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jueves, 22 de abril de 2021

Suspenso continúa: Corte concede prórroga a OI European Group

  La propiedad de los activos venezolanos en el extranjero se mantiene en vilo. 
Por Maibort Petit

   En la Corte de Delaware se debate el destino de los activos de Venezuela, toda vez que en dicha instancia judicial varios agentes a quienes se vulneraron sus derechos con la política de expropiaciones de sus activos implementada por el finado expresidente, Hugo Chávez.
Dos de los afectados son OI European Group B.V., filial holandesa de la Owens Illinois y la minera canadiense Crystallex, las cuales buscan resarcir los daños sufridos a través del embargo de las acciones de la corporación PDV Holding Inc. sobre CITGO Petroleum Corporation, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).


  
   El caso de la mineta cuyas causas Crystallex I y Crystallex II se ventilan en la corte estadunidense, se estiman vitales, pues ellos han marcado pauta a seguir en el resto de las acciones que los acreedores de Venezuela emprenden para ver satisfechas sus aspiraciones de pago.

  Recientemente, ante una moción presentada por OI European, el tribunal extendió los plazos para que los involucrados presentaran sus posiciones ante la corte.


La prórroga

   El 7 de abril de 2021, Leonard P. Stark, juez del Distrito de Delaware, extendió hasta el 26 de abril de 2021, el tiempo que los Demandados MUFG Union Bank NA, el Fiduciario y GLAS Americas LLC, el Agente Colateral, respondan a la Moción de OI European Group B.V. respecto a que estos ya habrían sido atendidos de manera oportuna y adecuada y o renunciado al servicio a través de su comparecencia en este procedimiento, o, como alternativa.

  Asimismo, prorrogó hasta el 14 de mayo de 2021, el lapso para que el demandante OI European Group BV responda por escrito exponiendo su posición al respecto.

  El 3 de febrero de 2021, Travis S. Hunter, de la firma de abogados Richards Layton & Finger, que defiende los derechos de Crystallex en el proceso legal que mantiene contra PDVSA y PDV Holding Inc., dirigió una comunicación al juez del Distrito de Delaware, Leonard P. Stark, que lleva la causa, para informarle acerca del acuerdo que su representada había establecido con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDV Holding Inc., Rosneft Trading S.A. y Glas Americas LLC., para suspender las demandas Crystallex I y Crystallex II, hasta una vez la Corte Suprema de los Estados Unidos emita una decisión respecto al Proceso de Activos de la petrolera que reclama la minera canadiense o hasta que otro tribunal levante la suspensión.

   Las partes involucradas llegaron a este acuerdo respecto a los juicios que tienen lugar en la citada corte por cobrar la sentencia a favor de Crystallex por la expropiación de sus activos en la mina Las Cristinas de que fue objeto por parte del finado expresidente venezolano, Hugo Chávez. La demandante intenta cobrarse con acciones de CITGO Petroleum Corporation, propiedad de PDV-Holding.

  La pretensión de Crystallex obedece a una sentencia que estableció que PDVSA es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual le permitiría cobrar la acreencia con activos de la petrolera, entre los que se encuentra el más valioso del país en el extranjero, a saber, CITGO.

  En esa comunicación se expusieron las posiciones de Crystallex, PDVSA, Rosneft Trading S.A. y GLAS Americas LLC, al respecto[1].

De acuerdo desde 2020

  Ya previamente, el 1 de junio de 2020, el abogado Travis Hunter, le había informado al juez Stark en una comunicación que le dirigió con el consentimiento de todas las partes, atendiendo así la orden de la Corte emitida el 26 de mayo de 2020 de que los involucrados presentaran un informe de situación conjunto sobre el caso Crystallex International Corp. contra Petróleos de Venezuela S.A. y otros , conocidos como Crystallex I y Crystallex II (el primero contra PDVSA y otros, el segundo contra PDV Holding y otros).

  Las partes de estos casos relacionados presentaron en ese entonces, un breve informe de situación, seguido de sus respectivas posiciones sobre los próximos pasos a seguir respecto a dichas acciones.

   Expuso Crystallex, en primer término, que el 30 de noviembre de 2018, la Corte había suspendido los casos relacionados hasta tanto el tribunal dictara orden para levantar dicha suspensión de Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela o hasta que se produjera “alguna otra orden que levante la suspensión en uno o más de los Casos Relacionados". Asimismo, recordó que el 12 de diciembre de 2019, el tribunal ordenó prorrogar de la suspensión “hasta la finalización del proceso de la Corte Suprema en el Proceso de Activos Crystallex o nueva orden de este o cualquier otro Tribunal que levante la suspensión”.

   Agregó que el 18 de mayo de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la petición de certiorari presentada por Venezuela y PDVSA en la que solicitaban la revisión de la decisión del Tercer Circuito del 29 de julio de 2019 que afirmaba la orden de la Corte de Delaware del 9 de agosto de 2018, la cual otorgó el Auto de Adjudicación Fieri Facias. El 22 de mayo de 2020, este mismo tribunal ordenó el levantamiento de la suspensión en el Procedimiento de Activos Crystallex y estableció un cronograma para la moción de determinar el proceso de venta de las acciones de PDVSA en PDV Holding para satisfacer la sentencia de Crystallex y la moción de Venezuela y PDVSA de anular la orden de embargo o modificar o enmendar la sentencia.

   Observó que dado que el tribunal reconoció previamente que el enjuiciamiento continuo de estas acciones puede resultar innecesario si Crystallex prevalece en hacer cumplir su sentencia a través del Procedimiento de Activos, en aras de la economía judicial, la demandante estima que el tribunal debe continuar suspendiendo Crystallex I y Crystallex II en espera de la resolución del referido Procedimiento de Activos.

  Entretanto, PDVSA acordó con Crystallex, sin perjuicio de cualquiera de sus derechos o defensas, que la corte mantenga suspendido Crystallex I y Crystallex II en espera de la resolución del Procedimiento de Activos. PDV Holding Inc. fijó una posición similar a la casa matriz PDVSA.

  Por su parte, Rosneft Trading S.A. advirtió que la opinión del Tercer Circuito en Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela hacía variar su posición, pues como lo expuso el 18 de octubre de 2019 y reiteró en la conferencia de estado del 13 de noviembre de 2019, la decisión que revirtió la orden del tribunal de denegar la moción de PDVH de desestimar Crystallex I, justifica la desestimación inmediata de este caso con prejuicio en cuanto a la RTSA.

  Luego de algunas consideraciones acerca del “cedente no deudor” de Crystallex bajo DUFTA, Rosneft manifestó que no se oponía a una suspensión continua de los procedimientos en Crystallex II en espera de la venta propuesta de PDVH, como sugirió el Tribunal en su orden del 12 de diciembre de 2019. RTSA también informó que se había despojado de las obligaciones comerciales garantizadas por la prenda de PDVH.


[1] Venezuela Política. “Crystallex, PDVSA y PDV Holding acuerdan mantener suspendidas demandas hasta que la Corte Suprema decida el proceso de liquidación de activos”. 8 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/crystallex-pdvsa-y-pdv-holding-acuerdan.html


 

jueves, 15 de abril de 2021

Hombre que demandó a CITGO por negligencia pidió traslado de su causa a Tribunal de Distrito de Massachusetts

  Exige una indemnización de USD 326.000 por daños que estima sufrió, al caerse en las instalaciones de la filial de PDVSA, como consecuencia de la falta de mantenimiento de la edificación.

Por Maibort Petit

  Un hombre que en septiembre de 2017 sufrió una caída de las instalaciones de CITGO Petroleum Corporation y demandó por negligencia a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, exigiendo por ello una indemnización de USD 326.000 más intereses y gastos, pidió al trasladar su causa al Tribunal del Distrito de Massachusetts.
  Por ante la secretaría del Tribunal del Distrito de Massachusetts, Luis Rivera, el demandante, por intermedio de la firma de abogados Manatt, Phelps & Phillips LLP, solicitó el traslado a esa instancia judicial de la causa que mantiene contra CITGO Petroleum Corporation en el Tribunal Superior de Massachusetts, Condado de Norfolk.

  Rivera presentó su queja contra la filial de PDVSA en Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2020, ante la Oficina del secretario de la referida instancia en el Condado de Norfolk, Massachusetts.

  Posteriormente, el 7 de diciembre de 2020, Rivera notificó del reclamo a CITGO por medio de sus abogados, presentando citación, demanda y otros documentos, a saber, la primera serie de interrogatorios del demandante al demandado, CITGO Petroleum Corporation; la primera solicitud de presentación de documentos del demandante al demandado; el aviso del demandante de tomar declaración al demandado, y la portada de la acción civil.

  Se le refería que, de acuerdo a las disposiciones generales de las leyes de Massachusetts, esta correspondencia se consideraba como suficiente medio de notificación y se otorgaban 20 días para responder.

 Todas estas notificaciones a CITGO, igualmente se adjuntaron al aviso de remoción que se presenta ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, de conformidad con 28 U.S.C. § 1446 (b), puesto que fue presentada dentro de los 30 días posteriores a la notificación del proceso a CITGO, y dentro de un año del comienzo de la acción.

  Se refiere que el pedido de remoción está sujeta a lo establecido en 28 U.S.C. § 1441 ya que existe jurisdicción sobre diversidad de conformidad con 28 U.S.C. § 1332, que establece la jurisdicción original en el Tribunal de Distrito de todas las acciones civiles entre ciudadanos de diferentes Estados donde el asunto en controversia exceda la suma o valor de USD 75.000, sin incluir intereses y costos.

  Del mismo modo, se apela a la jurisprudencia, Grupo Dataflux v. Atlas Global Group LP, para dirimir lo relativo a la diversidad de ciudadanía y se deja sentado que el demandante era en el momento en que se presentó su acción —y sigue siendo— un ciudadano de la mancomunidad de Massachusetts. En este sentido se apunta que en la primera oración de la Demanda se hace mención a Luis Rivera como "una persona que reside en 142 Sarah Sherman Road, Rochester, Condado de Plymouth, Massachusetts".

  Entretanto, CITGO solicitó a la Corte tomar conocimiento judicial del informe de búsqueda de nombre comercial de la Secretaría de Estado de Massachusetts presentado con el Aviso de remoción el cual refiere que para el momento de la acción del demandante, era y sigue siendo, una corporación extranjera; así como también el informe de Detalles de la Entidad de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Delaware presentado con este Aviso de Remoción, en el que se indica que para el momento de presentarse la acción del demandante —y todavía es— una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Delaware.

  Esto último también puede certificarse mediante la Declaración de Holly Chastain Nini ("Declaración de Nini"), Consejera Administrativa de CITGO, presentada con este Aviso de Remoción como Anexo D, confirma que CITGO era en el momento en que se presentó la acción del demandante, y todavía es, una corporación organizada bajo las leyes del estado de Delaware.

  La Declaración Nini confirma que CITGO Petroleum Corporation estaba en el momento en que se presentó la acción del demandante, y aún está, incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware con sede principal en Houston, Texas.

  Luis Rivera sostiene que mientras se encontraba en las instalaciones de CITGO, “se le hizo caer al suelo” por lo que “sufrió graves lesiones personales, entre ellas, dolores y sufrimientos; que ha incurrido y continúa incurriendo en gastos por su atención y tratamiento médico, que ha sufrido —y sigue sufriendo— una pérdida de ingresos y/o capacidad de ingresos; y que ha sufrido —y sigue sufriendo— un deterioro de su capacidad para disfrutar de la vida y realizar sus actividades habituales”.

  La demanda de Rivera contra CITGO alega negligencia en el mantenimiento de las instalaciones de la empresa, lo cual ocasionó que el 24 de septiembre de 2017, el demandante sufriera una caída que le ocasionó severas lesiones personales.

  Luis Rivera exige ante el tribunal ser resarcido por los daños, monto al que deben sumarse intereses, costas y honorarios razonables de abogados.

  La portada de la demanda civil presentada en los informes de acción de la corte estatal alega daños detallados por un monto de USD 326.000.

 

lunes, 5 de abril de 2021

Venezuela insiste en no darse por aludida ante la demanda de Altana por impago de Bonos en Nueva York

    Se han seguido todos los procedimientos de ley y, por tanto, la acción legal continúa en progreso.

Por Maibort Petit

  Pese a que Venezuela insiste en no darse por aludida, Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, quienes la demandan ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por incumplimiento de contrato, en razón de no haber pagado intereses y capital de un conjunto de Bonos adquiridos por los demandantes cuando la demanda los ofertó, prosigue con la acción legal cubriendo todo lo previsto en la ley.
   Desde que el 8 de octubre de 2020 los demandantes presentaran la demanda ante la referida instancia judicial, Venezuela no ha podido ser servida —informada— de la acción emprendida contra ella. Sin embargo, esta estrategia de Venezuela no ha impedido que el proceso siga su curso como, en efecto, lo ha seguido.

  De las actuaciones emprendidas por los demandantes y las respuestas del Tribunal, damos cuenta a continuación.

Juez ordena a las partes acordar procedimiento

  El 15 de octubre de 2020, la Juez del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó a las partes —Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, por un lado y la República Bolivariana de Venezuela, por el otro— discutieran entre sí, si estaban dispuestas a consentir, según 28 U.S.C. 63(c), llevar a cabo todos los procedimientos posteriores ante el juez de instrucción asignado.
   De ser así, el abogado del demandado debería enviar antes del 1 de diciembre de 2020, vía correo electrónico, un aviso, consentimiento y referencia de acción civil completamente ejecutados al tribunal que, de ser aprobados por este, también debía adjuntarse a dicha orden toda la hoja de procedimientos posteriores ante los magistrados.

   La juez, igualmente instruyó para que cualquier apelación se lleve directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.

   Aclaraba la juez Torres que, si alguna de las partes no consentía en dichos procedimientos ante el Juez Magistrado asignado, las partes debían presentar una carta conjunta, antes del 1 de diciembre de 2020, notificando al Tribunal acerca de la negativa, pero sin revelar la identidad de la parte o partes que no consintiera. Las partes son libres de negar el consentimiento sin consecuencias negativas.

Previsiones por la pandemia

   En la misma fecha, 15 de octubre de 2020, la juez Torres también ordenó, para proteger la salud pública y al mismo tiempo promover la “determinación justa, rápida y económica de cada acción y trámite”, que todas las declaraciones del caso Altana contra Venezuela, podrían tomarse por teléfono, videoconferencia u otros medios remotos.
   También ordenó que se considerará que una deposición había tenido lugar "ante un oficial designado o designado de conformidad con la Regla 28" si este asiste al acto utilizando los mismos medios remotos utilizados para conectar todos otros participantes, siempre que todos puedan escuchar y ser escuchado claramente por todos los demás participantes.

  Se animó a las partes a participar en el descubrimiento a través de medios remotos en cada oportunidad disponible.

La notificación

   El 12 de noviembre de 2020, la Juez del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó que los demandantes Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, notificaran a la demandada, por el método establecido en 28 U.S.C. 1608 (a) (4).

Corte ordena aplazamiento

  El 17 de noviembre de 2020, la juez Analisa Torres, ordenó el aplazamiento de los lapsos establecidos en las Órdenes del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York del 15 de octubre de 2020, las cuales establecieron, en primer término, el 1º de diciembre de 2020, como fecha límite para presentar una carta conjunta sobre si las partes estaban dispuestas a consentir para proceder ante un juez de instrucción; en segundo término, en la misma fecha también debían presentar una carta conjunta sobre la conferencia inicial previa al juicio.

  El otro lapso a aplazar era el 8 de diciembre de 2020, a las 11:40 a. m. cuando se produciría la conferencia inicial previa al juicio.

  La juez igualmente ordenó que los demandantes informaran sin demora al Tribunal cuando se completaran la notificación del proceso, advirtiendo que si el servicio no se había completado dentro de los 60 días posteriores a la fecha de esta orden, Altana debía presentar una carta de estado ante el Tribunal.
Altana pide permiso para presentar segunda demanda enmendada

  El 12 de enero de 2021, David W. Bowker, de la firma de abogados Wilmer Hale, en representación de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, remitió a la juez Analisa Torres, una solicitud de permiso para presentar la Segunda Demanda Enmendada bajo lo prescrito en la Regla III.A de las Prácticas Individuales pues se cumplían todos los estándares de ley.

  Refería el abogado de Altana que desde la presentación de la Demanda Modificada el 5 de noviembre de 2020, los demandantes modificaron sus posiciones sobre los bonos en cuestión, por lo que la República Bolivariana de Venezuela no paraba de hacer los pagos requeridos de interés y capital. Por lo tanto, la Segunda Demanda Enmendada reflejaba el estado más actual de las posiciones y reclamos de bonos de los demandantes. Advertía que no había problema de retrasos indebidos o mala fe, ni tampoco ningún perjuicio potencial para Venezuela, que a la fecha no había sido notificada, habiéndose modificado los plazos de programación a la espera de la notificación bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.

  Le manifestó David W. Bowker a la juez Torres, que en razón de que los demandantes no habían servido aún a Venezuela, estos desconocían si la demandada estaba representada por un abogado en el asunto; tampoco conocían la posición de Venezuela sobre esta solicitud.

   Indicó que, al igual que con las presentaciones anteriores en este caso, dado que anteriormente habían mantenido correspondencia con los abogados de Venezuela en un caso relacionado, las copiaban en esta comunicación.

La juez aprobó dicha solicitud

Carta estado del proceso

 El 19 de enero de 2021, el abogado de los demandantes, David W. Bowker, le remitió a la juez Analisa Torres, la carta de estado del 
proceso que el tribunal le solicitara el 17 de noviembre de 2020.

   Refirió Bowker en la comunicación que Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman se habían preparado diligentemente para notificar a la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la Sección 1608 (a) (4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, incluso obteniendo las traducciones necesarias de documentos del inglés al español.

  Explicaron que los demandantes habían adquirido los bonos recientemente y Venezuela no había cumplido con los pagos de interés y capital requeridos. En razón de ello, debían modificar su reclamo en este caso. Así, el 12 de enero de 2021, presentaron una carta previa a la moción de autorización para presentar una Segunda Demanda Enmendada, que a la fecha de la comunicación se encontraba pendiente ante el Tribunal. Dada la solicitud pendiente de licencia, los demandantes propondrían esperar la decisión del Tribunal sobre ese asunto antes de proceder rápidamente con la notificación de la Segunda Demanda Enmendada.

  Agregó el abogado que, dado que los demandantes aún no habían servido a Venezuela, no sabía si esta tenía ya abogado designado.

Altana informa a Venezuela a través del Departamento de Estado

   EL 22 de marzo de 2021, David W. Bowker, en representación de los demandantes, presentó una carta estado del proceso, en atención a una solicitud del tribunal de fecha 21 de enero de 2021.

   Manifestó que Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman entendían que, a su leal saber y entender, el servicio estaba en proceso, pero aún no se había completado.

   El abogado explicó que, lego de la presentación de la Segunda Demanda Enmendada, preparó rápidamente los materiales necesarios para notificar a la República Bolivariana de Venezuela, incluida la obtención de las traducciones requeridas de los documentos del inglés al español y, en tal sentido envió esos materiales al Secretario de Tribunal, de conformidad con la Sección 1608 (a) (4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.

  Luego de lo anterior, el 10 de febrero de 2021, el secretario del Tribunal envió por correo los documentos de servicio al Departamento de Estado de EE. UU. y presentó el certificado correspondiente a la corte.

  El 15 de marzo de 2021, los demandantes se comunicaron con la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado para preguntar sobre el estado del servicio y el 18 de marzo de 2021 este último respondió que “recibió el caso y actualmente [está] en proceso de atender al país”.

  Refirió a la juez que el Departamento de Estado los invitó a indagar nuevamente a finales de esa semana, cuando esperaba tener más información, e indicó que los mantendría "actualizados sobre el estado de este caso en el futuro".

  Por último, David Bowker indicó a la juez Analisa Torres que notificarían de inmediato al Tribunal cuando se completara la notificación del proceso.


 

 


lunes, 29 de marzo de 2021

CITGO sostiene que Corte del Distrito Sur de NY tiene jurisdicción para atender su demanda contra aseguradoras

   Pidieron y el tribunal aprobó la solicitud, autorización para presentar una demanda enmendada.

Por Maibort Petit

  Desde que el pasado 15 de enero de 2021, CITGO Petroleum Corporation demandó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York —por incumplimiento de contrato— a un conjunto de aseguradoras que se niegan a pagar por la pérdida de 939.000 barriles de crudo diluido y 22.000 barriles de crudo Pedernales de su propiedad cargados en el buque petrolero M/T Gerd Knutsen, el cual fue atacado el 9 de octubre de 2020 durante un movimiento insurreccional contra la presidencia interina de Venezuela, ejercida por Juan Guaidó, cada una de las partes ha llevado a cabo una serie de diligencias dirigidas a defender su posición en el caso.
  Entre estas acciones, CITGO, por ejemplo, solicitó al juez de la causa, Gregory H. Woods, su autorización para presentar una demanda enmendada, la cual resultó aprobada por el magistrado.

 Igualmente, CITGO reiteró que el tribunal neoyorquino tiene jurisdicción para atender la demanda bajo 28 U.S.C. § 1332 (a) (2) debido a que CITGO es una corporación registrada y con sede en Texas y Delaware, mientras que los demandados están registrados en el Reino Unido, además de que la cantidad en controversia excede los USD 75.000.
  Refieren que según la legislación citada, la Corte del Distrito Sur de Nueva York es el lugar apropiado para dirimir la controversia, porque las partes celebraron un contrato en el que consintieron el lugar y la jurisdicción personal de esta Corte.

La solicitud de permiso al juez

  El 5 de febrero de 2021, Mark J. Plumer, David F. Klein, Charrise L. Alexander y John Chamberlain, de la firma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, representantes de CITGO Petroleum Corporation (CITGO), solicitaron al juez del Distrito Sur de Nueva York, Gregory H. Woods, su autorización para enmendar la demanda emprendida contra las aseguradoras Ascot Underwriting Limited, Pioneer Underwriting, MS Amlin Underwriting Limited, Travelers Syndicate Management Limited, Brit Syndicates Limited, Sompo International Insurance, Chaucer Syndicates Limited, Markel Syndicate Management Limited, Neon Underwriting Limited y Starstone Insurance SE, con las cuales suscribió la Póliza de Reaseguro de Carga Marítima Nº B1263EG0466118 y ahora reclama incumplimiento de contrato.
   El pedido, que fue aprobado por el juez Woods, refiere que antes de iniciar este litigio, CITGO, se reunió a través de un abogado, con el abogado de los demandados, a quienes consultó y estos confirmaron la ciudadanía y el monto en controversia asociado con cada demandado.
   En vista de esto, CITGO cree que los alegatos alegan adecuadamente la diversidad completa de ciudadanía y considera que la Corte tiene jurisdicción en la materia sobre esta demanda.

  Refieren los abogados que en la medida en que el tribunal tenga preocupaciones pendientes sobre la forma del alegato jurisdiccional de CITGO, ésta solicita respetuosamente permiso para enmendar la demanda a fin de abordar cualquier deficiencia percibida.

 Refiere CITGO que las empresas demandadas son miembros de ciertos sindicatos no incorporados cuyo domicilio comercial principal se encuentra en Londres, Inglaterra. Cada uno de estos sindicatos consta de uno o más miembros, que se suscriben a la política en cuestión en este caso, que es el último demandado en este litigio, una corporación incorporada y con su sede principal de negocios en una jurisdicción completamente diferente a la del demandante.

   Seguidamente, los abogados hacen un recuento de estos miembros que forman parte de Lloyd's Syndicate, un mercado de seguros británico, los cuales son en casi todos los casos, corporaciones constituidas y existentes bajo las leyes del Reino Unido, con sede principal de negocios en Londres, Inglaterra.

  Bajo esta condición enumeran a: 1) El 1414, Ascot Corporate Name Limited; 2) el 2001, MS Amlin Corporate Member Limited; 3) el 5000, April Grange UK Ltd y F&G UK Underwriters Ltd; 4) el 2987, Brit UW Limited; 5) el 5151, Endurance Corporate Capital Limited; 6) el 1084, Chaucer Corporate Capital (No 3) Limited; 7) el 3000, Markel Capital Limited; 8) el 2468, Sampford Underwriting Limited, Lavenham Underwriting Limited y GAI Indemnity, Ltd; el Consorcio 9146, compuesto por Lloyd's Syndicate 1980 y Lloyd's Syndicate 2088. El único miembro de Lloyd's Syndicate 1980 es Liberty Corporate Capital Limited, mientras que el único miembro de Lloyd's Syndicate 2088 es China Re UK Limited. Liberty Corporate Capital Limited y China Re UK Limited son sociedades constituidas y existentes según las leyes del Reino Unido, con sede principal en Londres, Inglaterra.

  La demanda también alega que la parte de cada uno de los demandados aseguradores de Lloyd's en la pérdida de CITGO supera los USD 75.000.

   La excepción corresponde a Starstone Insurance SE, una corporación de Liechtensteiner con sede principal en Schaan, Liechtenstein. Esta aseguradora es responsable de una parte de la pérdida de CITGO que excede los USD 75.000.




miércoles, 27 de enero de 2021

Corte suspende caso en el que PDV Holding demanda a los EE. UU. el reembolso de impuestos cobrados erróneamente

  El total reclamado por la filial de PDVSA, propietaria de CITGO Petroleum Corporation es de USD 641.565.472 más intereses.

Por Maibort Petit

   El 19 de enero de 2021, el juez Keith P. Ellison, del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, ordenó suspender el caso que en esa instancia judicial entablan PDV Holding, Inc. y los Estados Unidos, en el cual el demandante reclama el reembolso de impuestos federales sobre la renta y sus intereses, cobrados erróneamente por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

  De este modo, el caso identificado con el serial 4: 20-cv-03621, permanecerá en suspenso hasta tanto se produzca una decisión sustantiva en los casos SOPC Holdings West LLC, socio fiscal de Equilon Enterprises LLC contra Estados Unidos; y Exxon Mobil Corp. contra Estados Unidos, que se libran en cortes de esa entidad estadunidense.

  PDV Holding, Inc., filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), constituida en Delaware y con sede social en Texas es la accionista indirecta de CITGO Petroleum Corporation, a través de la propiedad de 100 por ciento de las acciones de CITGO Holding Inc., a su vez accionista única de CITGO Petroleum Corporation.

Moción para suspender el caso

  El 15 de enero de 2021, PDV Holding había solicitado al Tribunal otorgarle una moción para suspender el caso en tanto se produzca, las determinaciones finales del  caso SOPC Holdings West LLC, socio de asuntos fiscales de Equilon Enterprises LLC contra Estados Unidos; el caso Exxon Mobil Corp. contra Estados Unidos que tienen lugar en tribunales de Texas.

  Se refiere que el caso SOPC se encuentra igualmente suspendido hasta marzo de 2021, a la espera de la resolución de Exxon.

 Se informa que estados Unidos está de acuerdo con la moción presentada por PDV Holding.

  El pedido obedece a que PDV Holding estima que la resolución de los casos citados es determinante para establecer cómo las partes consideren continuar el litigio.

  El demandante quiere esperar el desarrollo del caso de Exxon pues ello le permitirá establecer si puede reducir su costo de bienes vendidos por la cantidad de créditos de mezclas de alcohol combustible que recibió.

La demanda

  El 22 de octubre de 2020, PDV Holding INC., presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, para reclamar el reembolso de impuestos federales sobre la renta y sus intereses evaluados y cobrados erróneamente por los Estados Unidos de América.

  Explica la demanda que, en 2004, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) el Congreso de los EE. UU. creó un crédito fiscal para fomentar la producción de mezclas de alcohol y combustible ecológicas.

  CITGO produce E10, una mezcla de etanol y gasolina, que vende en la refinería/estante de la terminal, lo que la califica para el crédito en cuestión y, por tanto, lo utilizó para reducir los depósitos en efectivo periódicos requeridos para satisfacer sus obligaciones de impuestos especiales federales para los años fiscales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, tal como lo establecía la ley.

 Sin embargo, en sus declaraciones de impuestos sobre la renta consolidadas federales corporativas presentadas originalmente, la filial de PDVSA redujo incorrectamente el costo de los bienes vendidos por el crédito que recibió, pagando al IRS más en impuestos de lo que realmente debía. Al percatarse del hecho, la demandante presentó oportunamente reclamos de reembolso para recuperar los pagos en exceso de impuestos, pero el pedido fue rechazado, razón por la cual acude a la Corte en reclamo del reembolso.

El monto reclamado

  El 30 de diciembre de 2013, PDV Holding presentó el Formulario 1120X, correspondiente a la Declaración de Impuesto sobre la Renta de Corporaciones de EE.UU. enmendada, disminuyendo su renta gravable y reclamando el reembolso del impuesto sobre la renta federal del año 2005 equivalente a USD 36.226.688 más intereses; la del año 2006, por USD 51.417.177 más intereses; la de 2007 por USD 41.197.773 más intereses.

  Asimismo, el 31 de enero de 2014, PDV Holding hizo el reclamo de reembolso correspondiente al año 2008 por USD 115.491.634 más intereses; la de 2009 por USD 170.170.668; la de 2010 por USD 190.775.455; la de 2011 por USD 36.286.077 más intereses.

    El total reclamado es de USD 641.565.472 más intereses.

  Se indica en la demanda que el IRS no atendido ninguno de los reclamos, rechazándolos a través de un aviso el 24 de octubre de 2017.

   Las partes firmaron el Formulario 907, correspondiente a un acuerdo para extender el tiempo para presentar una demanda en la que PDV Holding podía reclamar los impuestos descritos anteriormente.

  Los compradores de mezclas de combustible de alcohol pagaron a CITGO el monto total del impuesto federal al consumo por cada galón de mezcla. Así, cada vez que un comprador usó el combustible de manera exenta, previa solicitud al IRS, recibió un reembolso del monto total del impuesto especial federal sobre cada galón de mezcla.

   Se refiere que CITGO incurrió en pasivos por impuestos especiales federales y era elegible para el crédito y por tanto hace los reclamos correspondientes según se ve a continuación (redondeados al millón más cercano):

   PDV Holding solicita a la Corte dicte sentencia otorgándole que Estados Unidos le reembolse los sobrepagos de impuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, así como cualquier otra cantidad que sea reembolsable más los intereses  legales.

Procedimiento

  El 23 de octubre de 2020, el juez Keith P. Ellison, de la Corte del distrito Sur de Texas-División Houston, giró una serie de instrucciones relativas a la posibilidad de que el demandante diligenciara conferencias previas al juicio a través del sitio web del tribunal.

  Entre otras instrucciones, se estableció que las solicitudes debían presentar en los 15 días siguientes a la emisión de la orden del tribunal un certificado que enumerara a todas las personas, asociaciones de personas, firmas, sociedades, corporaciones, afiliadas, corporaciones matrices u otras entidades interesadas financieramente en el resultado del litigio; los acusados debían ser notificados dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la denuncia, pudiéndose desestimar la acción en caso de que el demandante no presente prueba de notificación.

  La orden precisa que cuando las partes se reúnan, el abogado preparará y presentará no menos de 10 días antes de la conferencia, un plan conjunto de descubrimiento/manejo del caso; todos los abogados deberían preparar, completar las fechas y llevar la Orden de control de agenda/expediente a la conferencia inicial previa al juicio y de programación.

El certificado de las partes interesadas

   Atendiendo el requerimiento del tribunal, los abogados de PDV Holding presentaron el 5 de noviembre de 2020 el certificado de las partes interesadas en la exigencia formulada y que, a saber son, PDV Holding Inc .; CITGO Holding Inc.; CITGO Petroleum Corporation; y Estados Unidos de América.



miércoles, 28 de octubre de 2020

Darwin Padrón Acosta: El empresario condenado por corrupción en EE. UU. que recortó su condena

   Fue condenado a 18 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y la confiscación de USD 9.052.397,73. 

Por Maibort Petit

   El contratista de Petróleos de Venezuela S.A., Darwin Enrique Padrón Acosta, quien el 17 de octubre de 2016, se declaró culpable de cometer el delito de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al haber pagado sobornos a dos funcionarios de PDVSA a cambio de recibir contratos millonarios de la estatal. En marzo de 2020 empezó a pagar la condena que logró reducir a sólo 18 meses debido a su amplia colaboración con la justicia. Desde mediados de 2021 estará libertad condicional.



   Padrón Acosta, quien igualmente sería propietario de un Bingo, ha salido a relucir como persona relacionada al empresario colombiano responsable del programa de alimentación CLAP, el cual supuestamente está plagado de irregularidades que le suministraron millonarias ganancias a costa del hambre del pueblo venezolano.

  De este modo, quien ya es un confeso violador de la ley, habría persistido en su conducta irregular al mantener supuestos negocios turbios con el colombiano señalado de ser prestanombre del dictador venezolano.

Los cargos en su contra

   En la causa que se siguió en su contra en la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, a Darwin Enrique Padrón Acosta —un residente legal permanente de los EE. UU. con asiento en Florida— controlaba una serie de sociedades, entre ellas varias empresas estadounidenses, que utilizó para asegurar contratos con PDVSA.

  Procesado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Padrón Acosta actuó en sociedad con José Luis Ramos Castillo, residente del Distrito Sur de Texas, ex-empleado de PDVSA y su subsidiaria Bariven, quien se encargaba de seleccionar empresas para que participarían en las licitaciones convocadas por la petrolera y con quien se identifica en la demanda como “Funcionario F”, quien gestionaba las compras y adquisiciones de la estatal.

  La Fiscalía del Distrito Sur de Texas acusó a Darwin Padrón del delito de Conspiración, indicando que entre 2009 y 2014, actuó con la intención y a sabiendas de que se encontraba cometiendo delitos contra los Estados Unidos a través de sus empresas que, según la FCPA, actuaba como una empresa doméstica y un funcionario de la misma que la utilizaba para pagar a un funcionario extranjero, sabiendo que la totalidad o una parte de dicho dinero, buscaba influir en las decisiones de este último, para ayudar a las empresas del demandado a obtener los contratos de PDVSA.

  Padrón Acosta en conjunto con sus co-conspiradores pagaron sobornos a funcionarios corruptos de PDVSA, entre ellos Ramos Castillo y el “Oficial F” con la intención de obtener lucrativos contratos de PDVSA a través de medios corruptos y fraudulentos. Mediante la realización de transacciones financieras, se buscaba enmascarar el pago de los sobornos.

   La acusación refiere que mientras se encontraban en el Distrito Sur de Texas, Darwin Padrón Acosta pagó los sobornos valiéndose de cables interestatales y extranjeros en procura de influir en las decisiones de ciertos funcionarios de PDVSA y sus empresas resultaran beneficiadas.

Los hechos

  Las investigaciones de la fiscalía presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Texas, señalan que Darwin Padrón Acosta firmó un cheque el 1º de febrero de 2012 por USD 117.000, de una cuenta bancaria a nombre de una empresa de su propiedad, cuyo beneficiario fue un familiar del Oficial F, quien trabajó en la adjudicación de contratos de PDVSA a empresas del demandado.

  El 22 de mayo de 2012, Padrón Acosta transfirió UDD 682.000 de una cuenta de una empresa de su propiedad a una cuenta de una empresa que José Luis Ramos Castillo poseía en sociedad con un pariente.

  Para el 15 de junio de 2012, Darwin Padrón ordenó transferir USD 320.000 de una cuenta de una de sus empresas, a una cuenta a nombre de una empresa que Ramos poseía con un pariente.

  Padrón transfirió el 20 de agosto de 2012, la cantidad de USD 50.000 de una cuenta bancaria de sus empresas, a una cuenta de un familiar del Oficial F.

  Otra transferencia se hizo el 28 de agosto de 2013, por orden de Padrón, desde una cuenta bancaria a nombre de un pariente, en beneficio de Ramos Castillo. Se trata de USD 394.250,74 producto de las ganancias de sobornos que se destinaron a comprar bienes inmuebles en el Distrito Sur de Texas.

El acuerdo

  El 17 de octubre de 2016, Darwin Enrique Padrón Acosta, representado por la abogada, Marisel Descalzo, llegó a un acuerdo con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Kenneth Magidson; el subjefe, John Pearson; el Fiscal Auxiliar, Robert S. Johnson; el jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Andrew Weissmann.

  Padrón Acosta aceptó declararse culpable del cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, sección 78dd-2 (FCPA), y de cometer lavado de dinero, Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 371.

  Se estableció que la pena máxima legal por cada violación de la ley era el encarcelamiento por no más de cinco años y una multa de no más de USD 250.000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta.

  Además, el acusado podría recibir un período de libertad supervisada después de un encarcelamiento de hasta tres años por cada violación. Si violaba las condiciones podía ser encarcelado por todo el período de libertad supervisada, sin crédito por el tiempo ya cumplido en el término de liberación supervisada antes de tal violación.

  Por otra parte, el acusado admitió que comprendía que su declaración de culpabilidad podía afectar su estatus migratorio, podría ser expulsado de los Estados Unidos, negársele la ciudadanía y la admisión a EE. UU. en el futuro.

Cooperación

   Darwin Padrón Acosta aceptó cooperar plenamente con los Estados Unidos y no oponerse a la confiscación de activos.

  Por “cooperar plenamente", Padrón entendió que debía proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, tanto estatal como federalmente.

  Se comprometió a testificar ante un gran jurado o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo cuando así lo solicite Estados Unidos, así como renunciar a su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación a los efectos del acuerdo.

  Asimismo, proporcionar información y testimonio veraces, completos y precisos ante el Gran Jurado o en cualquier procedimiento judicial (penal o civil); proporcionar todos los documentos en su posesión o bajo su control relacionados con todas las áreas de investigación e investigación.

La confiscación

  El acuerdo contempló de al menos USD 9.052.397,73 en su contra y a favor de los Estados Unidos.

  Padrón Acosta renunció a todos y cada uno de los intereses en cualquier activo que sea objeto de un proceso de decomiso administrativo o judicial relacionado, ya sea penal o civil, federal o estatal.

  También renunció al derecho de impugnar el decomiso de la propiedad de cualquier manera, incluso mediante apelación directa o en un procedimiento colateral.

La sentencia

  El 19 de noviembre de 2019, Darwin Enrique Padrón Acosta, fue sentenciado a cumplir una pena de 18 meses de prisión. Asimismo, cumpliría 3 años de libertad supervisada. Está pagando su condena en el FCI Camps en Miami.


 

jueves, 3 de septiembre de 2020

CITGO anunció la jubilación (renuncia) de su controlador corporativo

Por Maibort Petit

 CITGO Petroleum Corporation anunció que Barry Treas, controlador corporativo, se jubilará y que Bob Shoemaker, actual Gerente de Presupuestos y Análisis de Desempeño, lo sustituirá a partir del 30 de septiembre de 2020. Desde 2018, tres funcionarios han ocupado ese cargo primordial para la transparencia de la gestión de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Barry Treas fue designado en el puesto en 2019, para sustituir a Theresa Mitchells que ocupaba dicha posición desde 2018. Una fuente interna de CITGO advirtió a Venezuela Política que "Ninguno de los tres ejecutivos tiene la certificación requerida para el cargo que es "Certified Public Accountant" (CPA)". No obstante, otra fuente cercana a la directiva de corporación informó que "de acuerdo a la interpretación formal, esta certificación no es obligante, para ocupar el caso".

 Agrega la misma fuente que "El Señor Shoemaker posee una amplísima experiencia profesional y académica que lo respalda, lo cual puede verificarse en su perfil de LinkedIn".

Un cargo clave

  La posición de controlador corporativo es clave porque sus experticias permite descubrir los hechos de corrupción en la corporación, que a su vez pueden llevar al bloqueo de empresas proveedoras que no cumplan con los requisitos legale ni las normas internas de CITGO. El fiel cumplimiento de esta función por un profesional capaz, evita que se produzcan procesos ilícitos de licitaciones, facturaciones con sobreprecios, pagos duplicados, facturación de empresas fantasmas, uso de compañías de maletín o para firmas que buscan esconder a los beneficiarios reales.

  Un controlador corporativo profesional y apto para el cargo, está obligado a revisar y verificar los controles preventivos, incluyendo los controles para el proceso de identificacion y verificacion de proveedores (vendor due diligence) y bloqueo de entidades que pertenezcan a miembros de organizaciones criminales y que se otorguen contratos a delincuentes.

  Los controladores corporativos deberían detectar y reportar ante la junta directiva y el Departamento legal de CITGO, las transacciones fraudulentas, los pagos ilegales autorizados por funcionarios corruptos, incluyendo los de contratistas y abogados en EE. UU. y fuera del país que hayan violado las leyes de transparencia y las normas de la empresa.

  Igualmente, los profesionales preparados para cumplir con esta función pueden reportar falsos estados financieros, utilidades ficticias para lograr beneficios a los funcionarios de turno, y evitar que la corporación viole por esas vía las leyes federales de los Estados Unidos y que se efectúe un desfalco contra los accionistas  de CITGO, que es el pueblo de Venezuela.

  Theresa Mitchels, (empleada de confianza de Gustavo Cárdenas), fue removida del puesto en febrero de 2019, cuando asumió el control de CITGO la junta directiva designada por Juan Guaidó. Desde ese momento, se designó en el cargo a Barry Treas, "por recomendación de Rick Esser y Curtis Rowe", según informaron a Venezuela Política fuentes internas de la corporación.

  "Barry Treas trabajó por más de una década en Departamento de Informática de CITGO", y de acuerdo a varias fuentes internas "Treas no tenía la experiencia ni experticia técnica contable para ocupar la posición de controlador corporativo por lo cual renunció".

  De acuerdo a las mismas fuentes consultadas, "Bob Showmaker, no tiene un certificado (CPA) (Por sus siglas en inglés Certified Public Accountant).

  En un comunicado de CITGO, se señala que "Shoemaker se unió a CITGO en 1999 y ha ocupado varios puestos de creciente responsabilidad desde entonces, incluido el de Gerente de Arquitectura de Sistemas Financieros, Gerente de Análisis Financiero y Comercial, y su función actual como Gerente de Presupuestos y Análisis de Desempeño. Bob tiene una licenciatura en contabilidad de la University of Central Missouri y una maestría en administración de empresas de la Pennsylvania State University".




 


miércoles, 12 de agosto de 2020

La presunta conducta criminal de José Luis De Jongh Atencio en CITGO: Una historia de larga data(Parte I)

Por Maibort Petit

   La acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el exfuncionario de CITGO, José Luis De Jongh Atencio, no incluye a todos los asociados de la conspiración criminal ni a la totalidad de las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos fraudulentamente en la filial de PDVSA en Estados Unidos. De Jongh Atencio creo un emporio de riquezas, gracias a negocios ilícitos vinculados a CITGO durante las administraciones de Alejandro Granado y Nelson Martínez.

Una parte de la historia

    Cuando Alejandro Granado era presidente, CEO de CITGO y Chairman de su Junta Directiva, ordenó emplear a José Luis De Jongh Atencio (2010).


    Según las versiones de varias fuentes de CITGO, consultadas por Venezuela Política, Alejandro Granado inició las acciones a nivel corporativo para crear una oficina de CITGO en Miami, que se encargara de los proyectos especiales que estaban bajo el control del mismo Granado. Dentro de las actividades que se realizaron, destacaba la promoción de la venta del Café Venezuela y otros productos en las estaciones de servicio abanderadas por CITGO. Este programa no fue exitoso y pronto llegó a su fin.

   Estas actividades fueron una justificación para que Granado hiciera viajes semanales a Miami, en el avión de CITGO que cubría la ruta desde el aeropuerto de Sugar Land -Houston hasta la Florida.


    Según los récords, Granado contrató a De Jongh como empleado de CITGO en Houston y ordenó su traslado [junto a su familia] desde Miami.  


   José Luis De Jongh Atencio es abogado graduado en la Universidad del Zulia, "profesión que ejerció tímidamente en Venezuela". Una fuente consultada bajo compromiso de anonimato por no estar autorizada a declarar, dijo a Venezuela Poítica que De Jongh "no tenía ninguna experticia en la industria de refinación y su única credencial era el ser amigo de  la juventud y de estudios en Maracaibo de Rosana Elena Delgado (también conocida como Rosana E. Nooney), esposa y socia de Alejando Granado". Agrega la fuente que "Rosana y De Jongh continuaron su amistad con el entonces CEO de CITGO, cuando estaban viviendo en Miami".


   Otra fuente consultada sostiene que "La única actividad académica que se le conoce a De Jongh Atencio en EEUU fue que realizó un curso de paralegal en Miami y no contaba con la licencia para ejercer derecho en los EEUU". 

   Una persona ligada al caso y que trabaja en CITGO, asegura que Alejandro Granado ordenó al Departamento legal de CITGO emplear a De Jongh Atencio como consultor y asesor interno. "Trabajó en proyectos puntuales bajo la supervisión del también abogado venezolano Arnaldo Arcay, [ex-patriado de PDVSA y asignado a CITGO] quien, aunque tampoco tenía licencia de abogado en EEUU, era el encargado de coordinar administrativamente las actividades de los abogados asignados a las refinerías de CITGO", acotó.

  De Jongh se mantuvo realizando trabajos como consultor hasta 2013, cuando el acusado fue transferido al Departamento de Procura donde, "sin tener ninguna experiencia en esta área, ocupó los cargos de Gerente de Procura para las tres refinerías y la Gerencia de Procura para proyectos especiales". 

  Otra fuente a la que entrevistó Venezuela Política sostuvo que "en más de una ocasión" De Jongh Atencio asumió la posición de Gerente General “interino” de Procura de la corporación. 
  
  Según los reportes internos de CITGO, De Jongh fue removido de esa posición en Procura "porque se descubrieron irregularidades administrativas". No obstante, el acusado no fue despedido de CITGO sino que gozó del privilegio de ser transferido nuevamente al Departamento Legal, "donde siguió trabajando en colusión con Nelson Martíne cuando éste era Presidente, CEO y Chairman de la Junta Directiva de CITGO".


   Otros funcionarios de la filial de PDVSA en Estados Unidos, ratificaron a Venezuela Política que De Jongh presuntamente "estuvo apoyado en sus acciones por José Luis Zambrano" [uno de los 6 ejecutivos de CITGO que se encuentra detenido en Caracas por órdenes del régimen de Nicolás Maduro]. Las fuentes sostienen que "Zambrano había sido Gerente General de Procura y posteriormente promovido por Nelson Martínez, como Vicepresidente de Servicios Compartidos".  Sostienen que "Zambrano y De Jongh trabajaban en equipo en todos los negocios [supuestamente] turbios que lideraba Martínez en la sombra y que fueron objeto de investigación interna en la corporación".

  Agregan las fuentes que [presuntamente], De Jongh era quien atendía a los “socios externos”, y les daba tours por los mejores restaurantes, sitios nocturnos y espectáculos exclusivos de Houston. Su función era ser el “enlace” que negociaba las condiciones para los [supuestos] negocios de Martínez.


  Asimismo, mencionan que "Pedro Blanco, también [presuntamente] habría sido parte de ese equipo corrupto que fue empleado por Nelson Martínez para trabajar en CITGO como Asesor en la oficina Corporativa de Mid-Office, reportándole directamente a Zambrano, quien era el Gerente General de la referida oficina en ese momento". Agrega que: "Blanco trabajó en muy bajo perfil y también representó a Nelson Martínez en negociaciones turbias. Blanco abandonó el puesto y desapareció de CITGO después que el régimen de Nicolás Maduro arrestó a Martínez en Caracas". [Todos estos señalamientos están bajo investigación federal].

De Jongh fue despedido de CITGO por Asdrúbal Chávez

   Las fuentes consultadas aseguran que De Jongh y Arnaldo Arcay fueron despedidos de CITGO cuando Asdrúbal Chávez tomó posesión como Presidente de CITGO a finales de 2017[esta información fue constatada por Venezuela Política en los récords internos de CITGO]. "Ambos exfuncionarios estuvieron involucrados en las negociaciones del contrato de la refinería de Aruba y existen reportes internos de su mala conducción, a espaldas de los funcionarios de CITGO, que permitieron la firma de un contrato leonino para CITGO".

    El experto en petróleo, Gustavo Coronel, explicó en un artículo públicano en la Patilla en 2016, que el mencionado contrato "fue firmado por CITGO con Aruba a pesar de que no existía el suficiente capital para cumplir con los compromisos contraídos en el contrato. La celebración de este compromiso contractual causó conmoción entre el cuerpo de técnicos de CITGO porque la factibilidad tanto única como económica de ese proyecto era muy dudosa". 

    Fuentes dijeron a Gustavo Coronel que: “ Se armó un escándalo en CITGO durante una reunión convocada por abogados de la empresa sobre las negociaciones que adelanta un grupo en CITGO con el Gobierno de Aruba para operar la refinería de Aruba". Leer la nota en este enlace. 

   Luego de ser despedidos de CITGO continúan explicando las fuentes— De Jongh y Arcay intentaron demandas por despido injustificado. Glenn Hilman, quien para ese entonces era Vicepresidente de Servicios Compartidos de CITGO [responsable de supervisar al Departamento de Recursos Humanos] "celebraba en los pasillos de la sede corporativa el despido de De Jongh y Arcay" y posteriormente reveló públicamente que "el arreglo extrajudicial había sido parte de lo que le correspondía del bono anual para que desistieran de su demanda judicial".  

  Tal como hemos informado en nuestra cuenta Twitter @maibortpetit, Glenn Hilman se jubiló. La decisión se tomó en la primera reunión presidida por Carlos Jordá [como Presidente y CEO de CITGO]. 
   De acuerdo a los reportes internos de CITGO, Rick Esser, quien fungía como Vicepresidente Ejecutivo de CITGO, sugirió esta salida de De Jongh "para proteger los beneficios económicos de Hilman en caso de que lo despidiera Jordá por las múltiples acusaciones e investigaciones que había en su contra por malos manejos administrativos". 

  Actualmente, Hillman continúa trabajando en CITGO, contratado como Consultor y participando en varios proyectos. Hillman no ha ocultado sus excelentes relaciones con los funcionarios que han pasado por la administración de CITGO, ni en la era chavistas ni la opositora, incluyendo a miembros de la  actual Junta Directiva de CITGO nombrada por el Presidente Interino, Juan Guaidó.

El negocio de De Jongh: "Camaroneras o cangrejeras"

  Fuentes contactadas en Venezuela, informaron que De Jongh estuvo dedicado al negocio de las camaroneras y cangrejeras, el comercio de los crustáceos decápodos marinos y cangrejeras (Mar Crab) se convirtieron en una época en su principal actividad comercial.  

  Otra fuente consultada informó que la esposa de De Jongh,  Dulce María Salaverria trabajaba como corredora (bróker) en el mercado de inversiones en Estados Unidos, pero perdió su licencia norteamericana de por vida por haber presentado información falsificada en la aplicación para ingresar a una empresa internacional donde trabajó inicialmente en la ciudad de Maracaibo. En la página de www.finra.org. puede confirmarse la sentencia contra Salavarria.


 Personas que conocieron a De Jongh en Maracaibo dijeron a Venezuela Política que el hoy acusado por el gobierno de Estados Unidos, proviene de una familia de clase media-alta ligada a sectores empresariales del Estado Zulia. Según fuentes cercanas a la pareja, "De Jongh y su esposa Salaverria decidieron venirse a EEUU huyendo de la cantidad de problemas legales que debían enfrentar en Venezuela".

De Jongh y sus relaciones con José Manuel González Testino

    De Jongh Atencio está acusado  por el Departamento de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero. 

  La acusación formal alega que a partir de 2013 y hasta al menos 2019, De Jongh Atencio acordó aceptar pagos de soborno de contratistas, incluidos José Manuel González Testino y Tulio Anibal Farías Pérez, y otros [no mencionados] a cambio de ayudar a los contratistas y  sus empresas a realizar negocios con CITGO y PDVSA. 

  La querella señala que De Jongh recibió más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos por participar en el esquema de corrupción. A cambio, supuestamente proporcionó ventajas comerciales inadecuadas a González Testino y  Tulio Farías para ayudarlos a adquirir contratos de CITGO y PDVSA.

  La acusación formal alega además que De Jongh Atencio ordenó que los pagos de sobornos de González Testino, Farías y otros se hicieran a cuentas bancarias a nombre de compañías fantasmas en Panamá y Suiza. En algunos casos, también presuntamente dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. 

La empresa Drill Corp y las extrañas transferencias

  Fuentes internas de CITGO sostiene que "hubo una averiguación para identificar el verdadero propietario de la entidad denomianda Drill Corp, una empresa fantasma que recibió generosos contratos de manera fraudulenta en CITGO. Luego de investigación se supo que detrás de Drill Corp. estaba dirctamente, José Manuel González Testino".

  Lo interesante es que los técnicos de CITGO ingresaron a Drill Corp. en la lista de proveedores bloqueados en CITGO. No obstante, aseguran fuentes internas que "en el 2017, cuando Rick Esser y José Pereira retaliaron contra los miembros de comité de cumplimiento de CITGO [sacándolos de sus funciones y cargos en el comité] y con la ayuda de los nuevos miembros de esa instancia, Jennifer Moos, Judith Colbert, Eladio Pérez, José Luis Zambrano] coludieron y desbloquearon a Drill Corp. y permitieron que se le otorgaran fraudulentamente más de USD 70 millones en contratos favoreciendo a José Manuel González Testino". 

   Los consultados sostiene además que "durante el 2017 y el 2018, con el supuest conocimienti de funcionarios de CITGO,[ entre las que se encontraba Gina Coon, actual Tesorero de CITGO] se realizaron los pagos a Drill Corp. por transferencias bancarias desde Houston, directamente a las cuentas bancarias de esa entidad en Panamá y Suiza, para facilitar el lavado del dinero".

   Estas transferencias son parte de las evidencias que poseen los fiscales federales en la acusación que cursa contra De Jongh en Houston. El juicio de este exfuncionario fue fijado para que se inicio el 28 de septiembre en la Corte del Distrito Sur de Texas, en Houston.

  Agregan las fuentes consultadas que "todos los directores de CITGO que ocupaban cargos claves en la corporación estaban [presuntamente] en pleno conocimiento del esquema fradulento y formaban parte y tenían una función en el esquema de corrupción que operaba en CITGO". [Esto está bajo investigación federal]

   José Luis De Jongh fue despedido por Asdrúbal Chávez. No obstante, los directores que participaron en la trama denunciada por el Departamento de Justicia, como Rick Esser, Gina Coon, y Judith Colbert continuaron en sus puestos bajo la junta directiva encabezada por Luisa Palacios.

  Una de las funcionarias que estuvo en puestos de mando en el momento que se ejecutó la conspiración por la cual es acusado De Jongh, José Manuel González Testino y Tulio Farías, fue "Jennifer Moos, quien se jubiló recientemente sin que se investigaran las denuncias en su contra", acota la fuente.

    Durante su gestión como funcionario de CITGO, De Jongh Atencio experimentó un súbito enriquecimiento, al igual que los contratistas demandandos: González Testino y Farías [entre otros], quienes se encuentran a la espera de su sentencia, en agosto de 2020, luego de haberse declarado culpable ante un juez de Houston.

   Hasta el momento, el caso de corrupción en CITGO-PDVSA, investigado por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, en Houston, incluye a los siguientes individuos: Roberto Enrique Rincón Fernandez, Moises Abraham Millán Escobar, Abraham José Shiera Bastidas, José Luis Ramos Castillo, Juan José Hernández-Comerma,  Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz,  Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias, Fernando Ardila-Rueda, César David Rincón-Godoy, Nervis Gerardo Villalobos-Cárdenas, Rafael Ernesto Reiter-Muñoz, Alejandro Isturiz-Chiesa, Juan Carlos Castillo, José Orlando Camacho,  Luis Carlos De León Pérez, entre otros.

Esta historia continuará en la segunda parte...