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martes, 19 de noviembre de 2019

Representantes de Guaidó y tenedores de bonos acuerda ampliar cronograma del litigio de los Bonos PDVSA 2020 en tribunal de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La jueza estadounidense Katherine Polk Failla aceptó el acuerdo de indulgencia que se logró entre los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó y los titulares de los bonos PDVSA 2020 para que el cronograma del proceso de descubrimiento y las mociones del caso sean presentadas en el marco de los próximos seis meses.

  Los abogados de los demandados, Glas America y MUFG Union Bank habían pedido al tribunal que interviniera para que los demandantes aceptarán ampliar el calendario que originalmente los representantes de Guaidó habían fijado para desarrollarse en dos meses.

  La querella interpuesta por Petróleos de Venezuela y PDV Holding exige a la corte que declarare la emisión de los bonos PDVSA 2020 nulos e ilegales por no haber sido aprobados por la Asamblea Nacional, lo cual según los demandantes los hace inconstitucionales.

 Las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de las notas que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., reaccionaron en contra y descalificaron los argumentos de los demandantes al señalar que los instrumentos financieros fueron emitidos bajo las leyes del estado de Nueva York.

El acuerdo entre las partes permitió que se aprobara el siguiente cronograma que fue dado a conocer por la corte.


    Las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC informaron al tribunal la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio y aclararon que estaban en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó (quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento), ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostuvieron que dos meses  no eran suficientes para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. 

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 

   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

El acuerdo entre las partes ahora le da a la oposición más tiempo para buscar una estrategia que le permita salvar a CITGO que está comprometida como garantía de las notas.

martes, 12 de noviembre de 2019

Tenedores de bonos PDVSA 2020 aseguran que la Asamblea Nacional de Venezuela reconoció validez de las notas cuando pagó los intereses en abril de 2019

   La demanda de los representantes de Juan Guaidó ante un tribunal de  NY para que declare la nulidad e ilegalidad de las polémicos instrumentos financieros es considerada por los acusados como un argumento irrelevante porque hay hechos relevantes que prueban todo lo contrario.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Los titulares de los Bonos PDVSA 2020 afirmaron —en una comunicación dirigida a la Corte del Distrito Sur de Nueva York —que los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó no pueden argumentar que las notas son ilegales y nulas porque "ellos mismos fueron quienes reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de esos instrumentos financieros, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019". 
   La querella interpuesta por los representantes del presidente de la Asamblea Nacional en la cual solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York declarar los bonos PDVSA nulos e ilegales ha generado una abierta oposición por parte de las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de los bonos PDVSA 2020 que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., el activo más grande del Estado venezolano en el exterior.

    En una comunicación —enviada al jueza Katherine Polk Failla por los abogados de las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC— se informa la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio pero aclaran que están en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento, ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostienen que no son suficientes dos meses para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. Los representantes de Guaidó pidieron declarar nulos e inválidos los referidos instrumentos financieros.

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 


   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

    Los abogados sostienen que los demandantes buscan impedir que los acusados hagan cumplir cualquiera de los derechos de los Titulares de Bonos, incluyendo sus derechos bajo el Acuerdo de Compromiso que aseguró las Notas 2020, al argumentar que los bonos 2020 deben declararse ilegales, nulas e inválidos ab initio "según la ley venezolana aplicable".

   Aseguran que "es muy poco probable que los demandantes tengan los méritos para sus reclamos y que no podrían demostrar que tienen derecho a una orden judicial preliminar".

La legalidad de los Bonos 2020

     La defensa argumenta que la legalidad de las Notas 2020 se basa en en la Ley Sustantiva de Nueva York y no en la ley venezolana, por lo cual el argumento de los representantes de Guaidó de apelar a la ilegalidad bajo las leyes de Venezuela es irrelevante.
   Manifiestan que la negociación de las notas 2020 fue construida en base a un acuerdo gobernado por las leyes del estado de Nueva York, sin ninguna disposición de conflicto de otras leyes, exceptuando la sección 5-1401 de la Ley General de Obligaciones Generales  de NY.

  Afirman que "los contratos que rigen las notas 2020 son exclusivos del estado de Nueva York y tiene conexiones con las leyes de los Estados Unidos y dichos bonos están denominados en dólares estadounidenses, fueron comercializados en EE. UU. y garantizados por una prenda de acciones otorgadas por PDV Holding que es una sociedad registrada en Delaware".

   Las acciones que aseguran las Notas 2020 son acciones de CITGO Holding, una corporación de Delaware que es la empresa matriz de CITGO registrada también de Delaware con sede en Texas y con operaciones en muchos estados, incluyendo Nueva York. Todos los pagos de intereses y el capital principal de las Notas 2020 debe hacerse ante un Agente en Nueva York.

  Asimismo, señalan que "el Contrato y el Acuerdo de Compromiso  incluyeron representaciones expresas de PDVSA y de los otros entes demandantes que comprobaron que las Notas 2020 y los otros documentos de transacción fueron debidamente autorizados y representaban obligaciones válidas de los ahora demandantes".

Los demandantes reconocieron la validez de los bonos

  La defensa afirma que los representes de Juan Guaidó reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de las Notas 2020, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019 (que ciertos miembros del gobierno venezolano alineados con Guaidó declararon que se estaba haciendo "bajo protesta").

   En el documento entregado a la corte, los abogados de los titulares de los bonos sostienen que las acusaciones de los representantes de Guaidó de que las Notas 2020 y la promesa asociada a las mismas fueron impropias bajo La ley venezolana, ya que no cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela pero "este argumento  es contrario a la coherencia práctica histórica y actual", acotan. 

A nuestro entender, PDVSA ha incurrido reiteradamente en deudas a lo largo de muchos años sin buscar u obtener la aprobación de la Asamblea Nacional, incluso, al emitir las notas anteriores con vencimiento en 2017 por las cuales se intercambiaron las Notas 2020. También entendemos que Las subsidiarias de PDVSA tienen activos comprometidos de manera similar (incluidos los activos de CITGO) sin dicha aprobación.

  Argumentan que no se debe permitir que los demandantes impidan a los acusados ​​obtener un descubrimiento sobre estos y otros asuntos relevantes. 

  Explica que los representantes de Guaidó ​​no creen que el descubrimiento para el juicio deba ser extenso y que debe basarse exclusivamente en la información que actualmente tienen disponible. No obstante, los acusados ​​creen que el descubrimiento debe ser apropiado sobre, entre otros temas: 

(a) las circunstancias del intercambio de Notas de 2016
(b) las emisiones anteriores de deuda y otras transacciones por PDVSA, incluidas las promesas de activos de CITGO y las acciones de sus empresas madres, y si al entrar en esas transacciones los demandantes buscaron o recibieron Aprobación de la Asamblea Nacional; y, 
(c) conexiones entre los Bonos 2020 y las transacciones de intercambio en Nueva York (u otras jurisdicciones de EE. UU.). 

  "Creemos que este descubrimiento puede completarse (asumiendo una cooperación razonable y de buena fe por todas las partes) dentro de aproximadamente tres meses", añaden.

   La defensa considera que con un cronograma de seis meses para el descubrimiento de hechos, exposiciones de expertos y argumentos sobre mociones de juicio sumario, "el litigio no estaría completado para el 22 de enero de 2020", que es la fecha de vigencia de la Licencia General 5A emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde se protege las acciones de CITGO. 

  Manifiestan su rechazo a la decisión de los demandantes de retrasar el inicio de la querella hasta finales de octubre de 2019 —después de que ya se había producido un impago predeterminado de aproximadamente $ 913.5 millones—porque los demandantes no pueden afirmar que fue sólo ahora se dieron cuenta de sus afirmaciones.

  En este punto traen a colación que los demandantes, han alegado que han estado al tanto de sus reclamos por años. De hecho —advierten "el mismo asesor de la administración de Juan Guaidó admitió que los querellantes decidieron no iniciar un litigio cuando PDVSA realizó el pago de intereses más reciente en abril 2019 porque creían que era una ventaja esperar".
Tweet del Dr. Ricardo Hausman(15 de octubre de 2019, 8:13 a.m.)

   Los abogados de los titulares de los bonos afirman que "las limitaciones de tiempo impuestas por la decisión de los demandantes de esperar para llevar este caso hasta finales de octubre, no puede justificar la privación de los acusados ​​de una oportunidad plena y justa para litigar la querella".

   En este caso, Petróleos de Venezuela S.A y PDVSA Petróleos S.A están representados por los abogados James Robert Bliss, James B. Worthington y Kurt Wayne Hansson; PDV Holding Inc. por Jeffrey B. Korn y Tariq Mundiya.

  Los representantes legales de los acusados son: Luke Sobota, Kimberly Larkin, Jonathan H. Hurwitz y Walter Rieman. 

martes, 22 de octubre de 2019

Ex-Gerente Comercial de Asuntos Jurídicos demanda a CITGO por "discriminación por origen nacional"

La mujer, quien es actualmente la Gerente de Servicios Legales y de Asuntos Públicos Chevron Phillips Chemical Company aspira una compensación superior a los 25 mil dólares.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La ex-Gerente Comercial de Asuntos Jurídicos de CITGO Petroleum Corporation demandó a la filial de PDVSA en Estados Unidos y a otras individuos por discriminación de origen nacional, acoso y represalias. El caso fue interpuesto en la Corte del Estado de Texas en el Condado de Harris el 1 de octubre de 2019.


La ex-gerente, Natasha Y. Williams demandó a otras personas  marcadas con la siglas DOES-1-100, que representa marcadores de posición para individuos y/o empresas que pueden estar incluidos en una querella pero que aún no han sido identificados.  El uso de "1-100" en un caso particular significa que hay hasta 100 partes adicionales (acusados ficticios) en la acción legal que aún no se conocen.


Williams —quien trabajó en CITGO por 11 años y 6 meses, y ocupó la Gerencia Comercial de Asuntos Jurídicos desde julio de 2013 hasta enero de 2019 —sostiene en la demanda que no está al tanto de los verdaderos nombres de los acusados y de la capacidad que tenían esas personas y entidades de negocios, vinculadas al acusado[CITGO] por lo que solicita a la corte que inserte los verdaderos nombres de tales entes en la acción legal.

  La querella civil acusa que Williams fue víctima de discriminación por Origen Nacional por parte de sus superiores venezolanos en CITGO, y que el trato discriminatorio violó su derecho a tener las mismas oportunidades de empleo que cualquier otra persona independiente de su nacionalidad. 

     La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, tal su sigla en inglés) hace cumplir la prohibición de discriminar por origen nacional en el empleo conforme al Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El Título VII se aplica a patronos con 15 o más empleados.

     La discriminación por origen nacional significa tratar a alguien de manera menos favorable porque él o ella provienen de un lugar en particular, por su grupo étnico o acento o porque se cree que tienen antecedentes étnicos particulares. 

   Williams alega que cuando estaba trabajando el CITGO fue tratada de manera discriminatoria y en un ambiente hostil por su superior, Judi Colbert quien seguía direcciones del Departamento de Asuntos Legales de CITGO, dependiente de la Vicepresidencia Asuntos Legales,  que ocupada el ciudadano venezolano, Alejandro Escarrá para el momento de la alegación presentada en corte.
   Explica la demanda que en el primer trimestre de 2015, Williams proveyó soporte y guía a la Gerente de Asuntos Paralegal y Consejera, Yolly Francis Castellano, quien es venezolana que actuaba como nueva supervisora del departamento.
   Sostiene Williams que su caso fue documentado en un Reporte Anual EDP de 2015 hasta 2018, hasta que la acusada se retiró de CITGO en enero de 2019.

    Entre los argumentos que se exponen en la demanda se señala que Williams no era tomada en cuenta de manera igualitaria para los trabajos de equipo; que el trabajo no se distribuía de manera equitativa entre los empleados;  que fue relegada de las tareas que debía cumplir por ser responsabilidad de su posición; de haber sido trasladada a una oficina sin ventanas entre otros alegatos por el hecho de no ser venezolana.

  La demandante sostiene que fue tratada diferente a sus compañeros de trabajo venezolanos, y que Judi Colbert le daba tratamiento preferencial para a los trabajadores provenientes de Venezuela para ganar prebendas con su jefe que también era venezolano. Este tipo de conductas ocurrió repetidamente desde 2015 a 2018, según los documentos de la corte.

  En la demanda aparece mencionadas otras empleadas de la Corporación, tales como: Liliana Torres, Jose De Jongh, Pavlova Brizuela, Sherry Kalas, entre otros.

   En las alegaciones se señala que Liliana Torres, prestaba ayuda administrativa al VP de Asuntos Legales, Edoardo Orsoni, era tratada diferente por ser venezolana.

   La demanda sostiene que los acusados y los empleados la discriminaron por su condición racial lo cual viola la ley y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1963.

   Las acciones de los empleados acusados fueron expuestas en diferentes ocasiones y como resultados de la discriminación la demandante sufrió serios daños y heridas por lo cual aspira a una compensación por un monto que excede los USD 25 mil.

     Hasta el momento CITGO no ha emitido comentarios sobre esta querella.









martes, 27 de febrero de 2018

Acuerdo entre Citgo y Apollo/Frontier corrobora que no hubo financiación: Aquí los términos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una serie de evidencias muestran que la causa por la cual están siendo procesados en Venezuela seis directivos de CITGO no existe, puesto que la negociación de la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los Estados Unidos nunca concretó el acuerdo de refinanciamiento de su deuda global con las firmas Apollo y Frontier, y tampoco se hicieron desembolsos de ningún tipo ya que el contrato no se ejecutó.


Para corroborar lo informado hasta ahora, presentamos los términos de los acuerdos suscritos el 10 de julio de 2017 entre CITGO Petroelum Corporation y CITGO Holding, por un lado y, Frontier Management Group Ltd. y Apollo Management Holdings, L.P., por el otro, en los cuales no se hace referencia alguna a condiciones de refinanciamiento de la deuda de la filial de Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos, por la cual el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, imputó a seis directivos la subsidiaria, señalándolos de haber firmado un contrato de condiciones leoninas para la república.
En el referido acuerdo sólo se hace referencia a las cláusulas de confidencialidad que deben regir entre las partes, la forma de pagos de los honorarios que deberían ser cancelados a futuro, reembolsos por gastos contraídos y la circunscripción judicial y las normas que regirán en el acuerdo.

Hasta la fecha, el fiscal Saab no ha hecho mención tampoco a la responsabilidad que la junta directiva de PDVSA tendría en el asunto, toda vez que fue ella la que finalmente le habría dado el visto bueno a la negociación que nunca se concretó.

De todas maneras, como lo hemos referido en entregas anteriores, en razón a las sanciones dictadas por el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y PDVSA y sus empresas filiales, las negociaciones con las firmas Apollo y Frontier quedaron en suspenso.

La empresa venezolana solicitó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) que autorizara el refinanciamiento de su deuda, pero hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte de la administración de Donald Trump.

Lo firmado

Con base a la decisión adoptada en la reunión de la junta directiva de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, N° 2017-17, de fecha 14 de junio de 2017, en la que se autorizó la firma de un acuerdo para empezar las negociaciones de la Propuesta Alternativa Privada de Reestructuración de la Deuda CITGO y CITGO Holding, presentada por las firmas Apollo Global Management LLC, con sede en Nueva York, y Frontier Management Group Ltd., ubicada en Dubai, atendiendo a los parámetros propuestos y aprobados previamente que establecen que cualquier negociación deberá ser presentados a la directiva de la estatal petrolera venezolana para su aprobación, se procedió a firmar un acuerdo  el 10 de julio de 2017 sobre la base de la hoja de términos preliminares no vinculantes, preparada el 29 de junio de 2017.

Veamos los detalles de dicho acuerdo

Se definen en primer términos quiénes son las partes que suscriben, estando por un lado, Frontier Management Group Limited, empresa constituida bajo las leyes de los Emiratos Árabes Unidos, EAU, con domicilio social en Burj Daman, Nivel 15, P.O. Box 507005, DIFC, Dubái, EAU; y por el otro CITGO Petroleum Corporation y CITGO Holding, Inc., corporaciones de Delaware, a las cuales se referirán como el Grupo CITGO.

Confidencialidad

Se establece un pacto de confidencialidad mutua entre las partes, bajo el cual estas se comprometen a no divulgar los términos de la transacción que se encuentran negociando. De este modo, queda prohibido dar a conocer información relacionada a cada uno de los suscritores del acuerdo sus negocios, operaciones, activos, pasivos o condición financiera, así como sobre sus filiales. Igualmente las fuentes de financiación potenciales, sus directores, funcionarios, empleados, agentes, asesores u otros representantes tales como contadores, asesores legales, consultores, banqueros y asesores financieros. Esta prohibición comprende la difusión por medios electrónicos, de manera oral o mediante inspección de objetivos tangibles.

Tampoco podrá darse a conocer cualquier información sobre la transacción, lo cual incluye la existencia y los términos del contrato y la negociación; las discusiones y negociaciones sobre la transacción y el estado de esas discusiones y negociaciones; y cualesquiera documentos definitivos presentados por cualquiera de las partes con respecto a la transacción; y cualquier información o análisis derivado de otra información confidencial.
Se advierte que por información confidencial no se tendrá ninguna información que sea o se haga pública y esté disponible públicamente y que no sea el resultado de una infracción por parte de una de las partes; o  en el caso de información comercial que ya se conociera al momento de establecer el acuerdo.

Las partes tampoco utilizarán la información confidencial de la otra parte excepto cuando sea razonablemente necesario en relación con la evaluación y negociación de la transacción. Tampoco se divulgará ni total ni en parte la información confidencial de la otra parte, salvo lo permitido en el acuerdo. No se copiará ni resumirá la información comercial confidencial de la otra parte, excepto cuando sea necesario en relación con la evaluación, negociación y ejecución de la transacción.

Cada parte adoptará las normas que garanticen y protejan la confidencialidad de la información y sólo la divulgará cuando sea absolutamente necesario y de acuerdo a los términos del acuerdo dando a conocer a los representantes de la otra parte cualquier divulgación que haya hecho. Frontier se responsabiliza de cualquier incumplimiento de las disposiciones del acuerdo por cualquiera de sus representantes, pudiéndose entablar cualquier procedimiento en caso de incumplimiento únicamente contra la citada empresa y no contra ninguno de los directores, funcionarios, empleados, socios o miembros.

Para evitar dudas, Frontier acuerda que no divulgará ninguna información confidencial revelada a él o sus representantes por parte de CITGO a Apollo, a menos que esta última haya firmado y entregado, para el beneficio de CITGO un acuerdo de no divulgación en términos sustancialmente similares al firmado por Frontier.

Una de las partes podrá divulgar información confidencial en la medida en que la ley así lo exija, o sea esta información solicitada por cualquier autoridad reguladora gubernamental o de otro tipo, así como algún tribunal u otra autoridad jurisdiccional competente. Así será siempre que esté penado por la ley aplicable y la parte que haga la revelación actué dando aviso de esta divulgación tanto como le sea posible.

Además, una parte podrá, sin previo aviso a la otra parte, divulgar la información confidencial de la transacción a las agencias de calificación crediticia, según se requiera, para cumplir las obligaciones contractuales de información con los acreedores y otras contrapartes. Todos los costos de cualquier divulgación obligada serán asumidos por la parte divulgadora.

Se establece que toda la información confidencial se proporciona "tal cual" y sin que cada parte ofrezca ninguna garantía, expresa, explícita o de otro tipo, con respecto a su exactitud o integridad.

Igualmente, el acuerdo contempla que todos los documentos y otros objetos tangibles que contengan o representen información comercial confidencial, así como todas las copias de los mismos que estén en posesión o bajo el control de una de las partes, deberán devolverse tan pronto como sea posible al otro o deberán ser destruidas a solicitud escrita de la parte reveladora. No obstante lo anterior, la parte receptora y sus representantes pueden conservar copias de archivo de cualquier información confidencial para propósitos legales y de cumplimiento o para cumplir con una política de retención de registros de buena fe.

Nada de lo contemplado en el acuerdo tiene la intención de otorgar ningún derecho a ninguna parte con respecto a propiedad intelectual de ningún tipo, incluyendo, sin limitación, cualquier patente o derecho de autor (o el equivalente bajo cualquier ley o jurisdicción) de la otra parte. El acuerdo tampoco derecho en o a la Información confidencial de la otra parte, salvo lo expresamente establecido en el acuerdo mismo.

Queda estipulado que las obligaciones relacionadas con la Información confidencial de cada parte en virtud del acuerdo, continuarán vigentes hasta un año después de la fecha de la firma del acuerdo.

Frontier reconoce que es consciente de que las leyes de valores de Estados Unidos prohíben a cualquier persona que tenga información material no pública relativa a un emisor de valores, comprar o vender valores confiando en dicha información o de comunicar dicha información a cualquier otra persona o entidad bajo circunstancias en las cuales, es razonablemente previsible que tal persona o entidad pueda comprar o vender tales valores en base a dicha información.

La exclusividad

A partir del 15 de julio de 2017, CITGO otorgará a Frontier un período de exclusividad de ocho semanas. Dicho período comienza a regir a las 00:01 GMT del 15 de julio de 2017 y se extiende hasta las 00:01 GMT del 15 de septiembre de 2017. Recordemos que el acuerdo nunca se concretó.

Durante este tiempo, Citgo ni sus representantes no solicitarán ni directa ni indirectamente, ni alentarán la iniciación o presentación de cualquier expresión de interés, consulta, propuesta u oferta de cualquier persona (que no sea el destinatario) o cualquier subsidiaria del receptor) relacionada o en conexión con una posible transacción o cualquier otra transacción que impediría o inhibiría una negociación entre las partes.

Tampoco participará en cualquier discusión o negociación o celebrará acuerdos o proporcionará cualquier información no pública a cualquier persona relacionada o en conexión con una posible transacción o cualquier otra transacción que excluiría o inhibiría una transacción entre las partes.

Se indica que nada en el acuerdo impedirá que Citgo o cualquiera de sus filiales enfrente cualquier revelación o anuncio requerido en relación con la transacción después de la ejecución de documentos definitivos por la ley aplicable o cualquier autoridad reguladora competente o para cumplir obligaciones contractuales de informes para los acreedores y otras contrapartes, y no se divulgará ni dará a conocer tal información en interés de ningún tercero.

No obstante estas disposiciones, las partes acuerdan que se reunirán y conferenciarán (en persona o por teléfono) de buena fe semanalmente para considerar el estado de la transacción, las perspectivas de lograr el cierre y la financiación, el período de tiempo esperado para lograrlo y acordarán una extensión del período de exclusividad a medida que las partes trabajen para cerrar la transacción. Esto, siempre que CITGO no tenga la obligación de extender el período de exclusividad más allá del 15 de octubre de 2017.

De los honorarios

Ya sea que la transacción se consuma o no, CITGO reembolsará todas las tarifas y gastos razonables y documentados, lo cual (incluida la asesoría legal, financiera, contable y de viaje, y tales honorarios y gastos de terceros acordados con anticipación, de Frontier y Apollo en los que hayan incurrido en razón de diligencias, negociación y documentación de la transacción. Si los gastos de viaje se incurren para otros fines comerciales, Frontier o Apollo los distribuirán de forma equitativa. Solo en caso de que la Transacción se cierre y sea financiada, CITGO reembolsará a Frontier y Apollo por cualquier asesor financiero potencial relacionado con la debida diligencia, estructuración y ejecución de la transacción que se deducirá de los ingresos de la misma.

En tal sentido, Fronlier presentará las facturas conforme se incurran y CITGO pagará al proveedor de servicios correspondiente tan pronto como sea posible y en cualquier caso dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la recepción de cada factura.

Además, dentro de los tres (3) días hábiles a partir de la fecha del presente y una vez que Frontier presente la factura correspondiente, CITGO depositará a los asesores legales de Frontier la cantidad de cien miles de dólares (USD 100.000) como retenedores para el pago de los honorarios y gastos legales de Frontier y Apollo que pueden requerir reposición cada cierto tiempo. En el caso de que no se utilice ningún monto del retenedor en la conclusión o el vencimiento de la Transacción, se devolverá puntualmente a CITGO.

Citgo reconoce su obligación solidaria respecto a todos los gastos reembolsables a Frontier y/o Apollo relacionados con honorarios.

Otros aspectos

El acuerdo no obliga a las partes a proceder con cualquier transacción entre ellos, siendo que cada uno se reserva el derecho, a su entera discreción, de terminar cualquier discusión en torno a la transacción.

Cada parte acuerda que cualquier violación o amenaza de violación del acuerdo puede causar un daño irreparable a la otra parte y/o que los daños no puedan ser remediados adecuadamente.

El acuerdo y cualquier disputa o reclamo que surja se regirán por las leyes del estado de Nueva York aplicables a los acuerdos que se realizarán íntegramente en dicho estado. Cualquier disputa, controversia o reclamo entre las partes que surja en relación con el acuerdo serán resueltas de manera exclusiva y definitiva conforme a las Reglas de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio por tres árbitros designados de conformidad con dichas reglas. La sede del arbitraje será París, Francia, y el idioma será inglés. Las partes tendrán derecho a solicitar la reparación equitativa no monetaria por vía judicial en cualquier tribunal de jurisdicción competente en caso de incumplimiento o amenaza de incumplimiento del acuerdo.

Este documento contiene el acuerdo completo entre las partes y ninguna tendrá ninguna obligación, expresa o implícita por ley, con respecto al secreto comercial o información de propiedad de la otra parte, excepto lo establecido en el acuerdo. Cualquier falla en hacer cumplir cualquier disposición del mismo no constituirá una renuncia del mismo o de cualquier otra disposición. El acuerdo no podrá ser enmendado ni se puede renunciar a ninguna obligación, excepto mediante un escrito firmado por las Partes.

En los mismos términos del documento suscrito con Frontier, CITGO Petroleum Corporation y CITGO Holding INC., firmó un acuerdo con Apollo Management Holdings, L.P.