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lunes, 16 de mayo de 2022

Justicia de EE. UU. : El caso del exalcalde de Guanta, Jhonnatan Marín está relacionado con el empresario corrupto, Carlos Enrique Urbano Fermín (CUFERCA)

   El socio del ex-gobernante municipal fue arrestado en Miami, y en el marco de su proceso, se declaró culpable y 'delató' a los que operaron un esquema de corrupción que esquilmó millones de dólares en contratos fraudulentos de PDVSA, cuyos fondos se lavaron en el sistema financiero de EE. UU.: Marín fue una pieza clave en el proceso de blanqueo de capitales.  

Por Maibort Petit

 El caso del exalcalde del Municipio Guanta del estado Anzoátegui, Jhonnatan Marín Sanguino —acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción y lavado de dinero — está relacionado con uno de sus socios, Carlos Enrique Urbano Fermín dueño de la Constructora Cuferca C.A., que está siendo procesado por blanqueo de capitales y se declaró culpable ante un juez de Miami, de acuerdo a un memorando de los fiscales federales ingresado en el registro de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Según documentos del tribunal, el caso penal de Marín Sanguino tiene directa relación con el expediente de Carlos Enrique Urbano Fermín. "La Información en la Causa Penal que imputa a Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino con lavado de dinero y cohecho por corrupción venezolana en relación con la adjudicación de contratos de las subsidiarias de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA", dice la comunicación. 

   El caso penal de Marín Sanguino alega que el ex-funcionario recibió sobornos y/o ganancias de sobornos de dos co-conspiradores (Co-Conspirador 1 y Co-Conspirador 2). Co-Conspirador 2 es Carlos Enrique Urbano Fermín quien fue igualmente imputado por lavado de dinero y soborno relacionado con la corrupción venezolana relacionada, en parte, con la adjudicación de contratos por subsidiarias de PDVSA.

  La fiscalía anunció que el caso criminal de Marín Sanguino será transferido al juez Robert Scola. 

  La magistrada Lisette M. Reid que atendió la primera comparecencia de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino ante el tribunal estadounidense ordenó que la lectura de cargos contra el acusado se realizará el 23 de mayo de 2022 en la división de Miami ante el magistrado de turno.

El expediente

  En abril de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una acusación federal aprobada por el Gran Jurado que describe las actividades criminales de este sujeto que también fue acusado por los órganos contralores del régimen venezolano por delitos de corrupción. El exfuncionario utilizó su posición política, su poder y contactos para enriquecerse a costa de dineros públicos perteneciente a los venezolanos.

   En 2019, el Contralor General del régimen de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso acusó a Marín de cometer "ilícitas irregularidades que dañaron el patrimonio público" y anunció un procedimiento administrativo en su contra[1] pese que, hasta entonces, se había movido como una importante ficha del oficialismo en el oriente de Venezuela.  La acusación de la Contraloría venezolana no significa que se busque la transparencia en el manejo de los fondos públicos sino que las mafias que operan en el país no distribuyeron los dividendos logrados en los esquemas de corrupción o excluyeron a otros jerarcas de la revolución.

Su huída de Venezuela

  Marín Sanguino renunció a la Alcaldía de Guanta ante los señalamientos de corrupción y posibles acciones denunciadas en su contra. Logró huir de Venezuela a Miami donde vivió con grandes comodidades en un lujoso edificio residencial de Brickell. Posteriormente, el acusado pasó un tiempo en México. En abril de 2022 se entregó a las autoridades de la Florida para enfrentar las acusaciones en su contra. El ex-alcalde contrató para su defensa, a uno de los más experimentados abogados del gobierno estadounidense que tras su renuncia al Departamento de Justicia, pasó a ejercer en un despacho privado.

La acusación del régimen

   En Venezuela, desde el 4 de febrero de 2019 pesaba sobre Marín Sanguino una orden de aprehensión emitida por un tribunal penal del área metropolitana de Caracas. En dicha instancia judicial se le señalaba de la comisión de los delitos de peculado doloso impropio y asociación para delinquir. Igualmente, desde este juzgado se giraron medidas de incautación de bienes y propiedades, así como de bloqueo de cuentas[2]. 

   El contralor también lo inhabilitó desde el 5 de junio de 2020 para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años[6].

   Marín Sanguino, a través de empresas de maletín con cuentas en los Estados Unidos intentó disfrazar la naturaleza de los fondos irregulares obtenidos a partir de la suscripción de contratos con filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, a saber, Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A., a cambio de sobornos.

  La acusación que cursa en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida omite el nombre de los socios de Marín Sanguino —solamente los identifica como co-conspiradores 1 y 2, así como ex funcionarios venezolanos 1 y 2— y uno de ellos está bajo custodia de las autoridades.  Este lunes se conoció que el co-conspirador 2 es Carlos Enrique Urbano Fermín.

  Marín Sanguino fue señalado en Venezuela de operar “negocios” corruptos con los hermanos Urbano Fermín, propietarios del Grupo Urbano Fermín integrado por un conjunto de empresas de las cuales destaca la Constructora Urbano Fermín, C.A. (Cuferca) a cuyo cargo estuvieron infinidad de obras en el oriente venezolano, especialmente en el estado Anzoátegui durante el mandato del ahora acusado.

  A esta empresa, Jhonnathan Marín Sanguino les entregó una serie de obras, entre ellas, la “construcción de obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio Guanta (…); remoción y pintura, impermeabilización de techos y tanques en el Conjunto residencial Los Cocalitos (…) remoción y Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Inicial y Gimnasio Adriana Carmona (…); demolición y construcción de Puentes de la Av. Arizaleta Guanta (…)”

  Cuferca también recibió contratos para desarrollar proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco que han estado caracterizados por irregularidades[6].

  Jhonnathan Marín con sus denominadas "empresas de producción social" de la Alcaldía de Guanta constituyó una red a través de la cual derivó los “contratos de construcción de obras hacia sus compañías de maletín o las de sus allegados, una de ellas la Constructora Urbano Fermín C.A., Cuferca, de Carlos Esteban Urbano Fermín, privado de libertad a por el Tribunal 6° de Control del circuito judicial penal del estado Anzoátegui a solicitud del Ministerio Público, por su vinculación con el presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, ocurrido entre los años 2010 y 2016. Urbano Fermín figuraba como gerente general de Cuferca y era accionista de diversas compañías contratistas de PDVSA”[7].

  Los negocios irregulares entre Cuferca y Jhonnathan Marín resultaron tan evidentes que hasta el portal oficialista Aporrea denunció que durante unos allanamientos ocurridos en febrero y marzo de 2017, relacionados con una investigación por la adquisición de monoboyas, se encontraron “contratos adjudicados por Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, empresas mixtas de la Faja, a las compañías de la esposa del alcalde”.

  Igualmente, los nexos de Marín Sanguino con el exjefe de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, son ampliamente denunciados en Venezuela. De acuerdo a los registros de prensa, Marín protagonizó un conjunto de supuestas irregularidades que, igualmente, quedaron evidenciadas con unos documentos obtenidos en un allanamiento realizado en la vivienda de un primo de Pedro León en la urbanización Guaraguao, perteneciente a PDVSA.

 Los documentos, en manos de los funcionarios del régimen venezolano, determinan que un grupo de empresas que habían sido del alcalde Marín, [y que hoy se encuentran a nombre de su esposa, Esneidy Mayerling Villanueva Medina], entre las que se encuentra la Cooperativa Simón Bolívar Hacia el Futuro, habrían sido utilizadas para lograr contratos públicos de manera irregular.

   La prensa local reveló que al ser allanada la sede de esta supuesta cooperativa se localizaron evidencias que daban cuenta de la estrecha relación personal del alcalde y su esposa con el exdirector de la FPO, así como la existencia de negocios entre ellos. 

  Existen otros documentos bajo escrutinio que relacionan las empresas de la pareja Marín-Villanueva con empresas del grupo Cuferca, que incluyen cuentas de gastos de la constructora y registros de importaciones a su nombre con la actuación de la compañía Group Services & Transporte VIP, presidida por Esneidy Villanueva”, según reveló Aporrea[8].

  Carlos Enrique Urbano Fermín es procesado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde es acusado de Conspiración para cometer lavado de dinero. El acusado de declaró culpable ante un juez en Miami y acordó colaborar con la justicia.

Referencias

[1] Runrun.es. “Elvis Amoroso ordenó investigar a Ramón Muchacho y Jhonnathan Marín”. 25 de septiembre de 2019. https://runrun.es/noticias/389300/elvis-amoroso-ordeno-investigar-a-ramon-muchacho-y-jhonnathan-marin/

[2] El Nacional. “Jhonnathan Marín renunció a la Alcaldía de Guanta”. 21 de noviembre de 2017. https://www.elnacional.com/venezuela/politica/jhonnathan-marin-renuncio-alcaldia-guanta_212367/

[3] Twitter. Jhonnathan Marín. @jhonnathanmarin. https://twitter.com/jhonnathanmarin/status/1176991821676929026?cxt=HHwWhIC_qe30wdUgAAAA

[4] Al Navío. “Jhonnathan Marín, el político que buscan en Venezuela por corrupción y hace negocios en México (+video)”. 1 de noviembre de 2021. https://alnavio.es/jhonnathan-marin-el-politico-que-buscan-en-venezuela-por-corrupcion-y-hace-negocios-en-mexico-video/

[5] Tal Cual. “Régimen inhabilitó a los exalcaldes Ramón Muchacho y Jhonnathan Marín por 15 años”. 5 de junio de 2020. https://talcualdigital.com/regimen-inhabilito-a-los-exalcaldes-ramon-muchacho-y-jhonnathan-marin-por-15-anos/

[6] Venezuela Política. “Guerra entre fiscales saca a la luz escándalos en la asignación fraudulenta de contratos de la Faja Petrolífera del Orinoco”. 28 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/09/guerra-entre-fiscales-saca-la-luz.html

[7] Venezuela Política. “PDVSA oriente: Centro donde se gestan decenas de negocios fraudulentos”. 21 de julio de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/10/pdvsa-oriente-centro-donde-se-gestan.html

[8] Aporrea. “Conozca el esquema y los actores del Desfalco de la Faja del Orinoco”. 15 de septiembre de 2017. https://www.aporrea.org/contraloria/n314558.html


 

jueves, 20 de febrero de 2020

Corrupción: Denuncian al presidente de CVG Internacional C.A por vender (en $) las cajas de alimentos de los empleados en el mercado local

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  Una nueva denuncia, con una variedad de soportes, señala que Jonathan Adolfo Ardila Sanabria mantiene la práctica corrupta de vender las cajas de alimentos designadas por la Corporación Venezuela de Guayana a los empleados de CVG Internacional, C.A.  en dólares en el mercado local.
  Los denunciantes señalan que las cajas no llegan al personal, y que las mismas son vendidas, casi semanalmente, en moneda americana.  
   
   Jonathan Adolfo Ardila Sanabria despacha desde Caracas (no desde Puerto Ordaz), Torre Las Mercedes, Piso 4, Chuao. Asiste su grupo de empleados que le colabora para hacer las ventas irregulares de las cajas de alimentos de empleados.

   El personal de CVG Internacional, C.A. está trabajando una vez a la semana por la falta de operaciones.

   En una de las evidencias que acompaña la denuncia hay una comunicación, fechada el 18 de febrero de 2020, en Ciudad Guayana, del vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Lino Jairo Mora Gómez quien informa a Jonathan Adolfo Ardilla que el 19 de febrero de 2020 podrá retirar del inventario de cajas de alimentos de la CVG, que se encuentra en las instalaciones de CVG-Ferrominera del Orinoco, 54 cajas de incentivo productivo, con la finalidad de distribuirlas a los trabajadores (as) de Ciudad Guayana que efectivamente tiene una asistencia a sus puestos de trabajo mayor al 75% y cumplen sus labores diarias.
  Jonathan Adolfo Ardila Sanabria, C.I. 14.267.987, alias "El Pana Jonny", fue designado como Presidente de la CVG Internacional, C.A. mediante la Resolución Nº 027 de fecha 23 de agosto de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.471 de fecha 30 de agosto de 2018(1).

  La denuncia contra Ardila Sanabria no es nueva, este tipo de prácticas se vienen realizando en ese despacho desde marzo de 2019. 
   
  Los denunciantes señalan que la justicia (selectiva) no abre las investigaciones correspondientes contra los actos de corrupción cometidos por Ardila Sanabria porque el funcionario del gobierno tiene una amistad muy cercana con el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.

  A Ardila Sanabria también se le acusa de ostentar un título universitario falso. Se hace llamar abogado sin que su título haya sido acreditado, hasta ahora, por ninguna institución del país.

En Madrid, España


   Ardila Sanabria también es el presidente de la CVG Internacional Filial Europea SL, que se mantiene activa en estos momentos en Madrid, España bajo el registro N-B85080729. Esta empresa estatal venezolana se encarga del comercio de productos diversos. Su SIC es 5084  que equivale al rubro de maquinaria y equipo industrial.

     Las denuncias señalan que Ardila Sanabria realiza operaciones ilegales a través de la CVG Internacional Filial Europea SL, sin que hasta ahora haya sido investigado ni puesto en el radar de las autoridades internacionales.

  De acuerdo al anuncio 11103 del 14 de enero 2020, la empresa CVG Internacional Filial Europea SL tuvo una modificación estatutaria, organización y de la administración de la sociedad y nuevos nombramientos. La persona que aparece como administrador único de la empresa es Ardila Sanabria Jonathan Adolfo y hubo la dimisión o cese de Santander De Ramírez Mayra Alejandra.

  El domición de la CVG Internacional Filial Europea SL fue cambiado en enero 14 de 2020 a la siguiente dirección: Avenida de España 17, Centro Comercial Dulce Vita 2, Alcobendas (2) 

    Según los récords de empresas de España, CVG Internacional Filial Europea SL cuenta con entre 10 y 49 empleados y con una facturación anual de entre 10 y 50 millones de euros (3).


La empresa está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. En total tiene 77 cargos registrales. Su último anuncio en Borme ha sido publicado el 14/01/2020 y su último depósito de cuentas anuales ordinarias es del año 2017 (4).

Entre las personas que aparecen vinculada a la empresa destacan las siguientes: 

  • Jorge Luis Rodríguez Osorio (Secretario) desde 2009 hasta 2020.
  • Baker Tilly Fabregas Mercade Satorra SLP (Auditor) desde 2018 hasta 2020.
  • Alejandro Suárez Sergent desde 2010-2020
  • María Isabel Heredia González desde 2014-2020
  • Elsa Coromoto De Gouveia Ribeiro 2010-2020
  • María Angelica  Oropeza Barrios 2018-2020
  • Enrique Manuel Castells Yesiar 2020-01-14


Citas
1) https://pandectasdigital.blogspot.com/2018/09/resolucion-mediante-la-cual-se-designa_89.html
2) https://librebor.me/borme/anuncio/2020/11103/
3) https://www.infoempresa.com/es-es/es/empresa/cvg-internacional-filial-europea-sl
4) https://librebor.me/borme/empresa/cvg-internacional-filial-europea/

jueves, 5 de diciembre de 2019

Comisión de Contraloría de la AN dio "cartas de buena conducta" a Alejandro Ceballos Jiménez

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional entregó cartas que exoneran a Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, cabeza principal del Grupo 7C C.A. y otras empresas, de supuestos hechos de corrupción denunciados en el ente parlamentario por  los diputados  Richard Arteaga y Conrado Pérez. Ceballos Jiménez aparece mencionado en varios casos de corrupción y lavado de dinero, incluyendo, el informe del Banco Central de Curazao y San Martín relacionado con la intervención del Banco del Orinoco, N.V, propiedad del banquero Víctor Vargas.
Alejandro Ceballos Jiménez es señalado de haber participado en diversos casos de corrupción, incluyendo una trama de lavado de dinero con empresas vinculadas al expresidente fallecido, Néstor Kirchner, su viuda, Cristina Fernández, Diego Marynberg en el Banco del Orinoco N.V. , propiedad del banquero Víctor Vargas, intervenido por las autoridades de Curazao por violación de normas de Lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
La investigación de la Comisión de Contraloría

  Hace un año — específicamente el 2 de diciembre de 2018 se produjo una declaración del diputado de Primero Justicia, Richard Arteaga, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde anunciaba que se había abierto una investigación sobre la venta de unos terrenos en Barcelona, estado Anzoátegui, donde habría supuestas irregularidades.

   Arteaga es uno de los 12 diputados que aparecen involucrados en la trama de corrupción vinculada al empresario colombiano, Alex Saab, y a su asociado, Carlos Lizcano. Los parlamentarios entregaron a Saab su socio unas misivas donde se establece que fueron exonerados de las investigaciones supuestamente realizadas por los parlamentarios. Las cartas de buena conducta son utilizadas por sus portadores como escudo protector ante las denuncias y acusaciones judiciales en su contra. El escándalo llevó a que el presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, anunciará la intervención de la Comisión de Contraloría y la separación temporal de sus cargos de los parlamentarios involucrados. Ver detalles aquí.


Ceballos Jiménez pasó de acusado a exonerado



   El parlamentario explicó que este caso “es un entramado de corrupción” en el que empresarios, en complicidad con el ex alcalde  de Barcelona, Guillermo Martínez y una la representación de la empresa Kamacuto, adquirieron terrenos del ejido municipal “a precios de regalía para comerciarlos en  250.000 dólares por hectárea, y que en su totalidad se calculan 3.000 hectáreas vendidas”.

  Arteaga declaró que la Comisión de Contraloría llamó a comparecer al empresario Alejandro Ceballos “para que explique sus vínculos con la firma Kamacuto, así como para aclarar alianzas de la empresa Inversiones Alfamaq, propiedad de un familiar de Ceballos, con el empresario Franklin Durán, vinculado con Antonini Wilson y Gold Reserved”.

  El parlamentario dijo que Ceballos Jiménez ya tenía un expediente por presuntas irregularidades en sectores económicos de la CVG, relacionado con la empresa Grupo 7C, responsable del saneamiento del río Guaire, por 430 millones de dólares, en la gestión de Jacqueline Farías.

    A principios de 2019, se informó que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), continuaba con las investigaciones de corrupción que afectan a instituciones del país, entre ellas la que forma parte del caso que se ha identificado como "Acapulco Venezolano". 

    El 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una comunicación a la empresa Grupo 7C, C.A. donde se informa que ese ente parlamentario inició una investigación sobre la empresa KAMACUTO, C.A. en virtud de los señalamientos hechos por el diputado Richard Arteaga donde se presume irregularidades administrativas en la concesión de terrenos ejidos municipales para la ejecución de un complejo recreacional del Caribe denominado "La Gran Barcelona". En la misma se señala al Grupo 7C. C.A como acreedora de los terrenos, y careciendo de evidencias reales que permitan demostrar la veracidad de los señalamientos. Por ello se determinó la IMPROCEDENCIA del caso y se decidió no continuar con la investigación al respecto.

   El mismo 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría envió una carta firmada por el diputado Freddy Superlano en la cual se informa a Alejandro Ceballos, presidente de la empresa Grupo 7C, C.A., que "sobre la investigación sobre presupuestas irregularidades administrativas cometidas en el extravío de 500 millones de dólares destinados para potenciar las plataformas de las Empresas Básicas de Aluminio y para ventas a futuro de aluminio, por parte del ciudadano Rodolfo Sanz, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y ex ministro de Industrias Básicas y Minería y por la ciudadana Lina Marcano, ex gerente de administración y finanzas de la (CVG), en la misma se pudo establecer una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión. Por tales motivos, se determinó la  IMPROCEDENCIA  del caso, y a su vez vez, hemos decidido que tanto su persona como su empresa, nada tiene que ver con la investigación que se lleva respecto al caso". 

  El 13 de mayo de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, emitió otra carta donde se le informa a Ceballos Jiménez que "la investigación realizada sobre el Saneamiento del Río Guaire, una obra adelantada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente por un monto de 430 mil dólares". Al respecto señaló que ese ente parlamentario "no pudo establecer, una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión y por tanto se determinó la IMPROCEDENCIA del caso, y se decidió que tanto Ceballos Jiménez como  la empresa Grupo 7C, C.A. nada tienen que ver con el caso señalado". 
El caso de los 500 millones de $ de la CVG

    Una denuncia consignada el 29 de abril de 2010, ante el Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Ciudad Guayana, interpuesta por el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana de Aluminio (SUTRAPUVAL), Manuel F. Díaz señala que  Alejandro Ceballos participó en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano. En esta denuncia también se menciona al bolichicho (señalado del gigantesco caso de corrupción en el sector eléctrico de Venezuela),  Leopoldo Alejandro Betancourt López.


  Los compradores a futuro transfirieron los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax… Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de éste, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”, señala la denuncia.

Una nota del portal Principas24.com hace referencia a que supuestamente la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), aprobó el día 19 de junio un acuerdo en donde solicitan la cooperación de organismos internacionales, y parlamentos  de otros países para que conllevara a la detención y enjuiciamiento de los ciudadanos  Rodolfo Sanz, Joel Orta Moros, Jorge Rojas Montero, Carlos Morán y Alejandro Ceballos por daños causados al patrimonio público y otras actividades contrarias al orden público, entre ellas: Peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y  legitimación de capitales, entre otros.
   El dueño del Portal, Carlos Herrera aparece entre las personas mencionadas en el reportaje del Armando.info que destapó la crisis  e intervención de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ver detalles aquí.

   Conrado Pérez pidió enjuiciar a Alejandro Ceballos y repatriar los capitales robados.

  Pérez declaró que la Asamblea Nacional "solicitó la congelación de las cuentas bancarias de los mismos, así como títulos, valores e inversiones que mantengan los ciudadanos y la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad" del caso. 

 El diputado dijo que "el Parlamento venezolano autorizó a esta Comisión para que hiciera la denuncia ante los órganos jurisdiccionales de Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China y países que conforman la Unidad Económica Europea". 

  Recordó que "la actuación de la Comisión de Contraloría estaba basada en lo dispuesto del numeral 3 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que es un deber ineludible de los Miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el control sobre el Gobierno y la administración Pública Nacional".

 Asimismo, dijo que "la acción se realizaba dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que le otorga la función de la vigilancia, Control y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las entidades Públicas Sujetas a su Control". 

  Pérez sostuvo que "el artículo 65 del Reglamento faculta a la Comisión a dar inicio a las investigaciones, sustanciar y emitir un informe definitivo sobre las denuncias que se propongan ante su seno".

  Explicó el parlamentario que "la denuncia presentada en contra de Rodolfo Sanz, en su condición de ex Ministro de Empresas Básicas y Minería de la República Bolivariana de Venezuela y Johel Orta Moros, es por estar relacionados con la presunta emisión y negociación de bonos emitidos por la empresa CVG, colocación de oro de la también empresa Nacional Minerven y negociación fraudulenta de cabillas, todo ello en perjuicio del Estado venezolano".

   Argumentó que "debido a la gravedad de los hechos denunciados que involucran el interés público y patrimonio de la Nación se había dado inicio a la apertura del procedimiento correspondiente para la determinación de la responsabilidad política, administrativa de los funcionarios públicos y terceros que aparezcan relacionados con esos hechos e incluso la solicitud de apertura de la averiguación penal ante los órganos jurisdiccionales, de ser procedente". 

Caso "Acapulco Venezolano"

  En el año 2018 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció el inicio de investigaciones al llamado “Acapulco Venezolano” por presuntos hechos de corrupción.

   En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la delegación permanente, explicó que el caso del “Acapulco Venezolano” fue una estructura de presunta corrupción entre funcionarios públicos de la provincia de Anzoátegui y empresarios vinculados al gobierno chavista.

  El diputado Arteaga declaró sobre la consignación de un informe ante la Comisión de Contraloría, donde se destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de autoridades de la Alcaldía de Simón Bolívar en la provincia de Anzoátegui, denominada KAMACUTO C.A., donde aparecían como directores Zelim Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecían al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscilaba los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma alcaldía.

    Arteaga denunció ventas con un 10.000% de sobreprecio”. Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del ex-alcalde Guillermo Martínez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán. Otro vinculado al caso, por el que todavía no se han impuesto sanciones, sería un abogado de nombre Augusto Adolfo Calzadilla. La trama de corrupción conllevó la repartición, saqueo y venta de terrenos en una zona donde se construiría una «ciudad hospitalaria» y dónde se desarrollaría un proyecto turístico llamado «Acapulco venezolano».

Alejandro Ceballos publicó las cartas de buena conducta de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

  En la página web de  sus empresas, Alejandro Ceballos público las cartas  con la siguiente información:

A Manera de Aclaratoria

  El Grupo 7C, corporación de empresas de la familia Ceballos que durante 40 años ha venido desarrollando actividades en la industria de la construcción y sus extensiones, ha sido víctima de acusaciones infundadas producto de la ignominia de intereses malsanos que pretendían vilipendiar el prestigio ganado gracias al trabajo y honestidad que el consorcio ha mantenido a lo largo de su trayectoria.

   En el mes de noviembre de 2018 Alejandro Ceballos, Presidente del Grupo 7C, fue citado a comparecer ante la Asamblea Nacional, totalmente opositora, para responder antes las acusaciones que sobre su persona y el grupo que preside, hiciera por diferentes medios digitales: Richard Arteaga, Diputado a la Asamblea Nacional por el partido político MUD (Mesa del Unidad). La convocatoria fue hecha por el Diputado por el partido Voluntad Popular: Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Las investigaciones que llevó a cabo la comisión fueron:

1 - Presunto entramado de corrupción en complicidad con el exalcalde del Municipio “Simón Bolívar” del estado Anzoátegui: Guillermo Martínez y bajo la representación de la empresa Kamacuto, por adquisición de terrenos del ejido municipal a precios de regalía para comerciarlos en un costo de doscientos cincuenta mil dólares (USD 250.000$) por hectárea.

2 - Presunta irregularidad en la adjudicación de cuatrocientos treinta millones de dólares (USD 430.000.000) para la obra “Saneamiento del Río Guaire” sin que esta fuera ejecutada.

3 - Presuntas irregularidades administrativas en el extravío de quinientos millones de dólares (USD 500.000.000) destinados a potenciar las plataformas de las empresas básicas de aluminio.

En mayo de 2019, una vez que Grupo 7C presentara a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional elementos y documentos en su defensa, dicha Comisión emanó los resultados de las investigaciones en documentos separados dejando claro que Grupo 7C, sus empresas y su Presidente: Alejandro Ceballos, no tuvieron relación alguna con los casos mencionados declarando IMPROCEDENTES las denuncias hechas por el Diputado Opositor: Richard Arteaga; los documentos resultantes fueron firmados por el Diputado Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Ver la original aquí.


    Denuncias de lavado de dinero por autoridades de las islas de Curazao y San Martín.

   Alejandro Ceballos Jiménez aparece mencionado en una investigación de blanqueo de capitales a nivel internacional, según un informe presentado por las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín que se realizó antes de la intervención del Banco del Orinoco N.V. propiedad del banquero Víctor Vargas, dueño del Grupo Banco Occidental de Descuento en Venezuela.

   El informe de las autoridades de Curazao sostiene que el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo aplicables en Curazao y en las irregularidades aparece transacciones con empresas relacionadas con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, su viuda y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el operador venezolano Alejandro Ceballos Jiménez y el multimillonario de origen israelí, Diego Marynberg. Ver informe  completo aquí.




lunes, 13 de agosto de 2018

Estas son las adjudicaciones irregulares durante la gestión de Javier Alvarado en la C.A. La Electricidad de Caracas (II parte)

Pese a las milmillonarias inversiones que representan las contrataciones que las empresas estatales han realizado, la crisis eléctrica se ha acentuado en Venezuela sin que ninguna autoridad refiera el porqué de esta incongruencia entre el dinero gastado y los resultados obtenidos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Continuamos presentando a nuestros amables lectores la relación de contratos llegados a nuestras manos que demuestran que, aunque se han hecho milmillonarias inversiones en el sector eléctrico, estas no han significado una mejora del mismo y, por el contrario, la catastrófica crisis que padece Venezuela en la actualidad en esta materia, hacen suponer que en todas las negociaciones ha privado la corrupción y el ansia de enriquecimiento personal por encima de los intereses de la nación. En esta entrega seguimos haciendo referencia a la gestión de Javier Alvarado Ochoa al frente de la C.A. La Electricidad de Caracas y a un conjunto de contratos y adenda o contratos complementarios por él suscritos, que responden a la estrategia de extender la vigencia de las negociaciones en el tiempo a la par que se incrementa el precio de los mismos, un modus operandi que hemos venido denunciando en estas páginas como fórmula para blindar al erario público venezolano.

La totalidad de los contratos aquí referenciados suman la cantidad de Bs. 122.140.072,06 un monto que calculado a la tasa vigente para 2009 equivalían a USD 17624.830,02 si se aplicaba el precio del dólar paralelo para el momento de Bs. 6,93 por dólar, mientras que si aplicaba tasa Cadivi de Bs. 2,15 por dólar, la cifra se elevaba a USD 56.809335,84.

Certificar la culminación de todas estas obras constituye igualmente una tarea imposible de cumplir en los años de administración del chavismo en Venezuela, dado que los archivos públicos se han transformado en una especie de coto secreto al que el ciudadano común y mucho menos la prensa, no pueden acceder, por lo que el llamado es a las autoridades contraloras para que se aboquen a desentrañar este misterio vedado al resto de los venezolanos.

He aquí los contratos:

Grupo electrógeno Guasdualito

Hay un contrato sin fecha, identificado con el número NCO/1008/450, firmado por Javier Alvarado O., en representación de C.A. La Electricidad de Caracas, y Agustín Pupo Domenech por la Constructora del Alba Bolivariana, C.A., en cuya primera cláusula se estipula que el objeto del contrato es la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Guasdualito, ubicado en la población de Guasdualito, estado Apure”.

El precio de la obra alcanzaría los Bs. 6.903.252,02, monto que incluía el impuesto al valor agregado, IVA, a ser cancelados mediante valuaciones mensuales. Esta obra se realizaría en un plazo de cinco meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

El contrato se rige por el mismo formato de los otros de este tipo e incluye la cláusula en la que se especifica que las partes convienen en no acoger el esquema contractual del decreto 1.417 debido a las características de la obra y condiciones especiales de la contratación. Este decreto es el que establece las condiciones generales de contratación para la ejecución de obras.

Seriado de contratos para trabajos en Sucre

La “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Güiria I, ubicado en el municipio autónomo Valdés, estado Sucre”, fue contratado por le C.A. La Electricidad de Caracas a la Constructora Alba Bolivariana, C.A., según contrato NCO/1008/452, firmado por Javier Alvarado la estatal venezolana y Agustín Pupo Domenech por la contratista.

El plazo de ejecución de esta obra sería, según el contrato de cinco meses a un precio de Bs. 6.895.962,64 incluyendo el IVA, a ser pagado mediante valuaciones mensuales.

Este contrato NCO/1008/452 fue firmado el 2 de marzo de 2009 y junto a la cláusula de confidencialidad establece no acogerse al decreto 1.417 de la Gaceta Oficial.


El 2 de marzo de 2009, la misma fecha en que se firmó el contrato NCO/1008/452, Javier Alvarado O. y Agustín Pupo Domenech, en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y de la Constructora Alba Bolivariana C.A., respectivamente, suscribieron un nuevo contrato, identificado con del número NCO/1008/453, para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Güiria II, ubicado en el municipio autónomo Valdés, estado Sucre”.

La obra se ejecutaría en un plazo de cinco meses a un precio de Bs. 6.406.098,60, a ser pagados mediante valuaciones mensuales.


Un tercer contrato se firma el 2 de marzo de 2009, el cual identifican con el número NCO/1008/454 y que tiene por objeto “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Güiria III, ubicado en el municipio autónomo Valdés, estado Sucre”.

Esta obra se ejecutaría en un plazo de cinco meses a un costo de Bs. 6.406.095,60, IVA incluido.

El contrato fue firmado una vez más por Javier Alvarado O. y Agustín Pupo Domenech, en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y de la Constructora Alba Bolivariana C.A., respectivamente.


Obras en Cantaura con contrato complementario

Igualmente en la misma fecha (2 de marzo de 2009), se firma un contrato identificado con el número NCO/1008/455, convenido entre C.A. La Electricidad de Caracas, representada por Javier Alvarado, y la Constructora Alba Bolivariana C.A., representada por Agustín Pupo Domenech, esto con el objeto de ejecutar las obras para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Cantaura, ubicado en el municipio autónomo Freites, estado Anzoátegui”.

Los trabajos se ejecutarían en un plazo de cinco meses contados a partir de la firma del acta de inicio con un precio establecido en Bs. 5.690.969,84, incluido el impuesto al valor agregado IVA.

El contrato NCO/1008/455 tiene un Addendum 1, sin fecha firmado por Javier Alvarado, por C.A. La Electricidad de Caracas y Mario de Jesús Pérez Rodríguez, en representación de la Constructora Alba Bolivariana C.A. con el objeto de modificar las cláusulas tercera, cuarta y sexta.

Este Addendum 1 afecta el precio de la obra elevándolo a Bs. 8.326.418,60, sin incluir el IVA, y extiende el plazo de ejecución de la obra en tres meses entre abril y diciembre de 2009.

Grupo electrógeno en Tumeremo
Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana C.A. suscribieron un contrato sin fecha en el cual la constructora se compromete a realizar “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Tumeremo, ubicado en la población de Tumeremo, municipio Sifontes estado Bolívar”.

El contrato establece un plazo de cinco meses para la ejecución de la obra y un precio de Bs. 6.003.283,75, incluido el impuesto al valor agregado.

Contrato NCO/1108/470 para Yaguaraparo

La “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Yaguaraparo, ubicado en la población de Yaguaraparo, municipio Cajigal, estado Sucre” fue convenida, según el contrato número NCO/1108/470, también firmado el 2 de marzo de 2009, para ser ejecutado en un plazo de cinco meses a un precio de Bs. 8.572.898,12.

Este contrato fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A. y estipula que los pagos se harán a través de valuaciones mensuales. Una vez más aparece la cláusula de no acogerse al decreto 1.417 sobre contrataciones.

Obras en Los Pijiguaos

Un contrato sin fecha fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A. para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Pijiguaos, ubicado en la población de Pijiguaos, municipio Cedeño, estado Bolívar”.

La obra tendría un precio de Bs. 7.001.979,74 incluido el IVA a ser pagados mediante valuaciones mensuales. Este contrato tampoco se acoge al decreto 1417 de contrataciones publicado en la Gaceta Oficial y establece un plazo de cinco meses para la ejecución de la obra.

El contrato NCO/1108/472 y su Addendum

El contrato NCO/1108/472 para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Caicara del Orinoco, ubicado en la población de Caicara, estado Bolívar”, fue firmado el 19 de enero de 2009, entre Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A.

El precio de esta obra fue estipulado Bs. 6.167.023,28 incluyendo el IVA, para ser ejecutada en un plazo de cinco meses contados a partir de la firma del acta de inicio y el monto se pagaría mediante valuaciones mensuales.

Hay en los archivos un Addendum sin fecha, firmado por Javier Alvarado, por C.A. La Electricidad de Caracas y el cubano Mario de Jesús Pérez Rodríguez, en representación de la Constructora Alba Bolivariana que aunque tiene divergencias con el objeto y la fecha del contrato original, aparentemente afecta a este contrato NCO/1008/472 y modifica las cláusulas tercera, cuarta y sexta.

Así lo presentamos a nuestros lectores haciendo la observación de que hay divergencias entre el Addendum y el contrato original.

El Addendum 1 habla del objeto de la obra definiéndolo como “Construcción, instalación electromecánicas y puesta en marcha del grupo de electrógenos con tecnología MTU en la población de Caicara del Orinoco, estado Bolívar” y dice que el contrato original fue firmado el 19 de diciembre de 2009.


El Addendum asciende el precio de la obra a Bs. 8.150.733,24 sin incluir el IVA y aumenta la duración del plazo de ejecución dejando el nuevo lapso comprendido entre los meses de febrero y octubre de 2009.

Contrato NCO/1108/478 para trabajos en Carúpano

Un contrato sin fecha, identificado con el número NCO/1108/478, fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana C.A. con el objeto de ejecutar las obras para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Carúpano, ubicado en la zona industrial de Guaca, municipio Bermúdez, estado Sucre”.

El precio de la obra se fija según el contrato en Bs. 5.737.247,56 a pagarse mediante valuaciones mensuales y el plazo de ejecución se estipula en cinco meses. Consta de una cláusula de confidencialidad y otra que dice no acoger el decreto de Gaceta Oficial número 1.417.

Contrato NCO/1108/503 para Caicara de Maturín

Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A. firmaron el contrato NCO/1108/503 con el objeto de ejecutar las obras para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Caicara de Maturín, ubicado en el municipio Cedeño, estado Monagas”, a un precio de Bs. 6.039.579,50.

El contrato firmado el 13 de abril de 2009 establece un plazo de ejecución de cinco meses.

El 14 de septiembre de 2009, se firma un Addendum 1 a este contrato NCO/1108/503 con la finalidad de aumentar el monto del precio de la obra en Bs. 1.445.708,52 céntimos sin incluir el IVA, y con este cambio queda el valor de la obra en Bs. 6.657.447,54 sin IVA.

Además, este Addendum extiende el plazo de ejecución de la obra en tres meses en el período del 14 de septiembre al 14 de diciembre de 2009. Firmaron el documento Javier Alvarado, por C.A. La Electricidad de Caracas y el cubano Mario de Jesús Pérez Rodríguez por la contratista.


Contrato NCO/1108/505 para Nutrias

El contrato NCO/1108/472, sin fecha y acordado para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Puerto Nutrias, ubicado estado Barinas”, fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A.

El plazo de ejecución fue establecido en cuatro meses y el precio en Bs. 6.083.063,62 con IVA incluido a ser pagados mediante valuaciones mensuales.

Contrato para generación distribuida

César Camejo Manrique, presidente vitalicio de la Inversora Cerro Azul, C.A. y Javier Alvarado presidente de C.A. La Electricidad de Caracas, firmaron el contrato identificado con el número NCO/1209/744 mediante el cual la inversora se obligaba a ejecutar las actividades relacionadas para la “Construcción de emplazamientos de generación distribuida de la misión revolución energética Espino-Ocumare de la Costa-Barbacoa”.

Este contrato se firmó el 14 de diciembre de 2009 y estableció un plazo de ejecución de cuatro meses divido en dos fases, una primera que abarca desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2009, y una segunda desde el primero de enero de 2010 hasta completarse los cuatro meses estipulados.

El precio de la obra quedó fijado en Bs. 32.165.868,00 a ser pagados mediante la realización de valuaciones y tras la presentación de las correspondientes facturas y soportes.

El 19 de mayo de 2010 se firmó un Addendum 1  a este contrato NCO/1209/744 suscrito por Luis Carlos de León en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y César Camejo Manrique, en representación de la Inversora Cerro Azul, C.A.

Este Addendum extendió la duración del contrato por cuatro meses comprendidos entre el 30 de mayo y el 30 de septiembre de 2010, así como el aumento de obras y obras extras.

El precio de la obra se incrementó en una cantidad adicional de Bs. 6.829.723,03 IVA incluido. Quedó así establecido el nuevo precio total de la obra en Bs. 38.995.591,03.

Disclaimer 

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos un cuestionario a Javier Alvarado y a la empresa Constructora Alva para conocer sus puntos de vista sobre los temas tratados pero  hasta el cierre de este trabajo no recibimos respuestas.

Si alguna de las empresas o personas mencionas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresados, les solicitamos que se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En este blog el derecho a réplica está garantizado.