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domingo, 22 de mayo de 2022

Carlos Enrique Urbano Fermín: Un contratista del Estado venezolano, procesado por corrupción, sentenciado y delator de la justicia de EE.UU.

 Por Maibort Petit

  Un esquema corrupto conformado por empresas de maletín, que lavaban dinero proveniente de contratos fraudulentos de las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, logrados gracias al pago de millonarios sobornos a funcionarios públicos, fue el centro de una investigación federal que ha llevado a la acusación de al menos cuatro individuos, que además de participar en la red criminal, usaron cuentas bancarias y entidades de papel para lavar el dinero en el estado de la Florida. Uno de los sujetos que fue arrestado, se declaró culpable, colaboró con la justicia y fue sentenciado es el contratista venezolano, Carlos Enrique Urbano Fermín, quien junto al exalcalde de Guanta, Jhonnatan Marín y el fallecido, Leonardo Santilli, entre otros, participaron en una red de corrupción para obtener contratos corruptos de empresas del Estado Venezuela. 

    En mayo de 2022 Carlos Urbano Fermín, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, como premio por haber colaborado con los fiscales federales de la Florida en un caso de corrupción que incluyó el pago de sobornos a funcionarios en Venezuela y de beneficiarse de contratos millonarios y corruptos.

  El juez Robert N. Scola autorizó al contratista a gozar de libertad condicional aprobando el argumento de la defensa para que Urbano Fermín recibiera un trato similar a otro acusado que cooperó en un  caso parecido en Venezuela.

  En la acusación por la cual fue procesado Urbano Fermín se señala que entre 2012 y 2016 logró obtener varios contratos de tres empresas conjuntas de Pdvsa con tres trasnacionales extranjeras: China National Petroleum Company, Rosneft de Rusia. y la francesa Total SA.

   La entrega del exalcalde de Guanta del estado Anzoátegui, Jhonnatan Marín Sanguino, tuvo relación directa con el caso de Carlos Enrique Urbano Fermín que, se ventiló en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

  Urbano Fermín cumplió el papel de co-conspirador 2 que se describe en la acusación contra Marín Sanguino[1]. Este contratista, aceptó la comisión de un único cargo de lavado de dinero de fondos irregulares provenientes sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a través de cuentas de varias empresas de su propiedad o controladas por él en Estados Unidos.

 En esta entrega recordamos los términos de su acuerdo de culpabilidad.

El Acuerdo de culpabilidad

  El 13 de abril de 2021, Michael N. Berger, fiscal asistente en representación de la entonces Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan; Daniel S. Kahn, jefe interino de la División Criminal de la Sección de Fraude; Alexander Kramer, abogado litigante de la Sección de Fraude; Norman A. Moscowitz, abogado del acusado; y Carlos Enrique Urbano Fermín, acusado, celebraron un acuerdo de declaración de culpabilidad.

  La aceptación de culpabilidad la hizo Urbano Fermín a sabiendas del derecho que le amparaba de que se presentaran las pruebas y los cargos en su contra ante un gran jurado federal para determinar si existía o no una causa probable para creer que cometió el delito del que se le acusa. Sin embargo, después de haber consultado con su abogado, el acusado aceptó renunciar a su derecho de enjuiciamiento por acusación, así como a cualquier impugnación del estatuto de limitaciones o jurisdicción. Carlos Enrique Urbano Fermín, aceptó que Estados Unidos procediera por medio de una información presentada de conformidad con la Regla 7 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal.

El cargo

  Carlos Enrique Urbano Fermín aceptó el cargo de Conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos, el único formulado en su contra.

  El referido delito es una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371, específicamente, conspiración para violar 18 U.S.C. § 1956(a), el cual es “lavado de instrumentos monetarios que son producto de, y realizado con la intención de promover, una actividad ilícita específica, a saber, un delito contra una nación extranjera que involucre el soborno de un funcionario público, o la apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público”.

La  pena

  Urbano Fermín entendió que por este cargo se expone a que el tribunal le imponga una pena máxima legal de prisión de hasta 5 años y una pena de libertad supervisada de hasta 3 años. No obstante, debido a su amplia colaboración con los fiscales en la develación de información vinculada al esquema de corrupción, Urbano Fermín sólo fue sentenciado a 5 años de libertad condicional.

  También entendió que se le podía imponer una multa de hasta USD 250.000 o el doble del monto de los bienes de origen delictivo involucrados en las transacciones para las cuales el demandado conspiró para lavar, lo que sea mayor.

  Asimismo, el acusado quedó en conocimiento de que la corte también puede ordenar el decomiso y la restitución, así como que deberá pagar al momento de recibir la sentencia, una tasación especial por la cantidad de USD.100.

  Del mismo modo, quedó establecido que Urbano Fermín es consciente de que la sentencia sería impuesta por el Tribunal después de considerar las Directrices y declaraciones de política de sentencias federales.

Las recomendaciones de la fiscalía

  Tanto la Fiscalía como la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia se reservaron el derecho de informar al Tribunal y a la oficina de libertad condicional de todos los hechos pertinentes al proceso de sentencia, entre ellos, la información relevante sobre los delitos cometidos —imputados o no— así como sobre el acusado y sus antecedentes. También se reservó el derecho de hacer cualquier recomendación en cuanto a la calidad y cantidad del castigo.

  Ambos despachos recomendaron al Tribunal, al momento de la sentencia, que redujera en dos niveles el nivel de la pauta de sentencia aplicable al delito del acusado con base en el reconocimiento y aceptación oportuna de la responsabilidad personal del acusado. Asimismo, quedó establecido que si se determina que el nivel de delito del acusado es de 16 o más, el gobierno presentó una moción solicitando una reducción adicional de un nivel, indicando que el acusado ayudó a las autoridades en la investigación o enjuiciamiento de la conducta indebida del propio acusado mediante la notificación oportuna a las autoridades de su intención de declararse culpable, lo que evitó prepararse para el juicio y que la fiscalía y la Corte asignen sus recursos de manera eficiente.

  Se advirtió que ni la fiscalía ni la Sección de Fraude “estarían obligadas a presentar esta moción y estas recomendaciones si el acusado: 

(1) no hace o se niega a hacer una divulgación completa, precisa y completa a la oficina de libertad condicional de las circunstancias que rodearon la conducta delictiva relevante; 

(2) se determina que ha tergiversado los hechos al gobierno antes de celebrar este acuerdo de culpabilidad; o 

(3) comete cualquier mala conducta después de firmar este acuerdo de culpabilidad, que incluye, entre otros, cometer un delito estatal o federal, violar cualquier término de liberación o hacer declaraciones falsas o tergiversaciones a cualquier entidad gubernamental o funcionario”.

  Estos despachos gubernamentales acordaron recomendar una sentencia en el extremo inferior del rango de las pautas de asesoramiento aplicables, siempre que Carlos Enrique Urbano cumpla plenamente con los términos del acuerdo de culpabilidad.

El compromiso del acusado

 Carlos Enrique Urbano Fermín se comprometió a cooperar plenamente, tanto con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, como con la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia a:

(a) proporcionar información y testimonios veraces y completos, y presentar documentos, registros y otras pruebas, cuando se le lo soliciten, ya sea en entrevistas, ante un gran jurado, o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial;

(b) comparecer en los procedimientos del gran jurado, audiencias, juicios y otros procedimientos judiciales, y en las reuniones;

(c) trabajar en un papel encubierto bajo la supervisión y en cumplimiento de los agentes y agentes del orden público.

  Se estipuló que cualquier asistencia que Urbano Fermín proporcione a los investigadores criminales federales de los Estados Unidos se hará de conformidad con las instrucciones específicas y el control de la Fiscalía y la Sección de Fraude y los investigadores designados. No protegerá a ninguna persona o entidad a través de información falsa u omisión y se comprometió a no revelar su cooperación, ni ninguna información derivada de la misma, a ningún tercero sin el consentimiento previo del Gobierno.

  Urbano Fermín también quedó comprometido a proporcionar una contabilidad y seguimiento de todo el dinero involucrado en su actividad delictiva, así como cualquier activo disponible para el decomiso.

  Asimismo, debió revelar completa y verazmente la existencia, naturaleza y ubicación de todos los activos en los que tiene o tuvo algún interés o control financiero directo o indirecto, y cualquier activo involucrado en el delito de condena.

  Los referidos despachos gubernamentales se reservan el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del acusado y hacer que esa cooperación, o la falta de ella, sea conocida por el Tribunal en el momento de la sentencia.

  Finalmente, entre otras consideraciones del acuerdo, Carlos Enrique Urbano Fermín declaró comprender que su declaración de culpabilidad puede tener consecuencias con respecto a su estatus migratorio.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Justicia de EE. UU.: El caso del exalcalde de Guanta, Jhonnatan Marín está relacionado con el empresario corrupto, Carlos Enrique Urbano Fermín (CUFERCA)”. 16 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/jhonnatan-marin-un-chavista-corrupto.html


sábado, 26 de marzo de 2022

Corte procede al decomiso de inmuebles de José Luis De Jongh Atencio los cuales ahora son propiedad de EE. UU.

  En febrero la Corte le concedió un permiso para viajar a Miami para que retirara artículos personales que permanecían en los inmuebles decomisados.

Por Maibort Petit

   Lejos está de cumplirse la aspiración de algunos de recuperar bienes obtenidos con recursos esquilmados a Venezuela por parte de corruptos. Recientemente, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston ordenó el decomiso de un conjunto de bienes inmuebles en Texas, propiedad de José Luis De Jongh Atencio, exfuncionario de CITGO Petroleum Corporation, quien se declaró culpable de participar en un esquema de corrupción que estafó millones de dólares al erario público venezolano.

  De Jongh-Atencio, quien fungió como gerente de Proyectos Especiales de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, recibió más de USD 7 millones en sobornos de parte de empresarios, a cambio del otorgamiento de contratos y prebendas.

 El exfuncionario venezolano deberá entregar unos inmuebles, específicamente las unidades de condominio identificadas con los números 301, 302, 303 y 304 en el Edificio 3 en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas.

  La orden del tribunal establece que todos los derechos, títulos e intereses sobre esa propiedad que hasta ahora fueron de José Luis De Jongh-Atencio, pertenecen ahora a los Estados Unidos, con lo que se esfuman los deseos de quienes aspiran a que a Venezuela se le restituyan el dinero y propiedades adquiridas en el exterior por parte de políticos y empresarios corruptos con recursos que se robaron al patrimonio nacional.

Gobierno pide Orden final de decomiso

  Kristine E. Rollinson, asistente de la Fiscal interino de los Estados Unidos, Jennifer B. Lowery, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston, en representación de los Estados Unidos una Moción sin oposición para una orden final de decomiso (Champion Forest).

  Específicamente, la fiscalía pidió el decomiso de los bienes inmuebles comerciales ubicados en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas (Unidades 301, 302, 303 y 304). Advirtió el gobierno que no había terceros con peticiones pendientes reclamando un interés en la propiedad inmueble, por lo que la moción no tenía oposición.

   Se mencionaba en la moción que el 22 de marzo de 2021, el Tribunal había firmado una Orden Preliminar de Confiscación Acordada la cual confiscó la propiedad de Champion Forest, entre otros. Tal decisión de acuerdo con la norma y con el consentimiento del demandado, José Luis De Jongh, expuesto en su Acuerdo de culpabilidad, por lo que la confiscación de los bienes inmuebles es definitiva para el demandado.

  Se indicaba que Estados Unidos envió una notificación directa por escrito de la Orden al titular del título Top Canyon LLC el 7 de septiembre de 2021, estableciéndose como fecha límite para presentar una petición afirmando un reclamo era el 8 de octubre de 202, lo cual no ocurrió. Se advirtió que, en razón del vencimiento de los plazos de presentación, Top Canyon LLC y todos los demás terceros ya no pueden presentar un reclamo y deben declararse en incumplimiento,

Orden final de decomiso

  El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston, Gray H. Miller, luego de considerar la Moción de los Estados Unidos para una orden final de decomiso decidió conceder la moción.

   Refería la decisión que el 22 de marzo de 2021, el Tribunal emitió una Orden Preliminar de Confiscación Acordada confiscando la propiedad de Champion Forest, entre otros. El aviso de la Orden se publicó durante al menos 30 días consecutivos, a partir del 31 de marzo de 2021, habiendo transcurrido al momento de ser dictada la orden, más de 60 días desde la primera fecha de publicación.

  Se indica que el 7 de septiembre de 2021, Estados Unidos envió una notificación directa por escrito de la Orden a Top Canyon LLC, titular de los bienes inmuebles de Champion Forest. La fecha límite indicada para presentar una petición afirmando un reclamo era el 8 de octubre de 2021 y Top Canyon LLC no presentó una petición.

  El Tribunal tomó nota de que no había peticiones pendientes de terceros que hicieran valer un reclamo sobre la propiedad, y que el tiempo para presentar una petición había expirado.

  La Corte ordenó la confiscación a favor de los Estados Unidos de los bienes inmuebles, mejoras y accesorios ubicados en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas.

  El juez Miller determinó que los Estados Unidos tienen el título claro de los bienes inmuebles referidos anteriormente y pueden garantizar un buen título a cualquier comprador posterior, de conformidad con la norma.

  Estableció el magistrado que Top Canyon LLC se mantiene en mora y no tiene ningún derecho legal, título o interés en la propiedad confiscada.

  Miller declaró en rebeldía a todas las demás personas que pudieran reclamar cualquier derecho, título o interés sobre los bienes decomisados a través de esta Orden.

  El juez estableció que los Estados Unidos dispondrán de los bienes confiscados de conformidad con la ley y acreditará el producto neto recuperado del decomiso de los bienes inmuebles contra la sentencia monetaria dictada contra el demandado.

  Gray Miller ordenó al secretario del Tribunal enviar cinco copias certificadas de esta Orden Final de Decomiso a la Oficina del Fiscal Federal.

Permiso de viaje

 Por otra parte, el juez Gray Miller, concedió un permiso de viaje a José Luis De Jongh-Atencio.

  El demandado se trasladaría de Texas a Miami, Florida, entre el 17 y el 21 de febrero de 2022.

  Este permiso fue otorgado en razón de una moción presentada por De Jongh-Atencio quien por su condición de libertad provisional tiene restringido el tránsito al estado de Texas.

 José Luis De Jongh-Atencio requería trasladarse a Miami para desalojar una propiedad sujeta a una orden de decomiso acordada en el caso. Apuntaba el documento presentado ante la corte por Nicole De Borde, abogada del demandado, que su representado necesitaba retirar artículos personales de un inmueble sujeto a orden de decomiso, para que la propiedad pudiese venderse de conformidad con la orden de la corte.




 


 


 


 

martes, 9 de noviembre de 2021

Junta directiva de PDVSA Ad Hoc niega que hayan sido designados como cuotas político-partidistas

   Aseguran que no es cierto que no se haya producido rendición de cuenta sobre los recursos administrados.

Por Maibort Petit

    A través de un comunicado, la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA), respondió a las recientes declaraciones según las cuales los ejecutivos que la integran correspondan a cuotas político-partidistas y aseguró que, por el contrario, tal como lo estableció el decreto de su constitución, se privilegió el ejercicio profesional para su conformación.

   Específicamente, citaron el artículo 7 del Decreto 7 del gobierno interino emitido en 2019 en el que se establece que la junta “…se abstendrá de seguir lineamientos políticos o partidistas…” para la toma de decisiones.

   Sostienen que los miembros del directorio actúan apegados a las normas del “derecho venezolano y al derecho donde se encuentran los activos de PDVSA para garantizar una eficiente gestión de PDVSA Ad Hoc y de las juntas correspondientes a su cadena corporativa (PDV Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum Co.)”.

  Igualmente, el comunicado desmiente que no haya habido rendición de cuenta por parte de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, pues aseguran que, en agosto de 2020, presentaron ante la Asamblea Nacional y luego, en junio de 2021, ante la Comisión Delegada, “los resultados de la gestión corporativa que incluye los resultados operacionales, financieros y corporativos de CITGO Petroleum Co.”, con sus debidos documentos de soporte.

   En tal sentido, manifiestan su disposición a responder ante cualquier instancia parlamentaria y ante el gobierno interino cualquier consulta que se le formule, al tiempo de que advierten que hasta la fecha no han recibido ninguna solicitud de información adicional a la información presentada.

   También se asevera en el comunicado en cuestión que en noviembre de 2020 sometieron el presupuesto correspondiente al año en curso con información detallada de los conceptos en que se sustenta la gestión de PDVSA Ad Hoc. Luego de esto, habrían formulado en varias ocasiones a la Asamblea Nacional y a la Comisión Delegada para que se proceda a la aprobación de dicho presupuesto, al tiempo que advirtieron los riesgos en que se incurre de no proceder en consecuencia. Refieren que tampoco han obtenido respuesta de la Procuraduría Especial.

“En este sentido, recordamos que la falta de recursos en la defensa de los derechos de la República, trae como consecuencia que los acreedores avancen en el intento de ejecutar activos de PDVSA”, alertan.

  Asimismo, el comunicado de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA califica de “infundados” los señalamientos dirigidos a acusar corrupción de su parte, subrayando que ni PDVSA Ad Hoc no en su cadena corporativa se han detectado hechos de esta naturaleza. Aseguran que CITGO ha instrumentado “nuevos mecanismos de gobernanza corporativa para evitar y detectar hechos de corrupción, al tiempo que ha realizado cambios estructurales que minimizan el riesgo de ocurrencia de hechos relacionados a corrupción”.

  Finalmente se mostraron dispuestos a someterse a cualquier investigación y auditoría, “más allá de las que, de manera rutinaria, se efectúan como auditorías internas”.

   Venezuela Política consultó a fuentes ligadas a la industria petrolera sobre el contenido del anterior comunicado y estas aseguraron que no es cierto la no politización de la empresa, toda vez que CITGO fue entregada en cuotas a los partidos que integran la oposición venezolana y los supuestos correctivos aplicados al respecto no han sido suficientes, pues aún persisten algunas de dichas cuotas en los directorios.

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


lunes, 11 de octubre de 2021

Continúa el “contrapunteo” entre PDV USA y la empresa de David Rivera: Desestima todas las contrademandas de Interamerican

   La filial de PDVSA reiteró los cargos de su demanda inicial contra Interamerican Consulting Inc.

Por Maibort Petit

    Desde el momento mismo en que PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), suscribió un contrato con la empresa del ex congresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting Inc., por presuntos servicios de asesoría de la segunda para con la primera, comenzó una diatriba que parece no tener fin y una serie de acusaciones entre las partes no tienen cuándo terminar.

    El último capítulo en esta guerra de corresponde a la demandante inicial, PDV USA Inc. la cual presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York su respuesta a la contrademanda que Interamerican ejerció el 19 de agosto del presente 2021, negando todos los términos de la misma.

  El pasado 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc. presentó una contrademanda en contra de PDV USA Inc. en la que negó todos los términos de la demanda interpuesta por esta última en su contra acusándola por incumplimiento de contrato. La empresa del ex congresista republicano, David Rivera, aseguró que es la filial de PDVSA la que debe pagar USD 30 millones que serían el saldo del contrato[1].

La respuesta de PDV USA

  El 24 de septiembre de 2021, Jeffrey B. Korn, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa los intereses de PDV USA Inc. en el caso en que demanda a la empresa Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, presentó su respuesta y defensas afirmativas a las contrademandas del demandado al tiempo que pidió a la Corte desestimar dichas contrademandas; otorgarle sentencia a su favor de acuerdo a lo solicitado en la Demanda Enmendada; y cualquier otra compensación adicional que el Tribunal considere justo y equitativo.


   PDV USA Inc. negó las alegaciones de Interamerican en su contrademanda, limitándose a admitir que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la matriz última de CITGO Petroleum Corporation (CITGO y que David Rivera es un excongresista de los Estados Unidos, propietario de la compañía demandada,  con el que celebró un acuerdo para que esta le prestara supuestos servicios de consultoría el 21 de marzo de 2017, y que Interamerican se negó a dar su consentimiento al “Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción al Acuerdo de Consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017”.

  PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda contra Interamerican Consulting Inc., a saber, un cargo por Incumplimiento de contrato; un cargo de por Enriquecimiento injusto; su sentencia declaratoria; al tiempo que enfatizó el pedido de alivio pues, asegura, que la demandada no tiene derecho alguno a las reparaciones que reclama.


Las defensas afirmativas de PDV USA

   Ante las contrademandas de Interamerican Consulting Inc., PDV USA Inc. afirmó sus defensas sin perjuicio de cualquier posición que pueda adoptar con respecto a la carga de la prueba sobre dichas defensas. Asimismo, se reserva el derecho de hacer valer defensas adicionales, incluidas las basadas en hechos revelados mediante descubrimiento o investigación adicional.

  En este sentido, PDV USA en su Primera defensa afirmativa destaca que la contrademanda no establece un reclamo sobre el cual se pueda otorgar una reparación.

  La Segunda defensa afirmativa sostiene que el reclamo de Interamerican por incumplimiento de contrato está excluido por su propio incumplimiento material previo.

   Entretanto, la Tercera defensa afirmativa de PDV USA refiere que los reclamos de Interamerican están excluidos en todo o en parte por las doctrinas equitativas de manos sucias, destituciones, preclusión y/o renuncia.

   A su vez, la Cuarta defensa afirmativa indica que cualquier reclamo de reparación equitativa o declaratoria está excluido porque el Interamerican tiene un recurso adecuado en la ley.

  La Quinta defensa afirmativa de PDV USA advierte que los reclamos de Interamerican están excluidos, en todo o en parte, porque el Acuerdo es inválido, ilegal, nulo y/o nulo ab initio y, por lo tanto, inaplicable. Recuerda que el presidente de Interamerican, David Rivera, declaró a la prensa poco después de la presentación de la demanda, indicando que su empresa nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del contrato.

 Por último, la Sexta defensa afirmativa asevera que la reclamación de Interamerican por incumplimiento de contrato se excluye en todo o en parte porque no cumplió con una condición precedente en virtud del Acuerdo.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html



lunes, 29 de marzo de 2021

CITGO sostiene que Corte del Distrito Sur de NY tiene jurisdicción para atender su demanda contra aseguradoras

   Pidieron y el tribunal aprobó la solicitud, autorización para presentar una demanda enmendada.

Por Maibort Petit

  Desde que el pasado 15 de enero de 2021, CITGO Petroleum Corporation demandó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York —por incumplimiento de contrato— a un conjunto de aseguradoras que se niegan a pagar por la pérdida de 939.000 barriles de crudo diluido y 22.000 barriles de crudo Pedernales de su propiedad cargados en el buque petrolero M/T Gerd Knutsen, el cual fue atacado el 9 de octubre de 2020 durante un movimiento insurreccional contra la presidencia interina de Venezuela, ejercida por Juan Guaidó, cada una de las partes ha llevado a cabo una serie de diligencias dirigidas a defender su posición en el caso.
  Entre estas acciones, CITGO, por ejemplo, solicitó al juez de la causa, Gregory H. Woods, su autorización para presentar una demanda enmendada, la cual resultó aprobada por el magistrado.

 Igualmente, CITGO reiteró que el tribunal neoyorquino tiene jurisdicción para atender la demanda bajo 28 U.S.C. § 1332 (a) (2) debido a que CITGO es una corporación registrada y con sede en Texas y Delaware, mientras que los demandados están registrados en el Reino Unido, además de que la cantidad en controversia excede los USD 75.000.
  Refieren que según la legislación citada, la Corte del Distrito Sur de Nueva York es el lugar apropiado para dirimir la controversia, porque las partes celebraron un contrato en el que consintieron el lugar y la jurisdicción personal de esta Corte.

La solicitud de permiso al juez

  El 5 de febrero de 2021, Mark J. Plumer, David F. Klein, Charrise L. Alexander y John Chamberlain, de la firma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, representantes de CITGO Petroleum Corporation (CITGO), solicitaron al juez del Distrito Sur de Nueva York, Gregory H. Woods, su autorización para enmendar la demanda emprendida contra las aseguradoras Ascot Underwriting Limited, Pioneer Underwriting, MS Amlin Underwriting Limited, Travelers Syndicate Management Limited, Brit Syndicates Limited, Sompo International Insurance, Chaucer Syndicates Limited, Markel Syndicate Management Limited, Neon Underwriting Limited y Starstone Insurance SE, con las cuales suscribió la Póliza de Reaseguro de Carga Marítima Nº B1263EG0466118 y ahora reclama incumplimiento de contrato.
   El pedido, que fue aprobado por el juez Woods, refiere que antes de iniciar este litigio, CITGO, se reunió a través de un abogado, con el abogado de los demandados, a quienes consultó y estos confirmaron la ciudadanía y el monto en controversia asociado con cada demandado.
   En vista de esto, CITGO cree que los alegatos alegan adecuadamente la diversidad completa de ciudadanía y considera que la Corte tiene jurisdicción en la materia sobre esta demanda.

  Refieren los abogados que en la medida en que el tribunal tenga preocupaciones pendientes sobre la forma del alegato jurisdiccional de CITGO, ésta solicita respetuosamente permiso para enmendar la demanda a fin de abordar cualquier deficiencia percibida.

 Refiere CITGO que las empresas demandadas son miembros de ciertos sindicatos no incorporados cuyo domicilio comercial principal se encuentra en Londres, Inglaterra. Cada uno de estos sindicatos consta de uno o más miembros, que se suscriben a la política en cuestión en este caso, que es el último demandado en este litigio, una corporación incorporada y con su sede principal de negocios en una jurisdicción completamente diferente a la del demandante.

   Seguidamente, los abogados hacen un recuento de estos miembros que forman parte de Lloyd's Syndicate, un mercado de seguros británico, los cuales son en casi todos los casos, corporaciones constituidas y existentes bajo las leyes del Reino Unido, con sede principal de negocios en Londres, Inglaterra.

  Bajo esta condición enumeran a: 1) El 1414, Ascot Corporate Name Limited; 2) el 2001, MS Amlin Corporate Member Limited; 3) el 5000, April Grange UK Ltd y F&G UK Underwriters Ltd; 4) el 2987, Brit UW Limited; 5) el 5151, Endurance Corporate Capital Limited; 6) el 1084, Chaucer Corporate Capital (No 3) Limited; 7) el 3000, Markel Capital Limited; 8) el 2468, Sampford Underwriting Limited, Lavenham Underwriting Limited y GAI Indemnity, Ltd; el Consorcio 9146, compuesto por Lloyd's Syndicate 1980 y Lloyd's Syndicate 2088. El único miembro de Lloyd's Syndicate 1980 es Liberty Corporate Capital Limited, mientras que el único miembro de Lloyd's Syndicate 2088 es China Re UK Limited. Liberty Corporate Capital Limited y China Re UK Limited son sociedades constituidas y existentes según las leyes del Reino Unido, con sede principal en Londres, Inglaterra.

  La demanda también alega que la parte de cada uno de los demandados aseguradores de Lloyd's en la pérdida de CITGO supera los USD 75.000.

   La excepción corresponde a Starstone Insurance SE, una corporación de Liechtensteiner con sede principal en Schaan, Liechtenstein. Esta aseguradora es responsable de una parte de la pérdida de CITGO que excede los USD 75.000.




miércoles, 27 de enero de 2021

Corte suspende caso en el que PDV Holding demanda a los EE. UU. el reembolso de impuestos cobrados erróneamente

  El total reclamado por la filial de PDVSA, propietaria de CITGO Petroleum Corporation es de USD 641.565.472 más intereses.

Por Maibort Petit

   El 19 de enero de 2021, el juez Keith P. Ellison, del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, ordenó suspender el caso que en esa instancia judicial entablan PDV Holding, Inc. y los Estados Unidos, en el cual el demandante reclama el reembolso de impuestos federales sobre la renta y sus intereses, cobrados erróneamente por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

  De este modo, el caso identificado con el serial 4: 20-cv-03621, permanecerá en suspenso hasta tanto se produzca una decisión sustantiva en los casos SOPC Holdings West LLC, socio fiscal de Equilon Enterprises LLC contra Estados Unidos; y Exxon Mobil Corp. contra Estados Unidos, que se libran en cortes de esa entidad estadunidense.

  PDV Holding, Inc., filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), constituida en Delaware y con sede social en Texas es la accionista indirecta de CITGO Petroleum Corporation, a través de la propiedad de 100 por ciento de las acciones de CITGO Holding Inc., a su vez accionista única de CITGO Petroleum Corporation.

Moción para suspender el caso

  El 15 de enero de 2021, PDV Holding había solicitado al Tribunal otorgarle una moción para suspender el caso en tanto se produzca, las determinaciones finales del  caso SOPC Holdings West LLC, socio de asuntos fiscales de Equilon Enterprises LLC contra Estados Unidos; el caso Exxon Mobil Corp. contra Estados Unidos que tienen lugar en tribunales de Texas.

  Se refiere que el caso SOPC se encuentra igualmente suspendido hasta marzo de 2021, a la espera de la resolución de Exxon.

 Se informa que estados Unidos está de acuerdo con la moción presentada por PDV Holding.

  El pedido obedece a que PDV Holding estima que la resolución de los casos citados es determinante para establecer cómo las partes consideren continuar el litigio.

  El demandante quiere esperar el desarrollo del caso de Exxon pues ello le permitirá establecer si puede reducir su costo de bienes vendidos por la cantidad de créditos de mezclas de alcohol combustible que recibió.

La demanda

  El 22 de octubre de 2020, PDV Holding INC., presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, para reclamar el reembolso de impuestos federales sobre la renta y sus intereses evaluados y cobrados erróneamente por los Estados Unidos de América.

  Explica la demanda que, en 2004, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) el Congreso de los EE. UU. creó un crédito fiscal para fomentar la producción de mezclas de alcohol y combustible ecológicas.

  CITGO produce E10, una mezcla de etanol y gasolina, que vende en la refinería/estante de la terminal, lo que la califica para el crédito en cuestión y, por tanto, lo utilizó para reducir los depósitos en efectivo periódicos requeridos para satisfacer sus obligaciones de impuestos especiales federales para los años fiscales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, tal como lo establecía la ley.

 Sin embargo, en sus declaraciones de impuestos sobre la renta consolidadas federales corporativas presentadas originalmente, la filial de PDVSA redujo incorrectamente el costo de los bienes vendidos por el crédito que recibió, pagando al IRS más en impuestos de lo que realmente debía. Al percatarse del hecho, la demandante presentó oportunamente reclamos de reembolso para recuperar los pagos en exceso de impuestos, pero el pedido fue rechazado, razón por la cual acude a la Corte en reclamo del reembolso.

El monto reclamado

  El 30 de diciembre de 2013, PDV Holding presentó el Formulario 1120X, correspondiente a la Declaración de Impuesto sobre la Renta de Corporaciones de EE.UU. enmendada, disminuyendo su renta gravable y reclamando el reembolso del impuesto sobre la renta federal del año 2005 equivalente a USD 36.226.688 más intereses; la del año 2006, por USD 51.417.177 más intereses; la de 2007 por USD 41.197.773 más intereses.

  Asimismo, el 31 de enero de 2014, PDV Holding hizo el reclamo de reembolso correspondiente al año 2008 por USD 115.491.634 más intereses; la de 2009 por USD 170.170.668; la de 2010 por USD 190.775.455; la de 2011 por USD 36.286.077 más intereses.

    El total reclamado es de USD 641.565.472 más intereses.

  Se indica en la demanda que el IRS no atendido ninguno de los reclamos, rechazándolos a través de un aviso el 24 de octubre de 2017.

   Las partes firmaron el Formulario 907, correspondiente a un acuerdo para extender el tiempo para presentar una demanda en la que PDV Holding podía reclamar los impuestos descritos anteriormente.

  Los compradores de mezclas de combustible de alcohol pagaron a CITGO el monto total del impuesto federal al consumo por cada galón de mezcla. Así, cada vez que un comprador usó el combustible de manera exenta, previa solicitud al IRS, recibió un reembolso del monto total del impuesto especial federal sobre cada galón de mezcla.

   Se refiere que CITGO incurrió en pasivos por impuestos especiales federales y era elegible para el crédito y por tanto hace los reclamos correspondientes según se ve a continuación (redondeados al millón más cercano):

   PDV Holding solicita a la Corte dicte sentencia otorgándole que Estados Unidos le reembolse los sobrepagos de impuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, así como cualquier otra cantidad que sea reembolsable más los intereses  legales.

Procedimiento

  El 23 de octubre de 2020, el juez Keith P. Ellison, de la Corte del distrito Sur de Texas-División Houston, giró una serie de instrucciones relativas a la posibilidad de que el demandante diligenciara conferencias previas al juicio a través del sitio web del tribunal.

  Entre otras instrucciones, se estableció que las solicitudes debían presentar en los 15 días siguientes a la emisión de la orden del tribunal un certificado que enumerara a todas las personas, asociaciones de personas, firmas, sociedades, corporaciones, afiliadas, corporaciones matrices u otras entidades interesadas financieramente en el resultado del litigio; los acusados debían ser notificados dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la denuncia, pudiéndose desestimar la acción en caso de que el demandante no presente prueba de notificación.

  La orden precisa que cuando las partes se reúnan, el abogado preparará y presentará no menos de 10 días antes de la conferencia, un plan conjunto de descubrimiento/manejo del caso; todos los abogados deberían preparar, completar las fechas y llevar la Orden de control de agenda/expediente a la conferencia inicial previa al juicio y de programación.

El certificado de las partes interesadas

   Atendiendo el requerimiento del tribunal, los abogados de PDV Holding presentaron el 5 de noviembre de 2020 el certificado de las partes interesadas en la exigencia formulada y que, a saber son, PDV Holding Inc .; CITGO Holding Inc.; CITGO Petroleum Corporation; y Estados Unidos de América.



martes, 29 de diciembre de 2020

Sigue el pleito legal de David Rivera y PDV USA: Corte de NY carece de jurisdicción para procesar la demanda

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación alegando que, al 30 de octubre de 2020, rescindió la cesión que hizo, pero Interamerican le recuerda que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020.

Por Maibort Petit

  Interamerican Consulting INC., empresa propiedad del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para desestimar la demanda en su contra presentada por PDV USA INC., pues esta última cedió los derechos del contrato suscrito con ella a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y, por tanto, no es legítima la acusación y la corte deja de tener jurisdicción en el asunto.

   PDV USA reclama un supuesto incumplimiento de contrato y aspira recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

La moción

   El 18 de diciembre de 2020, Kathryn Lee Boyd, Shira Lauren Feldman y Alan Alvela, de la firma de abogados Hecht Partners LLP, representantes de la Interamerican Consulting INC., presentaron ante la Corte una moción para desestimar la demanda enmendada de la parte acusadora por considerar la falta de jurisdicción en la materia, porque no existe legitimación en virtud del artículo III, y este caso presenta una cuestión política injustificable.

  Los abogados de la empresa de David Rivera, le manifestaron al juez de la causa, John G. Köeltl, que su solicitud se sustenta en lo establecido en la Regla 12 (b) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La Demanda Enmendada fue presentada el 30 de octubre de 2020.

   Interamerican Consulting INC. respaldó su pedido al juez Köeltl con el Memorando de Ley fechado el 18 de diciembre de 2020, así como la Declaración de David Rivera, formulada en la misma fecha.

Los argumentos de la moción

  Interamerican Consulting Inc presentó ante la corte del juez Köeltl un memorando de ley en apoyo de su moción para desestimar la Demanda Enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).


   Sostienen los abogados de la demandada que PDV USA carece de legitimación bajo el citado artículo III porque, primero, dicha empresa cedió sus derechos a PDVSA hace más de dos años y ha actuado de acuerdo con esa asignación, por lo que ahora no puede reclamar una lesión de hecho.

  Explican que el presunto daño no se puede resarcir mediante la demanda y para poder obtener la compensación pecuniaria que reclama, la corte tendría que ordenar a Interamerican, registrada bajo las leyes del estado de Florida, dirigir dinero a una entidad que es propiedad total de una SDN y, en consecuencia, el demandante no puede alegar los requisitos constitucionales mínimos para la legitimación del Artículo III.

   Refieren que si el tribunal otorgara el alivio que busca el demandante, se vería obligado a cuestionar la determinación ya hecha por el Ejecutivo en forma de sanciones para prohibir los juicios monetarios para el beneficio directo o indirecto de PDVSA a través de PDV USA. Por ello estiman que el caso debe ser desestimado de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).

   Recuerdan que el mencionado artículo III limita la jurisdicción de los jueces federales a "casos" y "controversias" y para cumplir con lo allí establecido, un demandante debe establecer tres cosas: (1) un daño de hecho: una invasión de un interés legalmente protegido de manera concreta, particularizada y real o inminente, no conjeturas o hipotéticas; (2) una conexión causal entre la lesión y la conducta denunciada; y (3) la posibilidad de volver a la lesión mediante una decisión favorable. Esto, en la visión del demandado, no ocurre.

   Por otra parte, al haber cedido sus derechos de ejecución el 10 de mayo de 2017 a PDVSA, entonces el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción sobre la materia porque el PDV USA no es la parte adecuada en esta acción.

   En tal sentido, con la cesión de derechos, PDVSA se convirtió en la única parte con algún interés en el acuerdo o con derecho a entablar la demanda.

   Se indica en el memorando, que PDV USA ahora intenta dar marcha atrás y sostiene en la Demanda Modificada que no asignó sus derechos a PDVSA.

  Alega la demandante que al no haber firmado Interamerican la cesión, ésta no es válida, argumento que según la demandada no tiene fundamento, tal como respalda la jurisprudencia.

  Sostienen que los contratos en Nueva York se pueden ceder libremente sin en ellos no hay una especificación que lo prohíba, lo cual no ocurre con el contrato.

    Entretanto, PDV USA afirma que el consentimiento por escrito de la demandada fue una condición esencial del mismo.

   David Rivera y su empresa se remiten a un correo electrónico que Arnaldo Arcay, asesor legal de CITGO, envió al presidente de Interamerican, David Rivera, en nombre de PDV -USA y PDVSA.

   Allí Arcay adjunta la Cesión, ya ejecutada tanto por PDV USA como por PDVSA, e informa a Rivera que “la fecha de vigencia de la cesión es el 10 de mayo de 2017, que corresponde a la fecha en que las Partes acordaron la cesión en cuestión”.

   El 28 de diciembre de 2018, Alejandro Escarrá, también de CITGO, reiteró la vigencia de la Cesión, diciendo a Rivera: “Como usted sabe, el Contrato de Consultoría del 21 de marzo de 2017 fue cedido de PDV USA a PDVSA a partir del 10 de mayo de 2017. Desde ese momento en adelante, PDV USA no ha tenido derechos, obligaciones ni responsabilidades en virtud del Acuerdo ".

  Y el 18 de febrero de 2019, Judith Colbert, Asesora General de CITGO, volvió a hacer esta declaración y le dijo a Rivera que "PDV USA asignó [el Acuerdo] a PDVSA en mayo de 2017".

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación resultante alegando que, al 30 de octubre de 2020, ha rescindido la cesión que hizo. Debido a que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020 y dado que la "legitimación" debe darse al comienzo del litigio, ahora no es posible fijar una posición retroactiva.

   Entre otras consideraciones, Interamerican Consulting INC recuerda las sanciones impuestas por la OFAC a PDVSA, lo cual aplica también para las entidades de su propiedad, no procede el pago que el demandante reclama.

  Remitiéndose la jurisprudencia, subraya la demandada que “La doctrina [de la cuestión política] impide que los tribunales decidan controversias en las que existe un compromiso constitucional textualmente demostrable del tema con un departamento político coordinado; o una falta de estándares judicialmente detectables y manejables para resolverlo'” y al cumplirse todas las bases para que el caso se tenga por político, los reclamos son improcedentes.

La declaración de Rivera

   El 18 de diciembre de 2020, David Rivera, desde Miami, presentó declaración jurada ante la Corte del distrito Sur de la Florida, bajo pena de perjurio según las leyes de los Estados Unidos.

   Luego de certificar que es el presidente de Interamerican Consulting, Inc. manifestó que el 31 de mayo de 2017, recibió un correo electrónico de Arnaldo Arcay, quien es asesor legal de Asuntos Internacionales de CITGO Petroleum Corporation, el cual iba acompañado de una traducción certificada al inglés del mismo.

   En dicha comunicación, Arcay informó a Rivera que por instrucciones de la Gerencia de CITGO y atendiendo a una conversación telefónica sostenida entre ambos un día previo, remitía el documento a ser suscrito entre PDV USA Inc. y Petróleos de Venezuela S.A., el cual permitía la cesión del Contrato de Servicios de Consultoría de fecha 21 de marzo de 2017 originalmente suscrito entre PDV USA e Interamerican Consulting.

   Arcay pidió a Rivera confirmar si estaba de acuerdo con los términos del contrato con el objeto de proceder a obtener la firma de los representantes de PDV USA y PDVSA.

   Igualmente, la declaración de Rivera da cuenta de otro correo electrónico que recibió el 5 de octubre de 2017, también de parte de Arnaldo Arcay, anteriormente identificado, con una traducción certificada al inglés del mismo.

   En esta nueva comunicación, Arcay le refería a David Rivera que por instrucciones de Edoardo Orsoni, (exfuncionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño), le remitía el documento de cesión entre PDV USA Inc. y PDVSA del contrato de servicios de consultoría originalmente suscrito entre la primera e Interamerican Consulting.

   Especificaba el correo que la fecha efectiva de la cesión era el 10 de mayo de 2017, momento cuando las partes acordaron la cesión en cuestión.

   Arcay quedaba a la espera de que Rivera le remitiera el documento debidamente suscrito para completar los trámites y archivos correspondientes.

   David Rivera también le indicó al tribunal en su declaración, que el 28 de diciembre de 2018 recibió un correo electrónico de Alejandro Escarrá, vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO, en el que este último informaba que habían completado la revisión de su solicitud.

   Le indicó Escarrá que el contrato de consultoría firmado el 21 de marzo de 2017 había sido cedido por PDV USA a PDVSA el 10 de mayo de 2017 y, desde ese momento, PDV USA carecía de derechos, obligaciones y responsabilidades en virtud del citado contrato.

  Agregaba el vicepresidente de asuntos legales de CITGO, que ninguna entidad de dicha empresa (CITGO) tenía ya alguna participación u obligación en virtud del acuerdo. Por ello le sugirió comunicarse con PDVSA para discutir sus preguntas relacionadas con el acuerdo de consultoría.

   Del mismo modo, David Rivera refirió a la corte que el 18 de febrero de 2019, recibió un correo electrónico de Judith Colbert, asesora general legal de CITGO, en el que hacía acuse de recibo de un correo electrónico remitido por Rivera el 4 de febrero de 2019.

Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera

   Colbert le reiteró lo afirmado por Escarrá, en el sentido de que CITGO no era parte del acuerdo de consultoría y que PDV USA había asignado dicho contrato a PDVSA en mayo de 2017.

   La asesora general legal de CITGO le manifestó a Rivera que su tesis de que Interamerican Consulting puede presentar una reclamación contra CITGO por el pago en virtud del contrato de consultoría carecía de sustento, incluso le advirtió que la empresa propiedad del ex-congresista estadounidense podría violar la ley federal si hiciera o aceptara algún pago relacionado con el contrato en cuestión. Tal advertencia la formuló la funcionaria de CITGO en razón a las sanciones impuestas el 28 de enero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a Petróleos de Venezuela S.A. Agregó que no teniendo conocimiento de la alguna Licencia General que permitiera realizar el pago en estas circunstancias, el mismo era improcedente.

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  Finalmente, Colbert le solicitó a Rivera comunicarse con el abogado externo de CITGO, Michael Gottlieb (mgottlieb@willkie.com) y evitara en adelante abstenerse de realizar más contactos con el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Por último, David Rivera declaró ante la corte que sus discusiones iniciales sobre el acuerdo de consultoría los llevó a cabo con representantes de CITGO. Precisó que fue por su iniciativa que su empresa estableció un acuerdo de consultoría con PDV USA Inc., el cual fue redactado y presentado a Interamerican Consulting Inc. por ejecutivos corporativos de CITGO, habiendo sido un abogado de esta última, quien utilizó una dirección de correo electrónico de la subsidiaria de la PDVSA.


lunes, 21 de diciembre de 2020

Ex trabajador discapacitado que demandó a CITGO exige juicio con jurado y daños compensatorios

  Gabriel Alvarado sostiene que ha sido víctima de discriminación y represalias por parte de CITGO y del funcionario de bomberos por cuya negligencia quedó discapacitado.

Por Maibort Petit

   Las acciones legales con CITGO ocurren en todos los ámbitos posibles, tanto por incumplimiento de contratos, como de índole administrativo y laboral, tal es el caso del ex trabajador, Gabriel Alvarado, quien demandó ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División Corpus Christi, a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos por daños reales, exigió la realización de un juicio con jurado y el otorgamiento de una serie de reivindicaciones que incluyen salarios perdidos, bonificaciones, los beneficios en una cantidad por determinar, así como también años compensatorios por el monto máximo permitido por la ley.

   Igualmente, Alvarado solicitó al tribunal una orden para que CITGO repare la violación de los derechos civiles y cualquier otra reclamación aplicable, incluida la reinstalación en la empresa, si se justifica o es factible; los costos procesales, incluidos los honorarios de peritos y abogados; la concesión de cualquier otra reparación adicional, tanto en derecho como en equidad.

   Alvarado acusa por parte de CITGO discriminación por discapacidad y represalias en violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 42 USC Sec. 12101 y siguientes, así como de la Sección del Código Laboral de Texas 21 y siguientes; violación de la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas, Código de Laboratorio de Texas, Sec. 451.001 y siguientes; una reclamación en virtud de la sección 504 de la Ley de rehabilitación relacionada con la discriminación por discapacidad y represalias.

   El demandante es un hombre hispano que trabaja para CITGO en la refinería ubicada en Corpus Christi, Texas, se encuentra discapacitado bajo la ADA, 42 USC Sec. 12102; y el Tex.Lab.Code Sec. 21.002(6). En tal sentido, se explica que Gabriela Alvarado tiene un impedimento físico que limita sustancialmente una o más de las principales actividades de su vida.

   Alvarado comenzó a trabajar con CITGO en 2007 como técnico de trabajo múltiple, correspondiéndole trabajar en la refinería y monitorear las operaciones de esta, las bombas y las temperaturas de las unidades de procesamiento, que incluían la unidad de aislamiento, la unidad Alky y la unidad de cumeno.

Los hechos

   El 19 de julio de 2009 Cabriel Alvarado sufrió lesiones graves como resultado de una explosión química mientras trabajaba en la planta de CITGO en Corpus Christi, Condado de Nueces, Texas, lo que provocó su discapacidad. El incidente fue cubierto por la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas.

  Ese día una de las unidades de procesamiento de CITGO comenzó a perder gas, lo que creó una nube de gas fluorhídrico.

  Se explica que el ácido fluorhídrico es un líquido transparente y venenoso, un químico cáustico altamente corrosivo que causa inmediatamente daño severo a los tejidos al contacto. Hubo una segunda explosión más grande.

  Gabriel Alvarado vestía un overol retardante de fuego y un traje resistente a salpicaduras de ácido sobre el referido overol, las cuales se quemó por completa con las explosiones y aunque intentó entrar en otra área no pudo hacerlo porque no pudo escanear pues su placa se había derretido. Logró hacerlo gracias a que un compañero lo ayudó y allí intentó descontaminarse. El demandante fue envuelto en una manta y luego esperó una ambulancia y atención médica de emergencia. David Cave, el Jefe de Bomberos de CITGO a cargo de la situación, caminó hacia el exterior de la casa de cambio donde Alvarado esperaba ayuda médica. Al grito del demandante de "dónde está la ambulancia", Cave no respondió, se dio la vuelta y salió sin brindar ayuda.

  Cuando más tarde llegó la ambulancia, le dio a Gabriel Alvarado un medicamento que lo durmió de inmediato y despertó noventa días después en el hospital.

   Alvarado sufrió quemaduras en aproximadamente el 60 por ciento de su cuerpo tanto externa como internamente, perdió el antebrazo y la mano izquierda, mientras su lado derecho resultó gravemente dañado, así como el área de los ojos, las orejas y los labios, que tuvieron que rehacerse mediante injertos. Sus piernas resultaron gravemente dañadas.

  El demandante ha requerido más de 50 cirugías debido a sus lesiones, así como terapia continua desde la explosión, la cual deberá aplicarse por el resto de su vida.

  Cave fue degradado/removido como Jefe de Bomberos luego de la explosión química de 2009.

  En enero de 2011, Gabriel Alvarado volvió a trabajar. Para ese entonces, John Silva era el gerente de recurso humano de CITGO y Kevin Ferrell era el gerente de planta.

  CITGO estaba consciente de la necesidad de Alvarado de recibir tratamiento médico y fisioterapia constantes y a través de Silva y Ferrell, acordó: (a) acomodar todas las terapias y citas médicas futuras del demandante; (b) que el demandante no tendría que utilizar la licencia por enfermedad o vacaciones del demandante para asistir a la terapia; y (c) que no sería acosado por sus visitas de terapia, médico o cirugías.

   Al regresar al trabajo en 2011, Gabriel Alvarado se convirtió en Coordinador de Seguridad/Jefe Auxiliar de Bomberos, correspondiéndole ayudar a llevar a cabo seminarios y presentaciones de seguridad con empleados, empleados nuevos, empleados de cambio y contratistas; coordinar evacuaciones de incendios y ayudar con las inspecciones de seguridad mensuales. Todas estas tareas las llevó a cabo entre 2011 y diciembre de 2018.

   A partir diciembre de 2018, CITGO instaló a David Cave como Jefe de Bomberos y gerente/supervisor y desde entonces comenzó un patrón de discriminación, represalias y acoso contra Gabriel Alvarado.

   Cave comenzó a acosar y microgestionar al demandante; cambió los horarios, requiriendo que Alvarado tenga que laborar en el tiempo para las visitas de terapia y las citas médicas. Esto requirió que el demandante se pusiera a trabajar temprano para recuperar el tiempo y regresara a labores después de la terapia y trabajara hasta tarde para compensar el tiempo de la cita, aun cuando luego de la terapia es insoportable. También se exigió que trabaje los fines de semana para compensar las citas médicas y que tuviera que pedir licencia en cada ocasión de terapia o cita médica. A Alvarado se le degradó como enlace con los bomberos y se le confinó a la oficina de seguridad. CITGO se ha negado a entregarle a Alvarado por escrito la descripción de sus funciones.

  Alvarado ha tenido que buscar atención médica por la ansiedad extrema causada por las acciones descritas.

  CITGO no se involucró en el proceso interactivo y violó la ley estadounidense con Requisitos de adaptación de la Ley de Discapacidades (ADA) y del Código Laboral de Texas.

    Luego de sufrir lesiones en julio de 2009, Gabriel Alvarado solicitó y recibió pagos mensuales subsidiados por discapacidad del Seguro Social para él y sus familiares, lo cual requería que CITGO llenara los formularios de discapacidad del Seguro Social para que el demandante pudiera calificar para estos pagos de beneficios. Estos formularios incluyen el Formulario de cuestionario de actividad laboral, que es necesario para que el Seguro Social califique al Demandante para los pagos subsidiados por discapacidad del Seguro Social.

   CITGO determinó que Alvarado solo podía realizar el 10 por ciento de sus obligaciones laborales anteriores y calificó para que el restante 90 por ciento fuera pagado por el Seguro Social. Así, el demandante recibió aproximadamente $USD 2.100 mensuales en pagos por discapacidad, incluidos los pagos para miembros de la familia.

   Sin embargo, CITGO luego se negó a completar los formularios de discapacidad del Seguro Socia/Formulario de cuestionario de actividad laboral, lo que impide que Alvarado califique para el subsidio por discapacidad del Seguro Social. Tal circunstancia ha ocasionado que el Seguro Social requiera un reembolso en efectivo del demandante por USD 60.000 y lo descalificó a él y a los miembros de su familia de beneficios pasados y futuros.

martes, 8 de diciembre de 2020

Corte ordenó mantener en custodia los fondos de José Luis De Jongh-Atencio hasta que se decida si procede el decomiso

  En total, se trata de USD 352.707,51 repartidos en tres cuentas bancarias a nombre de un familiar del ex-funcionario de CITGO.

Por Maibort Petit

  El juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas solicitó al juez Gray H. Miller, ordenó mantener en custodia los fondos y propiedades incautadas al exfuncionario de CITGO en Houston, José Luis De Jongh-Atencio, entretanto se produzca la resolución del caso en esa instancia judicial.
   La moción del gobierno otorgada por el magistrado responde a una solicitud de la Fiscalía Distrito Sur de Texas dirigida a preservar los activos que el gobierno de los Estados Unidos estima son provenientes del delito por el cual se le procesa.
      El tal sentido, el juez Miller determinó que, efectivamente, tanto los fondos como los bienes, permanecerán en custodia hasta tanto se dicte sentencia.

  La fiscalía consideró la confiscación de los activos que pudieran estar involucrados en el lavado de dinero y, en tal sentido, pidió al juez preservar fondos incautados en tres cuentas bancarias en bancos de los Estados Unidos.

  En específico, el gobierno pidió preservar USD 305.688,39 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Pariente 1 del acusado, en Comerica Bank. La cuenta está identificada termina en el número 6863 (denominada Cuenta de Texas 2).

   Igualmente, USD 3.156,68 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Pariente 1 en Comerica Bank, la cual termina en el número 7226 (denominada Cuenta de Texas 1).

   También USD 43.862,44 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Asociado 2 al Comerica Bank, con un número de cuenta que termina en 6905 (denominada Cuenta de Texas 4).
   La fiscalía optó por un decomiso penal en lugar de un decomiso civil y, en tal sentido, inició el procedimiento correspondiente.

  José Luis De Jongh-Atencio está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos de supuestamente participar en una trama de lavado de dinero a través de la cual se legitimaron fondos provenientes de sobornos destinado a asegurar contratos de CITGO y PDVSA.

   La acusación fue aprobada por un gran jurado federal el 16 de julio de 2020 y ahora José Luis De Jongh-Atencio deberá enfrentar seis cargos.

   El asunto se dirimirá en enero de 2021, luego de que el magistrado Miller decidiera que el juicio tenga lugar en dicha fecha sin la presencia de jurado, un Bench Trial o "juicio de banco o en el tribunal", proceso en el que el juez toma las mismas decisiones luego de evaluar las pruebas y decide, decidiendo si el acusado es culpable o inocente.

   De Jongh-Atencio se desempeñó en el área de proyecto especiales de CITGO en Houston y en esa posición, presuntamente, entre 2013 y 2019, habría sobornos que superan los USD 2,5 millones de parte de los contratistas, José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez.

  José Luis De Jongh-Atencio habría ordenado que los pagos de los sobornos se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. Las ganancias habrían sido lavadas en cuentas bancarias de EE. UU. y en bienes raíces en Texas.