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viernes, 19 de marzo de 2021

Nicolás Maduro pierde otra batalla legal en EE. UU.: Tribunal de Apelaciones niega posibilidad de demanda millonaria a gigantes petroleras interpuesta por el fideicomiso PDVSA U.S. Litigation Trust

 Por Maibort Petit

  Un nuevo revés sufrió la aspiración del régimen de Nicolás Maduro de lograr recuperar unos $10 mil millones a través de una demanda  contra las gigantes petroleras a través PDVSA U.S. Litigation Trust por una presunta conspiración multimillonaria para fijar precios y manipular licitaciones. Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 11 ° Circuito dictaminó que el fideicomiso no puede ejecutar la demanda que fue inicialmente interpuesta en una corte del estado de la Florida.

  El panel de tres jueces rechazó los argumentos de que PDVSA U.S. Litigation Trust, que fue formado por la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela, S.A.en 2017, anulando la posibilidad de que el fideicomiso podría demandar como cesionario de la empresa en virtud de un contrato de dicha figura que ha sido calificada de fraudulenta.

   David Boies de Boies Schiller & Flexner, había solicitado a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del  11 ° Circuito en Atlanta, que restablezca la demanda civil del Fideicomiso ( PDVSA US Litigation Trust) introducida el 5 de marzo de 2018 en Miami y que fue desestimada por el juez federal de distrito Darrin P. Gayles en 2019. 

  Durante los argumentos orales en el caso en mayo pasado,  Boies dijo al panel que la creación del fideicomiso era necesaria porque “a todos les preocupaba que las personas involucradas en la corrupción usaran su influencia política para juzgar para conseguir que una facción u otra acabe con este litigio ".

   Luego de las audiencias, los jueces emitieron un fallo de 18 páginas, en la que se ratifica el veredicto de un juez federal de Florida que había desestimando la acción. Esta orden se emitió en el tribunal de Apelación a pesar de su desacuerdo con algunas de las conclusiones del juez.

   Cuando el magistrado Gayles denegó la querella argumentó que "los problemas políticos en Venezuela no habían permitido que los testigos probaran la autenticidad de las firmas que aparecen en el acuerdo que crea el fideicomiso", cuyo objetivo era interponer la causa contra más de 40 personas y petroleras transnacionales.
  
  Durante las diligencias que se hicieron en la corte del Distrito Sur de la Florida, sólo dos de las personas que firmaron el acuerdo lograron reconocer sus firmas. PDVSA no pudo autenticar las otras tres rúbricas ante el tribunal.

  El juez Gayles también argumentó en su fallo que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que el acuerdo de confianza era inválido e inconstitucional. Asimismo sostuvo que la ley de Nueva York prohíbe que los fideicomisos se constituyan con "la intención y con el propósito principal de presentar una demanda".

   El magistrado explica en su decisión que "El propósito claro del acuerdo de fideicomiso era presentar esta demanda, con abogados e inversores como los principales beneficiarios", escribió el juez.

   David Bois habló ante los jueces el viernes 22 de mayo de 2020, en una audiencia donde la defensa estuvo representada por litigantes del bufete Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

   El juez de distrito de los Estados Unidos, Darrin Gayles, tomó dos determinaciones críticas en su orden de 2019 desestimando el caso: que el fideicomiso no autenticó adecuadamente el acuerdo de fideicomiso y que el acuerdo de fideicomiso fue champerto y por lo tanto nulo.

  Champerty es un término legal para un acuerdo poco ético que surge cuando un tercero no relacionado con el litigio acuerda demandar y pagar los costos del litigio a cambio de una parte de los ingresos recuperados.

  Gayles dictaminó que la asignación de PDVSA de sus reclamos al fideicomiso era "de dudosa autenticidad y legalidad" y señaló que la Asamblea Nacional de Venezuela ha declarado el acuerdo de fideicomiso inválido e inconstitucional.

    La decisión del panel de jueces del 18 de marzo de 2021, firmada por el juez de circuito estadounidense Adalberto Jordan, señaló que el tribunal de distrito “puede haber cometido un error de procedimiento al resolver definitivamente la cuestión de la champerty en la etapa de la Regla 12 (b) (1) porque La pregunta probablemente implicó los méritos de las reclamaciones del Litigation Trust ".

"Esta apelación podría haber salido de manera diferente si se hubiera argumentado de manera diferente", escribió Jordan.

  El magistrado firmante señaló que había un "argumento fuerte" de que el tribunal de distrito debería haber utilizado un estándar específico para abordar si el acuerdo fue champerto. Pero los abogados del fideicomiso simplemente no plantearon objeciones de procedimiento por esos motivos.

  "En un caso como este, que involucra a litigantes sofisticados representados por un abogado competente, no hay razón para apartarse del principio general de presentación de las partes, y nos negamos a aceptar de manera espontánea la falta de aplicación del estándar de la Regla 56 por parte del tribunal de distrito". los estados gobernantes.

  El fallo de la corte de Apelaciones explica que el fideicomiso se creó específicamente para perseguir los reclamos de la denuncia. Solo el 34% de cualquier recuperación de un litigio va a PDVSA, afirma el fallo, y el resto del dinero se divide entre los abogados, el investigador y el financiero del fideicomiso.

Los detalles del caso

  La demanda presentada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP, tenía como objetivo recuperar al menos $10 mil millones por daños a Petróleos de Venezuela, causados por una conspiración encabezada Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan, quienes se habrían apoderado de manera fraudulenta de la data de PDVSA para poder manipular los precios y beneficiarse ilegalmente con miles de millones de dólares.
  En la querella fueron acusadas las siguientes empresas: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.

  Asimismo fueron acusados los siguientes ejecutivos de las empresas involucradas: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paúl Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez y Campo Elías Páez.

   La demanda civil se introdujo el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mandato mismo pudiera significar reclamaciones en nombre de la estatal petrolera PDVSA.

   Varios de los equipos de defensa cuestionaron el hecho de que la constitución del Fideicomiso presentaba lagunas que no pudieron ser aclaradas. Alegaron que la creación de PDVSA US Litigation Trust no poseía real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA. 

   La demanda alega que los acusados ​​saquearon a PDVSA al participar en una conspiración que incluyó "sobornar y corromper a los funcionarios de PDVSA para obtener información privilegiada que les permitiría socavar las ofertas de PDVSA para productos energéticos".

Lo que dijo David Bois a los jueces

  El abogado David Boies, del bufete Boies Schiller & Flexner, sostuvo ante un panel de tres jueces que la creación del PDVSA US Litigation Trust era una vía indispensable "para darle transparencia a la demanda" porque había "una enorme preocupación de que las personas involucradas en la corrupción podría ejercer su influencia política para obtener una parte del dinero que se lograra recuperar como resultado de la querella".

  Bois explicó que si bien, PDVSA pudo ser el ente demandante, prefirió hacerlo a través el fondo de litigio por el problema de la corrupción que existe en el país y que está presente en todas las  facciones políticas. "Todos sabían que los conspiradores de esta querella tenían dinero y eran capaces de usar toda su influencia para intentar descarrilar el litigio una vez que se introdujera en la corte".

  Los equipos de defensa de los acusados, solicitaron a los jueces a ratificar la orden del juez Gayles de desestimar la causa. 

  El litigante Bruce Birenboim, del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, sostuvo que "PDVSA US Litigation Trust no fue capaz de demostrar su capacidad legal para demandar la causa en la corte".

  Birenboim recordó que para que la querella pudiera procesarse debía procederse primero con la autentificación del ente demandante y que dicho requisito no se pudo cumplir.

  Uno de los jueces del panel, Adalberto Jordan comentó que el acta constitutiva del fondo de litigio tiene varias firmas. "Si se tiene evidencia competente de que algunas de las firmas es genuinas y legítimas, sería suficiente para superar el obstáculo de autenticación".

  La defensa respondió que "Para tener validez, el fideicomiso debe tener una asignación legal". Por ende, la defensa argumentó que "el fideicomiso es nulo y que no puede haber una asignación legal si las firmas no pueden autenticarse".

La conspiración

  La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.

 PDVSA US Litigation Trust denunció a dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.

  La defensa del principal acusado del caso, Francisco Morillo se basó en el hecho que el fideicomiso tenía graves fallas, para lo  cual presentó a la corte [el 26 de marzo de 2018] una copia del “Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en los EE. UU.” del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Bois presentaron una versión diferente del documento.

  Según destacan los documentos, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, mostraba que PDVSA US Litigation Trust nombraba un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época [fallecido bajo custodia del Estado en diciembre de 2018], como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela [para esa fecha], Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes fue Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York.  Llamó la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017.

  En el documento denominado "Acuerdo del Fideicomiso" dice que dicha figura fue creada “por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA”. Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust.

  Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de la confianza.

La millonaria aspiración

  Los demandantes aspiraban encauzar civilmente a unas 40 personas, naturales y jurídicas, por supuestamente haber cometido delitos de corrupción en PDVSA y para ello presentaron un conjunto de evidencias que bien podrían también servir en otras investigaciones federales.

  Por esta acción, PDVSA US Litigation Trust aspiraba obtener unos $ 10 mil millones, así como otros dividendos extras en razón de las pérdidas sufridas durante catorce años, es decir, el tiempo en que la conspiración supuestamente estuvo vigente.

  PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso creado en Nueva York con el objetivo de investigar a los acusados y el cual levantó muchas sospechas y dudas entre los venezolanos, dada la naturaleza del fondo de fideicomiso y su beneficiario, puesto que no había claridad en torno a la identidad del querellante por la ambigüedad del recurso legal interpuesto. No se dejaba firmemente establecido que PDVSA fuera el accionante.

  También se plantearon muchas dudas acerca de quién sería el beneficiario de la querella y plantearon como inaceptable que el despacho de abogados de David Bois terminara quedándose con el dinero obtenido en contra de los intereses de  Venezuela.

Intimidación y soborno

  La demanda sostiene que los acusados supuestamente se valieron de mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr el propósito de mantener la operación invisible durante los catorce años que tuvo de vigencia.

  Refiere que fue necesario el concurso de abogados e investigadores en Estados Unidos, Venezuela y Europa para poner al descubierto la trama de corrupción.

La operación

 Se explica que la operación objeto de la conspiración fue ejecutada en tiempo directo, pues sus protagonistas tuvieron acceso al sistema informático de PDVSA luego de haber clonado el servidor del departamento Comercial y de Suministros de la estatal.

  Los  demandados, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, habrían instalado en sus oficinas en Miami el servidor clonado, lo cual les permitió obtener información en caliente sobre las otras empresas que participaban en las licitaciones y sus ofertas.

 Incluso —reza la demanda— intervenían haciéndose pasar por Petróleos de Venezuela a través de un correo electrónico, a saber, pdva.com —obsérvese que le falta la letra “s”— con lo cual alteraban las ofertas y la negociación en su favor.

  El fideicomiso demandante señala en su acusación ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que Francisco Morillo y Leonardo Baquero supuestamente sobornaron a directivos de PDVSA y actuaron en contra de los intereses de la estatal en conjunción con corredores mundiales, tales como Glencore, Vitol y Trafigura, al igual que empresas del ramo energético como Lukoil y Colonial Oil Industries.

  Morillo y Baquero constituyeron en Venezuela en mayo de 2001 la empresa Waltrop Consultant, la cual tiene como objetivo la prestación de servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente a PDVSA.

  Posteriormente, el 2004, los demandados establecieron en Panamá la empresa consultora Helsinge Inc. a través de la cual se relacionaron comercialmente con Petróleos de Venezuela, S.A. Esta compañía tenía sucursales en Miami, Ginebra y en la isla británica de Jersey.

  De acuerdo a lo dice la demanda, Helsinge Inc. Supuestamente permitió que algunos de los principales clientes y proveedores de Petróleos de Venezuela conocieran de primera mano información privilegiada sobre las licitaciones de la estatal venezolana sobre la venta de sus exportaciones de petróleo y acerca de la compra productos utilizados en la refinación de hidrocarburos.

Rechazo de la Asamblea Nacional

  La Asamblea Nacional se pronunció sobre esta demanda y advirtió que el Poder Legislativo era el único con potestad para darle el visto bueno a los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado.

  En tal sentido, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Petróleos de Venezuela, S.A. en los Estados Unidos.

  Con la decisión adoptada por el gobierno se contraviene lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 18, numeral 9 que faculta a la Asamblea Nacional para “autorizar al Ejecutivo Nacional  para celebrar contratos de interés nacional, en los casos  establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.

  El Poder Legislativo Nacional acordó “Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso PDVSA US Trust que investigue si la constitución del ‘PDVSA US Litigation Trust’ se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso.

“Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el ‘PDVSA US Litigation Trust’ haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió.

“Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público.

“Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar”.


domingo, 24 de mayo de 2020

Ante la Corte de Apelaciones de Atlanta: Abogado David Bois planteó restablecer demanda de PDVSA US Litigation Trust contra transnacionales de petróleo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del  11 ° Circuito en Atlanta, que restablezca la demanda civil del Fideicomiso ( PDVSA US Litigation Trust) introducida el 5 de marzo de 2018 en Miami y que fue desestimada por el juez federal de distrito Darrin P. Gayles en 2019. 
  Cuando el magistrado Gayles denegó la querella argumentó que "los problemas políticos en Venezuela no habían permitido que los testigos probaran la autenticidad de las firmas que aparecen en el acuerdo que crea el fideicomiso", cuyo objetivo era interponer la causa contra más de 40 personas y petroleras transnacionales.
  
  Durante las diligencias que se hicieron en la corte del Distrito Sur de la Florida, sólo dos de las personas que firmaron el acuerdo lograron reconocer sus firmas. PDVSA no pudo autenticar las otras tres rúbricas ante el tribunal.

  El juez Gayles también argumentó en su fallo que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que el acuerdo de confianza era inválido e inconstitucional. Asimismo sostuvo que la ley de Nueva York prohíbe que los fideicomisos se constituyan con "la intención y con el propósito principal de presentar una demanda".

   El magistrado explica en su decisión que "El propósito claro del acuerdo de fideicomiso era presentar esta demanda, con abogados e inversores como los principales beneficiarios", escribió el juez.

   David Bois, [jefe del escritorio que resultaría beneficiado de la demanda por ser parte de PDVSA US Litigation Trust] habló ante los jueces el viernes 22 de mayo de 2020, en una audiencia donde la defensa estuvo representada por litigantes del bufete Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.
Los detalles

  La demanda presentada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP, tenía como objetivo recuperar al menos $10 mil millones por daños a Petróleos de Venezuela, causados por una conspiración encabezada Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan, quienes se habrían apoderado de manera fraudulenta de la data de PDVSA para poder manipular los precios y beneficiarse ilegalmente con miles de millones de dólares.
  En la querella fueron acusadas las siguientes empresas: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.

  Asimismo fueron acusados los siguientes ejecutivos de las empresas involucradas: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paúl Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez y Campo Elías Páez.

   La demanda civil se introdujo el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mandato mismo pudiera significar reclamaciones en nombre de la estatal petrolera PDVSA.

   Varios de los equipos de defensa cuestionaron el hecho de que la constitución del Fideicomiso presentaba lagunas que no pudieron ser aclaradas. Alegaron que la creación de PDVSA US Litigation Trust no poseía real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA. 

   La demanda alega que los acusados ​​saquearon a PDVSA al participar en una conspiración que incluyó "sobornar y corromper a los funcionarios de PDVSA para obtener información privilegiada que les permitiría socavar las ofertas de PDVSA para productos energéticos".

Lo que dijo David Bois a los jueces

  El abogado David Boies, del bufete Boies Schiller & Flexner, sostuvo ante un panel de tres jueces que la creación del PDVSA US Litigation Trust era una vía indispensable "para darle transparencia a la demanda" porque había "una enorme preocupación de que las personas involucradas en la corrupción podría ejercer su influencia política para obtener una parte del dinero que se lograra recuperar como resultado de la querella".

  Bois explicó que si bien, PDVSA pudo ser el ente demandante, prefirió hacerlo a través el fondo de litigio por el problema de la corrupción que existe en el país y que está presente en todas las  facciones políticas. "Todos sabían que los conspiradores de esta querella tenían dinero y eran capaces de usar toda su influencia para intentar descarrilar el litigio una vez que se introdujera en la corte".

  Los equipos de defensa de los acusados, solicitaron a los jueces a ratificar la orden del juez Gayles de desestimar la causa. 

  El litigante Bruce Birenboim, del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, sostuvo que "PDVSA US Litigation Trust no fue capaz de demostrar su capacidad legal para demandar la causa en la corte".

  Birenboim recordó que para que la querella pudiera procesarse debía procederse primero con la autentificación del ente demandante y que dicho requisito no se pudo cumplir.

  Uno de los jueces del panel, Adalberto Jordan comentó que el acta constitutiva del fondo de litigio tiene varias firmas. "Si se tiene evidencia competente de que algunas de las firmas es genuinas y legítimas, sería suficiente para superar el obstáculo de autenticación".

  La defensa respondió que "Para tener validez, el fideicomiso debe tener una asignación legal". Por ende, la defensa argumentó que "el fideicomiso es nulo y que no puede haber una asignación legal si las firmas no pueden autenticarse".

La conspiración

  La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.

 PDVSA US Litigation Trust denunció a dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.

  La defensa del principal acusado del caso, Francisco Morillo se basó en el hecho que el fideicomiso tenía graves fallas, para lo  cual presentó a la corte [el 26 de marzo de 2018] una copia del “Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en los EE. UU.” del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Bois presentaron una versión diferente del documento.

  Según destacan los documentos, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, mostraba que PDVSA US Litigation Trust nombraba un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época [fallecido bajo custodia del Estado en diciembre de 2018], como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela [para esa fecha], Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes fue Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York.  Llamó la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017.

  En el documento denominado "Acuerdo del Fideicomiso" dice que dicha figura fue creada “por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA”. Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust.

  Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de la confianza.

La millonaria aspiración

  Los demandantes aspiraban encauzar civilmente a unas 40 personas, naturales y jurídicas, por supuestamente haber cometido delitos de corrupción en PDVSA y para ello presentaron un conjunto de evidencias que bien podrían también servir en otras investigaciones federales.

  Por esta acción, PDVSA US Litigation Trust aspiraba obtener unos $ 10 mil millones, así como otros dividendos extras en razón de las pérdidas sufridas durante catorce años, es decir, el tiempo en que la conspiración supuestamente estuvo vigente.

  PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso creado en Nueva York con el objetivo de investigar a los acusados y el cual levantó muchas sospechas y dudas entre los venezolanos, dada la naturaleza del fondo de fideicomiso y su beneficiario, puesto que no había claridad en torno a la identidad del querellante por la ambigüedad del recurso legal interpuesto. No se dejaba firmemente establecido que PDVSA fuera el accionante.

  También se plantearon muchas dudas acerca de quién sería el beneficiario de la querella y plantearon como inaceptable que el despacho de abogados de David Bois terminara quedándose con el dinero obtenido en contra de los intereses de  Venezuela.

Intimidación y soborno

  La demanda sostiene que los acusados supuestamente se valieron de mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr el propósito de mantener la operación invisible durante los catorce años que tuvo de vigencia.

  Refiere que fue necesario el concurso de abogados e investigadores en Estados Unidos, Venezuela y Europa para poner al descubierto la trama de corrupción.

La operación

 Se explica que la operación objeto de la conspiración fue ejecutada en tiempo directo, pues sus protagonistas tuvieron acceso al sistema informático de PDVSA luego de haber clonado el servidor del departamento Comercial y de Suministros de la estatal.

  Los  demandados, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, habrían instalado en sus oficinas en Miami el servidor clonado, lo cual les permitió obtener información en caliente sobre las otras empresas que participaban en las licitaciones y sus ofertas.

 Incluso —reza la demanda— intervenían haciéndose pasar por Petróleos de Venezuela a través de un correo electrónico, a saber, pdva.com —obsérvese que le falta la letra “s”— con lo cual alteraban las ofertas y la negociación en su favor.

  El fideicomiso demandante señala en su acusación ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que Francisco Morillo y Leonardo Baquero supuestamente sobornaron a directivos de PDVSA y actuaron en contra de los intereses de la estatal en conjunción con corredores mundiales, tales como Glencore, Vitol y Trafigura, al igual que empresas del ramo energético como Lukoil y Colonial Oil Industries.

  Morillo y Baquero constituyeron en Venezuela en mayo de 2001 la empresa Waltrop Consultant, la cual tiene como objetivo la prestación de servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente a PDVSA.

  Posteriormente, el 2004, los demandados establecieron en Panamá la empresa consultora Helsinge Inc. a través de la cual se relacionaron comercialmente con Petróleos de Venezuela, S.A. Esta compañía tenía sucursales en Miami, Ginebra y en la isla británica de Jersey.

  De acuerdo a lo dice la demanda, Helsinge Inc. Supuestamente permitió que algunos de los principales clientes y proveedores de Petróleos de Venezuela conocieran de primera mano información privilegiada sobre las licitaciones de la estatal venezolana sobre la venta de sus exportaciones de petróleo y acerca de la compra productos utilizados en la refinación de hidrocarburos.

Rechazo de la Asamblea Nacional

  La Asamblea Nacional se pronunció sobre esta demanda y advirtió que el Poder Legislativo era el único con potestad para darle el visto bueno a los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado.

  En tal sentido, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Petróleos de Venezuela, S.A. en los Estados Unidos.

  Con la decisión adoptada por el gobierno se contraviene lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 18, numeral 9 que faculta a la Asamblea Nacional para “autorizar al Ejecutivo Nacional  para celebrar contratos de interés nacional, en los casos  establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.

  El Poder Legislativo Nacional acordó “Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso PDVSA US Trust que investigue si la constitución del ‘PDVSA US Litigation Trust’ se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso.

“Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el ‘PDVSA US Litigation Trust’ haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió.

“Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público.

“Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar”.


viernes, 10 de enero de 2020

Abogado asociado al bufete que defendió a los 'narcosobrinos' fue contratado por la actual junta directiva de CITGO

Al consultar a varias fuentes cercanas a la corporación por qué la directiva designada por Juan Guaidó habría decido trabajar con el jurista me aseguraron que la razón es "porque el abogado conoce bien a CITGO".

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    La actual Junta Directiva de CITGO —presidida por Luisa Palacios—contrató los servicios profesionales del abogado Michael Gottlieb del escritorio jurídico Willkie Farr & Gallagher LLP, para realizar la investigación interna sobre las denuncias de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras leyes federales de los Estados Unidos dentro de la corporación petrolera del Estado venezolano con sede en Houston, Texas. Gottlieb trabajó para el firma Boies Schiller Flexner LLP desde 2013 a enero 2019. Este poderoso bufete fue contratado por el empresario chavista y contratista de PDVSA y de CITGO, Wilmer Ruperti para que defendiera a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro en en juicio por delitos de narcotráfico en Nueva York (2015-2017).

   Vale recordar que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron arrestados en 2015, procesados (2016-2017) y condenados(2017) por la justicia de los Estados Unidos por haber conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EE. UU. La defensa de los célebres narcosobrinos fue asumida por Randall Jackson, John T. Zack asociados a Boies, Schiller & Flexner LLP en Nueva York junto a Michael D. Mann y David M. Rody, de  Sidley Austin LLP. 

Boies Schiller Flexner abogados en caso  PDVSA US Litigation Trust


   Boies Schiller Flexner LLP también fue contratada por el ex CEO de CITGO, expresidente de Petróleos de Venezuela y ex Ministro de Petróleos del régimen de Nicolás Maduro, Nelson Martínez (fallecido en custodia del SEBIN) para crear el fondo de fideicomiso que interpuso una demanda civil contra  varias compañías de trading conocido como PDVSA US Litigation Trust. Boies Schiller Flexner LLP pretendía quedarse con el 66% del monto de dinero recuperado por la demanda que inicialmente eran unos 10 mil millones de dólares. 

  La demanda civil de PDVSA US Litigation Trust describe un intrincado esquema presuntamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA. La acción fue contra dos gestores de petróleo venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para— irregularmente— obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana. Entre las empresas demandas están: Glencore, Trafigura, Lukoil, Vitol Energy,Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial  Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC. 

  En este caso, salió a relucir el nombre del procurador designado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, José Ignacio Hernández por haber participado —en calidad de experto— para favorecer a la defensa de los cuestionados gestores de petróleo. Un documento del expediente señala que el testimonio de Hernández explicó —basado en la Ley venezolana y la Ley de Doctrina del Estado— que el Acuerdo de Fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, que fue el ente creado para llevar a cabo la demanda, era nulo bajo la ley venezolana porque era una "obligación de orden público" que no podía transferirse a terceros.

   En los documentos federales se establece Hernández actúo como experto legal a favor de los acusados, cuando trabajaba como abogado al servicio del sector privado. Esta demanda fue desestimada por un juez del primer circuito del  estado de la Florida. Actualmente, el caso se encuentra en apelación y con muy pocas posibilidades de prosperar.


     En el curriculo del mencionado jurista se destaca —además que durante la administración del presidente demócrata, Barack Obama, Gottlieb prestó sus servicios como asesor jurídico de la Casa Blanca.

Su papel dentro de CITGO

   Actualmente, Michael Gottlieb ejerce como asesor legal regular de CITGO para atender el tema de las sanciones que impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al régimen venezolano y a PDVSA. Igualmente, trabaja y colabora directamente con varios altos ejecutivos, entre quienes destacan el Vicepresidente Ejecutivo de CITGO Petroleum Corporation, Rick Esser; el actual asesor y ex-vicepresidente de Servicios Compartidos en CITGO, (jubilado y contratado nuevamente como consultor por la actual junta directiva), Glenn Hilman y Judith ColbertAsesora General de la corporación. Estos tres directores han sido señalados en varias denuncias vinculadas a conducta no ética y presuntas transacciones irregulares durante las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez.  Los documentos de la denuncia —que reposa en la corte del Condado de Harris en Houston, Texas— señalan que Esser, Hilman, Colbert y otros ejecutivos, no habrían reforzado las normas corporativas antifraude y habrían aprobado y pagado facturas mensuales para el pago de servicios legales, entre otros aspectos. Ver detalles aquí y en este otro link.

Fuentes internas informan  cacería de brujas

   La presidente de la junta Directiva de CITGO, Luisa Palacios ordenó al abogado Gottlieb realizar investigaciones internas —en la sede de la filial de PDVSA en Houston— para identificar por dónde se filtra la información a este blog Venezuela Política, tras lo cual se ha amenazando al personal, creando temor en la gente de la posibilidad de perder sus trabajos. "Este procedimiento crea un ambiente de trabajo hostil que va en contra de mantener una cultura abierta donde el empleado se sienta tranquilo al reportar las prácticas corruptas a la corporación", sostiene una fuente consultada. 

   Luisa Palacios quiere evitar a toda costa que las denuncias de corrupción salgan a la luz pública, porque su objetivo es hacer que la corporación crezca e incremente sus dividendos. 

 Para silenciar los escándalos, muchas de las demandas legales de empleados y directores que han denunciado hechos de corrupción y que han sufrido retaliaciones "las han arreglado con acuerdos de dinero (hush money), evitando así que las querellas lleguen a corte y que se expongan los detalles de los casos denunciados. y que revelan hechos de empleados y directores envueltos en la aprobación de transacciones fraudulentas que desangraron a CITGO y a PDVSA".

  Dos de las fuentes consultadas para esta nota —que declararon en condición de anonimato debido a las amenazas que sufren en CITGO— coincidieron en señalar que las denuncias relacionadas por presuntos actos de corrupción vinculados al Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano, entre otros, y soportados por Rick Esser, Glenn Hilman, Judith Colbert y otros gerentes de compra y abogados internos de la corporación "deben ser indagadas de manera objetiva, transparente e independiente para poder establecer las responsabilidades a las que haya lugar".

  Ambas fuentes criticaron la investigación interna que conduce Michael Gottlieb porque de acuerdo a su criterio no cumple con los requerimientos porque "existe un conflicto de intereses que va a afectar y comprometer los resultados de dicha investigación, ya que  la misma es influenciada o manipulada por los directores actuales de CITGO y por los abogados que defienden sus intereses y honorarios y los intereses de éstos directores, todos pagados por el dinero de CITGO, es decir, del Estado venezolano".

  Al consultar a varias fuentes cercanas a la corporación por qué la directiva designada por Juan Guaidó habría seleccionado trabajar con el jurista me aseguraron que la razón es "porque el abogado conoce bien a CITGO".

Citas

1) https://www.trade.gov/goodgovernance/adobe/Bus_Ethics_sp/apendices/apendices_f_informacion.pdf
2) https://www.bsfllp.com/
3) https://www.spokesman.com/stories/2017/may/25/venezuelas-secret-plot-to-sell-banned-syrian-oil-i/
4)https://www.wsj.com/articles/venezuelan-tycoon-funds-presidents-nephews-drug-defense-1475192218
5) https://www.justice.gov/usao-sdny/file/792936/download
6) https://www.maibortpetit.info/2018/09/nelson-martinez-reconoce-que-creo-pdvsa.html
7) https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/
8) https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/?slreturn=20200009132023
9)  https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/?printer-friendly&slreturn=20190312161046

10) http://hernandezstrategy.com/ignacio-hernandez/
11)https://www.maibortpetit.info/search?q=CITGO&updated-max=2019-10-21T08:30:00-04:00&max-results=20&start=4&by-date=false
12)http://eltiempolatino.com/photos/2019/oct/29/402388/

domingo, 2 de septiembre de 2018

Nelson Martínez reconoce que creó PDVSA US Litigation Trust cuando era Ministro de petróleo de Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El exministro venezolano Nelson Martínez  reconoció, a través de un poder, que sí es su firma que que aparece en el documento de creación del fideicomiso  PDVSA US Litigation Trust y que dicho acto fue celebrado por su persona cuando era Ministro de Poder Popular de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que con su firma se ejecutó ese instrumento. Martínez permanece arrestado en Venezuela desde el 30 de noviembre de 2017 acusado por delitos de corrupción relacionados con subsidiaria de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo.
El poder sellado y firmado por Martínez fue dado a conocer por la Corte del Distrito Sur de Nueva York este viernes. El documento había sido solicitado por un grupo de demandantes que pidieron que el tribunal verificara la legitimidad de fideicomiso PDVSA US Litigation Trust como ente representante de Petróleos de Venezuela y que aclarar dicho fondo hubiese contratado al bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP para encabezar la acción civil interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Texas que busca encausar a más de 44 empresas e individuos acusados por la misma empresa petrolera venezolana de haber ejecutado un gigantesco entramado de corrupción que le habría costado a Venezuela miles de millones de dólares y que involucra manipulación en los precios del crudo, y espionaje electrónico.




La mencionada demanda civil fue dada a conocer el 5 de marzo de 2018. La acción busca resarcir daños causados por la supuesta conducta criminal de los demandados al patrimonio de Petróleos de Venezuela. La aspiración del demandante es cobrar al menos 10 billones de dólares, y otras ganancias extras por las pérdidas que tuvo la empresa estatal  durante la conspiración que alcanza 14 años.

De acuerdo a los papeles oficiales, PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso establecido Nueva York para investigar y buscar acciones contra los demandados en la referida querella representada por el mencionado bufete de abogados.

Seguiremos informando...