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lunes, 21 de diciembre de 2020

El Gerente General de Procura de CITGO testificó ante la corte en el caso de Rothwell

El juicio fue fijado por el tribunal para el 19 de abril de 2021. 

Por Maibort Petit

   Brian Paulson, Gerente General de Procura de CITGO, testificó bajo juramento ante la Corte del Condado de Harris en Texas, en el marco del caso de la empresa Rothwell Energy Services LLC vs. CITGO. Paulson ocupaba una posición privilegiada en la empresa cuando la filial de PDVSA en Estados Unidos otorgó contratos a la compañía vinculada al sobrino del entonces CEO de CITGO.

   El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela.

   En este pleito legal también testificaron otros ejecutivos de CITGO, entre ellos Glenn Hilman y Gina Coon.

 Rothwell Energy Services LLC es una empresa incorporada en el registro de compañías del estado de Texas bajo el número 0801876159, el 31 October 2013, teniendo como domicilio fiscal la dirección: 408 west 17TH St, Suite 101, Austin, TX, 78701.

  Brian Paulson habría participado, por su posición privilegiada, en el proceso de entrega de contratos a la empresa Rothwell propiedad del sobrino del ex-ceo de CITGO, Nelson Martínez, quien falleció bajo la custodia del régimen de Nicolás Martínez. 

  Fuentes internas de CITGO sostienen que Paulson estaría vinculado a Glenn Hilman y Laymar Peña, dos ex ejecutivos que fueron denunciados por haberse supuestamente prestado a colaborar con operaciones fraudulentas durante la administración de Nelson Martínez. 

   "Brian Paulson, sigue trabajando en CITGO, aunque fue señalado por irregularidades en la aprobación de contratos de compras fraudulentas de CITGO y CITGO Aruba (bajo las órdenes de Glenn Hilman y Nelson Martínez) en las auditorías de la corporación [que fueron entregadas a la actual directiva de la corporación en el primer trimestre de 2019], Paulson se mantuvo en su puesto, bajo la protección por Luisa Palacios y Carlos Jordá", advierte una fuente vinculada al caso que declaró en condición de anonimato.

  La misma fuente señala que "durante las administraciones de Nelson Martínez y Asdrúbal Chávez se estableció un esquema de corrupción que involucró a varios ejecutivo de la empresa, incluyendo a Glenn Hilman y Brian Paulson para beneficiar a proveedores como Danel Corp, Grupo RO, Rothwell, entre otros."

Rothwell Energy Services LLC

   Rothwell Energy Services LLC es una entidad registrada  en 2013 en el estado de la Florida por Juan Carlos Hurtado Angarita y Claudia Acevedo. La empresa fue creada después de que Nelson Martínez fuera nombrado CEO de CITGO.

  De acuerdo a los récords de CITGO [en poder de Venezuela Política], Rothwell fue agregada a la lista maestra de proveedores aprobados por CITGO sin cumplir con el proceso de debida diligencia que establece las reglas de corporación. 

  Para el momento en que se produce la incorporación de Rothwell a la lista de proveedores de CITGO, los gerentes de adquisiciones eran Michael Ballantine y José Luis Zambrano.

  Los récords evidencian que los mencionados funcionarios adjudicaron a Rothwell los contratos de adquisición de CITGO unos meses después de su fecha de registro.
 
“Rothwell se incluyó en los mismos paneles de licitación con otras empresas fantasma propiedad de Tulio Farías, Manuel Chinchilla De Silva, José Manuel González Testino, Roberto Rincón, Abraham Shiera, Ernesto Guevara y otros proveedores con fuertes vínculos con los directores de PDVSA y CITGO que han sido acusados de corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas por el gobierno de los Estados Unidos” sostuvo una fuente interna de la corporación que declaró bajo condición de anonimato.

  Durante 2014 y 2015, a Rothwell Energy Services LLC, se adjudicó contratos de adquisición en CITGO por aproximadamente $ 900 mil de acuerdo a los récords de la corporación.

   Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

 1) Enero de 2017, 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00 

2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones.

3)Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   Siguiendo instrucciones de los gerentes de adquisiciones, los paneles de licitación fueron armados por Alejandro Sabatino, Laymar Peña y Marcos Bermúdez, todos ellos en calidad de “Agentes de Adquisiciones del Proyecto Especial de CITGO“.

   El esquema de manipulación de licitaciones a menudo incluía a los siguientes contratistas acusados de corrupción: Tradequip (Roberto Rincon), G&B Global (Ernesto Guevara y Charles Beech), Southern Procurement Services (Manuel Chinchilla), Yakima Trading Corporation (Samark López Bello), Stang Industrial Products (José Manuel González Testino), Rothwell Energy Services (Juan Carlos Hurtado Angarita) entre otros.

  Como era de esperarse, la adjudicación de contratos fraudulentos a las empresas de maletín de los mencionados corruptos, se ejecutaban con complicidad interna. Testimonios de empleados de CITGO confirman que “los procesos de licitación [presuntamente] fraudulentos fueron manipulados y respaldados por los gerentes de adquisiciones de CITGO de la época, a saber: Glenn Hilman, José Luis Zambrano, Brian Paulson, Gustavo Cárdenas y Laymar Peña”.

   Para el tiempo en que se aprobaron los contratos fraudulentos en el Departamento Legal de CITO estaba un funcionario llamado, Gene Riccetti, mientras que Rick Esser, ejercía como Oficial de Cumplimiento; Jennifer Moos, era la Asistente del Oficial de Cumplimiento y Presidenta del Comité de Adquisiciones de CITGO.

    De acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política los mencionados funcionarios presuntamente “colaboraron para facilitar la aprobación ilegal de contratos corruptos, malversación, fraude y lavado de dinero”.

  Un funcionario recalcó que CITGO “No realizó la debida diligencia detallada en el caso de Rothwell Energy para identificar y documentar a los beneficiarios finales finales y evaluar el estado financiero, comercial y legal de la entidad“.

   La fuente consultada sostiene que “Juan Carlos Hurtado Angarita es sobrino de Nelson Martínez, y a pesar que sabían que había un conflicto de intereses, el hecho fue ignorado y encubierto por los directores de CITGO”.

   Por su lado, Nelson Martínez [fallecido en 2018], Eulogio Del Pino y José Pereira[bajo arresto en Caracas] aprobaron los contratos definitivos.

   Desde febrero de 2017 hasta agosto de 2018, [tiempo que incluye en posiciones de servicio a los funcionarios (ex): Glenn Hilman, José Luis Zambrano y José Pereira], “CITGO aprobó USD 10.6 millones en pagos para sobrino de Nelson Martínez, Juan Carlos Hurtado Angarita, según los registros internos”.

   Las fuentes consultadas sostiene que aunado al caso de Rothwell Energy, “Nelson Martínez, José Pereira y Glen Hilman [presuntamente] conspiraron para beneficiar a otras empresas fantasmas propiedad de personas corruptas con fuertes vínculos con el régimen de Maduro“.

    En el caso de Rothwell Energy Services LLC vs. CITGO, los abogados de Rothwell/Juan Hurtado están solicitando las declaraciones de Glenn Hilman y Gina Coon, que durante el 2017 y 2018 junto a Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, [presuntamente] ayudaron a facilitar la aprobación ilegal de los Contratos y el lavado de dinero proveniente de las transacciones ilícitas.

  Otra fuente destaca que a pesar de las denuncias de presunto fraude, corrupción y lavado de dinero de los funcionarios nombrados en que Gina Coon, Gene Ricetti, Rick Esser y Glenn Hilman [ahora consultor contratado] continúan como empleados y oficiales de CITGO bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá.


La demanda en el tribunal de Texas

   La demanda alega que CITGO incumplió y violó los términos de un contrato firmado entre las partes [en tiempos de la presidencia de Martínez]. El tribunal fijó el inicio del proceso de juicio para el mes de septiembre de 2020 y el juicio para el 19 de abril de 2021.

  El demandante alega que CITGO ha incumplido en coordinar las deposiciones de varios empleados, entre quienes se menciona a Rick Esser y Gina Coon.

   El avance del caso de Rothwell se retrasó varios meses debido a que CITGO buscaba una orden de abatimiento debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

   De acuerdo a los documentos del caso, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos —dueños de empresas de maletín, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros— están involucrados en este caso que también es objeto de investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  El hecho presuntamente ocurrió durante la gestión del fallecido Nelson Martínez —cuando este se desempeñaba como CEO de CITGO— y contempló y aprobó un proyecto de USD 100 millones para la empresa demandante, Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar directo del finado ejecutivo. 

 CITGO niega los alegatos de Rothwell

  Los documentos presentados en la corte, muestran una comunicación enviada por CITGO, como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante, Rothwell Energy Services LLC.

   La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones contenidas en la petición original de la demanda, de conformidad con las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

 Asimismo, CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio que constituye la base de la demanda y las plantas de agua que el mismo involucra, indicándose que al terminarse cada una de dichas plantas, se procedería a ejecutar una factura de venta y cesión entre Rothwell y PDVSA. Esto no habría ocurrido.

  Del mismo modo, CITGO negó que le debiera dinero a Rothwell, no obstante, admitió que, si el Tribunal determina que se adeuda alguna cantidad, esto no será conforme a una cuenta jurada originalmente. 

   En el proceso, CITGO presentó e incorporó una declaración jurada de la persona que conoce bien el proceso de pagos y de contratos de la corporación, Brian Boudreaux, en apoyo de la denegación del reclamo del demandante. 

  CITGO argumenta que la deuda que se quiere cobrar Rothwell es ilegal, a la vez que alega que cualquier pago que CITGO haga a Rothwell en estos momentos, violaría las órdenes ejecutivas del gobierno de los EE. UU. números 13808 y 13850 que prohíbe transacciones con PDVSA y sus filiales por estar sancionadas.

   CITGO explica en la moción que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 28 de enero de 2019 a PDVSA, la empresa matriz indirecta de CITGO. Lo que significa que la propiedad de ambas empresas estatales venezolanas está bloqueada.

 “CITGO y Rothwell probablemente tengan prohibido realizar transacciones que involucren a PDVSA sin una licencia de la OFAC que autorice la transacción“, dice la comunicación.

    Debido a que PDVSA es el usuario final previsto y el beneficiario de los sistemas de agua, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar ni aceptar bajo las sanciones de los EE. UU., puesto que la empresa estatal venezolana podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles, según la legislación estadounidense.

   Sostiene que la Orden Ejecutiva 13808 prohíbe cualquier transacción relacionada con la deuda de CITGO con vencimiento superior a 90 días, incluidas las facturas con antigüedad superior a dicho término, si PDVSA está involucrada. Como resultado, el pago de las facturas que se alegan en la demanda y la aceptación de dichos pagos sin la autorización del gobierno de los EE. UU. volvería a someter a CITGO y Rothwell a importantes sanciones civiles y penales de acuerdo a las leyes de los EE. UU.

  CITGO reitera que los pagos a Rothwell, en razón de las órdenes ejecutivas 13850 y 13808, no pueden hacerse puesto que el acuerdo establece que la demandante debe cumplir con todas las leyes, reglas, regulaciones, ordenanzas y requisitos de nacionales, estadales y locales, o de organismos reguladores sobre cualquier aspecto de la obra en Venezuela.

  También CITGO afirma que la disposición de fuerza mayor en el acuerdo le impide realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. estén vigentes.

viernes, 10 de enero de 2020

Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO

Por Maibort Petit
@maibortpetit 
     
   La exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían, entre ellos un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, cuando este ocupó la presidencia de la empresa.

Comunicación a Luisa Palacios

   El 3 de mayo de 2019, Marisol Gómez de Vergara remitió un correo electrónico a Luisa Palacios, presidenta de la junta directiva de CITGO, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

   Luego de presentarse con ex-trabajadora de PDVSA y CITGO donde llegó a ocupar la Vicepresidencia de Recursos Humanos, Gómez refirió las acciones que venía desplegando desde hacía dos años (a la fecha de la comunicación) para denunciar la referida retaliación de la que se decía objeto desde marzo de 2017 por parte de la filial estadounidense. Precisó que tal accionar contra ella se debía —según su punto de vista— a haberse negado “en múltiples ocasiones de formar parte de transacciones ilegales dentro de la dinámica corrupta y delictiva mantenida por Nelson Martínez y su equipo de trabajo [la cual se] venía practicando dentro de la empresa”.

  La comunicación de Marisol Gómez a Luisa Palacios iba acompañada de un conjunto de documentos que, de acuerdo a su visión, muestran “los hechos, retaliaciones, y nombres de personas responsables aún activas en CITGO y las acciones que me ha correspondido asumir”.

   Los anexos consistían en: 1) Carta ilustrativa del escenario y retaliaciones de la gerencia en su contra; 2) Informe confidencial para la gerencia de CITGO donde se reportaban formalmente las retaliaciones en su contra cometidas por Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas; 3) Informe a la Gerencia de CITGO sobre hechos de fraude, conductas no éticas, y maltratos contra empleados honestos que cumplieron con su deber al reportar casos de corrupción en la filial; 4) Correos electrónicos que supuestamente evidenciaban el abuso de poder y las violaciones de derechos a los trabajadores por parte de Judith Colbert, “actual consultora legal de CITGO, al bloquear arbitraria e ilegalmente la investigación sobre las retaliaciones en mi contra ordenada por la gerencia de CITGO”.

    Respecto al último punto, refirió que Colbert en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García.

  Gómez de Vergara en la comunicación solicitó una reunión con Palacios y los miembros de la junta directiva o sus representantes con el objetivo de exponer “con sus debidos soportes los hechos y conductas ilegales por parte de Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Judith Colbert y otros directores que soportaron y continúan con conductas ilegales y el poder de seguir intimidando a los empleados, comportamiento que estoy segura va en contra de la ética y el profesionalismo de la nueva junta directiva nombrada por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó”.

  Terminó la correspondencia conminando a la junta directiva presidida por Luisa Palacios a “tomar las acciones correspondientes por el bien de Venezuela, CITGO y así honrar la justicia”.

CITGO. Comunicación a Luisa Palacios / @maibortpetit

@maibortpetit

CITGO. Comunicación a Luisa Palacios / @maibortpetit

El informe a Asdrúbal Chávez

El 9 de noviembre de 2018 Marisol Gómez de Vergara remitió a la administración de CITGO Petroleum Corporation encabezada por Asdrúbal Chávez, un informe en el que expuso el presunto acoso y discriminación de que supuestamente fue objeto por parte de Nelson Martínez (expresidente de PDVSA), José Pereira (expresidente de CITGO) y Gustavo Cárdenas (gerente general de la oficina de la presidencia de CITGO). El documento se remitió con copia a Frank Gygax, Alejandro Escarrá y Rick Esser.

En primer término, Gómez de Vergara refirió fue había sido designada Vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO en Houston, Texas, por la junta directiva de PDVSA el 1° de noviembre de 2014, habiendo tenido —según su apreciación— un excelente desempeño y contribución a la filial en el periodo 2014-2017, cuando conformó un equipo profesional de Recursos Humanos en solo un año, y al haber implementado una cartera de beneficios sólidos, que incluían: “un modelo de compensación alineado con los percentiles de compensación del mercado; un incentivo de desempeño que permitió incluir al grupo base de ingenieros y erradicar la práctica de beneficiarse solo en los niveles superiores; un incentivo recreativo, este beneficio no existe en la cartera de otras empresas de la industria; un incentivo de responsabilidad, reconociendo la contribución necesaria de las posiciones comerciales centrales y estableciendo responsabilidades de compromiso adicionales; un plan anual de aumento de méritos de acuerdo con criterios administrativos y períodos justos con énfasis en salarios progresivos y graduales; un novedoso incentivo rotativo para el liderazgo que reconoce y motiva el desarrollo de nuevos gerentes y la sucesión operativa”.

Seguidamente, hizo mención a la naturaleza de su queja y explicó que detectó y denunció actividades inapropiadas en las funciones de compensación, contratación y se negó a obedecer órdenes ilegales en violación de las leyes federales, laborales y de inmigración de los Estados Unidos dictadas por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas. El resultado de tal denuncia fueron, supuestamente, una serie de represalias en su contra que condujeron al cese de sus funciones el 13 de marzo de 2017.

Agregó que entre 2014 y 2017, padeció un ambiente de trabajo hostil por instrucciones de Nelson Martínez con respaldo de José Pereira, Gustavo Cárdenas y otros gerentes de CITGO que supuestamente se confabularon para cometer actos ilegales en detrimento del interés de los accionistas de CITGO.

Según el documento, denunció la conducta inapropiada y violaciones de las leyes federales de los Estados Unidos a la gerencia de CITGO y a la Junta Directiva de PDVSA en 2017 y 2018.

Los hechos, según Gómez

En esta sección del informe, Marisol Gómez refiere que paralelo a la Vicepresidencia de Recursos Humanos en CITGO, formó parte de varios comités, entre ellos el de cumplimiento de CITGO, el cual tenía como objetivo garantizar que la empresa mantenga los controles establecidos de modo garantizar que todos los empleados y directores sigan las políticas, procedimientos y las leyes.

Al respecto, indicó que entre 2014 y 2017, los miembros del citado comité de cumplimiento revisaron e investigaron varios casos relacionados con el incumplimiento de las políticas de la compañía que tenían que ver con la violación de los controles internos, fraude de compras, conflicto de intereses, contratos de suministro y comercialización contra el interés de CITGO y PDVSA, “entre otras prácticas poco éticas cometidas por terceros y directores, gerentes y empleados de CITGO/PDVSA”.

Dijo que ella y el resto de los miembros del comité de cumplimiento implementaron varios controles, entre ellos “el bloqueo de más de 700 entidades propias de ciudadanos venezolanos con fuertes vínculos con PDVSA o funcionarios del gobierno que arrancaron las ganancias de los activos de CITGO y PDVSA”.

Explicó que supuestamente estas entidades de terceros fueron introducidas en CITGO por Nelson Martínez y registradas ilegalmente en la lista maestra de proveedores de la filial sin control alguno, habiendo incurrido las mismas en cobro de significativos sobreprecios que rondaban del 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA. El comité de cumplimiento investigó y determinó que Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, Laymar Peña y otros agentes de adquisiciones, aprobaron transacciones-contratos y otras actividades ilegales.

La denuncia de Marisol Gómez sostiene que supuestamente Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, acometieron operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas.

Igualmente dijo que las violaciones del proceso de contratación fueron instrumentadas desde 2013 por Nelson Martínez valiéndose de su investidura como presidente de PDVSA para burlar los controles de recursos humanos de CITGO. En tal sentido, se habrían violado desde la alta gerencia los derechos de los empleados, al tiempo que se implementó el acoso y la aplicación de represalias como prácticas comunes en su administración.

Gómez se refirió también a un conjunto de transferencias, contrataciones y promociones que fueron rechazadas por ella cuando estuvo al frente de la vicepresidencia de recursos humanos. Indicó que ella y su equipo, sustentados en análisis técnicos, objetaron la transferencia o la contratación de varios empleados recomendados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, en razón de que los candidatos no tenían la experiencia, conocimiento técnico, ni la calificación para ocupar los puestos. A pesar de esto y del control interno, Martínez, Pereira y Cárdenas forzaron la contratación de estas personas y se crearon varios puestos de trabajo sin que existiera la necesidad operativa.

Los contratados irregularmente

De acuerdo a su narración de los hechos, Marisol Gómez explicó a la alta gerencia que estas situaciones estaban en contra de los procedimientos internos regulares, pero se impuso la presión de Martínez y Pereira a través de Gustavo Cárdenas, siendo el resultado la autorización de documentos de recursos humanos para contratar y promover a personas no calificadas en varias funciones de CITGO.

Entre las personas contratadas de manera irregular bajo el procedimiento antes expuesto, habrían ingresado a la filial, en primer lugar, Melissa Martínez —hija de Nelson Martínez— quien fue designada vicepresidenta de la Fundación Simón Bolívar, la cual administraba USD 17 millones en donaciones de CITGO Petroleum Corporation al año. Marisol Gómez subrayó que Melissa Martínez carecía de la experiencia laboral necesaria para ocupar tal posición.

Otro caso fue el de John Pereira —hijo de José Pereira— quien fue trasladado desde PDVSA-Oriente a la Gerencia de adquisiciones de CITGO Aruba, sin que su hoja de vida exhibiera experiencia alguna ni conocimientos en materia de compras. De este modo, la alta gerencia ignoró a otros candidatos con vasta experiencia en el campo de adquisiciones. En tal sentido, Marisol Gómez expuso en su informe que por su objeción recibió varias acciones en represalia de parte de José Pereira.

Rubén González —pariente de Nelson Martínez— también formó parte de la lista de ingresos irregulares a CITGO aupados desde la alta gerencia de la empresa. En este caso, el familiar de Martínez fue contratado sin que mediara para ello el proceso formal de reclutamiento y contratación. Esta persona, de acuerdo a la versión de Marisol Gómez, está involucrada en supuestos casos de corrupción y fraude liderados por su hermano José Manuel González Testino y Nelson Martínez en PDVAL, Corpoelec y otros entes del gobierno venezolano. El informe refiere que Rubén González influyó en las transacciones de adquisición de CITGO con ISG Global, Petroleum Logistics, Rexel y otras empresas fantasmas propiedad de Manuel González Testino y Tulio Farías.

Bajo esta modalidad igualmente habrían ingresado a CITGO, Juan Pacheco, Lilian Tenorio y Laymar Peña, quienes en la posición de contratistas de adquisiciones de proyectos especiales contratados por Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez se desempeñaron previamente en PDVSA Services (PSI) y con entidades intermediarias que persiguen contratos con CITGO. De acuerdo a Marisol Gómez, estos contratistas junto con Ramiro Rodríguez llevaron a cabo varias transacciones de adquisiciones fraudulentas en CITGO. Indicó que los resultados de una investigación realizada por una firma de abogados externa, solicitada por CITGO Legal, Recursos Humanos, Auditoría Interna y el grupo de contralores, muestra irregularidades en varias operaciones aprobadas por Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez.

Martínez también habría ordenado la contratación de su amiga personal, Bibi Albarrán, en el área de adquisiciones en un nuevo puesto creado especialmente para ella en Miami, Florida. Una posición en la que carecía de responsabilidades y no contaba con la supervisión de los gerentes de adquisiciones de CITGO, dado que la filial no tiene oficinas en esa ciudad. Como en los casos anteriores, Bibi Albarrán carecía de experiencia en adquisiciones.

En su informe a Asdrúbal Chávez, Marisol Gómez denunció que el procedimiento de Recursos Humanos número 060-50 de CITGO, denominado “Proceso de selección y contratación de contratistas”, el cual proporciona pautas formales para la selección y contratación de contratistas fue violado por Nelson Martínez y otros directores-gerentes quienes pasaron por alto los controles internos a las personas contratadas de su preferencia, así como los requisitos para validar la experiencia laboral y los títulos educativos, los cuales fueron anulados por los gerentes que aprobaron la contratación.

Refirió Gómez de Vergara que las prácticas de contratación de Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez no fueron adecuadas y carecían de la documentación necesaria para instrumentar un proceso de contratación justo y profesional, dado que los candidatos no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos para ocupar los puestos de trabajo. Narró que, por ejemplo, en varios casos, el gerente de contratación entrevistó a un solo candidato aun cuando había varios candidatos calificados, pasando además por alto el requisito de que un representante de Recursos Humanos participara en el proceso de la entrevista. Ante esta situación, Gómez habría solicitado una auditoría interna sobre este proceso de ingreso de los contratistas de adquisiciones, identificándose debilidades significativas que se informaron a la gerencia. Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez evitaron tomar medidas disciplinarias contra los gerentes, empleados y contratistas de CITGO que eludieron los controles internos.

Represalias contra los directores

De seguido, Marisol Gómez pasó a exponer que en 2017, Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano decidieron tomar represalias contra los directores, gerentes y otros empleados de CITGO que denunciaron conductas poco éticas y actos ilegales dirigidos por la administración de Martínez.

Fue así —de acuerdo a la exposición de Gómez de Vergara— que habiendo sido designado José Pereira como CEO interino de CITGO y Nelson Martínez presidente de PDVSA, supuestamente se coludieron con Gustavo Cárdenas para terminar, transferir u obligar a la jubilación de directores, gerentes y empleados que pudieran interferir con sus planes ilegales.

De este modo, tomaron represalias contra todos los directores clave que habían informado previamente las irregularidades, para así obtener el control de sus funciones. Fue así como todos los que denunciaron las irregularidades y transacciones fraudulentas cometidas presuntamente por Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, así como por los gerentes de compras de CITGO, entre ellos, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, entre otros, fueron reprendidos.

Marisol Gómez de Vergara informó a Asdrúbal Chávez de aumentos salariales no respaldados y cálculos de bonificaciones sin que siguieran los parámetros y cálculos técnicos de Recursos Humanos por parte de Nelson Martínez. Explicó que aquellos empleados que siguieran las directrices de Nelson Martínez para supuestamente cometer actividades comerciales fraudulentas y poco éticas, eran beneficiados con aumentos salariales y bonificaciones cuyas pautas eran dictadas directamente por Martínez sin regirse por las políticas aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

Quejas de los empleados

Marisol Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que los empleados informaron confidencialmente las quejas relacionadas con comportamientos poco éticos de Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman y Brian Paulson.

De este modo, dijo que Carlie Neubauer, Gerente de Adquisiciones Corporativas dio a conocer muchas prácticas de adquisición cuestionables por parte de los agentes de proyectos especiales, Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco, quienes fueron retirados de CITGO. Refirió que al momento de la comunicación otros de estos agentes seguían empleados en la filial. Marisol Gómez indicó que estas personas favorecieron a las entidades intermediarias, presentaron ofertas falsas, enviaron ofertas a los vendedores en diferentes días y les dieron a los vendedores tiempos de respuesta irrazonables.

Gómez dice en el informe que Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, Glenn Hilman, José Luis De Jongh, Laymar Peña, Juan Pacheco y otros agentes de compras fueron protegidos por Nelson Martínez. Agregó que el comité de cumplimiento formado por ella, Jeff Bednar (legal), John Butts (controlador) y Franklin Domond (Auditor General) fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez y José Pereira al haber implementado nuevos controles correctivos e investigar casos relacionados con el fraude cometidos en los Proyectos Especiales. Refirió que Carlie Neubauer fue objeto de represalias y discriminación por parte de Glenn Hilman y fue transferida a otro puesto no relacionado con sus muchos años de experiencia en adquisiciones. Neubauer se vio obligada a renunciar a CITGO.

Marisol Gómez cita luego el caso de Robert B. Bailey, Gerente de CPC, quien informó que Rubén González, un empleado de CITGO, firmó un contrato en nombre de Petroleum Logistics junto con Nelson Martínez. Según lo narrado por Gómez de Vergara, Bailey también habría informado que los contratistas de adquisiciones trabajaban previamente con entidades intermediarias y estaban influyendo en los procesos de adquisición. La versión refiere que Nelson Martínez presuntamente no quería tomar ninguna medida contra Rubén González y los agentes de adquisiciones por las violaciones debido a conflictos de intereses.

Entretanto, narró el caso de Ana Aguirre, Gerente de Adquisiciones de Lubricantes, quien dio a conocer a CITGO Legal los hallazgos y documentos de respaldo relacionados con las transacciones de adquisiciones para PDVSA donde solo dos entidades intermediarias estaban ganando ofertas mientras que todas las demás fueron descalificadas. Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que estos reclamos fueron investigados por auditorías internas y abogados externos y los resultados arrojaron pruebas suficientes de que Juan Pacheco, Laymar Peña, Ramiro Rodríguez y otros agentes manipularon los procesos de adquisición. Agregó que Nelson Martínez supuestamente se opuso a la aplicación de cualquier acción disciplinaria a estos empleados. Ramiro Rodríguez recibió la orden de regresar a Venezuela y fue arrestado por otro caso de fraude.

Según lo expuesto, los resultados de la investigación llevaron al comité de cumplimiento a decidir el rescindir el contrato de Juan Pacheco con CITGO, pero Nelson Martínez alegó que los señalamientos sólo respondían a los comentarios a Marisol Gómez y los miembros del comité.

Destaca Marisol Gómez que luego del arresto de Nelson Martínez, José Luis Zambrano y José Pereira en Venezuela, Ana Aguirre supuestamente habría visto a Laymar Peña destruyendo evidencia de transacciones de compra realizadas por ella y Zambrano, lo cual es absolutamente ilegal. Según Ana Aguirre, Glenn Hilman y Brian Paulson desestimaron todas sus acusaciones contra Laymar Peña y no investigaron los reclamos y, por el contrario, fue protegida por los gerentes de adquisiciones, mientras que Aguirre fue objeto de acoso y acciones discriminatorias por parte de Brian Paulson. Ana Aguirre se habría visto obligada a renunciar a CITGO.

A su vez, April Dickson, Paralegal Comercial, informó de actividades cuestionables cometidas supuestamente por Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco en violación de la Política de Ética Comercial y Conflicto de Intereses de la Compañía. Estos empleados fueron protegidos por Nelson Martínez. Dickson, pese a la efectividad de su trabajo, fue discriminada por José Pereira por sus revelaciones acerca de muchos casos irregulares. Supuestamente, Dickson fue incluida en una lista negra por parte de la gerencia y quedó fuera del equipo de cumplimiento dirigido por Rick Esser.

Denuncias confidenciales y otros casos

Por vía confidencial, otros empleados de CITGO presentaron quejas contra Nelson Martínez Ramiro Rodríguez, Juan Pacheco y otros directores de adquisiciones relacionados con malversación de fondos al "Otorgar negocios a proveedores por costos más altos y favorecer a empresas como Southern Procurement Services (SPS)".

Igualmente refirieron violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, dado que “El departamento de Compras parece estar realizando actividades sospechosas con el nuevo proyecto de compras que Ramiro está dirigiendo. Los empleados de PDVSA de Venezuela están tratando con muchos distribuidores y no creen que hayan sido provistos correctamente”.

También denunciaron conflicto de intereses, debido a la "Contratación de contratistas de compras que fueron despedidos de PDVSA y PSI".

Marisol Gómez llevó a cabo un trabajo conjunto —según expuso en el informe— con los miembros del Comité de Cumplimiento, Auditoría Interna, Legal y el departamento del controlador para abordar las reclamaciones y mejorar los procesos de la empresa, pero Nelson Martínez, José Pereira, Glenn Hilman y José Luis Zambrano habrían ignorado las acciones disciplinarias recomendadas contra los empleados que habían cometido irregularidades.

Martínez, Pereira y Cárdenas habrían tomado represalias contra Marisol Gómez, Jeff Bednar, Franklin Domond y John Butts por haber implementado controles internos para mitigar el fraude. Según Gómez, Nelson Martínez intimidó a estos directores en varias reuniones en su oficina por informar y abordar irregularidades, violaciones de controles internos y comportamientos poco éticos.

GFC Consultores LLC

Nelson Martínez habría dispuesto la contratación de los servicios de consultoría de GFC Consultores LLC para trabajar en Recursos Humanos y otras áreas, aun cuando no habían sido solicitados por ninguna de las vicepresidencias de negocios ni estaban incluidos en el presupuesto. Puntualiza Marisol Gómez que GFC Consultores LLC es una empresa registrada el 18 de julio de 2013, en Florida, por Gustavo Felice, un pariente de Nelson Martínez. La firma tiene direcciones registradas en Weston, FL 2800, Glades Cir Weston, FL 33327 y 4329 Vineyard Cir Weston, FL 33332.

Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas —de acuerdo al informe— presionaron a Marisol Gómez y otros vicepresidentes de CITGO para que contrataran los servicios ofrecidos por la empresa de su familiar.

Indica el reporte, que las facturas de GFC reflejan cargos por banquetes, eventos, comidas, mejoras y reparaciones para los hogares personales de los empleados, regalos y otros gastos personales para los ejecutivos de CITGO y PDVSA y sus familias. Los cargos de GFC incluyeron sobreprecios significativos.

Los pagos a GFC Consultores LLC fueron autorizados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas a través de las cuentas bancarias de PDV USA y CITGO, sin que se hubiese producido la revisión adecuada de los bienes y servicios cobrados por GFC. De este modo, bajo la administración de Martínez, GFC recibió pagos por USD 6.164.823 entre octubre de 2014 y noviembre de 2017; USD 4.576.784 de PDV USA y USD 1.588.039 de CITGO.

Cambios en el fondo de pensiones

El reporte de Marisol Gómez remitido a Asdrúbal Chávez hace mención a los cambios “poco éticos” en el fondo de pensiones de CITGO, lo cual se instrumentó por decisión de Nelson Martínez, quien solicitó su modificación.

La denunciante refiere que un estudio técnico realizado por Recursos Humanos y Finanzas de CITGO mostró resultados de que la filial tendría un enorme impacto financiero negativo a mediano plazo con la implementación del referido cambio.

Tal modificación habría obedecido al deseo de Nelson Martínez de ser considerado como un empleado jubilado, al agregar siete años adicionales a todos los empleados de Venezuela —alrededor de 35 empleados— y para ello supuestamente presionó a Marisol Gómez a objeto de que presentara esta propuesta ante la Junta de Directores de PDVSA y así lograr que sus 40 años de servicio fueran considerados como todos desempeñados en CITGO. Gómez se habría opuesto alegando que tal modificación significaría la duplicación del beneficio, puesto que para la fecha ya Nelson Martínez estaba considerado dentro del sistema de jubilación de PDVSA. El grupo del contralor, John Butts y Bob Shoemaker prepararon una presentación para explicar a la alta gerencia por qué esto el cambio era negativo para CITGO.

Por sus objeciones en este caso, Marisol Gómez habría sido objeto de hostigamiento adicional y acciones discriminatorias, incluidas amenazas, comentarios, hostilidad e intimidación por parte de Nelson Martínez.

Finalmente, los servicios de Marisol Gómez fueron rescindidos en marzo de 2017, una decisión adoptada —según su punto de vista— por su oposición a seguir prácticas fraudulentas y poco éticas ordenadas por Nelson Martínez.

En noviembre de 2017, José Luis Zambrano, José Pereira y Nelson Martínez fueron arrestados en Venezuela por conspiración para cometer un delito. Sólo este hecho impidió la implementación de los cambios pretendidos por Martínez en el fondo de pensiones de CITGO.

Retaliaciones contra los empleados y otras irregularidades

Los empleados de CITGO también habrían sido objeto de retaliaciones por parte de Nelson Martínez y José Pereira, como medida para asegurarse que denunciaran sus irregularidades ante los nuevos miembros de la junta directiva de PDVSA.

De este modo, Pereira y Cárdenas eliminaron el cargo de Vicepresidente de Recursos Humanos y dichas funciones pasaron a manos de José Luis Zambrano, Vicepresidente de Servicios Compartidos y quien, según el informe de Gómez, está involucrado en varias transacciones de adquisiciones fraudulentas para favorecer entidades intermediarias y la aprobación de sobreprecios significativos junto con Nelson Martínez, Glenn Hilman y Jose Luis De Jongh. De hecho, varias de las solicitudes de Martínez comenzaron a implementarse luego de que Zambrano asumió el cargo.

José Pereira y José Luis Zambrano habrían contratado a parientes y allegados no calificados para ocupar puestos clave en CITGO, habiendo implementado aumentos de sueldos sin el apoyo de cálculos técnicos adecuados y promociones justificadas por méritos, así como bonificaciones que excedieron los parámetros aprobados por Junta Directiva de PDVSA. Para ello crearon un comité de compensación para aprobar salarios y bonificaciones fuera de los períodos regulares establecidos en las políticas de compensación de CITGO aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

Refiere Marisol Gómez que supuestamente el hostigamiento y las acciones discriminatorias se extendieron a los miembros cercanos a su equipo de trabajo, a saber Edgar Ordorica, Patricia Milano y Karie Oquinn, quienes fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez, José Pereira y José Luis Zambrano. Estos trabajadores fueron transferidos a otros cargos.

Asimismo, Iván Cordero, Freddy Gómez y Liz Aguilar fueron despedidos a pesar de haber tenido un buen desempeño. A la salida de Marisol Gómez en marzo de 2017, Jeff Bednar y Eduardo Assef se habrían visto obligados a retirarse, mientras que Franklin Domond fue despedido y John Butts fue transferido a un puesto inferior bajo las órdenes de un director con menos experiencia que él.

Entre 2017 y 2018, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Rick Esser —sostiene Gómez de Vergara— supuestamente manipularon controles internos para satisfacer las exigencias de Nelson Martínez. Habrían desbloqueado entidades intermediarias y les asignaron contratos de adquisición y pagos por más de USD 60 millones.

En 2018, las agencias policiales estadounidenses arrestaron a varios propietarios y empleados de estas entidades intermediarias con contratos importantes con CITGO y PDVSA.

Aseguró Marisol Gómez de Vergara que fue despedida por Nelson Martínez aun cuando este no estaba facultado para ello, pues al haber sido designada por la junta directiva de PDVSA, sólo esta entidad tenía la potestad de removerla de su cargo.

Subrayó que la ley federal penaliza las represalias o cualquier acción perjudicial contra los empleados, incluida la interferencia con el empleo legal o el sustento de cualquier persona por proporcionar información veraz relacionada con irregularidades o violaciones de las leyes federales. “Además, las políticas de CITGO prohíben las represalias y el acoso contra los empleados”.

A pesar de haber negado vehementemente la aplicación de este tipo de políticas, Rick Esser como Oficial de Cumplimiento de CITGO no habría cumplido su palabra y evitó investigar las denuncias al respecto y la presunta conducta poco ética de Nelson Martínez.

En tal sentido, Marisol Gómez instó a que Esser ponga en práctica las averiguaciones de acuerdo con las políticas corporativas de CITGO.