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viernes, 13 de diciembre de 2019

Juez de EE. UU. ordena suspender temporalmente esfuerzos para vender acciones de CITGO mientras la Corte Suprema emite decisión sobre el caso

  Los representantes de Juan Guaidó esperaban una suspensión prolongada para la subasta de las acciones de CITGO, pero el tribunal detuvo los procedimientos solo el tiempo suficiente para que la Corte Suprema de Justicia revise el asunto. La decisión del juez Stark busca detener en incremento de las mociones de los múltiples acreedores a la corte".

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Una corte federal emitió este jueves una orden que frena temporalmente los esfuerzos para vender acciones de la CITGO Petroleum Corp. para satisfacer las deudas de los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela.

   Crystallex, ConocoPhillips y otros acreedores deberán esperar a que Venezuela agote las apelaciones que cursan actualmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos antes de continuar el proceso para subastar las acciones de CITGO, el activo extranjero más valioso de Venezuela en el extranjero, decidió hoy el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.
    La orden del juez Leonard Stark señala que otras empresas que buscan unirse a la demanda para vender las acciones de CITGO para cobrar sus deudas con la república tienen que probar que Venezuela usó a sus compañías petroleras como un alter ego del gobierno, en lugar de confiar en ese hallazgo del litigio anterior de la empresa canadiense Crystallex, quien logró que el tribunal aceptara la tesis del alter ego.

   Las órdenes emitidas por el juez Stark fueron celebradas por los representantes de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, quien tiene el control de CITGO la refinería de PDVSA en los Estados Unidos.  

  Con las decisiones del tribunal los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela tienen que esperar que la Corte Suprema de Justicia cuya fecha aún no se conoce.
    La decisión de Stark sostiene que una suspensión por más tiempo del que está ingresando el tribunal no está justificada, por ello ordenó esperar hasta que el máximo tribunal decida al respecto para reiniciar las acciones.

     En el documento de 25 páginas, el juez toca todos los casos de las empresas que han buscando cobrar las deudas y los laudos arbitrales con la venta de las acciones de CITGO. Asimismo, destacó que el Departamento del Tesoro de EE. UU. había advertido que una venta de acciones de la filial de PDVSA en los Estados Unidos no podría realizarse sin una licencia emitida por el poder ejecutivo. 

  El juez Stark dijo que  su tribunal había pedido más orientación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el asunto de las medidas de protección a favor de CITGO.
   
  Asimismo,  el magistrado argumentó en su escrito que proceder con la venta de las acciones legales que envuelven a CITGO podría dañar la corporación, por lo cual se debe esperar que la Corte Suprema emita su veredicto para continuar con la causa.

    El juez dejó claro que la decisión no podía ser interpretada como un abuso de discreción del tribunal. Explicó que la orden tribunalicia es un intento de buscar un balance de los intereses de los diferentes actores que luchan en un conjunto de circunstancias internacionales sensibles. 


   Stark advirtió que si Crystallex considera que la decisión tomada por el tribunal es incorrecta o un abuso de discreción, "puede introducir mociones para levantar la suspensión, o buscar apelar la orden en un tribunal superior".

    Además de Crystallex y Conoco, hay una docena de empresas, incluyendo a los titulares de las notas PDVSA 2020 y los bonos soberanos que han presentado varias acciones en los tribunales estadounidenses con el ánimo de cobrar las deudas generadas por la expropiación de sus activos en Venezuela, o por ruptura de contratos internacionales.

     En agosto de 2018,  los representantes legales de Crystallex lograron convencer al juez Stark que la república Bolivariana de Venezuela usaba a sus compañías petroleras como un alter ego del estado, y que CITGO era un objetivo justo para satisfacer las deudas. Una vez aprobada esa tesis, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos confirmó la decisión de la Corte de Distrito y rechazó una solicitud hecha por los abogados que representan a Venezuela para una nueva audiencia donde se discutiera el caso.

miércoles, 16 de octubre de 2019

El incierto destino de CITGO: El Caso (I)

Pugnas en tribunales, controversias entre el chavismo y la oposición, así como el deseo de los acreedores de Venezuela por cobrar sus deudas, han convertido a la filial de PDVSA en Estados Unidos en el centro de la disputa por hacerse de su control sin que, hasta la fecha, se vislumbre un panorama claro acerca de cuál será finalmente el destino del activo más valioso de la nación suramericana en el extranjero.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
La incertidumbre se incrementa en torno al futuro de CITGO Petroleum Corporation, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, sobre la cual giran un gran cúmulo de intereses lo cuales, todos, apuntan a hacerse o conservar el activo más valioso de la república de Venezuela en el extranjero. El centro de la controversia se debate en cortes federales de los EE.UU. donde decisiones, recursos y apelaciones, surgen día con día desdibujando por completo el destino de la empresa.

Dos gobiernos de un mismo país y un gran número de acreedores, pelean en todas las instancias posibles para conservar o conseguir el control de CITGO. A su alrededor, el panorama no cambia, pues hechos, acciones y diversos pronunciamientos emitidos por todos los sectores en pugna y otros interesados, enrarecen aún más la situación de la compañía.

Así tenemos que un mes después de haber asumido como presidente interino de la república en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tomó una de sus primeras decisiones de gobierno al designar una nueva junta directiva de CITGO la cual está integrada por Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser. “Con esta decisión no solo estamos protegiendo nuestros activos, también evitamos que continúe la destrucción y que perdamos la empresa”[1], aseguró el mandatario encargado.

Tal acción contó con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos que le otorgó a Guaidó y a su equipo, el control de CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A. El Departamento del Tesoro extendió la licencia que permite a la compañía venezolana mantener operaciones en el mercado, aun cuando sostiene una serie de sanciones en contra de la PDVSA en manos de Nicolás Maduro. “Esta extensión autorizará por más tiempo las actuales operaciones de CITGO al tiempo que prohibirá que cualquier beneficio regrese al régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro”, aseguró un portavoz de la instancia de gobierno estadounidense[2].
Luisa Palacios, Presidenta,Andrés Eloy Padilla, Ángel Olmetta, Rick Esser, Edgar Rincón y Luis Urdaneta, quienes tomaron posesión de sus cargos el 22 de Febrero de 2019.
Entretanto, la administración de Nicolás Maduro, considerada fraudulenta por la oposición venezolana y decenas de países en el mundo, acusa una y otra vez al gobierno de los Estados Unidos y a Guaidó —a quien califica de títere del primero— de pretender “robarse” a CITGO en desmedro de los intereses nacionales.

La causa de las demandas de Crystallex

Crystallex International Corp. suscribió el 17 de septiembre de 2002 un acuerdo de operación minera con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), para participar en la extracción y exploración de oro en Las Cristinas, una de las mayores reservas de oro no minadas del mundo, constituyéndose este proyecto en uno de los principales activos de la compañía canadiense.

El 3 de febrero de 2011, la CVG rescindió de manera unilateral el proyecto de Las Cristinas con la Crystallex, habiendo esta última —según sus alegatos ante la corte— realizado una importante inversión. La expropiación de la mina se materializó en abril de 2011. Posteriormente, en agosto del mismo año, Hugo Chávez nacionalizó la producción de oro dentro de las fronteras del país.

Venezuela anunció que PDVSA mantendría los intereses de Crystallex en Las Cristinas a través de una filial. PDVSA luego vendió el 40 por ciento de su participación en Las Cristinas al Banco Central de Venezuela a cambio de aproximadamente USD 6.9 mil millones.

Las demandas y acusaciones de Crystallex

A raíz de la expropiación de que fue objeto en el proyecto Las Cristinas que desarrollaba en Venezuela, Crystallex International Corp. acudió a las instancias judiciales, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) —un órgano del Banco Mundial— el primer ente ante el cual formuló el reclamo. Esto ocurrió el 16 de febrero de 2011

El CIADI determinó el 4 de abril de 2016 que la empresa minera canadiense debía ser compensada con USD 1.200 millones más intereses para subsanar el arrebatamiento de que fue objeto. El monto sumó unos USD 1.400 millones, aproximadamente. El laudo fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario en julio de 2016, y se emitió una sentencia canadiense de USD 1.202 millones más intereses y costos.

En el Tribunal de Distrito de Delaware, Crystallex International Corp. interpuso una demanda contra PDV Holding Inc. (PDVH), Petróleos de Venezuela S.A., Rosnet Trading S.A. y Glas Americas LLC, cuyo caso está identificado con el número 16-1007-LPS.


La minera canadiense acusa a PDVH y a PDVSA, así como a quienes en la demanda define como sus afiliados y subsidiarias, de maniobrar durante años para evadir a sus acreedores y acreedores de Venezuela por cualquier medio a su alcance.

Aparte de la confirmación de la sentencia del CIADI por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, también Crystallex ha buscado reafirmar el laudo en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia (2016-cv-00661-RC).

Crystallex igualmente acusó que Venezuela, para evitar el pago de la acreencia que mantiene con ella y con otros acreedores, intentó a través de PDV y sus subsidiarias, vender su activo con sede en los EE. UU., a saber, CITGO Petroleum Corporation, mediante una trama que buscaba mudar el valor de esa compañía fuera de los Estados Unidos y del alcance de los acreedores.

Cuando esta estrategia falló, los demandados urdieron la monetización del interés de PDVSA en CITGO a través de una compleja serie de ofertas de bonos y pagos de dividendos con la intención de evadir a los acreedores, una operación calificada en la demanda de Crystallex como “transferencia fraudulenta 2015". La operación consistió en el pago de un dividendo declarado de USD 2.8 mil millones de PDVH a PDVSA, y como resultado de esa transacción, Crystallex reclama tal “transferencia fraudulenta” contra los demandados de PDV en la Corte del Delaware a través del caso identificado con el número 15-1082-LPS. El tribunal negó una moción de PDVH que buscaba desestimar el reclamo de transferencia fraudulenta de Crystallex.

Además, Crystallex sostiene que los demandados, al percatarse de las decisiones judiciales que se avecinaban, duplicaron sus esfuerzos para obstaculizar y retrasar que los acreedores pudieran cobrar el dinero que se les debe. De este modo, a menos de un mes después de que el tribunal emitiera su decisión negando la moción de PDVH, acordó otorgar a los acreedores de PDVSA un derecho de retención contra el 50.1 por ciento de las acciones de PDVH en su activo más importante, CITGO Holding, en apoyo de más de USD 3 mil millones en nueva deuda emitida por PDVSA.

Refirió Crystallex ante el tribunal que alrededor del 24 de octubre de 2016, PDVH ejecutó la “Transferencia fraudulenta de canje de bonos” consistente en un canje de deuda por el intercambio de USD 2.8 mil millones en bonos con vencimiento en 2017 por USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020. PDVH otorgó a PDVSA la nueva garantía para los tenedores de bonos 2020 en forma de un gravamen del 50,1 por ciento sobre sus acciones en CITGO Holding.

La demanda contra Glas Americas, Crystallex la justificó en el hecho de que esta era el agente colateral y la parte asegurada del gravamen del 50.1 por ciento, estimando que esta empresa es un cesionario de la transferencia fraudulenta de PDVH.

Refiere igualmente Crystallex que el 30 de noviembre de 2016, PDVH comprometió 49.1 por ciento de las acciones de CITGO como garantía de un acuerdo suscrito entre Rosneft, PDVSA y PDVSA Petróleo S.A. Informes de prensa indicaron que PDVSA recibió unos USD 1.5 mil millones en préstamos de Rosneft a cambio del derecho de retención sobre las acciones de PDVH.

A juicio de Crystallex todas estas acciones constituyen un fraude dirigido a obstaculizar y retrasar que la minera canadiense logre recolectar el fallo del Laudo de Arbitraje.

En razón de que el tribunal negó la moción de PDVH de desestimar el reclamo de transferencia fraudulenta de Crystallex, los demandados PDV pasaron —de acuerdo a la versión narrada por Crystallex ante la Corte— a ejecutar una segunda transferencia fraudulenta, ahora gravando un poco más de la mitad del activo principal de PDVH para esquivar a Crystallex y otros acreedores.

Poco después, PDVSA anunció que ofrecería realizar un canje de bonos, utilizando los activos de PDVH como garantía consistente en la emisión de nuevos bonos por más de USD 7 mil millones con vencimiento en 2020, respaldados con el 50.1 por ciento de las acciones de PDVH, es decir, su capital social en CITGO Holding.

En noviembre de 2016, luego de que el tribunal rechazara la moción de PDVH, esta gravó aún más a CITGO Holding, al otorgarle a Rosneft un derecho de retención sobre el 49.9 por ciento restante de sus acciones en CITGO Holding.

La compleja trama

Un asunto complicado, pues en los tribunales no solamente se ven las caras Crystallex y el gobierno de Nicolás Maduro, sino que ahora también interviene la administración de Juan Guaidó a quien el gobierno de Donald Trump apoya. De hecho, la representación legal de este último intervino ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Filadelfia donde PDVSA interpuso un recurso para que se reconsiderara un fallo emitido por un juez en Delaware que otorgó a Crystallex el derecho de anexarse activos de PDV Holding como un mecanismo de resarcir la deuda que con ella mantiene Venezuela. Los abogados que representan a Guaidó advirtieron acerca del peligro que corría la política exterior de Trump al afectar las acciones del presidente del Poder Legislativo venezolano “para completar la transición de la república [de Venezuela] a la democracia”[3].

Para los abogados de Crystallex esto es un asunto que no está en debate, sino los intereses afectados de su cliente despojado de la minas de Las Cristinas por Hugo Chávez. “Quien controla Venezuela hoy y lo que quieran o no quieran hacer en el futuro es irrelevante respecto si a Crystallex le corresponde recaudar su laudo”.

Para la representación legal de Crystallex, tanto PDVSA como el gobierno interino de Guaidó mantienen una posición similar que afecta los intereses de la minera despojada de la Las Cristinas por Hugo Chávez[4].

Crystallex ha batallado para evitar que Guaidó intervenga en el litigio, como también busca excluir a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que durante este mes de octubre reclamaran sus intereses por el orden de USD 913 millones. De no honrar este compromiso, los tenedores de los bonos podrían reclamar su participación del 50.1 por ciento de la empresa.

La administración de Guaidó pidió a la Corte de Apelaciones revocar el fallo que concedió a Crystallex hacerse de los activos de CITGO en los Estados Unidos.

Entretanto, Nicolás Maduro acusa a Guaidó de pretender robarse CITGO, pero sus argumentos no convencieron a los magistrados y la Corte de Apelaciones decidió el 20 de marzo de 2019 que el presidente de la AN y encargado de del gobierno venezolano, podía intervenir en el litigio a través de sus representantes legales[5]. Esto abrió el camino para que solicitaran la suspensión de la subasta por la que Crystallex cobraría sus acreencias por casi USD 1.400 millones. Los representantes legales de Guaidó argumentaron en abril que “los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no toman en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano” y, subrayaron que “la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos”[6].

Más de 150 mil millones de dólares en deudas contraídas por Venezuela hacen que sobre CITGO se posen muchos ojos en procura de ver satisfechas estas acreencias. Uno de los que reclaman pagos es Tenor Capital Management, un fondo de inversión estadounidense que aspira ponerse en USD 800 millones de CITGO, dado que desde 2012 invirtió USD 76 millones en Crystallex International Corp para financiar la demanda contra Venezuela[7]. La inversión de Tenor durante los años citados habría experimentado un crecimiento que la ubicaría en 2021 sobre los USD 2.000 millones. Crystallex prometió a Tenor Capital Management un 70 por ciento de los pagos que obtuviera por parte de Venezuela[8].

Avanza la pérdida de CITGO

Un tribunal de Estados Unidos dijo que Crystallex podía avanzar en la incautación de activos de CITGO para resarcir parte de la indemnización decretada por el CIADI. En 2018, un juez de un tribunal de distrito de Delaware en EE. UU. revocó un fallo anterior y permitió a la empresa canadiense confiscar acciones de la filial de PDVSA. Esta decisión fue confirmada por un juez de apelaciones de Estados Unidos en agosto.

Recientemente, el Tercer Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. levantó la orden de una corte de primera instancia que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO solicitadas por PDVSA[9]. Hay que acotar que la mayoría de las acciones de filial de PDVSA en Estados Unidos están comprometidas, bien como garantía de los bonos 2020 de PDVSA, y el resto como prenda (49.1 por ciento) con la estatal petrolera rusa Rosneft por préstamos multimillonarios[10].

El misterioso acuerdo entre Crystallex y el gobierno de Maduro

Es necesario referirse a un misterioso acuerdo al que llegaron el gobierno de Nicolás Maduro y Crystallex el 10 de septiembre de 2018 para privilegiar la deuda con dicha empresa por encima de los demás acreedores. El problema es que dicha negociación no contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional, requisito indispensable para su validez de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela[11].

Reinaldo Muñoz Pedraza, procurador de la república designado írritamente por Maduro sin el aval parlamentario, firmó el acuerdo cuyo texto sufrió alteraciones que afectaron los intereses de Venezuela. La firma de septiembre alteró lo previamente pautado en 2017, lo que permitió a Crystallex obtener un pago de USD 425 millones, el primero hasta completar el pago de la deuda. De no haber cumplimiento por parte de Venezuela, Crystallex podía reiniciar sus acciones legales.

Se desconoce todo lo relativo a los pagos hechos por Venezuela a Crystallex, pero el acuerdo suscrito para evitar la confiscación de CITGO presuntamente contemplaba accionar contra PDV Holding Inc., alter-ego de PDVSA.

El acuerdo preveía, aparte del pago por USD 425.000.000, 34 cuotas hasta saldar los restantes USD 814.632.217 de la deuda. Las cuotas se comenzarían a pagar a partir del 1° de febrero de 2019 y concluirían el 28 de enero del 2021.

Luisa Palacios, la presidenta de la junta directiva de Citgo designada por Juan Guaidó manifestó en reciente fecha que la oposición venezolana requería de “más apoyo” por parte de la administración de Donald Trump de modo de evitar que la filial sea tomada por los acreedores.

Tesis del "Alter ego"

Crystallex fue incapaz de identificar los activos comerciales venezolanos en los Estados Unidos de que pudiera apoderarse legalmente, entonces la minera canadiense fue tras los activos estadounidenses de PDVSA. Específicamente, buscó adjuntar las acciones de PDVSA en Petróleos de Venezuela Holding, Inc. (PDVH), su subsidiaria estadounidense de propiedad absoluta. PDVH es la sociedad de cartera de CITGO Holding, Inc., que a su vez posee CITGO Petroleum Corp., una corporación de Delaware con sede en Texas.

El tribunal determinó que Crystallex puede cobrarse su deuda con CITGO, una decisión que crea un precedente judicial que vuelve a Venezuela vulnerable frente al cobro por parte de otros acreedores al no existir una separación entre lo que es Venezuela, CITGO y PDVSA.

Y es que en agosto de 2018 el Tribunal del Distrito de Delaware dictaminó que PDVSA actuó como un “alter ego” del gobierno venezolano y al ser CITGO una filial de la estatal petrolera, sus activos puede ser tomados para cumplir con las deudas.

La corte basó su decisión en la Ley de Inmunidades Soberanas de 1976, que fue el soporte para que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el caso First National City Bank versus Banco Para El Comercio Exterior de Cuba (Bancec), determinara que un acreedor judicial de un soberano extranjero puede mirar a la instrumentalidad del soberano para satisfacción cuando está "tan ampliamente controlado por su propietario que se crea una relación de principal y agente".

El Juez del Tribunal de Distrito de Delaware, Leonard Stark, tras la interpretación de Bancec, concluyó que el control de Venezuela sobre PDVSA era suficiente para permitir que Crystallex adjunte las acciones de PDVSA (PDVH) en satisfacción de su juicio contra el país.

PDVSA y Venezuela, junto con los tenedores de bonos considerados como amici desafiaron esta decisión, aunque sin impugnar la conclusión del Tribunal de Distrito que dice que PDVSA es controlada por el estado venezolano.

En esta parte del proceso, PDVSA sostuvo principalmente que su papel tangencial en la disputa impide la ejecución contra sus activos bajo Bancec, independientemente del control que Venezuela ejerza sobre la empresa petrolera como tal.

Después de varias rondas de sesiones informativas y audiencias, el juez Leonard Stark concluyó que PDVSA era el "alter ego" de Venezuela bajo Bancec citando numerosos hechos relevantes para esa determinación, entre los cuales destacó que la relación entre PDVSA y Venezuela se ha endurecido significativamente desde 2002, cuando el entonces presidente Hugo Chávez despidió aproximadamente al 40 por ciento de la fuerza laboral de la petrolera. Desde entonces —destacó la corte— los presidentes de PDVSA, generalmente, han sido miembros de alto rango del gabinete del presidente, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas.

En pocas palabras, el magistrado encontró que PDVSA constituye una misma entidad con la República Bolivariana de Venezuela, un dictamen que abrió las puertas para que Crystallex International Corp. pueda ejecutar las acciones de PDV Holding Inc., propietaria de las acciones de CITGO Holding Inc.

Venezuela ha aprobado varias leyes que requieren a PDVSA para financiar iniciativas gubernamentales y discrecionales fondos del gobierno que controla la producción, ventas y precios del petróleo venezolano. También requiere que PDVSA suministre petróleo a Venezuela y sus aliados estratégicos a precios inferiores a los del mercado. Todo ello habría contribuido a que el juez Stark tomara su decisión[12].

A pesar de la medida, esto no significaría que se le haya otorgado de forma directa el control de CITGO a Crystallex. Será necesario que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de las Estados Unidos otorgue el permiso a la minera canadiense para esta acción, esto en razón de las sanciones dispuestas por el gobierno estadounidense contra el gobierno venezolano.

Ahora bien, Crystallex va contra CITGO, propiedad de PDVSA, aun cuando la deuda es de la República de Venezuela que es dueña de PDVSA en su totalidad y a pesar del principio de que se trata de entidades legales diferentes y separadas por el “velo corporativo” que establece que las responsabilidades de una entidad no son transferibles a otra, en virtud del argumento jurídico esgrimido por la minera canadiense de que PDVSA es un alter ego de Venezuela.

Según Crystallex International Corp., Venezuela ejerce el control de las operaciones diarias de PDVSA y se les puede considerar como una misma entidad.

Para comprobar su tesis, Crystallex sostiene que Venezuela hace uso de la propiedad física de PDVSA, especialmente con fines políticos, de la misma manera que lo haría como si fuera dela república.

Igualmente hace mención a que la república de Venezuela priva a PDVSA de su independencia al ejercer el control político sobre esta última del mismo modo que lo hace con el resto de las agencias gubernamentales, designando su junta directiva en la cual participan miembros del gabinete ejecutivo, entre ellos el Ministro de Petróleo.

El gobierno venezolano controla los negocios de PDVSA cuando dictamina a quién le vende petróleo, así mismo estipulando el precio de la venta del crudo. También establece los precios del combustible.

El gobierno fija los lineamientos para que PDVSA actúe en representación de la república, por ejemplo, pagando con petróleo deudas con países como China y Rusia.

Incluso, PDVSA asumió el pago de las tarifas de Venezuela en los tribunales del CIADI cuando ocurrió el arbitraje entre la república y Crystallex.

En tal sentido —de acuerdo a la tesis de Crystallex— si PDVSA es alter ego de Venezuela, puede entonces ser es imputable por las responsabilidades de Venezuela.

Adicionalmente, Crystallex aduce para que Venezuela pierda la inmunidad que posee por aplicación de la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA), que indica que los estados soberanos y sus propiedades en Estados Unidos son inmunes a la jurisdicción de las cortes estadounidenses, solamente en determinados casos. Una de las excepciones se da cuando el Estado se involucra en acciones para el cumplimiento de laudos de arbitraje. Se estipula que la propiedad de un Estado será embargable para cumplir con un arbitraje, cuando sea de uso comercial en EE. UU.

Así lo argumentó Crystallex ante los tribunales, cuando aseguró que las acciones que PDVSA tiene sobre PDVH son un activo de uso comercial, dado que son empleadas para ejercer derechos de accionista en la designación de su junta directiva y en la aprobación de contratos[13].

Así las cosas, sólo resta esperar la decisión judicial así como las acciones y recursos que las partes en litigio y de más interesados interpondrán para poder determinar con certeza el destino de CITGO Petroleum Corp.

Citas

[1] El Nuevo Herald. “Guaidó aprieta las tuercas a Maduro con filial petrolera en EEUU”. 13 de febrero de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article226224465.html

[2] PanamPost. “EEUU otorga licencia a Citgo para seguir operando pero en manos de Guaidó”. 15 de marzo de 2019. https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/03/15/eeuu-otorga-licencia-a-citgo-para-seguir-operando-pero-en-manos-de-guaido/?cn-reloaded=1

[3] La Voz de América. “EE.UU.: Corte duda considerar situación en Venezuela en caso PDVSA”. 16 de abril de 2019. https://www.voanoticias.com/a/corte-eeuu-duda-considerar-disputa-poder-venezuela-caso-citgo/4877559.html

[4] Banca y Negocios. “Crystallex quiere excluir argumentos de abogados de Guaidó en caso contra Citgo”. 19 de marzo de 2019. http://www.bancaynegocios.com/crystallex-quiere-excluir-argumentos-de-abogados-de-guaido-en-caso-contra-citgo/

[5] Reuters. “La corte de los Estados Unidos permite que el venezolano Guaido discuta en el caso Crystallex”. 21 de marzo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-crystallex/u-s-court-allows-venezuelas-guaido-to-argue-in-crystallex-case-idUSKCN1R22C4

[6] Venezuela Política. “CITGO sigue siendo el centro de disputa entre Crystallex y la república de Venezuela”. 16 de abril de 2019. http://maibortpetit.blogspot.com/2019/04/citgo-sigue-siendo-el-centro-de-disputa.html

[7] Reuters. “A FONDO-¿Quiere demandar a Venezuela? Varias firmas pueden ayudar... por un precio”. 21 de diciembre de 2018. https://lta.reuters.com/articulo/idLTAL1N1YQ0DA

[8] Venezuela Política. “Las estrategias y acciones de Crystallex para apropiarse de CITGO”. 19 de abril de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/04/las-estrategias-y-acciones-de.html

[9] Venezuela Política. “Decisión de un tribunal de Apelaciones de EE. UU. permite que Crystallex avance en su intención de subastar las acciones de CITGO”. 30 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/decision-de-un-tribunal-de-apelaciones.html

[10] Venezuela Política. “Alarmas en el Congreso de EEUU ante posibilidad que Rusia tome el control de Citgo”. 3 de mayo de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/05/alarmas-en-el-congreso-de-eeuu-ante.html

[11] Venezuela Política. “Crystallex llega a acuerdo con el gobierno de Venezuela sobre la deuda de $ 1.2 mil millones de dólares”. 24 de noviembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/11/crystallex-llega-acuerdo-con-el.html

[12] Reuters. “Canadiense Crystallex demuestra que gobierno de Venezuela y petrolera PDVSA no son entidades separadas: documento judicial”. 3 de agosto de 2018. https://lta.reuters.com/articulo/petroleo-venezuela-crystallex-idLTAKBN1KV24O-OUSLT

[13] Prodavinci. “¿Qué está pasando con CITGO?”. 13 de agosto de 2018. https://prodavinci.com/que-esta-pasando-con-citgo/

lunes, 29 de julio de 2019

Corte de Apelaciones de EE. UU. abona el terreno para que Crystallex se apodere de CITGO

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una Corte federal de apelaciones de los Estados Unidos rechazó un recurso apelación de Petróleos de Venezuela para anular una orden emitida por un tribunal de Delaware que permite que la transnacional minera canadiense Crystallex Internacional Corp. se apoderarse de acciones en la unidad de refinación de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo Petroleum Corp.

En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento 'Las Cristinas' lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia dijo este lunes, (29 de julio de 2019), que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal. 

Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de Citgo se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante,  en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50  países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware. 

En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela. 

Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería "un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos".

De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO.  Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO.  

La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.