Interamerican Consulting designa nuevos abogados en proceso de demanda que en su contra mantiene PDV USA

  Henry Saurborn asume la representación legal de la empresa del excongresista David Rivera.

Por Maibort Petit

   Desde el pasado 28 de octubre del corriente año 2021, la firma Kaiser Saruborn & Mair, P.C. se hizo cargo de la defensa de la empresa del excongresista David Rivera, Interamerican Consulting Inc., contra la cual mantiene un proceso de demanda por incumplimiento de contrato PDV USA Inc. Dicho proceso judicial tiene lugar por ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

   Henry Saurborn informó a la Corte que a partir de la citada fecha asumía la representación de Interamerican y, por tanto, a él debían dirigirse desde ese momento, todas las consultas y diligencias futuras en lo que respecta al proceso judicial.

  PDV USA Inc. e Interamerican Consulting Inc. mantienen un contrapunteo judicial de demandas y contrademandas desde 2020, por el supuesto incumplimiento de contrato que la primera reclama a la segunda. Sin embargo, fuentes ligadas la industria petrolera venezolana acusan a la firma propiedad de Rivera de ser una empresa de maletín y a PDV USA de haber sido constituida con el solo propósito de llevar a cabo negociaciones irregulares.

   El contrato objeto de la disputa, habría sido financiado con recursos provenientes de CITGO Petroleum Corporation, según las referidas fuentes.

Junta directiva de CITGO se encuentra en proceso de reestructuración

    Importantes cambios se producirán en el directorio de la filial de PDVSA, quienes deberán incorporarse a las negociaciones con los acreedores de la empresa que buscan, por todos los medios posible incluso el desmembramiento de la empresa, cobrar el dinero que se les adeuda.

Por Maibort Petit

   En los próximos días podría conocerse el nombre de dos nuevos integrantes de la junta directiva de CITGO Petroleum Corporation, filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), de acuerdo a información ofrecida por la agencia de noticias Reuters[1] que atribuye la información a fuentes ligadas a la industria petrolera.

   Este proceso de reestructuración de la directiva de CITGO apunta a facilitar las negociaciones que se avecinan entre la empresa y sus acreedores, pues a los dos nuevos miembros de la dirección de la filial petrolera en suelo estadunidense les corresponderá trabajar mano a mano con las juntas de supervisión que en la actualidad se preparan para negociar con los acreedores que aspiran a subastar la compañía para cobrar el dinero que se les adeuda. Un proceso de venta que se encuentra amparada por un tribunal federal de los Estados Unidos.

   Parte de las acciones de estos nuevos directivos de CITGO tendrán que unirse a quienes ya han venido conversando el último mes con funcionarios estadounidenses en procura de que extiendan las protecciones que el gobierno ha brindado en los últimos años, entretanto continúan las negociaciones encaminadas a evitar el fraccionamiento o venta de la refinería.

   Refiere la nota que el presidente ejecutivo de CITGO, Carlos Jorda, se reincorporará la junta directiva luego de haber permanecido ausente por cuatro meses.

   Del mismo modo, se indica que podría incorporarse Jack Lynch, funcionario principal de asuntos legales y gubernamentales de CITGO.

  A estas personas contribuirían con su experiencia en asuntos operativos y legales, aun cuando no participen directamente en las conversaciones con los acreedores. Su aporte será fundamental para darle curso a cualquier decisión de negociación que se produzca en dichas conversaciones.

   CITGO Petroleum Corporation, principal activo de Venezuela en suelo extranjero, se encuentra bajo el control de la oposición en manos de Juan Guaidó desde 2019. Durante este tiempo ha enfrentado diversos inconvenientes para reclutar y retener a miembros de la junta y altos ejecutivos en la empresa. Tal dirección de la filial se encuentra divorciada de la matriz PDVSA desde que Estados Unidos la sancionara con miras a limitar el accionar del régimen dictatorial venezolano que encabeza Nicolás Maduro.

   Los cambios en la directiva de CITGO se producirían al momento de anunciar los resultados trimestrales a mediados de noviembre, según recoge Reuters de sus fuentes, las cuales no aportaron mayores detalles sobre los ejecutivos que se agregarán.

  Refiere la nota que la actual junta directiva de CITGO está compuesta por cinco miembros provenientes de los partidos de oposición de Venezuela y fue revisada en junio. De tal revisión, Carlos Jordá, presidente ejecutivo que había estado en dos juntas de supervisión, resultó reemplazado por personas conectadas políticamente a exejecutivos de PDVSA.

  También fue retirado del directorio de CITGO Holding el jefe de operaciones, Edgar Rincón.

  Otros cambios sufridos en la dirección de CITGO han sido, por un lado, el nombramiento de un nuevo vicepresidente de salud, seguridad y medio ambiente; un nuevo asesor general proveniente de BP; igualmente otro ex-ejecutivo de BP se sumó en abril como director de ética y cumplimiento; mientras que, en octubre de 2020, John Zuklic fue nombrado jefe de finanzas.

  A la par del nombramiento de los nuevos directores, se espera la designación del nuevo tesorero que reemplazará a Gina Coon, quien renunció a principios de este año.

[1] Reuters. “EXCLUSIVE U.S. oil refiner Citgo Petroleum readies new board shakeup”. 28 de octubre de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-us-oil-refiner-citgo-petroleum-readies-new-board-shakeup-2021-10-28/

Continúa el “contrapunteo” entre PDV USA y la empresa de David Rivera: Desestima todas las contrademandas de Interamerican

   La filial de PDVSA reiteró los cargos de su demanda inicial contra Interamerican Consulting Inc.

Por Maibort Petit

    Desde el momento mismo en que PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), suscribió un contrato con la empresa del ex congresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting Inc., por presuntos servicios de asesoría de la segunda para con la primera, comenzó una diatriba que parece no tener fin y una serie de acusaciones entre las partes no tienen cuándo terminar.

    El último capítulo en esta guerra de corresponde a la demandante inicial, PDV USA Inc. la cual presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York su respuesta a la contrademanda que Interamerican ejerció el 19 de agosto del presente 2021, negando todos los términos de la misma.

  El pasado 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc. presentó una contrademanda en contra de PDV USA Inc. en la que negó todos los términos de la demanda interpuesta por esta última en su contra acusándola por incumplimiento de contrato. La empresa del ex congresista republicano, David Rivera, aseguró que es la filial de PDVSA la que debe pagar USD 30 millones que serían el saldo del contrato[1].

La respuesta de PDV USA

  El 24 de septiembre de 2021, Jeffrey B. Korn, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa los intereses de PDV USA Inc. en el caso en que demanda a la empresa Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, presentó su respuesta y defensas afirmativas a las contrademandas del demandado al tiempo que pidió a la Corte desestimar dichas contrademandas; otorgarle sentencia a su favor de acuerdo a lo solicitado en la Demanda Enmendada; y cualquier otra compensación adicional que el Tribunal considere justo y equitativo.

   PDV USA Inc. negó las alegaciones de Interamerican en su contrademanda, limitándose a admitir que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la matriz última de CITGO Petroleum Corporation (CITGO y que David Rivera es un excongresista de los Estados Unidos, propietario de la compañía demandada,  con el que celebró un acuerdo para que esta le prestara supuestos servicios de consultoría el 21 de marzo de 2017, y que Interamerican se negó a dar su consentimiento al “Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción al Acuerdo de Consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017”.

  PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda contra Interamerican Consulting Inc., a saber, un cargo por Incumplimiento de contrato; un cargo de por Enriquecimiento injusto; su sentencia declaratoria; al tiempo que enfatizó el pedido de alivio pues, asegura, que la demandada no tiene derecho alguno a las reparaciones que reclama.

Las defensas afirmativas de PDV USA

   Ante las contrademandas de Interamerican Consulting Inc., PDV USA Inc. afirmó sus defensas sin perjuicio de cualquier posición que pueda adoptar con respecto a la carga de la prueba sobre dichas defensas. Asimismo, se reserva el derecho de hacer valer defensas adicionales, incluidas las basadas en hechos revelados mediante descubrimiento o investigación adicional.

  En este sentido, PDV USA en su Primera defensa afirmativa destaca que la contrademanda no establece un reclamo sobre el cual se pueda otorgar una reparación.

  La Segunda defensa afirmativa sostiene que el reclamo de Interamerican por incumplimiento de contrato está excluido por su propio incumplimiento material previo.

   Entretanto, la Tercera defensa afirmativa de PDV USA refiere que los reclamos de Interamerican están excluidos en todo o en parte por las doctrinas equitativas de manos sucias, destituciones, preclusión y/o renuncia.

   A su vez, la Cuarta defensa afirmativa indica que cualquier reclamo de reparación equitativa o declaratoria está excluido porque el Interamerican tiene un recurso adecuado en la ley.

  La Quinta defensa afirmativa de PDV USA advierte que los reclamos de Interamerican están excluidos, en todo o en parte, porque el Acuerdo es inválido, ilegal, nulo y/o nulo ab initio y, por lo tanto, inaplicable. Recuerda que el presidente de Interamerican, David Rivera, declaró a la prensa poco después de la presentación de la demanda, indicando que su empresa nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del contrato.

 Por último, la Sexta defensa afirmativa asevera que la reclamación de Interamerican por incumplimiento de contrato se excluye en todo o en parte porque no cumplió con una condición precedente en virtud del Acuerdo.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html

PDV USA versus Interamerican Consulting: Una demanda que ocultaría otros ilícitos distintos a los que acusa

   Lo que aparenta ser un reclamo por incumplimiento de contrato, simplemente sería el camuflaje a una serie de negociaciones irregulares cometidas en el seno del principal activo de Venezuela en el extranjero: CITGO.

Por Maibort Petit

    La demanda entablada por PDV USA Inc. en contra de Interamerican Consulting Inc. propiedad del excongresista republicano, David Rivera, ha dejado al descubierto una serie de manejos irregulares que, presuntamente, operaban u operan en torno a la demandante y el demandado.

  De hecho, en la contrademanda que recientemente presentó Interamerican contra PDV USA, refiere que, en ningún momento manifestó su inconformidad con el servicio de consultoría prestado y sólo comenzó mostrar cierta resistencia a seguir realizando los pagos que venía realizando, cuando Interamerican se negó a permitir que el acuerdo suscrito entre ambas empresas se asignara por PDV USA a su casa matriz PDVSA. Ante el planteamiento, Interamerican expuso su inconformidad, toda vez hacerlo socavaría la recomendación estratégica que la demandada y ahora contrademandante venía planteando, en el sentido de que CITGO enfatizara su identidad independiente de Petróleos de Venezuela S.A., cuya imagen y desempeño venía afectándola.

   Ese, incluso, habría sido el objeto del contrato —al menos en el papel— pues CITGO procuraba asesoría para “desarrollar un plan estratégico para crear una identidad separada y distinta y desvincularse de su matriz final, Petróleos de Venezuela, SA”.

   Por tal servicio de "asesoría" por parte de la empresa de David Rivera, la filial de PDVSA en Estados Unidos “ofreció pagar la suma de $ 50 millones”, reza la contrademanda en su exposición del caso, al tiempo que agrega que tal cantidad pareció razonable a la estatal venezolana, ante el riesgo que corría.

  Y deja sentado Interamerican: “Teniendo en cuenta los miles de millones de dólares en juego con la estatura pública y empresarial de CITGO en peligro, CITGO obviamente consideró que la tarifa era razonable porque la tarifa propuesta se originó en CITGO sin que Interamerican lo solicitara o aportara” (subrayado nuestro).

  Interamerican destaca que “PDV USA nunca notificó a Interamerican de ninguna supuesta insatisfacción, nunca declaró a Interamerican en default, y ni siquiera dio por terminado o revocó el acuerdo”.

¿El objeto del contrato?

  Pero según fuentes internas de CITGO, tanto el objeto del contrato suscrito entre PDV USA Inc. e Interamerican Consulting Inc., como la razón de la demanda entablada, son otras nada regulares.

   Así se nos refiere que detrás del aparente objeto de acusar el incumplimiento de contrato por parte de la empresa de David Rivera y reclamar el reintegro de los USD 15 millones pagados, la intención es justificarse ante el gobierno de los Estados Unidos, toda vez que se conoce que el Departamento de Justicia y otras instancias de la administración estadounidense investigan a CITGO.

   De este modo, la demanda diseñada por el abogado Michael Gottlieb, a instancias de Luisa Palacios y Carlos Jordá, sólo tiene un objetivo, no la recuperación del dinero pagado a Interamerican, "sino desarrollar una estrategia del gobierno interino de Juan Guaidó para presentarse como en interesado en acabar con los manejos irregulares en CITGO", bajo su tutela desde que EE. UU. le reconoció como mandatario encargado de Venezuela y desconoció a Nicolás Maduro y su administración.

  “La demanda es, pues, solamente una cortina de humo”, advierte  fuentes vinculadas al caso, “una manera de lavarse la cara ante el gobierno de Estados Unidos, haciéndose ver como adalides de la lucha contra la corrupción”.

  Y entonces advierte la fuente: “nada más lejos de la realidad”, pues esos que pretenden presentarse como agentes combativos de lo irregular, guardaron silencio sobre los casos de corrupción que tenían lugar en CITGO en las administraciones de Asdrúbal Chávez y de Nelson Martínez. De ello supieron en febrero de 2019, como también conocieron de una auditoría que revelaba todos los manejos oscuros, la cual fue realizada en 2017 ordenada por la PDVSA de Maduro y que Juan Guaidó se atribuyó y fechó en 2019.

   "La junta directiva designada por Guaidó supo de los hechos de corrupción y no actuó en consecuencia", aseguró la fuente. "Luisa Palacios y el resto de la directiva no actuaron sino hasta mayo de 2020 en lo que puede denominarse como una operación de mampara", acota.

   Igualmente, se nos advierte acerca de la naturaleza de PDV USA Inc., la cual sería únicamente realizar operaciones y negociaciones irregulares, no solamente con Interamerican Consulting Inc., sino también con otras compañías cuestionadas, entre ellas, las de José Manuel González Testino.

¿Incumplimiento de contrato?

  Otra fuente nos apunta, que la demanda contra la compañía de Rivera persigue igualmente el objetivo de enmascarar las negociaciones irregulares llevadas a cabo a través de PDV USA y CITGO.

   Por tanto, según la fuente, la acusación contra Interamerican sólo pretende hacer ver a PDV USA como una víctima, objetivo trazado por el abogado Gottlieb, cuando lo que se procuraba era evitar que las averiguaciones se profundizaran en los responsables de las transacciones fraudulentas que se hicieron con la empresa de Rivera, las cuales violan las leyes federales de EE. UU. Era necesario alejar el dedo de la justicia de los directivos de CITGO que participaron en las oscuras negociaciones que, más allá de lo que reza el texto de la demanda, tienen que ver en realidad, con presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO, alerta la fuente.

  Puntualiza la fuente de Venezuela Política que, en 2017, José Pereira y Gina Coon, quien se mantiene como tesorera de CITGO, ejecutaron tres pagos vía transferencias bancarias por USD 5 millones cada uno, para un total de USD 15 millones, a la cuenta de David Rivera en el JP Morgan NY. Específicamente, mediante la cuenta identificada con el número de ruta 021000021 y el serial 633291682.

  Estos pagos, por demás, no habrían cumplido con los requisitos exigidos por las leyes de los Estados Unidos, pues se habrían respaldado con recibos de cobro carentes de la rigurosidad exigida por la norma.

  Una auditoría de CITGO identificó y describió el fraude y las violaciones de controles internos cometidas por José Pereira y Gina Coon, en colusión con personal de PDVSA y pudieron detener que se prosiguiera con los pagos irregulares a Rivera, es decir, los USD 35 millones de saldo del contrato que ahora reclama Interamerican en su contrademanda a PDV USA.

¿Otros fines?

  Pero otros objetivos habrían justificado la suscripción del contrato, toda vez que cuando el asunto explotó en los tribunales, David Rivera aseveró que el dinero que había recibido como pago por los servicios de consultoría, en realidad estaba destinado a financiar a la oposición venezolana.

  El excongresista sostuvo que había mantenido reuniones con Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado el dinero pagado por CITGO a Interamerican. En dichas reuniones, dijo, participó, supuestamente, Raúl Gorrín.

Sobre PDV USA Inc.

  PDV USA es una corporación de Delaware que es propiedad total de PDV Holding INC., la cual a su vez es propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), razón por la cual la estatal petrolera venezolana viene a ser, indirectamente, dueña del 100 por ciento en PDV USA.

  PDV USA Inc. es una entidad subsidiaria de PDVSA manejada por la gerencia de CITGO en Houston, Texas.

  PDV Holding Inc. ostenta la propiedad total de CITGO Holding, Inc., que es propietaria total de CITGO Petroleum Corp.

  En página web PDV Holding Inc. refiere que es una empresa filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. Se trata de una compañía matriz constituida en Delaware y con sede social en Texas. PDVH es la accionista indirecta de CITGO Petroleum Corporation, a través de la propiedad de 100 por ciento de las acciones de su filial CITGO Holding Inc., única accionista de CITGO Petroleum Corp[1].

  Sin embargo, en ninguno de los sitios de la petrolera se hace mención directa a PDV USA Inc.

  Según el portal Open Corporates, PDV USA Inc., es una corporación registrada el 20 de marzo de 1991 en Delaware bajo el número 2257786.

   Como agente figura The Corporation Trust Company (incorporada el 10 de mayo de 2018) , cuyo domicilio es Corporation Trust Center 1209, Orange St, Wilmington, New Castle, DE, 19801[2].

  Open Corporates también informa que PDV USA Inc. es una corporación comercial extranjera registrada el 31 de octubre de 1991 en Nueva York, bajo el número 1586368, cuyo estatus actual es activo. Esta empresa funge como sucursal de PDV USA Inc., registrada en Delaware.

  Refiere que el domicilio es 29 Liberty St, Nueva York, 10005, Nueva York.

  Guillermo Blanco figura como director ejecutivo, incorporado desde el 5 de diciembre de 2019, mientras que PDV USA Inc. como el agente[3].

   Entretanto, Dun & Bradstreet refiere que PDV USA Inc. tiene su sede en Nueva York, cuyo objeto es la gestión de empresa e industrias. Informa que la firma cuenta con 4 empleados en total en todas sus ubicaciones. Este portal difiere en la dirección ofrecida por Open Corporates e indica como sede de la empresa el 65 E 55TH St FL 23B, New York​, NY, 10022-3367. Teléfono (212) 339-7770. Agrega que al frente de la compañía está Carlos Jordá[4].

REFERENCIAS

[1] PDV Holding. https://pdvholding.com/ES/

[2] Open Corporates. PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_de/2257786

[3] Open Corporates, PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_ny/1586368

[4] Dun & Bradstreet. PDV USA Inc. https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.pdv_usa_inc.9e82f3aa31dcd7408513c7567b071572.html

Suspenso continúa: Corte concede prórroga a OI European Group

  La propiedad de los activos venezolanos en el extranjero se mantiene en vilo. 

Por Maibort Petit

   En la Corte de Delaware se debate el destino de los activos de Venezuela, toda vez que en dicha instancia judicial varios agentes a quienes se vulneraron sus derechos con la política de expropiaciones de sus activos implementada por el finado expresidente, Hugo Chávez.

Dos de los afectados son OI European Group B.V., filial holandesa de la Owens Illinois y la minera canadiense Crystallex, las cuales buscan resarcir los daños sufridos a través del embargo de las acciones de la corporación PDV Holding Inc. sobre CITGO Petroleum Corporation, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  

   El caso de la mineta cuyas causas Crystallex I y Crystallex II se ventilan en la corte estadunidense, se estiman vitales, pues ellos han marcado pauta a seguir en el resto de las acciones que los acreedores de Venezuela emprenden para ver satisfechas sus aspiraciones de pago.

  Recientemente, ante una moción presentada por OI European, el tribunal extendió los plazos para que los involucrados presentaran sus posiciones ante la corte.

La prórroga

   El 7 de abril de 2021, Leonard P. Stark, juez del Distrito de Delaware, extendió hasta el 26 de abril de 2021, el tiempo que los Demandados MUFG Union Bank NA, el Fiduciario y GLAS Americas LLC, el Agente Colateral, respondan a la Moción de OI European Group B.V. respecto a que estos ya habrían sido atendidos de manera oportuna y adecuada y o renunciado al servicio a través de su comparecencia en este procedimiento, o, como alternativa.

  Asimismo, prorrogó hasta el 14 de mayo de 2021, el lapso para que el demandante OI European Group BV responda por escrito exponiendo su posición al respecto.

  El 3 de febrero de 2021, Travis S. Hunter, de la firma de abogados Richards Layton & Finger, que defiende los derechos de Crystallex en el proceso legal que mantiene contra PDVSA y PDV Holding Inc., dirigió una comunicación al juez del Distrito de Delaware, Leonard P. Stark, que lleva la causa, para informarle acerca del acuerdo que su representada había establecido con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDV Holding Inc., Rosneft Trading S.A. y Glas Americas LLC., para suspender las demandas Crystallex I y Crystallex II, hasta una vez la Corte Suprema de los Estados Unidos emita una decisión respecto al Proceso de Activos de la petrolera que reclama la minera canadiense o hasta que otro tribunal levante la suspensión.

   Las partes involucradas llegaron a este acuerdo respecto a los juicios que tienen lugar en la citada corte por cobrar la sentencia a favor de Crystallex por la expropiación de sus activos en la mina Las Cristinas de que fue objeto por parte del finado expresidente venezolano, Hugo Chávez. La demandante intenta cobrarse con acciones de CITGO Petroleum Corporation, propiedad de PDV-Holding.

  La pretensión de Crystallex obedece a una sentencia que estableció que PDVSA es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual le permitiría cobrar la acreencia con activos de la petrolera, entre los que se encuentra el más valioso del país en el extranjero, a saber, CITGO.

  En esa comunicación se expusieron las posiciones de Crystallex, PDVSA, Rosneft Trading S.A. y GLAS Americas LLC, al respecto[1].

De acuerdo desde 2020

  Ya previamente, el 1 de junio de 2020, el abogado Travis Hunter, le había informado al juez Stark en una comunicación que le dirigió con el consentimiento de todas las partes, atendiendo así la orden de la Corte emitida el 26 de mayo de 2020 de que los involucrados presentaran un informe de situación conjunto sobre el caso Crystallex International Corp. contra Petróleos de Venezuela S.A. y otros , conocidos como Crystallex I y Crystallex II (el primero contra PDVSA y otros, el segundo contra PDV Holding y otros).

  Las partes de estos casos relacionados presentaron en ese entonces, un breve informe de situación, seguido de sus respectivas posiciones sobre los próximos pasos a seguir respecto a dichas acciones.

   Expuso Crystallex, en primer término, que el 30 de noviembre de 2018, la Corte había suspendido los casos relacionados hasta tanto el tribunal dictara orden para levantar dicha suspensión de Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela o hasta que se produjera “alguna otra orden que levante la suspensión en uno o más de los Casos Relacionados". Asimismo, recordó que el 12 de diciembre de 2019, el tribunal ordenó prorrogar de la suspensión “hasta la finalización del proceso de la Corte Suprema en el Proceso de Activos Crystallex o nueva orden de este o cualquier otro Tribunal que levante la suspensión”.

   Agregó que el 18 de mayo de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la petición de certiorari presentada por Venezuela y PDVSA en la que solicitaban la revisión de la decisión del Tercer Circuito del 29 de julio de 2019 que afirmaba la orden de la Corte de Delaware del 9 de agosto de 2018, la cual otorgó el Auto de Adjudicación Fieri Facias. El 22 de mayo de 2020, este mismo tribunal ordenó el levantamiento de la suspensión en el Procedimiento de Activos Crystallex y estableció un cronograma para la moción de determinar el proceso de venta de las acciones de PDVSA en PDV Holding para satisfacer la sentencia de Crystallex y la moción de Venezuela y PDVSA de anular la orden de embargo o modificar o enmendar la sentencia.

   Observó que dado que el tribunal reconoció previamente que el enjuiciamiento continuo de estas acciones puede resultar innecesario si Crystallex prevalece en hacer cumplir su sentencia a través del Procedimiento de Activos, en aras de la economía judicial, la demandante estima que el tribunal debe continuar suspendiendo Crystallex I y Crystallex II en espera de la resolución del referido Procedimiento de Activos.

  Entretanto, PDVSA acordó con Crystallex, sin perjuicio de cualquiera de sus derechos o defensas, que la corte mantenga suspendido Crystallex I y Crystallex II en espera de la resolución del Procedimiento de Activos. PDV Holding Inc. fijó una posición similar a la casa matriz PDVSA.

  Por su parte, Rosneft Trading S.A. advirtió que la opinión del Tercer Circuito en Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela hacía variar su posición, pues como lo expuso el 18 de octubre de 2019 y reiteró en la conferencia de estado del 13 de noviembre de 2019, la decisión que revirtió la orden del tribunal de denegar la moción de PDVH de desestimar Crystallex I, justifica la desestimación inmediata de este caso con prejuicio en cuanto a la RTSA.

  Luego de algunas consideraciones acerca del “cedente no deudor” de Crystallex bajo DUFTA, Rosneft manifestó que no se oponía a una suspensión continua de los procedimientos en Crystallex II en espera de la venta propuesta de PDVH, como sugirió el Tribunal en su orden del 12 de diciembre de 2019. RTSA también informó que se había despojado de las obligaciones comerciales garantizadas por la prenda de PDVH.

[1] Venezuela Política. “Crystallex, PDVSA y PDV Holding acuerdan mantener suspendidas demandas hasta que la Corte Suprema decida el proceso de liquidación de activos”. 8 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/crystallex-pdvsa-y-pdv-holding-acuerdan.html

 

Hombre que demandó a CITGO por negligencia pidió traslado de su causa a Tribunal de Distrito de Massachusetts

  Exige una indemnización de USD 326.000 por daños que estima sufrió, al caerse en las instalaciones de la filial de PDVSA, como consecuencia de la falta de mantenimiento de la edificación.

Por Maibort Petit

  Un hombre que en septiembre de 2017 sufrió una caída de las instalaciones de CITGO Petroleum Corporation y demandó por negligencia a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, exigiendo por ello una indemnización de USD 326.000 más intereses y gastos, pidió al trasladar su causa al Tribunal del Distrito de Massachusetts.

  Por ante la secretaría del Tribunal del Distrito de Massachusetts, Luis Rivera, el demandante, por intermedio de la firma de abogados Manatt, Phelps & Phillips LLP, solicitó el traslado a esa instancia judicial de la causa que mantiene contra CITGO Petroleum Corporation en el Tribunal Superior de Massachusetts, Condado de Norfolk.

  Rivera presentó su queja contra la filial de PDVSA en Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2020, ante la Oficina del secretario de la referida instancia en el Condado de Norfolk, Massachusetts.

  Posteriormente, el 7 de diciembre de 2020, Rivera notificó del reclamo a CITGO por medio de sus abogados, presentando citación, demanda y otros documentos, a saber, la primera serie de interrogatorios del demandante al demandado, CITGO Petroleum Corporation; la primera solicitud de presentación de documentos del demandante al demandado; el aviso del demandante de tomar declaración al demandado, y la portada de la acción civil.

  Se le refería que, de acuerdo a las disposiciones generales de las leyes de Massachusetts, esta correspondencia se consideraba como suficiente medio de notificación y se otorgaban 20 días para responder.

 Todas estas notificaciones a CITGO, igualmente se adjuntaron al aviso de remoción que se presenta ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, de conformidad con 28 U.S.C. § 1446 (b), puesto que fue presentada dentro de los 30 días posteriores a la notificación del proceso a CITGO, y dentro de un año del comienzo de la acción.

  Se refiere que el pedido de remoción está sujeta a lo establecido en 28 U.S.C. § 1441 ya que existe jurisdicción sobre diversidad de conformidad con 28 U.S.C. § 1332, que establece la jurisdicción original en el Tribunal de Distrito de todas las acciones civiles entre ciudadanos de diferentes Estados donde el asunto en controversia exceda la suma o valor de USD 75.000, sin incluir intereses y costos.

  Del mismo modo, se apela a la jurisprudencia, Grupo Dataflux v. Atlas Global Group LP, para dirimir lo relativo a la diversidad de ciudadanía y se deja sentado que el demandante era en el momento en que se presentó su acción —y sigue siendo— un ciudadano de la mancomunidad de Massachusetts. En este sentido se apunta que en la primera oración de la Demanda se hace mención a Luis Rivera como "una persona que reside en 142 Sarah Sherman Road, Rochester, Condado de Plymouth, Massachusetts".

  Entretanto, CITGO solicitó a la Corte tomar conocimiento judicial del informe de búsqueda de nombre comercial de la Secretaría de Estado de Massachusetts presentado con el Aviso de remoción el cual refiere que para el momento de la acción del demandante, era y sigue siendo, una corporación extranjera; así como también el informe de Detalles de la Entidad de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Delaware presentado con este Aviso de Remoción, en el que se indica que para el momento de presentarse la acción del demandante —y todavía es— una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Delaware.

  Esto último también puede certificarse mediante la Declaración de Holly Chastain Nini ("Declaración de Nini"), Consejera Administrativa de CITGO, presentada con este Aviso de Remoción como Anexo D, confirma que CITGO era en el momento en que se presentó la acción del demandante, y todavía es, una corporación organizada bajo las leyes del estado de Delaware.

  La Declaración Nini confirma que CITGO Petroleum Corporation estaba en el momento en que se presentó la acción del demandante, y aún está, incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware con sede principal en Houston, Texas.

  Luis Rivera sostiene que mientras se encontraba en las instalaciones de CITGO, “se le hizo caer al suelo” por lo que “sufrió graves lesiones personales, entre ellas, dolores y sufrimientos; que ha incurrido y continúa incurriendo en gastos por su atención y tratamiento médico, que ha sufrido —y sigue sufriendo— una pérdida de ingresos y/o capacidad de ingresos; y que ha sufrido —y sigue sufriendo— un deterioro de su capacidad para disfrutar de la vida y realizar sus actividades habituales”.

  La demanda de Rivera contra CITGO alega negligencia en el mantenimiento de las instalaciones de la empresa, lo cual ocasionó que el 24 de septiembre de 2017, el demandante sufriera una caída que le ocasionó severas lesiones personales.

  Luis Rivera exige ante el tribunal ser resarcido por los daños, monto al que deben sumarse intereses, costas y honorarios razonables de abogados.

  La portada de la demanda civil presentada en los informes de acción de la corte estatal alega daños detallados por un monto de USD 326.000.

 

Venezuela insiste en no darse por aludida ante la demanda de Altana por impago de Bonos en Nueva York

    Se han seguido todos los procedimientos de ley y, por tanto, la acción legal continúa en progreso.

Por Maibort Petit

  Pese a que Venezuela insiste en no darse por aludida, Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, quienes la demandan ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por incumplimiento de contrato, en razón de no haber pagado intereses y capital de un conjunto de Bonos adquiridos por los demandantes cuando la demanda los ofertó, prosigue con la acción legal cubriendo todo lo previsto en la ley.

   Desde que el 8 de octubre de 2020 los demandantes presentaran la demanda ante la referida instancia judicial, Venezuela no ha podido ser servida —informada— de la acción emprendida contra ella. Sin embargo, esta estrategia de Venezuela no ha impedido que el proceso siga su curso como, en efecto, lo ha seguido.

  De las actuaciones emprendidas por los demandantes y las respuestas del Tribunal, damos cuenta a continuación.

Juez ordena a las partes acordar procedimiento

  El 15 de octubre de 2020, la Juez del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó a las partes —Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, por un lado y la República Bolivariana de Venezuela, por el otro— discutieran entre sí, si estaban dispuestas a consentir, según 28 U.S.C. 63(c), llevar a cabo todos los procedimientos posteriores ante el juez de instrucción asignado.

   De ser así, el abogado del demandado debería enviar antes del 1 de diciembre de 2020, vía correo electrónico, un aviso, consentimiento y referencia de acción civil completamente ejecutados al tribunal que, de ser aprobados por este, también debía adjuntarse a dicha orden toda la hoja de procedimientos posteriores ante los magistrados.

   La juez, igualmente instruyó para que cualquier apelación se lleve directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.

   Aclaraba la juez Torres que, si alguna de las partes no consentía en dichos procedimientos ante el Juez Magistrado asignado, las partes debían presentar una carta conjunta, antes del 1 de diciembre de 2020, notificando al Tribunal acerca de la negativa, pero sin revelar la identidad de la parte o partes que no consintiera. Las partes son libres de negar el consentimiento sin consecuencias negativas.

Previsiones por la pandemia

   En la misma fecha, 15 de octubre de 2020, la juez Torres también ordenó, para proteger la salud pública y al mismo tiempo promover la “determinación justa, rápida y económica de cada acción y trámite”, que todas las declaraciones del caso Altana contra Venezuela, podrían tomarse por teléfono, videoconferencia u otros medios remotos.

   También ordenó que se considerará que una deposición había tenido lugar "ante un oficial designado o designado de conformidad con la Regla 28" si este asiste al acto utilizando los mismos medios remotos utilizados para conectar todos otros participantes, siempre que todos puedan escuchar y ser escuchado claramente por todos los demás participantes.

  Se animó a las partes a participar en el descubrimiento a través de medios remotos en cada oportunidad disponible.

La notificación

   El 12 de noviembre de 2020, la Juez del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó que los demandantes Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, notificaran a la demandada, por el método establecido en 28 U.S.C. 1608 (a) (4).

Corte ordena aplazamiento

  El 17 de noviembre de 2020, la juez Analisa Torres, ordenó el aplazamiento de los lapsos establecidos en las Órdenes del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York del 15 de octubre de 2020, las cuales establecieron, en primer término, el 1º de diciembre de 2020, como fecha límite para presentar una carta conjunta sobre si las partes estaban dispuestas a consentir para proceder ante un juez de instrucción; en segundo término, en la misma fecha también debían presentar una carta conjunta sobre la conferencia inicial previa al juicio.

  El otro lapso a aplazar era el 8 de diciembre de 2020, a las 11:40 a. m. cuando se produciría la conferencia inicial previa al juicio.

  La juez igualmente ordenó que los demandantes informaran sin demora al Tribunal cuando se completaran la notificación del proceso, advirtiendo que si el servicio no se había completado dentro de los 60 días posteriores a la fecha de esta orden, Altana debía presentar una carta de estado ante el Tribunal.

Altana pide permiso para presentar segunda demanda enmendada

  El 12 de enero de 2021, David W. Bowker, de la firma de abogados Wilmer Hale, en representación de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, remitió a la juez Analisa Torres, una solicitud de permiso para presentar la Segunda Demanda Enmendada bajo lo prescrito en la Regla III.A de las Prácticas Individuales pues se cumplían todos los estándares de ley.

  Refería el abogado de Altana que desde la presentación de la Demanda Modificada el 5 de noviembre de 2020, los demandantes modificaron sus posiciones sobre los bonos en cuestión, por lo que la República Bolivariana de Venezuela no paraba de hacer los pagos requeridos de interés y capital. Por lo tanto, la Segunda Demanda Enmendada reflejaba el estado más actual de las posiciones y reclamos de bonos de los demandantes. Advertía que no había problema de retrasos indebidos o mala fe, ni tampoco ningún perjuicio potencial para Venezuela, que a la fecha no había sido notificada, habiéndose modificado los plazos de programación a la espera de la notificación bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.

  Le manifestó David W. Bowker a la juez Torres, que en razón de que los demandantes no habían servido aún a Venezuela, estos desconocían si la demandada estaba representada por un abogado en el asunto; tampoco conocían la posición de Venezuela sobre esta solicitud.

   Indicó que, al igual que con las presentaciones anteriores en este caso, dado que anteriormente habían mantenido correspondencia con los abogados de Venezuela en un caso relacionado, las copiaban en esta comunicación.

La juez aprobó dicha solicitud

Carta estado del proceso

 El 19 de enero de 2021, el abogado de los demandantes, David W. Bowker, le remitió a la juez Analisa Torres, la carta de estado del 

proceso que el tribunal le solicitara el 17 de noviembre de 2020.

   Refirió Bowker en la comunicación que Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman se habían preparado diligentemente para notificar a la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la Sección 1608 (a) (4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, incluso obteniendo las traducciones necesarias de documentos del inglés al español.

  Explicaron que los demandantes habían adquirido los bonos recientemente y Venezuela no había cumplido con los pagos de interés y capital requeridos. En razón de ello, debían modificar su reclamo en este caso. Así, el 12 de enero de 2021, presentaron una carta previa a la moción de autorización para presentar una Segunda Demanda Enmendada, que a la fecha de la comunicación se encontraba pendiente ante el Tribunal. Dada la solicitud pendiente de licencia, los demandantes propondrían esperar la decisión del Tribunal sobre ese asunto antes de proceder rápidamente con la notificación de la Segunda Demanda Enmendada.

  Agregó el abogado que, dado que los demandantes aún no habían servido a Venezuela, no sabía si esta tenía ya abogado designado.

Altana informa a Venezuela a través del Departamento de Estado

   EL 22 de marzo de 2021, David W. Bowker, en representación de los demandantes, presentó una carta estado del proceso, en atención a una solicitud del tribunal de fecha 21 de enero de 2021.

   Manifestó que Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman entendían que, a su leal saber y entender, el servicio estaba en proceso, pero aún no se había completado.

   El abogado explicó que, lego de la presentación de la Segunda Demanda Enmendada, preparó rápidamente los materiales necesarios para notificar a la República Bolivariana de Venezuela, incluida la obtención de las traducciones requeridas de los documentos del inglés al español y, en tal sentido envió esos materiales al Secretario de Tribunal, de conformidad con la Sección 1608 (a) (4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.

  Luego de lo anterior, el 10 de febrero de 2021, el secretario del Tribunal envió por correo los documentos de servicio al Departamento de Estado de EE. UU. y presentó el certificado correspondiente a la corte.

  El 15 de marzo de 2021, los demandantes se comunicaron con la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado para preguntar sobre el estado del servicio y el 18 de marzo de 2021 este último respondió que “recibió el caso y actualmente [está] en proceso de atender al país”.

  Refirió a la juez que el Departamento de Estado los invitó a indagar nuevamente a finales de esa semana, cuando esperaba tener más información, e indicó que los mantendría "actualizados sobre el estado de este caso en el futuro".

  Por último, David Bowker indicó a la juez Analisa Torres que notificarían de inmediato al Tribunal cuando se completara la notificación del proceso.

 

 

CITGO sostiene que Corte del Distrito Sur de NY tiene jurisdicción para atender su demanda contra aseguradoras

   Pidieron y el tribunal aprobó la solicitud, autorización para presentar una demanda enmendada.

Por Maibort Petit

  Desde que el pasado 15 de enero de 2021, CITGO Petroleum Corporation demandó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York —por incumplimiento de contrato— a un conjunto de aseguradoras que se niegan a pagar por la pérdida de 939.000 barriles de crudo diluido y 22.000 barriles de crudo Pedernales de su propiedad cargados en el buque petrolero M/T Gerd Knutsen, el cual fue atacado el 9 de octubre de 2020 durante un movimiento insurreccional contra la presidencia interina de Venezuela, ejercida por Juan Guaidó, cada una de las partes ha llevado a cabo una serie de diligencias dirigidas a defender su posición en el caso.

  Entre estas acciones, CITGO, por ejemplo, solicitó al juez de la causa, Gregory H. Woods, su autorización para presentar una demanda enmendada, la cual resultó aprobada por el magistrado.

 Igualmente, CITGO reiteró que el tribunal neoyorquino tiene jurisdicción para atender la demanda bajo 28 U.S.C. § 1332 (a) (2) debido a que CITGO es una corporación registrada y con sede en Texas y Delaware, mientras que los demandados están registrados en el Reino Unido, además de que la cantidad en controversia excede los USD 75.000.

  Refieren que según la legislación citada, la Corte del Distrito Sur de Nueva York es el lugar apropiado para dirimir la controversia, porque las partes celebraron un contrato en el que consintieron el lugar y la jurisdicción personal de esta Corte.

La solicitud de permiso al juez

  El 5 de febrero de 2021, Mark J. Plumer, David F. Klein, Charrise L. Alexander y John Chamberlain, de la firma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, representantes de CITGO Petroleum Corporation (CITGO), solicitaron al juez del Distrito Sur de Nueva York, Gregory H. Woods, su autorización para enmendar la demanda emprendida contra las aseguradoras Ascot Underwriting Limited, Pioneer Underwriting, MS Amlin Underwriting Limited, Travelers Syndicate Management Limited, Brit Syndicates Limited, Sompo International Insurance, Chaucer Syndicates Limited, Markel Syndicate Management Limited, Neon Underwriting Limited y Starstone Insurance SE, con las cuales suscribió la Póliza de Reaseguro de Carga Marítima Nº B1263EG0466118 y ahora reclama incumplimiento de contrato.

   El pedido, que fue aprobado por el juez Woods, refiere que antes de iniciar este litigio, CITGO, se reunió a través de un abogado, con el abogado de los demandados, a quienes consultó y estos confirmaron la ciudadanía y el monto en controversia asociado con cada demandado.

   En vista de esto, CITGO cree que los alegatos alegan adecuadamente la diversidad completa de ciudadanía y considera que la Corte tiene jurisdicción en la materia sobre esta demanda.

  Refieren los abogados que en la medida en que el tribunal tenga preocupaciones pendientes sobre la forma del alegato jurisdiccional de CITGO, ésta solicita respetuosamente permiso para enmendar la demanda a fin de abordar cualquier deficiencia percibida.

 Refiere CITGO que las empresas demandadas son miembros de ciertos sindicatos no incorporados cuyo domicilio comercial principal se encuentra en Londres, Inglaterra. Cada uno de estos sindicatos consta de uno o más miembros, que se suscriben a la política en cuestión en este caso, que es el último demandado en este litigio, una corporación incorporada y con su sede principal de negocios en una jurisdicción completamente diferente a la del demandante.

   Seguidamente, los abogados hacen un recuento de estos miembros que forman parte de Lloyd's Syndicate, un mercado de seguros británico, los cuales son en casi todos los casos, corporaciones constituidas y existentes bajo las leyes del Reino Unido, con sede principal de negocios en Londres, Inglaterra.

  Bajo esta condición enumeran a: 1) El 1414, Ascot Corporate Name Limited; 2) el 2001, MS Amlin Corporate Member Limited; 3) el 5000, April Grange UK Ltd y F&G UK Underwriters Ltd; 4) el 2987, Brit UW Limited; 5) el 5151, Endurance Corporate Capital Limited; 6) el 1084, Chaucer Corporate Capital (No 3) Limited; 7) el 3000, Markel Capital Limited; 8) el 2468, Sampford Underwriting Limited, Lavenham Underwriting Limited y GAI Indemnity, Ltd; el Consorcio 9146, compuesto por Lloyd's Syndicate 1980 y Lloyd's Syndicate 2088. El único miembro de Lloyd's Syndicate 1980 es Liberty Corporate Capital Limited, mientras que el único miembro de Lloyd's Syndicate 2088 es China Re UK Limited. Liberty Corporate Capital Limited y China Re UK Limited son sociedades constituidas y existentes según las leyes del Reino Unido, con sede principal en Londres, Inglaterra.

  La demanda también alega que la parte de cada uno de los demandados aseguradores de Lloyd's en la pérdida de CITGO supera los USD 75.000.

   La excepción corresponde a Starstone Insurance SE, una corporación de Liechtensteiner con sede principal en Schaan, Liechtenstein. Esta aseguradora es responsable de una parte de la pérdida de CITGO que excede los USD 75.000.

Corte suspende caso en el que PDV Holding demanda a los EE. UU. el reembolso de impuestos cobrados erróneamente

  El total reclamado por la filial de PDVSA, propietaria de CITGO Petroleum Corporation es de USD 641.565.472 más intereses.

Por Maibort Petit

   El 19 de enero de 2021, el juez Keith P. Ellison, del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, ordenó suspender el caso que en esa instancia judicial entablan PDV Holding, Inc. y los Estados Unidos, en el cual el demandante reclama el reembolso de impuestos federales sobre la renta y sus intereses, cobrados erróneamente por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

  De este modo, el caso identificado con el serial 4: 20-cv-03621, permanecerá en suspenso hasta tanto se produzca una decisión sustantiva en los casos SOPC Holdings West LLC, socio fiscal de Equilon Enterprises LLC contra Estados Unidos; y Exxon Mobil Corp. contra Estados Unidos, que se libran en cortes de esa entidad estadunidense.

  PDV Holding, Inc., filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), constituida en Delaware y con sede social en Texas es la accionista indirecta de CITGO Petroleum Corporation, a través de la propiedad de 100 por ciento de las acciones de CITGO Holding Inc., a su vez accionista única de CITGO Petroleum Corporation.

Moción para suspender el caso

  El 15 de enero de 2021, PDV Holding había solicitado al Tribunal otorgarle una moción para suspender el caso en tanto se produzca, las determinaciones finales del  caso SOPC Holdings West LLC, socio de asuntos fiscales de Equilon Enterprises LLC contra Estados Unidos; el caso Exxon Mobil Corp. contra Estados Unidos que tienen lugar en tribunales de Texas.

  Se refiere que el caso SOPC se encuentra igualmente suspendido hasta marzo de 2021, a la espera de la resolución de Exxon.

 Se informa que estados Unidos está de acuerdo con la moción presentada por PDV Holding.

  El pedido obedece a que PDV Holding estima que la resolución de los casos citados es determinante para establecer cómo las partes consideren continuar el litigio.

  El demandante quiere esperar el desarrollo del caso de Exxon pues ello le permitirá establecer si puede reducir su costo de bienes vendidos por la cantidad de créditos de mezclas de alcohol combustible que recibió.

La demanda

  El 22 de octubre de 2020, PDV Holding INC., presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, para reclamar el reembolso de impuestos federales sobre la renta y sus intereses evaluados y cobrados erróneamente por los Estados Unidos de América.

  Explica la demanda que, en 2004, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) el Congreso de los EE. UU. creó un crédito fiscal para fomentar la producción de mezclas de alcohol y combustible ecológicas.

  CITGO produce E10, una mezcla de etanol y gasolina, que vende en la refinería/estante de la terminal, lo que la califica para el crédito en cuestión y, por tanto, lo utilizó para reducir los depósitos en efectivo periódicos requeridos para satisfacer sus obligaciones de impuestos especiales federales para los años fiscales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, tal como lo establecía la ley.

 Sin embargo, en sus declaraciones de impuestos sobre la renta consolidadas federales corporativas presentadas originalmente, la filial de PDVSA redujo incorrectamente el costo de los bienes vendidos por el crédito que recibió, pagando al IRS más en impuestos de lo que realmente debía. Al percatarse del hecho, la demandante presentó oportunamente reclamos de reembolso para recuperar los pagos en exceso de impuestos, pero el pedido fue rechazado, razón por la cual acude a la Corte en reclamo del reembolso.

El monto reclamado

  El 30 de diciembre de 2013, PDV Holding presentó el Formulario 1120X, correspondiente a la Declaración de Impuesto sobre la Renta de Corporaciones de EE.UU. enmendada, disminuyendo su renta gravable y reclamando el reembolso del impuesto sobre la renta federal del año 2005 equivalente a USD 36.226.688 más intereses; la del año 2006, por USD 51.417.177 más intereses; la de 2007 por USD 41.197.773 más intereses.

  Asimismo, el 31 de enero de 2014, PDV Holding hizo el reclamo de reembolso correspondiente al año 2008 por USD 115.491.634 más intereses; la de 2009 por USD 170.170.668; la de 2010 por USD 190.775.455; la de 2011 por USD 36.286.077 más intereses.

    El total reclamado es de USD 641.565.472 más intereses.

  Se indica en la demanda que el IRS no atendido ninguno de los reclamos, rechazándolos a través de un aviso el 24 de octubre de 2017.

   Las partes firmaron el Formulario 907, correspondiente a un acuerdo para extender el tiempo para presentar una demanda en la que PDV Holding podía reclamar los impuestos descritos anteriormente.

  Los compradores de mezclas de combustible de alcohol pagaron a CITGO el monto total del impuesto federal al consumo por cada galón de mezcla. Así, cada vez que un comprador usó el combustible de manera exenta, previa solicitud al IRS, recibió un reembolso del monto total del impuesto especial federal sobre cada galón de mezcla.

   Se refiere que CITGO incurrió en pasivos por impuestos especiales federales y era elegible para el crédito y por tanto hace los reclamos correspondientes según se ve a continuación (redondeados al millón más cercano):

   PDV Holding solicita a la Corte dicte sentencia otorgándole que Estados Unidos le reembolse los sobrepagos de impuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, así como cualquier otra cantidad que sea reembolsable más los intereses  legales.

Procedimiento

  El 23 de octubre de 2020, el juez Keith P. Ellison, de la Corte del distrito Sur de Texas-División Houston, giró una serie de instrucciones relativas a la posibilidad de que el demandante diligenciara conferencias previas al juicio a través del sitio web del tribunal.

  Entre otras instrucciones, se estableció que las solicitudes debían presentar en los 15 días siguientes a la emisión de la orden del tribunal un certificado que enumerara a todas las personas, asociaciones de personas, firmas, sociedades, corporaciones, afiliadas, corporaciones matrices u otras entidades interesadas financieramente en el resultado del litigio; los acusados debían ser notificados dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la denuncia, pudiéndose desestimar la acción en caso de que el demandante no presente prueba de notificación.

  La orden precisa que cuando las partes se reúnan, el abogado preparará y presentará no menos de 10 días antes de la conferencia, un plan conjunto de descubrimiento/manejo del caso; todos los abogados deberían preparar, completar las fechas y llevar la Orden de control de agenda/expediente a la conferencia inicial previa al juicio y de programación.

El certificado de las partes interesadas

   Atendiendo el requerimiento del tribunal, los abogados de PDV Holding presentaron el 5 de noviembre de 2020 el certificado de las partes interesadas en la exigencia formulada y que, a saber son, PDV Holding Inc .; CITGO Holding Inc.; CITGO Petroleum Corporation; y Estados Unidos de América.

Darwin Padrón Acosta: El empresario condenado por corrupción en EE. UU. que recortó su condena

   Fue condenado a 18 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y la confiscación de USD 9.052.397,73. 

Por Maibort Petit

   El contratista de Petróleos de Venezuela S.A., Darwin Enrique Padrón Acosta, quien el 17 de octubre de 2016, se declaró culpable de cometer el delito de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al haber pagado sobornos a dos funcionarios de PDVSA a cambio de recibir contratos millonarios de la estatal. En marzo de 2020 empezó a pagar la condena que logró reducir a sólo 18 meses debido a su amplia colaboración con la justicia. Desde mediados de 2021 estará libertad condicional.

   Padrón Acosta, quien igualmente sería propietario de un Bingo, ha salido a relucir como persona relacionada al empresario colombiano responsable del programa de alimentación CLAP, el cual supuestamente está plagado de irregularidades que le suministraron millonarias ganancias a costa del hambre del pueblo venezolano.

  De este modo, quien ya es un confeso violador de la ley, habría persistido en su conducta irregular al mantener supuestos negocios turbios con el colombiano señalado de ser prestanombre del dictador venezolano.

Los cargos en su contra

   En la causa que se siguió en su contra en la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, a Darwin Enrique Padrón Acosta —un residente legal permanente de los EE. UU. con asiento en Florida— controlaba una serie de sociedades, entre ellas varias empresas estadounidenses, que utilizó para asegurar contratos con PDVSA.

  Procesado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Padrón Acosta actuó en sociedad con José Luis Ramos Castillo, residente del Distrito Sur de Texas, ex-empleado de PDVSA y su subsidiaria Bariven, quien se encargaba de seleccionar empresas para que participarían en las licitaciones convocadas por la petrolera y con quien se identifica en la demanda como “Funcionario F”, quien gestionaba las compras y adquisiciones de la estatal.

  La Fiscalía del Distrito Sur de Texas acusó a Darwin Padrón del delito de Conspiración, indicando que entre 2009 y 2014, actuó con la intención y a sabiendas de que se encontraba cometiendo delitos contra los Estados Unidos a través de sus empresas que, según la FCPA, actuaba como una empresa doméstica y un funcionario de la misma que la utilizaba para pagar a un funcionario extranjero, sabiendo que la totalidad o una parte de dicho dinero, buscaba influir en las decisiones de este último, para ayudar a las empresas del demandado a obtener los contratos de PDVSA.

  Padrón Acosta en conjunto con sus co-conspiradores pagaron sobornos a funcionarios corruptos de PDVSA, entre ellos Ramos Castillo y el “Oficial F” con la intención de obtener lucrativos contratos de PDVSA a través de medios corruptos y fraudulentos. Mediante la realización de transacciones financieras, se buscaba enmascarar el pago de los sobornos.

   La acusación refiere que mientras se encontraban en el Distrito Sur de Texas, Darwin Padrón Acosta pagó los sobornos valiéndose de cables interestatales y extranjeros en procura de influir en las decisiones de ciertos funcionarios de PDVSA y sus empresas resultaran beneficiadas.

Los hechos

  Las investigaciones de la fiscalía presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Texas, señalan que Darwin Padrón Acosta firmó un cheque el 1º de febrero de 2012 por USD 117.000, de una cuenta bancaria a nombre de una empresa de su propiedad, cuyo beneficiario fue un familiar del Oficial F, quien trabajó en la adjudicación de contratos de PDVSA a empresas del demandado.

  El 22 de mayo de 2012, Padrón Acosta transfirió UDD 682.000 de una cuenta de una empresa de su propiedad a una cuenta de una empresa que José Luis Ramos Castillo poseía en sociedad con un pariente.

  Para el 15 de junio de 2012, Darwin Padrón ordenó transferir USD 320.000 de una cuenta de una de sus empresas, a una cuenta a nombre de una empresa que Ramos poseía con un pariente.

  Padrón transfirió el 20 de agosto de 2012, la cantidad de USD 50.000 de una cuenta bancaria de sus empresas, a una cuenta de un familiar del Oficial F.

  Otra transferencia se hizo el 28 de agosto de 2013, por orden de Padrón, desde una cuenta bancaria a nombre de un pariente, en beneficio de Ramos Castillo. Se trata de USD 394.250,74 producto de las ganancias de sobornos que se destinaron a comprar bienes inmuebles en el Distrito Sur de Texas.

El acuerdo

  El 17 de octubre de 2016, Darwin Enrique Padrón Acosta, representado por la abogada, Marisel Descalzo, llegó a un acuerdo con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Kenneth Magidson; el subjefe, John Pearson; el Fiscal Auxiliar, Robert S. Johnson; el jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Andrew Weissmann.

  Padrón Acosta aceptó declararse culpable del cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, sección 78dd-2 (FCPA), y de cometer lavado de dinero, Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 371.

  Se estableció que la pena máxima legal por cada violación de la ley era el encarcelamiento por no más de cinco años y una multa de no más de USD 250.000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta.

  Además, el acusado podría recibir un período de libertad supervisada después de un encarcelamiento de hasta tres años por cada violación. Si violaba las condiciones podía ser encarcelado por todo el período de libertad supervisada, sin crédito por el tiempo ya cumplido en el término de liberación supervisada antes de tal violación.

  Por otra parte, el acusado admitió que comprendía que su declaración de culpabilidad podía afectar su estatus migratorio, podría ser expulsado de los Estados Unidos, negársele la ciudadanía y la admisión a EE. UU. en el futuro.

Cooperación

   Darwin Padrón Acosta aceptó cooperar plenamente con los Estados Unidos y no oponerse a la confiscación de activos.

  Por “cooperar plenamente", Padrón entendió que debía proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, tanto estatal como federalmente.

  Se comprometió a testificar ante un gran jurado o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo cuando así lo solicite Estados Unidos, así como renunciar a su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación a los efectos del acuerdo.

  Asimismo, proporcionar información y testimonio veraces, completos y precisos ante el Gran Jurado o en cualquier procedimiento judicial (penal o civil); proporcionar todos los documentos en su posesión o bajo su control relacionados con todas las áreas de investigación e investigación.

La confiscación

  El acuerdo contempló de al menos USD 9.052.397,73 en su contra y a favor de los Estados Unidos.

  Padrón Acosta renunció a todos y cada uno de los intereses en cualquier activo que sea objeto de un proceso de decomiso administrativo o judicial relacionado, ya sea penal o civil, federal o estatal.

  También renunció al derecho de impugnar el decomiso de la propiedad de cualquier manera, incluso mediante apelación directa o en un procedimiento colateral.

La sentencia

  El 19 de noviembre de 2019, Darwin Enrique Padrón Acosta, fue sentenciado a cumplir una pena de 18 meses de prisión. Asimismo, cumpliría 3 años de libertad supervisada. Está pagando su condena en el FCI Camps en Miami.