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miércoles, 14 de octubre de 2020

PDV USA advierte que la empresa de David Rivera carece de fundamentos para pedir al tribunal desestimación de la demanda en su contra

   Sostiene que Interamerican Consulting Inc sólo persigue retrasar el litigio, pues por el contrario a lo alegado por la demandada, se cumplieron todos los términos legales para reclamar el incumplimiento del contrato.

Por Maibort Petit
   El abogado de PDV USA Inc., Jeffrey B. Korn, que representa a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, aseguró ante el juez de la causa que se dirime en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, John G. Köeltl, que la demandada Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del excongresista estadounidense, David Rivera, carece de fundamentos para solicitar al tribunal la desestimación del caso.

  En tal sentido, Korn advirtió al magistrado que esta acción de Interamerican solamente persigue retrasar innecesariamente el litigio. El juez había otorgado una prórroga a Rivera para que respondiera a la demanda, toda vez que inexplicablemente desde que esta fue interpuesta, la demandada no ha fijado posición. Dicha prórroga era hasta el 30 de septiembre pasado[1].

  Dos días antes de que se cumpliera el plazo, la representación legal de Interamerican, en manos de Kathryn Lee Boyd, solicitó una moción para desestimar la demanda de PDV USA porque la misma "carece de legitimación y no presenta un reclamo por incumplimiento de contrato que sea plausible a primera vista".

  El alegato para esta solicitud, según el abogado de Interamerican, es que PDV USA carece de legitimación para cumplir el contrato y que la demanda no cumple con los extremos legales[2].

  El asunto versa sobre una demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por la empresa propietaria del paquete accionario de CITGO Petroleum Corporation sobre la que se conoció en mayo de 2020. La aspiración de la demandante es recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

  Fuente ligadas a CITGO han asegurado a Venezuela Política el pago de los USD 15 millones ocurrido en marzo de 2017 fue irregular, pues se incumplieron las normas mínimas esenciales lo cual se reflejaba en la calidad de la facturación —tres facturas por USD 5 millones cada una, elaboradas en simples papeles sin cumplir los requerimientos internos de la filial de PDVSA— y que fueron pagadas por órdenes superiores. La autorización habría venido de José Pereira quien para entonces era el vicepresidente de Finanzas y ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) el pago por orden del CEO de CITGO para la fecha, Nelson Martínez.

  La fuente manifestó que el pago que ocurrió en menos de 4 semanas "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita (…) José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

  Lo cierto es que, de acuerdo a las fuentes entendidas, este caso sólo sería el reflejo de operaciones irregulares hechas con empresas fantasmas con el objetivo de desviar fondos de la estatal a fines distintos a los de la industria. Con ello se estarían violando políticas y procedimientos internos, leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos. La demanda solo estaría procurando enmascarar el comportamiento delictual de la directiva de CITGO y formar una cortina de humo distraer la atención del Departamento de Justicia haciéndole suponer una rectificación de su conducta frente a quienes expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos.

  Venezuela Política también pudo conocer que no es cierto, como dice la demanda que PDV USA se negó a pagar las facturas por los restantes USD 35 millones del contrato, sino que entre los años 2017 y el 2018, tres directores detectaron las irregularidades del acuerdo y se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez, logrando detener el esquema fraudulento[3].

  Sobre el propietario de Interamerican Consulting Inc., David  Rivera, pesan algunas investigaciones, entre ellas una originada por el objeto del contrato suscrito con PDV USA, dado que este habría prestado servicios de cabildeo sin estar debidamente registrado como agente para trabajar a favor de un gobierno extranjero, por lo que el Centro Legal de Campaña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigarlo[4].

  Otro hecho significativo en este caso deriva del despacho de abogados que representa a PDV USA en el litigio, a saber, Willkie Farr & Gallagher LLP una firma conocida por sus lazos con el chavismo a quienes a representó en múltiples oportunidades. Incluso, este bufete estaría ligado a la firma Sidley Austin LLP que participó en la defensa de los narcosobrinos. Y es que este y otros despachos que siguen actuando en la actualidad fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO, de acuerdo a nuestras fuentes[5].

La comunicación

   Una comunicación fechada el 5 de octubre de 2020 desde la firma de abogados Willkie Farr & Gallangher LLP, suscrita por Jeffrey B. Korn, dirigida al juez John G. Koeltl, sobre el caso PDV USA Inc. contra Interamerican Consulting Inc., identificado con el número 20-cv-3699 (JGK), sostiene que la moción de desestimación de la demanda interpuesta por su cliente no prosperará al carecer de fundamento y sólo tiene como objetivo retrasar innecesariamente el proceso judicial.



   Le refiere Korn al magistrado Köeltl, que su despacho de abogados representa a PDV USA Inc. en el proceso emprendido contra Interamerican Consulting Inc., una empresa registrada en el estado de la Florida por el ex congresista estadounidense, David Rivera, la cual cuenta con apenas un empleado, a saber, la hermana del propietario.

  Seguidamente, hace un recuento de los hechos que llevaron a PDVS USA a demandar a la empresa de Rivera y, en tal sentido, refiere que el 21 de marzo de 2017, su cliente contrató a Interamerican, la cual debía prestar “servicios de consultoría estratégica” por tres meses “a cambio de la asombrosa cantidad de $ 50 millones”. Le correspondía a Interamerican ayudar a la empresa matriz última de PDV USA, es decir, a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), controlada por el régimen de Nicolás Maduro.

 Debía Interamerican, según indica la comunicación que cita partes del acuerdo entre las dos partes, desarrollar una estrategia para “informar a los formuladores de políticas y líderes de opinión sobre las iniciativas del CLIENTE”; “Reforzar la posición del CLIENTE entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión”; y "mejorar la reputación a largo plazo y la posición del CLIENTE" con "partes interesadas específicas" e (2) "identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos".

  Estos servicios que debían prestarse "a satisfacción exclusiva de PDV USA", incluían la elaboración de informes quincenales “detallando las actividades que han llevado a cabo durante ese período”, así como un informe final “incluyendo recomendaciones para el monitoreo y seguimiento de las estrategias implementadas” y, finalmente, “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” que se anexarían a cada factura presentada.

 Destaca Jeffrey B. Korn ante el juez Köeltl, que pese a haber cancelado PDV USA Inc. a Interamerican, la cantidad de USD 15 millones entre el 21 de marzo de 2017 y el 18 de abril de 2017, la demandada no cumplió con lo convenido en el acuerdo y no completó ningún servicio a satisfacción de PDV USA. Agrega que tampoco los informes prometidos "detallaron [] las actividades" realizadas, como se requería, ni junto a las facturas enviadas se adjuntaron los documentos de respaldo o los detalles de los servicios.

  Subraya, por tanto, Korn, que PDV USA se negó a seguir pagando a Interamerican, más allá de los USD 15 millones pagados “sin recibir nada a cambio”.

  Informa al juez que el 5 de octubre de 2017, PDV USA procuró ceder los derechos del acuerdo a PDVSA, pero Interamerican se negó a dar su consentimiento y durante años insistió en que PDV USA estaba obligada por los términos del Acuerdo.

Interamerican sin fundamento

  Luego de narrar los antecedentes de la demanda, Jeffrey B. Korn argumentó ante el juez las razones por las que estima que Interamerican no tiene fundamento para haber solicitado el 27 de septiembre de 2020 la desestimación de la acción emprendida por PDV USA Inc.

  Se remite a lo expuesto por Interamerican, que señaló en primer término que PDV USA carece de legitimación para hacer cumplir el contrato como resultado de la cesión, cuando el propio demandado olvida que no consintió la misma y, durante años, ha dicho que esta no era válida y que la petrolera estaba está obligada por el acuerdo.

  Cita un correo electrónico enviado por David Rivera 4 de febrero de 2019, donde advirtió que Interamerican Consulting nunca estuvo de acuerdo ni consintió en ninguna cesión del contrato de PDV USA a PDVSA, habiendo sido rechazada cualquier sugerencia de reasignación del contrato. En la comunicación Rivera refirió que su asesor legal revisó el asunto y concluyó de manera indiscutible y categórica que cualquier asignación de PDV USA a PDVSA era una decisión unilateral arreglada las petroleras. Indicó que, bajo la ley de contratos de Nueva York, PDV USA de ninguna manera queda eximida de sus obligaciones contractuales con Interamerican Consulting.

  En segundo lugar, el representante legal de PDV USA alertó que lo sostenido por Interamerican de que la demanda no alegó adecuadamente una reclamación por incumplimiento de contrato también fracasa. Jeffrey B. Korn se remite a la jurisprudencia que ha dejado establecido que “Para presentar una reclamación viable por incumplimiento de contrato, una queja solo necesita alegar (1) la existencia de un acuerdo, (2) el cumplimiento adecuado del contrato por parte del demandante, (3) el incumplimiento del contrato por parte del demandado y (4) daños", lo cual ha cumplido PDV USA.

  El juez asevera que la demanda interpuesta contra Interamerican alega la existencia del acuerdo y cada una de las disposiciones que la demandada violó; que PDV USA cumplió adecuadamente con el contrato, específicamente pagando a Interamerican USD 15 millones; que el demandado violó el acuerdo al no proporcionar los servicios requeridos, ni producir la cantidad requerida de informes con el nivel de detalle requerido; como tampoco proporcionar detalles de los servicios prestados en facturas y documentación de respaldo. Respecto a los daños causados, el abogado recuerda el pago de USD 15 millones por el cual no recibió nada a cambio.

  En tercer lugar, Jeffrey B. Korn le expone al juez Köeltl que PDV USA no ha renunciado a su reclamo por incumplimiento de contrato, pues nunca manifestó que recibió los servicios y, mucho menos, a su entera satisfacción. Por el contrario, indica, la demandante alegó repetidamente que la demandada no cumplió con el contrato y que "no está satisfecho con los servicios de Interamerican".

  Finalmente, recordó unas declaraciones públicas de David Rivera a la prensa en las cuales remitió a los periodistas que le consultaron sobre el incumplimiento de contrato reclamado por PDV USA, este dijo: "pregunten a los muchachos de CITGO 6", es decir a los ejecutivos de CITGO Petroleum Corporation detenidos por el régimen de Nicolás Maduro quienes, según el excongresista, “Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana (…) Eso es todo lo que sé".

  También Korn le refiere al juez otras declaraciones de Rivera en las que dijo: "Todos esos fondos fueron a la oposición para las protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo".

  En tal sentido el abogado del demandante considera que con estas afirmaciones David Rivera admitió que Interamerican no brindó ni tuvo la intención de brindar ningún "servicio de consultoría estratégica" a PDV USA (o PDVSA) como lo exige el acuerdo.


Citas

[1] Venezuela Política. “Se agota el tiempo para que David Rivera responda a demanda de PDV USA por incumplimiento de contrato de cabildeo a favor de Nicolás Maduro”. 21 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/se-agota-el-tiempo-para-que-david.html


[2] Venezuela Política. “Piden a un juez de NY desestimar demanda de PDV USA (CITGO) contra consultora del excongresista David Rivera”. 28 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/piden-un-juez-de-ny-desestimar-demanda.html


[3] Venezuela Política. “CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.”. 15 de mayo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/05/exclusiva-citgo-pago-david-rivera-los.html


[4] Venezuela Política. “Piden investigar al ex-representante David Rivera por posible violación de ley FARA”. 11 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/piden-investigar-al-ex-representante.html


[5] Venezuela Política. “Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera”. 24 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/lo-que-hay-detras-de-los-corruptos.html

martes, 6 de octubre de 2020

CITGO exige juicio con jurado y contrademanda a Rothwell

  La tesorera de la filial petrolera y un consultor técnico aseguraron la inexistencia de deuda por parte de la demandada.

Por Maibort Petit

   Ante el Tribunal 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, CITGO Petroleum Corporation exigió la celebración de un juicio con jurado en la causa que ella entabló Rothwell Energy Services LLC, una empresa de maletín propiedad Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del expresidente de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Nelson Martínez, quien murió mientras permanecía en custodia del estado venezolano en 2018.

  A la par de esta solicitud contenida en la segunda respuesta enmendada a su petición original como demandante, CITGO contrademandó a Rothwell y presentó la declaración jurada de la tesorera de la filial petrolera venezolana, Gina Coon, en la que esta asegura no existe deuda, pues a la demandante se le cancelaron USD 5.542.241,77, monto que sobrepasa lo exigido en la demanda y, por tanto, solicita la restitución del excedente.

Declaración de Gina Coon

  El pasado 28 de septiembre de 2020, rindió su declaración ante la Corte 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, Gina Coon, tesorera de CITGO Petroleum Corporation respecto al caso que contra esta última mantiene en esa instancia, la empresa Rothwell Energy Services LLC.

  Ante dicha corte, la funcionaria de la filial de PDVSA en EE. UU., además de sus datos personales, refirió que labora en CITGO desde 1992, ejerciendo el cargo de tesorera desde julio de 2018, posición a la que ascendió desde el puesto de tesorero adjunto que ocupó a partir de marzo de 2017. Antes de eso, trabajó como gerente de operaciones de efectivo.

 Respecto al caso que se ventila en el tribunal, Rothwell contra CITGO, dijo que la petrolera venezolana pagó a la demandante por el proyecto objeto de la demanda, un total de USD 5.542.241,77.

 Tal monto lo discriminó de la siguiente manera: USD 876.150 el 29 de junio de 2017; USD 2.044.350 al 31 de agosto de 2017; USD 778.000 el 15 de noviembre de 2017; USD 778.800 al 13 de abril de 2017; USD 515.216,73 al 15 de mayo de 2018; USD 499.205,04 al 18 de junio de 2018; y USD 50.520 el 3 de agosto de 2018.


CITGO pide juicio con jurado

  El 28 de septiembre de 2020, CITGO Petroleum Corporation presentó ante la Corte 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, la segunda respuesta enmendada a su petición original como demandante y las contrademandas originales, en la que solicitó que se lleve a cabo un juicio con jurado en la Causa Nº 2019-20949, en la que es demandada por Rothwell Energy Services LLC.

  En tal sentido, CITGO solicitó que la Corte desestime lo demandado por Rothwell y declare daños reales incurridos por ella en virtud del Acuerdo; exima de responsabilidad a CITGO y se ordene su indemnización; que se ordene el pago de intereses previos y posteriores al juicio a la tasa máxima permitida por la ley; que se ordene a Rothwell pagar los honorarios de abogados, las costas judiciales y cualquier otra compensación adicional, por contrato, por ley o en equidad, a la que CITGO tenga derecho justamente.

  En esta segunda respuesta enmendada CITGO reitera su negación de todas las acusaciones contenidas en la Petición Original del Demandante y exige una prueba estricta de las mismas por preponderancia de evidencia creíble.

  CITGO niega todas las partes de la demanda, especialmente, que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) tenga un interés en el contrato de servicio objeto de la demanda.

  Se asegura que CITGO no debe dinero al demandante y presenta la declaración jurada de Brian Boudreaux, en apoyo de la denegación del reclamo del demandante.

  CITGO afirma que cualquier pago al demandante sería ilegal en el sentido de que violaría las Órdenes Ejecutivas 13808, 13850 y 13884, que establecen sanciones contra Venezuela y PDVSA.

  Por otra parte, CITGO afirma la defensa afirmativa del pago, específicamente, refiere que ya pagó al demandante USD 5.542.241,77 de conformidad con el Acuerdo, que es más que la cantidad a la que el demandante tenía derecho legalmente, lo cual confirma la declaración de Gina Coon. Agrega que Rothwell no le ha proporcionado ningún estado de cuenta o indicación de que se hayan realizado todas las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  Igualmente, CITGO niega que Rothwell haya cumplido con todos los requisitos para que se emitiera el pago de los montos que solicita, tales como la certificación de que se haya pagado a todos los subcontratistas, personal, proveedores, vendedores, y que se hayan liberado todos los gravámenes. Tampoco el demandante ha indicado que se hayan cumplido todos los criterios de prueba de desempeño de los trabajos por los cuales reclama el pago, ni ha entregado la documentación de rotación y cierre del proyecto.

  Recuerda que el 7 de noviembre de 2018, CITGO terminó y detuvo todos los trabajos del Proyecto y para el 9 de noviembre del mismo año rescindió el contrato en razón de que para la primera de las fechas Rothwell solamente había transferido 2 de las 10 plantas de agua. El contrato concluía el 31 de diciembre de 2018, fecha para cual la contrademandada nunca habría cumplido con su obligación contractual de completar y transferir 10 plantas de agua.

  Igualmente, CITGO estima que tiene derecho al pago de Rothwell por la cantidad de todos los pagos en exceso realizados en relación con el proyecto.

Petición de compensación

  Del mismo modo, CITGO Petroleum Corporation reclama una compensación monetaria superior a USD 1.000.000.

  Subraya que los daños solicitados se encuentran dentro de los límites jurisdiccionales de la Corte.

La contrademanda

  CITGO alega, en primer término, incumplimiento de contrato pues Rothwell no entregó la cantidad acordada de plantas de agua en las fechas previstas, ni realizó correctamente su trabajo. Igualmente, acometió trabajos no autorizados en virtud del Acuerdo, ni completó la preparación del sitio, la instalación, la puesta en servicio y la puesta en marcha en todas las ubicaciones de plantas de agua seleccionadas.

  Tampoco Rothwell entregó un cronograma adecuado del proyecto adecuado, ni realizó su trabajo de manera expedita y eficiente; no informó del avance de la obra; no cumplió con los horarios de envío, instalación y puesta en marcha; no pagó oportunamente a sus contratistas, vendedores y proveedores por el trabajo realizado en el Proyecto; entre otras razones.

  Asimismo, CITGO contrademanda por incumplimiento de la garantía expresa de los servicios, en razón de que no realizó su trabajo de manera expedita y eficiente; no proporcionó una administración y supervisión empresarial eficiente en todo momento; no realizó trabajos libres de defectos de mano de obra; no entregó al personal las habilidades, la capacitación, los antecedentes, las licencias y el registro adecuados para realizar el trabajo de manera buena y profesional, en estricta conformidad con el Acuerdo, las buenas prácticas de ingeniería y todos los estándares industriales aplicables.

  En tercer lugar, CITGO contrademanda a Rothwell por Sentencia declaratoria y procura una declaración de que el Contrademandado ha violado las disposiciones de defensa, exención de responsabilidad e indemnización del Acuerdo.

  El cuarto cargo de la contrademanda es por enriquecimiento injusto pues, a su juicio, Rothwell ha retenido injustamente un beneficio en detrimento de CITGO dado el monto de los pagos en exceso que ha realizado.

  Por último, CITGO contrademanda a Rothwell por dinero recibido en forma de sobrepagos, que, en equidad y conciencia, pertenece a la contrademandante.

  CITGO considera que tiene derecho a los honorarios de abogados razonables y necesarios de conformidad con los términos del Acuerdo.

Declaración de Brian Bourdreaux

  En la misma fecha, 28 de septiembre de 2020, también rindió declaración ante el referido Tribunal de Harris, Brian Boudreaux, exgerente de proyectos/consultor técnico para refinación y generación de energía, inspecciones de turbinas de gas e instalaciones de tratamiento de agua para RECON Management Services Inc., empresa que se desempeñó como agente y consultor de CITGO Petroleum Corporation en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y sistemas de ósmosis inversa de agua salada. Anteriormente había sido empleado de CITGO durante más de 30 años, siendo su última posición en la petrolera, la de Gerente de Proyectos de Capital.

  Expuso ante la corte que estuvo muy involucrado con el proyecto de plantas de agua objeto de la demanda, “incluso en la negociación de ciertas secciones del Acuerdo de Contrato de Servicio entre CITGO y el Demandante. Estos incluían las secciones del Acuerdo relacionadas con el control de calidad y el pago”.

  Explicó que, según el Acuerdo, los servicios y equipos que proporcionó Rothwell y su trabajo en general, debían cumplir con ciertos criterios antes de que CITGO emitiera el pago. Habiendo tenido a su cargo la revisión técnica de primera línea de la documentación facturada y de respaldo que el demandante presentó a CITGO, le correspondió ayudar a determinar qué pagos vencían y si las cantidades que el demandante buscaba eran justas y verdaderas.

  Brian Boudreaux le manifestó a la corte que luego de haber revisado la petición original del demandante y los anexos adjuntos, determinó que, a su criterio, lo sostenido por Rothwell no es justo y verdadero, pues lo reclamado por la demandante, a saber, USD 2.383.008,70, no se adeuda actualmente.

“Esto se debe a la emisión de una factura del Demandante a CITGO, los estándares de desempeño descritos en el Acuerdo y sus anexos, que todos los subcontratistas fueron pagados de acuerdo con los términos del Acuerdo, que todos los gravámenes fueron liberados y que la rotación del proyecto y la documentación de cierre se había presentado o estaba lista para su ejecución”.

  Agregó Boudreaux que su opinión sirvió para respaldar los pagos que la tesorera de CITGO, Gina Coon, alega que fueron cancelados a Rothwell por el orden de USD 5.542.241,77.

  Sostuvo que el demandante no le ha proporcionado a CITGO ninguna indicación de que la cantidad que solicita en la demanda tenga en cuenta estas compensaciones, pagos y créditos justos y legales. “También he revisado la segunda respuesta enmendada de CITGO y las contrademandas originales, y los hechos expuestos en la segunda respuesta enmendada son verdaderos y correctos”.



CITGO paga la tarifa del jurado

  El 30 de septiembre de 2020, Rey Flores, de la firma Ahmad Zavitsanos Anaipakos Alavi Mensing (AZA), que lleva la defensa de CITGO, remitió Marilyn Burgess, Secretaria de Distrito del Condado de Harris, para informar del pago de la Tarifa de Jurado en la Causa Nº 2019-20949, Rothwell Energy Services LLC contra CITGO Petroleum Corporation que se dirime en la Corte 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas.








jueves, 3 de septiembre de 2020

CITGO anunció la jubilación (renuncia) de su controlador corporativo

Por Maibort Petit

 CITGO Petroleum Corporation anunció que Barry Treas, controlador corporativo, se jubilará y que Bob Shoemaker, actual Gerente de Presupuestos y Análisis de Desempeño, lo sustituirá a partir del 30 de septiembre de 2020. Desde 2018, tres funcionarios han ocupado ese cargo primordial para la transparencia de la gestión de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Barry Treas fue designado en el puesto en 2019, para sustituir a Theresa Mitchells que ocupaba dicha posición desde 2018. Una fuente interna de CITGO advirtió a Venezuela Política que "Ninguno de los tres ejecutivos tiene la certificación requerida para el cargo que es "Certified Public Accountant" (CPA)". No obstante, otra fuente cercana a la directiva de corporación informó que "de acuerdo a la interpretación formal, esta certificación no es obligante, para ocupar el caso".

 Agrega la misma fuente que "El Señor Shoemaker posee una amplísima experiencia profesional y académica que lo respalda, lo cual puede verificarse en su perfil de LinkedIn".

Un cargo clave

  La posición de controlador corporativo es clave porque sus experticias permite descubrir los hechos de corrupción en la corporación, que a su vez pueden llevar al bloqueo de empresas proveedoras que no cumplan con los requisitos legale ni las normas internas de CITGO. El fiel cumplimiento de esta función por un profesional capaz, evita que se produzcan procesos ilícitos de licitaciones, facturaciones con sobreprecios, pagos duplicados, facturación de empresas fantasmas, uso de compañías de maletín o para firmas que buscan esconder a los beneficiarios reales.

  Un controlador corporativo profesional y apto para el cargo, está obligado a revisar y verificar los controles preventivos, incluyendo los controles para el proceso de identificacion y verificacion de proveedores (vendor due diligence) y bloqueo de entidades que pertenezcan a miembros de organizaciones criminales y que se otorguen contratos a delincuentes.

  Los controladores corporativos deberían detectar y reportar ante la junta directiva y el Departamento legal de CITGO, las transacciones fraudulentas, los pagos ilegales autorizados por funcionarios corruptos, incluyendo los de contratistas y abogados en EE. UU. y fuera del país que hayan violado las leyes de transparencia y las normas de la empresa.

  Igualmente, los profesionales preparados para cumplir con esta función pueden reportar falsos estados financieros, utilidades ficticias para lograr beneficios a los funcionarios de turno, y evitar que la corporación viole por esas vía las leyes federales de los Estados Unidos y que se efectúe un desfalco contra los accionistas  de CITGO, que es el pueblo de Venezuela.

  Theresa Mitchels, (empleada de confianza de Gustavo Cárdenas), fue removida del puesto en febrero de 2019, cuando asumió el control de CITGO la junta directiva designada por Juan Guaidó. Desde ese momento, se designó en el cargo a Barry Treas, "por recomendación de Rick Esser y Curtis Rowe", según informaron a Venezuela Política fuentes internas de la corporación.

  "Barry Treas trabajó por más de una década en Departamento de Informática de CITGO", y de acuerdo a varias fuentes internas "Treas no tenía la experiencia ni experticia técnica contable para ocupar la posición de controlador corporativo por lo cual renunció".

  De acuerdo a las mismas fuentes consultadas, "Bob Showmaker, no tiene un certificado (CPA) (Por sus siglas en inglés Certified Public Accountant).

  En un comunicado de CITGO, se señala que "Shoemaker se unió a CITGO en 1999 y ha ocupado varios puestos de creciente responsabilidad desde entonces, incluido el de Gerente de Arquitectura de Sistemas Financieros, Gerente de Análisis Financiero y Comercial, y su función actual como Gerente de Presupuestos y Análisis de Desempeño. Bob tiene una licenciatura en contabilidad de la University of Central Missouri y una maestría en administración de empresas de la Pennsylvania State University".




 


miércoles, 2 de septiembre de 2020

Tres posibles móviles del sicariato del contratista de PDVSA, Leonardo Santilli

 La camioneta en la se encontraba Santilli estaba blindada en todas las puertas, con excepción del techo que fue por donde entraron los ocho tiros que acabaron con su vida.

Por Maibort Petit

   Hasta este miércoles se manejan tres móviles del asesinato por encargo del contratista de PDVSA que fue acusado de delitos de lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, Leonardo Santilli, ocurriendo este martes 1 de septiembre en Lecherías, estado Anzoátegui. 

  Fuentes vinculadas al caso informaron a Venezuela Política que hasta el momento se manejan las siguientes hipótesis:

1) El occiso tenía bajo su nombre y control un monto de dinero que pertenecía a un grupo de exfuncionarios de Petróleos Venezuela,  encabezados por Pedro León. Había una enorme presión sobre Santilli para que regresara los fondos que, al parecer, son los que fueron congelados por el gobierno de los Estados Unidos.

2) Santilli formaba parte de una sociedad que posee una mina de oro en el Callao, y un grupo de delincuentes que ejercen control en la zona estaba extorsionando a los asociados para que pagaran una vacuna.

3) Había sido amenazado por sus socios porque se habían enterado que estaba en proceso de negociación con las autoridades de los Estados Unidos para entregar información que comprometía a otros miembros que participaron en el esquema de corrupción que es acusado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  El excontratista se transportaba en una camioneta blindada en las puertas con excepción del techo, que fue justamente por donde entraron los 8 disparos que pusieron fin de a su vida. Los asesinos conocían las condiciones del vehículo.

 Santilli era natural de Maracaibo, estado Zulia, casado y con tres hijas.

El caso de lavado de dinero en EE. UU.

    Leonardo Santilli, un ciudadano italo-venezolano, habría participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de contratos con sobreprecio de Petróleos de Venezuela y sus subsidiarias, de acuerdo a los documentos federales de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Santilli es acusado de tres cargos: 1) Conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; 2) Instrumentos para lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

  En la acusación, aparece un declaración del agente de investigación del Homeland Security Investigation  (HSI) Shauna L. Willard, encargado de hacer la investigación de lavado de activos contra el demandado, quien es acusado de haber violado el Código de los Estados Unidos, en su Título 18.

  Leonardo Santilli es el dueño de las empresas venezolana Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp.,  (registrada en  el Sur de Miami)  y A&M Support Inc. (registrada en en Weston, Florida). 

La trama de corrupción

  A finales de 2017, el gobierno federal abrió una investigación sobre corrupción en PDVSA y sus empresas filiales por lavado de dinero, corrupción en bancos y compras de inmuebles en el Miami,  Florida. Durante en curso de las investigaciones, las autoridades identificaron $1.000 millones en pagos de PDVSA y sus filiales a unas cuentas de banco de contratistas venezolanos en el Sur de la Florida.

  La investigación reveló una enorme escala de corrupción que envolvía contratos con sobreprecio.  Todos los casos seguían el siguiente esquema: Los funcionarios de PDVSA aprobaban contratos  con sobreprecios (4 ó 5 veces más que el precio de mercado), el contratista pagaban sobornos a los oficiales de PDVSA, a los del gobierno de Venezuela o a los militares, que ayudaban a obtener los contratos.A su vez, los contratistas pagaban los sobornos por medio de testaferros o empresas de maletín para esconder la naturaleza de la transacción y el delito como tal.

  Los investigadores lograron obtener los récords de las cuentas bancarias de las empresas de Leonardo Santilli, correos electrónicos, contratos de las compañías con PDVSA y sus subsidiarias y hojas de contabilidad donde se llevaba control del pago de los sobornos.

  La acusación señala que el acusado recibió contratos corruptos de Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa, Petromonagas por un total de$146.600.000.

  Los registros bancarios mostraban que las compañías de Santilli compraban bienes (repuestos, partes y equipos) a las empresas establecidas en Estados Unidos para las empresas subsidiarias de PDVSA, usando una tercera parte en de lo que recibía. El dinero restante lo transfería a su familia, a su cuenta personal y a otras cuentas corporativas, compañías de maletín y a varios individuos venezolanos que no tenían conexión con el acusado o sus empresas.

  Santilli usó cuentas en el Banco Mercantil. Uno de los ejemplos que aparece en la acusación fue hecho el 16 de septiembre de 2016. Una de las empresas de Santilli obtuvo una orden de compra de Petropiar por $9.300.000 para comprar 10 hawkjaws por apróximadamente $2.500.000. De acuerdo a la orden de Petropiar, las empresas de Santilli cobraron a la petrolera cuatro veces más el precio. La empresa manufacturera de los hawkjaws indicó que había hecho los envíos directo a PDVSA.

  Otra transacción descrita corresponde a Petrocedeño en diciembre de 2015, para comprar nueve válvulas floating por apróximadamente $5.500.000. El costo de las mismas en el mercado eran de $1.100.000. y el acusado le cobró a la petrolera cinco veces más el precio de las mismas.

  Otra transacción ocurrió en octubre de 2015, el acusado compró para Sinovensa 55 bidones de aceite por apróximadamente $9.200.000. El costo de los bidones era de $2.000.000.

  En febrero de 2015, el acusado recibió un correo electrónico de uno de los asociados de su empresa, con una hoja de contabilidad donde aparecen los pagos de los sobornos, los nombres de los beneficiarios, las fechas y los montos.

  En la hoja aparece registrado que en el 22 de diciembre de 2014 el acusado pagó a  Finadco Overseas Corporation unos  $101.270 y el beneficiario era un ex-funcionario de Petrocedeño. La transacción se hizo a una cuenta de banco en Curazao desde una cuenta de un banco de Miami.

  En enero de 2015, se transfirieron $100.000 a AJG Suministros y Servicios Integrales a beneficio de un funcionario de Petropiar. Los fondos pasaron de una cuenta a otra en los Estados Unidos.

  Uno de los testigos cooperantes de este caso, quien está asociado a Santilli, tenía acceso a las hojas de contabilidad de los sobornos pagados por el acusado. Se usaban apodos, uno de ellos "Leo" para el pago de coimas del acusado y "Viejo" en referencia a un funcionario senior de PDVSA. Las hojas reflejan pagos por $1.8 millones en beneficio del funcionario de PDVSA, incluyendo un monto extra de $345.000. para la compra de una casa en la isla de Margarita en Venezuela. El dinero para la compra de la casa del oficial corrupto se le envió el 16 de mayo de 2016 desde una cuenta bancaria de Miami a una en Curazao.

  Asimismo, aparecen reflejados otros gastos del acusado, que incluyen pagos a funcionarios de las subsidiarias de PDVSA, catalogadas como comisiones. Hay 72 pagos por, aproximadamente, $7.2 millones a beneficio de varios individuos. El testigo cooperante identificó a algunos de esos beneficiarios como funcionarios de las subsidiarias de  PDVSA que entregaron los contratos.

 En los récords, aparece una transacción de $168.000 que fue entregada al funcionario (2) que era el exgerente de Petropiar. Se le pagó a través de la transferencia a favor de Inversiones Jeur y el primer nombre. La operación se hizo desde un banco de Estados Unidos a una cuenta de Inversiones Jeur en Panamá el 19 de agosto  de 2015. En ese período se pagaron aproximadamente $850.000 pagos a esa misma empresas desde cuentas de Miami.

  También pagó $1.4 millones en la compra de una casa para un funcionario del Departamento de Procura de Petrocedeño. Primero se hizo un pago de $1.000.000. de una cuenta de banco en Miami a una de un individuo venezolano, (el 1 de marzo de 2016) y el resto lo hizo a través de una empresa fantasma.

  El testigo identificó un pago de $15 mil a un funcionario de Petrocedeño que ahora colabora con la justicia (CW3), quien confirmó que recibió pagos de sobornos por parte del acusado por ayudarlo a obtener los contratos.

 Otro testigo (CW4), quien era funcionario del departamento de Procura de Petrocedeño, dijo que había recibido $220.000 en sobornos por parte del acusado para que se le otorgaran los contratos a sus compañías. Las transacciones se hicieron en dos pagos en noviembre y diciembre de 2015 a una cuenta fuera de Estados Unidos.

  Otro testigo en este caso, (CW5), quien era funcionario del Departamento legal de Petrocedeño, acordó recibir sobornos del acusado por haber otorgado contratos de las subsidiarias de PDVSA a las empresas de Santilli por el orden de $201.180, en enero de 2015.

  El acusado transfirió grandes montos de dinero recibidos de PDVSA a su cuenta personal, entre los cuales destaca uno hecho el 13 de febrero de 2017 de $5.000.000, de una cuenta de HSBC Private Bank a una cuenta a nombre de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas controlada por su familia.

  El 8 de agosto de 2017, hizo otra operación para transferir $5.000.000  a la misma cuenta en las Islas Vírgenes Británicas.

   En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado y sus asociados y se lograron congelar $44.7 millones.

viernes, 21 de agosto de 2020

Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

Por Maibort Petit

   Al menos dos altos ejecutivos de CITGO tendrán que testificar bajo juramento en un tribunal de Texas por haber estado en puestos claves de la corporación cuando se otorgó un contrato a la empresa Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar de un ex-presidente de CITGO. Rothwell forma parte de una larga lista de compañías que lograron obtener de manera fraudulenta [y en base la pago de sobornos a funcionarios], negocios millonarios con la filial de PDVSA en Estados Unidos.

 El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. 

   El pleito legal tiene varios meses retrasado debido a la pandemia y a la negativa de CITGO de entregar al tribunal las fechas para la deposición de Rick Esser y Gina Coon, dos funcionarios involucrados en la transacción, que siguen trabajando en la filial de PDVSA, que está bajo el control del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

  La demanda civil está siendo procesada en la Corte del Condado de Harris, en Texas. Rothwell Energy Services LLC es una empresa incorporada en el registro de compañías del estado de Texas bajo el número 0801876159, el 31 October 2013, teniendo como domicilio fiscal la dirección: 408 west 17TH St, Suite 101, Austin, TX, 78701. 

  Los directores de Rothwell Energy Services LLC son Juan Carlos Hurtado Angarita y Claudia Acevedo. La entidad fue registrada en 2013, unos meses después de que Nelson Martínez fuera nombrado CEO de CITGO.

 De acuerdo a los récords de CITGO [en poder de Venezuela Política], Rothwell fue agregada a la lista maestra de proveedores aprobados por CITGO sin cumplir con el proceso de debida diligencia que establece las reglas de corporación. 

  Para el momento en que se produce la incorporación de Rothwell a la lista de proveedores de CITGO, los gerentes de adquisiciones eran Michael Ballantine y José Luis Zambrano. 

  Los récords evidencian que los mencionados funcionarios adjudicaron a Rothwell los contratos de adquisición de CITGO unos meses después de su fecha de registro. 

   "Rothwell se incluyó en los mismos paneles de licitación con otras empresas fantasma propiedad de Tulio Farías, Manuel Chinchilla De Silva, José Manuel González Testino, Roberto Rincón, Abraham Shiera, Ernesto Guevara y otros proveedores con fuertes vínculos con los directores de PDVSA y CITGO que han sido acusados de corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas por el gobierno de los Estados Unidos", sostuvo una fuente interna de la corporación que declaró bajo condición de anonimato.

 Durante 2014 y 2015, a Rothwell  Energy Services LLC, se adjudicó contratos de adquisición en CITGO por aproximadamente USD.900 mil dólares, de acuerdo a los récords de la corporación.

  Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

(1) enero de 2017: 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00, 

(2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones y 

(3) Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   Siguiendo instrucciones de los gerentes de adquisiciones, los paneles de licitación fueron armados por Alejandro Sabatino, Laymar Peña y Marcos Bermudez, todos ellos en calidad de "Agentes de Adquisiciones del Proyecto Especial de CITGO". 

 El esquema de manipulación de licitaciones a menudo incluía a los siguientes contratistas acusados de corrupción: Tradequip (Roberto Rincon), G&B Global (Ernesto Guevara y Charles Beech), Southern Procurement Services (Manuel Chinchilla), Yakima Trading Corporation (Samark López Bello), Stang Industrial Products (José Manuel González Testino), Rothwell Energy Services (Juan Carlos Hurtado Angarita) entre otros.

  Como era de esperarse, la adjudicación de contratos fraudulentos a las empresas de maletín de los mencionados corruptos, se ejecutaban con complicidad interna. Testimonios internos confirman que "los procesos de licitación [presuntamente] fraudulentos fueron manipulados y respaldados por los gerentes de adquisiciones de CITGO de la época, a saber: Glenn Hilman, José Luis Zambrano, Brian Paulson, Gustavo Cárdenas y Laymar Peña". 

  Para el tiempo en que se aprobaron los contratos fraudulentos en el Departamento Legal de CITO estaba un funcionario llamado, Gene Riccetti, mientras que Rick Esser, ejercía como Oficial de Cumplimiento; Jennifer Moos, era la Asistente del Oficial de Cumplimiento y Presidenta del Comité de Adquisiciones de CITGO. 

  De acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política los mencionados funcionarios presuntamente "colaboraron para facilitar la aprobación ilegal de contratos corruptos, malversación, fraude y lavado de dinero". 

   Un funcionario recalcó que CITGO "No realizó la debida diligencia detallada en el caso de Rothwell Energy para identificar y documentar a los beneficiarios finales finales y evaluar el estado financiero, comercial y legal de la entidad". 

   La fuente consultada sostiene que "Juan Carlos Hurtado Angarita es sobrino de Nelson Martínez, y a pesar que sabían que había un conflicto de intereses, el hecho fue ignorado y encubierto por los directores de CITGO". 

  Por su lado, Nelson Martínez [fallecido en 2018], Eulogio Del Pino y José Pereira[bajo arresto en Caracas] aprobaron los contratos definitivos.

  Desde febrero de 2017 hasta agosto de 2018, [tiempo que incluye en posiciones de servicio a los funcionarios (ex): Glenn Hilman, José Luis Zambrano y José Pereira], "CITGO aprobó USD 10.6 millones en pagos para sobrino de Nelson Martínez, Juan Carlos Hurtado Angarita, según los registros internos".

 Las fuentes consultadas sostiene que aunado al caso de Rothwell Energy, "Nelson Martínez, José Pereira y Glen Hilman [presuntamente] conspiraron para beneficiar a otras empresas fantasmas propiedad de personas corruptas con fuertes vínculos con el régimen de Maduro". 

  Las transferencias bancarias fueron realizadas a cuentas bancarias en Panamá, Suiza y los EE. UU. "Los pagos fueron [presuntamente] procesadas por Gina Coon, Tesorera de CITGO", acota la fuente.

La solicitud incómoda

  En el caso de Rothwell Energy Services LLC vs. CITGO, los abogados de Rothwell/Juan Hurtado están solicitando las declaraciones de Glenn Hilman y Gina Coon, que durante el 2017 y 2018 junto a Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, [presuntamente] ayudaron a facilitar la aprobación ilegal de los Contratos y el lavado de dinero proveniente de las transacciones ilícitas.

    Otra fuente destaca que a pesar de las denuncias de presunto fraude, corrupción y lavado de dinero de los funcionarios nombrados en que Gina Coon, Gene Ricetti, Rick Esser y Glenn Hilman [ahora consultor contratado] continúan como empleados y oficiales de CITGO bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá.

   Por su parte, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas continúan bajo arresto in Venezuela.

La demanda en el tribunal de Texas

  La demanda alega que CITGO incumplió y violó los términos de un contrato firmado entre las partes [en  tiempos de la presidencia de Martínez]. El tribunal fijó el inicio del proceso de juicio para el mes de septiembre de 2020.

 El demandante alega que CITGO también ha incumplido en coordinar las deposiciones de varios empleados, entre quienes se menciona a Rick Esser y Gina Coon. 

  Jennifer Moos y Alejandro Sabatino también tendrían que presentar su declaración jurada pero hasta ahora los testimonios pendientes son los de Esser y Coon.

  El caso en la corte del condado Harris

  El avance del caso de Rothwell se retrasó varios meses debido a que CITGO buscaba una orden de abatimiento debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


  De acuerdo a los documentos del caso, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos —dueños de empresas de maletín, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros— están involucrados en este caso que también es objeto de investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 El hecho presuntamente ocurrió durante la gestión del fallecido Nelson Martínez —cuando este se desempeñaba como CEO de CITGO— y contempló y aprobó un proyecto de USD 100 millones para la empresa demandante, Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar directo del finado ejecutivo. 

  CITGO niega los alegatos de Rothwell

  Los documentos presentados en la corte, muestran una comunicación enviada por CITGO, como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante, Rothwell Energy Services LLC.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones contenidas en la petición original de la demanda, de conformidad con las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  Asimismo, CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio que constituye la base de la demanda y las plantas de agua que el mismo involucra, indicándose que al terminarse cada una de dichas plantas, se procedería a ejecutar una factura de venta y cesión entre Rothwell y PDVSA. Esto no habría ocurrido.

  Del mismo modo, CITGO negó que le debiera dinero a Rothwell, no obstante, admitió que, si el Tribunal determina que se adeuda alguna cantidad, esto no será conforme a una cuenta jurada originalmente. 

  En el proceso, CITGO presentó e incorporó una declaración jurada de la persona que conoce bien el proceso de pagos y de contratos de la corporación, Brian Boudreaux, en apoyo de la denegación del reclamo del demandante. 

  CITGO argumenta que la deuda que se quiere cobrar Rothwell es ilegal, a la vez que alega que cualquier pago que CITGO haga a Rothwell en estos momentos, violaría las órdenes ejecutivas del gobierno de los EE. UU. números 13808 y 13850 que prohíbe transacciones con PDVSA y sus filiales por estar sancionadas.

  CITGO explica en la moción que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 28 de enero de 2019 a PDVSA, la empresa matriz indirecta de CITGO. Lo que significa que la propiedad de ambas empresas estatales venezolanas está bloqueada.

 "CITGO y Rothwell probablemente tengan prohibido realizar transacciones que involucren a PDVSA sin una licencia de la OFAC que autorice la transacción", dice la comunicación.

  Debido a que PDVSA es el usuario final previsto y el beneficiario de los sistemas de agua, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar ni aceptar bajo las sanciones de los EE. UU., puesto que la empresa estatal venezolana podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles, según la legislación estadounidense.

  Sostiene que la Orden Ejecutiva 13808 prohíbe cualquier transacción relacionada con la deuda de CITGO con vencimiento superior a 90 días, incluidas las facturas con antigüedad superior a dicho término, si PDVSA está involucrada. Como resultado, el pago de las facturas que se alegan en la demanda y la aceptación de dichos pagos sin la autorización del gobierno de los EE. UU. volvería a someter a CITGO y Rothwell a importantes sanciones civiles y penales de acuerdo a las leyes de los EE. UU.

  CITGO reitera que los pagos a Rothwell, en razón de las órdenes ejecutivas 13850 y 13808, no pueden hacerse puesto que el acuerdo establece que la demandante debe cumplir con todas las leyes, reglas, regulaciones, ordenanzas y requisitos de nacionales, estadales y locales, o de organismos reguladores sobre cualquier aspecto de la obra en Venezuela.

  También CITGO afirma que la disposición de fuerza mayor en el acuerdo le impide realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. estén vigentes.

  CITGO sostiene que ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del acuerdo, pero la demandante le ha entregado ningún estado de cuenta o recibo de que se hayan realizado compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  Igualmente, CITGO niega que Rothwell haya cumplido con todos los requisitos para que emitirle el pago de los montos que solicita el demandante.

  Por otra parte, CITGO asegura que Rothwell no ha certificado que se haya pagado a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo. Además, Rothwell no ha indicado que se hayan cumplido todos los criterios de prueba de rendimiento sobre el trabajo por el que solicita el pago, o que se haya proporcionado la documentación de rotación y cierre del proyecto.

  CITGO dice que el Acuerdo entre las partes prohíbe el lucro cesante o los daños emergentes solicitados por Rothwell fuera de los montos ya incluidos en los programas de compensación de las partes.

  Asimismo, CITGO exige un juicio con jurado y que el tribunal dicte sentencia y establezca que el demandante pague los costos del proceso judicial y otorgue al demandado todas las demás reparaciones a las que tiene derecho.

La declaración de Bourdeaux

  En la documentación del caso aparece una declaración jurada de Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior/Consultor Técnico, Inspecciones de Refinación, Generación de Energía y Turbinas de Gas, Instalaciones de Tratamiento de Agua-Agua Residual/Pulido BFW/RO/EDI UltraPure/SWROS para RECON Management Services, Inc.


  Esta última empresa se desempeña como agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS.

  Boudreaux afirma que fue empleado de CITGO durante más de tres décadas, más recientemente como Gerente de Proyectos de Capital.

  Sostiene que desde su puesto con Recon, trabajó en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de contrato de servicio de ósmosis inversa de agua salada para la construcción e implementación de las instalaciones de SWROS en Venezuela, que es el objeto de la demanda de Rothwell contra CITGO. PDVSA, como ya se apuntó, tiene interés final en las plantas desalinizadoras de SWROS.

  Afirma que le ha correspondido "negociar ciertas partes del Acuerdo relacionadas con el control de calidad y el pago" y aseguró que para que "CITGO pague una factura, los servicios y equipos brindados, y en general, el trabajo, se deben cumplir con varios criterios para que se emita el pago".

  Brian Boudreaux asegura que es "la persona encargada de hacer la revisión técnica de primera línea a las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía a CITGO para su pago". "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión temporal de la demanda

  El 24 de mayo de 2019, el juez Roberto Schaffer, del 152 Tribunal del Distrito Judicial, ordenó la suspensión temporal de la demanda hasta que se levantaran las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell solicite y reciba una licencia de la OFAC que permita que la demanda prosiga y pueda solicitar los pagos que reclama en esta demanda.

Trabajo conjunto

  Posteriormente, el demandante Rothwell Energy Services, LLC y la demandado CITGO, presentaron conjuntamente una moción pidiendo a la corte continuar el proceso y fijar la fecha del juicio.

  Rothwell manifestó que también intentó durante la pandemia de COVID-19 "trabajar conjuntamente de buena fe con el demandado en la etapa de descubrimiento del proceso judicial".

  La demandante, que considera necesario avanzar en el litigio, presentó ante el tribunal una moción para que se obligue a CITGO a responder de inmediato y que presente los documentos que mantiene retenidos.

  Rothwell envió a CITGO una carta el 14 de enero de 2020 solicitando un registro de privilegios modificado, solicitud que ha reiterado el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

   Entretanto, CITGO ha indicado en varias ocasiones que publicará un registro de privilegios enmendado. Esto lo prometió el 21 de enero, el 24 de enero, el febrero 27 y el 25 de marzo de 2020.

Las peticiones de Rothwell

  Rothwell pidió que CITGO que entregara las declaraciones de Gina Coon y Glenn Hilman, ambos ejecutivos de la corporación en la época del contrato.

  Incluso, en razón de la pandemia del Covid 19, el 18 de marzo de 2020, Rothwell le manifestó a CITGO su disposición a que las declaraciones de Coon y Hilman se hicieran de manera virtual. El 24 de marzo, CITGO respondió que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones, ni personal ni virtualmente, dada la incertidumbre de la pandemia. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  El intercambio de comunicaciones prosiguió para intentar llegar a un acuerdo, sin éxito.

  Rothwell acotó que "es fundamental programar las declaraciones de Coon y Hilman, así como de otros testigos de CITGO que son relevantes".

  En consecuencia, Rothwell pidió al Tribunal que le conceda la moción para exigir a CITGO que produzca de inmediato un registro de privilegios enmendado, todos los documentos que respondan a las solicitudes de producción, presente a Coon y a Hilman para la deposición y participe adecuadamente en todo el proceso de descubrimiento de la demanda.

  La respuesta de CITGO a la moción del demandante fue que Coon podría presentar la deposición el 9 o 10 de septiembre, mientras que Hilman lo haría el 22, 23 o 24 de septiembre. Estas fechas son el producto de los diversos compromisos profesionales y personales de los testigos y consejo.

  A la afirmación del demandante sobre la negación a comprometerse a participar en deposiciones más allá de las de Coon y Hilman, CITGO aseguró que ya ha proporcionado fechas para un tercer testigo que el demandante busca deponer y está listo para hacerlo bajo las Reglas de Procedimiento Civil de Texas.

   Igualmente, CITGO cree que su registro de privilegios original era adecuado, pero si debe complementarlo cumplirá con la solicitud del Demandante de modificar el registro para proporcionar información adicional también.

   CITGO pidió a la corte negar la moción del demandante en razón de que sus planteamientos son discutibles.

El tribunal aprobó moción de Rothwell y  ordenó lo siguiente:

1) CITGO producirá un registro de privilegios relacionado con todas las producciones de documentos dentro de los catorce (14) días.

2) CITGO se compromete a producir los documentos faltantes o los documentos complementarios en respuesta a las solicitudes anteriores de producción de Rothwell dentro de los catorce (14) días.

3) CITGO proporcionará fechas para las deposiciones de Glenn Hillman y Gina Coon dentro de una semana (7 días).

4) CITGO proporcionará fechas para testigos adicionales identificados por el Demandante dentro de los catorce (14) días posteriores a la identificación de los testigos por parte del Demandante.


Plantas desalinizadoras: una promesa que se volvió sal y agua

  El contrato alegado en la demanda de Rothwell contra CITGO tiene que ver con un anuncio hecho el septiembre de 2017 por Nicolás Maduro, de que a través PDVSA y el Ministerio de Ecosocialismo y Agua (Minea), comprarían e instalarían 116 plantas desalinizadoras para los estados Falcón, Nueva Esparta, Anzoátegui, Miranda, Vargas y Sucre, con el objeto de solucionar los problemas de acceso al agua potable en esas regiones.

  La inversión anunciada era de USD 206 millones y para diciembre de dicho 2017, las plantas debían estar instaladas, pero un año después, solo un estimado de 25 plantas estaban instaladas en seis de los estados anunciados y únicamente 10 efectivamente funcionaban.

  PDVSA informó que el proyecto estuvo a cargo de Ronald Theis, gerente de proyectos de la petrolera y CITGO, junto a Carlos Brett, director general de Políticas Públicas del Ministerio de Petróleo. Sobre Brett pesa una orden privativa de libertad emitida por el fiscal, Tarek William Saab, por su participación en una compra irregular de camiones cisternas para combustible. CITGO se vio involucrada en la compra y no Bariven, dado los problemas financieros que esta última presentaba.

  Una nota de El Pitazo refiere que según fuentes internas a CITGO dijeron que los responsables directos de la compra de las plantas serían Laimar Peña, supervisora de la empresa, con la aprobación de José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Especiales. En la compra no se habría incluido la oferta del único fabricante reconocido de plantas desalinizadoras que ofertó y, al declararse la adquisición como una emergencia, la compra se hizo sin supervisión y sin revisar la confiabilidad de los proveedores[1].

CITA

https://elpitazo.net/investigacion/plantas-desalinizadoras-una-promesa-se-volvio-sal-agua/

lunes, 10 de agosto de 2020

Fijan fecha del juicio de José Luis De Jongh Atencio, el exfuncionario de CITGO acusado de corrupción por EE. UU.

Por Maibort Petit

   Un juez de la Corte del Distrito Sur de Texas dijó la fecha del juicio con jurado de José Luis De Jongh-Atencio, para el 28 de septiembre. El exfuncionario de CITGO fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de corrupción, lavado de dinero y cobro de sobornos. El tribunal impuso una fianza de $2 millones para que el demandado obtenga libertad condicional.

    El juez Sam S Sheldon, en una audiencia celebrada el 8 de agosto de 2020, presentó un calendario para el juicio de José Luis De Jongh-Atencio, que quedó especificado en los siguientes actos:

1) La presentación de mociones vence el 26 de agosto de 2020 

2) Las respuestas deben entregarse antes del 8 de septiembre de 2020.

3) La propuesta de Voir Dire vencerá el 18 de septiembre de 2020. 

4) Conferencia previa al juicio fue programada para el 18/9/2020 a las 11:00 AM.

  El Juicio por jurado quedó programado para el 28 de septiembre de 2020.

Juez ordena protección de evidencias

   Asimismo, el juez Ewing Werlein, Jr. ordenó protección de todos los materiales de descubrimiento que el Gobierno le presente al acusado para prepararse para el juicio.

  En la orden de protección firmada por el juez Werlein, se informa que sólo podrán revisar los materiales del decubrimiento [evidencias]: (i) el acusado, (ii) sus abogados en este caso, (iii) los empleados de esos abogados, (iv) los testigos y posibles testigos en este caso y su abogado, (v) un servicio de fotocopias o procesamiento de datos al que es necesario que el imputado muestre los materiales con fines de preparación del juicio, o la apelación directa (si la hubiera) y ataque colateral de este caso y  expertos, consultores o investigadores que ayuden en la preparación, juicio, apelación directa y ataque colateral. 

 "El acusado no revelará el contenido de cualquier material de descubrimiento a cualquier individuo o entidad, excepto según lo dispuesto en este documento, lo acordado por las partes, o lo que ordene el Tribunal", reza la orden.

miércoles, 5 de agosto de 2020

Juez de Delaware fija audiencia para escuchar argumentos sobre posible venta de CITGO para el 17 de septiembre

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El juez del Delaware, Leonard P. Stark ordenó a las partes del juicio de Crystallex contra la República de Venezuela, preparar los argumentos finales del caso, y fijó una audiencia virtual para el 17 de septiembre de 2020, donde el tribunal escuchará los argumentos relacionados con posibles procedimientos de venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, para pagar las deudas pendientes.
  La orden oral del juez dice que la audiencia será a las 9:00 AM y las partes trabajarán con las cámaras para hacer arreglos que permitan que el argumento continúe por teleconferencia, con la oportunidad de que los miembros del público escuchen, sin poder interferir con los procedimientos. 

   El juez informó que había  revisado la carta de las partes del 21 de julio y que a raíz de la información derivada de la Declaración de interés que hicieron los Estados Unidos en el caso se ordenó lo siguiente: 

(i) Crystallex debe presentar un informe, que no exceda 15 páginas (a doble espacio), a más tardar el 14 de agosto; 
(ii) las partes de Venezuela pueden presentar un solo informe de respuesta, que no exceda las 15 páginas (a doble espacio), a más tardar el 28 de agosto; 
(iii) las partes de ConocoPhillips pueden presentar un solo informe de respuesta, que no exceda las 10 páginas (a doble espacio), a más tardar el 28 de agosto; 
(iv) los Estados Unidos pueden presentar un solo informe de respuesta, que no exceda las 10 páginas (a doble espacio), a más tardar el 28 de agosto; y 
(v) Crystallex puede presentar un informe de respuesta única, que no exceda las 10 páginas (a doble espacio), a más tardar el 4 de septiembre. 

La posible pérdida de CITGO


  Luego que el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos se negara a discutir el recurso interpuesto por los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, en mayo de 2020, Stark aprobó continuar con el procedimiento establecido para la venta del principal activo de los venezolanos en exterior, CITGO para cobrarse una deuda que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la minera canadiense Crystallex.

  El juez estadounidense había ordenado en 2019 la venta de las acciones de CITGO y los representantes legales del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como legítimo, apeló la decisión.

  En noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. en Filadelfia confirmó una decisión que permitía a la canadiense Crystallex subastar acciones en CITGO para cobrar una sentencia de $ 1.4 mil millones.

  El presidente de Donald Trump ha tomado varias acciones para salvaguardar a CITGO, tratando de bloquear la intención de los acreedores de Venezuela que buscan cobrar sus deudas, en buena medida para proteger a la administración interina de Juan Guaidó.

  La protección de los activos que establece la orden del gobierno federal obliga a Crystallex a pedir una licencia ante el Departamento del Tesoro de los EE. UU. para proceder con la venta de CITGO.

  En octubre de 2019, la Corte de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos dictaminó que Crystallex International Corp podía avanzar con los esfuerzos para confiscar las acciones de la refinadora de petróleo CITGO.

  La canadiense Crystallex, desaparecida actualmente, había ganado una sentencia de $ 1.4 mil millones como premio por la expropiación de sus activos ejecutada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La minera también consiguió sentencias judiciales favorables en los Estados Unidos para subastar acciones de CITGO, propiedad del Estado Venezuela, para cobrar la deuda.

  La orden del juez Stark es un elemento definitorio para que los venezolanos pierdan el activo más valioso en el extranjero, CITGO.

  Crystallex está buscando una compensación por la adquisición por parte de Venezuela en 2011 de las operaciones de extracción de oro de la compañía cerca de Las Cristinas. Crystallex ganó en el arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo. El minero de oro aún debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Antes de que las acciones puedan subastarse.

  Crystallex es el más avanzado de un grupo de acreedores, incluida la compañía petrolera ConocoPhillips, ha estado realizando acciones legales para que el tribunal permita la subasta de las acciones de PDV Holding Inc., la empresa matriz de CITGO, para cobrar las deudas

  La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordena levantar una decisión de un tribunal de segundo circuito que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO.

Una historia de accidentes

  En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento ‘Las Cristinas’ lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

  El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

  El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia afirmó que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

   En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

  El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

  Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal.