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viernes, 29 de noviembre de 2019

ConocoPhillips se une al grupo de acreedores que busca incautar las acciones de CITGO

  ConocoPhillips se unió a la lista encabezada por Crystallex y los tenedores del bono 2020 de PDVSA para procurar los pagos a través de una posible  subasta de las acciones del 51% en CITGO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La petrolera ConocoPhillips se unió esta semana a la lista de acreedores internacionales que han presentado mociones ante el tribunal de Delaware para buscar una orden judicial que les permita incautar acciones de la matriz de la refinería estadounidense CITGO Petroleum Corp. para cobrar las obligaciones dictadas por un laudo arbitral contra la petrolera estatal venezolana PDVSA.
  Varias transnacionales, cuyos activos fueron confiscados por el régimen de Hugo Chávez, han intentado por diversas vías cobrar los premios otorgados a su favor por tribunales internacionales y han fijado su esperanza en CITGO, subsidiaria de PDVSA, para lograr sus objetivos. Por ahora, cualquier acción para subastar las acciones de la filial de la petrolera en Estados Unidos deben esperar porque el gobierno del presidente Donald Trump emitió una orden de protección hasta el 22 de enero de 2020.
El caso


   En 2018, ConocoPhillips consiguió una orden de compensación por 2 mil millones de dólares como compensación por la confiscación de sus activos en Venezuela en 2007. La Cámara de Comercio Internacional reconoció los derechos de la petrolera estadounidense.

  En la búsqueda del pago, ConocoPhillips y los representantes de Nicolás Maduro (2018) firmaron un acuerdo a través del cual se logró que Caracas pagara una parte de las obligaciones, pero no todas las previstas. El incumplimiento generó esta nueva demanda, según lo explican los papeles federales.

  La acción contra la República Bolivariana de Venezuela, interpuesta en la Corte de Delaware por parte de ConocoPhillips, tiene como objetivo obtener el mismo derecho otorgado por el tribunal a Crystallex, en una sentencia del juez Leonard P. Stark donde el magistrado autorizó la venta de las acciones de PDV Holding (PDVH) propietaria de CITGO por ser esta el  alter ego de PDVSA y por ende de la república.

  ConocoPhillips reveló en octubre de 2019 que había recibido pagos por un total de $ 754 millones de PDVSA hasta el tercer trimestre,  en virtud del acuerdo de liquidación de $ 2 mil millones del premio del tribunal internacional.

  Dicen los documentos que ConocoPhillips se reserva respetuosamente el derecho de participar en el proceso adelantado por Crystallex y en cualquier otro procedimiento relacionado con la validez de cualquier supuesto derecho de retención y/o valoración y/o venta de acciones de PDV Holding, dado que actualmente es un acreedor de PDVSA en razón de la demanda contra Petróleos de Venezuela, S.A. y Corpoguanipa, S.A. 

  Los documentos de la corte señalan que en el informe de estado presentado en el proceso de Activos de Crystallex, se espera que PDVSA se incluye además las acciones de ciertos los tenedores de los bonos PDVSA-2020, con los cuales también hay un incumplimiento de un pago de US $ 913 millones que se vencieron el 27 de octubre de 2019.

  Tales obligaciones están supuestamente garantizadas por una promesa del 50,1% de las PDV Holding en equidad en CITGO Holding, Inc.  

   Asimismo se revela que en el mismo informe de estado conjunto de aspirantes que buscan intervenir en el proceso de activos de Crystallex, aparece Rosneft Trading S.A., la empresa rusa que también reclama un interés de seguridad de primera prioridad en el capital de PDVH en CITGO Holding, Inc. 

  ConocoPhillips solicita al Tribunal que anule la supuesta promesa dada a los titulares del 2020 bonos e invalidar el interés de seguridad dado a Rosneft, como obligaciones fraudulentamente incurrido. Como resultado, si uno o ambos tenedores de bonos y Rosneft intentan ejecutar una hipoteca sobre los supuestos intereses de seguridad, ConocoPhillips se reserva respetuosamente el derecho de participar en cualquiera de estos procedimientos para proteger la eficacia de cualquier remedio potencial que pueda buscar o que el tribunal puede ordenar en ConocoPhillips I y II.

  La petrolera estadounidense  pidió al tribunal que mantenga la suspensión de los procedimientos aplicables a ConocoPhillips I y II en este momento pero sin perjuicio de los derechos de las partes a solicitar permiso para levantar las estancias. 

   ConocoPhillips sostiene que además del Premio ICC, el demandante ConocoPhillips Petrozuata B.V., hay un acción pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para que el Distrito de Columbia confirme Laudo de arbitraje del Centro Internacional para la Solución de Controversias de Inversión por $ 8.5 mil millones contra la República Bolivariana de Venezuela, titulado ConocoPhillips Petrozuata B.V., et al. v. República Bolivariana de Venezuela, C.A. 

   Asimismo,  ConocoPhillips Gulf of Paria B.V., tiene una acción pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para confirmar un laudo arbitral ICC de US $ 55 millones contra PDVSA y la entidad relacionada, Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., subtitulada ConocoPhillips Golfo de Paria B.V. v. Corporación Venezolana del Petróleo, S.A.

   En consecuencia, ConocoPhillips se reserva además el derecho de participar en cualquier procedimiento como resultado de su condición de acreedor multimillonario de PDVSA y ROV.


martes, 12 de noviembre de 2019

Tenedores de bonos PDVSA 2020 aseguran que la Asamblea Nacional de Venezuela reconoció validez de las notas cuando pagó los intereses en abril de 2019

   La demanda de los representantes de Juan Guaidó ante un tribunal de  NY para que declare la nulidad e ilegalidad de las polémicos instrumentos financieros es considerada por los acusados como un argumento irrelevante porque hay hechos relevantes que prueban todo lo contrario.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Los titulares de los Bonos PDVSA 2020 afirmaron —en una comunicación dirigida a la Corte del Distrito Sur de Nueva York —que los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó no pueden argumentar que las notas son ilegales y nulas porque "ellos mismos fueron quienes reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de esos instrumentos financieros, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019". 
   La querella interpuesta por los representantes del presidente de la Asamblea Nacional en la cual solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York declarar los bonos PDVSA nulos e ilegales ha generado una abierta oposición por parte de las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de los bonos PDVSA 2020 que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., el activo más grande del Estado venezolano en el exterior.

    En una comunicación —enviada al jueza Katherine Polk Failla por los abogados de las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC— se informa la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio pero aclaran que están en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento, ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostienen que no son suficientes dos meses para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. Los representantes de Guaidó pidieron declarar nulos e inválidos los referidos instrumentos financieros.

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 


   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

    Los abogados sostienen que los demandantes buscan impedir que los acusados hagan cumplir cualquiera de los derechos de los Titulares de Bonos, incluyendo sus derechos bajo el Acuerdo de Compromiso que aseguró las Notas 2020, al argumentar que los bonos 2020 deben declararse ilegales, nulas e inválidos ab initio "según la ley venezolana aplicable".

   Aseguran que "es muy poco probable que los demandantes tengan los méritos para sus reclamos y que no podrían demostrar que tienen derecho a una orden judicial preliminar".

La legalidad de los Bonos 2020

     La defensa argumenta que la legalidad de las Notas 2020 se basa en en la Ley Sustantiva de Nueva York y no en la ley venezolana, por lo cual el argumento de los representantes de Guaidó de apelar a la ilegalidad bajo las leyes de Venezuela es irrelevante.
   Manifiestan que la negociación de las notas 2020 fue construida en base a un acuerdo gobernado por las leyes del estado de Nueva York, sin ninguna disposición de conflicto de otras leyes, exceptuando la sección 5-1401 de la Ley General de Obligaciones Generales  de NY.

  Afirman que "los contratos que rigen las notas 2020 son exclusivos del estado de Nueva York y tiene conexiones con las leyes de los Estados Unidos y dichos bonos están denominados en dólares estadounidenses, fueron comercializados en EE. UU. y garantizados por una prenda de acciones otorgadas por PDV Holding que es una sociedad registrada en Delaware".

   Las acciones que aseguran las Notas 2020 son acciones de CITGO Holding, una corporación de Delaware que es la empresa matriz de CITGO registrada también de Delaware con sede en Texas y con operaciones en muchos estados, incluyendo Nueva York. Todos los pagos de intereses y el capital principal de las Notas 2020 debe hacerse ante un Agente en Nueva York.

  Asimismo, señalan que "el Contrato y el Acuerdo de Compromiso  incluyeron representaciones expresas de PDVSA y de los otros entes demandantes que comprobaron que las Notas 2020 y los otros documentos de transacción fueron debidamente autorizados y representaban obligaciones válidas de los ahora demandantes".

Los demandantes reconocieron la validez de los bonos

  La defensa afirma que los representes de Juan Guaidó reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de las Notas 2020, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019 (que ciertos miembros del gobierno venezolano alineados con Guaidó declararon que se estaba haciendo "bajo protesta").

   En el documento entregado a la corte, los abogados de los titulares de los bonos sostienen que las acusaciones de los representantes de Guaidó de que las Notas 2020 y la promesa asociada a las mismas fueron impropias bajo La ley venezolana, ya que no cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela pero "este argumento  es contrario a la coherencia práctica histórica y actual", acotan. 

A nuestro entender, PDVSA ha incurrido reiteradamente en deudas a lo largo de muchos años sin buscar u obtener la aprobación de la Asamblea Nacional, incluso, al emitir las notas anteriores con vencimiento en 2017 por las cuales se intercambiaron las Notas 2020. También entendemos que Las subsidiarias de PDVSA tienen activos comprometidos de manera similar (incluidos los activos de CITGO) sin dicha aprobación.

  Argumentan que no se debe permitir que los demandantes impidan a los acusados ​​obtener un descubrimiento sobre estos y otros asuntos relevantes. 

  Explica que los representantes de Guaidó ​​no creen que el descubrimiento para el juicio deba ser extenso y que debe basarse exclusivamente en la información que actualmente tienen disponible. No obstante, los acusados ​​creen que el descubrimiento debe ser apropiado sobre, entre otros temas: 

(a) las circunstancias del intercambio de Notas de 2016
(b) las emisiones anteriores de deuda y otras transacciones por PDVSA, incluidas las promesas de activos de CITGO y las acciones de sus empresas madres, y si al entrar en esas transacciones los demandantes buscaron o recibieron Aprobación de la Asamblea Nacional; y, 
(c) conexiones entre los Bonos 2020 y las transacciones de intercambio en Nueva York (u otras jurisdicciones de EE. UU.). 

  "Creemos que este descubrimiento puede completarse (asumiendo una cooperación razonable y de buena fe por todas las partes) dentro de aproximadamente tres meses", añaden.

   La defensa considera que con un cronograma de seis meses para el descubrimiento de hechos, exposiciones de expertos y argumentos sobre mociones de juicio sumario, "el litigio no estaría completado para el 22 de enero de 2020", que es la fecha de vigencia de la Licencia General 5A emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde se protege las acciones de CITGO. 

  Manifiestan su rechazo a la decisión de los demandantes de retrasar el inicio de la querella hasta finales de octubre de 2019 —después de que ya se había producido un impago predeterminado de aproximadamente $ 913.5 millones—porque los demandantes no pueden afirmar que fue sólo ahora se dieron cuenta de sus afirmaciones.

  En este punto traen a colación que los demandantes, han alegado que han estado al tanto de sus reclamos por años. De hecho —advierten "el mismo asesor de la administración de Juan Guaidó admitió que los querellantes decidieron no iniciar un litigio cuando PDVSA realizó el pago de intereses más reciente en abril 2019 porque creían que era una ventaja esperar".
Tweet del Dr. Ricardo Hausman(15 de octubre de 2019, 8:13 a.m.)

   Los abogados de los titulares de los bonos afirman que "las limitaciones de tiempo impuestas por la decisión de los demandantes de esperar para llevar este caso hasta finales de octubre, no puede justificar la privación de los acusados ​​de una oportunidad plena y justa para litigar la querella".

   En este caso, Petróleos de Venezuela S.A y PDVSA Petróleos S.A están representados por los abogados James Robert Bliss, James B. Worthington y Kurt Wayne Hansson; PDV Holding Inc. por Jeffrey B. Korn y Tariq Mundiya.

  Los representantes legales de los acusados son: Luke Sobota, Kimberly Larkin, Jonathan H. Hurwitz y Walter Rieman. 

lunes, 21 de octubre de 2019

El incierto destino de CITGO: Los bonos de la discordia (III)

La disputa por el control de CITGO Petroleum Corporation pasa por la participación de los tenedores de los bonos PDVSA 2020 cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones es necesario cancelar a finales de este mes de octubre, pues ellos poseen como garantía de dichos papeles, el 50.1 por ciento de las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los tribunales federales de los Estados Unidos se han convertido en el principal escenario de la disputa que Crystallex International Corp. mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. y PDV Holding Inc. para cobrar la acreencia que la primera de los demandados mantiene con la empresa canadiense por casi USD 1.400 millones que el Laudo Arbitral dictado por Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó servirían para resarcir la expropiación de sus activos en el proyecto Las Cristinas  por parte del entonces presidente venezolano, el finado Hugo Chávez, y que la minera aspira cobrarse con CITGO Petroleum Corporation, la filial de PDVSA en EE. UU.

CITGO Petroleum tiene ingresos superiores a los USD 42 mil millones, así como ganancias de USD 1.8 mil millones solamente en 2013, por lo que es objetivo clave de los acreedores.

Pero sobre CITGO reposan también la mirada de un conjunto de acreedores que esperan los resultados del proceso judicial que se sigue en el país del norte, pues este sentaría la jurisprudencia sobre la cual ellos podrían actuar para cobrar las deudas que Venezuela mantiene con ellos.
Expectantes también se mantienen los tenedores de los denominados bonos PDVSA 2020, cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones deben cancelarse a finales de este mes de octubre, siendo el criterio de muchos observadores que se trata de una deuda imposible de pagar dada la iliquidez que presenta Venezuela y su principal industria, PDVSA. Lo grave del asunto es que 50.1 por ciento de las acciones de PDV Holding sobre Citgo Petroleum Corporation sirven de garantía de estos papeles, por lo que sus poseedores también podrían reclamar muy pronto la propiedad de los activos de la filial de PDVSA en EE. UU.

El origen de la deuda

De acuerdo a los argumentos esgrimidos por Crystallex ante el Tribunal de Distrito de Delaware, Venezuela instrumentó una serie de acciones para evitar pagarle a la minera y al resto de sus acreedores, entre ellas el intento de vender CITGO Petroleum Corporation para mover su valor fuera del territorio estadounidense.

Cuando esta iniciativa fracasó, entonces recurrieron a la monetización del interés de PDVSA en CITGO mediante una compleja oferta de bonos y pagos de dividendos con la intención de evadir a los acreedores. Tal manejo fue calificado por Crystallex como “Transferencia Fraudulenta 2015". En tal sentido, se canceló un dividendo declarado de USD 2.8 mil millones de PDVH a PDVSA, por lo que también Crystallex procesa un reclamo de transferencia fraudulento contra los demandados en el mismo tribunal bajo el número de Acción Civil 15-1082-LPS.

Crystallex acusó que también que ante la expectativa de que el tribunal fallara en su contra, PDV Holding duplicó sus esfuerzos para obstaculizar el pago de las acreencias y decidió, a menos de un mes de que la corte le negara la moción, otorgar a los acreedores de PDVSA un derecho de retención contra el 50.1 por ciento de las acciones de PDVH en su activo CITGO Holding, en apoyo de más de USD 3 mil millones en nueva deuda emitida por PDVSA.

Por ello, Crystallex calificó a PDVSA como un cesionario de la transferencia fraudulenta instrumentada por PDVH.

Refiere la minera que el 24 de octubre de 2016, PDVH ejecutó la “Transferencia fraudulenta de canje de bonos” y PDVSA concluyó un canje de deuda por el intercambio de USD 2.8 mil millones en bonos con vencimiento en 2017 por USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020. PDVH otorgó a PDVSA la nueva garantía para los tenedores de bonos 2020 en forma de un gravamen del 50,1 por ciento sobre sus acciones en CITGO Holding.

En sus alegatos ante la Corte, Crystallex expuso que PDVSA ordenó a PDV Holding que a su vez ordenara a CITGO Holding, la emisión de una deuda de USD 2.8 mil millones que fueron transferidos a PDVH como dividendo para accionistas.

CITGO Holding se habría visto obligada —según la exposición de Crystallex— a pagar una tasa de interés del 12 por ciento para pedir prestados los USD 2.8 mil millones y los bonos fueron calificados como bonos sin grado de inversión o "basura" por las tres principales agencias calificadoras desde el momento en que se emitieron. La canadiense sostuvo que la oferta de deuda no tenía un propósito comercial legítimo, pues al recibir estos fondos, PDVH pagó su propio dividendo igual a lo que recibió de CITGO Holding a PDVSA.

El resultado de estas operaciones habría sido que Venezuela —a través de PDVSA y sus subsidiarias— repatriara USD 2.8 mil millones en ganancias, dejando a su subsidiaria CITGO Holding, insolvente sobre una base contable.

Mecanismo de pérdida de independencia

Hasta ahora, el mecanismo utilizado era que el presidente de la república en Venezuela designa la junta directiva de PDVSA, la cual selecciona el directorio de PDVSA Holding en Delaware, la cual a su vez procede a nombrar a la directiva de CITGO Petroleum Corporation, una cadena que se rompió, a criterio de algunos expertos, al designar la Asamblea Nacional directamente las juntas directivas de PDVSA Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum Corporation.

Esta decisión vendría a sustentar el argumento de Crystallex de que CITGO es un "alter ego" del gobierno venezolano. Un error que fue aprovechado al máximo por la compañía minera canadiense.

Sobre el embajador de Venezuela en Washington designado por Guaidó, Carlos Vecchio, también se levantan algunas voces críticas que lo cuestionan en razón de que durante largos años se desempeñó como abogado principal de ExxonMobil hasta que Chávez expulsó a la petrolera de Venezuela, por lo que se ponen en tela de juicio sus intereses en la posición que ahora ocupa y su defensa del procurador de la AN.

Luego de que el tribunal emitiera su decisión de denegar la moción de PDVH de desestimar el reclamo de transferencia fraudulenta de Crystallex, los demandados de PDV procedieron a instrumentar lo que Crystallex cataloga como la segunda transferencia fraudulenta, ahora gravando un poco más de la mitad del activo principal de PDVH como una estrategia para esquivar a la minera canadiense y otros acreedores.

Fue así como en septiembre de 2016, PDVSA anunció que ofrecería realizar un canje de bonos, utilizando los activos de PDVH como garantía. Al igual que la primera vez, la petrolera estatal venezolana intercambiaría más de USD 7 mil millones de bonos de PDVSA en circulación por “nuevos bonos”, con vencimiento en 2020, respaldados por el 50.1 por ciento del capital social de PDVH de CITGO Holding.

En vista de que la oferta no generó interés en el mercado, PDVSA anunció el 27 de septiembre de 2016 el aumento de la contraprestación pagada a los tenedores de bonos en el canje propuesto y extendió el plazo de licitación anticipado al 6 de octubre de 2016. PDVSA —refirió Crystallex ante la corte— ofreció una consideración de 1.17 veces o 1.22 veces el valor nominal de sus notas existentes de abril de 2017 y noviembre de 2017, respectivamente, a cambio de las notas de mayor vencimiento. “Luego de un nuevo retraso, PDVSA anunció que su canje de deuda había concluido el 24 de octubre de 2016. 

Finalmente, los acreedores que representan bonos por un valor de USD 2.8 mil millones con vencimiento en 2017 presentaron sus pagarés por aproximadamente USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020”.
Glas America fue el agente colateral y a modo de ver de Crystallex, el cesionario de la Transferencia Fraudulenta de Intercambio de Bonos, de acuerdo con la oferta original para los nuevos tenedores de bonos 2020.

También Rosnet

Crystallex acusa una nueva transacción fraudulenta ocurrida en noviembre de 2016, cuando PDVH gravó aún más a CITGO Holding, al otorgarle a la rusa Rosneft un derecho de retención sobre el 49.9 por ciento restante de sus acciones en la segunda.

Por esta operación, PDVSA y no PDVH recibió USD 1.5 mil millones en concepto de préstamos.

PDVSA reconoció a través de un comunicado de prensa que era el destinatario de los fondos del préstamo de Rosneft. Refirió que como propietaria de CITGO, utilizó el citado porcentaje de acciones para recaudar nuevos fondos.

El peligro de perder CITGO

Ante tales circunstancias, Venezuela podría perder su activo más valioso en el extranjero a finales de este mes de octubre, cuando las acciones de la filial pudieran quedar en manos de Rosneft y de otros financistas del gobierno de Nicolás Maduro, alerta una nota de El Nuevo Herald [1].

“La transferencia de propiedad será provocada por el esperado incumplimiento en el pago de $ 913 millones de dólares de un bono de Petróleos de Venezuela que vence el 27 de octubre. Los tenedores de deuda tienen el derecho de asumir control del 50,1% de las acciones de CITGO colocado en garantía por Maduro para esa emisión (el bono 2020 de PDVSA), gracias a una licencia que les libra de las restricciones que representan las sanciones”, reza la nota.

Agrega que esta licencia fue otorgada por el Departamento Tesoro con el objetivo de acorralar financieramente a la administración de Maduro, pero estando en la actualidad el gobierno interino de Juan Guaidó al control de CITGO, la medida solamente amenaza la propiedad de una compañía vista como vital para la futura recuperación de la quebrada Venezuela.

La nota advierte que si bien el bono 2020 de PDVSA tiene como garantía el 50,1 por ciento de la compañía, todas las acciones de CITGO se verían afectadas por un incumplimiento el 27, en razón de que Nicolás Maduro, como ya se dijo, también otorgó como garantía el resto del capital accionario de la filial en el préstamo de USD 1.500 millones que obtuvo de Rosneft.

Igualmente, la presidenta de la junta directiva ad hoc de CITGO, Luisa Palacios, estima que el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es vital en toda esta trama para que Venezuela mantenga el control de la filial y en tal sentido dijo que el mandatario estadounidense “debería evitar que los tenedores de bonos de la estatal petrolera PDVSA tomen control de CITGO, uno de los principales activos de Venezuela en el exterior”.

— Después del apoyo brindado para salvar a CITGO, me parece contradictorio que el mismo esfuerzo no se haga aquí para salvar a CITGO de los tenedores de bonos[2].

También los exiliados venezolanos asociados en la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, pidieron al secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, que retire la licencia que permite a los tenedores de bonos de la estatal petrolera PDVSA asumir el control accionario de la refinadora.

Es de “vital importancia para la recuperación económica del país, una vez se logre la salida del dictador del poder (…) EE. UU. ha sido el principal aliado del pueblo venezolano en esta lucha por recuperar su democracia y libertad. Es desesperadamente necesario que se pueda tomar esta medida que garantizaría a la sociedad y a las generaciones de relevo en Venezuela preservar una empresa que sería el corazón económico de la nueva república”, dijo el presidente de Veppex, José Colina[3].

AN pagó intereses en mayo

Entre las medidas adoptadas por la junta directiva ad hoc de CITGO nombrada por Guaidó que encabeza Luisa Palacios, estuvo el pago de intereses sobre el vencimiento de sus bonos en 2020, con el objetivo de retrasar cualquier acción en represalia del activo venezolano en Estados Unidos, toda vez que se trata de una emisión de papeles respaldados con acciones de la de la refinería de la filial de PDVSA. En tal sentido, se cancelaron USD 71 millones a los tenedores de bonos.

Pero la espada de Damocles sigue pendiendo sobre CITGO, cuando el 27 de octubre próximo deba pagar intereses por el orden de USD 913 millones y no todos son optimistas acerca de las posibilidades reales de cancelar tal erogación, como Torino Economics que publicó que "Vemos el pago de octubre de USD 913 millones como improbable en ausencia de cambios políticos"[4].

Esa, a juicio del Procurador Especial, José Ignacio Hernández, era la única manera de proteger los activos del estado venezolano y colocar al gobierno encargado del presidente de la AN en una mejor posición para la estrategia de renegociación de la deuda pública.

A través de un comunicado, Hernández recordó que cuando el Bono 2020 fue emitido en 2016 la Asamblea Nacional cuestionó la operación de canje que llevó a su emisión por considerar desfavorables para la república sus condiciones financieras y la garantía sobre el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc., empresa de control de CITGO Petroleum Corporation.

Refería Hernández que aun cuando por las leyes de Nueva York la negociación era válida a pesar del cuestionamiento del Poder Legislativo venezolano, PDVSA debía pagar los intereses del bono antes del 29 de mayo, pues de lo contrario se generaría un incumplimiento y los tenedores de los papeles podían tomar control sobre CITGO Holding.

Agregó que desde su nombramiento había agotado todas las opciones para lograr diferir el pago de PDVSA sin éxito, como tampoco había logrado que se dictara una medida que proteja debidamente a CITGO en caso de incumplimiento del pago de intereses.

Explicó que el pago de intereses se haría con “recursos que, de otra forma, deberían quedar congelados debido a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Esto implica que, en realidad, no hay un costo de oportunidad por el uso de estos recursos, pues estos solo podrían utilizarse para el pago de intereses”.

Recomendó que el pago se hiciera bajo protesto, “a los fines de permitir a la Asamblea Nacional continuar la investigación sobre la emisión del Bono 2020 que inició en 2016 y que no pudo continuar por el acoso al cual la Asamblea fue sometida por el Tribunal Supremo de Justicia”.

Tanto el procurador de Guaidó como la Asamblea Nacional estimaron que el pago de los intereses permitiría que Venezuela estuviera en mejores condiciones de renegociar la deuda[5].

Entretanto, la expectativa se mantiene sobre qué sucederá el próximo 27 de octubre, fecha en que deba producirse el pago por parte de Venezuela de los USD 913 millones de interés a los tenedores de los bonos PDVSA 2020.





[1] Panorama. “Venezuela corre el riesgo de perder Citgo a finales de mes: Nuevo Herald”. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Venezuela-corre-el-riesgo-de-perder-Citgo-a-finales-de-mes-Nuevo-Herald--20191010-0018.html

[2] Reuters. “Guaidó necesita ‘apoyo’ de Trump para mantener control de Citgo: presidenta”. 2 de octubre de 2019. https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-petroleo-citgo-idLTAKBN1WH1PB-OUSLT

[3] El Nuevo Herald. “Exiliados piden al Tesoro de EEUU evitar que Venezuela pierda a Citgo”. 10 de octubre de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article235987523.html

[4] Reuters. “Venezuela's ad-hoc PDVSA board begins payment on Citgo-backed 2020 bond”. 16 de mayo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-bonds/venezuelas-ad-hoc-pdvsa-board-begins-payment-on-citgo-backed-2020-bond-idUSKCN1SM1KH

[5] Descifrado. “Comunicado: Pago de intereses del Bono 2020 es la única opción que permite proteger activos del Estado venezolano”. 8 de mayo de 2019. http://www.descifrado.com/2019/05/08/comunicado-del-procurador-especial-sobre-el-pago-de-intereses-del-bono-2020/


lunes, 29 de julio de 2019

Corte de Apelaciones de EE. UU. abona el terreno para que Crystallex se apodere de CITGO

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una Corte federal de apelaciones de los Estados Unidos rechazó un recurso apelación de Petróleos de Venezuela para anular una orden emitida por un tribunal de Delaware que permite que la transnacional minera canadiense Crystallex Internacional Corp. se apoderarse de acciones en la unidad de refinación de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo Petroleum Corp.

En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento 'Las Cristinas' lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia dijo este lunes, (29 de julio de 2019), que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal. 

Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de Citgo se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante,  en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50  países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware. 

En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela. 

Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería "un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos".

De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO.  Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO.  

La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.