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domingo, 22 de marzo de 2020

Denuncia el senador de Bolivia, Óscar Ortíz: Marcelo Hurtado Sandoval sería el operador de Carlos Gill en sus empresas

   Sin que se tenga información acerca del origen de su fortuna, este abogado se convirtió en la cara visible de las empresas de las que Gill sería el verdadero propietario. El empresario niega todas las acusaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El nombre de Marcelo Hurtado Sandoval sale a relucir siempre que se tratan de poner en claro los asuntos y negociaciones del empresario venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, bien porque se conecta a él directamente o por mampuesto. Y es que al primero se le señala de supuestamente ser testaferro del segundo, quien entre otras cosas es señalado de ser un empresario que respondería a los intereses y lineamientos políticos del exvicepresidente boliviano, Álvaro García Linera y de su hermano Raúl García Linera, ambos con amplio poder en la estructura del Movimiento al Socialismo (MAS).
   La salida del poder de Evo Morales ha permitido que afloren una serie de denuncias sobre hechos de corrupción que han dejado al descubierto los presuntos manejos irregulares que desde el alto gobierno de Bolivia se llevaban a cabo. Por ejemplo, se insiste en que una serie de empresas y empresarios reportaban directamente de su gestión a García Linera y a la cúpula masista. Y sería en dicho entramado, donde adquiere protagonismo la figura de Hurtado Sandoval. Las interrogantes en torno a esto se incrementaron luego de las denuncias formuladas por el senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, quien ha exigido auditorías en los ministerios que contrataron con las empresas de Gill Ramírez. El parlamentario ha puesto en duda que compañías como ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, sean realmente propiedad de quienes fungen como sus representantes, dejando en el aire la interrogante acerca del papel que Evo Morales y Álvaro García juegan realmente en dichas compañías. El expresidente boliviano lo negó tajantemente y exigió a Ortiz que presente pruebas de sus afirmaciones.

  "Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso", publicó el exmandatario en su cuenta de la red social Twitter, según reseña el diario Los Tiempos[1].

   La respuesta de Ortiz a Morales fue: "Obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?".

   ATB y Marcelo Hurtado respondieron a las acusaciones a través de un comunicado publicado en Facebook en la que aseguró no tener ninguna relación empresarial, ni de negocio alguno con Carlos Gil y sus operaciones e inversiones en Bolivia y “mucho menos he sido nunca representante legal del indicado Sr. Gil”. Del mismo modo negó relación empresarial, política o de amistas con Evo Morales ni Álvaro García Linera. Sostuvo que su única relación es con ATB en su calidad de socio y representante legal ejecutivo, “no he tenido ni tengo ninguna participación societaria, laboral ni de ninguna índole con las empresas Gravetal, La Razón y PAT”.

   Agregó que “El 40% de las acciones de la empresa Provida fueron adquiridas por mi persona legal y lícita de la empresa Credinform S.A.”[2].

   El 3 de enero de 2020, Hurtado Sandoval fue aprehendido en Santa Cruz por la policía, dando cumplimiento a una orden del fiscal Samuel Lima Carvajal, de la División Especializada de Persecución de Delitos de Corrupción, Aduaneros y Tributarios de La Paz, por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros. Lo trasladaron a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)[3].

   Posteriormente, el 5 de enero de 2020, fue liberado por la inasistencia del fiscal Samuel Lima a la audiencia, pero por acción de la senadora Carmen Eva Gonzales, el presidente del directorio de ATB fue recapturado por la apropiación indebida de medios impresos y audiovisuales en el gobierno de Evo Morales. La parlamentaria pidió la inmediata detención de la jueza Milenka Gutiérrez, que le otorgó la libertad pura y simple a Hurtado, y del fiscal por incumplimiento de deberes. La senadora Gonzales advirtió llamó la atención sobre estos sucesos y advirtió que la justicia no podía seguir actuando bajo la misma lógica de protección a temas de corrupción con que encubrió el gobierno del MAS[4].

  Ni estos hechos, ni los alegatos de Hurtado detuvieron a Oscar Ortiz, quien el 9 de enero de 2020 denunció ante el Ministerio Público a  los ejecutivos de los canales ATB y PAT, Marcelo Hurtado y José Luis Valencia, respectivamente, a quienes acusó de presuntamente obtenido ganancias ilícitas, de favorecimiento al enriquecimiento ilícito y creación de sociedades o asociaciones ficticias y, en tal sentido, pidió a la Fiscalía investigar la estrecha relación de estos Álvaro García Linera, todo esto en el contexto de un proceso abierto por contratos irregulares de medios de comunicación.

   Una nota de prensa emanada del Ministerio de Comunicación boliviano refirió que Ortiz denunció la identificación de "21 empresas relacionadas con el señor Marcelo Hurtado Sandoval en Fundempresa; de estas 19 son posteriores a la llegada de Evo Morales al gobierno y especialmente a partir de 2009 (…) Esas empresas que tienen que ver fundamentalmente con medios de comunicación, pero también con el área financiera de seguros y con otros rubros diversos como energía, madera, comercio exterior, incluso restauración".

  El legislador manifestó que “uno de los temas más escandalosos que involucra a Hurtado es el relacionado con la estructura societaria de la televisora ATB, ‘en la cual hay más de nueves empresas que constituyen una trama que busca ocultar quiénes son los verdaderos dueños de esta empresa; es peor que los Panamá Papers (…) Uno busca quien es dueño de una empresa y aparecen otras tres empresas; uno busca quienes son dueños de esas empresas y aparecen otras empresas; la única característica en común es que en todas figura como representante legal el señor Marcelo Hurtado Sandoval"[5].

Más datos de Hurtado Sandoval

   Además de las referencias que ya hemos señalado de Marcelo Hurtado Sandoval, este trabajaba en mancuerna con Luis Norberto Clavijo Castro, quien formó parte de la estructura gubernamental boliviana desde 2009 durante la gestión del entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

   Este hombre estuvo vinculado al operativo que tuvo lugar el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz y que fue directamente ordenado por Evo Morales, un sonado caso que derivó en una masacre en la que tres personas fueron asesinadas por integrantes del denominado grupo Rozsa, pero que fue presentado por el gobierno como una acción contra un grupo terrorista[6]. Los ejecutados fueron identificados como Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, de origen europeo. Fueron arrestados los también los europeos Elöd Tóásó y Mario Tadic. Esta operación habría servido para arremeter contra la oposición boliviana y procesar a sus dirigentes.

   A Luis Clavijo se le señala de formar parte de una trama que fue denunciada públicamente por el Ministerio de Gobierno de utilizar el nombre del ministro Carlos Romero para influenciar en la administración de justicia para obtener beneficios económicos. “Se ha venido denunciando que los ciudadanos Guillermo Eue Chávez y Luis Norberto Clavijo Castro estarían influenciando en administradores y operadores de justicia a nombre del señor Ministro con el objeto de obtener ventajas económicas indebidas”[7].

  Otro personaje tras el cual se escudarían Hurtado, es el periodista Jaime Iturri, cuya notoriedad le sirve de mampara.

  Hurtado Sandoval, quien contaría el aval y la confianza de los grupos venezolanos directamente relacionados al lavado de dinero extraído del erario público de Venezuela, ahora dirige sus esfuerzos a tratar de lavar su imagen acercándose principalmente a los dirigentes cívicos de Santa Cruz, como por ejemplo, a Luis Fernando Camacho, jefe del Comité Cívico Pro Santa Cruz, abogado de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra y con una maestría en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona. A Camacho, Hurtado le habría ofrecido participación en las empresas que controla a cambio de protección. Luis Nemtala, gerente general de ATB, le serviría de operador a Hurtado para conseguir este objetivo[8]. Igualmente, Sergio Salazar Machicado, abogado del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociado, quien funge como integrante del directorio de ATB[9].

   Bajo el control de Marcelo Hurtado Sandoval están las empresas ATB, PAT, La Razón y Seguros Provida S.A., las cuales supuestamente fueron obtenidas por métodos ilegales y poco ortodoxos, tales como la extorsión y la presión a través de todo el aparato público que habría confabulado por ordenes de los hermanos Linera, para que Hurtado-Gill pudieran hacerse de dichas empresas.

   Se conoce poco acerca de los orígenes y trayectoria empresarial de Marcelo Hurtado Sandoval. Tampoco se saben cuáles son los emprendimientos e iniciativas que pudieran justificar su enorme fortuna. Habiendo tenido ATB tenía un valor patrimonial de más de 49 millones de bolivianos al momento de su irregular venta, es necesario que se aclare la fuente de la riqueza de Hurtado.

   Formó parte del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados, encargado de diseñar la estrategia en Bolivia para el ingreso de grupos económicos venezolanos vinculados al régimen Chávez-Maduro. A través de este bufete, Hurtado Sandoval habría ingresado al “esquema” venezolano diseñado.

Caso ATB

  La Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB) es una cadena de televisión de Bolivia que es controlada por Marcelo Hurtado Sandoval, habiéndose convertido en parte de lo que en Bolivia han llegado a considerarse como medios paraestatales[10].

  Se trataría de una red de medios de comunicación cuya estructura externa se halla controlada por los hermanos Álvaro y Raúl García Linera, quienes supuestamente son quienes dictan la línea editorial, siendo presuntamente Hurtado Sandoval, el encargado de seguirla e instrumentarla en la televisora.

   Según los senadores Oscar Ortiz y Carmen Eva González, ATB fue vendida bajo presión y mediante métodos extorsivos por sus antiguos propietarios[11].

  El caso se abrió por denuncia de Gonzales, quien acusó a 18 personas de haber utilizado métodos extorsivos para hacerse de medios de comunicación, como los canales ATB y PAT, en concomitancia del Gobierno del MAS, refiere una nota del portal Erbol. “(…) el empresario Gill Rodríguez llegó a Bolivia con el respaldo de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para incursionar, entre otros proyectos, en medios de comunicación sin importar la rentabilidad, sino que estén al servicio del gobierno del MAS, a cambio de millonarias ganancias por publicidad estatal. Dice el memorial que Gill precipitó las negociaciones con ejecutivos del Grupo Prisa para tomar control de La Razón y El Extra, designando a su representante a Marcelo Hurtado. ‘ATB pasa por un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros’.  En agosto de 2008, la empresa fantasma Akaishi Investments S.L fue creada en España exclusivamente para la transferencia de La Razón y ATB, siendo su representante Marcelo Hurtado a quien acusan de ser ‘pieza clave del esquema extorsivo al Grupo Prisa, como también a un grupo de abogados que trabajaron en el Estudio Jurídico Salazar y Asociados’”, se lee en la reseña de prensa.

  La firma de abogados, por instrucciones de Gill Ramírez, constituyó en agosto de 2008 en España la empresa Akaishi, una compañía de fachada cuyo objetivo habría sido encubrir el ingreso de empresarios venezolanos vinculados al régimen chavista a Bolivia. V arios integrantes del despacho de abogados luego integraron el directorio de la televisora.

Caso PAT

  La Red Periodistas Asociados Televisión (PAT) es un canal de televisión abierta boliviano lanzado al aire en 1997 por Carlos Mesa, quien lo vendió a Abdallah Daher. En la actualidad, la televisora también es controlada por Hurtado Sandoval y, por ende, Álvaro y Raúl García Linera.

  Tal como habría ocurrido con ATB, PAT igualmente fue comprado bajo presión, con el agravante de que, por dicha venta, sus propietarios no recibieron pago alguno.

  Así lo reveló el ex-gerente de PAT, Sergio Weise, quien refirió que en 2011 el presidente del directorio de la red ATB, Marcelo Hurtado, y Jaime Iturri, presionaron a Abdallah Daher para que entregara la televisora bajo términos que ellos redactaron.

   “En esa época, ya se había producido el caso Hotel las Américas, había autoridades expulsadas, no había Estado de Derecho, ese era la presión que tenía Abdallah Daher para firmar el contrato de venta y finalmente lo hizo a favor de Iturri y Hurtado (…) Daher no recibió ni un peso por la transferencia del canal a pesar de que se firmó un contrato en que se estableció cierta cantidad de dinero que no justificaría la inversión real que se hizo”, narró Weise.

  Según dijo, Marcelo Hurtado le propuso a Daher en principio comprar el canal PAT, pero el tono cambió luego a amenaza: “si quieres preservar tu empresa, tienes que vender PAT, tienes que entregar PAT” y agregó que el objetivo de Hurtado e Iturri era” usar PAT con fines políticos, porque Iturri llegaba al medio para reunirse con los periodistas y definir el contenido que debe y no debe difundirse”[12].

  Se conoció que Abdallah Daher se habría negado a negociar, pero la extorsión y la amenaza de encarcelar a su hijo Edmond, lo llevaron a ceder su empresa a cambio de nada.

  Sobre Daher se abalanzó el gobierno de Evo Morales mediante entidades públicas como a la UIF, Impuestos, Ministerio de Trabajo, Autoridad de Empresas (AEMP) para que entregara su negocio, la cual se llevó a cabo a través de la empresa Comercializadora Multimedia del Sur SRL, constituida por el Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados.

Caso Provida

   En las denuncias de Oscar Ortiz sobre la propiedad de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida la cual estaría enmascarada a través de testaferros, Marcelo Hurtado Sandoval, fue señalado de ser el representante legal de ese conglomerado, a lo cual este último lo negó, sí admitió que es uno de los socios de ATB y dueño del 40 por ciento de las acciones de la empresa de seguros Provida[13].

  Esta empresa aseguradora administra el 30 por ciento del Seguro Social Obligatorio de los bolivianos.

  Hurtado Sandoval llegó a Provida luego de la trasferencia de las acciones del grupo Credinform, a quienes habría extorsionado por el caso de pólizas emitidas para la construcción del Proyecto Misicuni, habiéndolos librado de ser enjuiciados a cambio de la entrega de las acciones.

  Con las acciones en la mano, Marcelo Hurtado emprendió una campaña de hostigamiento en contra de la empresa a través de los órganos del estado y cuando la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) le increpó una deficiencia patrimonial, el operador de Gill Ramírez llamó a los accionistas a realizar un aporte de capital.

  Entonces Marcelo Hurtado ofreció como aporte una serie de bienes inmuebles, lo cual estaba prohibido por la norma que rige la APS, la cual fue modificada a instancias de este, admitiéndose por vía de excepción los aportes de capital en especies de Hurtado por un valor de USD 5.000.000, aunque los avalúos ordenados por los ejecutivos de Seguros Provida establecieron que solamente valían USD 150.000.

   Cuando dichos ejecutivos de Provida rechazaron los aportes de capital de Hurtado Sandoval, este con la presencia de Luis Clavijo Castro y abogados del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados, así como de Fernando Cortez, inició el asedio judicial contra los propietarios de la aseguradora. Cortez es un exfiscal de La Paz que fungía como abogado de la empresa China CAMC y también era abogado personal de la expareja del Evo Morales, Gabriela Zapata.

Tales presiones dieron su resultado y fueron transferidos a Hurtado Sandoval a valor “0” las acciones de Fernando Arce equivalentes a 60 por ciento de la empresa.

ATB-Argentina

   Marcelo Hurtado, Luis Nemtala y Jaime Iturri constituyeron en Argentina la empresa ATB-Argentina con una inversión que supera en mucho a la de Bolivia.

CITAS

[1] Los Tiempos. “Morales y una de las empresas privadas señaladas por Ortiz niegan acusaciones”. 15 de diciembre de 2019. https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191215/morales-empresas-privadas-senaladas-ortiz-niegan-acusaciones

[2] Facebook. ATB Digital. Comunicado a la opinión pública. 14 de diciembre de 2019. https://www.facebook.com/ATBDigital/posts/3428793927162012

[3] La Razón. “La Policía detiene al presidente del directorio de la red ATB Marcelo Hurtado”. 3 de enero de 2020. http://www.la-razon.com/nacional/aprehenden-marcelo-hurtado-atb-bolivia_0_3287671248.html

[4] Brújula Digital. “Liberan a Marcelo Hurtado y de inmediato fue aprehendido otra vez”. 6 de enero de 2020. https://brujuladigital.net/politica/liberan-a-marcelo-hurtado-y-de-inmediato-fue-aprehendido-otra-vez

[5] Ministerio de Comunicación. “Oscar Ortiz presenta ante la Fiscalía denuncias penales contra ejecutivos de ATB y PAT”. 9 de enero de 2020. https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20200109/28541

[6] Página Siete. “Clavijo, quien usó el nombre de Romero, actuó en caso Rózsa”. 8 de marzo de 2019. https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/3/8/clavijo-quien-uso-el-nombre-de-romero-actuo-en-caso-rozsa-211347.html



[7] Eju. “Acusan a exfuncionarios de extorsionar a nombre del Ministro de Gobierno”. 25 de febrero de 2019. https://eju.tv/2019/02/acusan-a-exfuncionarios-de-extorsionar-a-nombre-del-ministro-de-gobierno/

[8] Página Siete. “Medios paraestatales bajo investigación”. 21 de enero de 2020. https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/1/21/medios-paraestatales-bajo-investigacion-244088.html

[9] Yumpu. Presentación de la senadora Carmen Eva González. El Mas y el asalto a los medios de comunicación en Bolivia. https://www.yumpu.com/es/document/read/62980863/presentacion-carmen-eva



[10] Página Siete. “Medios paraestatales bajo investigación”. 21 de enero de 2020. https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/1/21/medios-paraestatales-bajo-investigacion-244088.html

[11] Erbol. “Carlos Gill y otros 17 empresarios denunciados en Bolivia por apoderarse de medios mediante coacción y amenazas”. 30 de diciembre de 2019. https://erbol.com.bo/nacional/denuncian-que-18-personas-se-hicieron-de-cuatro-medios-mediante-%E2%80%98recursos-extorsivos%E2%80%99





[12] Urgente.bo. “Revelan que los empresarios Hurtado e Iturri no pagaron “ni un peso” por la adquisición de PAT”. 16 de enero de 2020. https://urgente.bo/noticia/revelan-que-los-empresarios-hurtado-e-iturri-no-pagaron-%E2%80%9Cni-un-peso%E2%80%9D-por-la-adquisici%C3%B3n-de

[13] Correo del Sur. “Elevan la polémica sobre la propiedad de cinco empresas”. 16 de diciembre de 2019. https://correodelsur.com/politica/20191216_elevan-la-polemica-sobre-la-propiedad-de-cinco-empresas.html

viernes, 13 de marzo de 2020

Denuncian en Bolivia contrataciones irregulares del empresario venezolano ligado al chavismo, Carlos Gill Ramírez

   Piden que negociaciones con tres ministerios de la administración de Evo Morales encabezadas por Carlos Gill Ramírez, las cuales totalizan USD 1.113.373.835,06 sean sometidas a auditoría.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    El senador y aspirante a la presidencia de Bolivia Boliviano por Unidad Democrática, Oscar Ortiz, denunció que la empresa Cotienne S.A. de Carlos Gill Ramírez fue objeto de millonarias adjudicaciones de contratos durante la administración de Evo Morales, negociaciones estas que se encontrarían bajo sospecha de haberse contratado irregularmente, razón por la cual solicitó al gobierno transitorio someter dichos proyectos a auditoría.
   Los proyectos que, a juicio de Ortiz habrían sido otorgados bajo la modalidad de contratación directa incumpliendo la normativa y a los cuales pide revisar fueron suscritos por los ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el de Hidrocarburos y Defensa.

“Nos referimos a un contrato de adquisición de radares adjudicados a Thales Air System, por la suma de USD 227 millones; un contrato por la instalación 22 estaciones satelitales de regasificación, por costo de 137 millones de dólares; y un contrato de Mi teleférico, por Bs. 5.025.130.386,00 (…) El monto total de fiscalización es de USD 1.113.373.835,06”.

  El parlamentario boliviano refirió que estos contratos otorgados bajo el gobierno de Evo Morales tienen en común a la Empresa Cotienne S.A., propiedad de Carlos Gill Ramírez.

“En todas ellas [las contrataciones] participó la empresa Cotienne (…) una empresa constructora directamente relacionada al empresario venezolano muy vinculado al régimen de Evo Morales, Carlos Gill Ramírez. Lo curioso es que él declaró ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa en Paraguay donde invitó a muchos periodistas, que era propietario de Cotienne, aunque cuando investigamos en los papeles de esta empresa no figura como propietario, lo cual es casi una confesión de parte, que se administra con testaferros en Bolivia”, se lee en la reseña publica por el diario Los Tiempos[1].

  Página Siete agrega que Ortiz advirtió que en el caso del Teleférico “ni siquiera hubo un proceso de licitación, sino que la empresa Doppelmayr, de la cual Gil es representante, se adjudicó los contratos directamente”[2].

  Oscar Ortiz cree que es fundamental que las unidades de transparencia de los citados ministerios establezcan de qué manera se llevaron a cabo estas negociaciones, cómo se llevaban a cabo las licitaciones. “Si no había competencia en las ofertas [es necesario establecer] cómo definían cuánto se iba a pagar por estos contratos”.

  Ortiz cree que importante establecer la responsabilidad de las personas que permitieron estas negociaciones irregulares.

Modelo corrupto

  El parlamentario boliviano dijo que sus indagatorias como senador le han permitido determinar que el expresidente Morales desarrolló un modelo de protección, favorecimiento e, incluso, de corrupción que en varias oportunidades ha denunciado con pruebas y argumentos.

  Específicamente, Ortiz se refirió a la modalidad de favorecer las contrataciones a la hora de otorgar proyectos, lo cual evita la competencia e impide una sana comparación de precios, costos y plazos, al tiempo que favorece a grupos e individuos vinculados al poder.

  Destacó que en el nombre de Carlos Gill Ramírez siempre salía a la luz en sus investigaciones, por lo que decidió iniciar una averiguación sobre los negocios en los que ha participado este empresario en Bolivia. “El propósito no es ir en contra de una persona, sino develar el mecanismo gubernamental de favorecimiento, con fines ilícitos”.

  La pesquisa —subrayó Ortiz— dejó claro que este mecanismo, incluye un sistema de subcontrataciones, representaciones y tercerías que tiene como objetivo final, ocultar la verdadera identidad de los allegados y actuar con ventaja e impunidad. “La conclusión es que, en todas las inversiones y emprendimientos de Carlos Gill Ramírez en Bolivia, hay un evidente grado de preferencias otorgado por el gobierno del presidente Evo Morales”.

¿Quién es Carlos Gill Ramírez?

  En su página web[3], Carlos Enrique Gill Ramírez se define como un líder que ha ocupado altas posiciones en diversas organizaciones e instituciones financieras, industriales y comerciales en las que ha alcanzado éxito, haciendo especial énfasis en la reestructuración del Banco Unión, Mercedes-Benz Venezuela, C.A. Corimón, C.A., Banco Capital, C.A., Banco Canarias de Venezuela, C.A. y Bancentro Banco Comercial, C.A.
  Parte de esta información es corroborada por el portal Poderopedia[4], que indica que Carlos Gil Ramírez es un empresario venezolano-paraguayo, presidente del Grupo Corimón, una corporación venezolana que se dedica a la producción y comercialización de pinturas. Agrega que en su perfil en la red social Linkedin, Gill manifiesta que ha incursionado en los sectores automotriz, hotelero, industrial, seguros, salud y comercial. Agrega que Gill fue propietario de Banorte, el cual vendió alrededor de un año antes de que fuera intervenido.

  El portal dice igualmente que a Gill Ramírez se le vincula con el expresidente boliviano, Evo Morales, con cuya ayuda y la del gobierno venezolano, habría adquirido varias empresas en el país del altiplano, a saber, dos medios de comunicación y una compañía ferroviaria. Se cita una entrevista concedida al portal web El Deber, donde “aseguró que forma parte del proyecto del tren bioceánico que tiene como objetivo unir a tres países (Brasil, Bolivia y Perú) de América del Sur. ‘El bioceánico es un proyecto que debe realizar el Estado boliviano. Nosotros, como el consorcio privado que tiene la concesión, empujamos para que esto suceda’”[5].

  Las indagatorias de Oscar Ortiz sobre e Gill Ramírez, lo llevaron a asegurar que este es un empresario que debe su notoriedad a su relación con el expresidente Hugo Chávez y con el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

  Se remite a sus búsquedas hemerográficas en las cuales pudo conocer que Gill Ramírez forjó parte de su fortuna a la sombra de la crisis bancaria de la última década del siglo XX en la que compró y vendió varias instituciones financieras, como Nuevo Mundo, el Canarias y Banorte[6].

   Sobre esto se remite a la investigación del periodista César Batiz aparecida en abril de 2010 en el diario Últimas Noticias —en la actualidad borrada del historial del periódico— que reproduce Noticias Candela, en la que el comunicador dio a conocer cómo Banorte otorgó créditos a plazo a por lo menos cinco empresas fantasmas el 18 de agosto de 2009. La información agregaba que dicho banco fue objeto de medidas administrativas por parte de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), “órgano que también objetó el traspaso de acciones entre Carlos Gill Ramírez (Seguros Nuevo Mundo, Bancentro y hermano del dueño de Fondo Común Víctor Gill) y Zambrano, pues se desconocía el origen del capital utilizado para pagar $52 millones a mediados de 2008”[7].

  Oscar Ortiz recordó que Carlos Gill Ramírez llegó a Bolivia en 2008 de la mano de quien para entonces ejercía como embajador venezolano en esa nación, Julio Montes Prado, quien lo habría contactado con la estructura política boliviana, en especial, con el vicepresidente Álvaro García Linera. Estos datos los recoge el parlamentario del libro “Control remoto” del periodista Raúl Peñaranda.

  Añade que Montes Prado —quien ejerció como representante del gobierno de Hugo Chávez en Bolivia desde 2006 hasta 2009— siguió manteniendo su influencia en la administración de Evo Morales y todos los ámbitos de la vida boliviana a través de Gill Ramírez. Esto se comprueba con el hecho de que Montes en 2015 se convirtió en vicepresidente de la Empresa Ferroviaria Andina cuando esta ya había pasado de Carlos Gill[8].

Breve reseña sobre las empresas de Gill

  Gill Ramírez es propietario de Ferroviaria Oriental, cuyo paquete accionario comparte con el estado boliviano; también es dueño del 50 por ciento de Ferroviaria Andina; de Invergill Investments S.A., un grupo inversionista inscrito en Panamá el 2 de octubre de 2013, de acuerdo a información que brinda el portal Open Corporates que agrega que allí figura como presidente y director. A través de este grupo, Carlos Gill compró la franquicia de comida rápida Wendy’s en su capítulo venezolano[9].

  Información del portal ArmandoInfo reveló que Gill Ramírez compró el Diario La Razón (Bolivia) en 2010, el cual cambió desde entonces su línea editorial a favor de la administración de Evo Morales. La adquisición, según el periodista Raúl Peñaranda, la hizo a través de la empresa española Akaishi, algo que Gill niega.

  La adquisición del diario boliviano fue una operación que, según el periodista boliviano Raúl Peñaranda, se hizo a través de la empresa española Akaishi. Gill negó tener algo que ver con esta compañía. De acuerdo con el periodista, aquel diario cambió su línea editorial, ahora favorable al presidente Evo Morada, después de ser adquirido por Gill. Este, sin embargó, también negó tener algo que ver con el gobierno boliviano. Gill Ramírez también es dueño del Diario Extra[10].  

  Se le relaciona con Rafael Enrique Abreu Anselmi, hermano del finado director de Sistema de Orquesta Nacional de Venezuela, José Antonio Abreu, y del presidente del diario El Universal, Jesús Abreu Anselmi. Rafael Abreu participa también en la junta directiva de Ferroviaria Oriental.

  El portal Vook[11] informa que la Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. constituida en 1987 en Bolivia, con oficina central en La Paz, específicamente en la Calle 10, Avenida Costanera y Avenida Los Sauces, Nº 479 Zona Calacoto, La Paz. Teléfono: 2793058. Correo Electrónico: elenaortega@cotienne.com.

El representante legal de la firma es Mauricio Eloy Etienne Solares.

  El objeto de la compañía es la construcción; proyectos, estudios y diseños d e ingeniería y obras civiles; compra y venta de terrenos e inmuebles; alquileres de bienes inmuebles y muebles; maquinaria para la construcción y equipo pesado.

CITAS 

[1] Los Tiempos. “Ortiz pide auditoría a contratos de ministerios de Obras Públicas, Hidrocarburos y Defensa”. 10 de marzo de 2020. https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200310/ortiz-pide-auditoria-contratos-ministerios-obras-publicas-hidrocarburos

[2] Página Siete. “Ortiz anuncia auditorías a tres ministerios por adjudicaciones de contratos en gestiones del MAS”. 10 de marzo de 2020. https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/10/ortiz-anuncia-auditorias-tres-ministerios-por-adjudicaciones-de-contratos-en-gestiones-del-mas-249169.html



[3] Carlos Gill Ramírez. https://carlos-gill-ramirez.com/2018/10/26/biografia-carlos-gill-ramirez/

[4] Poderopedia. Carlos Gill Ramírez. https://poderopediave.org/persona/carlos-gill-ramirez/

[5] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico

[6] KonZapata. “Así eran los millonarios y los millones antes de que aparecieran los bolichicos”. 11 de mayo de 2015. https://konzapata.com/2015/05/asi-eran-los-millonarios-y-los-millones-antes-de-que-aparecieran-los-bolichicos

[7] Noticias Candela. “Con empresas fantasmas guisaron a Banorte”. 26 de octubre de 2012. https://www.noticiascandela.informe25.com/2012/10/banorte-habria-entregado-creditos.html





[8] BBC. “El exembajador chavista que se convirtió en alto ejecutivo ferroviario en Bolivia”. 20 de octubre de 2015. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151012_embajador_venezolano_empresario_bolivia_bm



[9] Open Corporates. Invergill Investments S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/815347

[10] ArmandoInfo. “EL Citizen Gill compra medios por América Latina”. 13 de diciembre de 2014. https://armando.info/Reportajes/Details/124

[11] Vook. Ficha detallas de empresa: Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. https://www.vook.bo/index.php/tEmpresa/viewfront?id=371