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viernes, 16 de octubre de 2020

Juez de NY declara "válidos, legales y ejecutables" los Bonos PDVSA 2020, la decisión podría repercutir en la pérdida de CITGO

  La decisión de la juez aceleraría la venta de acciones de CITGO, que actualmente está protegida por una Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump hasta el 19 enero de 2021. Esto representa un duro revés para el gobierno del interino, Juan Guaidó, que a través de un comunicado informó que se apelaría la decisión que consideran injusta.

Por Maibort Petit



  La juez de Nueva York, Katherine Polk Failla negó la solicitud de juicio sumario solicitado por los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, en la demanda que solicitó al tribunal declarar la serie de Bonos PDVSA 2020 inválidos, ilegales y nulos.  La juez dejó claro que los instrumentos financieros "son válidos y ejecutables y que la República ha incurrido en un incumplimiento bajo los términos del contrato". Estas notas están garantizadas con las acciones de CITGO.

  En la orden de la juez Polk, se señala que los demandados pueden ejercitar los recursos en caso de incumplimiento de lo establecido en el contrato de emisión y el contrato de prenda.

  La empresa tenedora, MUFG Union Bank, por ser el fideicomisario tiene derecho a ordenar a GLAS  America LLC que venda la garantía que asegura los Bonos 2020 ( 50.1% de las acciones de CITGO) y  GLAS tiene derecho a venderlo para cumplir con las acreencias producto del incumplimiento del ente emisor.

  Con respecto a las reclamaciones por incumplimiento del contrato de los Demandados,  el Tribunal ordenó que MUFG tiene derecho a una sentencia por la cantidad de $ 1,683,764,500, así como todos los intereses devengados y no pagados, incluidos los intereses previos al juicio.

  Asimismo, la Corte concluyó que PDVSA y PDVSA Petróleo son responsables de las tarifas, los desembolsos y los gastos, incluidos los honorarios de abogados, en una cantidad por determinar por el mismo tribunal.

  La juez ordenó además que las reclamaciones de los Demandantes se desestimen sin prejuicio.

  El Tribunal falló a favor que los Demandados ( MUFG Y GLAS) se presenten a la corte dentro de los 45 días con una moción de honorarios y gastos, junto con documentación para dicha solicitud. 

  Igualmente, la juez decidió que los Demandados pueden presentar un juicio propuesto que proporcione un cálculo exacto de los intereses impagos, incluidos los intereses previos al juicio.

El caso 

  Los representantes del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por los Estados Unidos y más de 50 países como presidente Interino de Venezuela, presentaron en octubre de 2019, a la Corte del Distrito Sur de Nueva York una acción de alivio declaratorio y cautelar que buscaba que la corte declarara nulos, ilegales e inválidos los bonos de PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50.1 % de los bienes de PDV Holding, que a su vez es la propietaria del 100 % de las acciones de CITGO Petroleum Company.

 La acción legal pedía que el mandato del tribunal sea de carácter permanente.

 En el recurso de 31 páginas, los representantes de Guaidó argumentaron que Petróleos de Venezuela es una empresa propiedad de la República Bolivariana de Venezuela y que es la responsable de manejar las operaciones de gas y petróleo venezolano.

  Asimismo, señalaban que PDV Holding es la propietaria de CITGO Petroleum Corp. 

 Sostuvieron que PDVSA es la primera fuente de la economía venezolana que en los actuales momentos se encuentra completamente colapsada por las desastrosas políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha generado una crisis humanitaria de proporciones épicas.

“CITGO es críticamente importante para la recuperación de la economía del país y aliviar el sufrimiento de los venezolanos” dice el documento.

  Cuando los bonos 2020 fueron emitidos en 2016, PDVSA estaba controlada por Nicolás Maduro, quien se convirtió en presidente luego de la muerte de Chávez en 2013. Posteriormente, — sostienen — hubo unas elecciones en 2018 en las cuales Maduro reclamó al victoria ilegítimamente.

  Señalaron que a mediados de 2016, PDVSA no tenía el dinero para pagar las notas de PDVSA 2017, y para no declararse en default porque sería un desastre político de Maduro. El régimen, “de manera unilateral e ilegal orquestó una oferta de intercambio de las notas de PDVSA 2017 por notas 2020 que fueron emitidas en dólares”.

  PDV Holding no es parte del acuerdo que hizo el gobierno con los tenedores de los bonos 2020 y no tiene por tanto la obligación de pagarles a los titulares. PDV Holding es el principal activo CITGO y las notas que de manera ilegal emitió el régimen de Maduro están aseguradas con las acciones de CITGO.

  Argumentaron que los titulares de los bonos aceptaron la propuestas financiera de Maduro, quien políticamente tenía el tiempo contado. “Peor aún, los titulares sabían que el intercambio de los notas se hizo sin la autorización de la Asamblea Nacional”.

 Explicaron que cuando esa transacción fue anunciada y la Asamblea Nacional la declaró ilegal y llamó a una investigación de inmediato que fue desestimada por el Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que está controlado por Maduro.

  Según la constitución, las notas 2020 son instrumentos debens ser aprobados por la Asamblea Nacional por ser un asunto de interés nacional, asegura la demanda.

  En octubre 28 de 2019, PDVSA no pagó los $913 millones de dólares de capital principal más intereses conllevando a un default. En anticipación a ese evento, el Departamento de Tesoro emitió la Licencia General 5A que prohíbe a los tenedores de las notas ejecutar cualquier acción antes del 22 de enero de 2020.

   Debido a la decisión de la juez, CITGO se perderá ya que los fideicomisarios tienen la orden del juez para vender las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Los demandados MUFG Union Bank N.A y GLAS Americas LLC. actuaron en la operación como colateral de los instrumentos Law Debenture Trust Company of New York, como agente de registro y transferencia, y el principal agente pagador es el Banque Internacional de Luxembourg, Sociedad Anonyme. PDV Holding no es parte del acuerdo y no está obligado a pagar las notas 2020.

  Los abogados que actuaron en esta acción son: Kurt W. Hansson, James Bliss y James Worthington del bufete: Paul Hastings LLP representando a PDVSA Petróleo y Petróleos de Venezuela S.A. Y, Tariq Mundiya y Jeffrey Korn de Willkie Farr & Gallagher LLP por PDV Holding.

Habla el gobierno interino

  A través de un comunicado, el gobierno interino informó que dicha decisión "es de carácter parcial e injusta" por lo que anunciaron el apoyo al equipo legal designado por la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, en la realización de las evaluaciones necesarias para considerar todas las opciones legales, incluyendo la apelación.

  Reiteran que la emisión de los Bonos PDVSA 2020 –poniendo como colateral las acciones de PDVH, cuya única propiedad es CITGO– es absolutamente fraudulenta, tal como lo dictaminó la Asamblea Nacional el 27 de agosto de 2016, mediante la aprobación de un acuerdo que expresa de manera clara que esta condición del colateral es ilegal en vista de que no fue aprobada por el Parlamento Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    Advierten que la demanda de nulidad ante la Corte de Distrito de Nueva York en contra de los Bonos PDVSA 2020, "fue el resultado de un proceso de evaluación complejo en el que se determinó que esta era la única opción con la cual contaba PDVSA para proteger los activos de CITGO, luego de que las negociaciones con los tenedores fracasaran pocos días antes del vencimiento de la cuota del principal e intereses por cerca de un millardo de dólares".

   Sostiene que "Desde que el Presidente (E) Juan Guaidó asumió la Presidencia Interina de Venezuela, en enero de 2019, hemos logrado la protección de CITGO en todos los frentes abiertos irresponsablemente por la dictadura. En ese sentido, y a pesar de la decisión en la Corte de Nueva York, CITGO sigue protegida ya que existe una Orden Ejecutiva (GL5) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que impide la ejecución de cualquier acreencia por parte de los tenedores del Bono PDVSA 2020".

  Según el comunicado, "la protección brindada por el Departamento del Tesoro de EEUU fue renovada a principios del mes de octubre de 2020 y se mantendrá al menos hasta el 19 de enero de 2021, otorgando así un margen de tiempo adecuado para seguir avanzando en la estrategia procesal de defensa de CITGO".





lunes, 24 de agosto de 2020

El destino de CITGO se debate entre Venezuela, Crystallex y los bonistas

Por Maibort Petit

  Tribunales de los Estados Unidos se han convertido en el escenario en el que se definirá qué pasará con la filial de PDVSA. El problema estriba en que tales procesos judiciales tienen un costo y los fondos venezolanos están por agotarse.

  

   El principal activo de Venezuela extra fronteras, CITGO, es objeto de disputa entre el país que aspira mantener su soberanía sobre la empresa, el interés de la empresa minera Crystallex empeñada en hacer valer las sentencias que la favorecen al haber sido expropiada en tiempos del gobierno de Hugo Chávez, y los bonistas que reclaman el pago de intereses vencidos al haberse puesto las acciones de la empresa en garantía de los mismos.

  En las cortes de los Estados Unidos cursan varios procesos en los que bonistas y víctimas de la política expropiatoria del gobierno venezolano, buscan recuperar sus inversiones a través de la venta de la empresa.

  Por un lado, Crystallex insiste en que se proceda la venta de las acciones de CITGO para así cobrar lo que se le adeuda por la expropiación de que fue víctima por parte del gobierno de Hugo Chávez, mientras que por otro los tenedores de los llamado Bonos PDVSA 2020 exigen que se proceda a vender los papeles que sirvieron de garantía de las notas de la petrolera.

  Pero, aparte de la incertidumbre acerca del destino de la empresa, también está la que genera saber hasta cuando podrá Venezuela mantenerse en la lucha judicial, por cuanto el gobierno interino se está quedando sin fondos para pagar a los abogados que representan al país en los litigios.

  La junta directiva ad hoc de PDVSA advirtió que cuentan con recursos para unos dos o tres meses y por ello instan a los legisladores venezolanos encontrar una solución estructural para esta situación[1].

La Moción en Delaware de Crystallex

  Crystallex International Corporation pidió a la Corte de Delaware negar la solicitud de reparación extraordinaria de la sentencia presentada por Venezuela y conceder la moción de la demandante de autorizar los próximos pasos en el proceso de ejecución del fallo y se proceda a la venta de las acciones de PDV Holding.

  Considera Crystallex que la Declaración de interés presentada por Estados Unidos no altera el análisis del tribunal de la moción de la Regla 60 (b) de Venezuela o la moción de Crystallex para autorizar la venta de las acciones de PDV Holding.

  En el pedido presentado el pasado 14 de agosto de 2020, Crystallex manifestó al tribunal la necesidad de que se evite que la empresa pueda ejecutar la sentencia judicial relativa al embargo de las acciones de PDV Holding Inc emitida por el Tercer Circuito cuya revisión fue denegada por la Corte Suprema.

  Crystallex sostiene que Venezuela no ha ofrecido motivos válidos para que se altere el fallo ya emitido a la luz de la Regla Federal de Procedimiento Civil 60 (b), D.I. 183.

  Sostiene la demandante que la Declaración de interés del gobierno de los Estados no cambia la sentencia pues, por el contrario, la misma socava directamente el único fundamento legal que presentó Venezuela para justificar la reparación de la Regla 60 (b), a saber, la afirmación de que mantener el auto violaría las regulaciones actuales de la OFAC.

  Respecto a la carta del representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, Crystallex considera que lo que se expone en ella es irrelevante, toda vez que se sustenta en argumentos de la política exterior de los Estados Unidos que no deben ni pueden interferir en la aplicación de la justicia. La demandante estima que sería el colmo de la injusticia que nuevamente Crystallex, que ya fue víctima de la expropiación por parte del gobierno venezolano, ahora también vaya a serlo por el poder ejecutivo estadounidense persuada al Congreso de apoderarse efectivamente de la propiedad declarada de que la empresa tiene en PDVH.

  La demandante argumenta que el único fundamento jurídico presentado por Venezuela no fue apoyado por Estados Unidos en el sentido de que se violaría el actual régimen de sanciones de la OFAC.

La tesis dela alter ego está vigente

  Por otra parte, Crystallex sostiene que nada tienen que ver los argumentos de Estados Unidos dadas las actuales circunstancias de Venezuela para invalidar la tesis del alter ego.

  Refiere que nada en el escrito de Estados Unidos cambia el hecho de que PDVSA era el alter ego de Venezuela cuando recibió los activos expropiados de Crystallex sin contraprestación alguna, cuando pagó los honorarios de Venezuela en el arbitraje subyacente con Crystallex, cuando Venezuela la utilizó para acceder a los mercados crediticios de Estados Unidos, cuando Crystallex presentó su moción de embargo, y cuando este Tribunal se pronunció sobre dicha moción.

  Crystallex asegura que la tesis de que PDVSA es el alter ego de Venezuela está respaldada por décadas de decisiones judiciales, así como por el propósito y efecto legal del propio auto de embargo, que consiste en colocar la propiedad de un deudor en posesión del tribunal para que no cambie de manos antes de la ejecución.

  Advierte que se frustraría el propósito esencial del embargo si un deudor pudiera efectivamente disponer de la propiedad después de haber sido embargada, siendo que eso es precisamente lo que Venezuela (y los Estados Unidos, implícitamente) defienden están defendiendo.

  La corte debe obviar los objetivo de política exterior de EE. UU.

  Crystallex subraya que es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos recurra a la carta del Representante Especial, Elliot Abrams, donde afirma, sin respaldo, que autorizar la venta de las acciones de PDVH podría "dañar en gran medida” los objetivos de política exterior sobre Venezuela.

  Alerta que los motivos de política exterior no proporcionan ninguna base para reabrir la sentencia del Tribunal en virtud de la Regla 60.

  Puntualiza que los motivos de política sobre la facilitación de la ayuda extranjera al régimen de Guaidó, de ninguna manera justifica la eliminación del gravamen de Crystallex sobre PDVH.

 Incluso, Crystallex refiere que los argumentos relativos a la política exterior son insostenibles dadas la condiciones que prevalecen en Venezuela, donde Juan Guaidó ha hecho poco para consolidar su gobierno y su poder se debilita según transcurre el tiempo.

Guaidó sin poder

  Advierte que los esfuerzos de Guaidó para reemplazar a Maduro podrían colapsar en cualquier momento y Estados Unidos podría retirar su apoyo. “De hecho, informes recientes sugieren que el apoyo del presidente Trump para respaldar activamente a Guaidó se ha desvanecido últimamente, ahora que el ex-asesor de Seguridad Nacional Bolton, un partidario clave de la política existente, dejó el cargo y perdió el favor del presidente”, acota la demandante.

  La demandante cree que las preocupaciones del gobierno de EE. UU. debieron plantearse ante el Tribunal o al Tercer Circuito después de la sentencia de agosto de 2018, o después de que Venezuela invocó por primera vez el cambio de política del Poder Ejecutivo con respecto a Guaidó en marzo de 2019.

  Crystallex manifestó que si el Poder Ejecutivo cree que el proceso de concesión de licencias de la OFAC no avanza adecuadamente en sus objetivos de política y que se necesita más para apoyar a Guaidó o al pueblo de Venezuela, puede llevar esas preocupaciones al Congreso.

  Si al hecho de que el gobierno de Chávez expropió a Crystallex en aras de los supuestos intereses del pueblo venezolano, ahora se le imposibilita ejecutar la sentencia en razón de resguardar los supuestos los intereses políticos del gobierno de los Estados Unidos al brindar ayuda y apoyo a Venezuela, esto no sería diferente de lo que Venezuela le hizo a la mina de oro de Crystallex. “Si el Poder Ejecutivo busca transferir activos a Guaidó para apuntalar su control de CITGO y, en última instancia, de Venezuela, debe buscar una aprobación del Congreso a través de los canales normales y utilizar los propios activos de este país, no los de Crystallex, para lograr ese objetivo. No debería intentar reclutar al poder judicial para que haga el trabajo sucio eliminando el gravamen por el que Crystallex luchó a un alto costo años después del hecho”.

Jueza de Nueva York a la espera

  Entretanto, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk, intenta darle tiempo al gobierno de los Estados Unidos mientras se determina si participará en el caso de los tenedores de los Bonos PDVSA 2020.

  El gobierno interino de Venezuela, presidido por Juan Guaidó y la junta nombrada por este, demandaron en 2019 que se declaran inválidos los bonos por no haber sido aprobada la operación de su emisión por parte de la Asamblea Nacional como manda la constitución venezolana.

  En razón de que las agencias del gobierno de EE. UU. estiman que hasta septiembre podrían decidir si presentan una declaración de interés en el caso, la jueza Polk retrasó los argumentos orales programados para el 12 de agosto para el 22 de septiembre[2].

CITAS

[1] Argus Media. “La defensa legal de Citgo pesa sobre los enemigos de Maduro”. 5 de agosto de 2020. https://www.argusmedia.com/en/news/2129957-citgo-legal-defense-weighing-on-maduros-foes

[2] Argus Media. “Juez de EE. UU. Retrasa argumentos sobre bonos de Citgo”. 29 de julio de 2020. https://www.argusmedia.com/en/news/2127609-us-judge-delays-citgo-bond-arguments


 


 

miércoles, 5 de agosto de 2020

Juez de EE. UU. ordena que identidad del experto promovido por los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 permanezca sellada

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La juez estadounidense, Katherine Polk Failla, falló a favor de los tenedores de los bonos PDVSA 2020, en una moción que pedía al tribunal que la identidad de un experto que fue promovido por la defensa permanezca sellada, ya que la revelación de su nombre pondría en peligro su integridad física, la de su familia y estudiantes que viven en Venezuela.
  Este aspecto forma parte de los últimos movimientos que han sido presentados en el caso de la demanda interpuesta por los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, contra MUFG Union Bank, NA y GLAS Americas LLC., y que tiene como objetivo que el tribunal declare nulos e ilegales los bonos PDVSA 2020.

   En la orden de la juez se destaca que el 7 de julio de 2020, los demandantes [gobierno interino] presentaron una moción de carta solicitando que la Corte obligar a los Demandados a revelar públicamente la identidad de su experto en la ley venezolana.  

    El Tribunal consideró que hay pruebas suficientes del daño potencial
que puede sufrir el experto de los Demandados por lo que acordó que la protección de la identidad de la persona está garantizada. En consecuencia, la moción del demandante para obligar a la divulgación se deniega", reza la orden de la juez.


La petición de la defensa

  Los abogados de los tenedores de los Bonos PDVSA-2020 pidieron a la juez Polk Failla, mantener el nombre de un experto en leyes venezolanas bajo reserva porque creen que "de revelarse su identidad, su integridad, la de su familia y sus estudiantes podrían estar comprometida". Esta petición surgió a raíz de la solicitud de los abogados del gobierno interino de Venezuela ante ese tribunal para que se conozca quién es el profesional que testificó para así garantizar la transparencia y claridad del proceso.

 Los abogados defensores en la demanda de la República Bolivariana de Venezuela contra MUFG Union Bank, NA y GLAS Americas LLC., [las dos empresas que representan a los bonistas], pidieron a la juez rechazar la petición de divulgación del nombre del experto, debido a que existe una inestabilidad política y de seguridad en Venezuela y que el abogado que sirvió con su experticia a la defensa tiene preocupaciones si su nombre se conoce en público.

    El bufete de abogados Latham & Watkins LLp, Christopher J. Clark son los representantes de los bonistas en esta demanda.

   En su comunicación exponen que el experto y su familia podrían correr el riesgo de represalias y amenazas su seguridad personal. "No hay interés público en revelar la identidad del experto, donde sus opiniones completas  están disponibles en el expediente público del Tribunal".

   Dice la carta que los demandantes [gobierno interino] ignoran el contexto en el que surge esta disputa. 

  "Los representantes de la administración de Guaidó, que está dirigiendo este litigio para PDVSA y sus afiliados, se han involucrado en una campaña de retórica inflamatoria que duró meses, no solo contra el régimen de Maduro, sino también contra figuras independientes de gran prestigio que han criticado las políticas o acciones de la administración de Guaidó o la posición de los Demandantes en este caso. Como esta Corte sabe, la administración de Guaidó ha acusado públicamente que cualquier erudito legal venezolano que testifique para los Demandados estaría actuando "en contra de lo que ordena la Constitución" y estaría "tratando de justificar las acciones del régimen de Maduro", argumentan los abogados.

  Sostienen que "una situación similar se ha dirigido contra otros que han cuestionado la posición de litigio de la administración. La administración de Guaidó ha acusado falsa e infundadamente a los titulares de las Notas 2020 de conspirar con el régimen de Maduro para entregarles el control de CITGO, aunque, como la Corte sabe por las presentaciones de juicio sumario, esa acusación no está respaldada por una pizca de evidencia".

  Los abogados hacen mención a ataques que hacen a profesionales, entre quienes nombran al economista Alejandro Grisanti. 

  Dicen que "el patrón de ataque profesional también ha resultado en la renuncia de Alejandro Grisanti de la Junta Ad Hoc de PDVSA de los Directores, luego del "menosprecio constante tanto público como privado" por parte del entonces Procurador Especial "contra todo lo que está en contra de sí mismo". Grisanti que había expresado su oposición a esta demanda y calificó la estrategia de los Demandantes como "equivocada".

      Vale destacar que Grisanti dijo en su Alejandro Grisanti en su cuenta de Twitter @agrisanti aclaró a la @lathamwatkins "que si bien es cierto que no estoy de acuerdo con llevar el caso de fianza PDVSA- 2020 a juicio, es totalmente falso que mi renuncia a la Junta Ad-Hoc de PDVSA se deba a esto. Los motivos de mi renuncia se pueden encontrar en una carta que publiqué el 15/5". 

    Argumentan que el ex-procurador "continuó participando en una conducta tan hostil hacia los opositores de este litigio después de que las amonestaciones de este Tribunal hacen que el sellar la identidad del experto de los Demandados sea aún más razonable".

  Aseguran que "las preocupaciones legítimas del experto también se extienden a posibles represalias del régimen de Maduro", ya que es quien "retiene el control de facto de las operaciones venezolanas de PDVSA y los activos petroleros de Venezuela en ese país. Se beneficiaría financieramente, y buscaría beneficiarse políticamente, de una victoria de los Demandantes que libera a PDVSA de una obligación multimillonaria. El régimen de Maduro, como reconocen los Demandantes, "tiene un historial bien documentado de persecución". 

  En estas circunstancias, las garantías insípidas de los abogados estadounidenses de los Demandantes de que "no hay una razón creíble para pensar que el experto de los Demandados estaría bajo amenaza" son de poco consuelo y no se les debe dar ningún peso.

  En la comunicación se señala que "el experto en derecho venezolano de los acusados ​​es un residente permanente de Caracas, donde este tiene su hogar y práctica la ley". 

  "Si bien el experto recientemente pudo abandonar Venezuela temporalmente para ir a un país de Europa, los miembros de su familia, sus estudiantes y colegas permanecen allí. El experto tiene todos los motivos para preocuparse por posibles represalias (incluso de la administración de Guaidó, en caso de que llegue al poder) si su identidad se divulgara públicamente. De hecho, en las conversaciones con la defensa, el abogado de los Demandantes inicialmente estuvo de acuerdo con la propuesta de eliminar su nombre de cualquier presentación pública, solo que ahora revierte el curso (sin justificación) y alega que dicha divulgación pública es imprescindible".

  Finalmente sostienen que los demandantes afirman que el "interés público respalda la divulgación de la identidad del experto", y argumentan que "el interés público en la divulgación no es absoluto porque como los tribunales han reconocido, existen 'razones convincentes' suficientes para superar el interés del público en la divulgación y justificar el sellado de los registros de la corte"

Discusión en un tribunal de Nueva York: ¿Los bonos PDVSA 2020 requerían o no la autorización de la Asamblea Nacional?

   Algunos diputado insistenten en ilegalidad del canje de los bonos PDVSA 2020 y recuerdan que la AN así lo declaró: Minutas y acuerdos aprobados

Por Maibort Petit

     La disputa por la operación de canje de las notas 2017 por los Bonos PDVSA 2020, que tienen como garantía el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Holding [entidad propietaria del activo más valioso de Venezuela en el exterior], ha trasapadado las paredes del parlamento venezolano para pasar a ser un pleito internacional que se definirá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los representantes del gobierno interino interpusieron en octubre de 2019 una demanda para que el tribunal declare los instrumentos financieros "nulos e ilegales". La querella, contra dos empresas que agrupan los tenedores de los bonos, MUFG Union Bank, N.A. y GLAS Americas LLC., ha llegado a su máximo apogeo y en el marco de la presentación de alegatos de las partes, los bonistas entregaron al juez un documento que avivó la discusión en el parlamento venezolano, ya que el representante del Grupo Ashmore, [ tenedor de una parte de los bonos] reportó que cuando los inversionistas tomaron la decisión de invetir en los instrumentos financieros venezolanos, lo hicieron basados en las opiniones de expertos, abogados, economistas y parlamentarios opositores que aseguraron que "ese canje de deuda no requería de la aprobación de la Asamblea Nacional", por tanto, el fondo consideró y asumió que la operación que estaba realizando PDVSA, controlada por Nicolás Maduro, era legal y que no había riesgo de inversión. En paralelo, la demanda en la corte de Nueva York, [interpuesta por representantes del interinato, bajo en mando del exprocurador, José Ignacio Hernández], plantea todo lo contrario, y es que el canje de la deuda se hizo sin la autorización de la aprobación del parlamento. La querella plantea que el acuerdo que hizo el gobierno con los tenedores de los bonos 2020 es ilegal, por tanto, no hay obligación de pagarlas.
    El pleito, repotenció la discusión en la que se enfrentan opiniones contradictorias [y acusaciones] entre los parlamentarios opositores por este asunto. Aparece involucrado, además, el economista, Francisco Rodríguez, quien actúo como parte de los interesados en que la operación hecha por el chavismo en 2016. Rodríguez, para ese entonces impulsó el canje de deuda en los mercados de inversión y declaró que no había riesgos en la transacción. Su análisis sirvió para disipar las dudasque surgieron entre los inversionistas ante la pregunta de sí el intercambio de la deuda requería o no la aprobación de la Asamblea Nacional. Rodríguez coordinó el viaje de los inversionistas a Caracas en 2016, y realizó el cabildeo con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y las altas autoridades de ese poder. Su objetivo era lograr que los inversionistas confiaran en la operación planteada por PDVSA e invertieran en los bonos PDVSA 2020. 
  Vale destacar que Francisco Rodríguez es parte del fondo de inversiones Torino Capital. El economista, que también trabajó como experto para la Asamblea Nacional, es un hombre cercano al exgobernador del estado Lara, y excandidato presidencial, Henry Falcón del partido Avanzada Popular. 
***Este aspecto lo destacamos en esta nota porque en el año que se discutió el canje de los bonos 2017 a los PDVSA 2020, Francisco Rodríguez realizó junto a otros economistas y Henry Falcón una gira de 10 días por Estados Unidos, para presentar una alternativa la crisis que se vivía en Venezuela. Los que participaron en esa jornada planteaban un acuerdo nacional que incluyera a los chavistas. En Nueva York, se realizó un evento, patrocinado por Torino Capital,  el 9 de junio de 2016 en Nueva York, al cual tuvimos oportunidad de asistir. La conferencia fue convocada por Americas Society /Council of the Americas. Allí hablaron: Henri Falcón, Francisco Rodríguez, Orlando Ochoa y Victor Sierra (presidente de Torino Capital) y discutieron sobre los posibles escenarios y las soluciones económicas mientras Venezuela sufre una recesión económica histórica. El moderador de ese evento fue Francisco Toro, fundador y editor de Caracas Chronicles. En la antesala del evento, muchos de los asistentes al foro hablaron sobre supuestas especulaciones que había en el ambiente financiero sobre un posible anuncio pr parte de PDVSA para canjear los bonos].  En evento al que hacemos referencia está registrado en este video de ASCOA. Ver el video aquí.

El pleito en el Tribunal de Nueva York

     Venezuela Política publicó una nota titulada: Bonistas aseguran en la corte de NY que Francisco Rodríguez, y los diputados Rafael Guzmán y Julio Borges, aseguraron que la emisión de bonos PDVSA 2020 no requería de la autorización de la Asamblea Nacional, basa en un documento que forma parte del expediente de la demanda MUFG Union Bank, N.A. y GLAS Americas LLC., en el que uno de los representantes de un fondo de Inglaterra que representó a los inversores de los bonos PDVSA 2020, Ashmore, revela que viajó a Caracas invitado por Francisco Rodríguez en 2016, y que en el marco de las conversaciones que realizaron para informarse sobre el caje de la deuda, habló con los diputados, Rafael Guzmán y el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Según la declaración jurada del representante de Ashmore, ambos confirmaron que la operación de canje de la deuda ofertado por PDVSA, no requería la aprobación del parlamento.

    Ante las revelaciones hechas por Xin Xu, en representación del fondo financiero Ashmore Group, se avivó la discusión entre varios los parlamentarios de la oposición, que recordaron que en la Mesa de la Unidad (MUD) no hubo votos salvados cuando se declaró la ilegalidad de la operación.

José Guerra (PJ) dice que es ilegal

   El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, insistió recientemente que el refinanciamiento de los bonos PDVSA 2020 fue ilegal, ya que la misma, según su criterio "ha significado un daño al patrimonio público cuando se ofreció a CITGO como garantía", a pesar de que la emisión original de estos bonos sí fue legal.

   A través de su cuenta en la red social Twitter, Guerra advirtió que la operación de canje de bonos “no era un endeudamiento ordinario porque cambiaban unos bonos por otros poniendo a CITGO como garantía. Allí el tema”, para así debatir la tesis oficialista que asegura que PDVSA se rige por la Ley de Administración Financiera del Sector Público y puede emitir bonos sin aprobación de la AN.

  Guerra defendió a Rafael Guzmán y a Julio Borges argumentando que cuando se acordó el rechazo a la emisión del bono en la Asamblea Nacional, el voto de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue unánime. “Nadie salvó el voto y el acuerdo lo presenté yo. El PSUV si se opuso y siguió adelante con la emisión y allí están los resultados. Guzmán y Borges son perseguidos políticos de la dictadura y no se acogieron al exilio voluntario”[1].

 El representante de Ashmore, Xin Xu narró  en su declaración jurada, que viajó a Venezuela en septiembre 2016, con otras personas que trabajan para fondos de manejos de inversiones. "El viaje fue organizado por Francisco Rodríguez, un analista de Torino Capital". Agregó que en Caracas se reunió con Rafael Guzmán, abogado de la Asamblea Nacional y miembro de Primero Justicia, quien para la fecha presidía la Subcomisión de Finanzas y Políticas Públicas. "Guzmán declaró que de acuerdo a la ley venezolana la deuda de PDVSA no tenía que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Guzmán advirtió que PDVSA puede usar los activos en el exterior, incluyendo los de CITGO Holding para garantizar la deuda sin aprobación del parlamento (…) Guzmán declaró que era su opinión personal, y que sabía que era la interpretación mayoritaria, que Xu entendió, que era de la Asamblea Nacional (…) El testigo sostuvo que ‘en ninguna reunión en Venezuela, nadie sugirió que la nueva deuda de PDVSA con la garantía de las acciones de CITGO era ilegal e inválida si no era aprobada por la Asamblea Nacional’"[2].

Rafael Guzmán "no he declarado sobre la ilegalidad de las notas"

  El diputado a la Asamblea Nacional en representación del partido Primero Justicia, Rafael Guzmán, aseguró que nunca ha emitido declaración alguna sobre la ilegalidad de los Bonos PDVSA 2020, además de considerar que no es pertinente hacerlo en este momento en el que el asunto se debate en los tribunales por iniciativa de la Procuraduría Especial de Venezuela.

  Guzmán admitió que desde 2016 ha expresado su opinión acerca de la Impertinencia e inviabilidad de haber usado a CITGO como garantía colateral.

  Precisó que durante el debate parlamentario que tuvo lugar en septiembre de 2016, se discutió el canje de bonos y la AN aprobó con el voto unánime de toda la oposición, rechazar la utilización de CITGO como garantía por parte del gobierno de Nicolás Maduro en las operaciones de los bonos y, en tal sentido, se solicitó a la Fiscalía investigar estas negociaciones.

  El diputado indicó que la declaración jurada del representante del Fondo de Inversiones Ashmore que contiene la opinión de un diputado hace más de 4 años, por lo que le llama la atención el momento y la forma en que se coló a la prensa.

Alejandro Grisanti dijo que  fue un error demandar a los tenedores de bonos

  Quien fuera director de la junta administradora Ad-Hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Alejandro Grisanti, dijo en una misiva al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guiadó, que no veía conveniente demandan a los titulares de los bonos PDVSA 2020, y dejó claro su rechazo a la estrategia legal emprendida por el entonces procurador especial del interinato, José Ignacio Hernández, de interponer una querella en la Corte de Nueva York en octubre de 2019.

   En la prensa venezolana se discutió el asunto. Grisanti se enfrentó a Hernández y no estuvo de acuerdo con los señalamientos del exprocurador contra Primero Justicia en torno al tema de los bonos y recalcó que a PJ le parecía un error demandar a los bonistas y recomendó negociar la deuda y frenar la acción legal que inició Hernández a nombre de la Asamblea Nacional en la corte de Nueva York.

  Grisanti cree que es escasa la posibilidad de ganar la querella contra los titulares de los bonos PDVSA 2020 y que un fallo negativo del juez podría traer consecuencias negativas para la república.
  
   “Si ganamos el juicio, no lo vamos a poder presentar como una victoria política dado que Pdvsa va tener que resarcir a los acreedores por el capital invertido”, dijo Grisanti a Petroguia.

  Te puede interesa. Entrevista con el exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández en Sin Filtros. 

La Fracción 16 de Julio pide investigar

  Por su parte, la Fracción Parlamentaria 16 de Julio ha ratificado públciamente la ilegalidad de los Bonos 2020 de PDVSA y ha exigido  a la comisión especial desde octubre de 2019, que se designó en la Asamblea Nacional para investigar el caso, rendir cuentas al país sobre lo que se hizo luego de aprobar los intereses de dichos bonos el pasado 7 de mayo, rechazado por la F16J en el voto salvado que se entregó por secretaría.
    El diputado Carlos Bastardo dijo en 2019, en nombre de ese grupo parlametario que los Bonos 2020 de PDVSA fueron un mecanismo para poner en garantía a la empresa CITGO.

  Bastardo saludó que la AN le diera la razón a la F16J por reconocer la ilegalidad de estos bonos, que se convierten en un daño al patrimonio de la nación.
La minuta de la sesión de la AN de septiembre de 2016

   El 27 de septiembre de 2016, se llevó a cabio un debate en el seno de la Asamblea Nacional, “sobre los efectos del canje de bonos de PDVSA”.

  La primera intervención la tuvo el economista y diputado, José Guerra, quien luego de explicar lo que eran los bonos y los procesos de endeudamiento, pasó a referirse específicamente a los bonos corporativos emitidos por la estatal petrolera que se conocían como PDVSA-2017 que, para el momento tenían un rendimiento de 22 por ciento, “el rendimiento más alto del mundo, reflejando el mayor riesgo del mundo que cualquier corporación petrolera internacional pueda tener”.

   PDVSA buscaba cambiar dichos papeles por una nueva emisión, los denominados PDVSA 2020, un canje que a ojos del diputado Guerra, se estaba planteando porque los inmensos ingresos petroleros recibidos entre 1999 y 2015 y que alcanzaron unos 800 mil millones de dólares, no se utilizaron para aumentar la producción petrolera o resolver los grandes problemas de Venezuela. Además de denunciar a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA de haber endeudado a la corporación irresponsablemente el diseñar deuda con condiciones inconvenientes para el país.

  Lo más grave de esta operación es que se ponía el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO como garantía de la emisión de bonos y con 8,50 por ciento de interés.

  A partir de entonces, las intervenciones oficialistas giraron en torno a negar que el canje de los bonos PDVSA 2017 por los PDVSA 2020 no debía ser calificado de endeudamiento como insistía la oposición, sino como un “reperfilamiento” o “canje voluntario” o “reformulación de la deuda”; así como para asegurar que el proceso de canje no podía catalogarse de contrato de interés público y que el mismo se enmarcaba en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

  Entretanto, los diputados de la Mesa de la Unidad (MUD) refutaron tal definición de “reperfilamiento” de la deuda; subrayaron la mala política petrolera implementada, la cual llevó al quiebre de la empresa; la inconveniencia de poner como garantía la mitad de las acciones de CITGO; la certeza de que con el canje sólo se aliviaría el problema por poco tiempo, pues luego no habría como pagar el incremento de la deuda adquirida.

 Entre las intervenciones de los diputados de la MUD, Freddy Guevara ratificó que la Asamblea Nacional, “como lo hemos planteado con el arco minero y con todos y cada uno de los inventos inconstitucionales que le han hecho al mundo, no va a reconocer ningún contrato de interés nacional que no pase por esta Asamblea Nacional; a los acreedores internacionales se lo decimos muy clarito, ustedes saben que este Partido va de salida y que este pueblo va a entrar a Miraflores muy pronto y no nos van a poder pedir a nosotros que cumplamos los compromisos de unos irresponsables que destruyeron a PDVSA. Por último, ratificamos que ejecutar ese canje y comprar esos bonos es un acto que atenta contra el bien público nacional; al acceder a ese canje se estaría cometiendo una irregularidad. Por lo tanto, no solo no lo vamos a reconocer, sino que también vamos a investigar a todo aquel que apruebe ese canje, porque estarían siendo cómplices de un acto de desfalco a la Nación y de destrucción de la producción nacional”.

La intervención de Guzmán en el debate

  El debate se cerró con la intervención del diputado de Primero Justicia, Rafael Guzmán, quien en primer lugar destacó que dadas las condiciones de la empresa PDVSA ya “no es de todos los venezolanos, PDVSA es de los acreedores, PDVSA no sirve para los intereses de los venezolanos, PDVSA sirve para los intereses de los acreedores”.

   Guzmán refutó las condiciones del canje, las cuales estuvieron lejos de tener las convenientes condiciones que desde el oficialismo se pregonaban. Ejemplificó que en diciembre de 2016 en lugar de los USD 4.079 millones, fueron USD 2.000 millones; en 2017 el ahorro sería de apenas de USD 1.300 millones, pues de USD 7.266 millones se pasarían a pagar USD 5,900 millones; en 2018, en lugar de pagar USD 1,800 millones, el canje llevaría a pagar USD 3,900 millones: en 2019, en lugar de cancelar USD 4,565 millones, tendrían que pagarse con el canje USD 5.356 millones.

  “Es un canje por una nueva deuda, señores, y esa es la realidad, que además es un canje y no estamos recibiendo un solo dólar para nueva inversión”, advirtió.

  Destacó la errada política que llevó a que aun cuando se tuvieron ingresos de USD 700 mil millones, no se pagó siquiera a los contratistas de PDVSA y, por otra parte, que la deuda pasó de USD 2.900 millones a USD 46.000 millones, es decir, 15 veces mayor.

Y finalizó:

  “Miren, señores, en el sector financiero uno siempre dice que el problema de PDVSA y de Venezuela no es de solvencia, es de liquidez y efectivamente es de liquidez, pero tenemos que agregar algo: no solo es de liquidez es de incapacidad; ustedes han sido incapaces de resolver los problemas de los venezolanos, ustedes han sido incapaces de poner a PDVSA a producir 6 millones de barriles de petróleo, ustedes han sido incapaces de manejar honestamente la fortuna y la mayor renta petrolera que país alguno haya podido tener en 15 años, pero de algo no van a poder ser incapaces y es de frenar la voluntad de los venezolanos de sacarlos del poder por vía constitucional y democrática. Allí se acabó la incapacidad de este Gobierno, la voluntad de los venezolanos la empezamos a partir del 6 de diciembre y este mismo año, con la voluntad de los venezolanos, los vamos a sacar del poder”.

El acuerdo 27 de septiembre de 2016

  En esa oportunidad la AN aprobó el “Acuerdo sobre la Situación Financiera Actual de Petróleos de Venezuela S.A.” el cual, en primer término, planteó citar al presidente de PDVSA para la época, Eulogio Del Pino, para que le explicara a la AN los términos de la operación de canje de bonos, fundamentada en el otorgamiento de la mayoría de las acciones de CITGO Holding INC como garantía.

  En segundo lugar, la AN decidió “Rechazar categóricamente que dentro de la operación de canje se ofrezca como garantía con prioridad por el 50.1% de las acciones que conforman el capital social de CITGO Holding INC, o que se constituya garantía sobre cualquier otro bien de la Nación”.

  Tercero, la AN exhortó al Ministerio Público a abrir una investigación para determinar si la operación de canje resguardaba el patrimonio de la nación, en atención a lo establecido en la Constitución.

   En cuarto lugar, la AN exhortó a PDVSA a presentar un plan de reperfilamiento de sus compromisos financieros y un plan de recuperación de la industria petrolera para el corto y mediano plazo.

El Acuerdo de noviembre de 2017

  El 7 de noviembre de 2017, siendo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges; primer vicepresidente, Freddy Guevara; segunda vicepresidente, Dennis Fernández, el Poder Legislativo venezolano aprobó el “Acuerdo sobre la reestructuración de la deuda externa y sus implicaciones en la economía”, adoptado sobre la base de una serie de circunstancias como el despilfarro de los inmensos ingresos petroleros que Venezuela recibió entre 1999 y 2014; la malversación de los fondos públicos venezolanos; la merma de la producción petrolera en lugar de las promesas formuladas durante años del incrementar la misma; la escandalosa inflación; el gran endeudamiento del país por USD 120 mil millones; y el recorte de las importaciones de los bienes esenciales:

 La AN acordó rechazar categóricamente el proceso de reestructuración de la deuda externa venezolana anunciado para ese entonces por el Poder Ejecutivo Nacional bajo las circunstancias sobre las cuales se realizaba.

   En segundo termino, la AN acordó exigir al Ejecutivo Nacional que presentara el proyecto de presupuesto nacional y la ley de endeudamiento anual donde se contemplaba el refinanciamiento de la deuda externa, para su revisión y aprobación.

  Tercero, se rechazaría cualquier procedimiento que pudiera presentarse “ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente” relacionada con la presentación y aprobación de las condiciones de refinanciamiento de la deuda externa.

  Como cuarto punto, la AN acordó notificar a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático y a la banca nacional e internacional sobre el acuerdo.





















[1] Tal Cual. “Diputado Guerra ratifica ilegalidad de bonos Pdvsa 2020 al ofrecer Citgo en garantía”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/jose-guerra-argumento-ilegalidad-de-bonos-pdvsa-2020-tras-acusaciones-de-que-pj-lo-avalo/






[2] Venezuela Política. “Bonistas aseguran en la corte de NY que Francisco Rodríguez, y los diputados Rafael Guzmán y Julio Borges, aseguraron que la emisión de bonos PDVSA 2020 no requería de la autorización de la Asamblea Nacional”. 3 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/declaracion-jurada-en-ny-sostiene-que.html

viernes, 29 de noviembre de 2019

ConocoPhillips se une al grupo de acreedores que busca incautar las acciones de CITGO

  ConocoPhillips se unió a la lista encabezada por Crystallex y los tenedores del bono 2020 de PDVSA para procurar los pagos a través de una posible  subasta de las acciones del 51% en CITGO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La petrolera ConocoPhillips se unió esta semana a la lista de acreedores internacionales que han presentado mociones ante el tribunal de Delaware para buscar una orden judicial que les permita incautar acciones de la matriz de la refinería estadounidense CITGO Petroleum Corp. para cobrar las obligaciones dictadas por un laudo arbitral contra la petrolera estatal venezolana PDVSA.
  Varias transnacionales, cuyos activos fueron confiscados por el régimen de Hugo Chávez, han intentado por diversas vías cobrar los premios otorgados a su favor por tribunales internacionales y han fijado su esperanza en CITGO, subsidiaria de PDVSA, para lograr sus objetivos. Por ahora, cualquier acción para subastar las acciones de la filial de la petrolera en Estados Unidos deben esperar porque el gobierno del presidente Donald Trump emitió una orden de protección hasta el 22 de enero de 2020.
El caso


   En 2018, ConocoPhillips consiguió una orden de compensación por 2 mil millones de dólares como compensación por la confiscación de sus activos en Venezuela en 2007. La Cámara de Comercio Internacional reconoció los derechos de la petrolera estadounidense.

  En la búsqueda del pago, ConocoPhillips y los representantes de Nicolás Maduro (2018) firmaron un acuerdo a través del cual se logró que Caracas pagara una parte de las obligaciones, pero no todas las previstas. El incumplimiento generó esta nueva demanda, según lo explican los papeles federales.

  La acción contra la República Bolivariana de Venezuela, interpuesta en la Corte de Delaware por parte de ConocoPhillips, tiene como objetivo obtener el mismo derecho otorgado por el tribunal a Crystallex, en una sentencia del juez Leonard P. Stark donde el magistrado autorizó la venta de las acciones de PDV Holding (PDVH) propietaria de CITGO por ser esta el  alter ego de PDVSA y por ende de la república.

  ConocoPhillips reveló en octubre de 2019 que había recibido pagos por un total de $ 754 millones de PDVSA hasta el tercer trimestre,  en virtud del acuerdo de liquidación de $ 2 mil millones del premio del tribunal internacional.

  Dicen los documentos que ConocoPhillips se reserva respetuosamente el derecho de participar en el proceso adelantado por Crystallex y en cualquier otro procedimiento relacionado con la validez de cualquier supuesto derecho de retención y/o valoración y/o venta de acciones de PDV Holding, dado que actualmente es un acreedor de PDVSA en razón de la demanda contra Petróleos de Venezuela, S.A. y Corpoguanipa, S.A. 

  Los documentos de la corte señalan que en el informe de estado presentado en el proceso de Activos de Crystallex, se espera que PDVSA se incluye además las acciones de ciertos los tenedores de los bonos PDVSA-2020, con los cuales también hay un incumplimiento de un pago de US $ 913 millones que se vencieron el 27 de octubre de 2019.

  Tales obligaciones están supuestamente garantizadas por una promesa del 50,1% de las PDV Holding en equidad en CITGO Holding, Inc.  

   Asimismo se revela que en el mismo informe de estado conjunto de aspirantes que buscan intervenir en el proceso de activos de Crystallex, aparece Rosneft Trading S.A., la empresa rusa que también reclama un interés de seguridad de primera prioridad en el capital de PDVH en CITGO Holding, Inc. 

  ConocoPhillips solicita al Tribunal que anule la supuesta promesa dada a los titulares del 2020 bonos e invalidar el interés de seguridad dado a Rosneft, como obligaciones fraudulentamente incurrido. Como resultado, si uno o ambos tenedores de bonos y Rosneft intentan ejecutar una hipoteca sobre los supuestos intereses de seguridad, ConocoPhillips se reserva respetuosamente el derecho de participar en cualquiera de estos procedimientos para proteger la eficacia de cualquier remedio potencial que pueda buscar o que el tribunal puede ordenar en ConocoPhillips I y II.

  La petrolera estadounidense  pidió al tribunal que mantenga la suspensión de los procedimientos aplicables a ConocoPhillips I y II en este momento pero sin perjuicio de los derechos de las partes a solicitar permiso para levantar las estancias. 

   ConocoPhillips sostiene que además del Premio ICC, el demandante ConocoPhillips Petrozuata B.V., hay un acción pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para que el Distrito de Columbia confirme Laudo de arbitraje del Centro Internacional para la Solución de Controversias de Inversión por $ 8.5 mil millones contra la República Bolivariana de Venezuela, titulado ConocoPhillips Petrozuata B.V., et al. v. República Bolivariana de Venezuela, C.A. 

   Asimismo,  ConocoPhillips Gulf of Paria B.V., tiene una acción pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para confirmar un laudo arbitral ICC de US $ 55 millones contra PDVSA y la entidad relacionada, Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., subtitulada ConocoPhillips Golfo de Paria B.V. v. Corporación Venezolana del Petróleo, S.A.

   En consecuencia, ConocoPhillips se reserva además el derecho de participar en cualquier procedimiento como resultado de su condición de acreedor multimillonario de PDVSA y ROV.


martes, 12 de noviembre de 2019

Tenedores de bonos PDVSA 2020 aseguran que la Asamblea Nacional de Venezuela reconoció validez de las notas cuando pagó los intereses en abril de 2019

   La demanda de los representantes de Juan Guaidó ante un tribunal de  NY para que declare la nulidad e ilegalidad de las polémicos instrumentos financieros es considerada por los acusados como un argumento irrelevante porque hay hechos relevantes que prueban todo lo contrario.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Los titulares de los Bonos PDVSA 2020 afirmaron —en una comunicación dirigida a la Corte del Distrito Sur de Nueva York —que los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó no pueden argumentar que las notas son ilegales y nulas porque "ellos mismos fueron quienes reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de esos instrumentos financieros, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019". 
   La querella interpuesta por los representantes del presidente de la Asamblea Nacional en la cual solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York declarar los bonos PDVSA nulos e ilegales ha generado una abierta oposición por parte de las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de los bonos PDVSA 2020 que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., el activo más grande del Estado venezolano en el exterior.

    En una comunicación —enviada al jueza Katherine Polk Failla por los abogados de las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC— se informa la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio pero aclaran que están en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento, ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostienen que no son suficientes dos meses para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. Los representantes de Guaidó pidieron declarar nulos e inválidos los referidos instrumentos financieros.

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 


   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

    Los abogados sostienen que los demandantes buscan impedir que los acusados hagan cumplir cualquiera de los derechos de los Titulares de Bonos, incluyendo sus derechos bajo el Acuerdo de Compromiso que aseguró las Notas 2020, al argumentar que los bonos 2020 deben declararse ilegales, nulas e inválidos ab initio "según la ley venezolana aplicable".

   Aseguran que "es muy poco probable que los demandantes tengan los méritos para sus reclamos y que no podrían demostrar que tienen derecho a una orden judicial preliminar".

La legalidad de los Bonos 2020

     La defensa argumenta que la legalidad de las Notas 2020 se basa en en la Ley Sustantiva de Nueva York y no en la ley venezolana, por lo cual el argumento de los representantes de Guaidó de apelar a la ilegalidad bajo las leyes de Venezuela es irrelevante.
   Manifiestan que la negociación de las notas 2020 fue construida en base a un acuerdo gobernado por las leyes del estado de Nueva York, sin ninguna disposición de conflicto de otras leyes, exceptuando la sección 5-1401 de la Ley General de Obligaciones Generales  de NY.

  Afirman que "los contratos que rigen las notas 2020 son exclusivos del estado de Nueva York y tiene conexiones con las leyes de los Estados Unidos y dichos bonos están denominados en dólares estadounidenses, fueron comercializados en EE. UU. y garantizados por una prenda de acciones otorgadas por PDV Holding que es una sociedad registrada en Delaware".

   Las acciones que aseguran las Notas 2020 son acciones de CITGO Holding, una corporación de Delaware que es la empresa matriz de CITGO registrada también de Delaware con sede en Texas y con operaciones en muchos estados, incluyendo Nueva York. Todos los pagos de intereses y el capital principal de las Notas 2020 debe hacerse ante un Agente en Nueva York.

  Asimismo, señalan que "el Contrato y el Acuerdo de Compromiso  incluyeron representaciones expresas de PDVSA y de los otros entes demandantes que comprobaron que las Notas 2020 y los otros documentos de transacción fueron debidamente autorizados y representaban obligaciones válidas de los ahora demandantes".

Los demandantes reconocieron la validez de los bonos

  La defensa afirma que los representes de Juan Guaidó reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de las Notas 2020, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019 (que ciertos miembros del gobierno venezolano alineados con Guaidó declararon que se estaba haciendo "bajo protesta").

   En el documento entregado a la corte, los abogados de los titulares de los bonos sostienen que las acusaciones de los representantes de Guaidó de que las Notas 2020 y la promesa asociada a las mismas fueron impropias bajo La ley venezolana, ya que no cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela pero "este argumento  es contrario a la coherencia práctica histórica y actual", acotan. 

A nuestro entender, PDVSA ha incurrido reiteradamente en deudas a lo largo de muchos años sin buscar u obtener la aprobación de la Asamblea Nacional, incluso, al emitir las notas anteriores con vencimiento en 2017 por las cuales se intercambiaron las Notas 2020. También entendemos que Las subsidiarias de PDVSA tienen activos comprometidos de manera similar (incluidos los activos de CITGO) sin dicha aprobación.

  Argumentan que no se debe permitir que los demandantes impidan a los acusados ​​obtener un descubrimiento sobre estos y otros asuntos relevantes. 

  Explica que los representantes de Guaidó ​​no creen que el descubrimiento para el juicio deba ser extenso y que debe basarse exclusivamente en la información que actualmente tienen disponible. No obstante, los acusados ​​creen que el descubrimiento debe ser apropiado sobre, entre otros temas: 

(a) las circunstancias del intercambio de Notas de 2016
(b) las emisiones anteriores de deuda y otras transacciones por PDVSA, incluidas las promesas de activos de CITGO y las acciones de sus empresas madres, y si al entrar en esas transacciones los demandantes buscaron o recibieron Aprobación de la Asamblea Nacional; y, 
(c) conexiones entre los Bonos 2020 y las transacciones de intercambio en Nueva York (u otras jurisdicciones de EE. UU.). 

  "Creemos que este descubrimiento puede completarse (asumiendo una cooperación razonable y de buena fe por todas las partes) dentro de aproximadamente tres meses", añaden.

   La defensa considera que con un cronograma de seis meses para el descubrimiento de hechos, exposiciones de expertos y argumentos sobre mociones de juicio sumario, "el litigio no estaría completado para el 22 de enero de 2020", que es la fecha de vigencia de la Licencia General 5A emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde se protege las acciones de CITGO. 

  Manifiestan su rechazo a la decisión de los demandantes de retrasar el inicio de la querella hasta finales de octubre de 2019 —después de que ya se había producido un impago predeterminado de aproximadamente $ 913.5 millones—porque los demandantes no pueden afirmar que fue sólo ahora se dieron cuenta de sus afirmaciones.

  En este punto traen a colación que los demandantes, han alegado que han estado al tanto de sus reclamos por años. De hecho —advierten "el mismo asesor de la administración de Juan Guaidó admitió que los querellantes decidieron no iniciar un litigio cuando PDVSA realizó el pago de intereses más reciente en abril 2019 porque creían que era una ventaja esperar".
Tweet del Dr. Ricardo Hausman(15 de octubre de 2019, 8:13 a.m.)

   Los abogados de los titulares de los bonos afirman que "las limitaciones de tiempo impuestas por la decisión de los demandantes de esperar para llevar este caso hasta finales de octubre, no puede justificar la privación de los acusados ​​de una oportunidad plena y justa para litigar la querella".

   En este caso, Petróleos de Venezuela S.A y PDVSA Petróleos S.A están representados por los abogados James Robert Bliss, James B. Worthington y Kurt Wayne Hansson; PDV Holding Inc. por Jeffrey B. Korn y Tariq Mundiya.

  Los representantes legales de los acusados son: Luke Sobota, Kimberly Larkin, Jonathan H. Hurwitz y Walter Rieman.