sean orales o escritos.

  Se advierte que el Decreto de Consentimiento terminará automáticamente una vez que se complete el pago por parte de CITGO Petroleum Corporation de los montos requeridos en virtud de la Sección VI y el pago de las sanciones estipuladas aplicables en virtud de la Sección VII.

La demanda conjunta

   La Demanda en este caso de daños a recursos naturales se presentó simultáneamente con la presentación del Consentimiento propuesto Decreto. Por un lado, la Demanda alega que CITGO es responsable por daños y perjuicios bajo OPA y OSPRA por haber vertido residuos petroleros en el Canal de Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario de Calcasieu en junio de 2006 ocasionando graves daños a los recursos naturales. Por el otro, el Decreto de Consentimiento propuesto establecía que CITGO pagará un total de USD 19.688.149,83, de los cuales USD 19,16 millones se destinarán a la restauración de la zona por los daños ocasionados por el derrame petrolero, mientras los restantes USD 528.149.83 se reembolsarán a los fideicomisarios por todos los costos de evaluación no pagados.

  Anteriormente, un juez federal de Luisiana, atendiendo una demanda interpuesta por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., declaró la causa del derrame en 2006 como “negligencia grave” de CITGO en la operación y mantenimiento de su instalación de tratamiento en Lake Charles.

   La acción legal fue presentada por el Fiscal General de los Estados Unidos, actuando a solicitud de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio (NOAA) y el Departamento del Interior (DOI), a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) y el Estado de Luisiana, a través de la Oficina del Coordinador de Derrames de Petróleo, Departamento de Correcciones y Seguridad Pública (LOSCO), Departamento de Recursos Naturales (LDNR), Departamento de Calidad Ambiental (LDEQ), Departamento de Vida Silvestre y Pesca (LDWF) y Autoridad de Restauración y Protección Costera (CPRA).

  Los demandantes procuran que CITGO se sustentan para esta acción civil en las Secciones 1002 (a) y 1002 (b) (2) (A) de la Ley de contaminación por hidrocarburos (OPA), 33 USC §§ 2702 (a) y 2702 (b) (2) (A), y la Sección 2480 de la Ley de Prevención y Respuesta a Derrames de Hidrocarburos de Luisiana (OSPRA), La. R.S. 30: 2480.

El primer reclamo

  El primer reclamo de alivio de los Estados Unidos y el estado de Luisiana es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 1002 de OPA.

  Refieren que el 18 de junio de 2006 cuando ocurrió el derrame petrolero, CITGO era el propietario y operador de la refinería en Lake Charles, Luisiana, incluida la unidad de tratamiento de aguas residuales y los tanques de almacenamiento relacionados.

   Dicha refinería es una "instalación en tierra" según el significado de la Sección 1001 (24) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (24). Además, CITGO era la "parte responsable" de la instalación en tierra dentro del significado de la Sección 1001 (32) (B) de OPA, 33 U.S.C. Sección 2701 (32) (B).

  Sostiene la demanda que los días 18 y 19 de junio de 2006, CITGO descargó millones de galones de residuos petroleros de dos tanques de almacenamiento de aguas residuales en su unidad de tratamiento de aguas residuales. Los referidos tanques de diez millones de galones fueron diseñados para servir como tanques para tormentas, eran utilizados incorrectamente por CITGO durante años al destinarlos para acumular residuos petroleros, lodo y aguas residuales aceitosas en su unidad de tratamiento. Ocurrió que, durante una tormenta, el aceite se desbordó de los dos tanques y estando la berma de contención secundaria alrededor de los tanques defectuosa, el petróleo fluyó hacia la vía fluvial y las costas adyacentes de Indian Marais y luego hacia el río Calcasieu y el estuario y las costas adyacentes.

  Debido a esto, al menos 54.000 barriles de residuos petroleros e incontables millones de galones de aguas residuales aceitosas fluyeron hacia las vías fluviales durante el incidente.

  Después del juicio en una acción de aplicación de la Ley de Agua Limpia relacionada, el tribunal de distrito determinó que la causa de la descarga de petróleo fue la negligencia grave de CITGO en la operación y mantenimiento de su planta de tratamiento de aguas residuales y la falta de suficiente capacidad de almacenamiento y tratamiento. La corte determinó que el derrame de petróleo de CITGO fue "masivo, excesivo y una tragedia".

  El derrame de petróleo se interpreta como la "descarga" que describe la Sección 1001 (7) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (7), mientras que el petróleo liberado en el incidente fue "petróleo" según el significado de la Sección 1001 (23) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (23).

   La descarga se produjo en aguas navegables de los Estados Unidos y contaminó una parte significativa del Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario. Las vías fluviales y aproximadamente 150 millas de la costa se contaminaron con petróleo, incluidas áreas pantanosas, de playa, residenciales e industriales, y una amplia variedad de recursos naturales fueron dañados por el petróleo vertido.

   Esto afectó a las especies marinas y a las aves que hacen vida en la zona y contaminó hábitats acuáticos y costeros. Asimismo, el derrame petrolero interrumpió durante diez días el comercio y la navegación a lo largo del Canal de Navegación y el Canal Intracostero, y redujo el uso recreativo del río y el estuario afectados.

   El derrame petrolero de CITGO causó daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de “recursos naturales” pertenecientes a los Estados Unidos o el Estado dentro del significado de la Sección 1001 (20) de OPA, 33 USC § 2701 (20), incluidos los hábitats pantanosos, submareales e intermareales y una amplia variedad de vida acuática, aves y vida terrestre.

  Los Fideicomisarios de los Estados Unidos y el Estado están coordinando la evaluación de daños a los recursos naturales y los esfuerzos de restauración, además de haber incurrido en costos para ello.

El segundo reclamo

  El segundo reclamo es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 2480 de OSPRA.

  Se explica que los fideicomisarios de Luisiana, LOSCO, LDNR, LDEQ, LDWF y CPRA actúan como Fideicomisarios estatales bajo OSPRA según La. R.S. 30: 2451, et seq. y LA. Código de Administración tit. 43, parte XXIX, et seq. De igual modo, CITGO era el propietario y operador de su refinería de Lake Charles y, como tal, es la "parte responsable" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (22).

   Se advierte que descarga no fue autorizada por un permiso federal o estatal y por lo tanto constituye una "descarga de petróleo no autorizada" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (29), ocasionando daños, destrucción o pérdida de recursos naturales administrados, mantenidos en fideicomiso y/o regulados por los Fideicomisarios estatales.

   Los Fideicomisarios del Estado han incurrido en costos para evaluar los daños a los recursos naturales resultantes de la descarga no autorizada de petróleo y de acuerdo a la ley, CITGO es responsable ante ellos por daños a los recursos naturales, incluido el costo razonable de evaluar dichos daños.



jueves, 22 de julio de 2021

CITGO demanda a Teknik Trading para evitar subasta de bienes congelados por sanciones a PDVSA

   La filial de la petrolera estatal venezolana en Estados Unidos quiere evitar que la demandada, una subsidiaria de Clover, subaste lo que considera como evidencia.

Por Maibort Petit

   Para evitar la subasta de bienes comprados por CITGO Petroleum Corporation, con un valor de USD 11 millones, los cuales se encuentran almacenados en depósitos de Teknik Trading Inc., la filial de Petróleos de Venezuela S.A. demandó a la segunda ante la Corte para el Distrito Sur de Texas-División Houston para frenar dicha venta. La mercancía, adquirida la petrolera estaba destinada a PDVSA, pero se encuentra congelada en los referidos almacenes en razón de las sanciones de que es objeto la estatal venezolana.

  La empresa demandante busca una orden de restricción temporal para preservar el status quo de la mercancía, dado que a criterio de CITGO es evidencia y, de ser vendida, se perdería su valor probatorio.

   La demanda fue presentada el 25 de junio de 2021 por Nicole M. Perry, de la firma Jones Day, en representación de CITGO Petroleum Corporation, contra Teknik — subsidiaria de Clover International— que es una corporación de Florida con su sede principal en Miami.

Los hechos y la situación planteada

   CITGO contrató con Teknik hace más de una década —el 5 de mayo de 2010— servicios logísticos. La demandada, según el contrato, debía adquirir bienes bajo la dirección de la demandante, realizar diversos servicios logísticos y entregar los bienes a PDVSA en puntos de entrega específicos. En el pie de página la demanda advierte sobre este punto que, si bien esto era la letra del acuerdo, CITGO fue la que pagó por los bienes adquiridos y no Teknik. Por estos servicios —compra, almacenaje y distribución— Teknik recibiría una comisión sobre el valor total de los bienes y el reembolso de los costos en que incurriere.


   Los términos del acuerdo establecían que Teknik garantizaría a CITGO cualquier solicitud de pago con la documentación adecuada; renunciar a cualquier derecho de retención de los bienes; y permitir auditorías por parte de la filial de PDVSA.

  Igualmente, el Acuerdo contempla que Teknik mantendrá la propiedad de los bienes hasta que sean entregados a PDVSA, cuando esta pasará a ser la dueña de los bienes. También que CITGO reembolsaría a Teknik ciertos costos en los que hubiera incurrido en la ejecución del trabajo y que sean razonables.

  Se estableció una comisión del 6 por ciento o tarifa de servicio basada en la cantidad que CITGO pagó por los bienes, que se pagaría a Teknik en el momento de la entrega.

  Para que los reembolsos procedieran, se requería que Teknik proporcionara un resumen detallado de sus costos y gastos junto con suficiente documentación de respaldo, como facturas, recibo de venta u otro recibo probatorio.

   Del mismo modo, el acuerdo establece que cada parte debe cumplir con las leyes aplicables, incluidas las de corrupción extranjeras, en el desempeño de sus derechos y obligaciones.

  El Acuerdo otorga a CITGO un derecho de auditoría amplio y sin reservas para garantizar que Teknik cumpla con los términos del Acuerdo. Específicamente, se estipulan en la sección 17, que "CITGO tendrá derecho a auditar los registros de Teknik y Clover para confirmar el cumplimiento" del Acuerdo.

   Quedó estipulado que cualquier incumplimiento del Acuerdo es motivo para que CITGO retenga el pago de Teknik. Allí se indica que "En el caso de que cualquiera de las partes incumpla cualquier disposición de este Acuerdo o Apéndice relacionado con el mismo, la parte infractora acepta (...) Eximir de responsabilidad a la otra parte de (...) cualquier costo incurrido por la parte no infractora".

   Para el momento en que la OFAC incluyó a PDVSA en su Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Específicamente Designadas (SDN), Teknik tenía en su poder más de USD 11 millones en bienes por los que CITGO ya había pagado. Estos bienes nunca llegaron a su destino en razón de que la medida gubernamental y como resultado, la propiedad y los intereses en la propiedad de PDVSA, incluidos los bienes en los depósitos de Teknik, fueron congelados.

   Para cumplir con la orden de bloqueo, CITGO instruyó a Teknik que cancelara cualquier orden de compra pendiente y la empresa demandada procedió a almacenar los productos ahora varados en dos almacenes en Houston y Miami.

   Narra la demanda que CITGO tuvo conocimiento de que un miembro de Clover, de la que es subsidiaria Teknik, se declaró culpable de esquemas de soborno relacionados con acuerdos de adquisición con PDVSA. Tal situación preocupó a CITGO y ha tratado de cumplir diligentemente con sus deberes contractuales al mismo tiempo que cumple con la orden de sanciones y se asegura de que no aumente la corrupción involuntariamente por parte de Teknik o su afiliada.

   En ese contexto, surge la disputa entre las partes, en el que CITGO advierte que, si mantiene alguna deuda con Teknik en razón del acuerdo, está dispuesta a pagarla, pero pone como condición que se realice una auditoría e inspección de los bienes. Tal pago se realizaría bajo la autorización que la OFAC ha dado para que CITGO pague algunos montos adeudados.

 Pero para CITGO la auditoría es fundamental para, primero, garantizar que Teknik haya cumplido tanto con el Acuerdo como con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes de corrupción pública; y segundo, determinar el valor actual de los bienes y la exactitud de la documentación de Teknik de sus costos. Esto permitiría determinar lo que CITGO le debe a Teknik por la adquisición y el almacenamiento de los bienes.

Conducta sospechosa

  CITGO en la demanda advierte lo que considera una conducta sospechosa y evasiva por parte de Teknik durante las negociaciones de inspección de las partes, lo cual ha aumentado las preocupaciones de la demandante acerca de lo que realmente está sucediendo.

   Refiere que Teknik ha frustrado repetidamente la solicitud de CITGO de llevar a cabo una inspección de las mercancías; presentó documentación incompleta e incorrecta sobre los montos que reclama como deuda de CITGO; y se negó a que la empresa demandante asumiera el almacenamiento de los bienes que pagó.

  Teknik planea subastar los bienes varados para compensar las cantidades que afirma que CITGO le debe, aunque las partes acordaron una suspensión temporal de la subasta.  

   CITGO estima que una subasta la perjudicaría irreparablemente al eliminar su capacidad de evaluar el valor, la condición y la cantidad de los bienes, cuestiones que son el núcleo de la reparación declarativa que formula ante la corte. Sostiene la demandante que, si los bienes se subastan, perderá permanentemente el derecho de inspeccionarlos para evaluar su valor en función de las condiciones de almacenamiento, un derecho que Teknik le otorgó expresamente precisamente para una situación como esta.

La solicitud de CITGO

   La demandante CITGO pide ante el Tribunal para el Distrito Sur de Texas-División Houston, una declaración de que no tiene deuda con la demandada, en razón de que esta última violó o no cumplido con el Acuerdo.

  En segundo lugar, asumiendo que exista alguna deuda, CITGO busca una declaración del monto que sea adecuado.

  Sobre esto último, CITGO se reserva el derecho de buscar ayuda de emergencia para detener la subasta de los bienes varados y exigir que Teknik le permita realizar una inspección comercialmente razonable de los bienes.

  La demanda argumenta que los bienes son evidencia crucial sobre los temas centrales del caso, como el determinar el monto de la deuda de CITGO respecto a Teknik por concepto de almacenamiento y comisiones. La demandada estima que son más de USD 5 millones, mientras la demandante considera que es menos de esa cantidad.

  En específico, Teknik afirma que CITGO le adeuda USD 3.528.426,42 desagregados así: inspecciones USD 8.130,40; tarifa/comisión de servicio USD 657,963.70; demora USD 81.460,00; flete USD 34.664,42; manipulación USD 460.558,37; seguro USD 3.006,21 dólares; y gastos financieros USD 266.227,44 dólares.

    En tercer lugar, CITGO busca una sentencia que establezca que el no permitir la inspección previa a la subasta por parte de Teknik, es un incumplimiento del contrato de las partes. De este modo, se solicita una orden judicial para que Teknik cumpla con el contrato y permita una inspección.

   CITGO propone que, para preservar el status quo, el tribunal emita (a) una orden de restricción temporal para detener la subasta y, después de una audiencia, emitir una orden judicial preliminar que requiera que Teknik permita una inspección comercialmente razonable, o (b) una prueba-orden de conservación que detenga la subasta y ordene directamente que se lleve a cabo una inspección comercialmente razonable.


 

miércoles, 14 de julio de 2021

José Luis De Jongh Atencio establece acuerdo con la fiscalía: Fuentes aseguran que hará grandes revelaciones

 La sentencia del ex-funcionario corrupto de CITGO, se prorrogó hasta enero de 2022.

Por Maibort Petit

    Luego de haberse declarado culpable[1] por participar en un esquema internacional de lavado de millones de dólares en sobornos y por otorgar ventajas comerciales de manera corrupta, el exfuncionario de CITGO Petroleum Corporation, José Luis De Jongh Atencio, llegó a un acuerdo de cooperación con la fiscalía, a través del cual se comprometió a dar información valiosa, tanto sobre el caso en el que está involucrado, como acerca de otras irregularidades ocurridas en la filial en estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que sean violatorias del sistema legal de Estados Unidos.

  Fuentes tribunalicias informaron a Venezuela Política que el viraje de posición y estrategia de José Luis De Jongh Atencio, se produjo luego de que cambiara de abogados en el caso que se ventila en el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston. Se había declarado no culpable el 21 de diciembre de 2020[2].

  La causa contra De Jongh Atencio se inició en julio de 2020, cuando un Gran Jurado aprobó la acusación formulada por la Fiscalía que lo señaló de recibir sobornos por un monto de USD 2,5 millones de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías a cambio de la aprobación de contratos de CITGO y de PDVSA al amparo de la posición como gerente de adquisiciones en el Grupo de Proyectos Especiales de la empresa que ocupaba para ese entonces.

  El acuerdo de cooperación al que llegó De Jongh Atencio con el gobierno de los Estados Unidos establece su compromiso a cooperar plenamente con la justicia estadunidense sin poner objeción a la confiscación de sus activos.

Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.

   Igualmente, el exfuncionario de CITGO aceptó el diferimiento de su sentencia, tal como lo solicitará la fiscalía ante el Tribunal, hasta que se complete la cooperación.

   El acuerdo estipula que el demandado acepta "cooperar plenamente", lo cual contempla proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, entre ellas, las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley de Viajes, cable fraude, lavado de dinero, robo de identidad agravado, fraude fiscal y cualquier delito relacionado.

   En razón de lo anterior, el juez Gray H. Miller, ordenó el pasado 6 de julio del presente año 2021, aprobar la Moción Acordada de Continuidad presentada ante la corte por la fiscalía, estableciendo la prórroga de la sentencia del caso hasta el 10 de febrero de 2022 a las 2:00 p. m.

  La orden judicial contempla, además, la extensión de las fechas límites asociadas, por lo que se fijó el 6 de enero de 2022 para la preparación del Informe de Presencia, el 20 de enero de 2022 para las objeciones, y el 3 de febrero de 2022 para el Informe de Presencia final.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.”. 22 de marzo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/03/jose-luis-de-jongh-atencio-se-declaro.html

[2] Venezuela Política. “José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de CITGO, acusado de corrupción y lavado de dinero, se declaró no culpable en un tribunal de EE. UU.”. 22 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/jose-luis-de-jongh-atencio-exgerente-de.html


viernes, 18 de junio de 2021

CITGO pagará más de $ 19 millones por daños a los recursos naturales como resultado de su derrame de petróleo en su refinería en Lake Charles, Louisiana

Por Maibort Petit

   CITGO Petroleum Corporation, con sede en Houston, Texas, acordó pagar $19.69 millones para resolver reclamos federales y estatales por daños a recursos naturales bajo la Ley de Contaminación por Petróleo y la Ley de Prevención y Respuesta a Derrames de Petróleo de Louisiana, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

   Los Estados Unidos y Luisiana presentaron simultáneamente una demanda civil junto con el decreto de consentimiento propuesto contra la petrolera filial de PDVSA .

   La demanda buscaba daños monetarios bajo la Ley de Contaminación por Petróleo y la Ley de Prevención y Respuesta a Derrames de Petróleo de Louisiana por daños a los recursos naturales resultantes de la importante descarga de petróleo de CITGO en el río Calcasieu en junio de 2006 desde su instalación de tratamiento de aguas residuales en su refinería de Lake Charles. 

  La demanda alega que CITGO descargó millones de galones de aceite de desecho y aguas residuales aceitosas de dos tanques de aguas residuales y marejadas ciclónicas de diez millones de galones en su instalación de tratamiento en la refinería de Lake Charles. Aproximadamente, 150 millas de la costa se contaminaron con el petróleo de CITGO, incluidas áreas residenciales y pantanosas. El petróleo vertido mató aves, peces y otras formas de vida acuática, contaminó hábitats acuáticos y costeros, forzó el cierre del canal de navegación e interrumpió los usos recreativos del río y los lagos afectados.

"Las compañías petroleras tienen la responsabilidad de proteger nuestras aguas, personas, vida silvestre y diversos hábitats de los derrames de petróleo, y aquellos que violen ese deber serán responsables de los daños que causen", dijo el Fiscal General Adjunto Interino Jean E. Williams para la Justicia. División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento.

  "Nos complace trabajar con nuestros socios de recursos naturales federales y estatales en este gran esfuerzo para ayudar a restaurar y mejorar el medio ambiente en Louisiana".

  “Si bien los productores de petróleo y gas son una fuente importante de empleo en Luisiana, tienen la obligación sagrada de proteger nuestro medio ambiente y utilizar nuestros recursos con prudencia”, declaró el Fiscal Federal Alexander C. Van Hook para el Distrito Oeste de Luisiana. "Este acuerdo envía una clara señal de que quienes contaminan nuestro medio ambiente serán responsables".

   De los $19,688,149.83 que CITGO debe pagar bajo el decreto de consentimiento, $ 19.16 millones son para daños a recursos naturales por el derrame, que los fideicomisarios federales y estatales utilizarán conjuntamente para planificar, diseñar y realizar proyectos de restauración para compensar los daños causados ​​por el petróleo. derramar. 

    El decreto de consentimiento también asegura el pago de CITGO por los costos de evaluación de lesiones pendientes de pago de los fideicomisarios, que suman más de $ 528,000.

    La acción de hoy fue presentada por el Departamento de Justicia y el Estado en nombre de los fideicomisarios federales y estatales de los recursos naturales. Los fideicomisarios federales designados para los recursos naturales afectados por el derrame de petróleo de CITGO son la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de EE. UU. Y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre del Departamento del Interior de EE. UU. 

  Los fideicomisarios estatales designados son la Oficina del Coordinador de Derrames de Petróleo de Louisiana, el Departamento de Seguridad Pública y Correcciones, el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Louisiana, el Departamento de Recursos Naturales de Louisiana, el Departamento de Calidad Ambiental de Louisiana y la Autoridad de Restauración y Protección Costera de Louisiana. Los fideicomisarios federales y estatales han trabajado juntos para realizar un trabajo sustancial de evaluación de lesiones y están comprometidos en esfuerzos conjuntos de planificación de restauración.

   En un juicio anterior relacionado con la aplicación de la Ley de Agua Limpia encabezado por los Estados Unidos en nombre de la Agencia de Protección Ambiental, el tribunal de distrito determinó que la causa de este desastre evitable fue la negligencia grave de CITGO en la operación y mantenimiento de su planta de tratamiento de aguas residuales y la falta de de capacidad adecuada de almacenamiento y tratamiento. CITGO había estado usando indebidamente los tanques para acumular aceite, lodos y aguas residuales aceitosas en su planta de tratamiento durante años. 

   Debido a la falta de operaciones adecuadas y la capacidad inadecuada de almacenamiento y tratamiento en la instalación, los tanques se desbordaron durante una tormenta. Al menos 54.000 barriles de aceite residual (2.268.000 galones) e incontables millones de galones de aguas residuales aceitosas rompieron la berma de contención secundaria defectuosa alrededor de los tanques y fluyeron hacia las vías fluviales, incluida la vía fluvial adyacente Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario Calcasieu.

  El tribunal determinó que CITGO "no parece haber reconocido la importancia del cumplimiento, el control de la contaminación, la responsabilidad ambiental y el deber general impuesto a las empresas para operar de manera segura". 

  Asimismo, la corte determinó que el derrame de petróleo de CITGO fue "masivo, excesivo y una tragedia" y que CITGO "no informó a la Guardia Costera de la verdadera naturaleza del incidente". 

  Se ordenó a CITGO que realizara acciones correctivas sustanciales para mejorar la capacidad y las operaciones de almacenamiento y tratamiento de sus instalaciones de tratamiento de aguas residuales, para pagar una multa estatal de $3 millones al Departamento de Louisiana de Calidad ambiental por la descarga y violaciones crónicas del permiso de descarga de la compañía, y para pagar una multa civil federal de la Ley de Agua Limpia de $ 81 millones. 

    En virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad por separado, CITGO pagó una multa penal de 13 millones de dólares.

   El decreto de consentimiento propuesto está sujeto a un período de comentarios públicos de 30 días y a la revisión y aprobación del tribunal.

miércoles, 16 de junio de 2021

Carlos Jordá sigue siendo el CEO de CITGO

  Había surgido cierta confusión acerca del destino de Jordá que, posteriormente, fueron aclarados desde la presidencia ad hoc de PDVSA.

Por Maibort Petit

    La reciente información acerca de los cambios generados por la Asamblea Nacional a cargo del diputado Juan Guaidó, en el seno de CITGO Petroleum Corporation y su junta directiva, generó una ola de confusión con relación a la titularidad del mayor cargo administrativo del principal activo venezolano en el exterior..  CITGO es una refinería, transportadora y comercializadora de combustibles para motores, lubricantes, petroquímicos y otros productos industriales que opera tres plantas de última generación en la Costa del Golfo y el Medio Oeste de los Estados Unidos.

   La dicotomía de poder existente en Venezuela ha generado desde que la AN declara la vacante del cargo presidencial en razón de la convocatoria de un eleccionario calificado de fraudulento por parte de Nicolás Maduro, que el líder del parlamento asumiera la presidencia interina de la nación con el reconocimiento de una serie de países, entre ellos Estados Unidos, sede de los importantes activos venezolanos. Con el apoyo de la administración estadunidense, Guaidó asumió el control d e la filial petrolera y procedió a realizar nombramientos importantes en la empresa.

  Pero la situación financiera de CITGO es crítica, a la par de que se ha convertido en el centro de las apetencias de los acreedores de Venezuela y PDVSA, quienes ven en los activos las maneras de resarcirse y por ellos han emprendido decenas de batallas en cortes de EE. UU.

La aclaratoria

  En una nota del portal especializado Petroleum[1], fechada el 2 de junio, el presidente Ad Hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Horacio Medina, aclaró una confusión surgida con relación a la permanencia o no de Carlos Jordá al frente de CITGO Petroleum Corporation (CPC).

  Los errores surgidos en torno a la permanencia de Jordá en el cargo, se habrían desencadenado a partir de la designación de Luis Giusti Lugo como miembro de la junta directiva de CPC, en sustitución del primero, quien —dejó plenamente establecido Medina— continuará siendo el CEO de CITGO.

  Asimismo, Medina refirió que el presidente de la junta directiva de CPC continúa siendo José Ramón Pocaterra.

  Tales cambios operados en la filial venezolana en EE. UU. habrían sido informados a la Asamblea Nacional bajo control del diputado Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, ente legislativo que le habría dado el visto bueno a los citados nombramientos.

  La información de Petroleum agrega que será PDVSA Ad Hoc y PDV Holding, los entes que realizarán los nombramientos correspondientes una vez realizada la verificación de antecedentes.

   La misma nota periodística refiere que la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima, en sesión online del 1º de junio de 2021, “aprobó la designación de cinco ciudadanos venezolanos que conformaran la Junta Directiva de Citgo Holding, INC; Citgo Petroleum Corporation, y PDV Holding, en Estados Unidos”.

  Específica que ara PDV Holding INC., filial en Estados Unidos de PDVSA fueron autorizados para conformar parte como miembros principales de la junta directiva, Samuel Alfonso Wilhelm Belloso, en reemplazo de Fernando Vera y Andrés Miguel Arvelo Guerrero, quien suple a Elio Tortolero.

  También se autorizó a quienes ahora igualmente conformaran la junta directiva de CITGO Petroleum Corporation, a saber, Ernesto José Hernández Bolívar (en sustitución de Pablo Pérez) y a Luis Eduardo Giusti Lugo, quien en reemplaza a Carlos Jorda.

   Respecto a los miembros de la junta directiva de CITGO Holding INC. —también subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos— el pleno de la AN designó a Samuel Alfonso Wilhelm Belloso, en sustitución de Carlos Jordá; a Elio José Tortolero Arévalo, en sustitución de Edgar Rincón; y a Ernesto José Hernández Bolívar, quien relevó a Luisa Palacios.

Sobre Carlos Jordá

  Carlos Jordá es un ingeniero químico de la Universidad Tecnológica de Michigan y la Universidad Central de Venezuela.

   Según su cuenta en la red social Linkedin, aún figura como Director Ejecutivo de Citgo Petroleum Corporation en su sede de Houston, Texas, Estados Unidos, cargo para el cual habría sido designado en agosto de 2019 y el cual, de acuerdo a esta página, estaría desempeñando hasta la fecha[2].

   Un anuncio del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en Twitter, lo presenta como ponente en una de sus conferencias a emitirse el 9 de junio del presente 2021 como presidente de la referida filial petrolera de PDVSA en suelo estadounidense[3].

   Jordá, fue designado por Juan Guaidó el 13 de agosto de 2019, al frente de la refinería venezolana en EE.UU. Para ese momento contaba con 48 años de experiencia en la industria petrolera y gasífera a nivel internacional, habiendo desempeñado diversos cargos ejecutivos en las áreas de refinación y comercialización, planificación corporativa, finanzas y la producción de Syncrude del cinturón del Orinoco de Venezuela con PDVSA. Igualmente, presidió PDV América y la junta directiva de CITGO.

  También ocupó la vicepresidencia de PDVSA desde 1999 hasta el 2000; fue vicepresidente ejecutivo de refinación y comercialización en Operaciones Venezolanas; estuvo a la cabeza de PDVSA Faja (1997-1998); fue director de Maraven (1994-1997) y de Lagoven (1976-1994).

  Desde 2003 se desempeñó como consultor internacional de compañías petroleras nacionales, inversores y firmas legales.

  En julio de 2019, Guaidó nombró a Jordá como miembro de su junta directiva de CITGO, reemplazando en dicha junta al vicepresidente ejecutivo, Rick Esser. Este último permanecería en la vicepresidencia ejecutiva, mientras Luisa Palacios, exbanquera y consultora nombrada en 2019, seguiría en la presidencia. Fue el último remanente en el directorio, pues fue parte del equipo de Asdrúbal Chávez.

Sobre Luis Giusti Lugo

    Entre los reemplazos de reemplazo de los miembros de las juntas directivas que supervisan a CITGO Petroleum Corp destaca el de Luis Giusti Lugo, hijo de el expresidente de Petróleos de Venezuela S.A., Luis Giusti en su su hoja de vida refiere que cursó un posgrado y un MBA de la Universidad de Zulia y un posgrado de la Universidad de Harvard.

   Giusti Lugo, quien en su cuenta en la red social Twitter se presenta como especialista en petróleos y gas y director Ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP)[6], fue director de negocios de la compañía Emida Technologies Inc., habiéndose igualmente desempeñado como gerente de proyectos e ingeniero de diseño en PDVSA. También estuvo a cargo de la gerencia de relaciones con inversores en la empresa colombiana Petromagdalena Energy Corp, un frente de negocios de Pacific[7].

Tomará el lugar de Carlos Jordá en el directorio de CITGO.

Sobre Luisa Palacios

  De acuerdo al portal Poderopedia, Luisa Palacios se desempeñó como presidenta de la junta directiva de CITGO Holding entre febrero de 2019 y octubre de 2020, designada por la Asamblea Nacional en 2015. Era la primera mujer en presidir la filial estadounidense de PDVSA.

  Allí se refiere que comunicadora social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), mención Cum Laude en 1992, con una maestría en la Universidad de Columbia en Asuntos Internacionales (1993-95) y un doctorado en Economía Internacional y Política Energética en la Universidad Johns Hopkins (2001). Se ha desempañado en la docencia, la investigación, la consultoría y en la jefatura de diversas firmas e instituciones internacionales.

   El fiscal nombrado por la asamblea nacional constituyente oficialista, Tarek William Saab, informó el 14 de febrero de 2019, que el Ministerio Público investigaría a la junta de PDVSA y Citgo nombrada por la Asamblea Nacional (AN), Palacios incluida, catalogando a la directiva como “conspirativa contra la paz y el orden constitucional”[8].

   En una carta que remitió explicó la reorientación de sus funciones en la junta directiva de CITGO[9], indicando que cuando aceptó asumir la presidenta de la directiva de la filial petrolera a principios de 2019, concentró su labor en tres objetivos fundamentales: “fortalecer la gobernanza corporativa y la gestión de la empresa, recuperar la estabilidad operativa y financiera, y ayudar a la compañía a enfrentar una serie de desafíos legales”.

   Agregó que su intención de no continuar en la presidencia de la junta a partir del 30 de octubre de 2020, pero advirtió que continuaría como directora y se dedicaría, mayormente, a la Fundación Simón Bolívar para apoyar en la crisis humanitaria venezolana.

  Pero al parecer cambió de posición y el 1º de noviembre de 2020, la junta administrativa ad hoc de PDVSA informó que Palacios Alzurú había presentado la renuncia "como director principal de las juntas directivas de las filiales PDV Holding y como presidente de la Junta Directiva de CITGO Petroleum Corp. y que sólo se quedaría como miembro de la junta"[10].

Sobre José Ramón Pocaterra

  En el sitio web de CITGO se lee que José Ramón Pocaterra es licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Santa María, con un posgrado en finanzas corporativas cursado en la Universidad Metropolitana. Además, posee un certificado de MBA de la Universidad de Texas; es egresado del Programa de Gestión Avanzada de la Escuela de Gestión del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

   Refiere que se trata de un profesional senior de finanzas, negocios y planificación con 20 años de experiencia internacional en los campos operativo, de marketing y financiero de la industria del petróleo y el gas. Fue nombrado presidente del Consejo de Administración de la empresa en febrero de 2020[11].

   Fue designado el 12 de febrero de 2021 como presidente de la junta directiva de la compañía. Venía de ocupar diversos cargos en el área de presupuesto, planificación y reportes financieros de Sincrudos de Oriente (SINCOR), una empresa conjunta entre PDVSA, Total y Equinor para la producción y mejoramiento de petróleo extrapesado en la Faja del Orinoco en Venezuela. . Trabajó para Energy Logistics Inc., con sede en EE. UU.

Sobre Fernando Vera

   El sitio oficial de CITGO informa que Fernando Vera es abogado y se desempeña como actual secretario de la junta de CITGO Petroleum Corporation.

    Precisa que egresó de la Universidad Católica Andrés Bello en 1997 y exhibe una Maestría en Derecho (LL.M) de The Washington College of Law, así como también de The American University, así como una maestría en Administración de Empresas de IE Business School, Madrid, España.

   Se especializa en el desarrollo de proyectos de energía y asuntos financieros y corporativos, entre ellos la reestructuración e implementación de proyectos de infraestructura e inversiones en proyectos de hidrocarburos.

  Previamente a su posición actual, fue miembro y secretario corporativo de los directorios de varias empresas de petróleo y gas en América Latina.

  Ejerció en las firmas Gámez & Vera Abogados, en CA La Electricidad de Caracas hasta 2005 y en La Unidad de Terceros de la División de Exploración y Producción de PDVSA hasta enero de 2003[12].

REFERENCIAS

[1] Petroleum. “Carlos Jordá ratificado como CEO de CITGO”. 2 de junio de 2021. http://petroleumag.com/carlos-jorda-ratificado-como-ceo-de-citgo/

[2] Linkedin. Carlos Jorda. https://www.linkedin.com/in/carlos-jorda-7a8b2411/

[3] Twitter. IESA. https://twitter.com/IESA/status/1401215806411841537

[4] El Pitazo. “PERFIL | Carlos Jordá, presidente de Citgo designado por Guaidó”. 13 de agosto de 2019. https://elpitazo.net/economia/perfil-carlos-jorda-presidente-de-citgo-designado-por-guaido/

[5] Contrapunto. “Guaidó nombra a Carlos Jordá como miembro de la junta directiva de Citgo, según Reuters”. 9 de julio de 2020. https://contrapunto.com/economia/petroleo/guaido-nombra-a-carlos-jorda-como-miembro-de-la-junta-directiva-de-citgo-segun-reuters/

[6] Twitter. Luis E. Giusti Lugo. https://twitter.com/ledgiusti?lang=es

[7] Relationship science. Luis Eduardo Giusti Lugo, Jr. https://relationshipscience.com/person/luis-eduardo-giusti-lugo-jr-4296146

[8] Poderopedia. Luisa Palacios. https://poderopediave.org/persona/luisa-palacios/

[9] CITGO. “Carta de Luisa Palacios sobre la reorientación de sus funciones en la Junta Directiva”. https://www.citgo.com/press/news-room/news-room/2020/carta-de-luisa-palacios-sobre-la-reorientacion-de-sus-funciones-en-la-junta-directiva?aliaspath=%2fPress%2fNews-Room%2fNews-Room%2f2020%2fLetter-from-Luisa-Palacios-Regarding-Refocusing-of

[10] Venezuela Política. “La renuncia de Luisa Palacios a la presidencia de la junta directiva de CITGO se hizo efectiva el 30 de octubre, aún no nombran el reemplazo”. 1º de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/la-renuncia-de-luisa-palacios-la.html

[11] CITGO. José Ramón Pocaterra. https://www.citgo.com/about/who-we-are/board-of-directors-en  

[12] CITGO. Fernando Vera. https://www.citgo.com/about/who-we-are/board-of-directors-en


miércoles, 12 de mayo de 2021

Red Tree reclama que un error administrativo del tribunal afecta su posibilidad de obtener resarcimiento en su demanda contra PDVSA

  La demandante estima injustificado que por un error no imputable a ella no pueda cobrar lo que PDVSA le adeuda con activos de la petrolera en EE. UU.

Por Maibort Petit

    Para Red Tree Investments LLC es injustificable que por un error no imputable a ella no pueda verse compensada en su reclamo por la deuda que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y PDVSA Petróleo S.A. mantienen con ella, mientras que otras causas que se ventilan en distintos tribunales de Estados Unidos avanzan en este sentido.



  La estatal petrolera venezolana fue demandada por USD 118,4 millones por el incumplimiento de pagos de préstamos que, originalmente, fueron otorgados por General Electric Capital en 2015 y 2016 a PDVSA.

  Red Tree Investments LLC compró los préstamos de GE Capital en enero de 2019, de acuerdo a documentos judiciales[1].

   PDVSA fue demandada el 22 de febrero de 2019 por incumplimiento de un contrato de préstamos y Red Tree Investments LLC compró los compromisos de deuda y presentó dos demandas en el tribunal de Manhattan contra PDVSA y el garante PDVSA el 15 de febrero de 2019. La juez le dio el visto bueno a la demanda pese a las objeciones presentadas al respecto por PDVSA[2]

Red reclama compensación con CITGO y error de la Corte

  El 18 de marzo de 2021, Steven F. Molo, de la firma MoloLamken LLP que representa a Red Tree Investments LLC en la demanda que mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, remitió una comunicación vía electrónica a la juez del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison J. Nathan, para informar acerca del “desarrollo significativo sobre las mociones de los Demandados bajo la Regla 56 (d)”.

   Refirió en la comunicación que por información de la secretaría del tribunal se enteró que las mociones de los Demandados se marcaron incorrectamente en los registros internos de la corte como "rescindidas", la cual es una notación que no está disponible públicamente, por lo que pidió que se comunicaran con esa instancia judicial.

  El abogado dedujo que dicha notación incorrecta tal vez haya sido la razón por la cual las mociones de los Demandados no incluyeron en el informe más reciente de la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE. UU. de mociones pendientes durante seis meses, a pesar de que dichas mociones han estado pendientes durante trece meses. Advirtió que la notación incorrecta de "rescindido" sigue a un error de procesamiento anterior en el que estos casos se habían marcado incorrectamente como "suspendidos".

  En segundo lugar, Steven F. Molo le advirtió a la juez Nathan que estos errores de procesamiento han perjudicado a Red Tree, por lo que los mismos se incrementan a la luz de los desarrollos en casos relacionados. En este sentido destacó que, durante el año pasado, otros acreedores de PDVSA y PDVSA Petróleo han procedido o recibido sentencias contra estos o la República. Subrayó que, como ha señalado Estados Unidos, el principal activo disponible para satisfacer esa deuda incumplida es el interés indirecto de PDVSA a través de su compañía controladora, PDVH, en CITGO. 

  Recordó que el Distrito de Delaware ordenó recientemente que “procederá a realizar la venta de las acciones de PDVSA en PDVH por un monto suficiente para satisfacer la sentencia que Venezuela debe” a otro acreedor y también denegó la solicitud de PDVSA de suspender ese proceso de venta en espera de una apelación.

  Red Tree reclama que el no ser igualmente compensado con la venta del principal activo de PDVSA en Estados Unidos por culpa de un error no imputable a ella, a la administración del tribunal y no a una decisión judicial.

  El abogado, como una medida para remediar el problema, le solicitó a la juez Nathan que el Tribunal corrija la designación errónea de las mociones de la Regla 56 (d) de los Demandados como “rescindidas” y resuelva esas mociones tan pronto como sea posible. “Además, solicitamos que el Tribunal establezca un calendario acelerado para completar la sesión informativa del juicio sumario. Estamos disponibles para una conferencia de estado en la primera conveniencia de la Corte para discutir estos asuntos si es necesario”.

Red Tree Investments reitera el reclamo

   El 6 de abril de 2021, Steven F. Molo, en representación de su cliente, Red Tree Investments LLC, se remitió una comunicación a la juez Alison J. Nathan a cargo de la causa que esta mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, para recordarle que el tribunal no se había pronunciado acerca las mociones que hizo referencia en su escrito del 18 de marzo de 2021.

  Refiere Molo que se comunicaron con el secretario del tribunal para comprender qué causó ese error y cómo se puede solucionar y este les informó que esas mociones fueron marcadas como "rescindidas" por orden de las cámaras el 29 de septiembre de 2020.

 Recordó que ese día, Red Tree informó al Tribunal que había discutido las mociones de los Demandados al realizar ciertas producciones de documentos y que estos respondieron en octubre de 2020 argumentando que las mociones no eran discutibles porque ellos supuestamente tenían derecho a un descubrimiento adicional de terceros. A esto, Red Tree se opuso en una carta informativa presentada en octubre de 2020.

  Indican que el secretario del Tribunal les informó que no puede eliminar la notación de "rescindido" sin instrucciones de las cámaras, y que se ha comunicado con estas para abordar este asunto. “Entonces, de acuerdo con el secretario, todo lo que se necesita es una simple comunicación de las cámaras a la oficina del secretario. Solicitamos respetuosamente que ocurra”.

   Red Tree considera que los imputados no deben gozar de lo que equivale a otra suspensión indefinida del caso contraria a la orden del Tribunal, simplemente por un error administrativo.

[1] Banca y Negocios. “Demandan a Pdvsa en Estados Unidos por $118,4 millones”. 26 de febrero de 2019. https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1261569-330/pdvsa-demandada-en-eeuu-por-pr%C3%A9stamos-de-ge-capital


[2] El Planeta. “Juez de Nueva York permite a acreedor de PDVSA continuar demanda para cobrar deuda por $118 millones”. 24 de enero de 2020. http://elplaneta.com/news/2020/jan/24/juez-de-nueva-york-permite-acreedor-de-pdvsa-conti/


 

viernes, 23 de abril de 2021

El suspenso se mantiene respecto al destino de los activos de PDVSA en el extranjero

  Decisiones pendientes en los tribunales son determinantes en la resolución de los casos.

Por Maibort Petit

   Al igual que Crystallex y OI European Group, el caso de ConocoPhillips Petrozuata B.V. y otros contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otros, el cual se dirime en la Corte del Distrito de Delaware, se mantiene en suspenso por acuerdos de las partes, hasta tanto no se produzca una decisión en torno a la moción pendiente de ConocoPhillips para un auto de fieri facias contra las acciones de PDVSA en PDV Holdings Inc., en Phillips Petroleum Company Venezuela Limited y otros contra PDVSA.
  Tanto los demandantes como los demandados, estiman que las causas de ConocoPhillips DUFTA, conocidas como ConocoPhillips I y II, deben esperar por la resolución del fieri facias.

  En un informe conjunto dirigido al magistrado le expusieron, luego de reunirse y conferenciar entre ellos, que lo pertinente es continuar la suspensión propuesta en las actualizaciones de estado conjuntas del 1 de junio de 2020 y del 13 de agosto de 2020.
   Subrayaron al juez Stark que, antes de volver a ConocoPhillips I y II, la Corte debe decidir primero la moción pendiente de ConocoPhillips para un auto de fieri facias contra las acciones de PDVSA en PDV Holdings Inc., en Phillips Petroleum Company Venezuela Limited et al. contra Petróleos de Venezuela, S.A. y otros.

  Agregaron que tan pronto se produzca la decisión, las partes proponen reunirse y conferenciar, con respecto a cualquier propuesta de enmiendas adicionales a las quejas en ConocoPhillips I y II y para establecer un calendario de sesiones informativas para cualquier moción de permiso para enmendar y/o introducir mociones para desestimar las quejas enmendadas.

  Asimismo, Rosneft Trading S.A. (RTSA) considera, del mismo modo, que el curso más juicioso sería suspender todos los procedimientos en este asunto en espera de la venta propuesta de PDVH, como sugirió la Corte en su orden del 12 de diciembre de 2019, o mientras ConocoPhillips procede con el caso.

   Indica RTSA que, como alternativa, en caso de que el tribunal no esté dispuesto a suspender el procedimiento, los demandantes deberían presentar su Demanda Enmendada y que la corte difiera el establecimiento de una fecha límite para la presentación de alegatos de respuesta mientras las partes consideran un calendario de reuniones informativas mutuamente acordado sobre una moción de desestimación.

  

jueves, 22 de abril de 2021

Suspenso continúa: Corte concede prórroga a OI European Group

  La propiedad de los activos venezolanos en el extranjero se mantiene en vilo. 
Por Maibort Petit

   En la Corte de Delaware se debate el destino de los activos de Venezuela, toda vez que en dicha instancia judicial varios agentes a quienes se vulneraron sus derechos con la política de expropiaciones de sus activos implementada por el finado expresidente, Hugo Chávez.
Dos de los afectados son OI European Group B.V., filial holandesa de la Owens Illinois y la minera canadiense Crystallex, las cuales buscan resarcir los daños sufridos a través del embargo de las acciones de la corporación PDV Holding Inc. sobre CITGO Petroleum Corporation, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).


  
   El caso de la mineta cuyas causas Crystallex I y Crystallex II se ventilan en la corte estadunidense, se estiman vitales, pues ellos han marcado pauta a seguir en el resto de las acciones que los acreedores de Venezuela emprenden para ver satisfechas sus aspiraciones de pago.

  Recientemente, ante una moción presentada por OI European, el tribunal extendió los plazos para que los involucrados presentaran sus posiciones ante la corte.


La prórroga

   El 7 de abril de 2021, Leonard P. Stark, juez del Distrito de Delaware, extendió hasta el 26 de abril de 2021, el tiempo que los Demandados MUFG Union Bank NA, el Fiduciario y GLAS Americas LLC, el Agente Colateral, respondan a la Moción de OI European Group B.V. respecto a que estos ya habrían sido atendidos de manera oportuna y adecuada y o renunciado al servicio a través de su comparecencia en este procedimiento, o, como alternativa.

  Asimismo, prorrogó hasta el 14 de mayo de 2021, el lapso para que el demandante OI European Group BV responda por escrito exponiendo su posición al respecto.

  El 3 de febrero de 2021, Travis S. Hunter, de la firma de abogados Richards Layton & Finger, que defiende los derechos de Crystallex en el proceso legal que mantiene contra PDVSA y PDV Holding Inc., dirigió una comunicación al juez del Distrito de Delaware, Leonard P. Stark, que lleva la causa, para informarle acerca del acuerdo que su representada había establecido con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDV Holding Inc., Rosneft Trading S.A. y Glas Americas LLC., para suspender las demandas Crystallex I y Crystallex II, hasta una vez la Corte Suprema de los Estados Unidos emita una decisión respecto al Proceso de Activos de la petrolera que reclama la minera canadiense o hasta que otro tribunal levante la suspensión.

   Las partes involucradas llegaron a este acuerdo respecto a los juicios que tienen lugar en la citada corte por cobrar la sentencia a favor de Crystallex por la expropiación de sus activos en la mina Las Cristinas de que fue objeto por parte del finado expresidente venezolano, Hugo Chávez. La demandante intenta cobrarse con acciones de CITGO Petroleum Corporation, propiedad de PDV-Holding.

  La pretensión de Crystallex obedece a una sentencia que estableció que PDVSA es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual le permitiría cobrar la acreencia con activos de la petrolera, entre los que se encuentra el más valioso del país en el extranjero, a saber, CITGO.

  En esa comunicación se expusieron las posiciones de Crystallex, PDVSA, Rosneft Trading S.A. y GLAS Americas LLC, al respecto[1].

De acuerdo desde 2020

  Ya previamente, el 1 de junio de 2020, el abogado Travis Hunter, le había informado al juez Stark en una comunicación que le dirigió con el consentimiento de todas las partes, atendiendo así la orden de la Corte emitida el 26 de mayo de 2020 de que los involucrados presentaran un informe de situación conjunto sobre el caso Crystallex International Corp. contra Petróleos de Venezuela S.A. y otros , conocidos como Crystallex I y Crystallex II (el primero contra PDVSA y otros, el segundo contra PDV Holding y otros).

  Las partes de estos casos relacionados presentaron en ese entonces, un breve informe de situación, seguido de sus respectivas posiciones sobre los próximos pasos a seguir respecto a dichas acciones.

   Expuso Crystallex, en primer término, que el 30 de noviembre de 2018, la Corte había suspendido los casos relacionados hasta tanto el tribunal dictara orden para levantar dicha suspensión de Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela o hasta que se produjera “alguna otra orden que levante la suspensión en uno o más de los Casos Relacionados". Asimismo, recordó que el 12 de diciembre de 2019, el tribunal ordenó prorrogar de la suspensión “hasta la finalización del proceso de la Corte Suprema en el Proceso de Activos Crystallex o nueva orden de este o cualquier otro Tribunal que levante la suspensión”.

   Agregó que el 18 de mayo de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la petición de certiorari presentada por Venezuela y PDVSA en la que solicitaban la revisión de la decisión del Tercer Circuito del 29 de julio de 2019 que afirmaba la orden de la Corte de Delaware del 9 de agosto de 2018, la cual otorgó el Auto de Adjudicación Fieri Facias. El 22 de mayo de 2020, este mismo tribunal ordenó el levantamiento de la suspensión en el Procedimiento de Activos Crystallex y estableció un cronograma para la moción de determinar el proceso de venta de las acciones de PDVSA en PDV Holding para satisfacer la sentencia de Crystallex y la moción de Venezuela y PDVSA de anular la orden de embargo o modificar o enmendar la sentencia.

   Observó que dado que el tribunal reconoció previamente que el enjuiciamiento continuo de estas acciones puede resultar innecesario si Crystallex prevalece en hacer cumplir su sentencia a través del Procedimiento de Activos, en aras de la economía judicial, la demandante estima que el tribunal debe continuar suspendiendo Crystallex I y Crystallex II en espera de la resolución del referido Procedimiento de Activos.

  Entretanto, PDVSA acordó con Crystallex, sin perjuicio de cualquiera de sus derechos o defensas, que la corte mantenga suspendido Crystallex I y Crystallex II en espera de la resolución del Procedimiento de Activos. PDV Holding Inc. fijó una posición similar a la casa matriz PDVSA.

  Por su parte, Rosneft Trading S.A. advirtió que la opinión del Tercer Circuito en Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela hacía variar su posición, pues como lo expuso el 18 de octubre de 2019 y reiteró en la conferencia de estado del 13 de noviembre de 2019, la decisión que revirtió la orden del tribunal de denegar la moción de PDVH de desestimar Crystallex I, justifica la desestimación inmediata de este caso con prejuicio en cuanto a la RTSA.

  Luego de algunas consideraciones acerca del “cedente no deudor” de Crystallex bajo DUFTA, Rosneft manifestó que no se oponía a una suspensión continua de los procedimientos en Crystallex II en espera de la venta propuesta de PDVH, como sugirió el Tribunal en su orden del 12 de diciembre de 2019. RTSA también informó que se había despojado de las obligaciones comerciales garantizadas por la prenda de PDVH.


[1] Venezuela Política. “Crystallex, PDVSA y PDV Holding acuerdan mantener suspendidas demandas hasta que la Corte Suprema decida el proceso de liquidación de activos”. 8 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/crystallex-pdvsa-y-pdv-holding-acuerdan.html


 

jueves, 15 de abril de 2021

Hombre que demandó a CITGO por negligencia pidió traslado de su causa a Tribunal de Distrito de Massachusetts

  Exige una indemnización de USD 326.000 por daños que estima sufrió, al caerse en las instalaciones de la filial de PDVSA, como consecuencia de la falta de mantenimiento de la edificación.

Por Maibort Petit

  Un hombre que en septiembre de 2017 sufrió una caída de las instalaciones de CITGO Petroleum Corporation y demandó por negligencia a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, exigiendo por ello una indemnización de USD 326.000 más intereses y gastos, pidió al trasladar su causa al Tribunal del Distrito de Massachusetts.
  Por ante la secretaría del Tribunal del Distrito de Massachusetts, Luis Rivera, el demandante, por intermedio de la firma de abogados Manatt, Phelps & Phillips LLP, solicitó el traslado a esa instancia judicial de la causa que mantiene contra CITGO Petroleum Corporation en el Tribunal Superior de Massachusetts, Condado de Norfolk.

  Rivera presentó su queja contra la filial de PDVSA en Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2020, ante la Oficina del secretario de la referida instancia en el Condado de Norfolk, Massachusetts.

  Posteriormente, el 7 de diciembre de 2020, Rivera notificó del reclamo a CITGO por medio de sus abogados, presentando citación, demanda y otros documentos, a saber, la primera serie de interrogatorios del demandante al demandado, CITGO Petroleum Corporation; la primera solicitud de presentación de documentos del demandante al demandado; el aviso del demandante de tomar declaración al demandado, y la portada de la acción civil.

  Se le refería que, de acuerdo a las disposiciones generales de las leyes de Massachusetts, esta correspondencia se consideraba como suficiente medio de notificación y se otorgaban 20 días para responder.

 Todas estas notificaciones a CITGO, igualmente se adjuntaron al aviso de remoción que se presenta ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, de conformidad con 28 U.S.C. § 1446 (b), puesto que fue presentada dentro de los 30 días posteriores a la notificación del proceso a CITGO, y dentro de un año del comienzo de la acción.

  Se refiere que el pedido de remoción está sujeta a lo establecido en 28 U.S.C. § 1441 ya que existe jurisdicción sobre diversidad de conformidad con 28 U.S.C. § 1332, que establece la jurisdicción original en el Tribunal de Distrito de todas las acciones civiles entre ciudadanos de diferentes Estados donde el asunto en controversia exceda la suma o valor de USD 75.000, sin incluir intereses y costos.

  Del mismo modo, se apela a la jurisprudencia, Grupo Dataflux v. Atlas Global Group LP, para dirimir lo relativo a la diversidad de ciudadanía y se deja sentado que el demandante era en el momento en que se presentó su acción —y sigue siendo— un ciudadano de la mancomunidad de Massachusetts. En este sentido se apunta que en la primera oración de la Demanda se hace mención a Luis Rivera como "una persona que reside en 142 Sarah Sherman Road, Rochester, Condado de Plymouth, Massachusetts".

  Entretanto, CITGO solicitó a la Corte tomar conocimiento judicial del informe de búsqueda de nombre comercial de la Secretaría de Estado de Massachusetts presentado con el Aviso de remoción el cual refiere que para el momento de la acción del demandante, era y sigue siendo, una corporación extranjera; así como también el informe de Detalles de la Entidad de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Delaware presentado con este Aviso de Remoción, en el que se indica que para el momento de presentarse la acción del demandante —y todavía es— una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Delaware.

  Esto último también puede certificarse mediante la Declaración de Holly Chastain Nini ("Declaración de Nini"), Consejera Administrativa de CITGO, presentada con este Aviso de Remoción como Anexo D, confirma que CITGO era en el momento en que se presentó la acción del demandante, y todavía es, una corporación organizada bajo las leyes del estado de Delaware.

  La Declaración Nini confirma que CITGO Petroleum Corporation estaba en el momento en que se presentó la acción del demandante, y aún está, incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware con sede principal en Houston, Texas.

  Luis Rivera sostiene que mientras se encontraba en las instalaciones de CITGO, “se le hizo caer al suelo” por lo que “sufrió graves lesiones personales, entre ellas, dolores y sufrimientos; que ha incurrido y continúa incurriendo en gastos por su atención y tratamiento médico, que ha sufrido —y sigue sufriendo— una pérdida de ingresos y/o capacidad de ingresos; y que ha sufrido —y sigue sufriendo— un deterioro de su capacidad para disfrutar de la vida y realizar sus actividades habituales”.

  La demanda de Rivera contra CITGO alega negligencia en el mantenimiento de las instalaciones de la empresa, lo cual ocasionó que el 24 de septiembre de 2017, el demandante sufriera una caída que le ocasionó severas lesiones personales.

  Luis Rivera exige ante el tribunal ser resarcido por los daños, monto al que deben sumarse intereses, costas y honorarios razonables de abogados.

  La portada de la demanda civil presentada en los informes de acción de la corte estatal alega daños detallados por un monto de USD 326.000.

 

Juez del caso Crystallex designó a un maestro especial para proceder con la venta de acciones de CITGO

Por Maibort Petit 

   El juez de distrito de Delaware, Leonard Stark, quien está al frente del pleito legal entre Crystallex y la República Bolivariana de Venezuela, designó a un abogado Roberto Pincus como maestro especial para que se encargue del proceso de venta de las acciones de CITGO para que la minera canadiense pueda cobrar la deuda de $1.200 millones de dólares más intereses por concepto de la expropiación de sus activos por parte del fallecido presidente, Hugo Chávez. 

  Pincus trabajó para el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y fue el custodio de TransPerfect Global Inc. El experimentando abogado será el encargado de vender las acciones que PDVSA tiene en PDV Holdings Inc. para satisfacer la deuda de Crystallex que fue aprobada por el Tribunal Internacional de Arreglos y Controversias en un fallo de 2016.

  La Corte de Delaware, donde se dirime este caso, consideró que PDVSA es el alter ego de Venezuela y por tanto de PDV Holdings.

 El juez Stark cumplió con una solicitud que Crystallex hizo en septiembre de 2020 y aprobó la venta de acciones de PDV Holdings justo antes de mediados de enero de 2021. PDV Holdings es la empresa matriz de la refinería CITGO Petroleum Corp., propiedad de Venezuela.

  Con la acción del juez Stark, Crystallex quiere hacer cumplir un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares contra Venezuela, luego de una disputa de una década sobre la nacionalización de Venezuela en 2008 de su mina de oro en el estado suroriental de Bolívar. El monto se compone de $ 1.2 mil millones, más $ 200 millones de intereses otorgados por un tribunal de arbitraje del CIADI en 2016.

  En su decisión, Stark nombró a Pincus como maestro especial para supervisar la venta, incluidos los requisitos mínimos de publicidad, exigiendo depósitos sustanciales de buena fe de los postores y solo vendiendo tantas acciones como sea necesario para satisfacer los juicios.

  El juez también rechazó una propuesta de que solo la petrolera nacional venezolana PDV podría administrar la venta, y consideró que cualquier conocimiento único pertinente a la venta debe obtenerse y utilizarse independientemente de la administración de PDV.

"Habiendo hecho que Crystallex emprenda una década de esfuerzos extensos y costosos para cobrar su fallo, el tribunal no permitirá que un deudor del fallo sumamente recalcitrante lleve a cabo su propio proceso de venta sobre la objeción de su acreedor fallido repetidamente victorioso", Stark escribió en su decisión.

  A pesar de fallar a favor de Crystallex, Stark reconoció que las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro actualmente bloquean la ejecución de la venta y que la decisión final está en manos del poder ejecutivo a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Todas las partes están de acuerdo en que, según la ley y la política actuales, una venta de acciones de PDV Holding no se puede completar sin una licencia específica Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, escribió el juez. "Pero todos los pasos preparatorios que se pueden tomar sin dicha licencia pueden y deben tomarse".

  En una decisión anterior, Stark dijo que había considerado las sanciones que EE. UU. impuso contra PDVSA, y lo que representan en lo que respecta a la política venezolana. 

   En particular, afirmó que evaluó una carta que fue enviada por Elliott Abrams, el entonces representante especial de Estados Unidos en Venezuela, al Fiscal General y al Departamento de Justicia. En la misiva, Abrams declaró que Crystallex no puede vender las acciones sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. Y que aprobar la venta de acciones dañaría la política exterior de EE. UU. Y los intereses de seguridad nacional en Venezuela y dañaría el apoyo diplomático otorgado por la administración del expresidente Donald Trump  al gobierno interino venezolano liderado por el líder opositor Juan Guaidó.