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viernes, 21 de agosto de 2020

Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

Por Maibort Petit

   Al menos dos altos ejecutivos de CITGO tendrán que testificar bajo juramento en un tribunal de Texas por haber estado en puestos claves de la corporación cuando se otorgó un contrato a la empresa Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar de un ex-presidente de CITGO. Rothwell forma parte de una larga lista de compañías que lograron obtener de manera fraudulenta [y en base la pago de sobornos a funcionarios], negocios millonarios con la filial de PDVSA en Estados Unidos.

 El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. 

   El pleito legal tiene varios meses retrasado debido a la pandemia y a la negativa de CITGO de entregar al tribunal las fechas para la deposición de Rick Esser y Gina Coon, dos funcionarios involucrados en la transacción, que siguen trabajando en la filial de PDVSA, que está bajo el control del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

  La demanda civil está siendo procesada en la Corte del Condado de Harris, en Texas. Rothwell Energy Services LLC es una empresa incorporada en el registro de compañías del estado de Texas bajo el número 0801876159, el 31 October 2013, teniendo como domicilio fiscal la dirección: 408 west 17TH St, Suite 101, Austin, TX, 78701. 

  Los directores de Rothwell Energy Services LLC son Juan Carlos Hurtado Angarita y Claudia Acevedo. La entidad fue registrada en 2013, unos meses después de que Nelson Martínez fuera nombrado CEO de CITGO.

 De acuerdo a los récords de CITGO [en poder de Venezuela Política], Rothwell fue agregada a la lista maestra de proveedores aprobados por CITGO sin cumplir con el proceso de debida diligencia que establece las reglas de corporación. 

  Para el momento en que se produce la incorporación de Rothwell a la lista de proveedores de CITGO, los gerentes de adquisiciones eran Michael Ballantine y José Luis Zambrano. 

  Los récords evidencian que los mencionados funcionarios adjudicaron a Rothwell los contratos de adquisición de CITGO unos meses después de su fecha de registro. 

   "Rothwell se incluyó en los mismos paneles de licitación con otras empresas fantasma propiedad de Tulio Farías, Manuel Chinchilla De Silva, José Manuel González Testino, Roberto Rincón, Abraham Shiera, Ernesto Guevara y otros proveedores con fuertes vínculos con los directores de PDVSA y CITGO que han sido acusados de corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas por el gobierno de los Estados Unidos", sostuvo una fuente interna de la corporación que declaró bajo condición de anonimato.

 Durante 2014 y 2015, a Rothwell  Energy Services LLC, se adjudicó contratos de adquisición en CITGO por aproximadamente USD.900 mil dólares, de acuerdo a los récords de la corporación.

  Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

(1) enero de 2017: 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00, 

(2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones y 

(3) Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   Siguiendo instrucciones de los gerentes de adquisiciones, los paneles de licitación fueron armados por Alejandro Sabatino, Laymar Peña y Marcos Bermudez, todos ellos en calidad de "Agentes de Adquisiciones del Proyecto Especial de CITGO". 

 El esquema de manipulación de licitaciones a menudo incluía a los siguientes contratistas acusados de corrupción: Tradequip (Roberto Rincon), G&B Global (Ernesto Guevara y Charles Beech), Southern Procurement Services (Manuel Chinchilla), Yakima Trading Corporation (Samark López Bello), Stang Industrial Products (José Manuel González Testino), Rothwell Energy Services (Juan Carlos Hurtado Angarita) entre otros.

  Como era de esperarse, la adjudicación de contratos fraudulentos a las empresas de maletín de los mencionados corruptos, se ejecutaban con complicidad interna. Testimonios internos confirman que "los procesos de licitación [presuntamente] fraudulentos fueron manipulados y respaldados por los gerentes de adquisiciones de CITGO de la época, a saber: Glenn Hilman, José Luis Zambrano, Brian Paulson, Gustavo Cárdenas y Laymar Peña". 

  Para el tiempo en que se aprobaron los contratos fraudulentos en el Departamento Legal de CITO estaba un funcionario llamado, Gene Riccetti, mientras que Rick Esser, ejercía como Oficial de Cumplimiento; Jennifer Moos, era la Asistente del Oficial de Cumplimiento y Presidenta del Comité de Adquisiciones de CITGO. 

  De acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política los mencionados funcionarios presuntamente "colaboraron para facilitar la aprobación ilegal de contratos corruptos, malversación, fraude y lavado de dinero". 

   Un funcionario recalcó que CITGO "No realizó la debida diligencia detallada en el caso de Rothwell Energy para identificar y documentar a los beneficiarios finales finales y evaluar el estado financiero, comercial y legal de la entidad". 

   La fuente consultada sostiene que "Juan Carlos Hurtado Angarita es sobrino de Nelson Martínez, y a pesar que sabían que había un conflicto de intereses, el hecho fue ignorado y encubierto por los directores de CITGO". 

  Por su lado, Nelson Martínez [fallecido en 2018], Eulogio Del Pino y José Pereira[bajo arresto en Caracas] aprobaron los contratos definitivos.

  Desde febrero de 2017 hasta agosto de 2018, [tiempo que incluye en posiciones de servicio a los funcionarios (ex): Glenn Hilman, José Luis Zambrano y José Pereira], "CITGO aprobó USD 10.6 millones en pagos para sobrino de Nelson Martínez, Juan Carlos Hurtado Angarita, según los registros internos".

 Las fuentes consultadas sostiene que aunado al caso de Rothwell Energy, "Nelson Martínez, José Pereira y Glen Hilman [presuntamente] conspiraron para beneficiar a otras empresas fantasmas propiedad de personas corruptas con fuertes vínculos con el régimen de Maduro". 

  Las transferencias bancarias fueron realizadas a cuentas bancarias en Panamá, Suiza y los EE. UU. "Los pagos fueron [presuntamente] procesadas por Gina Coon, Tesorera de CITGO", acota la fuente.

La solicitud incómoda

  En el caso de Rothwell Energy Services LLC vs. CITGO, los abogados de Rothwell/Juan Hurtado están solicitando las declaraciones de Glenn Hilman y Gina Coon, que durante el 2017 y 2018 junto a Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, [presuntamente] ayudaron a facilitar la aprobación ilegal de los Contratos y el lavado de dinero proveniente de las transacciones ilícitas.

    Otra fuente destaca que a pesar de las denuncias de presunto fraude, corrupción y lavado de dinero de los funcionarios nombrados en que Gina Coon, Gene Ricetti, Rick Esser y Glenn Hilman [ahora consultor contratado] continúan como empleados y oficiales de CITGO bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá.

   Por su parte, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas continúan bajo arresto in Venezuela.

La demanda en el tribunal de Texas

  La demanda alega que CITGO incumplió y violó los términos de un contrato firmado entre las partes [en  tiempos de la presidencia de Martínez]. El tribunal fijó el inicio del proceso de juicio para el mes de septiembre de 2020.

 El demandante alega que CITGO también ha incumplido en coordinar las deposiciones de varios empleados, entre quienes se menciona a Rick Esser y Gina Coon. 

  Jennifer Moos y Alejandro Sabatino también tendrían que presentar su declaración jurada pero hasta ahora los testimonios pendientes son los de Esser y Coon.

  El caso en la corte del condado Harris

  El avance del caso de Rothwell se retrasó varios meses debido a que CITGO buscaba una orden de abatimiento debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


  De acuerdo a los documentos del caso, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos —dueños de empresas de maletín, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros— están involucrados en este caso que también es objeto de investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 El hecho presuntamente ocurrió durante la gestión del fallecido Nelson Martínez —cuando este se desempeñaba como CEO de CITGO— y contempló y aprobó un proyecto de USD 100 millones para la empresa demandante, Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar directo del finado ejecutivo. 

  CITGO niega los alegatos de Rothwell

  Los documentos presentados en la corte, muestran una comunicación enviada por CITGO, como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante, Rothwell Energy Services LLC.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones contenidas en la petición original de la demanda, de conformidad con las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  Asimismo, CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio que constituye la base de la demanda y las plantas de agua que el mismo involucra, indicándose que al terminarse cada una de dichas plantas, se procedería a ejecutar una factura de venta y cesión entre Rothwell y PDVSA. Esto no habría ocurrido.

  Del mismo modo, CITGO negó que le debiera dinero a Rothwell, no obstante, admitió que, si el Tribunal determina que se adeuda alguna cantidad, esto no será conforme a una cuenta jurada originalmente. 

  En el proceso, CITGO presentó e incorporó una declaración jurada de la persona que conoce bien el proceso de pagos y de contratos de la corporación, Brian Boudreaux, en apoyo de la denegación del reclamo del demandante. 

  CITGO argumenta que la deuda que se quiere cobrar Rothwell es ilegal, a la vez que alega que cualquier pago que CITGO haga a Rothwell en estos momentos, violaría las órdenes ejecutivas del gobierno de los EE. UU. números 13808 y 13850 que prohíbe transacciones con PDVSA y sus filiales por estar sancionadas.

  CITGO explica en la moción que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 28 de enero de 2019 a PDVSA, la empresa matriz indirecta de CITGO. Lo que significa que la propiedad de ambas empresas estatales venezolanas está bloqueada.

 "CITGO y Rothwell probablemente tengan prohibido realizar transacciones que involucren a PDVSA sin una licencia de la OFAC que autorice la transacción", dice la comunicación.

  Debido a que PDVSA es el usuario final previsto y el beneficiario de los sistemas de agua, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar ni aceptar bajo las sanciones de los EE. UU., puesto que la empresa estatal venezolana podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles, según la legislación estadounidense.

  Sostiene que la Orden Ejecutiva 13808 prohíbe cualquier transacción relacionada con la deuda de CITGO con vencimiento superior a 90 días, incluidas las facturas con antigüedad superior a dicho término, si PDVSA está involucrada. Como resultado, el pago de las facturas que se alegan en la demanda y la aceptación de dichos pagos sin la autorización del gobierno de los EE. UU. volvería a someter a CITGO y Rothwell a importantes sanciones civiles y penales de acuerdo a las leyes de los EE. UU.

  CITGO reitera que los pagos a Rothwell, en razón de las órdenes ejecutivas 13850 y 13808, no pueden hacerse puesto que el acuerdo establece que la demandante debe cumplir con todas las leyes, reglas, regulaciones, ordenanzas y requisitos de nacionales, estadales y locales, o de organismos reguladores sobre cualquier aspecto de la obra en Venezuela.

  También CITGO afirma que la disposición de fuerza mayor en el acuerdo le impide realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. estén vigentes.

  CITGO sostiene que ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del acuerdo, pero la demandante le ha entregado ningún estado de cuenta o recibo de que se hayan realizado compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  Igualmente, CITGO niega que Rothwell haya cumplido con todos los requisitos para que emitirle el pago de los montos que solicita el demandante.

  Por otra parte, CITGO asegura que Rothwell no ha certificado que se haya pagado a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo. Además, Rothwell no ha indicado que se hayan cumplido todos los criterios de prueba de rendimiento sobre el trabajo por el que solicita el pago, o que se haya proporcionado la documentación de rotación y cierre del proyecto.

  CITGO dice que el Acuerdo entre las partes prohíbe el lucro cesante o los daños emergentes solicitados por Rothwell fuera de los montos ya incluidos en los programas de compensación de las partes.

  Asimismo, CITGO exige un juicio con jurado y que el tribunal dicte sentencia y establezca que el demandante pague los costos del proceso judicial y otorgue al demandado todas las demás reparaciones a las que tiene derecho.

La declaración de Bourdeaux

  En la documentación del caso aparece una declaración jurada de Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior/Consultor Técnico, Inspecciones de Refinación, Generación de Energía y Turbinas de Gas, Instalaciones de Tratamiento de Agua-Agua Residual/Pulido BFW/RO/EDI UltraPure/SWROS para RECON Management Services, Inc.


  Esta última empresa se desempeña como agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS.

  Boudreaux afirma que fue empleado de CITGO durante más de tres décadas, más recientemente como Gerente de Proyectos de Capital.

  Sostiene que desde su puesto con Recon, trabajó en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de contrato de servicio de ósmosis inversa de agua salada para la construcción e implementación de las instalaciones de SWROS en Venezuela, que es el objeto de la demanda de Rothwell contra CITGO. PDVSA, como ya se apuntó, tiene interés final en las plantas desalinizadoras de SWROS.

  Afirma que le ha correspondido "negociar ciertas partes del Acuerdo relacionadas con el control de calidad y el pago" y aseguró que para que "CITGO pague una factura, los servicios y equipos brindados, y en general, el trabajo, se deben cumplir con varios criterios para que se emita el pago".

  Brian Boudreaux asegura que es "la persona encargada de hacer la revisión técnica de primera línea a las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía a CITGO para su pago". "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión temporal de la demanda

  El 24 de mayo de 2019, el juez Roberto Schaffer, del 152 Tribunal del Distrito Judicial, ordenó la suspensión temporal de la demanda hasta que se levantaran las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell solicite y reciba una licencia de la OFAC que permita que la demanda prosiga y pueda solicitar los pagos que reclama en esta demanda.

Trabajo conjunto

  Posteriormente, el demandante Rothwell Energy Services, LLC y la demandado CITGO, presentaron conjuntamente una moción pidiendo a la corte continuar el proceso y fijar la fecha del juicio.

  Rothwell manifestó que también intentó durante la pandemia de COVID-19 "trabajar conjuntamente de buena fe con el demandado en la etapa de descubrimiento del proceso judicial".

  La demandante, que considera necesario avanzar en el litigio, presentó ante el tribunal una moción para que se obligue a CITGO a responder de inmediato y que presente los documentos que mantiene retenidos.

  Rothwell envió a CITGO una carta el 14 de enero de 2020 solicitando un registro de privilegios modificado, solicitud que ha reiterado el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

   Entretanto, CITGO ha indicado en varias ocasiones que publicará un registro de privilegios enmendado. Esto lo prometió el 21 de enero, el 24 de enero, el febrero 27 y el 25 de marzo de 2020.

Las peticiones de Rothwell

  Rothwell pidió que CITGO que entregara las declaraciones de Gina Coon y Glenn Hilman, ambos ejecutivos de la corporación en la época del contrato.

  Incluso, en razón de la pandemia del Covid 19, el 18 de marzo de 2020, Rothwell le manifestó a CITGO su disposición a que las declaraciones de Coon y Hilman se hicieran de manera virtual. El 24 de marzo, CITGO respondió que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones, ni personal ni virtualmente, dada la incertidumbre de la pandemia. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  El intercambio de comunicaciones prosiguió para intentar llegar a un acuerdo, sin éxito.

  Rothwell acotó que "es fundamental programar las declaraciones de Coon y Hilman, así como de otros testigos de CITGO que son relevantes".

  En consecuencia, Rothwell pidió al Tribunal que le conceda la moción para exigir a CITGO que produzca de inmediato un registro de privilegios enmendado, todos los documentos que respondan a las solicitudes de producción, presente a Coon y a Hilman para la deposición y participe adecuadamente en todo el proceso de descubrimiento de la demanda.

  La respuesta de CITGO a la moción del demandante fue que Coon podría presentar la deposición el 9 o 10 de septiembre, mientras que Hilman lo haría el 22, 23 o 24 de septiembre. Estas fechas son el producto de los diversos compromisos profesionales y personales de los testigos y consejo.

  A la afirmación del demandante sobre la negación a comprometerse a participar en deposiciones más allá de las de Coon y Hilman, CITGO aseguró que ya ha proporcionado fechas para un tercer testigo que el demandante busca deponer y está listo para hacerlo bajo las Reglas de Procedimiento Civil de Texas.

   Igualmente, CITGO cree que su registro de privilegios original era adecuado, pero si debe complementarlo cumplirá con la solicitud del Demandante de modificar el registro para proporcionar información adicional también.

   CITGO pidió a la corte negar la moción del demandante en razón de que sus planteamientos son discutibles.

El tribunal aprobó moción de Rothwell y  ordenó lo siguiente:

1) CITGO producirá un registro de privilegios relacionado con todas las producciones de documentos dentro de los catorce (14) días.

2) CITGO se compromete a producir los documentos faltantes o los documentos complementarios en respuesta a las solicitudes anteriores de producción de Rothwell dentro de los catorce (14) días.

3) CITGO proporcionará fechas para las deposiciones de Glenn Hillman y Gina Coon dentro de una semana (7 días).

4) CITGO proporcionará fechas para testigos adicionales identificados por el Demandante dentro de los catorce (14) días posteriores a la identificación de los testigos por parte del Demandante.


Plantas desalinizadoras: una promesa que se volvió sal y agua

  El contrato alegado en la demanda de Rothwell contra CITGO tiene que ver con un anuncio hecho el septiembre de 2017 por Nicolás Maduro, de que a través PDVSA y el Ministerio de Ecosocialismo y Agua (Minea), comprarían e instalarían 116 plantas desalinizadoras para los estados Falcón, Nueva Esparta, Anzoátegui, Miranda, Vargas y Sucre, con el objeto de solucionar los problemas de acceso al agua potable en esas regiones.

  La inversión anunciada era de USD 206 millones y para diciembre de dicho 2017, las plantas debían estar instaladas, pero un año después, solo un estimado de 25 plantas estaban instaladas en seis de los estados anunciados y únicamente 10 efectivamente funcionaban.

  PDVSA informó que el proyecto estuvo a cargo de Ronald Theis, gerente de proyectos de la petrolera y CITGO, junto a Carlos Brett, director general de Políticas Públicas del Ministerio de Petróleo. Sobre Brett pesa una orden privativa de libertad emitida por el fiscal, Tarek William Saab, por su participación en una compra irregular de camiones cisternas para combustible. CITGO se vio involucrada en la compra y no Bariven, dado los problemas financieros que esta última presentaba.

  Una nota de El Pitazo refiere que según fuentes internas a CITGO dijeron que los responsables directos de la compra de las plantas serían Laimar Peña, supervisora de la empresa, con la aprobación de José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Especiales. En la compra no se habría incluido la oferta del único fabricante reconocido de plantas desalinizadoras que ofertó y, al declararse la adquisición como una emergencia, la compra se hizo sin supervisión y sin revisar la confiabilidad de los proveedores[1].

CITA

https://elpitazo.net/investigacion/plantas-desalinizadoras-una-promesa-se-volvio-sal-agua/

viernes, 31 de mayo de 2019

CITGO abre investigación sobre adquisiciones hechas durante el periodo en el cual se desarrolló esquema de corrupción operado por José Manuel González Testino

Por Maibort Petit
@maibortpetit

CITGO Petroleum Corporation abrió una investigación sobre las adquisiciones realizadas por esa corporación durante el periodo en el cual se ejecutó el esquema de corrupción operado por el contratista venezolano-americano, José Manuel González Testino, quien se declaró culpable de haber pagado sobornos a empleados de CITGO en Houston, a cambio de obtener jugosos contratos de servicios y logística para sus empresas ubicadas en territorio norteamericano.
La nueva junta directiva de CITGO expresó su profunda preocupación ante el anuncio hecho el miércoles de 29 de mayo de 2019 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se informó que José Manuel González Testino, propietario de varias empresas de servicios y logísticas ligadas al sector energético, se declaró culpable de haber participado en un esquema de corrupción y pago de sobornos a empleados de la filial de Petróleos de Venezuela en EE. UU. 

En una comunicación a la que tuvimos acceso, la presidenta de CITGO, Luisa Palacios y el vicepresidente Ejecutivo, Rick Esser, señalaron que los cargos imputados a González Testino "son bastante preocupantes". Informaron que "CITGO toma muy en serio todas las alegaciones sobre actividades ilegales e inapropiadas"

Se supo que a principios de este año, bajo la dirección de la nueva junta directiva, CITGO contrató un abogado externo  para realizar la investigación que incluye una revisión a fondo de las actividades de adquisición durante el periodo en que se produjeron los hechos por los cuales González Testino se declaró culpable. Siguiendo los resultados de dicha investigación, "la junta directiva de CITGO está totalmente comprometida a tomar todas las medidas correctivas apropiadas en respuesta a los hallazgos encontrados en dicha averiguación".
Palacios y Esser aseguran que "la nueva junta directiva de CITGO está enfocada en mejorar el gobierno corporativo, y continuar asegurando que nuestro trabajo cumpla con las mejores prácticas y continúe cumpliendo con los estándares más altos".

Señalan que la noticia sobre González Testino y la investigación en curso emprendida por CITGO no deben afectar sus funciones y responsabilidades diarias de los empleados de la corporación.

González Testino se declaró culpable de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y de su filial en Estados Unidos CITGO. González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba huir de los Estados Unidos para evitar ser procesado por los delitos que se le imputaron en la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston. Será sentenciado el 28 de agosto de 2019.






El acusado admitió que él y sus co-conspiradores pagaron al menos a cuatro funcionarios de CITGO en el grupo de Proyectos Especiales y le proporcionaron regalos y otras cosas de valor a un alto ejecutivo de CITGO. A cambio, González Testino admitió que los funcionarios de CITGO ayudaron a sus compañías a obtener contratos para nuevos negocios, proporcionaron información interna sobre el proceso de licitación de PDVSA, ayudaron a ocultar el hecho de que González Testino controlaba varias compañías en ciertos paneles de licitación para proyectos de PDVSA y ayudó a González Testino a recibir la prioridad de pago para varias facturas pendientes de PDVSA. González Testino también admitió que tenía un interés financiero o una autoridad signataria sobre varias cuentas bancarias extranjeras y no presentó un informe de cuenta bancaria extranjera, o "FBAR", en 2017.
Seguiremos informando....



miércoles, 15 de mayo de 2019

Incendio en la Refinería de CITGO Lemont genera pérdidas millonarias al patrimonio de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit 


El 23 de abril de este año, la refinería de CITGO Lemont, ubicada en las afueras de Chicago, fue escenario de un incendio que afectó el reactor del reformador catalítico norte, lo que causó graves daños materiales por de más de 2 millón de dólares. Las pérdidas millonarias de este incendio —considerado por el Instituto Americano del Petróleo API como Categoría (Tier) I  deberán ser absorbidas por CITGO ya que el accidente está en el rango del deducible del seguro de siniestro.
Imágenes del incendio ocurrido en la Refinería CITGO Lemont  en 2013 


La refinería de CITGO Lemont —con más de 92 años de operación y capacidad de refinación de 167 mil barriles por día— es conocida por múltiples incidentes catastróficos con pérdidas de vidas humanas, destrucción de activos e impacto al medio ambiente que han afectado su historia. Entre dichas catástrofes está la explosión e incendio del 23 de Julio del 1984, que causó la muerte de 17 trabajadores y cuantiosos daños materiales, cuando era propiedad de UNOCAL o Unión Oil Co. También está la explosión e incendio del 24 de octubre del 2013, que afectó la unidad de destilación al vacío y que detuvo las operaciones normales por cerca de 6 meses.
Son varias las causas inmediatas o raíces que han sido atribuidas a estos incidentes y otros accidentes con lesiones personales, pero el motivo constante a través de su larga historia está asociado a factores sistémicos y de su sistema de gestión. Estas fallas sistémicas persisten y fueron acentuadas durante la gestión del VP y gerente de la refinería Jim Cristman. Una fuente consultada en calidad de anonimato denunció que "el mencionado ejecutivo ha logrado con destreza manipular la información de accidentalidad de la refinería de Lemont, a tales extremos que ha conseguido que la planta de CITGO en Chicago haya recibido “premios” por actuación de seguridad". 
A la izquierda Jim Cristman, en el centro aArk Klein y a la derecha Glenn Hilman, altos ejecutivos  de CITGO
"Esto no es un secreto para los empleados de las otras refinerías de CITGO", agregó.

Otras fuentes consultadas en la refinería señalaron que el incendio de Lemont ha alarmado a gerentes y operadores en CITGO, "en especial porque Cristman, quien actualmente es consultor de CITGO, está normalizando las prácticas de operaciones y de seguridad al estilo de Lemont en todas las refinerías de CITGO". 

Denunciaron que "esta práctica la está aplicando a través del vicepresidente de Refinación, Art Klein y el Gerente General de HSSE Chris Newcomb, todos ex miembros del equipo de Lemont, con el apoyo de Glenn Hilman, VP de Servicios Compartidos, tal como se hacía durante la administración de presidentes chavistas-madurista en la industria. Los mencionados ejecutivos — sostienen — están tratando de normalizar aplicando las peores practicas al resto de CITGO".

Esta semana, CITGO está celebrando la Conferencia HSSE (Health, Safety, Security and Enviroment) en el Hotel Marriot Westchase Houston a donde acude todo el equipo gerencial y técnico de la corporación. El tema del incendio en la Refinería Lemont debería ser tratado en esa discusión.

La opinión general interna es que el liderazgo inexperto actual ha diezmado la actuación y el compromiso de seguridad que una vez existió en la corporación venezolana, señaló una de las fuentes consultadas para esta nota.

sábado, 20 de abril de 2019

Abogados de CITGO no convencieron al Juez para desestimar demanda millonaria de ex ejecutiva despedida por negarse aprobar pagos fraudulentos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los representantes de CITGO Petroleum Corporation no lograron convencer al juez de la corte del Distrito Judicial 215Th del condado de Harris, Texas, para que desestimara una demanda en contra de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos interpuesta por la exempleada de la refinadora, quien busca una compensación económica millonaria alegando que fue despedida luego de rechazar órdenes de sus superiores para cometer fraude.
La orden de la corte informa que fue denegada la petición hecha por los abogados de CITGO para desestimar el caso de Marisol Gómez, exvicepresidenta de Recursos Humanos de la refinadora venezolana bajo control de la administración del presidente interino, Juan Guaidó, por la decisión del gobierno de los Estados Unidos. 

La demandante alega que durante un período de sus servicios en CITGO, observó irregularidades cometidas por sus superiores, entre quienes menciona a el ex presidente de la filial, fallecido bajo la custodia del estado venezolano, Nelson Martínez en diciembre de 2018. 

Gómez habría reportado frecuentemente los malos manejos de Martínez, los cuales se concretaron con el visto bueno o sin oposición de varios funcionarios de CITGO — que actualmente forman parte de la nueva directiva de la filial estadounidense de la petrolera designada por el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó tras la decisión de los Estados Unidos de entregarle el control de la petrolera  y que para el período denunciado tenían cargos administrativo, entre ellos Rick Esser, Glenn Hilman y Gina Coon. 

Expone la demanda que por los llamados de alerta sobre las irregularidades, la asignación de Gómez en CITGO fue dada por terminada en marzo de 2017. Por su negativa aprobar las operaciones fraudulentas—argumenta— fue despedida sin que se le cancelaran los bonos de actuación, razón esta por la cual la exempleada acudió ante las instancias judiciales demandando a la corporación.

De acuerdo a las fuentes ligadas al caso, la admisión de esta demanda conlleva a posibles nuevas querellas legales y financieras contra CITGO, puesto que los muchos acreedores de la corporación seguirán tratando de arrebatar los activos de petrolera.

Si Marisol Gómez, logra demostrar que los ejecutivos de CITGO cometieron fraude y actos de corrupción en la empresa, podría obtener una compensación de varios millones de dólares.

En la demanda presentada por Gómez en febrero 2019, se alega que la mujer trabajó en la industria petrolera en Venezuela por 25 años y que luego fue transferida en 2014 a la sede de Houston de CITGO para ejercer como vicepresidente de Recursos Humanos.

En los documentos de la corte se alega que el exjefe de Gómez, Nelson Martínez, quien ejerció como presidente de CITGO, suscribió contratos fraudulentos con la empresa llamada GFC Consultores LLC.

En la demanda se destaca que la corporación de Florida, era propiedad del hijo de Nelson Martínez con uno de sus amigos que actúa como agente registrador. Dicha compañía habría sido supuestamente contratada para realizar servicios de relaciones públicas y recursos humanos para CITGO. Los documentos sostienen que la filial del Estado venezolano en Estado Unidos, presuntamente, pagó millones de dólares a GFC por gastos no vinculados a la corporación.

Los reportes dados por Gómez reseñan que existen facturas de pago de CITGO a GFC Consultores LLC por un orden de USD 6.1 millones, durante un período de tres años, incluidos USD 4.5 millones, pagados por PDV USA y USD 1.6 millones, pagados por CITGO entre octubre de 2014 y noviembre de 2017.

Según los documentos, los pagos incluyeron recibos de eventos, banquetes, obsequios, comidas y hasta reparaciones de las casas (residencias personales) de varios empleados que salían de las arcas de PDVSA y de CITGO.

Entre los argumentos expuestos en la demanda se destaca el hecho que Gómez, supuestamente se opuso a la ejecución de esos pagos que estaban previamente autorizados por Martínez, quien era el CEO de la corporación.

Las operaciones irregulares también habrían sido autorizadas por el expresidente de la filial, José Pereira, y por el exvicepresidente, Gustavo Cárdenas, quienes se encuentran arrestados en Caracas desde noviembre de 2017.

Por medio de esta demanda Gómez pretende obtener una compensación millonaria.



martes, 16 de abril de 2019

CITGO sigue siendo el centro de disputa entre Crystallex y la república de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation sigue su curso en un tribunal de los Estados Unidos, donde la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano pelean para evitar que las acciones de la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), sea subastada para pagar las deudas adquiridas por Venezuela a raíz de las expropiaciones hechas por el fallecido expresidente, Hugo Chávez. 
Este lunes, en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de los Estados Unidos en Filadelfia, se escucharon los argumentos legales de los abogados de la minera canadiense que busca cobrar USD 1.400 millones del premio adeudado por Venezuela a raíz del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de 2016.

Los abogados de Crystallex siguen dispuestos a ponerle la mano a CITGO. Aunque el camino ya se había adelantado con la decisión del juez de la Corte de Delaware de agosto de 2018, que acordó que los activos de PDVSA en los Estados Unidos, a saber, CITGO, podrían usarse para satisfacer las deudas de Venezuela con Crystallex. No obstante, a finales de 2018, Venezuela logró un acuerdo con Crystallex, cuyos términos se mantienen en secreto, y para lo cual pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. 

En febrero de 2019, CITGO pasó a manos de la administración de Guaidó, quien nombró una nueva junta directiva que asumió el poder de la filial y hasta logró un nuevo endeudamiento por USD 1.2 mil millones para ayudar a sus operaciones diarias.

En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que el gobierno "interino" de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, pudiese intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela. 

Los representantes de Guaidó están tratando de preservar CITGO que ahora está en su poder, para evitar a toda costa que Crystallex y otros acreedores recorten los activos extranjeros del país por deudas contraídas con el gobierno presidido por Nicolás Maduro y por su antecesor Hugo Chávez. 


Los abogados designados por Guaidó para el caso que se encuentra en la corte de apelaciones de Filadelfia, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no toman en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

Los representantes legales de Guaidó sostienen que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos.

La administración de Donald Trump otorgó a Juan Guaidó el control de CITGO tras su reconocimiento como única autoridad legítima de Venezuela, luego que se desconocieran los resultados de las elecciones del 20 de mayo de 2018, calificadas como fraudulentas donde Nicolás Maduro dijo haber ganado por una amplia mayoría. Guaidó fue reconocido por más de 50 países.

La nueva junta directiva de CITGO presidida por Luisa Palacios asumió el control de la filial en febrero de 2019. 

De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales ha hecho que CITGO sea vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

La deuda del estado venezolano con los dueños de los bonos de PDVSA 2020 tienen como garantía las acciones de CITGO. Los pagos de esos instrumentos se vencen el 27 de abril de 2019. 


sábado, 10 de noviembre de 2018

Designan a militar sin experiencia en la vicepresidencia de finanzas de Citgo en Houston

Sin que nada en su hoja de vida respalde su nombramiento en tal alto cargo, Nepmar Jesús Escalona Enríquez, pasó a sustituir a un empleado de carrera en la petrolera.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Petróleos de Venezuela S.A. designó como nuevo vicepresidente de Citgo Petroleum Corporation, en los Estados Unidos, a un militar retirado venezolano, quien posee una empresa de alimentos en Miami domiciliada en una mansión en Aventura. El ex oficial no posee experiencia alguna en la industria petrolera. Se trata de Nepmar Jesús Escalona Enríquez, quien fue gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira y es un hombre cercano al actual presidente de PDVSA, Manuel Quevedo. El militar reemplaza a Justino Salazar, quien ocupó ese despacho desde julio de 2018 tras la cancelación de la visa de Calixto Ortega Sánchez por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La gerencia de Citgo anunció que Salazar será reemplazado pronto por Escalona Enríquez, un exmilitar venezolano que actualmente vive en Miami, Florida, y quien posee el estatus de residente en los EE. UU.

El vicepresidente saliente

Justino Salazar —funcionario saliente— llegó al alto cargo para reemplazar a Calixto Ortega Sánchez, quien tuvo que dejar la posición que ostentaba como vicepresidente Financiero de Citgo en Houston, Texas, al serle revocada la visa de trabajo patrocinada por la filial de PDVSA en Estados Unidos en razón de haberla diligenciado con documentación obtenida irregularmente y sin que se cumplieran los requisitos exigidos por el Departamento de Estado norteamericano para obtener este tipo de visado[1].

Salazar fue nombrado vicepresidente de finanzas en julio de 2018., tiene 36 años de experiencia en la industria y entre los cargos que ha ocupado destacan haber sido Tesorero Corporativo en Citgo. Salazar empezó en INTEVEP, S.A., el ente encargado de la investigación en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Fue nombrado Gerente Financiero para la Refinería de Puerto La Cruz en Anzoátegui, Venezuela en 2003; y en 2008 se convirtió en Gerente General de Financiamiento Nacional. En 2013, Justino Salazar fue nombrado Director Ejecutivo de Finanzas de PDVSA y, un año después, se le designado como Director Ejecutivo de Tesorería de PDVSA. Desde la industria petrolera saltó al Ministerio del Poder Popular del Petróleo y Minería de Venezuela. Es licenciado en economía egresado de la Universidad del Zulia y es un hombre cercano al expresidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, quien se encuentra supuestamente preso por delitos de corrupción.

¿Quién es Nepmar Jesús Escalona Enríquez?

Nepmar Jesús Escalona Enríquez nació en 4 de noviembre de 1976, es titular de la Cédula de Identidad N° V-12.810.946, se le ubica en la parroquia Guatire, municipio Zamora, estado Miranda[2]. Tiene 42 años.

No tiene cuenta individual asociada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS.

Ejerce su derecho al sufragio en la Escuela Básica Bolivariana Eleazar Beracierto, parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, estado Carabobo.

Se graduó en la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (EFOFAC) en la promoción de 1998. Sus récords dicen que trabajó en el Puerto de Maracaibo en 2009 e, igualmente, se desempeñó como gerente de la Aduana Principal de San Cristóbal, estado Táchira.

Una fuente consultada bajo compromiso de anonimato, asegura que Escalona Enríquez goza de la confianza del presidente de la petrolera estatal venezolana, Manuel Quevedo y del actual presidente de Citgo, Asdrúbal Chávez. Y, al parecer, fueron esas relaciones de amistad las que privaron a la hora de decidir su nombramiento en un cargo de tanta envergadura. Y es que, como puede apreciarse en su hoja de vida, Nepmar Jesús Escalona Enríquez no posee experiencia en petróleo ni en gas.  la formación requerida, ni las habilidades que exige el manejo de las finanzas de Citgo. 

Luego de haber gerenciado la aduana más importante de San Cristóbal, Nepmar Escalona Enríquez se convirtió en empresario en Estados Unidos. Junto a su esposa, Blanca Carolina Díaz de Escalona, ha conformado empresas en el estado de la Florida. Actualmente, mantiene activa la corporación ACCA Foods LLC, bajo el número de registro L15000098133 y el número de FeiEin 47-4216902. El agente registrador fue Piedra & Company CPA PA (9100 SOUTH Dadeland BLVD, STE 912, Miami, FL 33156)[3].

ACCA Foods LLC es una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida tiene la dirección de la residencia de Escalante Enríquez, 19963 NE 37 Avenue, Aventura, Florida 33180. Fue fundada el 4 de junio de 2015 y funciona en la misma dirección de residencia ofrecida por Esacalona Enríquez al momento de registrar la empresa, a saber, en el Country Club de Aventura al norte del Condado de Miami Dade[4].

Propietario de vivienda

El nombre de Escalona Enríquez y el de su esposa, aparece ligado a una propiedad comprada en 2014 y vendida en 2018 con un sobreprecio de más de USD 500 mil en la ciudad de Aventura, en el estado de la Florida.

La propiedad está valorada en USD 1.173.859,00 y se encuentra ubicada en 19963 NE 37 Avenue, Florida 33180.

Al revisar los récords públicos de la propiedad de Nepmar Escalona se encuentran los siguientes datos.

1) El militar venezolano compró la lujosa residencia el 18 de marzo de 2014, según consta en el documento BK 29077, página 2797. El título a nombre de Nepmar Escalona y su mujer, Blanca Carolina Díaz de Escalona, se registró el 21 de marzo de 2014. El precio de compra fue por USD 1.345.000,00, a pesar que el valor del mercado en ese momento era de USD 953.452,00.


2) El 18 de abril de 2018 la propiedad fue vendida a una corporación llamada MAS Florida Holdings m LLC. De acuerdo a los registros, el traspaso de la propiedad ubicada en 19963 NE 37 TH Av. Aventura Florida 33180 quedó asentado en el documento BK 30950 Página 2275. El vendedor es Nepmar Escalona y el comprador Emilio Suaya y Yael Suaya, a través de la mencionada empresa. El monto de la venta fue USD 1.950.000,00



Llama la atención que cuando se revisan los récords de tasación del estado de la Florida de la ciudad aparecen los siguientes precios de mercado para esa misma propiedad  los siguientes referentes:

1) 2014: USD 953.452,00. (La propiedad fue comprada con sobreprecio por USD 1.345.000,00, se pagaron USD 391.548,00 de más)

2) 2015: Subió el valor del mercado a USD 1.266.162,00.

3) 2016: Subió más USD 1.432.355,00

4) 2017: Bajó a USD 1.427.171,00

5) 2018: Bajó a USD 1.421.934,00. A pesar de que el valor del mercado de la propiedad se encontraba en ese monto, la casa fue supuestamente vendida con un sobreprecio de USD 528.066,00. Mas extrañó aun es que en los mismos documentos aparece que la propiedad como tal está valorada en USD 1.173.859,00.







Compran otra residencial por USD 850.000,00


Nepmar Escalona y su mujer Blanca Carolina Díaz compraron una casa el 13 de julio de 2018 por USD 850.000,00 ubicada en la siguiente dirección: 3425 Emerson Ln Ft. Lauderdale, FL 33312. Según el titulo de propiedad, el vendedor de esta propiedad fue  MG3 West Hollywood LLC.


Otra empresa registrada por la pareja

Nepmar Escalona y su esposa Blanca Carolina Díaz también constituyeron una empresa llama 1A International E & D LLC bajo en número de registro del estado de la Florida #L18000045666. Fue inscrita el 20 de febrero de 2018 y se disolvió voluntariamente el 16 de mayo de 2018. La dirección que aparece es la misma de residencia, 19963 NE 37 th Avenue, Aventura, Florida 33180. El agente registrador es el escritorio jurídico Vargas, Piedra and Co.CPAS P.A y la dirección es 9100 South Dadeland Boulevard, suite 912, Miami Florida. Dicen los documentos que la razón de la disolución es la siguiente: "Se formó para sacar un préstamo pero el préstamo fue cancelado".

La empresa que compró la propiedad con sobreprecio

Esta es la empresa compradora de la vivienda en la cual todavía funciona la empresa ACCA FOODS LLC y viven los Escalona Díaz. 

Mas Florida Holdingsm LLC. es empresa que aparece como la nueva propietaria de la propiedad. La corporación pagó USD 1.950.000,00 (2018) por una propiedad valorada en el mercado en USD 1.421.934,00



MAS Florida Hondingsm LLC se formó el 13 de marzo de 2018 registrada bajo el número L18000091457, tiene como domicilio 19963 NE 37TH Ave. Aventura, FL 33180, fue registrada por Cuevas, García & Torres, P.A. 7300 North Kendall Drive, STE 680, Miami, FL 33156 y como manager aparece Marcos Amiga Smeke 19963 NE 37Th Ave, Aventura, FL 33180. 5 días después de fundada la corporación se compró la residencia con un sobreprecio de más de USD 528.066,00.
Esta residencia paga impuestos anuales por un monto aproximado de USD 22.861,00 (2015), posee 8.415 pies cuadrados/0.19 acres. Cada acre está valorado en USD 120.321 por acre. Los récords públicos dicen que la propiedad del nuevo vicepresidente de Citgo tiene 3.204 pies cuadrados, 5 habitaciones, 4 baños y una hermosa piscina.

En una página web encontramos que el nuevo dueño de la propiedad es un ciudadano mexicano no posee tarjetas de créditos de los Estados Unidos.



Preocupados

A los empleados de Citgo les preocupa que, como CEO, esta persona pueda involucrar a la filial de PDVSA en transacciones fraudulentas.

De acuerdo con la información recibida por fuentes de Caracas, Nepmar Escalona tiene fuertes lazos con el general Manuel Quevedo —como ya hemos apuntado— y con Nicolás Maduro, al tiempo que mantiene acuerdos comerciales de los Estados Unidos con funcionarios del gobierno de Venezuela, constituyéndose en persona clave para Manuel Quevedo debido a que es residente legal de los E.E. U.U. y puede moverse libremente por la nación norteamericana y Venezuela.

Algunos casos en los que aparece mencionado el militar

En fecha 16 de junio de 2006, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), por decisión del juez ponente Mike Andrews Omar Parada Amaya, decidió el sobreseimiento de la causa sobre el caso cuyo expediente está identificado con el número SP11-P-2006-001976. El dictamen versó sobre los hechos ocurridos el 2 de abril de 2003, cuando el Cabo Segundo (GN), Elvis Santana García, adscrito al Punto de Control fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, retuvo a W.R.C., venezolanos titular de la C.I. V-12.233.807, de profesión chofer, en la urbanización El Topón, Capacho Estado Táchira, en cuyo vehículo fue encontrada una cantidad de maquinaria de coser y equipos.

Nepmar Jesús Escalona Enríquez figura en varios de los documentos analizados por el tribunal, entre ellos el Acta de Retención de Mercancía Nº 067, de fecha 2 de abril de 2003, suscrita por él y por el Cabo Segundo (GN) Elvis Santa García. También aparece firmando el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-0314 de fecha 2 de abril del 2003, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del estado Táchira.

Luego de analizados los documentos, los hechos y de acuerdo a la investigación realizada, el juez estimó que era presumible la comisión del delito de Contrabando previsto y sancionado en el Artículo 2 de la Ley contra el delito de Contrabando. Negó la solicitud  del fiscal en cuento a la parte de declinar la competencia ante la Oficina Aduanera de la Jurisdicción del Municipio Bolívar del Estado Táchira, y en su lugar remitió copia certificada de las actuaciones realizadas al ente correspondiente a fines de que ordenen lo conducente. La mercancía quedó a disposición del tribunal[5].

Asimismo, 9 de Noviembre de 2006, Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), a cargo del juez Mike Andrews Omar Parada Amaya, luego de analizar las diligencias practicadas por el Fiscal Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, respecto al caso del expediente identificado con el número SP11-P-2006-002379 decidió a favor de la solicitud de sobreseimiento de la causa que corría contra Julio M.M., titular de la C.I. N° V-12.145.377, de profesión chofer, en la Calle 6, Casa 13, La Concordia, San Cristóbal, Estado Táchira.

El dictamen del juez fue sobre los hechos ocurridos el 28 de junio de 2002, cuando Julio M.M fue detenido por el funcionario Cabo Segundo (GN), S.O.A., adscrito al Punto de Control Fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, en cuyo vehículo transportaba 105 monederos de semicuero de su propiedad.

Nepmar Jesús Escalona Enríquez aparece suscribiendo el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-1373, de fecha 28 de Junio de 2002, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.

El juez consideró luego de analizar los hechos, los documentos y los resultados de las averiguaciones que era presumible la comisión del delito de Contrabando, previsto y sancionado en el Artículo 2 de la Ley contra el delito de Contrabando. Sin embargo, por lo establecido en los artículos 5 y 6 de la misma ley y al no superar la mercancía las 500 unidades tributarias, se acordó ejecutar lo establecido en las normas y se determinó que la oficina aduanera de la jurisdicción se encargara de la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondieran. Se remitió copia certificada de las actuaciones al ente correspondiente a fines de que ordenen lo conducente. La mercancía quedó a la orden del tribunal.

Del mismo modo, el 9 de Noviembre de 2006, el Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira, a cargo del juez Mike Andrews Omar Parada Amaya, igualmente decidió el Sobreseimiento De La Causa del caso del expediente identificado con el número SP11-P-2006-002410, referido al caso contra F.V., titular de la C.I. N° V-16.989.170, venezolano de por naturalización, natural de Cali Colombia, comerciante.

El caso tenía que ver con los hechos ocurrido el 5 de julio de 2002, cuando el citado ciudadano fue retenido por el funcionario G/NAL (GN) C.P.P., adscrito al Punto de Control Fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, con veinticinco bases de nevera propiedad de Edmundo Chiquillos Astrosa, C.I. N° V-8.189.486.

Nepmar Jesús Escalona Enríquez suscribió el Acta de Retención de Mercancía Nº 394, de fecha 5 de julio de 2002.

También firmó el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-1390, de fecha 5 de julio de 2002, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.

El juez presumió la comisión del delito de Contrabando y por no superar el valor de la mercancía las 500 unidades tributarias, remitió el caso a la Oficina Aduanera de la Jurisdicción para que aplicara procedimientos administrativos de rigor. Remitió copia certificada de las  actuaciones al ente correspondiente para que ordenaran lo conducente. La mercancía quedó a la orden del tribunal[6].

Citas:

[1] Venezuela Política. “Gobierno de E.E. U.U. negó reingresó a ejecutivos de CITGO a territorio norteamericano”. 31 de mayo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/search?q=Calixto+Ortega

[2] Dateas. Escalona Enríquez, Nepmar Jesús. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/escalona-enriquez-nepmar-jesus-9529514    

[3] Sunbiz. Dvision of Corporations. ACCA Foods LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ACCAFOODS%20L150000981330&aggregateId=flal-l15000098133-a35f7ec6-c102-4df3-a330-584629c045a1&searchTerm=ACCA%20Foods%20LLC&listNameOrder=ACCAFOODS%20L150000981330

[4] Google. 19963 NE 37th Ave Aventura, FL 33180 EE. UU. https://www.google.com/maps/place/19963+NE+37th+Ave,+Aventura,+FL+33180,+EE.+UU./@25.9607944,-80.1297357,21z/data=!4m5!3m4!1s0x88d9aced08a6ad0d:0x38862cd09a900058!8m2!3d25.9608419!4d-80.1296208

[5] V lex Venezuela. Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 16 de Junio de 2006. https://vlexvenezuela.com/vid/fiscalia-octava-imputado-wiliam-ramirez-309609190

[6] Vlex Venezuela. Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 14 de Agosto de 2006. https://vlexvenezuela.com/vid/acusado-freddy-varela-8-carlos-useche-309577690